Por José René Tamariz Corea

Costa Rica vivió durante la década de los años 30 y 40 un espectacular ascenso de las luchas del movimiento obrero, campesino y popular, que se manifestó en grandes movilizaciones, un fuerte y poderoso proceso de organización sindical y política de los trabajadores, así como la realización de huelgas muy duras y fuertes como la de los bananeros en el año 1934.

De acuerdo con Marielos Aguilar “… el año de 1934 fue bastante representativo pues se llevaron a cabo por lo menos ocho huelgas. De éstas la mayoría ocurrió en las principales ciudades de la zona central del país, con la participación de trabajadores de obras públicas, zapateros, panaderos, sastres y litógrafos. Por su parte, los trabajadores del café de Turrialba y los obreros bananeros del Atlántico se destacaron por llevar a cabo grandes movimientos huelguísticos, como, por ejemplo, la conocida huelga bananera de 1934. Esa huelga bananera se desarrolló en el transcurso de los meses de agosto y setiembre para plantear un conjunto de peticiones básicas: eliminación del trabajo a destajo, jornada de seis horas para las labores más rudas, fijación de salario mínimo, pagos quincenales y en efectivo, pago de las horas extras, eliminación de la semana de fondo, viviendas dignas para los trabajadores ofrecidas por los finqueros, extensión de la Ley de Accidentes de Trabajo, dispensarios médicos para las fincas con más de diez obreros, regulación de los precios de las mercancías vendidas en los comisariatos de la UFCO, rechazo del contrato bananero Cortés-Chittenden y, por último, reconocimiento del Sindicato de Trabajadores del Atlántico por parte de la UFCO y del Estado”. (Aguilar, 2009: 15).

De otro lado, es muy importante señalar que el movimiento político-militar encabezado por Figueres tuvo algunas características sui-géneris, en el sentido de que era un movimiento que tenía como objetivo último contener y derrotar el ascenso del movimiento obrero y popular encabezado por el partido comunista, pero que no pretendía destruir las conquistas sociales alcanzadas durante el período 40-48. Este ascenso del movimiento obrero y popular se concretó a nivel institucional en la incorporación de las llamadas Garantías Sociales a la Constitución Política, la aprobación del Código del Trabajo (27 de agosto de 1943) y la creación, entre otras, de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según Aguilar Hernández: “El Centro de la pugna social agudizada desde 1942, indiscutiblemente era las Garantías Sociales y el Código de Trabajo. Los principales adversarios eran los cafetaleros, las compañías translaciones como Transportes Aéreos Centro Americanos (TACA), la Electric Bond and Share y la United Fruit Co; y en general, el sector patronal…”. (Ídem).

Es muy importante señalar que “Al mismo tiempo que se hacía efectiva la promulgación de la legislación social, se constituyeron las dos centrales sindicales que nuclearon a los trabajadores de Costa Rica (CTCR) y la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN). Entre 1943 y 1948 lograron reunir a unos cien mil asalariados que constituyeron la base social de apoyo para la defensa de la reforma social”. (Ídem: 27). Las negrillas son nuestras. La población económicamente activa (PEA) en el año 1948 era de 261 096 personas, quiere decir que, si el dato de Aguilar es correcto, entonces los trabajadores sindicalizados constituían aproximadamente el 38,3% de esa población, lo cual representaba una cifra bien alta de sindicalización, que nunca se ha logrado alcanzar desde esas fechas. Es necesario mencionar que la primera central era dirigida por el Partido Vanguardia Popular (comunista) y la segunda central era dirigida por la cúpula de la Iglesia Católica, para contrarrestar la influencia sindical comunista. En el año 1943 Monseñor Víctor Manuel Sanabria declaró que: “La autoridad eclesiástica está y estará empeñada en que se formen agrupaciones obreras y católicas y en ampliar las ya existentes, no precisamente para debilitar el movimiento de cohesión de las clases trabajadoras, sino para encauzar ese movimiento, en la forma que mejor convenga, dentro de los amplios derroteros marcados por las enseñanzas pontificias”. (Regidor, 2003:27).

Por otro lado, es importante señalar que entre el año 1942 y 1943, se constituyó y desarrolló un pacto político entre las fuerzas gubernamentales, encabezadas por el presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia y, el Partido Comunista, acaudillado por Manuel Mora Valverde. Ese pacto se forjó alrededor de la aprobación y defensa de las reformas sociales antes mencionadas y por las condiciones y política internacional de la Unión Soviética, de impulsar los frentes populares con aquellas fuerzas pro-estadounidenses, ya que ella mantenía una alianza con los Estados Unidos frente el nazi-fascismo.

Sobre la Lucha Armada del Año 1948

Desde el punto de vista militar en el conflicto político-militar del año 1948 se producen dos tipos movimientos militares, la guerra de guerrilla y la guerra de posiciones. La primera se produce, principalmente, en el frente norte, San Ramón, San Carlos y otros. La guerra de posiciones se realiza en el frente sur, principalmente, Desamparados y otros lugares como Cartago y Limón. Además de otros frentes como San Isidro de El General, Dominical, El Empalme, El Tejar y otros. (Aguilar, 2004: 189). En las denominadas operaciones militares, Plan Magnolia y Plan Clavel, las fuerzas figueristas se toman los días 8 y 9 de abril del año 1948, respectivamente, las ciudades de Cartago y Puerto Limón. Según Aguilar Bulgarelli “Estos planes tenían dos objetivos: el acorralar una parte muy importante de las fuerzas del gobierno, y segundo, tener acceso al mar. Este último detalle era imprescindible para un posible ataque a San José, para el cual se iba a necesitar armamento más pesado, imposible de transportar en avión. Además, Limón, constituía un centro calderonista de vital importancia, la toma de esta ciudad sería un rudo golpe moral para el gobierno y sus aliados”. (Aguilar, 2004: 201).

Los combates más fieros y duros se produjeron en San Isidro de El General y Casamata en el lugar llamado La Cangreja. El primer lugar era estratégico para las fuerzas de Figueres ya que por él aterrizaban los aviones que traían las armas de Guatemala. El Coronel dominicano, luego ascendido a General, Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que dirigió las tropas figueristas en esos combates cuenta que “En el curso de la guerra, se libraron batallas de gran importancia por la intensidad, duración y poder destructivo sobre el enemigo, tales como las de El Empalme, El Tejar, etc. Pero ninguna de ellas presenta las características especiales que presentó la Batalla de San Isidro de El General. En ella se estaba jugando la suerte, en primer lugar, del único terminal aéreo de abastecimiento de materiales de guerra para poder continuar las operaciones militares, y segundo, era la retaguardia del Frente Norte, y si se perdía San Isidro, se le dejaba abierta al enemigo una arteria de comunicaciones rápidas desde el Pacífico, hasta llegar a El Empalme y a Santa María de Dota, puntos pivotales del Frente Norte”. (Villegas, 2002: 23). Más adelante el General Ramírez señala que “… en la Batalla de San Isidro de El General, se emplearon las reglas y tácticas de combate inherentes a las grandes batallas: se definen claramente distintas fases del combate, se emplearon movimientos de avances, de flanqueo y de infiltración, se lucha cuerpo a cuerpo por capturar nuevas posiciones protegidas por las fuerzas de asalto enemigas, por tres aviones que bombardean y ametrallan nuestras líneas por más de una hora para romper nuestra resistencia. Se emplean movimientos envolventes de retaguardia, etc. Cada fase de la batalla es planeada y decidida cuidadosamente, pues no me podía permitir el lujo de hacer un movimiento en falso, porque esto podía costarme la pérdida de la batalla”. (Ídem).

Por el lado del bando del gobierno de Picado, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (PVP), los combates militares eran dirigidos por el General Enrique Somarribas Tijerino, el cual había combatido en Nicaragua al lado del General Augusto Cesar Sandino en contra de la ocupación yanqui en 1927. Cuenta Alberto Cañas, bajo el seudónimo de Barnaby, sobre la batalla de San Isidro de El General que “Tijerino, mediante una audaz y hábil maniobra, logró eludir a las fuerzas del coronel Ramírez, y se lanzó contra el pueblo. En un puesto muy cercano a San Isidro, conocido con el nombre de Puente de la Martín, se encontraba el teniente Edgar Sojo con un pequeño destacamento. Estos fueron los que sufrieron primero el endiablado de Tijerino, que fue en conjunto y sin lugar a dudas, la acción más brillante llevada a cabo por las fuerzas gobiernistas durante todo el curso de la guerra”. (Aguilar, 2004: 198). Al final de muchos cruentos combates, el general Tijerino cae y las tropas de la alianza del gobierno-PVP se retiran de San Isidro. Es necesario señalar que las tropas de dicha alianza eran dirigidas, además del General Tijerino por Carlos Luis Fallas.

Consecuencias Políticas del Conflicto Político-Militar del Año 1948

Con base en todo la anteriormente expuesto y analizados, arribamos a algunas conclusiones de carácter políticas tentativas, que esperamos depurar y refinar en un próximo documento.

1. La abolición del ejército y su prohibición constitucional en el año 1949, constituyó una gran maniobra política de las clases dominantes de Costa Rica, detrás de la cual se ha erigido toda una ideología burguesa-reaccionaria, de pacifismo, civilismo, diálogo, negociación, democracia y elecciones para resolver y dirimir los conflictos sociales en el país. Ideología de la cual se hacen eco, no sólo los sectores dominantes, sino también los demás sectores sociales, incluidos, los trabajadores, las burocracias sindicales y la izquierda costarricense. Este proceso de Costa Rica como nación promotora de la “paz” se vio reforzada por el otorgamiento del premio Nóbel de paz a Oscar Arias por su mediación en el conflicto político-militar de Centroamérica.

2. Producto del triunfo del figuerismo en el año 48 y de los subsiguientes gobiernos que, supuestamente han desterrado los fraudes electorales, han promovido y privilegiado los procesos electorales y la democracia burguesa, como máxima expresión de participación de las masas en la toma de decisiones y solución de la problemática social y económica. La gran mayoría de las masas costarricense, siguen creyendo y confiando en los procesos electorales. De aquí, que ningún partido político revolucionario serio debe soslayar la participación electoral, como una forma de llegar y ser escuchados en ciertos sectores, principalmente, de la clase obrera y otros sectores oprimidos. No participar en los procesos electorales es la muestra más palpable del peor sectarismo y aislamiento político en que se encuentra el trotskismo costarricense.

3. Producto de la victoria figuerista del año 48 y de los gobiernos que le sucedieron se desarrollo, por parte de las clases dominantes, una ideología anti-sindical y anti-comunista, que asumen como suyas no sólo las clases burguesas y clases medias, sino incluso, sectores de la clase obrera. En Costa Rica, muchos trabajadores consideran que los sindicatos no sirven para nada y que constituyen organizaciones corruptas y privilegiadas, cuando luchan por convenciones colectivas. El colmo es que hasta la burocracia sindical le capitula a estos prejuicios burgueses. Se llega a niveles de claudicación a la ideología burguesa anti-sindical que la mayoría de organizaciones no se denominan sindicatos, sino asociaciones, uniones, frentes y otros nombres. Ejemplos de esto son: APSE, ANDE, ANEP, UNDECA, ASDEICE, UNEBANCO y muchos otros. Aclaramos que, recientemente, APSE y ANDE se transformaron en sindicatos.

4. De la ideología anti-sindical del figuerismo, Alberto Martén, desarrolló una ideología reaccionaria nefasta para la clase obrera, el corporativismo solidarista, la cual parte de la conciliación entre las clases sociales (trabajadores y capitalistas) y la “paz social” en las empresas. El patrono concede a sus trabajadores un porcentaje a un fondo económico con el objetivo de a “ayudar” a los obreros en la solución de diversos problemas, a su vez, cada empleado también, de forma mensual, contribuye con un 5,33 por ciento de salario a dicho fondo. La mayoría de la clase obrera y de los trabajadores del sector privado está organizada en estos instrumentos de la patronal.

5. Los sectores burgueses, pequeño-burgueses y otros sectores sociales triunfantes del conflicto político-militar del año 48, se unificaron alrededor de posiciones ideológicas fuertemente anti-comunista, al grado tal que prohibieron, disolvieron y destruyeron toda la organización sindical que tenía vinculaciones con el Partido Vanguardia, así como que ilegalizaron a este partido político y prohibieron toda circulación de literatura marxista y revolucionaria. Esta ideología profundamente anti-comunista, a lo largo de los años, ha sido introducida e interiorizada por numerosos sectores de la población costarricense. Contra esta mentalidad y atraso de las masas costarricense, hay que trabajar contra-corriente, de ahí la necesidad de mantener una propaganda permanente de las posiciones políticas revolucionarias.


Por José René Tamariz

La maniobra divisionista contra el movimiento sindical

El artículo 5 del retocado y maquillado texto del proyecto de empleo público, expediente 19.506, de la diputada del PLN, Sandra Piszk, discutido en una subcomisión de la Asamblea Legislativa el día miércoles 26 de octubre, plantea que “Se exceptúa de la aplicación de esta ley… al personal docente del Ministerio de Educación Pública…”.

Esta supuesta “excepción” constituye una gran maniobra política de Sandra Pizsk-neoliberales-gobierno para dividir internamente al sector educativo, así como para desmovilizarlo en la lucha y, eventual, huelga en contra ese proyecto y también dividir al conjunto del movimiento sindical, intentando sacar de la pelea al masivo sector de los trabajadores de la educación. Dicha maniobra divide internamente al magisterio, ya que, en apariencia, solo excluye al “personal docente”, pero no excluye al sector administrativo y técnico-docente del sector educativo. Compañeras y compañeros docentes, no debemos caer en esta burda y tramposa maniobra divisionista del movimiento magisterial y sindical.

En realidad, la excepción del “personal docente” de ese macabro proyecto de empleo público es una falacia formal que pretende engañar a los ingenuos y tontos. Formalmente, se “exceptúa al personal docente”, pero en el fondo ese proyecto de ley termina englobando y afectando al “personal docente”, ya que el artículo 1 señala como objeto de la ley “Unificar las disposiciones que aplicarán a la creación, modificación y reconocimiento, de las remuneraciones en dinero adicionales al salario base otorgadas a los funcionarios permanentes y transitorios”. Por tanto, este artículo “unifica” todas las disposiciones referentes a las remuneraciones adicionales al salario base, englobando y abarcando al personal docente también. La trampa de la exclusión consiste en sacarnos de la lucha contra ese proyecto, ya que supuestamente no afectaría, por ahora, al personal docente. Sin embargo, posteriormente, de forma separada y aislada, nos impondrán y aplicarán la misma medicina.

Por otra parte, ese proyecto afectará los componentes de carrera profesional, anualidades y otras remuneraciones en dinero al salario base que actualmente devenga el personal docente. Veamos. En caso de aprobarse esa ley, se creará una nueva metodología con parámetros con “objetivos, metas y acciones concretas definidas en los planes y programas institucionales” para pagar las anualidades con la calificación de “muy bueno” y de “excelente”. De tal forma que, aunque en el papel se “exceptué” al personal docente, estos nuevos parámetros serán trasladados, de una u otra forma, a los docentes para su aplicación y pago de anualidades. Igual sucederá con carrera profesional, se crearán nuevos parámetros para su pago los cuales serán determinados por la Contraloría General de la República y, de una forma u otra, serán trasladados para su aplicación al personal docente.

Lo peligroso y grave de esta maniobra divisionista de Sandra Piszk-neoliberales-gobierno sería que algunas cúpulas sindicales, caigan y se plieguen a ella, negociando ese macabro proyecto, tratando de “arrancar” algunas “concesiones” para el sector administrativo de la educación y, entonces, deponer cualquier participación en procesos huelguísticos en contra de ese proyecto, dejando al resto del movimiento sindical solo en la pelea en contra de él para que sea derrotado.

Asimismo, esa maniobra de “excluir” al “personal docente” de ese proyecto es que, en caso de que este gran sector se lance a la huelga, la declaren “ilegal”, ya que argumentarían que este sector fue “excluido” y, por tanto, no lo afecta, y entonces no existen razones para participar en un eventual movimiento huelguístico.

¡Abajo las maniobras divisionistas de los neoliberales y el gobierno de Solís!

¡Todo el movimiento sindical a la huelga en contra del proyecto de empleo público 19.506!


Por José René Tamariz

El balance del gobierno de Solís, en su tercer año, con respecto a sus políticas sociales y económicas es perjudicial hacia los intereses, conquistas y derechos laborales de la clase trabajadora, en su conjunto, y, en particular, hacia los trabajadores del sector público. Este gobierno, inicialmente disfrazado de “progresista”, se ha quitado la careta y demostrado su verdadero rostro y naturaleza: ¡un gobierno profundamente reaccionario que ha venido, de forma sistemática, reduciendo los niveles de vida y de trabajo de miles de trabajadores!! Lo peor es que sus políticas en contra de los trabajadores las ha aplicado en complicidad con algunas dirigencias sindicales, así como con la pasividad y desmovilización de los trabajadores, impulsada y promovida por la mayoría de las cúpulas sindicales. Los hechos así lo demuestran. Veamos

La ofensiva reaccionaria-neoliberal del gobierno de Solís se ha concentrado en varios frentes: 1) Congelación de los salarios. 2) Imposición del salario único. 3) Congelación de plazas. 4) Denuncia de todas las convenciones colectivas que contengan supuestas “cláusulas abusivas” y eliminación y reducción de conquistas de las convenciones colectivas. 5) Despidos masivos, disfrazados, bajo el eufemismo, de “movilidad laboral”.

Debemos decirlo sin temor a equivocarnos. El gobierno reaccionario de Luis Guillermo Solís, ha superado con creces, en sus ataques a los trabajadores del sector público, a los diferentes gobiernos neoliberales del PUSC y PLN. Ningún gobierno de esos partidos patronales había llegado tan lejos en su despojo de los trabajadores. Analicemos en el orden anterior los ataques en contra de los trabajadores del gobierno de Solís.

El congelamiento de los salarios. En los últimos cuatro semestres, los miserables “reajustes salariales” del gobierno han sido, prácticamente, de congelación de los salarios. Estos han sido de 1,14%, 0,94%, 0,08% y 0,01%. Observe como cada "reajuste" es a la baja. El viceministro de la presidencia, Luis Paulino Mora, con desfachatez declara que “Las negociaciones de incremento salarial… han seguido el criterio de austeridad… acordes con la inflación…”. (La Nación, 4 de noviembre del 2015).

Imposición del salario único. En varias empresas del Estado, las administraciones colocadas en ellas por el gobierno de Solís, han impuesto la aplicación del salario único, tales son los casos del ICE y el Banco de Costa Rica (BCR).

La congelación de plazas en el gobierno. El poder Ejecutivo ha emitido directrices dirigida a los diferentes ministerios para que congelen o eliminen las plazas de todos los trabajadores que se pensionen, excepto en el Ministerio de Educación (MEP) y Seguridad Pública. El decreto ejecutivo que congela plazas señala que “De conformidad con los artículos 49 y 37 del Decreto N° 39613-H respectivamente, no se podrán crear plazas, ni nuevos incentivos y pluses salariales”. (La Nación, 23 de mayo del 2016). De esta forma, el trabajo y las funciones de las plazas que se eliminan se les recargan a los trabajadores activos.

Denuncia de todas las convenciones colectivas. El gobierno de Solís es el primer gobierno que ha denunciado todas las convenciones colectivas que, supuestamente, contienen cláusulas abusivas. En ese sentido, el viceministro de la presidencia ha señalado que “… Contrario a la práctica seguida hasta ahora, han sido denunciadas todas las convenciones colectivas que incorporan cláusulas abusivas, y tenemos logros palpables en este momento…”. (Ídem). En un comunicado reciente el gobierno de Solís señaló descaradamente que “Esta administración tiene resultados que envidiarían gobiernos pasados… se combaten excesos en convenciones colectivas…”. (La Nación, 23 de octubre del 2016). El gobierno pretende denunciar en total 26 convenciones colectivas, de las cuales ya denunció 12 y las demás las denunciará en cuanto venzan.

Recientemente el Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, refiriéndose a la negociación de la convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaró “… estar muy satisfecho con lo logrado en la convención colectiva, ya que es la primera vez, desde 1973, que se renegocia a la baja”. (La Nación, 7 de octubre del 2016). El burócrata sindical de Sintrajap, Leroy Perez, frente a la arremetida del gobierno contra la convención colectiva, sin la menor vergüenza, sostuvo que “… Los cambios no afectan duramente al empleado…”. (Ídem). La “lógica” retorcida de los burócratas sindicales la contradicen los hechos, ya que los beneficios laborales se reducirán cada año 9.4% afectando, tanto a los viejos como a los nuevos empleados.

Así como sucedió con JAPDEVA también pasó con la convención colectiva de RECOPE, A y A y otras empresas del Estado.

Los despidos masivos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y JAPDEVA. El ICE en el año 2012, tenía 16.757 trabajadores y después de varios despidos masivos, enmascarados bajo el eufemismo de “movilidad laboral voluntaria”, la planilla pasará a diciembre del 2016 a 13.968 empleados, reduciéndose en cuatro años en un 16.6%. Por su parte, en la CNFL se ha producido despidos masivos semejantes a los del ICE. En el primer plan de despidos en esta compañía se despidieron a 114 trabajadores, mientras que en el segundo plan se echaron a 111 empleados para un total de 225 despedidos en dos años.

Por otro lado, en JAPDEVA, con el funcionamiento en el año 2018 del nuevo mega puerto que será operado y administrado por la transnacional APM terminals, se avecinan despidos masivos en dicha empresa, ya de por si golpeada con las reducciones de sus beneficios laborales de la convención colectiva.

Como se puede observar, con base en las informaciones anteriores, el gobierno de Solís, ha venido golpeando de forma lenta y separada, pero sistemática, los niveles salariales, de trabajo y derechos laborales de diversos sectores de los trabajadores. De esa forma, se han reducido los salarios, han disminuidos muchos beneficios laborales y se han despedido a miles de trabajadores del sector público. Esa ofensiva patronal en contra de los trabajadores, el gobierno, la ha aplicado de forma separada en cada una de esas empresas. La colaboración y complicidad de las dirigencias sindicales ha sido decisiva para que el gobierno aplique, sin resistencia y lucha, esa política anti-obrera. El gobierno de Solís, ha golpeado sectores laborales con menos trabajadores, dejando de último para golpear a los sectores más numerosos como el sector de educación y salud.

Mientras el gobierno de Solís despoja de sus salarios, beneficios laborales, derechos laborales y el empleo a miles de trabajadores, los capitalistas, se llenan las manos, bolsillos y cuentas bancarias con millones de colones y dólares, ya sean mediante los negocios lícitos e ilícitos, llámese evasión y elusión fiscal, intermediación financiera, exoneraciones fiscales y otras formas de robo disfrazadas.

Así como el gobierno de Solís ha golpeado a los trabajadores de diversos sectores estatales, con la complicidad abierta y descarada de las cúpulas sindicales, nos podría pasar a los trabajadores de la educación y de salud, con la eventual discusión y aprobación en el plenario legislativo, por la vía rápida, del proyecto de empleo público 19.506. En caso de aprobarse dicho proyecto se congelarán, reducirán y eliminarían diferentes componentes salariales en el gobierno central.

El gobierno ha dividido al movimiento sindical, golpeando y derrotado, de forma separada a distintos sectores sindicales, dejando de último y aislado a los grandes sectores, educación y salud.

La política de pasividad y desmovilización de las bases aplicada por la dirigencia sindical mayoritaria del sindicato APSE en el sector de educación, nos podría conducir a una grave derrota histórica a los trabajadores de la educación. El planteamiento de lanzar la huelga indefinida contra ese proyecto de empleo público, así como de otros, hasta que la “dirigencia convoque” constituye una trampa peligrosa para los intereses de los trabajadores. El gobierno de Solís tiene amarrado un acuerdo con los partidos neoliberales de discutir y aprobar el proyecto de empleo público, expediente, 19.506 modificado y maquillado, a cambio de que se le apruebe el plan o planes de incrementar los impuestos. Es muy probable que el gobierno y los neoliberales estén contemplando el “mejor momento” para iniciar la discusión y aprobación del proyecto de empleo público. Esto podría ser a finales del mes de noviembre e inicio de diciembre, fecha en que el sector educativo estaría entrando en receso por la finalización del curso lectivo. Es evidente para todos que, en ese período, no habría ni capacidad de movilización masiva, mucho menos se tendría motivos o razones para presionar al gobierno y neoliberales para impedir la aprobación de ese nefasto proyecto de ley. Por tanto, llamamos a las bases sindicales de APSE a exigir la convocatoria inmediata a la huelga indefinida para imponer, antes de que entre a discusión y aprobación en plenario legislativo, el archivo definitivo del proyecto de empleo público, expediente 19.506, así como los demás proyectos de empleo público.

Hacemos responsables a la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE de una eventual aprobación, en primer debate, del proyecto de empleo público, por no querer lanzar la huelga indefinida cuando se puede frenar dicho proyecto.


Por José René Tamariz

Desde el miércoles 28 de setiembre “El Gobierno puso a consulta de las fracciones legislativas y de los bloques sindicales… un borrador de proyecto de ley para limitar los pluses salariales de todo el sector público”. Refiriéndose a la información anterior el diputado, fundador y dirigente del partido gobernante PAC, Ottón Solís, sostiene que existen “… excelentes acuerdos gobierno-Piszk sobre empleo público…”. Por otra parte, el Presidente del Congreso, Antonio Alvarez, declaró que existe “… el consenso bastante cerca, para armar el paquete 208 bis (artículo del Reglamento legislativo que permite el trámite rápido de los proyectos), para empleo público…”. Es decir, que hay acuerdo político muy avanzado entre el poder ejecutivo y los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa para iniciar la discusión y, eventual, aprobación del proyecto de empleo público de la diputada del PLN, Sandra Piszk, el cual ha sido revisado, retocado y maquillado para fines de aprobación.

Aunque existe mucha especulación e incertidumbre respecto de que si el gobierno y los partidos neoliberales tienen o no tienen los 38 votos necesarios para aplicar la vía rápida a dicho proyecto de empleo público y, cual es el momento en que podrían iniciar su discusión y aprobación, lo cierto es que ese proyecto es el candidato de mayor consenso en el seno de la Asamblea Legislativo para su trámite legislativo. De lo anterior, entonces se desprende la necesidad de que el movimiento sindical, en su conjunto, se unifique e inicie la lucha conjunta y colectiva para enterrar, de una vez por todas, ese proyecto y otros que son una amenaza contra los componentes salariales de los trabajadores del sector público. El presente documento constituye un análisis preliminar del nuevo texto de empleo público negociado y pactado entre el poder Ejecutivo y los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa. Analicemos, entonces, las modificaciones, cambios y normas draconianos introducidos al nuevo documento de empleo público.

Primero, es un proyecto totalizador de los componentes salariales. El artículo uno señala que dicha ley tiene por objeto “Unificar las disposiciones generales que aplicarán a la creación, modificación y reconocimiento, de las remuneraciones en dinero adicionales al salario base, otorgadas al funcionario permanente y transitorio, independiente de que hayan sido otorgadas mediante leyes laborales, convenciones colectivas o por cualquier norma vigente”. En otras palabras, esta ley abarcará todos los componentes salariales, sin excepción, diferentes del salario base. Además, incluye a los trabajadores propietarios e interinos.

Segundo, a diferencia del texto original, el nuevo documento tendrá su “ámbito institucional de aplicación” también para todas las empresas públicas del Estado (léase bancos estatales, ICE, INS y otras) aunque operen en régimen de competencia. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de ese proyecto esas empresas estatales, solamente “en lo relativo a dicha actividad”, es decir, en cuanto a la actividad comercial que realizan, ya sean los aspectos financieros, de telecomunicaciones, seguros y otros, pero no en lo relativo a las cuestiones salariales.

Tercero, a diferencia del proyecto original, el nuevo documento incluye a nuevos componentes salariales, tales como, carrera profesional, zonaje, regionalización o desarraigo. En cuanto a carrera profesional lo que se plantea es grave, ya que, entre los “factores ponderables para el reconocimiento del beneficio” se señala que el “El reconocimiento de Grados y Postgrados, deberá realizarse únicamente para aquellos que ostenta el funcionario y que son adicionales al grado o postgrado que le fue considerado para efectos del nombramiento en la clase de puesto que ostenta”. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que los puntos de carrera profesional, ya no se otorgarán para el titulo con el cual se obtenga la plaza, sino únicamente para los grados o postgrados adicionales que se adquieren posteriormente del nombramiento en el puesto que se ostenta. Léase y entiéndase las palabras de únicamente y adicionales. El énfasis es nuestro. O sea, con ese nuevo texto se va a producir un grave retroceso y pérdida de dinero.

Cuarto, respecto a la anualidad solamente se pagará con la calificación de “muy bueno” o “excelente”, eliminándose el pago para la calificación de “bueno”. El pago máximo de anualidad será de 2,56% sobre el salario base, lo cual significa que en muchas instituciones a los trabajadores se les reducirá el monto desde el 6%, 5,5% y otros montos hasta el 2.56%. Por otro lado, ese documento introduce una aparente mejoría del pago de las anualidades para los trabajadores del gobierno central, incluidos los educadores, ya que plantea que “El porcentaje a otorgar por concepto en este componente será de 1.94% al salario base para el funcionario que hay obtenido en la evaluación del desempeño la calificación de “Muy Bueno” y será de 2.56% al salario base al funcionario que haya obtenido en la evaluación de desempeño como calificación de “Excelente”. Sin embargo, esto solo es en apariencia, puesto que en el párrafo anterior se señala que la anualidad obtenida se otorgará conforme a “su equivalente numérico según la escala definida por las instituciones contempladas en el artículo 2 de la presente ley..”. En otras palabras, dicho pago queda sujeta a la escala, la cual el servicio civil, indica claramente que se paga el monto del 2.56% del salario base a los trabajadores de menor ingreso o no profesionales de la escala salarial, mientras que a los profesionales se les paga el 1.94%. La anualidad no es derecho adquirido, según el texto.

Quinto, el contrato de dedicación exclusiva “no podrá exceder de cinco años”. Pasados esos cinco años, la administración podrá prescindir de la dedicación exclusiva, lo cual significaría que el empleado perdería entre un 20% y 55% de su salario. Por otra parte, una nueva formulación del nuevo documento es más dañina al plantear que a los bachilleres se les otorgará “hasta” un 20% y a los licenciados o superior “hasta” un 55% del salario base, es decir, que los montos podrían variar, ya sea desde un 5%, 10%, 15% para bachilleres o desde un 25% hasta un 55% para licenciados.

De otro lado, un aspecto gravísimo es que este nuevo texto señala “Para que el otorgamiento de la dedicación exclusiva resulte procedente, el funcionario debe estar en posibilidad de beneficiarse por el ejercicio liberal de la profesión, para lo cual deberá presentar certificación del respectivo colegio profesional que así lo demuestre”. El énfasis es nuestro. Lo anterior quiere decir, por ejemplo, en el caso de educación si el colegio correspondiente de una profesión “certifica” que el trabajador no tiene posibilidad de beneficiarse por el ejercicio liberal de la profesión, no tendrá acceso a los contratos de dedicación exclusiva, perdiendo ese componente salarial. Esto le podría pasar, en educación, a los orientadores, bibliotecarios y otros puestos, así como a miles de empleados públicos del gobierno central e instituciones descentralizadas. La dedicación exclusiva no es un derecho adquirido, según el texto.

Sexto, el auxilio de cesantía se reduciría, en muchas instituciones descentralizadas, desde 25 años, 20 años, 15 años hasta un mínimo de 8 años. De otro lado, de aprobarse dicho proyecto los trabajadores de la educación o de cualquier otro sector no podrían luchar por mejorar o incrementar los años de cesantía porque estaría prohibido por ley. Esto constituye una violación flagrante a la negociación y al derecho colectivo, mediante las convenciones colectivas.

Séptimo, en cuanto a las negociaciones y vigencia de las convenciones colectivas, este nuevo texto, igual que el anterior, constituye un atropello y, prácticamente, la eliminación del derecho colectivo. Las reformas que introduce al Código del Trabajo en su artículo 64, pone límite de doce meses al proceso de negociación de las convenciones colectivas. Si dicha negociación excede ese plazo, las convenciones colectivas cesarán sus efectos, teniéndose que iniciar de cero la nueva convención colectiva, es decir, ¡se perderían todos los derechos y conquistas obtenidas por las convenciones colectivas!!

Octavo, respecto a la disponibilidad que existe en el sector salud y otros sectores el monto de pago se disminuye hasta un 35%. En otras palabras, ese componente podría ser desde un 5%, 10 %, 15% y hasta un 35%. Po otra parte, se señala que “El porcentaje del personal que gozará de esta remuneración será definido por cada institución, conforme a su naturaleza y a estudios técnicos que lo respalden". Entonces, la cantidad de trabajadores que recibirían ese beneficio quedaría sujeto a lo que disponga la administración. La disponibilidad no es un derecho adquirido, según el texto.

Noveno, todos los montos y parámetros para obtener y recibir las remuneraciones adicionales, en cuanto a carrera profesional, quedarán a cargo de la Contraloría General de la República, no ya del servicio civil. El pago de anualidades quedará sujeto a “los objetivos, metas y acciones concretas definidas en los planes y programas institucionales”, ya no dependerán del desempeño individual a como se cancela actualmente. En otras palabras, esto se realizará con el objetivo de fondo para no pagarla. Así sucesivamente, se regirán los pagos de todos los componentes que, además se verían reducidos, congelados y, eventualmente, eliminados.

De último, emplazamos a los diferentes bloques sindicales y dirigencias sindicales a lanzar la huelga indefinida para exigirle al gobierno y Asamblea Legislativa, el archivo definitivo de ese nuevo texto de empleo público, así como todos los otros proyectos que hacen fila en la corriente legislativa.


Por José René Tamariz

El día sábado 6 de agosto, en sesión de Consejo Nacional del sindicato APSE, compareció la diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Patricia Mora, para explicar su posición sobre el proyecto de empleo público, expediente 19.506, de la diputada del PLN, Sandra Pisk y las acusaciones de “traición” que sobre ella circulaban, en ese momento, en las redes sociales, alrededor de ese tema.

Según la diputada Mora, todas sus intervenciones sobre ese tema están documentadas en el seno de la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Legislativa, instancia que discute dicho proyecto de ley en contra de los trabajadores del sector público. La diputada Mora planteo que el FA no votará nada que atente contra los empleados públicos. Señaló que en el Congreso se encuentra seis iniciativas de leyes sobre el tema de empleo público y que el proyecto-combo 19.923 de empleo público de la alianza neoliberal está enterrado. En otra parte de su intervención la diputada Mora sostuvo que el proyecto de Sandra Pisk, tiene situaciones “atendibles y razonables”, además de “equidad, razonabilidad, eficiencia y eficacia”. Que frente a las acusaciones que se le hacían, ella no iba a abandonar la mesa de negociaciones, ya que la izquierda del FA tiene un “talante negociador”.

Entre otros asuntos, planteo que la economía no aguanta algunos casos como el de 5,5% de anualidades de la UCR; que no se reconocen las condiciones laborales en el campo; que existen dos Costa Rica. Al final, terminó planteando y solicitando el apoyo para el proyecto del FA 19.883 que plantea un tope para los salarios de los jerarcas del sector público, el cual coincide con el proyecto del PUSC denominado “Límites a las remuneraciones totales en la función pública”. Al respecto, ¡señaló que había que temer a las coincidencias con el PUSC!!

Al final, cuando cuestioné a la diputada Mora sobre el proyecto 19.506 en cuanto a los componentes salariales (pluses) que pretende congelar, reducir y eliminar no logró dar respuestas a los cuestionamientos. Los dio a medias. En ese sentido, la diputada Mora queda en deuda. Solo señaló que el tema de las convenciones colectivas se había quitado, pero no logró explicar su posición sobre los demás componentes que se plantean más abajo. A mi juicio, la diputada Mora llegó al Consejo Nacional de la APSE con tres objetivos: 1) a tratar de limpiar su imagen muy golpeada en las redes sociales, por su aparente apoyo al proyecto de empleo público, expediente 19.506 de Sandra Pisk. 2) Vender y buscar apoyo, entre los sindicatos, del proyecto del FA, expediente 19.883. 3) Buscar el apoyo al proyecto del salario mínimo vital y al proyecto para fortalecer la inspección laboral.

CESANTIA. Reduce y limita a 8 años el derecho a la cesantía. Es decir, a todas aquellas empresas estatales, instituciones, universidades y municipalidades que tienen más de 8 años de cesantía, se les reduciría su cesantía a esa cantidad de años. Esas instituciones son las siguientes: CCSS (pasaría de 20 años a 8 de cesantía, perdería 12 años), RECOPE (24 años, perdería 16 años), INS (20 años, perdería 12 años), CNP (25 años, perdería 17 años), CNFL (20 años, perdería 12 años), INA (12 años, perdería 4 años), JAPDEVA (20 años, perdería 12 años), JPS (20 años, perdería 12 años), bancos estatales (20 años, perderían 12 años), banco popular (todos los años, perderían unos 22 o más años) universidades públicas (entre 15 a 18 años, perderían entre 4 y 10 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años, perderían desde 4 años hasta más de 22 años). Por otro lado, de aprobarse este proyecto de Sandra Pisk, los trabajadores de la educación no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de los años de cesantía, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA. La reduce y elimina a algunos puestos, ya que “se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución, según criterio de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República”. Además, se reducirían del 55% al 50%, en el caso de los licenciados y es un contrato que tendrá vigencia de un año, “por lo cual al finalizar el plazo de contrato en el que se pacte no existirá obligación de renovarlo”. Es muy probable que solamente a las jefaturas se les brinde la posibilidad de tener ese tipo de contrato de dedicación exclusiva, lo cual, en el caso concreto de educación, la podrían perder los bibliotecarios, los orientadores y otros puestos.

RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD. Lo reduce hasta un 57%. Existe en diversas instituciones y empresas estatales y que oscila desde un 5% hasta un 50%. Esta se reduciría al 15% máximo. Por ejemplo, los médicos especialistas de la CCSS, ganan de lunes a viernes un 29% de su salario base y los sábados y domingo un 35%, serían reducidos a un 15% de su salario base, perdiendo entre un 15% y 20% de su salario base, solamente en disponibilidad. Además, solo se otorgará a un 20% del total de los funcionarios de las instituciones. Esto, más otras reducciones de pluses salariales, significaría una reducción drástica de un 40% de los sueldos a los médicos.

LAS ANUALIDADES, probablemente se eliminen ya que, convertidas en “incentivo por excelencia en el desempeño”, se otorgarán si se cumplen con “las metas e indicadores cuantitativos institucionales generales distribuidos por áreas de organización interna según corresponda y deberán estar asociados a los respectivos planes institucionales, los cuales, a su vez, deben estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”. Este es un nuevo criterio, es decir, que si no se cumplen esas “metas e indicadores cuantitativos institucionales” no habrá “incentivo por excelencia” para nadie de determinada institución. Con este nefasto proyecto, dicho “incentivo” se dará solamente al empleado que obtenga la calificación de excelente. Esta es otra modificación. Otro nuevo requisito para su otorgamiento sería que su pago, quedaría sujeto a “la disponibilidad de los créditos presupuestarios”. En otras palabras, si la institución o el Estado plantean que no existe presupuesto para tal fin, entonces no se pagará. Por otra parte, ese incentivo se reduce al 2,54% en todas aquellas instituciones, universidades y municipalidades que tienen un monto mayor. Actualmente, las anualidades oscilan desde un 15% del salario base en algunas municipalidades, entre un 4% y 5,5% en universidades públicas, hasta un 1, 94% en el gobierno central. Por otro parte, de aprobarse este proyecto de Sandra Pisk, los trabajadores de la educación no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de las anualidades mayor al 1,94%, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva.

SOBRE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. Con este macabro proyecto se profundizan los ataques contra las conquistas y derechos laborales contemplados en las convenciones colectivas, así como una disminución extrema de las posibilidades de negociación de estos instrumentos de los derechos colectivos de los trabajadores. Todas las convenciones colectivas serán denunciadas, tal como se está haciendo actualmente, por los jerarcas de las instituciones estatales, para eliminar los supuestos artículos “abusivos”. Además, cuando se tengan que negociar una convención colectiva, el plazo de negociación no podrá exceder más de nueve meses como sucede actualmente. Si ese plazo es superado “sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso se negociación”. Es decir, los derechos, conquistas y otros beneficios desaparecerán, hasta tanto no se negocie una nueva convención colectiva. Esto constituye una violación flagrante a los derechos colectivos y de los convenios internacionales de la OIT.

Además, de todas las reducciones y eliminación de los pluses salariales anteriores, este macabro proyecto elimina el pago salarial bisemanal y los reajustes salariales, los sustituye por incrementos anuales, lo cual significarían disminuciones salariales importantes para los trabajadores del sector público.

De último, emplazó públicamente a la diputada y presidenta del FA Patricia Mora y a la fracción del partido Frente Amplio (FA) a que si están en contra o a favor del proyecto de empleo público de Sandra Pisk, del PLN. Por mi parte, repudio y rechazo cualquier negociación de los componentes salariales que se realicen a espaldas y sin consentimiento de los trabajadores del sector público, mucho menos el proyecto siniestro de Sandra Pisk y del PLN. Considero que ese proyecto no se puede consensuar ni se debe negociar, sino que debe ser derrotado en las calles, mediante la movilización y huelga. ¡No hay otro camino!!

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