Por José René Tamariz

En los dos últimos meses se ha escrito en la prensa una gran cantidad de artículo sobre la problemática que enfrenta el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), producto del estudio actuarial que realizó la escuela de matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR). Este régimen de pensiones es el más importante del país, ya que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores. Según ese estudio actuarial las reservas de dicho fondo, cercanas a dos billones de colones, se agotaría entre los años 2027-2034, es decir, dentro de unos 10 o 14 años, lo cual llevaría a este sistema de pensiones a la crisis total y, por ende, a una grave crisis social de incalculables dimensiones.

Algunos Datos Sobre el IVM

Al IVM se encuentran afiliados 1.4 millones de trabajadores. Actualmente ese régimen de pensiones cuenta con 225.000 pensionados. La cotización total es de 9.16%, porcentaje del cual corresponde el 1,24% al Estado, 2.84% a los trabajadores y el 5.08% a los patronos. La cantidad del monto de la pensión oscila entre el 43% y 52.5% del promedio de los últimos 240 salarios más el 0.0833% por cada una de las cotizaciones adicionales. La edad actual para pensionarse es de 65 años.

Las Reformas Propuestas por el Estudio Actuarial de la UCR

El estudio realizado por la escuela de matemática de la UCR plantea cuatro posibles escenarios para la jubilación en el régimen IVM de la CCSS. Solamente en el primer escenario la edad para retirarse queda en los 65 años con 25 años cotizados o 300 cuotas y el monto de la pensión quedaría reducida al 40% por los primeros 20 años. En los tres siguientes escenarios el retiro se realizaría entre los 65 y 70 años. En estos últimos escenarios, la mitad de trabajadores se retirarían a los 65 años, mientras que las personas que tengan entre 15 y 25 años de cotizaciones se retirarán a los 70 años.

Lo anterior quiere decir que el 50% de los cotizantes al IVM se pensionarían a los 70 años. Como se puede observar ese tipo de medida son salvajes. Al final esas reformas se podrían resumir en los siguientes puntos: 1) aumentar la edad para pensionarse de 65 a 70 años. 2) incrementar la cotización tripartita, obrero-patronal-Estado, del 9.16% actual hasta el 26.4%, porcentaje del cual correspondería el 3.69% al Estado, el 8.72% al trabajador y el 13.99% a los patronos. Esos incrementos de los porcentajes en las cuotas se realizarían de forma escalonada, quedando entre el año 2019 y el año 2060. 3) disminuir el monto de la pensión al 40% del promedio del salario de los trabajadores.

La Discusión Actual Sobre el IVM

Producto del estudio y propuestas de la escuela de matemática de la UCR sobre el régimen IVM se ha abierto una fuerte polémica y diversas alternativas de solución al deterioro de ese sistema de pensiones y de su eventual crisis. Ciertos neoliberales han planteado un conjunto de posiciones delirantes y desquiciadas, tales como, que las pensiones del IVM son una “estafa” porque, supuestamente, utiliza un esquema Ponzi, lo cual es falso, ya que ese es un sistema de fraude financiero; algunos señalan que existe una “quiebra” del régimen de IVM lo que tampoco es cierto, aunque existe una situación delicada del régimen sino se toman medidas adecuadas y correctivas; otros plantean abiertamente la privatización de las pensiones al estilo Chile y otros países, la cual se ha demostrado con los hechos que son un fracaso rotundo; mientras que algunos diputados plantean la supervisión por parte de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) del IVM.

Frente al estudio sobre el IVM realizado por la UCR, la Junta Directiva de la CCSS, para esconder todos sus errores y desastrosa administración de ese régimen de pensión, decidió, de forma burocrática e inconsulta, elevar la cuota obrera del 2.84% al 3.84% de los salarios del IVM a partir del mes de junio. Esta medida burocrática constituye un zarpazo sobre los bajos salarios de los trabajadores en general los cuales, prácticamente, han sido congelados por más de dos años por pírricos reajustes del gobierno de Solís.

Por otro lado, la Junta Directiva de la CCSS estudia la propuesta del auditor de esa institución, José Arturo Hernández, de trasladar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) hacia el régimen de IVM. Este sistema de pensiones complementarias es de tipo privado, tanto por su forma de administración, ya que los fondos de ambos (ROPC y FCL) de 4.7 billones de colones, o sea, más de 8.377.9 millones de dólares al cambio actual son administrados por instituciones financieras sean privadas o públicas, así como porque las cuentas de esas pensiones son individuales. La combinación del régimen básico de pensiones IVM y el régimen complementario constituyen un modelo mixto de pensiones. El régimen complementario de pensiones tiene un conjunto de problemas al cual no nos vamos a referir en el presente artículo. No obstante, la propuesta de los funcionarios de la CCSS de trasladar los millonarios fondos del régimen complementario de pensiones y del fondo de capitalización al IVM, dada la situación delicada y de eventual crisis del IVM, constituye otra propuesta desquiciada de los malos administradores del IVM y de la CCSS.

Entonces, ¿Cuáles son las Propuestas de Solución del Régimen IVM?

Las propuestas de los actuarios de la escuela de matemática de la UCR para resolver los problemas que enfrenta el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, constituyen medidas salvajes al peor estilo de los neoliberales. Llevar la edad para pensionarse de 65 a 70 años significaría que miles de personas no puedan disfrutar de sus pensiones, porque se morirían trabajando, mientras que muchos miles solamente podrían disfrutar de algunos años de pensión, considerando que la esperanza de vida promedio en Costa Rica es de 79.4 años.

Por otra parte, aumentar la cotización sobre los salarios del 2.84% hasta el 8.72%, o sea, más del 200% de incremento, constituye un verdadero zarpazo contra los escuálidos salarios de los trabajadores, una verdadera expropiación de los ingresos de la mayoría de la clase trabajadora.

De otro lado, disminuir el monto de las pensiones al 40% sobre los salarios, ya de por sí miserables en el régimen IVM, representaría un empobrecimiento absoluto y masivo, llegando a la indigencia y pauperización, de todos los pensionados del IVM. Por ende, todas esas salvajes medidas de los actuarios de la UCR deben ser rechazadas de plano y combatidas, para que no sean aplicadas, por el movimiento sindical de forma unitaria.

El aumento de la cotización obrera del uno por ciento decretado, arbitraria e inconsultamente, por los burócratas de la Junta Directiva de la CCSS, de igual forma debe ser rechazado y echado abajo, vía movilización, por las organizaciones sindicales. Asimismo, la desquiciada propuesta de los burócratas de la CCSS de trasladar los millonarios fondos del ROPC y FCL al régimen de pensiones de IVM también deben ser rechazadas y combatida para que ni siquiera sea discutida.

Según han anunciado los funcionarios de la CCSS y del Ministerio de Trabajo en el mes de febrero se iniciará la discusión de las “reformas” del régimen de pensiones de IVM, tomando como base el estudio de los actuarios de la escuela de matemática de la UCR, así como todas aquellas que lleguen a la CCSS. El movimiento sindical debe discutir y votar una propuesta unificada frente a este grave problema que enfrente el IVM y frente a las propuestas neoliberales y descabelladas, tanto de los actuarios de la UCR, de los burócratas de la Junta Directiva de la CCSS y otros funcionarios de la misma institución.

Propuestas de solución

De último, planteamos algunas posibles propuestas en la dirección de contribuir a la solución de evitar que se produzca la crisis del régimen de pensiones de IVM hacia los años 2027-2034. Veamos.

1. Exigir el pago de todas las cuotas millonarias adeudadas por el Estado al régimen de pensiones de IVM.

2. Obligar a los empresarios a pagar las cuotas millonarias adeudadas por pensiones al régimen IVM.

3. Imponer la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador que obliga a las empresas públicas (10 empresas e instituciones) a trasladar entre un 5% y 15% de sus utilidades al fondo de pensiones del régimen IVM.

4. Exigir al gobierno incremente su aporte al régimen de pensiones de IVM hasta el 3.69% propuesto por los actuarios de la UCR.

5. Exigir a los patronos el aumento de sus aportes al régimen de pensiones de IVM hasta el 13.99% propuesto por los actuarios de la UCR.

6. Realizar inversiones del fondo de reserva del régimen IVM en obras pública de infraestructuras, no sólo en bonos del Estado.

7. Combatir el desempleo del 10% y la informalidad del 45%, mediante la implementación de un plan de obras públicas que disminuya drásticamente la tasa de desocupación y la informalidad y, de esa forma, aumentar la población cotizante al régimen de pensiones de IVM.

8. Realizar una campaña de afiliación al régimen de pensiones de IVM entre la población informal, así como entre otros sectores para aumentar la cantidad de cotizantes a ese régimen.

9. Reducir los gastos administrativos del régimen de pensiones de IVM y el despilfarro.

10. Que la Junta Directiva de la CCSS esté integrada de forma mayoritaria por el sector de trabajadores que representan la mayoría de cotizantes, así como en cuanto a ingresos de la institución.

Por José René Tamariz

Ricardo Molina, presidente del sindicato APSE y representante de la mayoría de la directiva nacional, mediante varios videos que circulan por las redes sociales se ha dado a la tarea de “explicar” los “argumentos” por los cuales NO están convocando a la huelga indefinida para el mes de febrero contra el proyecto de empleo público. En el presente artículo se analizan y rebaten uno a uno algunos de esos “argumentos” que constituyen una mezcla de falacias y racionalizaciones para justificar una política de conciliación con la patronal gubernamental, así como una claudicación a toda la reacción, integrada por el gobierno de Solís, los partidos neoliberales y los medios de comunicación del capital. Veamos.

1. En unos de los videos, Ricardo Molina, inicia señalando que “La APSE desea comunicar… a toda su afiliación que no está convocando a ningún movimiento de huelga ni la primera semana de febrero ni la segunda semana de febrero ni en ningún momento…”. Dado el contexto político en que se realizan esas declaraciones, convocatoria del proyecto de empleo público por parte del gobierno en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y el llamado a huelga indefinida para inicios del mes de febrero de diversas fuerzas sindicales contra ese proyecto, favorecen y le hacen el juego a las fuerzas de la reacción que pretenden despojar de los componentes salariales (anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional, disponibilidad y otros) a los trabajadores del sector público.

Una dirección clasista hubiera iniciado atacando duramente al gobierno de Solís por haber convocado ese nefasto proyecto contra los empleados públicos, así como a los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa por querer aprobar ese anti-obrero y anti-sindical proyecto que, en los hechos, reduce los salarios y elimina el derecho colectivo del trabajo (derecho a las negociaciones y a la suscripción de convenciones colectivas).

Ese funesto proyecto convertiría en letra muerta el derecho colectivo porque no se podrían negociar nuevas mejoras de condiciones salariales, laborales y sociales en las empresas públicas, municipalidades, instituciones autónomas y ministerios, ya que el proyecto de empleo público impone un tope o límite a cualquier incentivo, plus o componente salarial, además de que limita e impide la negociación de cualquier nuevo incentivo o plus o conquista. Asimismo se limita el tiempo para la negociación de la convención colectiva de 12 meses a nueve meses y, si en ese plazo, no hay acuerdo entre las partes la convención colectiva expira y los trabajadores perderían todas las conquistas adquiridas, teniéndose que iniciar de cero el proceso de negociación.

2. Luego, Ricardo Molina, en otro video afirma de forma categórica y contundente, tal como si fuera un alto funcionario del gobierno, Ministro de Trabajo o un diputado neoliberal, que el proyecto de empleo público “…Deja claramente establecido que los compañeros y compañeras del título II quedan fuera y excluidos de los efectos de este proyecto…”. Aquí se encuentra el “argumento” falaz; conciliador con la patronal gubernamental y desmovilizador, ya que pretende, igual que los neoliberales, evitar que ese numeroso sector de trabajadores se movilice y luche contra ese fatídico proyecto, haciéndole creer en la trampa burguesa de que están “fuera de los efectos” del mismo.

Aunque formalmente el artículo 5 de dicho proyecto señala que ese sector queda fuera, lo anterior no quiere decir que en cualquier momento los puedan incluir o en una futura reforma los incluya. Además, afirmamos, sin temor a equivocarnos, que los efectos de ese proyecto serán directos e indirectos contra los trabajadores del título II del sector educativo. Las nuevas normas y metodologías de evaluación tanto de las anualidades y carrera profesional que se aplicarán con la eventual aprobación del proyecto de empleo público serán aplicadas a los trabajadores del título II, mediante otra vía, así como los contratos de dedicación exclusiva. Esas nuevas normas y metodología que se derivarán de la eventual aprobación del proyecto empleo público servirán de modelo para ser aplicadas en educación, ya que no somos una isla.

Por otro lado, también debemos señalar que es una falacia más terrible plantear que dicho sector queda “fuera de los efectos”. Este “argumento” es muy grave decirlo y sostenerlo por parte del presidente de la APSE, ya que los “efectos” de este proyecto son de tipo carambola y en cadena, afectan a todos los trabajadores del sector público, así como a la población en general, tanto en el área social (reduce los ingresos de la seguridad social y ayuda a sectores vulnerables), económica (disminuye el ingreso tributario) y derechos laborales (elimina la negociación colectiva y la suscripción de convención colectiva), tal como lo planteamos anteriormente.

Por otra parte, la eventual aprobación de este proyecto de empleo público lleva consecuentemente a la discusión y aprobación de los proyectos fiscales como el IVA que aumenta el impuesto de ventas del 13% al 15% y el de renta que incrementa el impuesto a los salarios. Entonces, los “dirigentes sindicales” que no llamen a luchar y a derrotar, mediante la movilización y la huelga, ese proyecto de empleo público, los convierte en cómplices del gobierno y los neoliberales con respecto a la aprobación del paquetazo fiscal contra los trabajadores y los sectores populares.

3. En uno de los videos, Ricardo Molina, de igual forma que la anterior, sostiene de forma temeraria, tal como si fuera el Ministro de Trabajo o un diputado neoliberal que con el proyecto de empleo público “…No tienen afectación el sector no profesional del título I…”. Esta es otra gran falacia de la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE. Si bien es cierto que los trabajadores del título I no ganan algunos componentes salariales como carrera profesional o dedicación exclusiva, sin embargo, sus anualidades, con las nuevas normas y metodología que se aprobaran, podrían verse afectadas porque serán evaluados no solo de forma individual sino también de forma institucional. Además, ellos serían afectados también por los efectos de carambola y en cadena en los demás sectores.

4. En unos de los videos, Ricardo Molina, utiliza los mismos “argumentos” de los neoliberales y medios de comunicación burguesa para atacar a los trabajadores que tienen mejores salarios y componentes salariales de otros sectores laborales (salud, universidades públicas, instituciones descentralizadas y otras). En una de las partes señala “… ¿Vamos a salir a defender gente que tienen salarios de 5, 10 o 15 millones? …” y más adelante dice “… ¿Vamos a salir a defender anualidades de 5, 9, 11%? ...”. Es importante aclarar que solamente los altos jerarcas de poderes del Estado, empresas estatales y otras instituciones ganan salarios de 5, 10 o 15 millones. La gran mayoría de los trabajadores de la salud, municipalidades, empresas públicas, universidades públicas, instituciones descentralizadas y otras devengan salarios menores y bajos.

Entonces, Ricardo Molina, en vez de atacar al gobierno y a los neoliberales por querer despojar de sus salarios y componentes salariales a esos sectores laborales, más bien recurre y copia los “argumentos” de los sectores más atrasados de los trabajadores y reaccionarios de la derecha para desmovilizar y, en los hechos, promover el enfrentamiento de los trabajadores de la educación contra los otros sectores laborales como si fueran sus enemigos de clases no sus aliados naturales, ya que todos ellos son parte de la clase trabajadores.

Por último, hacemos un vehemente llamado a todas las bases apsinas a luchar contra el proyecto de empleo público, expediente 19.506, porque pretende despojar de los componentes salariales a todos los empleados públicos sin distingos, así como eliminar el derecho colectivo con lo cual cualquier lucha futura por mejorar nuestras condiciones salariales, laborales, sociales y económicas estaría condenada al fracaso ya que tendría como tope las terribles normas contempladas en ese nefasto proyecto. Por ello, la lucha contra ese proyecto de empleo público pasa obligatoriamente por sumarse a la huelga del mes de febrero que todos los demás sindicatos están convocando, excepto, la dirigencia mayoritaria de APSE.

TODOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO Y SECTOR PÚBLICO A LA HUELGA INDEFINIDA DEL MES DE FEBRERO PARA DERROTAR EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO

Por Alberto Ramírez

El gobierno de Luis Guillermo Solís, en contubernio con la fauna de los partidos neoliberales, ha venido lanzando una sistemática ofensiva en contra de los trabajadores del sector público con el objetivo de hacernos pagar el alto déficit fiscal, causado por el partido de los empresarios, el PLN. Para alcanzar ese siniestro objetivo, el gobierno en mancuerna con la jauría neoliberal nos ha impuesto, poco a poco, sus medidas que deterioran nuestras condiciones de vida y empleo. Veamos.

Esa ofensiva gubernamental-patronal, en contra de nuestros niveles salariales, beneficios laborales y de empleo se ha concretado en una serie de medidas, tales como, el congelamiento salarial durante dos años, otorgando miserables reajustes salariales (1,14%, 0,94%, 0,08% y 0,01%.); la imposición del salario único en diversas empresas públicas (ICE, BCR Y otras); el congelamiento de plazas en el gobierno central; la denuncia de todas las convenciones colectivas para cercenar y eliminar beneficios laborales; el despido masivo de trabajadores, enmascarado bajo el eufemismo de “movilidad laboral voluntaria” (ICE, CNFL y otras). Para rematar los ataques anteriores, el gobierno-neoliberales, pretenden aprobar por la vía rápida el proyecto de empleo público, expediente 19.506, que nos despojaría de los componentes adicionales (anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y otros) al salario base, mejor conocidos como pluses salariales.

Mientras el gobierno de Solís despoja de sus salarios, beneficios laborales, derechos laborales y el empleo a miles de trabajadores, los empresarios nacionales y transnacionales, se llenan las manos, sus bolsillos y cuentas bancarias con millones de colones y dólares, ya sean mediante los negocios lícitos e ilícitos, llámese evasión y elusión fiscal, intermediación financiera, exoneraciones fiscales y otras formas de robo disfrazadas.

En tanto, el gobierno, los partidos neoliberales y las autoridades del MEP hacen lo que quieren con nuestras condiciones salariales, de trabajo y de vida, las dirigencias sindicales de los diferentes bloques sindicales, ya sea la denominada “Unidad en la Acción”, BUSSCO y otras cúpulas sindicales, mantienen una política de conciliación con el gobierno que se manifiesta en la pasividad y desmovilización de las bases sindicales. Esta política de las burocracias sindicales conciliadoras está permitiendo el despojo de los beneficios y derechos de los trabajadores del sector público y, en caso de aprobarse, por la vía rápida, el proyecto de empleo público 19.506, nos puede conducir una grave derrota histórica,

Denunciamos públicamente a la dirigencia sindical de la APSE, de guardar confianza y creer en la maniobra divisionista del gobierno-neoliberales, de “exclusión” del personal docente del proyecto de empleo público, maniobra perversa que, en los hechos, pretende no solo desmovilizar y sacar de la lucha a los trabajadores de la educación, sino también convertirnos, en forma indirecta, en cómplices de la imposición de esa ley al resto de los trabajadores del sector público.

La nueva “lucha” de la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE, se ha reducido en las últimas semanas a solicitar a los neoliberales la “exclusión” de todos los trabajadores del MEP del proyecto de empleo público. Esta dirigencia conciliadora y desmovilizadora, no solo ha caído en la trampa divisionista de la jauría neoliberal, sino que refuerza en la conciencia de los trabajadores de la educación la confianza en las fuerzas enemigas, convirtiéndose en la correa de transmisión de las maniobras divisionistas de los neoliberales en el seno del movimiento sindical magisterial.

Asimismo, hacemos responsables a la dirigencia de la APSE, por su política de conciliación con el gobierno-neoliberales y desmovilización de las bases, de una eventual aprobación, por la vía rápida, del proyecto de empleo público, expediente 19.506. Debemos denunciar y rechazar de forma categórica la maniobra divisionista del gobierno-neoliberales de la “exclusión”, ya sea solo del personal docente como de todo el MEP, ya que esa “exclusión”, en caso de concretarse, sólo sería como táctica divisionista momentánea, porque posteriormente nos aplicarían todos los extremos aprobados en esa ley a los trabajadores de la educación. Desde las bases del sindicato APSE, debemos denunciar y hacer responsable, de una eventual aprobación y, por ende, de una derrota histórica de los trabajadores de la educación a la dirigencia de esta organización.

¡Abajo la política de conciliación y desmovilización!

¡Abajo la política divisionista del movimiento sindical del gobierno y los neoliberales!

Por José René Tamariz Corea

Costa Rica vivió durante la década de los años 30 y 40 un espectacular ascenso de las luchas del movimiento obrero, campesino y popular, que se manifestó en grandes movilizaciones, un fuerte y poderoso proceso de organización sindical y política de los trabajadores, así como la realización de huelgas muy duras y fuertes como la de los bananeros en el año 1934.

De acuerdo con Marielos Aguilar “… el año de 1934 fue bastante representativo pues se llevaron a cabo por lo menos ocho huelgas. De éstas la mayoría ocurrió en las principales ciudades de la zona central del país, con la participación de trabajadores de obras públicas, zapateros, panaderos, sastres y litógrafos. Por su parte, los trabajadores del café de Turrialba y los obreros bananeros del Atlántico se destacaron por llevar a cabo grandes movimientos huelguísticos, como, por ejemplo, la conocida huelga bananera de 1934. Esa huelga bananera se desarrolló en el transcurso de los meses de agosto y setiembre para plantear un conjunto de peticiones básicas: eliminación del trabajo a destajo, jornada de seis horas para las labores más rudas, fijación de salario mínimo, pagos quincenales y en efectivo, pago de las horas extras, eliminación de la semana de fondo, viviendas dignas para los trabajadores ofrecidas por los finqueros, extensión de la Ley de Accidentes de Trabajo, dispensarios médicos para las fincas con más de diez obreros, regulación de los precios de las mercancías vendidas en los comisariatos de la UFCO, rechazo del contrato bananero Cortés-Chittenden y, por último, reconocimiento del Sindicato de Trabajadores del Atlántico por parte de la UFCO y del Estado”. (Aguilar, 2009: 15).

De otro lado, es muy importante señalar que el movimiento político-militar encabezado por Figueres tuvo algunas características sui-géneris, en el sentido de que era un movimiento que tenía como objetivo último contener y derrotar el ascenso del movimiento obrero y popular encabezado por el partido comunista, pero que no pretendía destruir las conquistas sociales alcanzadas durante el período 40-48. Este ascenso del movimiento obrero y popular se concretó a nivel institucional en la incorporación de las llamadas Garantías Sociales a la Constitución Política, la aprobación del Código del Trabajo (27 de agosto de 1943) y la creación, entre otras, de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según Aguilar Hernández: “El Centro de la pugna social agudizada desde 1942, indiscutiblemente era las Garantías Sociales y el Código de Trabajo. Los principales adversarios eran los cafetaleros, las compañías translaciones como Transportes Aéreos Centro Americanos (TACA), la Electric Bond and Share y la United Fruit Co; y en general, el sector patronal…”. (Ídem).

Es muy importante señalar que “Al mismo tiempo que se hacía efectiva la promulgación de la legislación social, se constituyeron las dos centrales sindicales que nuclearon a los trabajadores de Costa Rica (CTCR) y la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN). Entre 1943 y 1948 lograron reunir a unos cien mil asalariados que constituyeron la base social de apoyo para la defensa de la reforma social”. (Ídem: 27). Las negrillas son nuestras. La población económicamente activa (PEA) en el año 1948 era de 261 096 personas, quiere decir que, si el dato de Aguilar es correcto, entonces los trabajadores sindicalizados constituían aproximadamente el 38,3% de esa población, lo cual representaba una cifra bien alta de sindicalización, que nunca se ha logrado alcanzar desde esas fechas. Es necesario mencionar que la primera central era dirigida por el Partido Vanguardia Popular (comunista) y la segunda central era dirigida por la cúpula de la Iglesia Católica, para contrarrestar la influencia sindical comunista. En el año 1943 Monseñor Víctor Manuel Sanabria declaró que: “La autoridad eclesiástica está y estará empeñada en que se formen agrupaciones obreras y católicas y en ampliar las ya existentes, no precisamente para debilitar el movimiento de cohesión de las clases trabajadoras, sino para encauzar ese movimiento, en la forma que mejor convenga, dentro de los amplios derroteros marcados por las enseñanzas pontificias”. (Regidor, 2003:27).

Por otro lado, es importante señalar que entre el año 1942 y 1943, se constituyó y desarrolló un pacto político entre las fuerzas gubernamentales, encabezadas por el presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia y, el Partido Comunista, acaudillado por Manuel Mora Valverde. Ese pacto se forjó alrededor de la aprobación y defensa de las reformas sociales antes mencionadas y por las condiciones y política internacional de la Unión Soviética, de impulsar los frentes populares con aquellas fuerzas pro-estadounidenses, ya que ella mantenía una alianza con los Estados Unidos frente el nazi-fascismo.

Sobre la Lucha Armada del Año 1948

Desde el punto de vista militar en el conflicto político-militar del año 1948 se producen dos tipos movimientos militares, la guerra de guerrilla y la guerra de posiciones. La primera se produce, principalmente, en el frente norte, San Ramón, San Carlos y otros. La guerra de posiciones se realiza en el frente sur, principalmente, Desamparados y otros lugares como Cartago y Limón. Además de otros frentes como San Isidro de El General, Dominical, El Empalme, El Tejar y otros. (Aguilar, 2004: 189). En las denominadas operaciones militares, Plan Magnolia y Plan Clavel, las fuerzas figueristas se toman los días 8 y 9 de abril del año 1948, respectivamente, las ciudades de Cartago y Puerto Limón. Según Aguilar Bulgarelli “Estos planes tenían dos objetivos: el acorralar una parte muy importante de las fuerzas del gobierno, y segundo, tener acceso al mar. Este último detalle era imprescindible para un posible ataque a San José, para el cual se iba a necesitar armamento más pesado, imposible de transportar en avión. Además, Limón, constituía un centro calderonista de vital importancia, la toma de esta ciudad sería un rudo golpe moral para el gobierno y sus aliados”. (Aguilar, 2004: 201).

Los combates más fieros y duros se produjeron en San Isidro de El General y Casamata en el lugar llamado La Cangreja. El primer lugar era estratégico para las fuerzas de Figueres ya que por él aterrizaban los aviones que traían las armas de Guatemala. El Coronel dominicano, luego ascendido a General, Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que dirigió las tropas figueristas en esos combates cuenta que “En el curso de la guerra, se libraron batallas de gran importancia por la intensidad, duración y poder destructivo sobre el enemigo, tales como las de El Empalme, El Tejar, etc. Pero ninguna de ellas presenta las características especiales que presentó la Batalla de San Isidro de El General. En ella se estaba jugando la suerte, en primer lugar, del único terminal aéreo de abastecimiento de materiales de guerra para poder continuar las operaciones militares, y segundo, era la retaguardia del Frente Norte, y si se perdía San Isidro, se le dejaba abierta al enemigo una arteria de comunicaciones rápidas desde el Pacífico, hasta llegar a El Empalme y a Santa María de Dota, puntos pivotales del Frente Norte”. (Villegas, 2002: 23). Más adelante el General Ramírez señala que “… en la Batalla de San Isidro de El General, se emplearon las reglas y tácticas de combate inherentes a las grandes batallas: se definen claramente distintas fases del combate, se emplearon movimientos de avances, de flanqueo y de infiltración, se lucha cuerpo a cuerpo por capturar nuevas posiciones protegidas por las fuerzas de asalto enemigas, por tres aviones que bombardean y ametrallan nuestras líneas por más de una hora para romper nuestra resistencia. Se emplean movimientos envolventes de retaguardia, etc. Cada fase de la batalla es planeada y decidida cuidadosamente, pues no me podía permitir el lujo de hacer un movimiento en falso, porque esto podía costarme la pérdida de la batalla”. (Ídem).

Por el lado del bando del gobierno de Picado, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (PVP), los combates militares eran dirigidos por el General Enrique Somarribas Tijerino, el cual había combatido en Nicaragua al lado del General Augusto Cesar Sandino en contra de la ocupación yanqui en 1927. Cuenta Alberto Cañas, bajo el seudónimo de Barnaby, sobre la batalla de San Isidro de El General que “Tijerino, mediante una audaz y hábil maniobra, logró eludir a las fuerzas del coronel Ramírez, y se lanzó contra el pueblo. En un puesto muy cercano a San Isidro, conocido con el nombre de Puente de la Martín, se encontraba el teniente Edgar Sojo con un pequeño destacamento. Estos fueron los que sufrieron primero el endiablado de Tijerino, que fue en conjunto y sin lugar a dudas, la acción más brillante llevada a cabo por las fuerzas gobiernistas durante todo el curso de la guerra”. (Aguilar, 2004: 198). Al final de muchos cruentos combates, el general Tijerino cae y las tropas de la alianza del gobierno-PVP se retiran de San Isidro. Es necesario señalar que las tropas de dicha alianza eran dirigidas, además del General Tijerino por Carlos Luis Fallas.

Consecuencias Políticas del Conflicto Político-Militar del Año 1948

Con base en todo la anteriormente expuesto y analizados, arribamos a algunas conclusiones de carácter políticas tentativas, que esperamos depurar y refinar en un próximo documento.

1. La abolición del ejército y su prohibición constitucional en el año 1949, constituyó una gran maniobra política de las clases dominantes de Costa Rica, detrás de la cual se ha erigido toda una ideología burguesa-reaccionaria, de pacifismo, civilismo, diálogo, negociación, democracia y elecciones para resolver y dirimir los conflictos sociales en el país. Ideología de la cual se hacen eco, no sólo los sectores dominantes, sino también los demás sectores sociales, incluidos, los trabajadores, las burocracias sindicales y la izquierda costarricense. Este proceso de Costa Rica como nación promotora de la “paz” se vio reforzada por el otorgamiento del premio Nóbel de paz a Oscar Arias por su mediación en el conflicto político-militar de Centroamérica.

2. Producto del triunfo del figuerismo en el año 48 y de los subsiguientes gobiernos que, supuestamente han desterrado los fraudes electorales, han promovido y privilegiado los procesos electorales y la democracia burguesa, como máxima expresión de participación de las masas en la toma de decisiones y solución de la problemática social y económica. La gran mayoría de las masas costarricense, siguen creyendo y confiando en los procesos electorales. De aquí, que ningún partido político revolucionario serio debe soslayar la participación electoral, como una forma de llegar y ser escuchados en ciertos sectores, principalmente, de la clase obrera y otros sectores oprimidos. No participar en los procesos electorales es la muestra más palpable del peor sectarismo y aislamiento político en que se encuentra el trotskismo costarricense.

3. Producto de la victoria figuerista del año 48 y de los gobiernos que le sucedieron se desarrollo, por parte de las clases dominantes, una ideología anti-sindical y anti-comunista, que asumen como suyas no sólo las clases burguesas y clases medias, sino incluso, sectores de la clase obrera. En Costa Rica, muchos trabajadores consideran que los sindicatos no sirven para nada y que constituyen organizaciones corruptas y privilegiadas, cuando luchan por convenciones colectivas. El colmo es que hasta la burocracia sindical le capitula a estos prejuicios burgueses. Se llega a niveles de claudicación a la ideología burguesa anti-sindical que la mayoría de organizaciones no se denominan sindicatos, sino asociaciones, uniones, frentes y otros nombres. Ejemplos de esto son: APSE, ANDE, ANEP, UNDECA, ASDEICE, UNEBANCO y muchos otros. Aclaramos que, recientemente, APSE y ANDE se transformaron en sindicatos.

4. De la ideología anti-sindical del figuerismo, Alberto Martén, desarrolló una ideología reaccionaria nefasta para la clase obrera, el corporativismo solidarista, la cual parte de la conciliación entre las clases sociales (trabajadores y capitalistas) y la “paz social” en las empresas. El patrono concede a sus trabajadores un porcentaje a un fondo económico con el objetivo de a “ayudar” a los obreros en la solución de diversos problemas, a su vez, cada empleado también, de forma mensual, contribuye con un 5,33 por ciento de salario a dicho fondo. La mayoría de la clase obrera y de los trabajadores del sector privado está organizada en estos instrumentos de la patronal.

5. Los sectores burgueses, pequeño-burgueses y otros sectores sociales triunfantes del conflicto político-militar del año 48, se unificaron alrededor de posiciones ideológicas fuertemente anti-comunista, al grado tal que prohibieron, disolvieron y destruyeron toda la organización sindical que tenía vinculaciones con el Partido Vanguardia, así como que ilegalizaron a este partido político y prohibieron toda circulación de literatura marxista y revolucionaria. Esta ideología profundamente anti-comunista, a lo largo de los años, ha sido introducida e interiorizada por numerosos sectores de la población costarricense. Contra esta mentalidad y atraso de las masas costarricense, hay que trabajar contra-corriente, de ahí la necesidad de mantener una propaganda permanente de las posiciones políticas revolucionarias.