Por Ernesto Fuertes

Mientras escribimos estas líneas, existen cuando menos 3 instancias de coordinación diferentes en la Universidad de Costa Rica (UCR) actuando de manera simultánea: un grupo sobre el tema de interinos, otro grupo para la formación de un Bloque Estudiantil para el movimiento de diversidad sexual y el tercer grupo se encarga del presupuesto universitario o Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La lucha por aumentar el FEES

Este último extendiéndose no solo a la UCR, sino en coordinación con el resto de movimientos estudiantiles de las universidades públicas. ¡Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saludamos a estas instancias! Estamos ya participando y apoyando en todo lo que podemos a cada una de ellas y deseamos su difusión y el logro de cada uno de sus objetivos. Pero, por esta misma razón, proponemos lo siguiente.

Los salarios o los cupos de interinos de la UCR solo pueden resolverse si aumenta el presupuesto o los ingresos de la educación superior pública, lo cual quiere decir que está directamente relacionado con el presupuesto del FEES; los estudiantes solo pueden resolver el tema del FEES si se solucionan problemas como el déficit fiscal (que son precisamente utilizados para justificar los recortes y la reducción continua del presupuesto). Por lo tanto, esto está directamente relacionado con la lucha no solo de los trabajadores universitarios (como los interinos), sino con la pelea del movimiento popular costarricense contra los proyectos de la Asamblea Legislativa que pretenden recortar el gasto del gobierno central y, por lo tanto, el presupuesto para la educación dentro del cual se incluye el FEES.

Por último, el movimiento de diversidad solo puede triunfar con: la democratización de las instituciones del Estado; con la consecución de un Estado Laico; el fin de la discriminación basada en sexo, etnia, nacionalidad o discapacidad, entre otros; y, por lo tanto, con el triunfo de políticas propias de un gobierno popular. Esto quiere decir, no solo que los interinos y los estudiantes tienen los mismos objetivos a lo interno de la UCR, sino que es en el mejor de sus intereses el total apoyo a una posible huelga indefinida convocada por el movimiento sindical costarricense en contra de los proyectos de ley de la Asamblea Legislativa (tal y como se difunde entre sindicatos de la salud o de la educación), así como su participación o formación de una instancia de coordinación que unifique todos estos problemas universitarios (obreros y estudiantiles) bajo un solo frente común, en conjunto con los trabajadores fuera de la UCR que están impulsando la derrota de la ‘austeridad’ promovida por el Estado.

Por consiguiente, nos parece que mantener separadas y fragmentadas estas instancias de coordinación, y en especial cuando se encuentran trabajando de manera simultánea, significaría rebajar y entorpecer los objetivos y los intereses mismos de los trabajadores y estudiantes que conforman estas valiosas instancias; como lo decíamos en un artículo anterior: “Algunas de ellas [las actividades], es cierto que se realizan en ‘coordinación’ y unidad de acción, pero la espontaneidad hace que muchos grupos y sectores queden por fuera: se convocan a reuniones de un día para el otro, o incluso el mismo día tan solo horas antes de realizarse, por lo que las coordinaciones resultan algo así como extensiones de las propias organizaciones exclusivas que convocan, y no una coordinación real. Con esto se crea la ilusión de que se está haciendo unidad de acción o que se está dirigiendo un movimiento, pero en realidad se lo está fragmentando, debilitándolo, y se está simplemente en la retaguardia siguiendo la marcha de los eventos”.

Superar la fragmentación, crear un movimiento nacional

El no plantear que todas estas causas están conectadas entre sí por la situación económica y política del país, y que la solución de sus temáticas solo puede lograrse con la alianza o unificación con el resto de los otros sectores, nos parece terriblemente dañino para esos propios movimientos. Estas asambleas y coordinadoras tienen el gran mérito (que no podemos decir en ningún momento que sea exclusivo del PSOCA, sino de todas las organizaciones que participamos juntas en esto) de contener en germen la salida del sectarismo y la formación de un movimiento que interactúe entre sí como movimiento, la salida de la aleatoriedad y la espontaneidad, de la falta de actividades políticas de difusión e información (tal y como los mismos estudiantes lo sienten en el movimiento estudiantil), así como promover la democratización asamblearia y anti-burocrática en el manejo de las asambleas y demás instancias coordinadoras. Pero es precisamente por esta característica tan valiosa del movimiento, que está siendo construido entre activistas independientes e individuales, asociaciones, colectivos y partidos hermanos, que consideramos necesario proponer esta perspectiva de unificación. Esta decisión no puede ser tomada por ningún grupo ejecutivo de ‘coordinación’: solo por el voto de las asambleas.

No se trata de diluir cada temática particular: no queremos que se olvide el tema de la diversidad sexual, ni que se olvide el FEES, ni que se olviden a los trabajadores interinos de la UCR. Lo que queremos es todo lo contrario: que se planteen soluciones que logren efectivamente alcanzar los objetivos de cada uno de los sectores y problemáticas particulares.

Hoy por hoy, los proyectos de ley de la Asamblea Legislativa que buscan todos, la reducción del gasto público en educación (a través del FEES) afectarán la posibilidad de mejorar las condiciones de los interinos; además, se impone por vía rápida y autoritaria, en violación de derechos democráticos de la misma forma con la que se irrespetan los derechos democráticos de la población sexualmente diversa. Esto coloca a estas coordinadoras en la necesidad de unirse hombro con hombro entre estudiantes, trabajadores (tanto universitarios como de otras áreas) y demás sectores populares del país en contra de este gobierno y en contra de los proyectos de ley que impulsan actualmente en el parlamento, y unirse en la conquista por parte de todos estos sectores juntos y unidos de una serie de políticas propias de un gobierno popular.

Ligarnos a otros sectores en lucha

El 26 de Mayo se llevó a cabo la asamblea sobre el tema del FEES en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. La misma votó por abrumadora mayoría la propuesta de nuestros compañeros del PSOCA de formar una coordinadora de carácter nacional que agrupe todas estas problemáticas universitarias. Pero inmediatamente después, algunos grupos de izquierda se negaron a la participación del movimiento universitario en Organización Popular Ya (OPY), aunque OPY representa ya una instancia de coordinación general. No tenemos la intención de hacer un texto de polémica sectaria, pero queremos externar fraternalmente nuestro desacuerdo con estas decisiones. En las asambleas se dice que ya existen instancias de coordinación refiriéndose a reuniones de Bussco, o refiriéndose a los distintos grupos, partidos o colectivos políticos que participan en todas estas instancias de interinos, FEES o diversidad sexual. Pero asumir que cualquiera de estas organizaciones es ya la coordinación nacional, sería pasar por encima de las decisiones democráticas y libres de los estudiantes y trabajadores interinos que conforman todas estas instancias. Nadie ha votado por ninguno de esos grupos ni por Bussco para conformar ninguna coordinación nacional. ¡La asamblea general sobre el FEES ni siquiera se ha realizado!

Por supuesto que todas estas instancias tienen que trabajar con Bussco, y apoyarlos en la convocatoria de una huelga indefinida que sería la única forma de solucionar cada uno de los problemas de interinos, del FEES y de los derechos democráticos de la comunidad sexualmente diversa. Por eso el trabajo de todas estas organizaciones, incluso con las que no estemos de acuerdo en algún punto particular, nos parece tan importante de ser apoyado e impulsado por todos nosotros. Pero para esto es necesario la formación de una coordinadora mucho más amplia que Bussco, el cual ni siquiera representa solo a sectores universitarios (como el SINDEU), sino a sindicatos magisteriales o de salud, etc. Esto plantea la necesidad de la conformación de una coordinadora nacional general que unifique a Bussco con estos diversos movimientos universitarios y que convoque a muchas otras organizaciones, donde las bases e individuos que conforman todas esas asambleas elijan cual es el mejor modo para organizarse y las políticas para apoyar. Las instancias del FEES, de interinos y de diversidad sexual, tienen que proponerse la necesidad de formar dicha coordinación.

Por eso el negarse a participar en OPY, es al mismo tiempo negarse a crear la coordinadora nacional que las propias asambleas están votando. y frenar activamente la unidad misma que dicen estar defendiendo. OPY es la única coordinadora permanente que existe actualmente en el país que abarca a organizaciones sociales de distintas áreas y temas, a través de la cual podemos empezar a ampliar aún más la organización conjunta de todas estas problemáticas, con el fin de solucionar de una vez por todas estos derechos económicos y políticos. Esto implicaría unificar a los distintos sectores que convoca OPY, con los sectores que convoque el movimiento universitario de interinos, diversidad sexual y FEES, y esto a su vez en conjunto con Bussco. Pero si los demás grupos políticos insisten en negarse a participar en OPY por simples intereses partidarios mezquinos, nosotros sí estamos dispuestos a sumarnos a sus instancias de coordinación, precisamente para impulsarlas, apoyarlas y unificarlas: lo mínimo que podemos proponerle al movimiento universitario de trabajadores y estudiantes es que formen otra instancia propia, sin imponer comités ejecutivos que no han sido votados por nadie y que no pueden representar ninguna coordinación si ni siquiera hacen convocatorias públicas a sus reuniones, y nosotros desde el PSOCA y como propuesta abierta de nuestro partido a los compañeros de OPY, nos sumaremos a esa coordinadora nacional más amplia.

Por último, con las “Propuestas del PSOCA para la Asamblea del FEES” presentamos nuestra posición sobre cuáles son las políticas que revertirían los actuales proyectos de ley del gobierno y que, en sustitución de estos, podrían ser implementados ya mismo para el mejoramiento de la economía costarricense y centroamericana, así como la democratización de sus instituciones. Creemos que esos puntos son los que tienen que ser defendidos por la unión y coordinación de todas estas instancias mencionadas anteriormente.

¡Por la unidad de trabajadores y estudiantes en la UCR!

¡Todo el apoyo a la huelga indefinida en Costa Rica!

¡Coordinemos todas las luchas: unámonos a Organización Popular Ya!

Por Francisco Palacios y Ernesto Fuertes

El domingo 29 de Mayo, el economista Luis Paulino Vargas, miembro del Frente Amplio (FA), publicó en su página oficial y pública de Facebook un extenso comentario sobre la situación actual del FA. Saludamos muchas de sus posiciones, y apoyamos muchas de ellas. Pero no queremos hacer otro artículo más sobre el FA, ni queremos escribir esto como una ‘querella’ o ‘polémica’ entre grupos y partidos políticos de izquierda: solo queremos señalar rápidamente un pequeño detalle sobre cierto discurso político que es muy difundido en Costa Rica. En concreto, queremos refutar algunas de las afirmaciones que hizo Vargas sobre la izquierda revolucionaria.

Luis Paulino Vargas afirma que las críticas a la dirección del FA son “divisionistas”, que “los malestares al interior del FA oscilan entre intentos divisionistas muy claros –en parte vinculados a esa versión extrema de la izquierda–”, y que “El ataque proveniente de la izquierda extrema se hace inevitable, al menos en el tanto el FA quiera ser el proyecto de una izquierda pluralista y por lo tanto dialógica. Esos son conceptos que causan grima en esa otra izquierda de los extremos.”, insinuando que el pluralismo y el intercambio dialógico no son propios de la izquierda revolucionaria. Por supuesto que este argumento no es creado ni por Vargas ni por el FA. De hecho, el economicismo de mucho de la izquierda revolucionaria costarricense, en efecto se ha ganado esa triste notoriedad.

Pero también hay ejemplos en germen de sus potencialidades para salir de esa situación, y de que, para todos los efectos prácticos y concretos, esa izquierda está de hecho ya contrarrestando esa tendencia. Mientras Vargas escribe su opinión (con todo el derecho de hacerla, insistimos en esto), en la realidad concreta de Costa Rica, existen tres grupos trotskistas y revolucionarios (nosotros en el PSOCA, el Partido Obrero Socialista y el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores) trabajando en conjunto con organizaciones sociales de todos los tipos y colores, en una de las pocas instancias coordinadoras de unidad popular que existe en el país (nos referimos a Organización Popular Ya), instancia que el 1 de Mayo pasado fue la única de todo el movimiento popular costarricense en hacer un llamado a la unidad de todas las convocatorias de esa fecha, y que junto con Bussco y Patria Justa, fue la única otra instancia de coordinación que convocó en unidad de acción.

Y estos grupos de izquierda revolucionaria, además de otros grupos revolucionarios y anti-capitalistas (Partido de los Trabajadores, el Nuevo Partido Socialista, Colectivo Subversión, etc), trabajan también en coordinación y unidad de acción diversas problemáticas como la de los campesinos de finca La Luisa, la solidaridad con los campesinos de Chánguena en el sur del país, coordinadoras de diversidad sexual, interinos o sobre el presupuesto universitario, etc, en unión con activistas y grupos de los más variados tipos (¡incluyendo frenteamplistas!).

Lo más cínico y siniestro de todo de este discurso, es que el 17 de Febrero de este año, el presidente del FA Rodolfo Ulloa, apareció en La Nación atacando precisamente a esa instancia de unidad de acción que es OPY, y atacando a esa izquierda trotskista o revolucionaria por ser sectaria, divisionista y destructiva, más o menos en los mismos términos que las afirmaciones de Luis Paulino Vargas y tantos otros. Ambos plantean que lo mejor es ‘no darles espacio’ o ‘ignorarlos’, en una versión un poco bizarra de pensamiento dialógico.

Como escribimos hace algunas semanas: “el peor escenario [para el movimiento popular] es la fragmentación o desaparición del FA, un retroceso en la posibilidad de derrotar y contrarrestar el (neo)liberalismo. Por lo tanto, el que el FA mantenga su unidad como organización reformista progresiva sería el mejor escenario para las organizaciones y sectores del movimiento popular, porque de su seno surgirán inevitablemente corrientes de izquierda más radicales. Su fragmentación en manos de los colaboracionistas significaría un paso atrás.” (…) “Es necesario que el FA vuelva a reivindicar la defensa de su propio programa de reformas. No queremos destruir, fragmentar o “reventar” al FA: ¡son sus dirigentes y representantes parlamentarios quienes lo están haciendo!” Esta perspectiva, creemos nosotros, es la que se confirma claramente en los comentarios del propio Vargas.

Creemos entonces que es hora de cuestionar este mito, y la estigmatización de la izquierda revolucionaria. Ponemos en duda si este famoso discurso tan conocido en nuestro país realmente pinta el panorama concreto y general de lo que está pasando en el país. ¿Atacar una instancia de unidad popular desde La Nación no es sectario y divisionista? ¿Y en nombre de la ‘unidad’? ¿Atacar un movimiento que, como vimos antes, realiza prácticamente todo su trabajo político en unidad de acción, no es sectario y divisionista? ¿Y en nombre del anti-sectarismo? ¿En interés de quién se desarrolla la unidad o el divisionismo en el pueblo costarricense? ¿Quién apoya y promueve en la sociedad costarricense instancias de unidad en el movimiento popular, y quien ataca de manera divisionista la posibilidad de esa unidad? Como dijimos, esto no es una simple querella: ¡es en el mayor interés del movimiento popular y del pueblo costarricense que se dé cuenta de quienes defienden sus necesidades y sus derechos!

Por Ernesto Fuertes

Campesinos, sindicatos públicos y privados, estudiantes, pro-palestinos, indígenas, ambientalistas, animalistas, diversidad sexual, frenteamplistas, trotskistas, comunistas, activistas independientes, etc. No es común ver grupos tan diferentes sentándose a dialogar y trabajando en equipo en Costa Rica. De hecho, el cliché sobre la izquierda revolucionaria y anti-capitalista costarricense es que es incapaz de dialogar, que son sectarios, ultra-radicales o irracionales. Pero Organización Popular Ya (OPY) es la demostración de lo contrario: frente a la crisis y la desesperación que está viviendo el pueblo costarricense, y ante la completa incompetencia de los gobernantes del país para solucionar esa situación, desde el PSOCA creemos que OPY es una oportunidad para proponer un proyecto país para Costa Rica, y un proyecto regional para Centroamérica. Pero vamos poco a poco.

Hacemos un llamado fraternal a todas las organizaciones sociales, sindicales y populares del país para que contacten o se sumen a OPY, para empezar a dialogar sobre las problemáticas que tienen, y trabajar de manera conjunta. No nos hagamos ilusiones: unificar las luchas implica romper con una cultura política tradicional muy arraigada en Costa Rica. El sectarismo y la atomización de cada uno de los “feudos” políticos es la forma común en que hemos estado acostumbrados a actuar. Esto es muy difícil romperlo de una sola vez, y es la razón por la que no existe un proyecto país alternativo al neoliberalismo en Costa Rica. Aunque OPY representa tal vez una de las pocas instancias de unidad popular permanente que existe en el país, es también una instancia muy pequeña en comparación a otras como Bussco o Patria Justa. Esto lo admitimos.

Pero también está claro que OPY tiene la posibilidad de ir mucho más allá que un Frente Socialista o que un Encuentro Nacional (aunque nos sumaríamos y apoyaríamos en todo momento la formación de un Frente o un Encuentro, sin duda alguna), o que las distintas coordinadoras coyunturales que se forman en el país: es una instancia abierta a organizaciones populares de toda clase, y es una instancia de carácter permanente. No unifica solo a socialistas, sino que acerca a sectores populares de toda índole para la movilización y la acción política. No se termina con un plan de lucha coyuntural, sino que puede mantener la coordinación y el trabajo político a largo plazo. No trata solo un tema o interés particular, sino que la mezcla de organizaciones populares plantea de manera directa la necesidad de soluciones políticas.

Para nosotros en el PSOCA la unidad popular es importante en primer lugar por un tema ‘táctico’: no podemos cambiar las políticas del Estado sin un movimiento amplio que entable un diálogo nacional con el pueblo, escuche cuales son sus problemáticas e intereses, y proponga junto con él un plan para resolverlas. Cualquier mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, cualquier derrota del Estado, cualquier posibilidad de salir del capitalismo, depende de este trabajo previo. Eso quiere decir que se tiene que acabar el sectarismo, se tiene que reducir lo más posible la desorganización y la espontaneidad, se tienen que garantizar campañas informativas en todo momento, se tiene que trabajar entre todas las clases (aunque con un contenido definido), y se tiene que tomar decisiones de manera democrática y asamblearia.

Ver a los campesinos de Chánguena desfilando separados de los campesinos de La Luisa, o los campesinos de Medio Queso separados de los trabajadores de Exportaciones Norteñas, cuando podrían estar organizando un movimiento conjunto y general en todo el país y solucionar el problema de la tierra de una buena vez, es sin duda muy triste. Ver a Patria Justa separado de Bussco, o a los maestros separados de los médicos, o las convocatorias solitarias de los grupos de izquierda para el 1 de mayo, es realmente un escenario desolador. La creación de sindicatos individuales o la lucha sindical en general es muy importante. No queremos desmerecer el trabajo que hacen otras organizaciones que consideramos hermanas, y que tienen sus propios frentes, y los cuales apoyaremos. Pero francamente no compartimos el ir empresa por empresa y finca por finca creando un sindicato a la vez.

No podemos compartir ni la minoría activa haciendo acciones aleatorias y que alejan a la población de la organización, ni esta otra ‘minoría activa’ supuestamente organizada que atomiza, particulariza y reduce la acción. Insistimos en que se requiere un trabajo previo de organización generalizada para poder ver victorias en el país. Necesitamos salir de la lucha simplemente económica, y entrar en la lucha política. Necesitamos políticas generales que puedan ser asumidas por un gobierno popular, que reviertan completamente el rumbo neoliberal del país, y que solucione los problemas de toda la sociedad.

Eso nos lleva al segundo punto: la unidad popular también es importante por su ‘contenido’. No se trata de que las reivindicaciones y problemáticas particulares o gremiales no importen, sino más bien completamente al contrario: las demandas sindicales y gremiales mismas solo pueden ser resueltas con políticas de un gobierno popular. Para impedir rebajas salariales, para que haya empleo, para que hayan presupuestos en la educación o en la CCSS, para resolver el problema de la tierra, para que las pequeñas y medianas empresas tengan crédito, para los derechos humanos de los indígenas o las mujeres, etc: para todo esto se necesita desde solucionar el déficit fiscal o recostar el sistema tributario sobre las ganancias empresariales, hasta democratizar las decisiones que se toman en la sociedad; desde reducir los intereses hasta repreciar el colón, hasta la reforma agraria. Ninguna de esas demandas es planteada por el movimiento sindical, ni pueden hacerlo: por eso son organizaciones sindicales, y no podemos pedirles más. Esa labor corresponde a las organizaciones políticas. El movimiento sindical está luchando a la defensiva, y apenas plantea demandas negativas o quejas. Pero tenemos que elaborar (junto con los sindicatos) propuestas políticas positivas: ofrecerle al pueblo de Costa Rica una salida. Y eso es precisamente lo que queremos en el PSOCA.

Proponemos: reforma agraria basada en agricultura extensiva a través de asociaciones de productores o cooperativas autogestionarias; reducción de las tasas de interés; facilitar el acceso al crédito; repreciar el colón para bajar la inflación y reducir el costo de la importación de productos e insumos; transformar el sistema de impuestos con la mayoría del peso cayendo sobre las ganancias y utilidades empresariales, aranceles y Zonas Francas; escala móvil de salarios y programa de obra pública para dar empleo; nacionalización de empresas en quiebra y puestas a operar de nuevo por el Estado; democracia sin discriminación de ningún tipo basada en sexo, etnia, discapacidad o creencias. Estas políticas tendrían como resultado: eliminar de una vez por todas el problema del déficit fiscal, elevarían el nivel de vida y de consumo del campesino, permitiendo la creación de industrias de bienes de capital para la agricultura, el mejoramiento de la importación de insumos para PYMES, el abaratamiento y apertura del crédito, la reducción de la inflación, el aumento del salario y mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador en general. Se puede resumir como la creación de un mercado interno, tal y como el desarrollo capitalista y el colonialismo imperial nunca lo han permitido para Centroamérica.

Por eso las organizaciones estudiantiles, ambientales, indigenistas, campesinas, sindicales públicas y privadas, feministas, animalistas, de diversidad sexual, etc, tienen que darse cuenta de que sus causas y temáticas particulares están conectadas con las problemáticas del resto de organizaciones y sectores populares. Todas esas organizaciones que ustedes ven en las protestas o en las actividades públicas, son sus aliados. Y unirse a todos esos grupos diversos y con intereses diferentes no puede significar abandonar u olvidarse de las problemáticas y objetivos particulares de sus organizaciones: más bien significa que la solución a los temas para los cuales están creadas cada una de sus organizaciones, necesitan de las mismas soluciones que las demás.

No es ‘unirse por unirse’ (como un democratismo abstracto), sino que la solución del problema del agua, de los salarios de su gremio, de los derechos étnicos o sexuales, de los problemas de recuperación o de falta de tierras, que los problemas de presupuesto a la educación, etc, todos se solucionan por las mismas políticas de las demás: el mejoramiento de las condiciones económicas de Costa Rica y Centroamérica, y la democratización de sus instituciones. No se vean como enemigos, no se vean como competencias, no se vean como causas separadas: ¡en lugar de grupos pequeños separados cada uno por su lado, es mejor tener un grupo más grande unido y haciendo una sola acción con más fuerza! ¡Es en el interés concreto de cada organización sindical, gremial o particular que la unión general se vuelve importante!

Por último, para nosotros los revolucionarios y anti-capitalistas, todas estas políticas que hemos planteado aquí no son la solución última a los problemas de la sociedad: el sistema capitalista es tan absurdo, que eliminar el déficit o mejorar el poder adquisitivo del pueblo, cambiar el sistema tributario o elaborar una política cambiaria, etc, crea otros problemas como la inflación o la subutilización de recursos, etc. Para solucionar esos problemas solo es posible saliendo del capitalismo. Pero estas políticas sí mejoran la situación y las condiciones de vida de la población. El pueblo podrá demostrar su propia fuerza, al mismo tiempo que se dará cuenta de la necesidad de seguir adelante.

Por José René Tamariz

El denominado proyecto de “ley para racionalizar el gasto público”, es en realidad, una fusión de varios proyectos de leyes, a saber: “Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público” de la diputada Sandra Pisk del PLN; “Ley de Límites a las Remuneraciones Totales en la Función Pública” de varios diputados del PUSC; “Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad” del poder Ejecutivo; el proyecto de reglas de responsabilidad fiscal draconianas del Movimiento Libertario (ML) y otras iniciativas y propuestas de varios diputados neoliberales.

En verdad, este proyecto no es una ley para “racionalizar” el gasto público, sino que es un ataque violento y profundo contra los salarios, reducción y eliminación de componentes salariales; contra el derecho colectivo de los trabajadores, ya que, en los hechos, las convenciones colectivas se convertirían en inservibles, porque se eliminan conquistas y derechos; contra el empleo que, mediante las reglas de superávit primario y del límite al crecimiento del gasto primario del gobierno central, pretenden despedir entre uno 55 mil a 80 mil trabajadores del sector público; asimismo, conllevaría a un deterioro de las condiciones de vida de miles de trabajadores y sus familias.

Según informaciones periodísticas, se creará dentro de unos 15 días una comisión especial que, luego, pretende dictaminar en el plazo de un mes el proyecto 19.923, para que posteriormente pase al plenario legislativo y se apruebe antes de fin de año. Para conseguir este siniestro y perverso objetivo, la alianza neoliberal ha elegido a la diputada del PLN, Paulina Ramírez, para dirigir ese engendro de comisión. Además, se le pretende aplicar a la discusión y aprobación de ese proyecto, así como a otros, la vía rápida y con ese fin esa comisión sesionará hasta los días viernes, sábados y domingos. Como se puede observar, con bases en esas informaciones, la funesta alianza neoliberal va en serio con su proyecto de despojo de los componentes salariales, conquistas, derechos y del empleo a los trabajadores del sector público. Analicemos el siniestro proyecto de la alianza neoliberal.

La Reducción y Eliminación de los Componentes Salariales.

Dicho proyecto cubre a todos los empleados del sector público, excepto, las empresas estatales que se encuentran en régimen de competencia: bancos, ICE e INS.

El Derecho a la Cesantía. Este derecho se reduce y limita solamente a 8 años, es decir, a todas aquellas empresas estatales, instituciones, universidades y municipalidades que tienen más de 8 años de cesantía, tendrían que reducirla a esa cantidad de años. Esas instituciones son las siguientes: CCSS (20 años de cesantía), RECOPE (24 años), INS (20 años), CNP (25 años), CNFL (20 años), INA (12 años), JAPDEVA (20 años), JPS (20 años), bancos estatales (20 años), banco popular (todos los años) universidades públicas (entre 15 a 18 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años)..

La Dedicación Exclusiva, “se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución, según criterio de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República”. Además, se reducirían del 55% al 50%, en el caso de los licenciados y es un contrato que tendrá vigencia de un año, “por lo cual al finalizar el plazo de contrato en el que se pacte no existirá obligación de renovarlo”. Es muy probable que solamente a las jefaturas se les brinde la posibilidad de tener ese tipo de contrato de dedicación exclusiva.

El Régimen de Disponibilidad. Existe en diversas instituciones y empresas estatales y que oscila desde un 5% hasta un 50%. Esta se reduciría al 15% máximo. Por ejemplo, los médicos especialistas de la CCSS, ganan de lunes a viernes un 29% de su salario base y los sábados y domingo un 35%, serían reducidos a un 15% de su salario base, perdiendo entre un 15% y 20% de su salario base, solamente en disponibilidad. Además, solo se otorgará a un 20% del total de los funcionarios de las instituciones. Esto, más otras reducciones de pluses salariales, significaría una reducción drástica de un 40% de los sueldos a los médicos.

Las Anualidades, convertidas en “incentivo por excelencia en el desempeño”, se otorgarán si se cumplen con “las metas e indicadores cuantitativos institucionales generales distribuidos por áreas de organización interna según corresponda y deberán estar asociados a los respectivos planes institucionales, los cuales, a su vez, deben estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”. Este es un nuevo criterio, es decir, que si no se cumplen esas “metas e indicadores cuantitativos institucionales” no habrá “incentivo por excelencia” para nadie de determinada institución. Con este nefasto proyecto, dicho “incentivo” se dará solamente al empleado que obtenga la calificación de excelente.

Esta es otra modificación. Otro nuevo requisito para su otorgamiento sería que su pago, quedaría sujeto a “la disponibilidad de los créditos presupuestarios”. En otras palabras, si la institución o el Estado plantean que no existe presupuesto para tal fin, entonces no se pagará. Por otra parte, ese incentivo se reduce al 1,94% en todas aquellas instituciones, universidades y municipalidades que tienen un monto mayor. Actualmente, las anualidades oscilan desde un 15% del salario base en algunas municipalidades, entre un 4% y 5,5% en universidades públicas, hasta un 1,94% en el gobierno central.

¿Es Cierto que el Proyecto 19.923 no Afecta a los Trabajadores de la Educación?

Eso es absolutamente falso. Decir que no afecta a los trabajadores de la educación semejante proyecto es una política de engaño de los neoliberales para desmovilizar a este gran sector social que es muy combativo. Los empleados de la educación perderían las anualidades, la dedicación exclusiva y no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de los años de cesantía, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva. Además, de aprobarse las "reglas de responsabilidad fiscal", miles de trabajadores de la educación serían despedidos, y el presupuesto de la educación sería reducido de forma drástica, afectando a miles de jóvenes y niños, así como a miles de familias pobres, porque probablemente perderían becas, comedores escolares y otros beneficios sociales, educativos, culturales y económicos.

El Despojo, Vaciamiento y Limitación de las Negociaciones de las Convenciones Colectivas

Con este macabro proyecto se profundizan los ataques contra las conquistas y derechos laborales contemplados en las convenciones colectivas, así como una disminución extrema de las posibilidades de negociación de estos instrumentos de los derechos colectivos de los trabajadores. Todas las convenciones colectivas serán denunciadas, tal como se está haciendo actualmente, por los jerarcas de las instituciones estatales, para eliminar los supuestos artículos “abusivos”. Además, cuando se tengan que negociar una convención colectiva, el plazo de negociación no podrá exceder más de nueve meses como sucede actualmente.

Si ese plazo es superado “sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso se negociación”. Es decir, los derechos, conquistas y otros beneficios desaparecerán, hasta tanto no se negocie una nueva convención colectiva. Esto constituye una violación flagrante a los derechos colectivos y de los convenios internacionales de la OIT.

Reglas de Responsabilidad Fiscal y Despidos Masivos en el Estado

De último, la ejecución y aplicación de las denominadas “reglas de responsabilidad fiscal” contempladas en este macabro proyecto 19.923, tales como la de “superávit" primario para el Gobierno Central, límite al crecimiento del gasto primario (crecimiento máximo del 1% en términos reales) y límite al endeudamiento público”, significarían despidos masivos de los empleados públicos, entre unos 55 mil a 80 mil.

En el artículo 22 de ese proyecto se obliga al gobierno “bajo condiciones económicas normales” a tener un superávit primario del 2% del PIB, lo cual es imposible en las circunstancias actuales que es deficitario en un -3,5% del PIB. Según el mismo proyecto, “bajo condiciones económicas excepcionales”, es decir, una situación de crisis fiscal o económica, el “resultado primario del Gobierno central podrá llegar al cero por ciento (0%) del Producto Interno Bruto”.

Estas dos condiciones, son prácticamente imposibles de cumplir por cualquier gobierno e incluso, reflejan un estado demencial de los neoliberales, no sólo por hacer despidos masivos, reducir y eliminar los pluses salariales, sino también por reducir a su mínima expresión y funcionamiento al aparato estatal de conjunto.

El Proyecto 19.923: Un Intento de Contrarreforma y Reacción Profunda en el Sistema Salarial, en el Empleo Público, los Derechos Colectivos y en el Aparato Estatal, por parte de los Neoliberales

Este proyecto de proyectos, constituye un verdadero Combo en contra de los trabajadores del sector público. Es un intento serio de los neoliberales para profundizar el proceso de reacción o contrarreforma en el terreno del sistema salarial, el sistema de empleo público, los derechos colectivos de los trabajadores del sector público, así como en el funcionamiento del aparato estatal.

Los bloques sindicales, las organizaciones sindicales, las organizaciones populares y estudiantiles no podemos permitir siquiera que este siniestro proyecto sea discutido y dictaminado en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que se formará en los próximos días para tal fin. Los bloques sindicales y demás organizaciones participantes en el encuentro del día sábado 7 de mayo deben preparar y organizar la huelga indefinida para exigir e imponer a los diputados neoliberales el archivo y eliminación de este tenebroso proyecto 19.923. ¡Manos a la obra compañeros trabajadores! ¡Ni un Paso Atrás! ¡Todos a Derrotar este siniestro plan neoliberal!!