Por José René Tamariz

El balance del gobierno de Solís, en su tercer año, con respecto a sus políticas sociales y económicas es perjudicial hacia los intereses, conquistas y derechos laborales de la clase trabajadora, en su conjunto, y, en particular, hacia los trabajadores del sector público. Este gobierno, inicialmente disfrazado de “progresista”, se ha quitado la careta y demostrado su verdadero rostro y naturaleza: ¡un gobierno profundamente reaccionario que ha venido, de forma sistemática, reduciendo los niveles de vida y de trabajo de miles de trabajadores!! Lo peor es que sus políticas en contra de los trabajadores las ha aplicado en complicidad con algunas dirigencias sindicales, así como con la pasividad y desmovilización de los trabajadores, impulsada y promovida por la mayoría de las cúpulas sindicales. Los hechos así lo demuestran. Veamos

La ofensiva reaccionaria-neoliberal del gobierno de Solís se ha concentrado en varios frentes: 1) Congelación de los salarios. 2) Imposición del salario único. 3) Congelación de plazas. 4) Denuncia de todas las convenciones colectivas que contengan supuestas “cláusulas abusivas” y eliminación y reducción de conquistas de las convenciones colectivas. 5) Despidos masivos, disfrazados, bajo el eufemismo, de “movilidad laboral”.

Debemos decirlo sin temor a equivocarnos. El gobierno reaccionario de Luis Guillermo Solís, ha superado con creces, en sus ataques a los trabajadores del sector público, a los diferentes gobiernos neoliberales del PUSC y PLN. Ningún gobierno de esos partidos patronales había llegado tan lejos en su despojo de los trabajadores. Analicemos en el orden anterior los ataques en contra de los trabajadores del gobierno de Solís.

El congelamiento de los salarios. En los últimos cuatro semestres, los miserables “reajustes salariales” del gobierno han sido, prácticamente, de congelación de los salarios. Estos han sido de 1,14%, 0,94%, 0,08% y 0,01%. Observe como cada "reajuste" es a la baja. El viceministro de la presidencia, Luis Paulino Mora, con desfachatez declara que “Las negociaciones de incremento salarial… han seguido el criterio de austeridad… acordes con la inflación…”. (La Nación, 4 de noviembre del 2015).

Imposición del salario único. En varias empresas del Estado, las administraciones colocadas en ellas por el gobierno de Solís, han impuesto la aplicación del salario único, tales son los casos del ICE y el Banco de Costa Rica (BCR).

La congelación de plazas en el gobierno. El poder Ejecutivo ha emitido directrices dirigida a los diferentes ministerios para que congelen o eliminen las plazas de todos los trabajadores que se pensionen, excepto en el Ministerio de Educación (MEP) y Seguridad Pública. El decreto ejecutivo que congela plazas señala que “De conformidad con los artículos 49 y 37 del Decreto N° 39613-H respectivamente, no se podrán crear plazas, ni nuevos incentivos y pluses salariales”. (La Nación, 23 de mayo del 2016). De esta forma, el trabajo y las funciones de las plazas que se eliminan se les recargan a los trabajadores activos.

Denuncia de todas las convenciones colectivas. El gobierno de Solís es el primer gobierno que ha denunciado todas las convenciones colectivas que, supuestamente, contienen cláusulas abusivas. En ese sentido, el viceministro de la presidencia ha señalado que “… Contrario a la práctica seguida hasta ahora, han sido denunciadas todas las convenciones colectivas que incorporan cláusulas abusivas, y tenemos logros palpables en este momento…”. (Ídem). En un comunicado reciente el gobierno de Solís señaló descaradamente que “Esta administración tiene resultados que envidiarían gobiernos pasados… se combaten excesos en convenciones colectivas…”. (La Nación, 23 de octubre del 2016). El gobierno pretende denunciar en total 26 convenciones colectivas, de las cuales ya denunció 12 y las demás las denunciará en cuanto venzan.

Recientemente el Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, refiriéndose a la negociación de la convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaró “… estar muy satisfecho con lo logrado en la convención colectiva, ya que es la primera vez, desde 1973, que se renegocia a la baja”. (La Nación, 7 de octubre del 2016). El burócrata sindical de Sintrajap, Leroy Perez, frente a la arremetida del gobierno contra la convención colectiva, sin la menor vergüenza, sostuvo que “… Los cambios no afectan duramente al empleado…”. (Ídem). La “lógica” retorcida de los burócratas sindicales la contradicen los hechos, ya que los beneficios laborales se reducirán cada año 9.4% afectando, tanto a los viejos como a los nuevos empleados.

Así como sucedió con JAPDEVA también pasó con la convención colectiva de RECOPE, A y A y otras empresas del Estado.

Los despidos masivos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y JAPDEVA. El ICE en el año 2012, tenía 16.757 trabajadores y después de varios despidos masivos, enmascarados bajo el eufemismo de “movilidad laboral voluntaria”, la planilla pasará a diciembre del 2016 a 13.968 empleados, reduciéndose en cuatro años en un 16.6%. Por su parte, en la CNFL se ha producido despidos masivos semejantes a los del ICE. En el primer plan de despidos en esta compañía se despidieron a 114 trabajadores, mientras que en el segundo plan se echaron a 111 empleados para un total de 225 despedidos en dos años.

Por otro lado, en JAPDEVA, con el funcionamiento en el año 2018 del nuevo mega puerto que será operado y administrado por la transnacional APM terminals, se avecinan despidos masivos en dicha empresa, ya de por si golpeada con las reducciones de sus beneficios laborales de la convención colectiva.

Como se puede observar, con base en las informaciones anteriores, el gobierno de Solís, ha venido golpeando de forma lenta y separada, pero sistemática, los niveles salariales, de trabajo y derechos laborales de diversos sectores de los trabajadores. De esa forma, se han reducido los salarios, han disminuidos muchos beneficios laborales y se han despedido a miles de trabajadores del sector público. Esa ofensiva patronal en contra de los trabajadores, el gobierno, la ha aplicado de forma separada en cada una de esas empresas. La colaboración y complicidad de las dirigencias sindicales ha sido decisiva para que el gobierno aplique, sin resistencia y lucha, esa política anti-obrera. El gobierno de Solís, ha golpeado sectores laborales con menos trabajadores, dejando de último para golpear a los sectores más numerosos como el sector de educación y salud.

Mientras el gobierno de Solís despoja de sus salarios, beneficios laborales, derechos laborales y el empleo a miles de trabajadores, los capitalistas, se llenan las manos, bolsillos y cuentas bancarias con millones de colones y dólares, ya sean mediante los negocios lícitos e ilícitos, llámese evasión y elusión fiscal, intermediación financiera, exoneraciones fiscales y otras formas de robo disfrazadas.

Así como el gobierno de Solís ha golpeado a los trabajadores de diversos sectores estatales, con la complicidad abierta y descarada de las cúpulas sindicales, nos podría pasar a los trabajadores de la educación y de salud, con la eventual discusión y aprobación en el plenario legislativo, por la vía rápida, del proyecto de empleo público 19.506. En caso de aprobarse dicho proyecto se congelarán, reducirán y eliminarían diferentes componentes salariales en el gobierno central.

El gobierno ha dividido al movimiento sindical, golpeando y derrotado, de forma separada a distintos sectores sindicales, dejando de último y aislado a los grandes sectores, educación y salud.

La política de pasividad y desmovilización de las bases aplicada por la dirigencia sindical mayoritaria del sindicato APSE en el sector de educación, nos podría conducir a una grave derrota histórica a los trabajadores de la educación. El planteamiento de lanzar la huelga indefinida contra ese proyecto de empleo público, así como de otros, hasta que la “dirigencia convoque” constituye una trampa peligrosa para los intereses de los trabajadores. El gobierno de Solís tiene amarrado un acuerdo con los partidos neoliberales de discutir y aprobar el proyecto de empleo público, expediente, 19.506 modificado y maquillado, a cambio de que se le apruebe el plan o planes de incrementar los impuestos. Es muy probable que el gobierno y los neoliberales estén contemplando el “mejor momento” para iniciar la discusión y aprobación del proyecto de empleo público. Esto podría ser a finales del mes de noviembre e inicio de diciembre, fecha en que el sector educativo estaría entrando en receso por la finalización del curso lectivo. Es evidente para todos que, en ese período, no habría ni capacidad de movilización masiva, mucho menos se tendría motivos o razones para presionar al gobierno y neoliberales para impedir la aprobación de ese nefasto proyecto de ley. Por tanto, llamamos a las bases sindicales de APSE a exigir la convocatoria inmediata a la huelga indefinida para imponer, antes de que entre a discusión y aprobación en plenario legislativo, el archivo definitivo del proyecto de empleo público, expediente 19.506, así como los demás proyectos de empleo público.

Hacemos responsables a la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE de una eventual aprobación, en primer debate, del proyecto de empleo público, por no querer lanzar la huelga indefinida cuando se puede frenar dicho proyecto.

Por José René Tamariz

Desde el miércoles 28 de setiembre “El Gobierno puso a consulta de las fracciones legislativas y de los bloques sindicales… un borrador de proyecto de ley para limitar los pluses salariales de todo el sector público”. Refiriéndose a la información anterior el diputado, fundador y dirigente del partido gobernante PAC, Ottón Solís, sostiene que existen “… excelentes acuerdos gobierno-Piszk sobre empleo público…”. Por otra parte, el Presidente del Congreso, Antonio Alvarez, declaró que existe “… el consenso bastante cerca, para armar el paquete 208 bis (artículo del Reglamento legislativo que permite el trámite rápido de los proyectos), para empleo público…”. Es decir, que hay acuerdo político muy avanzado entre el poder ejecutivo y los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa para iniciar la discusión y, eventual, aprobación del proyecto de empleo público de la diputada del PLN, Sandra Piszk, el cual ha sido revisado, retocado y maquillado para fines de aprobación.

Aunque existe mucha especulación e incertidumbre respecto de que si el gobierno y los partidos neoliberales tienen o no tienen los 38 votos necesarios para aplicar la vía rápida a dicho proyecto de empleo público y, cual es el momento en que podrían iniciar su discusión y aprobación, lo cierto es que ese proyecto es el candidato de mayor consenso en el seno de la Asamblea Legislativo para su trámite legislativo. De lo anterior, entonces se desprende la necesidad de que el movimiento sindical, en su conjunto, se unifique e inicie la lucha conjunta y colectiva para enterrar, de una vez por todas, ese proyecto y otros que son una amenaza contra los componentes salariales de los trabajadores del sector público. El presente documento constituye un análisis preliminar del nuevo texto de empleo público negociado y pactado entre el poder Ejecutivo y los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa. Analicemos, entonces, las modificaciones, cambios y normas draconianos introducidos al nuevo documento de empleo público.

Primero, es un proyecto totalizador de los componentes salariales. El artículo uno señala que dicha ley tiene por objeto “Unificar las disposiciones generales que aplicarán a la creación, modificación y reconocimiento, de las remuneraciones en dinero adicionales al salario base, otorgadas al funcionario permanente y transitorio, independiente de que hayan sido otorgadas mediante leyes laborales, convenciones colectivas o por cualquier norma vigente”. En otras palabras, esta ley abarcará todos los componentes salariales, sin excepción, diferentes del salario base. Además, incluye a los trabajadores propietarios e interinos.

Segundo, a diferencia del texto original, el nuevo documento tendrá su “ámbito institucional de aplicación” también para todas las empresas públicas del Estado (léase bancos estatales, ICE, INS y otras) aunque operen en régimen de competencia. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de ese proyecto esas empresas estatales, solamente “en lo relativo a dicha actividad”, es decir, en cuanto a la actividad comercial que realizan, ya sean los aspectos financieros, de telecomunicaciones, seguros y otros, pero no en lo relativo a las cuestiones salariales.

Tercero, a diferencia del proyecto original, el nuevo documento incluye a nuevos componentes salariales, tales como, carrera profesional, zonaje, regionalización o desarraigo. En cuanto a carrera profesional lo que se plantea es grave, ya que, entre los “factores ponderables para el reconocimiento del beneficio” se señala que el “El reconocimiento de Grados y Postgrados, deberá realizarse únicamente para aquellos que ostenta el funcionario y que son adicionales al grado o postgrado que le fue considerado para efectos del nombramiento en la clase de puesto que ostenta”. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que los puntos de carrera profesional, ya no se otorgarán para el titulo con el cual se obtenga la plaza, sino únicamente para los grados o postgrados adicionales que se adquieren posteriormente del nombramiento en el puesto que se ostenta. Léase y entiéndase las palabras de únicamente y adicionales. El énfasis es nuestro. O sea, con ese nuevo texto se va a producir un grave retroceso y pérdida de dinero.

Cuarto, respecto a la anualidad solamente se pagará con la calificación de “muy bueno” o “excelente”, eliminándose el pago para la calificación de “bueno”. El pago máximo de anualidad será de 2,56% sobre el salario base, lo cual significa que en muchas instituciones a los trabajadores se les reducirá el monto desde el 6%, 5,5% y otros montos hasta el 2.56%. Por otro lado, ese documento introduce una aparente mejoría del pago de las anualidades para los trabajadores del gobierno central, incluidos los educadores, ya que plantea que “El porcentaje a otorgar por concepto en este componente será de 1.94% al salario base para el funcionario que hay obtenido en la evaluación del desempeño la calificación de “Muy Bueno” y será de 2.56% al salario base al funcionario que haya obtenido en la evaluación de desempeño como calificación de “Excelente”. Sin embargo, esto solo es en apariencia, puesto que en el párrafo anterior se señala que la anualidad obtenida se otorgará conforme a “su equivalente numérico según la escala definida por las instituciones contempladas en el artículo 2 de la presente ley..”. En otras palabras, dicho pago queda sujeta a la escala, la cual el servicio civil, indica claramente que se paga el monto del 2.56% del salario base a los trabajadores de menor ingreso o no profesionales de la escala salarial, mientras que a los profesionales se les paga el 1.94%. La anualidad no es derecho adquirido, según el texto.

Quinto, el contrato de dedicación exclusiva “no podrá exceder de cinco años”. Pasados esos cinco años, la administración podrá prescindir de la dedicación exclusiva, lo cual significaría que el empleado perdería entre un 20% y 55% de su salario. Por otra parte, una nueva formulación del nuevo documento es más dañina al plantear que a los bachilleres se les otorgará “hasta” un 20% y a los licenciados o superior “hasta” un 55% del salario base, es decir, que los montos podrían variar, ya sea desde un 5%, 10%, 15% para bachilleres o desde un 25% hasta un 55% para licenciados.

De otro lado, un aspecto gravísimo es que este nuevo texto señala “Para que el otorgamiento de la dedicación exclusiva resulte procedente, el funcionario debe estar en posibilidad de beneficiarse por el ejercicio liberal de la profesión, para lo cual deberá presentar certificación del respectivo colegio profesional que así lo demuestre”. El énfasis es nuestro. Lo anterior quiere decir, por ejemplo, en el caso de educación si el colegio correspondiente de una profesión “certifica” que el trabajador no tiene posibilidad de beneficiarse por el ejercicio liberal de la profesión, no tendrá acceso a los contratos de dedicación exclusiva, perdiendo ese componente salarial. Esto le podría pasar, en educación, a los orientadores, bibliotecarios y otros puestos, así como a miles de empleados públicos del gobierno central e instituciones descentralizadas. La dedicación exclusiva no es un derecho adquirido, según el texto.

Sexto, el auxilio de cesantía se reduciría, en muchas instituciones descentralizadas, desde 25 años, 20 años, 15 años hasta un mínimo de 8 años. De otro lado, de aprobarse dicho proyecto los trabajadores de la educación o de cualquier otro sector no podrían luchar por mejorar o incrementar los años de cesantía porque estaría prohibido por ley. Esto constituye una violación flagrante a la negociación y al derecho colectivo, mediante las convenciones colectivas.

Séptimo, en cuanto a las negociaciones y vigencia de las convenciones colectivas, este nuevo texto, igual que el anterior, constituye un atropello y, prácticamente, la eliminación del derecho colectivo. Las reformas que introduce al Código del Trabajo en su artículo 64, pone límite de doce meses al proceso de negociación de las convenciones colectivas. Si dicha negociación excede ese plazo, las convenciones colectivas cesarán sus efectos, teniéndose que iniciar de cero la nueva convención colectiva, es decir, ¡se perderían todos los derechos y conquistas obtenidas por las convenciones colectivas!!

Octavo, respecto a la disponibilidad que existe en el sector salud y otros sectores el monto de pago se disminuye hasta un 35%. En otras palabras, ese componente podría ser desde un 5%, 10 %, 15% y hasta un 35%. Po otra parte, se señala que “El porcentaje del personal que gozará de esta remuneración será definido por cada institución, conforme a su naturaleza y a estudios técnicos que lo respalden". Entonces, la cantidad de trabajadores que recibirían ese beneficio quedaría sujeto a lo que disponga la administración. La disponibilidad no es un derecho adquirido, según el texto.

Noveno, todos los montos y parámetros para obtener y recibir las remuneraciones adicionales, en cuanto a carrera profesional, quedarán a cargo de la Contraloría General de la República, no ya del servicio civil. El pago de anualidades quedará sujeto a “los objetivos, metas y acciones concretas definidas en los planes y programas institucionales”, ya no dependerán del desempeño individual a como se cancela actualmente. En otras palabras, esto se realizará con el objetivo de fondo para no pagarla. Así sucesivamente, se regirán los pagos de todos los componentes que, además se verían reducidos, congelados y, eventualmente, eliminados.

De último, emplazamos a los diferentes bloques sindicales y dirigencias sindicales a lanzar la huelga indefinida para exigirle al gobierno y Asamblea Legislativa, el archivo definitivo de ese nuevo texto de empleo público, así como todos los otros proyectos que hacen fila en la corriente legislativa.

Por José René Tamariz

El día sábado 6 de agosto, en sesión de Consejo Nacional del sindicato APSE, compareció la diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Patricia Mora, para explicar su posición sobre el proyecto de empleo público, expediente 19.506, de la diputada del PLN, Sandra Pisk y las acusaciones de “traición” que sobre ella circulaban, en ese momento, en las redes sociales, alrededor de ese tema.

Según la diputada Mora, todas sus intervenciones sobre ese tema están documentadas en el seno de la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Legislativa, instancia que discute dicho proyecto de ley en contra de los trabajadores del sector público. La diputada Mora planteo que el FA no votará nada que atente contra los empleados públicos. Señaló que en el Congreso se encuentra seis iniciativas de leyes sobre el tema de empleo público y que el proyecto-combo 19.923 de empleo público de la alianza neoliberal está enterrado. En otra parte de su intervención la diputada Mora sostuvo que el proyecto de Sandra Pisk, tiene situaciones “atendibles y razonables”, además de “equidad, razonabilidad, eficiencia y eficacia”. Que frente a las acusaciones que se le hacían, ella no iba a abandonar la mesa de negociaciones, ya que la izquierda del FA tiene un “talante negociador”.

Entre otros asuntos, planteo que la economía no aguanta algunos casos como el de 5,5% de anualidades de la UCR; que no se reconocen las condiciones laborales en el campo; que existen dos Costa Rica. Al final, terminó planteando y solicitando el apoyo para el proyecto del FA 19.883 que plantea un tope para los salarios de los jerarcas del sector público, el cual coincide con el proyecto del PUSC denominado “Límites a las remuneraciones totales en la función pública”. Al respecto, ¡señaló que había que temer a las coincidencias con el PUSC!!

Al final, cuando cuestioné a la diputada Mora sobre el proyecto 19.506 en cuanto a los componentes salariales (pluses) que pretende congelar, reducir y eliminar no logró dar respuestas a los cuestionamientos. Los dio a medias. En ese sentido, la diputada Mora queda en deuda. Solo señaló que el tema de las convenciones colectivas se había quitado, pero no logró explicar su posición sobre los demás componentes que se plantean más abajo. A mi juicio, la diputada Mora llegó al Consejo Nacional de la APSE con tres objetivos: 1) a tratar de limpiar su imagen muy golpeada en las redes sociales, por su aparente apoyo al proyecto de empleo público, expediente 19.506 de Sandra Pisk. 2) Vender y buscar apoyo, entre los sindicatos, del proyecto del FA, expediente 19.883. 3) Buscar el apoyo al proyecto del salario mínimo vital y al proyecto para fortalecer la inspección laboral.

CESANTIA. Reduce y limita a 8 años el derecho a la cesantía. Es decir, a todas aquellas empresas estatales, instituciones, universidades y municipalidades que tienen más de 8 años de cesantía, se les reduciría su cesantía a esa cantidad de años. Esas instituciones son las siguientes: CCSS (pasaría de 20 años a 8 de cesantía, perdería 12 años), RECOPE (24 años, perdería 16 años), INS (20 años, perdería 12 años), CNP (25 años, perdería 17 años), CNFL (20 años, perdería 12 años), INA (12 años, perdería 4 años), JAPDEVA (20 años, perdería 12 años), JPS (20 años, perdería 12 años), bancos estatales (20 años, perderían 12 años), banco popular (todos los años, perderían unos 22 o más años) universidades públicas (entre 15 a 18 años, perderían entre 4 y 10 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años, perderían desde 4 años hasta más de 22 años). Por otro lado, de aprobarse este proyecto de Sandra Pisk, los trabajadores de la educación no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de los años de cesantía, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA. La reduce y elimina a algunos puestos, ya que “se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución, según criterio de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República”. Además, se reducirían del 55% al 50%, en el caso de los licenciados y es un contrato que tendrá vigencia de un año, “por lo cual al finalizar el plazo de contrato en el que se pacte no existirá obligación de renovarlo”. Es muy probable que solamente a las jefaturas se les brinde la posibilidad de tener ese tipo de contrato de dedicación exclusiva, lo cual, en el caso concreto de educación, la podrían perder los bibliotecarios, los orientadores y otros puestos.

RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD. Lo reduce hasta un 57%. Existe en diversas instituciones y empresas estatales y que oscila desde un 5% hasta un 50%. Esta se reduciría al 15% máximo. Por ejemplo, los médicos especialistas de la CCSS, ganan de lunes a viernes un 29% de su salario base y los sábados y domingo un 35%, serían reducidos a un 15% de su salario base, perdiendo entre un 15% y 20% de su salario base, solamente en disponibilidad. Además, solo se otorgará a un 20% del total de los funcionarios de las instituciones. Esto, más otras reducciones de pluses salariales, significaría una reducción drástica de un 40% de los sueldos a los médicos.

LAS ANUALIDADES, probablemente se eliminen ya que, convertidas en “incentivo por excelencia en el desempeño”, se otorgarán si se cumplen con “las metas e indicadores cuantitativos institucionales generales distribuidos por áreas de organización interna según corresponda y deberán estar asociados a los respectivos planes institucionales, los cuales, a su vez, deben estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”. Este es un nuevo criterio, es decir, que si no se cumplen esas “metas e indicadores cuantitativos institucionales” no habrá “incentivo por excelencia” para nadie de determinada institución. Con este nefasto proyecto, dicho “incentivo” se dará solamente al empleado que obtenga la calificación de excelente. Esta es otra modificación. Otro nuevo requisito para su otorgamiento sería que su pago, quedaría sujeto a “la disponibilidad de los créditos presupuestarios”. En otras palabras, si la institución o el Estado plantean que no existe presupuesto para tal fin, entonces no se pagará. Por otra parte, ese incentivo se reduce al 2,54% en todas aquellas instituciones, universidades y municipalidades que tienen un monto mayor. Actualmente, las anualidades oscilan desde un 15% del salario base en algunas municipalidades, entre un 4% y 5,5% en universidades públicas, hasta un 1, 94% en el gobierno central. Por otro parte, de aprobarse este proyecto de Sandra Pisk, los trabajadores de la educación no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de las anualidades mayor al 1,94%, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva.

SOBRE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. Con este macabro proyecto se profundizan los ataques contra las conquistas y derechos laborales contemplados en las convenciones colectivas, así como una disminución extrema de las posibilidades de negociación de estos instrumentos de los derechos colectivos de los trabajadores. Todas las convenciones colectivas serán denunciadas, tal como se está haciendo actualmente, por los jerarcas de las instituciones estatales, para eliminar los supuestos artículos “abusivos”. Además, cuando se tengan que negociar una convención colectiva, el plazo de negociación no podrá exceder más de nueve meses como sucede actualmente. Si ese plazo es superado “sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso se negociación”. Es decir, los derechos, conquistas y otros beneficios desaparecerán, hasta tanto no se negocie una nueva convención colectiva. Esto constituye una violación flagrante a los derechos colectivos y de los convenios internacionales de la OIT.

Además, de todas las reducciones y eliminación de los pluses salariales anteriores, este macabro proyecto elimina el pago salarial bisemanal y los reajustes salariales, los sustituye por incrementos anuales, lo cual significarían disminuciones salariales importantes para los trabajadores del sector público.

De último, emplazó públicamente a la diputada y presidenta del FA Patricia Mora y a la fracción del partido Frente Amplio (FA) a que si están en contra o a favor del proyecto de empleo público de Sandra Pisk, del PLN. Por mi parte, repudio y rechazo cualquier negociación de los componentes salariales que se realicen a espaldas y sin consentimiento de los trabajadores del sector público, mucho menos el proyecto siniestro de Sandra Pisk y del PLN. Considero que ese proyecto no se puede consensuar ni se debe negociar, sino que debe ser derrotado en las calles, mediante la movilización y huelga. ¡No hay otro camino!!

Por José René Tamariz

Actualmente existen en el país dos grandes bloques sindicales. El Bloque Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) integrado, principalmente, por tres grandes organizaciones sindicales: la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la Unión Médica Nacional (UMN) y otras organizaciones menores. La alianza “Unidad en la Acción” conformada por 20 organizaciones sindicales, entre las cuales se encuentran, APSE, SEC, FIT-ICE, ANEP, PATRIA JUSTA (bloque sindical) y otras. Es importante mencionar que el sindicato APSE, hace unos tres meses, rompió con el bloque BUSSCO para conformar el nuevo bloque “Unidad en la Acción”.

El bloque sindical BUSSCO desde la huelga de dos días que dirigió el 26 y 27 de abril no ha vuelto a realizar ninguna acción de movilización de importancia. En los hechos, mantiene una política de desmovilización de sus bases. A su vez, la alianza “Unidad en la Acción” también mantiene, desde hace mucho tiempo, desmovilizadas a sus bases sindicales, excepto, el FIT-ICE y APSE que, de forma separada, realizaron el primero una huelga de un día en el mes de agosto y el segundo realizó dos huelgas de un día en el mes de julio y setiembre.

La huelga del FIT-ICE en el mes de agosto contra la política de movilidad laboral (despidos disfrazados) fue muy débil. Es importante destacar que los sindicatos y trabajadores del ICE fueron por varios años, desde el combo ICE en el año 2000 hasta la lucha contra el TLC en el 2007, la vanguardia del movimiento de masas en Costa Rica. Ahora, producto de la apertura de las telecomunicaciones con la entrada en vigencia del TLC, el ICE ha venido perdiendo, años tras año, su poder y control mayoritario de las telecomunicaciones y, por ende, sus sindicatos y sector de trabajadores se han venido debilitando de forma proporcional. Veamos. En el año 2011, el ICE controlaba el 90% de las telecomunicaciones, Claro el 3%, Movistar 3% y otras 4%, mientras que para el año 2015, el ICE descendió al control del 58% de las telecomunicaciones, Movistar creció al 22%, Claro al 19% y otras al 1%. Es decir, el ICE ha venido perdiendo el control, en promedio anual, del 8% de las telecomunicaciones. Esa pérdida ha representado costos económicos serios para esa empresa, costos que está descargando sobre los trabajadores al despedir a miles de sus trabajadores. Esta política de despidos no ha podido ser frenada por los sindicatos. La última huelga de los trabajadores del ICE no surtió ningún efecto sobre la política de despidos masivos que impulsa la dirección de esa institución, sino que más bien el día de huelga fue rebajado de los salarios a los trabajadores por parte de la patronal.

La huelga de un día del sindicato APSE, realizada de forma solitaria, tanto en el mes de julio como en el mes de setiembre, tampoco surtió ningún efecto contra la política del gobierno de Solís y de los neoliberales de la Asamblea Legislativa, en cuanto al congelamiento salarial y la eventual aprobación de los proyectos de empleo público y de planes fiscales. La huelga del 1 de setiembre dirigida por APSE reflejó y manifestó todas las inconsistencias, inestabilidad y problemas de la alianza “Unidad en la Acción”. El día 4 de agosto todos los sindicatos de dicha alianza acordaron ir a huelga de un día en la primera semana del mes de setiembre. Con base en ese acuerdo, en la sesión del Consejo Nacional del sindicato APSE del 6 de agosto, se votó en firme, ir a huelga de un día en ese mes. Sin embargo, en la reunión del 22 de agosto de esa alianza, la mayoría de los sindicatos se retractaron de ir a huelga y decidieron convocar solamente a una concentración frente a la Asamblea Legislativa. De las 20 organizaciones 13 votaron en contra de la huelga y 7 a favor de la huelga. No obstante, de esas 7 organizaciones solamente APSE, al final, fue a huelga. Como se puede observar las 19 organizaciones sindicales de la alianza “Unidad en la Acción” son aliados sindicales inestables, no confiables. En realidad, ese bloque sindical está integrado por dirigencias sindicales que, históricamente, no luchan, ni realizan movilizaciones ni huelgas, tales son los casos, del SEC, ANEP, Rerum Novarum, Sitrapequia y otras.

¿Por qué BUSSCO y la “Unidad en la Acción” mantienen una política de desmovilización? ¿Por qué no se unen para luchar contra el gobierno y los neoliberales? Ambas respuestas a estas preguntas están íntimamente relacionadas. Más allá de la verborrea de esas dirigencias sindicales (BUSSCO y Unidad en la Acción) en contra del gobierno de Solís, en el fondo, mantienen una política colaboración con él. Todas, sin excepción, algunas más que otras, terminan confiando en que el gobierno de Solís no va a presentar ni apoyar la discusión y aprobación, en plenario legislativo, de alguno de los proyectos de empleo público, por ello no lanzan la huelga indefinida en contra de esos nefastos proyectos que pretenden eliminar los componentes salariales de los trabajadores del sector público.

Por otro lado, la unidad sindical entre esos bloques sindicales no se produce ni realiza porque mantienen una política sectorial, de feudo sindical. Cada organización asume la defensa timorata de su sector de forma individual y no colectiva, haciéndole el juego al gobierno y los neoliberales con la división del movimiento sindical, aunque formalmente aparentan estar unidos. El FIT-ICE fue a huelga solo, los demás sindicatos de la alianza no fueron a la huelga en apoyo de los trabajadores del ICE, solamente llevaron delegaciones de sus dirigentes. Lo mismo pasó con la huelga del 1 de setiembre del sindicato APSE, solo esta organización fue a huelga, mientras que los demás se quitaron de ir a la huelga a pesar de que habían acordado ir de forma conjunta. Al final, realizaron una raquítica concentración frente a la Asamblea Legislativa. Dejaron solo al sindicato APSE en la huelga.

Los sindicatos que representan a las instituciones descentralizadas y empresas del Estado, tales como RECOPE y JAPDEVA se han limitado a defender sus propias convenciones colectivas, sacrificando en muchos casos conquistas laborales, económicas y sociales, a cambio de mantener, aunque sea maltrecha esos convenios de trabajo. Los dirigentes sindicales del SEC que representa a un sector del magisterio nacional, se dedica en los pasillos y oficinas del MEP, a hacer lobby y a negociar con las autoridades del MEP. Se contentan con mantener la convención colectiva de educación que no tiene ninguna conquista importante, excepto, el permiso de un mes, con goce salarial, para los docentes que tengan hijos. La ANEP, encabezada de forma vitalicia por Albino Vargas, igual que el SEC se dedica a buscar la mesa de negociaciones y dialogo con el gobierno de Solís. La política de todos estos burócratas sindicales es, mediante el dialogo, convencer a los personeros del gobierno para que no les quiten las pocas conquistas sociales que aún quedan en las convenciones colectivas, así como de evitar que se envíen a plenario legislativo los proyectos de empleo público. También apoyan algunos de los proyectos fiscales del gobierno y hasta le proponen hacer ciertas reformas fiscales. Así sucesivamente podemos seguir analizando caso por caso de las organizaciones que constituyen la alianza “Unidad en la Acción”.

El bloque sindical BUSSCO que mantuvo, por un tiempo, una política de lucha y progresista en contra del gobierno de Solís y de los neoliberales, en los últimos meses se ha desdibujado totalmente. No han lanzado ninguna movilización, ni lucha importante, ya sea contra la política de congelamiento salarial del gobierno o contra los proyectos de empleo público y los planes fiscales del gobierno.

Sin embargo, a pesar de las críticas que le hacemos a las dirigencias sindicales de los bloques sindicales BUSSCO y la Unidad en la Acción, los emplazamos a abandonar y romper con sus políticas sectoriales, de división sindical en los hechos, y, de colaboración con el gobierno de Solís. Los emplazamos a realizar una verdadera unidad sindical que contemple dos puntos básicos: 1) un plan de lucha conjunto que contemple un pliego de peticiones de todos los sectores sindicales, o sea nacional, exigiéndole al gobierno a que lo cumpla. 2) Lanzar la huelga indefinida de forma conjunta para obligar al gobierno y a los neoliberales que archiven de forma definitiva todos los proyectos de empleo público, así como aquellos planes fiscales que afecten a los trabajadores y sectores populares, además de las reivindicaciones propias de cada sector en lucha, entre las cuales se exija detener los despidos masivos en el ICE.