Por José René Tamariz

Costa Rica se encuentra actualmente en proceso de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según Rebeca Gryspan, ex ministra de comercio exterior y negociadora del TLC con los Estados Unidos, el ingreso de Costa Rica a la OCDE debe constituir el “proyecto país” de los próximos años. El gobierno de Solís, ha convertido en los hechos y práctica el ingreso del país a esa organización en su proyecto “estratégico”. Actualmente los funcionarios y técnicos de esa institución están analizando y haciendo recomendaciones en todas las áreas económicas, sociales y otras a través de 22 comités, para modificar y cambiar, casi totalmente, las formas y contenido del funcionamiento del Estado costarricense. Ningún área nacional escapa al escrutinio y “cambios” planteados por esta organización supranacional y lo que ella diga y pida modificar se convierte en santa palabra, de lo contrario el país no podría ingresar a ella. Veamos un ejemplo.

Todos los partidos neoliberales en la Asamblea Legislativa se oponían a aprobar el registro de accionistas de las empresas que plantea el proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal que se discute en el plenario legislativo. Sin embargo, bastó la intervención del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, a favor de aprobar el registro de accionistas de empresas para que el PLN lo aceptara, sin oposición. Según el periódico La Nación, refiriéndose a ese tema “Las palabras del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, aplastaron casi todas las dudas del PLN en contra de la creación del registro de accionistas de las empresas”. (La Nación, 20 de febrero del 2016).

¿Cuál es la Posición de la OCDE sobre los Salarios del Sector Público?

El informe de esa organización respecto a los salarios, según La Nación, plantea que “El aumento de los salarios del sector público, entre el 2010 y el 2014, fue el factor que más contribuyó a aumentar la desigualdad de ingreso en el país en ese periodo, evidenció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su estudio económico para Costa Rica”. (La Nación, 17 de febrero del 2016). De 36 países analizados por esa organización en el tema salarial, Costa Rica, supuestamente, ocupa el último lugar en la desigualdad por las diferencias entre los salarios del sector público y sector privado. Existe una gran falacia, razonamiento incorrecto con apariencia de correcto, en el informe económico de la OCDE sobre este tema salarial, ya que los países con los que se compara Costa Rica son, entre otros, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania, Holanda y otros, en donde los salarios de los trabajadores del sector privado son altísimos y los del sector público también son altos, por ende, las diferencias salariales entre ambos sectores son muy estrechas, lo cual no sucede en nuestro país. Entonces, la solución a la supuesta desigualdad, no provocada por los trabajadores público sino por los patronos del sector privado, debe ser homologar los salarios del sector privado, de acuerdo con las ocupaciones, al sector público y no viceversa.  

¿Cuál es la solución a la supuesta desigualdad salarial entre el sector público y privado? Los funcionarios de esa institución supranacional plantean como “solución” para “corregir” esa desigualdad, que “Una de las sugerencias del organismo es revisar el sistema de anualidades… Este sistema, dijo Patrick Leinin, jefe de Estudios Económicos de País de la OCDE, debe ser sustituido por otro donde se consideren las competencias de los trabajadores, para alinearlo con los países del organismo” (Ídem).   El gobierno de Solís a tono y en sintonía con los dictados de esa institución elaboró el proyecto de ley de evaluación de desempeño en la función pública. Es por ello, que “… el viceministro de Hacienda, José Pacheco, explicó que la idea de la OCDE va en línea con el proyecto presentado por el Gobierno, en donde se ligan más las anualidades con el desempeño laboral”. (Ídem). Introducir el sistema de competencias entre los trabajadores del sector público, para poder ganarse la anualidad, conllevará a provocar la sobreexplotación para cumplir las metas individuales e institucionales, mayor carga laboral de la que ya existe, división entre los trabajadores y otros problemas. Entonces, lo más probable y casi seguro, sino lo evitamos mediante la lucha y la movilización, es que ese proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa en el segundo semestre del presente año, cuando llegue al plenario del Congreso.   Los planteamientos de la derecha neoliberal vienen a coincidir con las posiciones y “sugerencias” de la OCDE en este tema y muchos otros, lo cual viene a fortalecer las propuestas contra los trabajadores del sector público de los neoliberales.

¿Cuál es la Posición de la OCDE sobre Educación?

Respecto al tema de la educación la OCDE nos viene a recetar lo que sus países miembros vienen aplicando desde finales de los años 90. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, plantea que “Si bien antes la palabra mágica era educación, educación, educación, hoy diría que es competencias, competencias, competencias, que es una mezcla de educación, con la educación vocacional, con la educación continua en el trabajo, con el marco de innovación y con el marco de la regulación. Todo eso junto define las competencias, las destrezas y habilidades de la fuerza de trabajo. No solo la educación nominal… hay que… generar un dialogo entre el sector privado, los sindicatos y el Gobierno para que se enseñe en las escuelas sea lo que les a servir a los muchachos a la hora de salir del sistema educativo, porque es lo que está demandando el mercado”. (Ídem).

Competencias, según el señor Gurría, es la palabra mágica para resolver todos los problemas tanto en lo laboral, salarial, empresarial como de la educación. Entonces ese concepto aplicado en la educación costarricense sería la implementación de la enseñanza de competencias (EDC). Dicho término era casi exclusivo del capitalismo en el terreno del mercado. Se hablaba de la “competencia de mercado” de las “leyes de competencia”. Ahora ese término ha sido generalizado a todos los ámbitos por los neoliberales. La aplicación de la enseñanza de competencias en la educación significará la modificación de los programas de estudios, los objetivos, los contenidos, la metodología y los procesos de evaluación, es decir una verdadera contrarreforma educativa.

El énfasis de la educación de competencias es la “educación vocacional”, la “educación continua en el trabajo”, por ello los últimos gobiernos, incluido el de Solís, están creando nuevos colegios técnicos y convirtiendo muchos colegios académicos en colegios técnicos, así como implementando la “educación dual”. Toda esa educación de competencias está en función de proveer de mano de obra que está “demandando el mercado”. El docente belga Nico Hirtt, plantea que para este tipo de educación “el acceso al conocimiento ya no constituye un objetivo de la enseñanza. Los conocimientos son relegados al rango de instrumentos que sirven para el desarrollo de competencias”. (Nico Hirtt: “L´approche par competences: une mystification pédagogique”, Tomado de Competencias: un Desastre Pedagógico. PRT).

El señor Ángel Gurría señala que la educación vocacional, la educación continua en el trabajo, el marco de innovación y el marco de la regulación, define las “competencias, las destrezas y habilidades de la fuerza de trabajo”. Nótese que para la enseñanza de competencias todo está en función de desarrollar competencias, destrezas y habilidades de los trabajadores en función de los requerimientos de la fuerza de trabajo que demanda mercado. La enseñanza de competencias (EDC) no plantea “formar individuos”. “formar técnicos” o “formar científicos”, sino desarrollar fuerza de trabajo. Las competencias están bien entre las empresas del capitalismo que luchan entre sí para vender sus productos, las habilidades y las destrezas están bien en los circos, en las manualidades, en los deportes e incluso en los laboratorios de Ciencias para manipular los instrumentos, pero no en la educación que forma y educa individuos integralmente, que crea individuos críticos, descubridores y creadores para que puedan contribuir con sus conocimientos al desarrollo de las ciencias, la tecnología, la sociedad, el bienestar y la salud.

Frente a la propuesta de la OCDE y del gobierno de Solís de implementar la enseñanza de competencias (EDC), las organizaciones sindicales deben oponerse rotundamente y plantear, desde la ya, la lucha contra semejante proyecto nefasto. Asimismo, se debe realizar un Encuentro Sindical Magisterial de todos los sindicatos de la educación (APSE, ANDE, SEC, SIMPAE y otros) para discutir y rechazar la enseñanza de competencias, plantear un modelo pedagógico alternativo e iniciar la lucha y movilización para evitar que ese nefasto “modelo” de enseñanza se implemente en Costa Rica.

Patricia Mora y Celso Gamboa

Por Ernesto Fuertes

Los últimos resultados de las elecciones municipales y el apoyo de diputados del Frente Amplio (FA), para la elección del infame represor Celso Gamboa como nuevo magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo de Justicia, han provocado una agudización de las contradicciones a lo interno de esta organización. En nuestras reflexiones advertíamos: 1) la posibilidad de un retroceso en la hegemonía que tiene el FA entre sectores progresivos debido a su política conciliadora con el gobierno de Luis Guillermo Solís, y 2) la agudización de la contradicción entre las bases progresivas de ese partido y su dirigencia/diputados parlamentarios, respetuosos del orden burgués.

Retroceso electoral, aviva las críticas a lo interno del FA

Estos escenarios se están confirmando actualmente: tanto en el retroceso electoral que sufrió el FA en las pasadas elecciones municipales, como en la actual conmoción que se vive a lo interno y afuera del FA (es decir, no solo entre sus militantes, sino también entre los sectores simpatizantes y seguidores del FA a lo largo y ancho del país).

Nosotros no podemos ordenarles a los militantes del FA qué hacer o no, pero en la medida de que el FA dice representar los intereses progresivos no solo de sus militantes, sino del pueblo costarricense, y en la medida que hasta el momento el FA representa la posibilidad real más cercana de poder revertir las contrareformas (neo)liberales en Costa Rica, entonces tenemos la obligación de posicionarnos.

Arremetida contra la izquierda

Los dirigentes del FA declaran a los medios de prensa que con esta elección de Gamboa, sus diputados “No trasgredieron ningún principio básico del Frente Amplio”, mientras en la realidad sus simpatizantes y militantes están tan indignados que abandonan públicamente su propio partido. El diputado Francisco Camacho dice que quienes estén en contra de la elección de Celso Gamboa son ‘enemigos del FA’, cuando en realidad son los diputados Francisco Camacho y Gerardo, Vargas (jefe de la fracción parlameentaria) y los propios dirigentes del FA quienes provocan la disgregación y la fragmentación de su organización.

¿Por qué la salida de diputados pro-represores significa ‘separar’ o ‘desunir’ el partido, pero el que sus militantes y simpatizantes de base salgan de su organización no se considera ya una fragmentación y una separación del partido provocada por este voto y por la defensa de sus dirigentes? ¿Por qué cuando se vota por políticas liberales o por represores ahí los miembros del FA “no son borregos” (como dice José María Villalta), pero cuando se hacen críticas progresivas al partido se les considera puristas o ‘enemigos’?

Ataques contra Ligia Fallas y organizaciones trotskistas

La reacción de la dirigencia del FA contra las críticas de su ala izquierda no se ha hecho esperar: el secretario general del FA, Rodolfo Ulloa, en una entrevista al diario La Nación, lanzó ataques directos contra el ala izquierda de su propio partido, y contra una instancia de unidad de acción llamada Organización Popular Ya (OPY), en la que participan organizaciones trotskistas como el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) y el Partido Obrero Socialista (POS), entre otros activistas, etc.

Aunque no parece tener relación con el caso de Gamboa o del resto de posiciones que ahora defiende la cúpula del FA, creemos que se relacionan perfectamente: mientras el padre Gerardo Vargas se disculpa por apoyar a un represor y la dirección le otorga su “perdón”, la diputada Ligia Fallas es atacada virulentamente por criticar las políticas que defiende la cúpula del FA. ¡Queda claro que el Frente Amplio es solo ‘amplio’ para conciliar con el (neo)liberalismo, pero no para impulsar el movimiento popular!

¿Cómo podría el FA participar en una simple coordinadora de unidad, si entre sus condiciones está la expulsión de organizaciones trotskistas? Se trata no solo de un ataque personal contra la diputada Fallas, ni es solo un ataque contra la unidad de organizaciones reformistas y trotskistas, sino algo mucho más serio: 1) es un ataque frontal contra la unidad de los sectores populares; 2) es un ataque similar a una purga sectaria (jactándose de no ser sectarios, ¡están haciendo precisamente lo mismo que el ultra-izquierdismo del que tanto hablan y critican!), y 3) es un abandono de su programa progresivo y en defensa del (neo)liberalismo que ahora su fracción legislativa se encarga día con día de hacer avanzar en el parlamento.

El objetivo central: destruir la OPY

OPY es una de las pocas instancias de coordinación que unifica distintos sectores del movimiento popular costarricense. Tal y como lo decíamos acerca de la coordinadora de Solidaridad con Hacienda La Luisa, representa el germen de la salida del economicismo y el sectarismo en el movimiento popular costarricense. ¡Celebramos la existencia de OPY, y ojalá existieran más instancias de coordinación que unifiquen al movimiento popular! El que la dirigencia del FA se lance a atacar una instancia de este tipo, solo quiere decir que se declaran abiertamente en contra de la unidad del pueblo, y a favor de su fragmentación sectaria. Dicen que los ‘enemigos del FA’ quieren ‘fragmentar’, ‘desunir’ o ‘separar’ su organización, ¡pero son ellos quienes están al borde de expulsar a Ligia Fallas por impulsar la unidad popular y progresiva!

Es hora de discutir el rumbo del FA

Para nosotros, los socialistas centroamericanos, existen dos escenarios posibles que tienen que ser encarados sin ningún temor a llamarlos por su nombre: el mejor escenario posible para el movimiento popular costarricense es que las bases del FA tomen las riendas de su propia organización en completa oposición a sus dirigentes (neo)liberales y pro-represores, manteniendo así lo más posible la unidad y la integridad de su organización.

El FA levanta una serie de reformas progresivas que tienen detrás de sí todavía a una gran mayoría de los sectores progresivos del país, y la transformación del FA en un partido colaboracionista con los gobiernos de turno, implicaría el retroceso de la posibilidad de revertir las contrareformas (neo)liberales en Costa Rica. El problema aquí no es que el FA sea reformistas (cosa que ya de por sí criticamos porque es insuficiente reformar el capitalismo), ¡es que el FA ni siquiera está impulsando ya políticas reformistas y moderadas, sino abiertamente pro-burguesas y colaboracionistas En cambio, el peor escenario es la fragmentación o desaparición del FA, un retroceso en la posibilidad de derrotar y contrarrestar el (neo)liberalismo. Por lo tanto, el que el FA mantenga su unidad como organización reformista progresiva sería el mejor escenario para las organizaciones y sectores del movimiento popular, porque de su seno surgirán inevitablemente corrientes de izquierda más radicales. Su fragmentación en manos de los colaboracionistas significaría un paso atrás.

Por esto calificamos de positiva la convocatoria de una asamblea nacional del FA, no para golpearse el pecho, sino para rectificar las posiciones (neo)liberales y colaboracionistas de sus dirigentes y representantes parlamentarios. Es necesario que el FA vuelva a reivindicar la defensa de su propio programa de reformas. No queremos destruir, fragmentar o “reventar” al FA: ¡son sus dirigentes y representantes parlamentarios quienes lo están haciendo! El FA debe mantener su unidad, pero alrededor de la defensa de su programa de reformas progresivas, y no de acuerdo a conciliaciones y puntos intermedios que hacen avanzar la agenda (neo)liberal en el país. Nos declaramos en contra de dar ‘apoyo crítico’ alguno a ningún candidato ni organización del FA mientras las bases no logren tomar en sus manos las riendas de su propia organización. Y del mismo modo: invitamos a todos los exmiembros y miembros actuales del FA a realizar trabajo político conjunto con nuestra organización a través de instancias abiertas en apoyo del programa transicional o de reformas que su propia organización y dirigencia está abandonando y tirando por la borda.

Ahora o nunca

Si este no es el momento para defender el programa reformista del FA, no existirá después momento alguno: esta es la hora crucial que tienen las bases del FA para convocar a una asamblea, antes de que sus propios miembros progresivos abandonen sus filas y el partido se fragmente en los hechos. Les advertimos a los propios militantes del FA: van a decir que ustedes quieren dividir el partido, o que son ‘enemigos’, como lo dice ya el propio Gerardo Camacho, pero en realidad la más férrea crítica contra la dirigencia es lo único que puede mantener la integridad del FA.

Por José René Tamariz

A finales del mes de marzo del 2016 se vence la primera convención colectiva existente del Magisterio Nacional. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) son las organizaciones titulares de dicha convención. Es importante reconocer que el SEC fue el primer sindicato que logró hacer, negociar y firmar con el MEP la primera convención colectiva que existe en el sector de educación (preescolar, primaria y secundaria). Esto constituye en sí mismo un mérito histórico del SEC, ya que fue pionero en este tema.

El Contexto de la Negociación de la Nueva Convención Colectiva del Magisterio

Desde hace varios años, los gobiernos de turno del Partido Liberación Nacional (PLN) en contubernio con la Sala Constitucional y, actualmente, el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), han venido golpeando y vaciando las convenciones colectivas de sus aspectos y artículos que contenían los mejores beneficios, conquistas y logros socio-económicos y laborales de los trabajadores del sector público. Actualmente existen 21 convenciones colectivas en el sector público y 51 convenciones colectivas en el sector municipal. En el sector privado, apenas existían unas 13 convenciones colectivas en el año 2007, actualmente desconocemos cuántas realmente hay, lo cual refleja claramente que el derecho colectivo es inexistente y prohibido en dicho sector, en donde impera la dictadura de los patronos.

Desde el año 2006 hasta la fecha, las convenciones colectivas de diversas instituciones públicas han sido fuertemente golpeadas por las resoluciones de la Sala IV y los gobiernos del PLN y el PAC, ya que son las que gozaban de importantes beneficios materiales y conquistas sociales, económicas y laborales. Es decir que tenemos más de una década de ataques y eliminación de beneficios y derechos de las convenciones colectivas por parte de los gobiernos y Sala IV. Veamos los que decían en años anteriores algunos medios de comunicación de los neoliberales. Según el semanario El Financiero: “Las convenciones colectivas de 12 instituciones públicas...cuestan aproximadamente 49.357 millones al año... Visto de otra forma: en promedio, cada trabajador recibe 2,4 millones adicionales a su salario cada año gracias a esas convenciones...”. (El Financiero, semana del 5-11 de junio del 2006, página 10). La cantidad de trabajadores beneficiados en esas 12 instituciones es de 20.369 lo que constituye el 8% de los empleados públicos.

Ese mismo semanario señala que: “...la Sala IV es la que ha aplicado mano dura contra esas convenciones y ha anulado nueve artículos (en las últimas cuatro semanas) en los acuerdos de Recope, Japdeva, el Instituto Nacional de Seguros, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta de Protección Social de San José...Además, tiene 21 recursos pendientes de resolver”. (Ídem, página 10). Los últimos ataques de la Sala IV fueron en contra de las convenciones colectivas del INS, el CNP, el Banco Popular, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la UCR. Podemos decir que el año 2006 fue el año en que los trabajadores estatales perdieron una significativa cantidad de beneficios y conquistas sociales contempladas en las convenciones colectivas y alcanzadas durante largos años. Esto constituyó una derrota importante, sin pelea, de los trabajadores, porque existe un sentimiento de indefensión e impotencia frente a las resoluciones de la Sala IV. Ese sentimiento ha sido inoculado por la democracia burguesa y la burocracia sindical que es incapaz de llevar adelante la lucha en contra de esa nociva institución del régimen burgués, porque precisamente la burocracia sindical de conjunto está imbuida hasta los tuétanos de legalismo burgués y le capitula a esa institución del régimen político. La orientación del gobierno del PAC ha sido denunciar todas las convenciones colectivas y eliminar de ellas, las supuestas clausulas “abusivas” que, en realidad, son las conquistas socio-económicas y laborales de las que gozan –gozaban- los trabajadores del sector público.

La Convención Colectiva del SEC-SITRACOME y el MEP  

La convención colectiva firmada por el SEC-SITRACOME con las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) en el año 2013 consta de 69 artículos, de los cuales 10 artículos de todo el capítulo II están referidos a la constitución, formación y funcionamiento de 10 comisiones, es decir, que el 14,5% de dicha convención colectiva es de pura comisiones. Del total del articulado de esa convención colectiva, solamente existen unos tres que otorgan beneficios materiales o laborales a los trabajadores de la educación. Esos artículos son el 37, 39 y 46. Veamos.

El artículo 37 señala que “Todo trabajador, a partir de nacimiento o adopción de sus hijos e hijas tendrá derecho a una licencia con goce de salario de un mes. En el caso de adopción, el trabajador deberá presentar certificación de la sentencia aprobatoria emitida por el Juez de familia”. (Convención Colectiva. Ministerio de Educación Pública: página 21). El artículo 39 referido al permiso para asistir a citas médicas plantea que “Toda persona trabajadora del MEP que deba asistir a consulta médica en la CCSS o en el INS, sin que medie incapacidad contará con permiso con goce de salario. Para tales efectos, la persona trabajadora está en la obligación de comunicar previamente a la Jefatura inmediata y presentar el comprobante del tiempo utilizado para ello, emitido por la entidad correspondiente”. (Ídem, página 21). Lo nuevo aquí es que antes de la convención colectiva, quedaba a criterio de la dirección del centro educativo si rebajaba o no el tiempo utilizado en las consultas médicas, ahora eso no queda a criterio del jefe inmediato. El artículo 46 regula las vacaciones de semana santa, al señalar que “El MEP otorgará vacaciones colectivas durante los días laborales (lunes, martes y miércoles) de Semana Santa a las personas trabajadoras de los centros educativos, Direcciones Regionales de Educación y Oficinas Centrales, con excepción de aquellas dependencias y puestos que por naturaleza de sus funciones requieran laborar”. (Ídem, página 23). No existe en la convención colectiva del SEC-SITRACOME ningún artículo que proteja o resguarde los componentes salariales de los trabajadores de la educación (incentivo para el desarrollo de la docencia, anualidades, incentivo por laborar en zonas de menor desarrollo y otros).

La Negociación de la Nueva Convención Colectiva del Magisterio Nacional

Todo parece indicar que es un hecho que el MEP va a denunciar la convención colectiva del magisterio nacional que vence en el mes de marzo. Esta es la política generalizada del gobierno respecto a las negociaciones de las convenciones colectivas. Sin embargo, más allá de que el gobierno denuncie o no dicha convención colectiva, las organizaciones sindicales (SEC, ANDE y APSE), las dos últimas convertidas en sindicatos, están obligadas a sentarse a negociar y formar una alianza o coalición sindical para realizar las negociaciones conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP) de la nueva convención colectiva que regirá para los próximos tres años. La situación de las organizaciones sindicales frente a esas negociaciones con el MEP es la siguiente.

El SEC-SITRACOME son titulares de la convención colectiva que vence a finales de marzo, sin embargo, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) como sindicato introdujo en el MEP su convención colectiva para ser ella la nueva titular de la convención colectiva, lo que le mete presión al SEC, ya que la titularidad no la tiene garantizada, puesto que ANDE tiene mayor afiliación que el SEC. La propuesta de convención colectiva de la ANDE tiene varios artículos buenos que hay que incorporar en la nueva convención colectiva, tales como el pago de las lecciones de planeamiento en todos los niveles educativos, la reducción de los grupos a 25 alumnos máximos, el aumento de la cesantía a 16 años, el incentivo por laborar en zonas de riesgos y zonas de menor desarrollo, entre otros. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) no presentó convención colectiva en el MEP, lo cual la tiene en desventaja frente a las negociaciones con los otros dos sindicatos. Frente a esta situación el SEC ha buscado una coalición con la APSE. También el SEC promovió una reunión con la Iglesia Católica como mediadora para iniciar y formar una coalición para las negociaciones de la convención colectiva con la ANDE y APSE. Esta última organización no asistió a dicha cita, solo llegó la ANDE. Existe actualmente un proceso de forcejeo de cara al proceso de negociación de dicha convención colectiva.

Unidad Sindical SEC-ANDE-APSE Para Negociar la Nueva Convención Colectiva

Ninguno de los tres sindicatos están en la capacidad para imponer sus posiciones y convención colectiva en las negociaciones con el MEP, por tanto, para la defensa de los derechos, beneficios y componentes salariales de los trabajadores de la educación se hace necesario que las dirigencias sindicales de esas tres organizaciones depongan sus intereses particulares en aras de la colectividad a la cual representan. Máxime que existen muchos afiliados que pertenecen a los tres o dos sindicatos se forma simultánea. Hay que partir de la convención colectiva del SEC-SITRACOME y de la propuesta de convención colectiva de la ANDE, así como de las propuestas que haga la APSE y construir una propuesta única que los tres sindicatos defiendan conjuntamente en las negociaciones con la patronal del MEP. A su vez, ningún sindicato puede pretender arrogarse la titularidad, la titularidad de la nueva convención colectiva debe pertenecer a la coalición sindical formada por el SEC-ANDE-APSE. Llamamos a toda la afiliación de la APSE, ANDE y SEC a presionar a sus dirigencias sindicales para que formen una coalición sindical, negocien conjuntamente con el MEP y que los tres sindicatos sean los titulares de la nueva convención colectiva. Asimismo, debemos presionarlos para que incluyan dentro de la convención colectiva los componentes salariales y otros beneficios laborales que actualmente tiene el magisterio nacional.    

Por Ernesto Fuertes

La Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) realizó el pasado lunes 1 de febrero una serie de protestas, movilizaciones y bloqueos de calles en contra de las operaciones de la empresa multinacional Uber. Ésta se encarga de brindar un servicio de transporte más barato gracias a sus características monopólicas (con inversiones de las multinacionales de internet Google y Baidu), sin pagar impuestos ni seguros para sus usuarios, ni cumplir con una serie de requisitos públicos para la ejecución del servicio, etc. De hecho, la empresa opera actualmente en la ilegalidad, ya que no realizó los trámites para el inicio de operaciones en Costa Rica. Todo esto les permite vender el servicio a un precio mucho menor o pagar salarios mucho mayores a sus empleados, fulminando a la competencia.

De manera paralela, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida, ha provocado un aumento de trabajadores del transporte formal e informal (taxis públicos o porteadores, etc), lo cual se suma a la crisis por la cual pasan los taxistas: mientras aumentan las personas que recurren a Uber para tener un trabajo, asimismo aumenta la competencia entre Uber, el taxi público o porteadores informales, y frente a una condición de crisis de la economía, estalla el descontento. Todo esto en el marco de una deflación mundial, con una fuerte caída de la demanda agregada (no solo la demanda del consumidor, sino de la inversión), la expansión acelerada de Uber representa una forma desesperada de los capitales extranjeros de mejorar sus beneficios de cualquier manera.

Nuevamente, las protestas culminaron en una mesa de negociación que no culminó en nada. Los taxistas anuncian nuevas medidas de presión para el próximo lunes 8, y el gobierno critica a Uber por la falta de trámites formales para su operación, al mismo tiempo que le permite seguir operando en el país. Lo que nadie le dice a los taxistas es que ninguna de sus demandas gremiales puede ser cumplida, si no cambian las condiciones económicas y políticas de la sociedad costarricense en general: los empleadores de taxistas continuarán reduciendo costos (bajar salarios o despedir) como forma de lidiar con su poca rentabilidad frente a Uber, así como Uber pasará a subir sus tarifas y reducir también sus propios costos (lo que implica bajar los salarios de sus propios asalariados). La única forma en que el taxista puede mejorar sus condiciones de vida es si elimina el desempleo, si hay una escala móvil de salarios, si se bajan los intereses al nivel de la inflación, si hay repreciación del colón, acceso a crédito, reforma agraria, etc (en resumen: la creación de un mercado interno anti-colonial), todo lo cual permitiría la reducción del desempleo que obliga a buscar trabajo en el transporte, permitiría aumentar el poder adquisitivo para la demanda de transporte público, permitiría una reducción de la inflación y de la importación de crudo, etc.

Además: vemos que se dan casos como el de Hacienda La Luisa al mismo tiempo que el de Chánguina, vemos que despiden trabajadores del ICE al mismo tiempo que amenazan los empleos y salarios del sector público en general, etc. Como con los taxistas, el Estado burgués se encarga de exprimirles derechos y condiciones de vida a los trabajadores, para aumentar las riquezas de empresas nacionales y extranjeras. Y vemos que la salida del movimiento popular costarricense es llevar a cada grupo de trabajadores y campesinos separados a protestar frente a Casa Presidencial, el Ministerio de Trabajo o las instalaciones del ICE, del mismo modo en que los gremios de taxistas sacan a protestar a sus trabajadores de manera aislada. Fragmentados, luchando por las simples demandas sindicales o gremiales de cada sector, sin ningún plan de agitación y propaganda general, los trabajadores y campesinos desfilan por las calles y son derrotados fácilmente por burgueses y Estado. ¡Por este camino el movimiento popular costarricense no tiene ningún futuro! ¡Representa el más grave seguidismo y economicismo, y tiene todas y cada una de sus características!

La demanda de los taxistas se vuelve entonces irrealizable sin políticas que se salen de lo sindical. Decirle a los trabajadores que sus acciones de lucha van a tener resultados, cuando se sabe que no existen las condiciones para cumplir sus propias demandas, se vuelve una tarea de antemano fallida. Eso significa que todos los puntos antes mencionados tienen que plantearse por el movimiento popular como las únicas medidas que pueden resolver los problemas y demandas sindicales de los trabajadores del transporte tanto como los del campo o la ciudad, la agricultura, la industria o los servicios, etc. En términos de organización, esta tarea no puede ser cumplida por ningún sindicato aislado: solo los partidos y organizaciones populares de todos los tipos pueden plantear estas medidas no-sindicales, alrededor de las cuales puedan organizarse los trabajadores de distintos gremios y sectores. Por lo tanto, los partidos tienen que fundar una coordinadora general permanente, y convocar a todos los sectores trabajadores y campesinos, organizaciones, sindicatos, asociaciones, colectivos, activistas, ciudadanos, etc, que deseen participar en esta organización, e iniciar una gran campaña planificada de agitación y propaganda en defensa de ese programa de reformas como única forma de resolver los problemas de taxistas y demás trabajadores. La sindicalización y cualquier objetivo sindical mismo son imposible sin esta instancia.