Por Eduardo Villalobos

El gobierno de Laura Chinchilla se ha caracterizado por un gran aumento de las acciones represivas en contra de los jóvenes y los trabajadores.

Tenemos que recordar los episodios ocurridos en el traspaso de poderes, la invasión del campus universitario, la represión contra los estudiantes del liceo Vargas Calvo, amén de los operativos de la policía en barrios y comunidades al estilo de tropas de ocupación.

El pretexto: el supuesto combate a la delincuencia y el narcotráfico.

Si bien estos dos flagelos golpean con fuerza a la sociedad costarricense, la solución para ambos no se encuentra aumentando los presupuestos de seguridad, la cantidad de efectivos de la fuerza pública ni con la declaración de “guerras” contra el narco. Los espejos en los que podemos mirar son muchos pero en especial el de México y de Colombia, que luego detallaremos.

Sin embargo la motivación fundamental de la presencia de las tropas de ocupación estadounidenses se encuentra en otro lado. Como se sabe, el interés de los gringos por el asunto del narcotráfico se ve tamizado por sus intereses políticos y no por el moralismo del consumo y tráfico de estupefacientes.

El asunto Irán- Contras en la década de los 80 mostró la cara real del gobierno yanqui que no dudó en utilizar las drogas como medio de pago para financiar la contra revolución nicaragüense.

El plan Colombia y la doctrina de seguridad de los Estados Unidos

Los Estados Unidos,  luego de la derrota infringida a la revolución centroamericana vía los acuerdos de Esquipulas y luego el de Contadora, enfiló sus baterías hacia el sur del continente  por varias razones.

La primera fue el conflicto en Colombia que data desde  los años 40’s del siglo XX y que polariza la sociedad colombiana. Esta polarización implica el control de zonas del territorio por parte de una organización de izquierda, las FARC. La dualidad de gobierno en Colombia, luego de la salida de los marines de la zona del Canal de Panamá, con su Comando Sur, implicó el reacomodo de fuerzas militares en la región.

Por un lado, la base militar de Palmerola en Honduras que cumplió un rol de suma importancia para el entrenamiento de fuerzas de la contra, asegura la presencia en territorio centroamericano.

Por otro lado, la base Manta en Ecuador,  aseguró en el territorio del sur, la presencia militar imperialista en una  base en un territorio “neutral”. Esta base dejó de funcionar en el año 2009, debido a la negativa del presidente Correa de renovar la continuidad de las operaciones.

El plan Colombia se diseñó como un plan para combatir el narcotráfico en la región. Sin embargo los resultados son poco exitosos desde el punto de vista de la producción y consumo de estupefacientes. La producción de coca en el período del 2000 al 2006 aumentó en un 15% y la producción de cocaína aumentó un 4%, lejos de las metas del plan que consistían en bajarlos un 50%.

Durante este proceso de implementación del plan, también el imperialismo se acercó a la cúpula de las FARC para negociar una salida política, al mismo tiempo que impulsaba las milicias fascistas de las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de ultraderecha de Álvaro Uribe.

Pero el objetivo era otro, asegurar la presencia militar de los Estados Unidos por medio de la creación de la necesidad de bases en el territorio colombiano y la destrucción operativa de las FARC. Los golpes efectuados por el ejército colombiano a la estructura de las FARC han sido un trabajo de inteligencia que sólo puede ser explicado a partir de la presencia de la inteligencia imperialista, es decir la CIA en el territorio colombiano.

La implementación del plan también propició un desastre humanitario y un golpe a los sectores campesinos e indígenas. Estos  grupos han planteado sus reivindicaciones de reforma agraria y protección a los cultivos de coca.  Sólo en este período cerca de 180 mil colombianos han sido desplazados, aparte de numerosos crímenes en contra de dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales.

A partir de los años 90 y principios del siglo XXI, algunos gobiernos de América del Sur giraron a la “izquierda”. Las contradicciones interburguesas y las movilizaciones de las masas hicieron que este fenómeno se reflejara electoralmente y gobiernos populistas asumieran el poder en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, etc. El gobierno de Chávez por ejemplo es la cara más visible, así como el de Evo Morales en Bolivia que representa a los campesinos indígenas cocaleros.

Dentro este marco, el gobierno estadounidense busca “acordonar” el área por medio del restablecimiento de bases en territorios con gobiernos sumisos. En este caso los gobiernos de Costa Rica y Colombia encabezan la lista.

Colombia alberga marines y personal militar yanki en 7 bases militares y por su parte, el gobierno de Laura Chinchilla hará lo propio.

Lo que viene

El gobierno de Chinchilla, vía la Asamblea Legislativa aprobó el patrullaje conjunto de las fuerzas militares gringas y costarricenses como mencionamos anteriormente con el pretexto del narcotráfico. En esto se debe señalar a los partidos políticos que votaron favorablemente, el PLN, el Movimiento Libertario y los legisladores cristianos.

Sin embargo cuando se ve la cantidad de presencia militar en el país, el panorama cambia y es evidente que lo que se pretende es el establecimiento de una base militar en suelo nacional. A partir de este momento podrán llegar a nuestro país 50 navíos de guerra (destructores, portaviones y otros similares) más de 13 mil soldados, aviones y helicópteros de guerra. Para ampliar más el desastre y la violación a la soberanía nacional, los militares estadounidenses contarán con inmunidad total por los actos que cometan en suelo nacional.

Es decir, se les está entregando el territorio nacional a las fuerzas yanquis, que podrán actuar como fuerza de ocupación sin ningún control más que el de las autoridades militares yanquis.

Los esfuerzos por evitar esta flagrante violación constitucional vía la Sala IV, no serán suficientes sin una movilización decidida de todos los sectores opuestos a este acto.

En esto debemos ser amplios pero no ingenuos. En el pasado muchos de los partidos que ahora se oponen a la llegada de los buques votaron el arribo de naves de guerra  a nuestras aguas y suelo en el contexto de la guerra en contra de Nicaragua. Por esa razón, los trabajadores y el pueblo no pueden confiar ahora y deben encabezar la movilización.

Unidad de acción para defender la soberanía centroamericana

Es urgente que la movilización salga a partir de un encuentro sindical y popular que tome una agenda que sintetice los puntos más sentidos y urgentes. El gobierno de Chinchilla ha empezado poniendo un rostro de diálogo pero la realidad es otra.

El tema salarial, por ejemplo es un punto importante de las luchas que debemos dar. El ajuste por costo de vida por medio de la fórmula del cálculo de la inflación anterior es insuficiente. Aparte de esto el tema de la minería a cielo abierto, el proyecto Crucitas, tal y como lo dice la Sala IV, es potestad del ejecutivo eliminar este proyecto. Si sumamos el asunto del agua como derecho humano fundamental, encuadramos todos los aspectos y vemos que la soberanía no es sólo un asunto político, sino es un asunto de sobrevivencia, recuperar el agua, preservar la naturaleza y nuestro salario.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las organizaciones de izquierda, populares, de derechos humanos, ambientalistas a que definamos una agenda común y desde las bases activar la oposición a todos estas medidas que tienen en vilo a nuestra población.

Fuera bases militares norteamericanas de Centroamérica

La presencia de la flota norteamericana en aguas de Costa Rica nos hace recordar que la presencia militar norteamericana se mantiene. Existen bases militares en Honduras y Panamá, sin mencionar el complejo sistema de espionaje electrónico montado en la región, con auxilio de satélites que ni siquiera podemos mirar en el firmamento.

La base militar de Palmerola  en Honduras es una reminiscencia de la guerra civil y la intervención imperialista en Centroamérica, en la década de los años 80. Las bases militares en Panamá, tienen más de un siglo de estar hollando el suelo panameño, desde que los Estados Unidos arranco esa porción del territorio a Colombia, para crear la republiquita de Panamá y construir el canal interoceánico. Panamá hoy es parte de Centroamérica, y como tal la izquierda centroamericana debe incorporar a su programa político la necesidad de expulsar las bases militares norteamericanas de territorio centroamericano, solo así podremos llevar a cabo la magna tarea de proclamar la independencia política en relación a la dominación semicolonial del imperialismo, y reunificar la patria centroamericana en una sola nación, bajo la forma de un Estado federal socialista.

Por Eduardo Villalobos

El gobierno de Laurarias no hace más que demostrar su enorme voluntad de acrecentar los privilegios de los ya privilegiados de la sociedad y buscar desaparecer los pocos derechos que tienen los que vivimos de un salario. Ahora el turno le toca a la educación superior.

Acuerdo anterior

El anterior gobierno, mediante la complicidad de las autoridades universitarias, logró un acuerdo en el cual las universidades estatales bajaron su presupuesto en crecimiento real de un 13% a un 10%. Actualmente el gobierno propone que este monto se baje de un 10% a un raquítico 4%. Evidentemente este monto y el anterior negociado no responden a las necesidades y se trata de un estrangulamiento de las universidades públicas en aras de promover y mantener el jugoso negocio de las universidades privadas que han crecido como la espuma bajo la sombra de los gobiernos neoliberales.

El plan de fondo de este gobierno y de la burguesía es la destrucción de la universidad pública como una conquista social y la transformación de estas en centros que puedan ser autofinanciados, tal y como lo propone el ministro de Educación Leonardo Garnier, quien ve que la salida en la venta de servicios, que no es novedosa dentro de las universidades, como forma de lograr recursos.

Con el pretexto de la crisis económica, este mismo personaje, manifiesta que “todos debemos velar por que los recursos públicos se asignen al conjunto de prioridades sociales, ambientales y económicas de desarrollo nacional” (La Nación 18 de junio)

Sin embargo este mismo argumento es el que en el fondo debe justificar la asignación de los recursos para las universidades públicas.

Modelo de libre mercado en las universidades

Hace un mes y medio aproximadamente los costarricenses vimos dos hechos que son sintomáticos de los alcances de la complicidad de las autoridades en este plan de volver las universidades en cajas chicas autofinanciadas de la educación. El nombramiento en el gabinete del rector de la Universidad Nacional en el gabinete y la elección de su sucesora pro gubernamental en la rectoría de la misma.

Esto no quiere decir nada por sí mismo, es la corroboración de que a lo interno, las autoridades han echado la carga de la crisis sobre la espalda de los estudiantes y los funcionarios.

La reducción de beneficios como las becas, comedores, transporte y las políticas restrictivas para el acceso de estudiantes mediante mecanismos elitistas como las pruebas de admisión son parte de lo que se ha llevado a cabo.

Por un lado, los estudiantes que logran entrar a las universidades que realizan las pruebas de admisión son una minoría, con el pretexto de estas mismas pruebas. La realidad es que ellas justifican mecanismos de exclusión de sectores provenientes principalmente de los colegios públicos. Esto es un problema social importante, pero que retrata el sistema elitista de educación.

Por otro lado, el argumento de la exclusión al acceso, más la disminución de los beneficios también va en proporción del problema fiscal. Sin embargo, el problema fiscal se resume en que los asalariados y los pobres pagamos la mayor parte de los impuestos y los empresarios pagan una ínfima parte de los mismos. El sistema permite una evasión  que aumenta para favorecer a aquellos sectores que apoyan la política de destrucción de las conquistas sociales.  Además los sectores empresariales se ven favorecidos por la exención de impuestos bajo diferentes regímenes como los de zonas francas. Otros reciben incentivos para la producción, cosa que ya se ha comprobado cómo se presta para la realización de “chorizos”.

Venta de servicios no la mampara de la privatización de la universidad.

En primera instancia, las universidades en lugar de investigar para satisfacer necesidades de la población, problemas nacionales, serán supeditadas a las necesidades de las empresas. Este modelo no es novedoso y viene implementándose desde hace ya varias décadas en otros países. El resultado es que el desarrollo de la investigación, además del currículum y formación de los nuevos profesionales se hace en función de una determinada empresa. El acceso al conocimiento se ve sesgado por los mandatos de las empresas, fundamentalmente las transnacionales. En Costa Rica, tenemos el caso de la multinacional INTEL, que tiene insertado en el Instituto Tecnológico parte de su programa para formar cuadros profesionales en función de sus necesidades.

Las universidades públicas han sido fuente de investigaciones que han contradicho o denunciado políticas del gobierno.  Precisamente en materia ambiental, los estudios realizados por académicos han permitido  tener argumentos de primera calidad que desenmascaran los argumentos de las transnacionales  como Industrias Infinito. Esta es la que por medio de una campaña de falacias busca la explotación de las minas a cielo abierto en la zona norte del país, produciendo contaminación por causa del cianuro. En otros casos, también las universidades han demostrado la contaminación de los mantos acuíferos por parte de las piñeras en las zonas de producción.

La lucha debe ser por el monto total del presupuesto

En esta lucha, no se debe perder de vista dos aspectos. El primero corresponde a la lucha por el 8% del PIB en general para le educación pública. Este es soporte para el financiamiento de todos los sectores de la educación. Por eso la lucha debe ser en conjunto con todos los sectores de la educación, primaria, secundaria que se ven también afectados por el recorte presupuestario. Día a día los educadores, padres de familia y estudiantes de la educación pública ven recortadas sus posibilidades de contar con una educación de calidad. El silencio de los sindicatos sobre esta lucha debe de terminar y pasar a los hechos.

En ese mismo sentido, las organizaciones sindicales y estudiantiles universitarias deben llamar a la incorporación a la lucha de todos los sectores. Esta es una lucha que las universidades no deben dar en forma aislada, porque el problema en conjunto es el del presupuesto educativo.

También es claro que no se debe aceptar ninguna disminución del Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES). Este mecanismo de negociación de fondos fue diseñado para regatear montos. El gobierno buscó sacar a las universidades y golpear por separado.

Las declaraciones de la rectora de la Universidad de Costa Rica son claras en este sentido. Aceptaron la negociación del año pasado “bajo protesta”. Este eufemismo desnuda que no están dispuestos a dar la lucha por el monto necesario para el funcionamiento de las ya deterioradas universidades estatales. Por más que digan no debemos tener la más mínima confianza y mantener el monto porcentual para este año y el crecimiento proyectado también en forma porcentual.

La propuesta del gobierno es bajar de un 10% a un 4% en la proyección quinquenal. Además esto se cruza con el ofrecimiento de un crédito por 300 millones de dólares. Evidentemente, este monto asignado presupone condiciones que no están claras y que son ajenas a los intereses de una universidad científica y democrática. Los organismos financieros internacionales no funcionan con la lógica del bien común, además de que como todo préstamo tendrá que pagarse, igual en condiciones poco claras.

A defender la educación pública con calidad

El otro factor es que producto de la entrada en vigencia del TLC, los recursos por recaudación fiscal disminuyen en función de los intereses de las transnacionales. Es decir, que por donde quiera que lo veamos, la posibilidad de disminuir un punto porcentual en las pretensiones, es condenar a la universidad pública.

Así pues, aceptar un monto menor al 2,4% del PIB es retroceder y condenar a la tugurización a las universidades públicas.

Los montos que proponen las autoridades gubernamentales son en definitiva un presupuesto decreciente, muy similar a la década de los noventa cuando este porcentaje pasó a representar sólo un 0,79% del PIB.

Esto sólo se puede lograr por medio de la organización de las bases estudiantiles y de trabajadores. El plan de lucha por la huelga general de las universidades para derrotar el plan del gobierno no debe atrasarse más. Las negociaciones por sí solas pueden llevar a un desgaste al movimiento y crear falsas expectativas.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) apoya la lucha independiente de los trabajadores y estudiantes universitarios por la defensa de la educación superior pública, y llama a la más amplia unidad de acción de la izquierda, estudiantes, profesores y trabajadores en aras de lograr el objetivo común: mayor presupuesto para la educción superior.

Por Enrique Fonseca Ulate

El tema central de los últimos días ha sido la aprobación del aumento salarial de los diputados. Este incremento es de un 72%, con lo que su salario pasaría de unos 5 mil dólares a unos 7 mil para empezar. Luego por medio de ajustes “ordinarios” llegaría a unos 12 mil dólares mensuales.

Con la cuchara grande

Detrás de estos personajes, agazapados, se encuentran los ex diputados, ex presidentes  que de manera automática se iban a ver beneficiados por el aumento. Ninguno de ellos dijo “esta boca es mía” y obviaron su beneficio. Es decir los que se quemaron por salir a dar su desvergonzada cara fueron los diputados. Otros, luego de que las cosas se complicaron, que hubo pequeñas movilizaciones, campaña mediática y otras manifestaciones, retrocedieron en su posición y luego se dedicaron a rasgar sus vestiduras. Pero es claro que en la primera votación no pueden alegar desconocimiento de la ley ni de los alcances del mencionado aumento.

Esto se produce en menos de tres semanas después de la investidura en el cargo de los denominados “padres de la patria”.

Lo que se manifiesta como verdad en todo este proceso son varios aspectos.

Corrupción y neoliberalismo

El primero es la rapiña por el poder como un síntoma de la crisis económica que hace que estos “representantes populares” se sirvan con cuchara grande. Esto no es novedoso, ya los costarricenses hemos visto como de diferentes formas, sea por consultorías, cenas, tráfico de influencias, concesiones de obra pública y otros mecanismos más, miembros de diferentes partidos y de sus altas estructuras han sacado provecho de su condición. Estos escándalos que han quedado patentes son sólo la punta del iceberg. Reflejan que hay un sistema enfermo, que para que sea rentable necesita de la corrupción como oxígeno. La libre empresa es un mito que se alimenta de los negocios estatales para sobrevivir. Por lo tanto el reparto de las cuotas de poder se hace imprescindible para sobrevivir.

Nuestro país no es el único, el ejemplo de Enron, Monsanto en los Estado Unidos, Alcatel, en Francia y otros que podríamos citar en una lista interminable, reflejan los que manifestamos anteriormente.

Ahora, queda también ejemplificado que los partidos “liberales” que promueven la desregulación de las empresas `por parte del Estado y otros mitos del liberalismo, lo hacen solo en función de sus intereses como empresa. El Movimiento Libertario, que durante la campaña electoral hizo alarde de acabar con la corrupción y el “chorizo” fue el más acérrimo defensor del mencionado aumento. El pacto con el gobierno para poder resarcir los gastos electorales, además de la coincidencia de objetivos con el gobierno de Laurarias, los hace ser parte del actual gobierno de coalición PLN- ML.

Por otro lado, los partidos pequeños como el Restauración Nacional (cristiano evangélico) y el PASE (de dudosa procedencia) marcan la cancha y anuncian su respaldo a las políticas del gobierno al apoyar la iniciativa del PLN para aprobar el aumento.

Continuar la movilización

El Frente Amplio hizo un llamado a la movilización, luego de que sectores hicieran grupos en redes sociales y otros mecanismos, muy similares a los que llevaron a manifestarse en contra de la resolución de la Sala IV (Sala Constitucional) aprobando el proyecto de minería a cielo abierto denominado Crucitas.

De igual manera, las organizaciones sindicales se quedaron en la denuncia y no llamaron a la movilización, pero con otro carácter, el de defender el salario de los trabajadores de la empresa pública y privada, que en este semestre fue de menos del 3%. Había que llamar a la movilización por un aumento extraordinario de salarios para los trabajadores como forma de demostrar que el dinero sí existe para subsanar estas necesidades. El problema es que la minoría de este país, se queda con esos recursos y hacen sus piñatas privadas.

Se acentúa la represión

Paradógicamente al pueblo y los trabajadores la receta es la represión cada vez más constante, otra señal de que los de arriba no están dispuestos a ceder migajas en el reparto del pastel.  En los periódicos de circulación nacional se anuncia el plan del Ministerio de Seguridad Pública de intervenir varios colegios. De acuerdo a la lógica burguesa, la pobreza, el narcotráfico se va a acabar poniendo policías en los colegios. Estos flagelos se van a acabar con la eliminación del sistema que los produce y estas medidas no son más que la mampara para justificar la represión en contra de los jóvenes, como lo hemos visto en el caso de la intervención en la Universidad de Costa Rica y del Liceo José Joaquín Vargas Calvo. Por otro lado, los trabajadores de la Junta Directiva de SINTRJAP fueron desalojados de las instalaciones por medio de un operativo policial a gran escala para garantizar el negocio de la concesión de los puertos representado por la directiva tureca.

Sacar las enseñanzas

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ve en esta crisis una lección para aquellos que creemos que necesitamos un cambio radical en nuestra sociedad, más que parches y remiendos que posponen las soluciones. El veto presidencial no es más que el resultado de la movilización y de la presión popular que abrió la primera crisis de este gobierno.

Tal y como las carreteras inauguradas a golpe de tambor por el recién salido Óscar Arias colapsan por las lluvias, así con las movilizaciones podremos hacer colapsar el gobierno de Chinchilla y su afán de defender a los ricos, poderosos y corruptos de este país.

Por Eduardo Villalobos

En artículos anteriores hemos tratado de analizar la continuidad del gobierno de los hermanos Arias por medio de la elección de la actual presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.

Este hecho es de gran importancia para los socialistas centroamericanos que debemos ver no sólo los fenómenos, sino también el movimiento que los produce y por ende tratar de dotarse de una política que va más allá de la agitación de consignas. Es la preparación del partido y de sus simpatizantes para tener una intervención en los frentes de la lucha de clases y luego hacer el balance de la misma para corregir los errores, valorar los aciertos y hacer más grande el partido de la revolución.

Hemos señalado también que más allá de los mecanismos propios del control del aparato del gobierno, que de hecho el Partido Liberación Nacional (PLN) ha hecho un gran avance por asumir el control absoluto de casi todos los órganos e instituciones de la democracia burguesa.

Esto no obedece sólo a factores personales, el “sello” de la administración Arias con la figura del Nóbel de la Paz y otras conjeturas. Existe un proyecto de un sector de la burguesía costarricense y del imperialismo por establecer un gobierno con estos rasgos, un gobierno que logre implantar el modelo de desarrollo neoliberal en medio de una sociedad que a diferencia de los otros países centroamericanos, tiene capas medias con poder adquisitivo, salarios más altos en el sector público y un desempleo menor comparativamente con estos países.

Esta “grasa” acumulada a lo largo de décadas, no puede mantenerse como una simple concesión de la burguesía, no es sólo la “benevolencia” de los explotadores, sino que también es el producto de la relación de fuerzas entre las clases.

Pérdida de las conquistas

Si analizamos el panorama de hace 26 años  atrás, Costa Rica tenía un alto desarrollo organizativo en la clase obrera del sector público, encabezada por el sector docente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), dirigida por el Partido Vanguardia Popular (el Partido Comunista, stalinista) y en la empresa privada, el sector bananero estaba organizado por un poderoso sindicato también  dirigido por el Partido Vanguardia Popular.

Las huelgas bananeras eran capaces de conmocionar al país y desataban la solidaridad de todos los sectores, más aún cuando los trabajadores del sector público entraban en huelga al mismo tiempo. El gobierno se veía metido en un zapato, pero tenemos que recordar que las direcciones de estos sectores, reformistas y conciliadores, pactaban con el gobierno para detener el movimiento. Esto frenaba la movilización y le permitía a la burguesía recuperarse hasta la próxima ofensiva contra la clase trabajadora.

Sin embargo, la derrota de la huelga bananera del año 1984, propiciada por la ruptura del  Partido Vanguardia Popular en dos alas, la “revolucionaria” que mantuvo el nombre y la “reformista” que tomó el nombre de Partido del Pueblo Costarricense, encabezado por el dirigente histórico Manuel Mora Valverde.

El solidarismo

Esta derrota permitió un gran avance de las organizaciones pro patronales como las Asociaciones Solidaristas, que son compuestas por los trabajadores y los patrones, supuestamente como un modelo de coexistencia de intereses. Esto que no es más que la reacción y coerción pura, se ha convertido en un lucrativo negocio porque maneja fondos de miles de trabajadores al antojo de los patrones y sus esbirros. Pero el componente ideológico y la consecuencia práctica de este modelo, ha hecho retroceder a la organización sindical en el sector privado, a tal punto que el que intenta organizar un sindicato es despedido inmediatamente. Esta realidad es la que vive la clase obrera del sector privado y representa el ideal de la burguesía para implantar en el sector público.

Sin embargo la realización de este objetivo no ha ocurrido por medio de la implementación de un régimen fascista, con sangrienta represión, como en el caso de las dictaduras militares de este lado del mundo o bien como la encabezada por Pinochet, los Videla y otros del cono sur.

Si bien no hay comparación, el resultado progresivo de la pérdida de conquistas es un hecho latente pero también ha sido el fruto de la conducción de las luchas por parte de las direcciones reformistas. La caída de las direcciones stalinistas no ha permitido la formación de corrientes revolucionarias fuertes, sino más bien estas han permanecido fraccionadas en distintas corrientes casi marginales, en medio de pugnas sectarias, lo que explica la variedad de corrientes que se reclaman socialistas y trotskistas y que en Costa Rica son alrededor de siete entre ellas el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), a la cual pertenecemos.

Las derrotas de las luchas de los trabajadores

La derrota del Magisterio en el año 1995, fue fundamental para disgregar a un sector que venía en lucha constante por la conquista de sus derechos como sector profesional. La pérdida de su régimen de pensiones para privatizarlo, permitió la implantación de de este modelo con la denominada “Ley de Protección al Trabajador” que permite el manejo de estos fondos por medio de los bancos privados y públicos en una vorágine especulativa que favorece los intereses de los banqueros en contraposición de los intereses de los trabajadores.

La lucha contra el denominado “Combo del ICE”, la empresa del telecomunicaciones y electricidad,  en el año 2000, fue un ensayo de lo que podría venir  más adelante, con las intenciones de privatizar las instituciones estatales. Esta gran movilización que fue controlada fundamentalmente por sectores reformistas como el representado por el  ex diputado Merino. La lucha se pospuso, pero el resultado final vino a dirimirse en la lucha contra la aprobación del CAFTA. Este hito en la lucha ya también ha sido analizado en artículos anteriores, pero mencionaremos que fue encausado dentro de un referendo que fue controlado de principio a fin por el gobierno de las Arias.

Se viene una ofensiva burguesa

Los Arias, con el apoyo de un sector de la burguesía y  de la pequeño burguesía que fue derechizándose durante el proceso de lucha, pudo obtener el control de los aparato burgués, como contraposición a la “ingobernabilidad” de las anteriores administraciones, que fueron incapaces de aprobar e implementar el CAFTA , además de otros aspectos de la vida cotidiana del la institucionalidad burguesa, como el control de la Asamblea Legislativa (el parlamento).

La política de alianzas entre el PLN con el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) ,o los vestigios que quedaban de este luego de la crisis producto de los casos de corrupción, el Movimiento Libertario aliado principal en la presente administración, fue de vital importancia para llevar adelante todo el proyecto burgués para la consolidación del CAFTA y sus proyectos colaterales.

Las luchas que vienen son las de mayor importancia de la última década, porque van a marcar la posibilidad de seguir contando con las últimas conquistas que obtuvo la clase obrera luego de las movilizaciones de principio del siglo XX.

El Régimen de Servicio Civil, la sindicalización libre de los trabajadores del sector público, el salario y otras más conquistas están en peligro. Pero si por la víspera se saca el día, la lucha más grande que tenemos que dar es contra de las direcciones que están a la cabeza del movimiento sindical. La pasada huelga del 29 de abril fue categórica para mostrar en cuerpo entero a estos dirigentes que confían en los compromisos del gobierno, como ANDE y SEC, y otros que luego de la gran movilización no articulan una política para darle continuidad al movimiento. Además no denuncian a estas organizaciones ni tratan de organizar a las bases que se rebelaron en contra de ANDE y SEC. Esto a la postre puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota.

Prepararnos para la lucha

El primero de mayo, la celebración del Día Internacional del Trabajador, fue caracterizado por la denuncia correcta de varios puntos, pero no como el punto de partida de nuevas movilizaciones, en especial la preparación de la gran huelga nacional en contra del plan de empleo público y del salario único.

Parece ser, que de nuevo, los dirigentes confían esperanzados en la “buena voluntad” del gobierno para retirar estos planes.

Pero estas medidas no vienen solas, el ataque a las libertades democráticas y la represión por parte de las fuerzas militares del gobierno han sido la tónica en estos procesos de lucha. La reciente violación a la autonomía universitaria por  parte de la Fuerza Pública y la policía Judicial, la represión contra los muelleros el 29 de abril, la golpiza en contra de los estudiantes de un Liceo por defender su derecho a llevar el uniforme como quieren y la presencia de retenes de la policía en varios puntos de la capital, hacen un cuadro del control y violación de los derechos ciudadanos por parte del régimen.

Esto apunta fundamentalmente a golpear a los trabajadores y a los jóvenes. Estos últimos son los más osados y más decididos para enfrentar las políticas del gobierno y siempre son el preámbulo de las luchas cuando éstas se avecinan.

Desde el PSOCA denunciamos a estos dirigentes, no en el plano personal, sino en el plano político, porque su inconsecuencia no es casual, es el producto de la conducción burocrática de las organizaciones, que sirve  para mantener sus  privilegios. Esto queda en evidente contradicción cuando valiéndose de cualquier excusa, no participan en las movilizaciones o bien lo hacen a cuentagotas.

Al gobierno de Laurarias no debemos darle ningún compás de espera. Es la continuidad del gobierno anterior y es iluso creer que puede haber cambios por el simple hecho del cambio de rostro.