Por José René Tamariz

El presente balance constituye un análisis de las políticas realizadas por el sindicato APSE en el año 2016. Obviamente no es un recuento de todas las acciones, sino solamente de las que se han considerado las principales e importantes. El sindicato APSE, uno de los sindicatos más combativo y de lucha de Costa Rica, realizó un conjunto de actividades, acciones y procesos de lucha de los cuales es necesario e importante realizar un balance para extraer algunas enseñanzas y lecciones, así como identificar los graves errores y desaciertos políticos-sindicales cometidos por la actual dirigencia sindical mayoritaria de APSE. La mayoría de la directiva nacional tuvo a lo largo del todo el año 2016 un análisis político y lectura equivocada de la realidad nacional. Es por ello, que se impone la necesidad de hacer un balance anual de las actuaciones del sindicato APSE.

1. Sobre la Convención Colectiva. En el mes de enero del año 2016 la dirigencia sindical de APSE, convocó a un consejo extraordinario al cual fue invitado el SEC para conocer y discutir una coalición sindical entre SEC-APSE-SITRACOME de consolidación de la convención colectiva. Después de muchas maniobras y contramaniobras entre las cúpulas de los sindicatos magisteriales, el primero de abril se firmó un acuerdo de “coalición sindical” entre SEC-SITRACOME-APSE-ANDE para impulsar la segunda convención colectiva.

Sin embargo, el 31 de mayo, de forma subrepticia, los sindicatos SEC-ANDE firman con el gobierno de Solís la segunda convención colectiva, dejando afuera al sindicato APSE. ¿Por qué quedó afuera de la firma de la segunda convención colectiva el sindicato APSE? Es cierto que fue una represalia del gobierno de Solís, que contó con el apoyo tácito del SEC y ANDE, contra el sindicato APSE por haber convocado a la huelga del 29 de junio.

No obstante, en última instancia, fue responsabilidad de la dirigencia de la APSE, encabezada por Ricardo Molina y Hugo Marín, presidente y secretario general respectivamente, el haber quedado afuera de la segunda convención colectiva. Esto debido, principalmente, a dos razones. En primer lugar, la dirigencia de la APSE, junto a los demás sindicatos de BUSSCO, firmó un acuerdo con el gobierno después de la huelga de los días 26 y 27 de abril en donde se comprometían, de forma tácita, en el punto número dos a no realizar movimientos huelguísticos ya que “Las partes firmantes en virtud de este acuerdo se comprometen a mantener el diálogo y el proceso de negociación, las organizaciones sindicales se comprometen a garantizar la continuidad de todos los servicios mientras se mantenga la mesa de diálogo y por las causas que originaron este movimiento”. El subrayado es nuestro.

En segundo lugar, la dirigencia de APSE, como maniobra política, lanzó la huelga del 29 de junio, para recomponer su debilitada posición en que quedó con la paliza que las bases le propinaron en la asamblea de presidentes de bases del 22 de abril, en donde se le impuso la participación en la huelga del 26 y 27 de abril. En esta convocatoria de huelga, la dirigencia de APSE, se equivocó, ya que no comprendió la coyuntura en que se encontraba el proceso de negociación de la convención colectiva. Lo correcto era, primero, haber firmado la convención colectiva el 31 de mayo y, posteriormente, haber convocado a la huelga del 29 de junio. Entonces, como conclusión, el sindicato APSE quedó fuera de la firma de la segunda convención colectiva, principalmente, por una incomprensión de la coyuntura inmediata del proceso de negociación de dicho instrumento laboral, así por compromisos políticos firmados con el gobierno para no convocar a movimientos huelguísticos.

2. La Huelga del 26 y 27 de abril. Entre las fechas de la firma de la coalición sindical para la segunda convención colectiva y la firma de la misma, se sucedieron tres importantes hechos de la lucha en el interior de la APSE, la realización de las asambleas de bases entre el 8 y el 15 de abril, la realización de la asamblea de presidentes de bases el día 22 de abril y la huelga del 26 y 27 de abril. En la mayoría, casi absoluta, de las asambleas de bases a nivel nacional, como una reacción en cadena, se votó de forma democrática y por mayoría, participar en la huelga del 26 y 27 de abril. Las bases del sindicato APSE habían decidido, previo, a la asamblea nacional de presidentes de bases ir a huelga de los días 26 y 27 de abril. Mientras tanto, la mayoría de la directiva nacional, no sólo estaba en contra de esa huelga, sino que abiertamente promovía la desmovilización de las bases en dicho movimiento huelguístico.

En la asamblea nacional de presidentes de bases del día viernes 22 de abril, las bases, votaron por abrumadora mayoría participar de forma activa en la huelga de los días 26 y 27 de abril convocada por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO). En esta asamblea se enfrentaron dos posiciones políticas-sindicales: la de la mayoría de la junta directiva nacional y otro pequeño sector del sindicato que proponían participar solamente un día de huelga y, el sector mayoritario de las bases sindicales, que propusimos participar de forma activa los dos días de huelga, el 26 y 27 de abril. La primera posición política-sindical obtuvo solamente 88 votos, mientras que la segunda posición logró una votación, abrumadoramente mayoritaria, de más de 700 votos.

En la asamblea nacional de presidentes de bases del día viernes se recurrió, por parte de un sector de la mesa directiva, a múltiples maniobras y triquiñuelas para evitar que se discutiera y votara, primero, el cambio del orden del día de la agenda y, segundo, trataron de impedir la discusión y votación de la propuesta de participación de los dos días de huelga, 26 y 27 de abril, del sindicato APSE. Para evitar esa discusión y votación recurrieron a un reportorio de falacias política y legales que, en el fondo, pretendían provocar el miedo a los rebajos salariales y despidos de los trabajadores.

La discusión y la política del miedo sobre los rebajos salariales y los eventuales despidos que esgrimía el sector mayoritario de la directiva nacional de la APSE, para no participar en la huelga del 26 y 27 de abril, fue resuelta en la práctica por las bases de los sectores de la educación y salud. Al final, el asunto de las represalias es un problema de tipo político, no solo legal, si la correlación de fuerzas entre las clases que luchan contra el gobierno y los neoliberales es favorable, por su masiva participación, esa masividad, fuerza y fortaleza del movimiento de los trabajadores impide cualquier represalia. El gobierno de Solís no pudo realizar ningún rebajo salarial ni despidió a ningún trabajador como habían pronosticado la mayoría de la directiva nacional de APSE. La participación en esa huelga fue masiva, no solo de los trabajadores del sector de la educación sino también del sector salud y otros sectores sociales.

3. Sobre la Política de Congelación Salarial del Gobierno de Solís. Los miserables “reajustes salariales” decretados por el gobierno de Solís en el año 2016 fueron de 0.08% y 0,01% para un total de 0,09%, es decir, 90 colones anuales!! ¿Qué hizo la directiva nacional de APSE para enfrentar esa política de congelamiento salarial? Prácticamente nada. No pasó de hacer algún pronunciamiento en contra de los burlescos “reajustes” salariales y una raquítica “concentración”, principalmente, de funcionarios de la oficina de APSE enfrente del Ministerio del Trabajo. En síntesis, ninguna acción de peso o huelga que lograra revertir esa nefasta política de congelación salarial del gobierno, la cual lleva dos años consecutivos y, probablemente, continúe en el año 2017.

El gobierno de Solís, logró reducir el déficit fiscal en el año 2016, pasando de un déficit proyectado del 5,9% a uno real del 5,1% del PIB a costa, entre otras reducciones del gasto público, de la política de congelamiento salarial que se les ha impuesto a los trabajadores del sector público. En otras palabras, hemos sido los trabajadores del sector público lo que hemos financiando con la congelación salarial, la disminución del déficit fiscal.

La mayoría de la directiva nacional presentó, como una supuesta “solución” a la política de congelamiento salarial del gobierno, una “nueva fórmula” salarial al consejo nacional de salarios, la cual se sabe, entre corrillos, que ha sido rechazada por el gobierno.

Para la “elaboración” de esa “fórmula salarial”, que consistía simplemente en proponer el pago de la inflación proyectada más el PIB per cápita promedio, fue contratado por varios millones de colones el consultor Ricardo Vindas Valerio que, al final, ese montón de dinero se echó al cesto de la basura porque el gobierno rechazó esa “fórmula”. Este es otro grave error de la mayoría de la directiva nacional, creer que el gobierno va a dar nuevos incrementos salariales con la aprobación de una “nueva fórmula salarial”. Esta política de la mayoría de la directiva nacional de guardar confianza en el “diálogo” con organismos del gobierno que no sirven para nada, más que para desmovilizar a los trabajadores refleja la concepción de “lucha” que consiste en sustituir y abandonar la movilización de los trabajadores por la “negociación” con el gobierno. Por nuestra parte, consideramos que la única vía para arrancarle al gobierno e imponerle un aumento real de los salarios es la movilización callejera y la huelga masiva de los trabajadores, tanto del magisterio como del sector público.

4. La Huelga del mes de setiembre. La participación de los trabajadores de la educación fue mucho menor que la del 29 de junio, lo cual demostró de forma contundente que las huelgas de un día como método de lucha estaba agotada. La movilización fue muy baja, además de no obtener ningún logró de esta participación huelguística, más bien debemos preparar la lucha por evitar que el MEP realice otro rebajo salarial por haber participado en esta huelga.

5. Sobre el Proyecto de Educación Dual. En relación a este supuesto “modelo de educación”, el MEP y el gobierno de Solís, está imponiendo en los hechos la educación dual en los colegios técnicos. Plantear de forma ingenua, como lo hace la mayoría de la directiva de APSE, de que se trata solamente de un “plan piloto” es hacerle el juego al MEP-Gobierno. Todos los educadores sabemos que después de la aplicación de los “planes pilotos” viene, por consecuencia, la implantación de los programas o políticas educativas, independientemente de la aprobación del proyecto de educación dual número 19.019.

Este es otro grave error de la mayoría de la directiva nacional debido a una incomprensión de la situación nacional y de las triquiñuelas del gobierno. Desde que vino la Ministra de educación de Alemania a Costa Rica, las autoridades del MEP y del gobierno realizaron un acuerdo entre gobiernos para implementar la educación dual en Costa Rica. Entonces, el MEP-Gobierno al lanzar la implementación en el año 2017 del “plan piloto” de educación dual en cuatro colegios técnicos, está cumpliendo ese compromiso adquirido con el gobierno de Alemania.

6. Sobre el proyecto de empleo público. La mayoría de la directiva nacional de APSE se opuso, de forma obstinada, a lanzar una huelga indefinida para detener la discusión y, eventual, aprobación del proyecto de empleo público. Al final, el gobierno envío el proyecto de empleo público a las sesiones extraordinarias, pero posteriormente tuvo que retirarlo por las presiones del movimiento sindical de lanzar la huelga indefinida, en caso de que se discutiera en el plenario legislativo. Esto constituyó una victoria parcial, coyuntural, del movimiento sindical, excepto, del sindicato APSE que no solo se negó a participar de una eventual huelga indefinida, sino que la boicoteo con el llamado a sus bases a no participar de la huelga, que al final no se hizo porque el gobierno retiró el proyecto de las sesiones extraordinarias.

7. Sobre los Rebajos Salariales de la Huelga del 29 de junio. Respecto a los rebajos salariales que está haciendo el MEP a los trabajadores de la educación por su participación en la huelga del 29 de junio, la política de la mayoría de la directiva de APSE para enfrentarlos ha sido limitada y equivocada. La “lucha” contra esos rebajos salariales se ha limitado a realizar recursos de revocatoria, lo cual no es incorrecto en sí mismo, sino que es una política insuficiente y limitada. Se debe combinar la movilización con las acciones legales, pero teniendo claro que lo principal y determinante es la presión, vía acciones en las calles, para detener la política de rebajos salariales del gobierno. Los recursos de revocatoria son un medio auxiliar, apéndice, de la movilización, no al revés.

Por José René Tamariz

En los dos últimos meses se ha escrito en la prensa una gran cantidad de artículo sobre la problemática que enfrenta el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), producto del estudio actuarial que realizó la escuela de matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR). Este régimen de pensiones es el más importante del país, ya que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores. Según ese estudio actuarial las reservas de dicho fondo, cercanas a dos billones de colones, se agotaría entre los años 2027-2034, es decir, dentro de unos 10 o 14 años, lo cual llevaría a este sistema de pensiones a la crisis total y, por ende, a una grave crisis social de incalculables dimensiones.

Algunos Datos Sobre el IVM

Al IVM se encuentran afiliados 1.4 millones de trabajadores. Actualmente ese régimen de pensiones cuenta con 225.000 pensionados. La cotización total es de 9.16%, porcentaje del cual corresponde el 1,24% al Estado, 2.84% a los trabajadores y el 5.08% a los patronos. La cantidad del monto de la pensión oscila entre el 43% y 52.5% del promedio de los últimos 240 salarios más el 0.0833% por cada una de las cotizaciones adicionales. La edad actual para pensionarse es de 65 años.

Las Reformas Propuestas por el Estudio Actuarial de la UCR

El estudio realizado por la escuela de matemática de la UCR plantea cuatro posibles escenarios para la jubilación en el régimen IVM de la CCSS. Solamente en el primer escenario la edad para retirarse queda en los 65 años con 25 años cotizados o 300 cuotas y el monto de la pensión quedaría reducida al 40% por los primeros 20 años. En los tres siguientes escenarios el retiro se realizaría entre los 65 y 70 años. En estos últimos escenarios, la mitad de trabajadores se retirarían a los 65 años, mientras que las personas que tengan entre 15 y 25 años de cotizaciones se retirarán a los 70 años.

Lo anterior quiere decir que el 50% de los cotizantes al IVM se pensionarían a los 70 años. Como se puede observar ese tipo de medida son salvajes. Al final esas reformas se podrían resumir en los siguientes puntos: 1) aumentar la edad para pensionarse de 65 a 70 años. 2) incrementar la cotización tripartita, obrero-patronal-Estado, del 9.16% actual hasta el 26.4%, porcentaje del cual correspondería el 3.69% al Estado, el 8.72% al trabajador y el 13.99% a los patronos. Esos incrementos de los porcentajes en las cuotas se realizarían de forma escalonada, quedando entre el año 2019 y el año 2060. 3) disminuir el monto de la pensión al 40% del promedio del salario de los trabajadores.

La Discusión Actual Sobre el IVM

Producto del estudio y propuestas de la escuela de matemática de la UCR sobre el régimen IVM se ha abierto una fuerte polémica y diversas alternativas de solución al deterioro de ese sistema de pensiones y de su eventual crisis. Ciertos neoliberales han planteado un conjunto de posiciones delirantes y desquiciadas, tales como, que las pensiones del IVM son una “estafa” porque, supuestamente, utiliza un esquema Ponzi, lo cual es falso, ya que ese es un sistema de fraude financiero; algunos señalan que existe una “quiebra” del régimen de IVM lo que tampoco es cierto, aunque existe una situación delicada del régimen sino se toman medidas adecuadas y correctivas; otros plantean abiertamente la privatización de las pensiones al estilo Chile y otros países, la cual se ha demostrado con los hechos que son un fracaso rotundo; mientras que algunos diputados plantean la supervisión por parte de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) del IVM.

Frente al estudio sobre el IVM realizado por la UCR, la Junta Directiva de la CCSS, para esconder todos sus errores y desastrosa administración de ese régimen de pensión, decidió, de forma burocrática e inconsulta, elevar la cuota obrera del 2.84% al 3.84% de los salarios del IVM a partir del mes de junio. Esta medida burocrática constituye un zarpazo sobre los bajos salarios de los trabajadores en general los cuales, prácticamente, han sido congelados por más de dos años por pírricos reajustes del gobierno de Solís.

Por otro lado, la Junta Directiva de la CCSS estudia la propuesta del auditor de esa institución, José Arturo Hernández, de trasladar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) hacia el régimen de IVM. Este sistema de pensiones complementarias es de tipo privado, tanto por su forma de administración, ya que los fondos de ambos (ROPC y FCL) de 4.7 billones de colones, o sea, más de 8.377.9 millones de dólares al cambio actual son administrados por instituciones financieras sean privadas o públicas, así como porque las cuentas de esas pensiones son individuales. La combinación del régimen básico de pensiones IVM y el régimen complementario constituyen un modelo mixto de pensiones. El régimen complementario de pensiones tiene un conjunto de problemas al cual no nos vamos a referir en el presente artículo. No obstante, la propuesta de los funcionarios de la CCSS de trasladar los millonarios fondos del régimen complementario de pensiones y del fondo de capitalización al IVM, dada la situación delicada y de eventual crisis del IVM, constituye otra propuesta desquiciada de los malos administradores del IVM y de la CCSS.

Entonces, ¿Cuáles son las Propuestas de Solución del Régimen IVM?

Las propuestas de los actuarios de la escuela de matemática de la UCR para resolver los problemas que enfrenta el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, constituyen medidas salvajes al peor estilo de los neoliberales. Llevar la edad para pensionarse de 65 a 70 años significaría que miles de personas no puedan disfrutar de sus pensiones, porque se morirían trabajando, mientras que muchos miles solamente podrían disfrutar de algunos años de pensión, considerando que la esperanza de vida promedio en Costa Rica es de 79.4 años.

Por otra parte, aumentar la cotización sobre los salarios del 2.84% hasta el 8.72%, o sea, más del 200% de incremento, constituye un verdadero zarpazo contra los escuálidos salarios de los trabajadores, una verdadera expropiación de los ingresos de la mayoría de la clase trabajadora.

De otro lado, disminuir el monto de las pensiones al 40% sobre los salarios, ya de por sí miserables en el régimen IVM, representaría un empobrecimiento absoluto y masivo, llegando a la indigencia y pauperización, de todos los pensionados del IVM. Por ende, todas esas salvajes medidas de los actuarios de la UCR deben ser rechazadas de plano y combatidas, para que no sean aplicadas, por el movimiento sindical de forma unitaria.

El aumento de la cotización obrera del uno por ciento decretado, arbitraria e inconsultamente, por los burócratas de la Junta Directiva de la CCSS, de igual forma debe ser rechazado y echado abajo, vía movilización, por las organizaciones sindicales. Asimismo, la desquiciada propuesta de los burócratas de la CCSS de trasladar los millonarios fondos del ROPC y FCL al régimen de pensiones de IVM también deben ser rechazadas y combatida para que ni siquiera sea discutida.

Según han anunciado los funcionarios de la CCSS y del Ministerio de Trabajo en el mes de febrero se iniciará la discusión de las “reformas” del régimen de pensiones de IVM, tomando como base el estudio de los actuarios de la escuela de matemática de la UCR, así como todas aquellas que lleguen a la CCSS. El movimiento sindical debe discutir y votar una propuesta unificada frente a este grave problema que enfrente el IVM y frente a las propuestas neoliberales y descabelladas, tanto de los actuarios de la UCR, de los burócratas de la Junta Directiva de la CCSS y otros funcionarios de la misma institución.

Propuestas de solución

De último, planteamos algunas posibles propuestas en la dirección de contribuir a la solución de evitar que se produzca la crisis del régimen de pensiones de IVM hacia los años 2027-2034. Veamos.

1. Exigir el pago de todas las cuotas millonarias adeudadas por el Estado al régimen de pensiones de IVM.

2. Obligar a los empresarios a pagar las cuotas millonarias adeudadas por pensiones al régimen IVM.

3. Imponer la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador que obliga a las empresas públicas (10 empresas e instituciones) a trasladar entre un 5% y 15% de sus utilidades al fondo de pensiones del régimen IVM.

4. Exigir al gobierno incremente su aporte al régimen de pensiones de IVM hasta el 3.69% propuesto por los actuarios de la UCR.

5. Exigir a los patronos el aumento de sus aportes al régimen de pensiones de IVM hasta el 13.99% propuesto por los actuarios de la UCR.

6. Realizar inversiones del fondo de reserva del régimen IVM en obras pública de infraestructuras, no sólo en bonos del Estado.

7. Combatir el desempleo del 10% y la informalidad del 45%, mediante la implementación de un plan de obras públicas que disminuya drásticamente la tasa de desocupación y la informalidad y, de esa forma, aumentar la población cotizante al régimen de pensiones de IVM.

8. Realizar una campaña de afiliación al régimen de pensiones de IVM entre la población informal, así como entre otros sectores para aumentar la cantidad de cotizantes a ese régimen.

9. Reducir los gastos administrativos del régimen de pensiones de IVM y el despilfarro.

10. Que la Junta Directiva de la CCSS esté integrada de forma mayoritaria por el sector de trabajadores que representan la mayoría de cotizantes, así como en cuanto a ingresos de la institución.

Por José René Tamariz

Ricardo Molina, presidente del sindicato APSE y representante de la mayoría de la directiva nacional, mediante varios videos que circulan por las redes sociales se ha dado a la tarea de “explicar” los “argumentos” por los cuales NO están convocando a la huelga indefinida para el mes de febrero contra el proyecto de empleo público. En el presente artículo se analizan y rebaten uno a uno algunos de esos “argumentos” que constituyen una mezcla de falacias y racionalizaciones para justificar una política de conciliación con la patronal gubernamental, así como una claudicación a toda la reacción, integrada por el gobierno de Solís, los partidos neoliberales y los medios de comunicación del capital. Veamos.

1. En unos de los videos, Ricardo Molina, inicia señalando que “La APSE desea comunicar… a toda su afiliación que no está convocando a ningún movimiento de huelga ni la primera semana de febrero ni la segunda semana de febrero ni en ningún momento…”. Dado el contexto político en que se realizan esas declaraciones, convocatoria del proyecto de empleo público por parte del gobierno en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y el llamado a huelga indefinida para inicios del mes de febrero de diversas fuerzas sindicales contra ese proyecto, favorecen y le hacen el juego a las fuerzas de la reacción que pretenden despojar de los componentes salariales (anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional, disponibilidad y otros) a los trabajadores del sector público.

Una dirección clasista hubiera iniciado atacando duramente al gobierno de Solís por haber convocado ese nefasto proyecto contra los empleados públicos, así como a los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa por querer aprobar ese anti-obrero y anti-sindical proyecto que, en los hechos, reduce los salarios y elimina el derecho colectivo del trabajo (derecho a las negociaciones y a la suscripción de convenciones colectivas).

Ese funesto proyecto convertiría en letra muerta el derecho colectivo porque no se podrían negociar nuevas mejoras de condiciones salariales, laborales y sociales en las empresas públicas, municipalidades, instituciones autónomas y ministerios, ya que el proyecto de empleo público impone un tope o límite a cualquier incentivo, plus o componente salarial, además de que limita e impide la negociación de cualquier nuevo incentivo o plus o conquista. Asimismo se limita el tiempo para la negociación de la convención colectiva de 12 meses a nueve meses y, si en ese plazo, no hay acuerdo entre las partes la convención colectiva expira y los trabajadores perderían todas las conquistas adquiridas, teniéndose que iniciar de cero el proceso de negociación.

2. Luego, Ricardo Molina, en otro video afirma de forma categórica y contundente, tal como si fuera un alto funcionario del gobierno, Ministro de Trabajo o un diputado neoliberal, que el proyecto de empleo público “…Deja claramente establecido que los compañeros y compañeras del título II quedan fuera y excluidos de los efectos de este proyecto…”. Aquí se encuentra el “argumento” falaz; conciliador con la patronal gubernamental y desmovilizador, ya que pretende, igual que los neoliberales, evitar que ese numeroso sector de trabajadores se movilice y luche contra ese fatídico proyecto, haciéndole creer en la trampa burguesa de que están “fuera de los efectos” del mismo.

Aunque formalmente el artículo 5 de dicho proyecto señala que ese sector queda fuera, lo anterior no quiere decir que en cualquier momento los puedan incluir o en una futura reforma los incluya. Además, afirmamos, sin temor a equivocarnos, que los efectos de ese proyecto serán directos e indirectos contra los trabajadores del título II del sector educativo. Las nuevas normas y metodologías de evaluación tanto de las anualidades y carrera profesional que se aplicarán con la eventual aprobación del proyecto de empleo público serán aplicadas a los trabajadores del título II, mediante otra vía, así como los contratos de dedicación exclusiva. Esas nuevas normas y metodología que se derivarán de la eventual aprobación del proyecto empleo público servirán de modelo para ser aplicadas en educación, ya que no somos una isla.

Por otro lado, también debemos señalar que es una falacia más terrible plantear que dicho sector queda “fuera de los efectos”. Este “argumento” es muy grave decirlo y sostenerlo por parte del presidente de la APSE, ya que los “efectos” de este proyecto son de tipo carambola y en cadena, afectan a todos los trabajadores del sector público, así como a la población en general, tanto en el área social (reduce los ingresos de la seguridad social y ayuda a sectores vulnerables), económica (disminuye el ingreso tributario) y derechos laborales (elimina la negociación colectiva y la suscripción de convención colectiva), tal como lo planteamos anteriormente.

Por otra parte, la eventual aprobación de este proyecto de empleo público lleva consecuentemente a la discusión y aprobación de los proyectos fiscales como el IVA que aumenta el impuesto de ventas del 13% al 15% y el de renta que incrementa el impuesto a los salarios. Entonces, los “dirigentes sindicales” que no llamen a luchar y a derrotar, mediante la movilización y la huelga, ese proyecto de empleo público, los convierte en cómplices del gobierno y los neoliberales con respecto a la aprobación del paquetazo fiscal contra los trabajadores y los sectores populares.

3. En uno de los videos, Ricardo Molina, de igual forma que la anterior, sostiene de forma temeraria, tal como si fuera el Ministro de Trabajo o un diputado neoliberal que con el proyecto de empleo público “…No tienen afectación el sector no profesional del título I…”. Esta es otra gran falacia de la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE. Si bien es cierto que los trabajadores del título I no ganan algunos componentes salariales como carrera profesional o dedicación exclusiva, sin embargo, sus anualidades, con las nuevas normas y metodología que se aprobaran, podrían verse afectadas porque serán evaluados no solo de forma individual sino también de forma institucional. Además, ellos serían afectados también por los efectos de carambola y en cadena en los demás sectores.

4. En unos de los videos, Ricardo Molina, utiliza los mismos “argumentos” de los neoliberales y medios de comunicación burguesa para atacar a los trabajadores que tienen mejores salarios y componentes salariales de otros sectores laborales (salud, universidades públicas, instituciones descentralizadas y otras). En una de las partes señala “… ¿Vamos a salir a defender gente que tienen salarios de 5, 10 o 15 millones? …” y más adelante dice “… ¿Vamos a salir a defender anualidades de 5, 9, 11%? ...”. Es importante aclarar que solamente los altos jerarcas de poderes del Estado, empresas estatales y otras instituciones ganan salarios de 5, 10 o 15 millones. La gran mayoría de los trabajadores de la salud, municipalidades, empresas públicas, universidades públicas, instituciones descentralizadas y otras devengan salarios menores y bajos.

Entonces, Ricardo Molina, en vez de atacar al gobierno y a los neoliberales por querer despojar de sus salarios y componentes salariales a esos sectores laborales, más bien recurre y copia los “argumentos” de los sectores más atrasados de los trabajadores y reaccionarios de la derecha para desmovilizar y, en los hechos, promover el enfrentamiento de los trabajadores de la educación contra los otros sectores laborales como si fueran sus enemigos de clases no sus aliados naturales, ya que todos ellos son parte de la clase trabajadores.

Por último, hacemos un vehemente llamado a todas las bases apsinas a luchar contra el proyecto de empleo público, expediente 19.506, porque pretende despojar de los componentes salariales a todos los empleados públicos sin distingos, así como eliminar el derecho colectivo con lo cual cualquier lucha futura por mejorar nuestras condiciones salariales, laborales, sociales y económicas estaría condenada al fracaso ya que tendría como tope las terribles normas contempladas en ese nefasto proyecto. Por ello, la lucha contra ese proyecto de empleo público pasa obligatoriamente por sumarse a la huelga del mes de febrero que todos los demás sindicatos están convocando, excepto, la dirigencia mayoritaria de APSE.

TODOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO Y SECTOR PÚBLICO A LA HUELGA INDEFINIDA DEL MES DE FEBRERO PARA DERROTAR EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO

Por Alberto Ramírez

El gobierno de Luis Guillermo Solís, en contubernio con la fauna de los partidos neoliberales, ha venido lanzando una sistemática ofensiva en contra de los trabajadores del sector público con el objetivo de hacernos pagar el alto déficit fiscal, causado por el partido de los empresarios, el PLN. Para alcanzar ese siniestro objetivo, el gobierno en mancuerna con la jauría neoliberal nos ha impuesto, poco a poco, sus medidas que deterioran nuestras condiciones de vida y empleo. Veamos.

Esa ofensiva gubernamental-patronal, en contra de nuestros niveles salariales, beneficios laborales y de empleo se ha concretado en una serie de medidas, tales como, el congelamiento salarial durante dos años, otorgando miserables reajustes salariales (1,14%, 0,94%, 0,08% y 0,01%.); la imposición del salario único en diversas empresas públicas (ICE, BCR Y otras); el congelamiento de plazas en el gobierno central; la denuncia de todas las convenciones colectivas para cercenar y eliminar beneficios laborales; el despido masivo de trabajadores, enmascarado bajo el eufemismo de “movilidad laboral voluntaria” (ICE, CNFL y otras). Para rematar los ataques anteriores, el gobierno-neoliberales, pretenden aprobar por la vía rápida el proyecto de empleo público, expediente 19.506, que nos despojaría de los componentes adicionales (anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y otros) al salario base, mejor conocidos como pluses salariales.

Mientras el gobierno de Solís despoja de sus salarios, beneficios laborales, derechos laborales y el empleo a miles de trabajadores, los empresarios nacionales y transnacionales, se llenan las manos, sus bolsillos y cuentas bancarias con millones de colones y dólares, ya sean mediante los negocios lícitos e ilícitos, llámese evasión y elusión fiscal, intermediación financiera, exoneraciones fiscales y otras formas de robo disfrazadas.

En tanto, el gobierno, los partidos neoliberales y las autoridades del MEP hacen lo que quieren con nuestras condiciones salariales, de trabajo y de vida, las dirigencias sindicales de los diferentes bloques sindicales, ya sea la denominada “Unidad en la Acción”, BUSSCO y otras cúpulas sindicales, mantienen una política de conciliación con el gobierno que se manifiesta en la pasividad y desmovilización de las bases sindicales. Esta política de las burocracias sindicales conciliadoras está permitiendo el despojo de los beneficios y derechos de los trabajadores del sector público y, en caso de aprobarse, por la vía rápida, el proyecto de empleo público 19.506, nos puede conducir una grave derrota histórica,

Denunciamos públicamente a la dirigencia sindical de la APSE, de guardar confianza y creer en la maniobra divisionista del gobierno-neoliberales, de “exclusión” del personal docente del proyecto de empleo público, maniobra perversa que, en los hechos, pretende no solo desmovilizar y sacar de la lucha a los trabajadores de la educación, sino también convertirnos, en forma indirecta, en cómplices de la imposición de esa ley al resto de los trabajadores del sector público.

La nueva “lucha” de la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE, se ha reducido en las últimas semanas a solicitar a los neoliberales la “exclusión” de todos los trabajadores del MEP del proyecto de empleo público. Esta dirigencia conciliadora y desmovilizadora, no solo ha caído en la trampa divisionista de la jauría neoliberal, sino que refuerza en la conciencia de los trabajadores de la educación la confianza en las fuerzas enemigas, convirtiéndose en la correa de transmisión de las maniobras divisionistas de los neoliberales en el seno del movimiento sindical magisterial.

Asimismo, hacemos responsables a la dirigencia de la APSE, por su política de conciliación con el gobierno-neoliberales y desmovilización de las bases, de una eventual aprobación, por la vía rápida, del proyecto de empleo público, expediente 19.506. Debemos denunciar y rechazar de forma categórica la maniobra divisionista del gobierno-neoliberales de la “exclusión”, ya sea solo del personal docente como de todo el MEP, ya que esa “exclusión”, en caso de concretarse, sólo sería como táctica divisionista momentánea, porque posteriormente nos aplicarían todos los extremos aprobados en esa ley a los trabajadores de la educación. Desde las bases del sindicato APSE, debemos denunciar y hacer responsable, de una eventual aprobación y, por ende, de una derrota histórica de los trabajadores de la educación a la dirigencia de esta organización.

¡Abajo la política de conciliación y desmovilización!

¡Abajo la política divisionista del movimiento sindical del gobierno y los neoliberales!