El grupo honestidad tiene 18 años de controlar el sindicato APSE. Ese grupo que, en sus inicios, jugó un rol progresivo en la lucha contra el corrupto burócrata sindical Mario Mondol, que manejaba como una finca a APSE, después de muchos años de dominio del aparato sindical de APSE, se ha transformado en un grupo de burócratas sindicales, arribistas y trepadores que, lejos de luchar por los derechos, intereses y necesidades de sus afiliados, se interesan por rotar y escalar puestos, ya sea dentro de las estructuras del sindicato o bien en las instituciones del magisterio nacional como la Caja de Ande, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), la Sociedad de Seguros, la operadora de pensiones Vida Plena y la empresa de servicios múltiples.

El grupo honestidad ha convertido al sindicato APSE en un aparato burocrático sindical que ya no lucha, sino que busca solamente el diálogo, las negociaciones y componendas con los jerarcas del MEP y del gobierno de turno. Por tanto, este grupo se ha acomodado administrando el aparato millonario que representa el sindicato APSE que cuenta actualmente con unos 37 mil afiliados. En síntesis, debido al carácter burocrático de la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE, encabezada por el grupo honestidad, nuestro sindicato mantiene una política de conciliación y colaboración con las autoridades del MEP y del gobierno de Solís en detrimento de sus amplias bases sindicales. A continuación, enumeramos los desaciertos, graves errores políticos y el proceso de descomposición realizados por la dirigencia mayoritaria del sindicato APSE, encabezada por el grupo honestidad. Explicamos las razones por las cuales es necesario y urgente, en las próximas elecciones nacionales de junta directiva de APSE que se realizarán el 20 de julio, desalojar de las estructuras sindicales a los burócratas sindicales del grupo honestidad.

1. Rebajos de los salarios a los afiliados por participar en la “concentración” del 1 de setiembre del 2015. Por un grave error político, la directiva nacional del sindicato APSE, convocó a toda su afiliación a participar en una “concentración”, en vez de llamar a huelga, frente a la Asamblea Legislativa el 1 de setiembre del año 2015 en contra del proyecto de educación dual. Un pronunciamiento reciente de la Procuraduría General de la República (PGR), nos ha dado la razón, entre otros argumentos, cuando señala que esa convocatoria fue, por parte de la directiva, el llamado a una “concentración” y no a una huelga y, por ende, el rebajo de los salarios procede por ese grave error cometido por el grupo honestidad. La tendencia Cambiemos planteo, en aquel momento, que se debía convocar a huelga para que no procediera ningún rebajo.
2. ¿Por qué el sindicato APSE quedó fuera de la firma de la segunda convención colectiva del magisterio nacional? El día 31 de mayo, de forma subrepticia, los sindicatos SEC-ANDE firman con el gobierno de Solís la segunda convención colectiva, dejando afuera al sindicato APSE. El gobierno de Solís, como una forma de represalia contra el sindicato APSE por haber convocado a la huelga del 29 de junio, decide dejar fuera de la firma de la segunda convención colectiva al sindicato APSE. Esa jugada del gobierno contó con el apoyo tácito de las dirigencias del SEC y ANDE.

Sin embargo, en última instancia, fue responsabilidad de la dirigencia de la APSE, encabezada por Ricardo Molina y Hugo Marín, presidente y secretario general respectivamente, el haber quedado afuera de la segunda convención colectiva. En primer lugar, la dirigencia de APSE, como maniobra política, lanzó la huelga del 29 de junio, para recomponer la debilitada posición en que quedó con la paliza que le propinaron las bases en la asamblea de presidentes de bases del 22 de abril, en donde se le impuso la participación en la huelga del 26 y 27 de abril. En la convocatoria de huelga para el 29 de junio, la dirigencia de APSE, se equivocó, ya que no comprendió la coyuntura en que se encontraba el proceso de negociación de la convención colectiva. Lo correcto era, primero, haber firmado la convención colectiva el 31 de mayo y, posteriormente, haber convocado a la huelga del 29 de junio. Entonces, como conclusión, el sindicato APSE quedó fuera de la firma de la segunda convención colectiva, principalmente, por una incomprensión de la coyuntura inmediata del proceso de negociación de dicho instrumento laboral, así por compromisos políticos firmados con el gobierno para no convocar a movimientos huelguísticos, después de finalizada la huelga del 26 y 27 de abril.

3. La Huelga del 26 y 27 de abril del 2016. En la asamblea nacional de presidentes de bases del día viernes 22 de abril, las bases, votaron por abrumadora mayoría participar de forma activa en la huelga de los días 26 y 27 de abril convocada por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO). En esta asamblea se enfrentaron dos posiciones políticas-sindicales: la del grupo honestidad que proponían participar solamente un día de huelga y, el sector mayoritario de las bases sindicales, que, encabezadas por la tendencia sindical Cambiemos, propusimos participar de forma activa los dos días de huelga, el 26 y 27 de abril. La primera posición política-sindical obtuvo solamente 88 votos, mientras que la segunda posición logró una votación, abrumadoramente mayoritaria, de más de 700 votos.

La discusión y la política del miedo sobre los rebajos salariales y los eventuales despidos que esgrimía el sector mayoritario de la directiva nacional de la APSE, para no participar en la huelga del 26 y 27 de abril, fue resuelta en la práctica por las bases de los sectores de la educación y salud. Al final, el asunto de las represalias es un problema de tipo político, no solo legal, si la correlación de fuerzas entre las clases que luchan contra el gobierno y los neoliberales es favorable, por su masiva participación, fuerza y fortaleza del movimiento, lo cual impide cualquier represalia. El gobierno de Solís no pudo realizar ningún rebajo salarial ni despidió a ningún trabajador como habían pronosticado los agoreros de la directiva nacional de APSE. La participación en esa huelga fue masiva, no solo de los trabajadores del sector de la educación sino también del sector salud y otros sectores sociales.

4. ¿Qué ha hecho la directiva nacional de APSE para enfrentar esa política de congelamiento salarial? La respuesta es nada. Los miserables “reajustes salariales” decretados por el gobierno de Solís en el año 2016 fueron de 0.08% y 0,01% para un total de 0,09%, es decir, 90 colones anuales!! El sector mayoritario de la directiva de APSE no pasó de hacer algún pronunciamiento en contra de los burlescos “reajustes” salariales y una raquítica “concentración”, principalmente, de funcionarios de la oficina de APSE enfrente del Ministerio del Trabajo.

Por otra parte, la actual directiva contrató los servicios del consultor Ricardo Vindas, al cual le pagaron millones de colones por hacer una simple propuesta salarial que, al final, el ministerio del Trabajo rechazó y el montón de dinero pagados al consultor no sirvió para nada. Puro derroche de dinero de los afiliados. En síntesis, ninguna acción de peso o huelga y derroche de dinero que lograra revertir esa nefasta política de congelación salarial del gobierno, la cual lleva dos años consecutivos y, en el año 2017, ha continuado con esa política de congelamiento salarial.

5. Sobre los Rebajos Salariales de la Huelga del 29 de junio. Frente a los rebajos salariales que hizo el MEP a los trabajadores de la educación por su participación en la huelga del 29 de junio, la política de la mayoría de la directiva de APSE para enfrentarlos fue limitada y equivocada. La “lucha” contra esos rebajos salariales limitó a realizar recursos de revocatoria, lo cual no es incorrecto en sí mismo, sino que es una política insuficiente y limitada. Se debió combinar la movilización con las acciones legales, pero teniendo claro que lo principal y determinante es la presión, vía acciones en las calles, para detener la política de rebajos salariales del gobierno. Los recursos de revocatoria son un medio auxiliar, apéndice, de la movilización, no al revés.
6. Sobre el Proyecto de Educación Dual. En relación a este supuesto “modelo de educación”, el MEP y el gobierno de Solís, está imponiendo en los hechos la educación dual en los colegios técnicos. Plantear de forma ingenua, como lo hace la mayoría de la directiva de APSE, de que se trata solamente de un “plan piloto” es hacerle el juego al MEP-Gobierno. Todos los educadores sabemos que después de la aplicación de los “planes pilotos” viene, por consecuencia, la implantación de los programas o políticas educativas, independientemente de la aprobación del proyecto de educación dual número 19.019.

Este es otro grave error de la mayoría de la directiva nacional debido a una incomprensión de la situación nacional y de las triquiñuelas del gobierno. Desde que vino la ministra de educación de Alemania a Costa Rica, las autoridades del MEP y del gobierno realizaron un acuerdo entre gobiernos para implementar la educación dual en Costa Rica. Entonces, el MEP-Gobierno al lanzar la implementación en el año 2017 del “plan piloto” de educación dual en cuatro colegios técnicos, está cumpliendo ese compromiso adquirido con el gobierno de Alemania.

7. La oposición del sector mayoritario de la directiva de APSE para no participar en la huelga convocada para el mes de febrero del año 2017. Ricardo Molina, presidente del sindicato APSE y representante de la mayoría de la directiva nacional, mediante varios videos que circularon por las redes sociales se dio a la tarea de “explicar” los “argumentos” por los cuales el sindicato APSE NO estaba convocando a la huelga indefinida para el mes de febrero contra el proyecto de empleo público. Al final, es importante señalar que debido a que todos los sindicatos, excepto APSE, convocaron en su momento a esa huelga, la cual no se produjo, para inicio del curso lectivo, el gobierno de Solís se vio obligado a retirar el proyecto de la corriente legislativa. Esto constituyó una victoria parcial del movimiento sindical, triunfo del cual no fue partícipe el sindicato APSE por la política de desmovilización de la dirigencia mayoritaria que el grupo honestidad impulsa al interior de la organización.
8. La fusión del grupo honestidad con los promotores del sindicato APSE. El grupo honestidad, encabezado por Beatriz Ferreto, la cual se ha hecho nombrar, sin cumplir todos los requisitos, en el puesto de “jefa de los promotores”, ha reclutado a las filas del grupo honestidad a todos los promotores del sindicato APSE, politizando la función de esos empleados pagados con las cotizaciones de todos los afiliados. Los promotores, debido a que son empleados pagados por el sindicato APSE, no deben participar en política partidaria, aunque sean pensionados afiliados al sindicato. La beligerancia política de estos empleados pagados por el sindicato a favor del grupo en el poder, honestidad, conduce a una utilización indebida, corrupta, del aparato sindical y de los fondos económicos-financieros de la organización a favor de un grupo sindical y en detrimento de las demás tendencias sindicales. Por otro lado, es importante destacar que los promotores en realidad su función se reduce a ser mensajeros.

De último, es necesario denunciar que algunos promotores, miembros del grupo honestidad, reciben mensualmente por concepto de salarios, viáticos y kilometraje miles de colones. Por ejemplos, hay promotores que trabajan tres cuartos de tiempo (3/4) y ganan mensualmente un salario de 794,750 colones, y, hasta un máximo de 378,105 colones de viáticos y el más grande kilometraje de 838,685 colones, para un total de 2,011,540 colones mensuales. Otros que trabajan a tiempo completo devengan mensualmente por concepto de salarios 1,059,700 colones, por concepto de viáticos hasta 669,000 colones y un máximo, dependiendo del mes, de 773,657 colones por kilometraje, para un total de 2,502,357 colones. Así como el caso de los promotores, existen un conjunto de hechos en donde se despilfarra y derrocha los dineros de los afiliados, para comprar conciencias y lealtad al grupo honestidad, además del clientelismo que existe a diestra y siniestra.

9. ¿Qué ha hecho la mayoría de la directiva nacional de APSE, dirigida por el grupo honestidad, para luchar contra la precarización y la sobrecarga laboral? La respuesta es absolutamente nada. Desde hace más de 10 años no se ha realizado nada contra la precarización e inestabilidad laboral que comenzó con más lecciones y menos pago real; la permanente situación interina de miles de compañeros; nombramientos en propiedad de 3, 5 o 6 lecciones que no alcanzan para comer; picadillos de lecciones que obligan a los docentes a trabajar en varias instituciones educativas que enferman y han llevado hasta la muerte a varios compañeros. Asimismo, aparejado a lo anterior, se ha producido una gran sobrecarga laboral, tales como un papeleo gigantesco que estresa y enferma; cumplimiento de funciones extracurriculares como las actividades de diversos comités institucionales; realización de ferias científicas y festivales de artes que no cuentan con recursos ni condiciones; gran cantidad de adecuaciones curriculares, sean no significativas y significativas, de las cuales hay que llenar una gran cantidad de papeles que estresan; trabajos de “abogados” por parte de los profesores guías con los debidos procesos por boletas de conducta.
10. Las directivas nacionales, dirigidas por el grupo honestidad, nunca resolvieron diversos problemas específicos que enfrentan los compañeros oficinistas, guardas y conserjes, tales como vacaciones para secretarias, problemas de seguridad para guardas, salud ocupacional para conserjes.
11. En las modalidades de educación nocturna, Ipec, Cindea y educación abierta existe una sobrecarga laboral mayor que en la educación diurna, ya que no cuentan con lecciones guías ni orientadores y cuentan con una población, muchas veces, más compleja y vulnerable.
12. Las directivas nacionales, encabezadas por el grupo honestidad, renunciaron a toda lucha por las lecciones de planeamiento y cuando lo intentaron fue un fracaso y el derroche de dinero, pagando una millonaria asesoría al consultor Ricardo Vindas que no han servido para nada.

TENDENCIA SINDICAL CAMBIEMOS, APSE

23 DE ABRIL DEL 2017

Por José René Tamariz

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su estudio intitulado “El enfoque de brechas estructurales. Análisis del caso de Costa Rica” identifica seis brechas estructurales en el país, a saber: la brecha de pobreza y desigualdad; la brecha de educación; la brecha de género; la brecha de productividad e innovación; la brecha de infraestructura y la brecha fiscal. En este artículo no abordamos todos esos problemas estructurales del capitalismo costarricense, llamados por la CEPAL “brechas estructurales”. En realidad, desde nuestro punto de vista, algunos problemas que fueron en algún momento coyunturales se han convertido en problemas o desajustes estructurales del sistema económico capitalista costarricense, tales son los casos de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el déficit fiscal. Estos problemas, no tienen solución inmediata o de mediano plazo sino no es mediante cambios importantes en la acumulación de capital o bien mediante la derrota histórica del movimiento de masas, imponiéndoles planes de ajustes que hagan recaer sobre sus condiciones de vida la solución, por ejemplo, del déficit fiscal y profundizando, aún más, la explotación de la mano de obra, mediante, la baja de los salarios y la flexibilización laboral.

La CEPAL en sus conclusiones sobre la “brecha de la pobreza y desigualdad” sostiene que “El estancamiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad económica están provocando la fragmentación de la sociedad costarricense, una de cuyas manifestaciones es la pérdida de la educación como agente de movilización social…”. (CEPAL, 2016: 92). Efectivamente, mientras la pobreza se estanca de forma permanente en más del 20%, el desempleo aumenta pasando del 4,6% en el año 2007 al 9,7% en el año 2017, es decir, un incremento del 106% y la desigualdad también se incrementa, una ínfima minoría de super ricos suben de forma galopante sus capitales. Respecto a ese enriquecimiento, la CEPAL señala que “… se han realizado estudios en los que se ha señalado que Costa Rica pasó de tener 85 personas que concentran un capital de más de 30 millones de dólares en 2012 a 100 en 2015. En conjunto, esas personas acumulan una riqueza que representa un tercio del PIB. El determinante limitante del mercado laboral precario en la pobreza extrema también es limitante en la dimensión de la desigualdad del ingreso…”. (Ídem). Es decir, que 100 multimillonarios controlan el 33,3% de la riqueza del país, medido por el producto interno bruto (PIB). Lo que un puñado de super ricos se apropia del capital, una gran mayoría pierde de diferentes formas. Aquí se encuentra el nudo gordiano de los problemas estructurales en Costa Rica.

La super riqueza de poquísimos super ricos es la pobreza y miseria de miles de trabajadores y de grandes sectores populares en Costa Rica. El “modelo económico” del capitalismo surgido en los inicios de los años 80 ha conducido a la profundización de esta problemática, a pesar, de que muchos neoliberales pretendan ocultar. Analicemos en donde se encuentran las causas y razones por las cuales ese “modelo económico” ha conducido a semejante situación. En Costa Rica, existe actualmente una dualidad económica: la economía se encuentra partida en dos sectores, denominados por los técnicos del Programa Estado de la Nación como la “vieja” y “nueva” economía.

Según Velia Govaere Vicarioli, catedrática de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), “En los últimos 30 años, la política pública se ha concentrado más en atraer IED que en transformar el aparato productivo nacional. El alto desempeño de las exportaciones costarricenses, generadas sobre todo por la IED, no tienen relación con la productividad media de las empresas nacionales. La industria nacional no ha cambiado significativamente ni pautas de comercio ni de producción. Las empresas nacionales participan minoritariamente en el crecimiento sostenido de las exportaciones y han tenido poca evolución en innovación, diversificación, sofisticación, productividad y competitividad internacional”. (La Nación, 23 de junio del 2015).

Por otro lado, según la CEPAL “… Cerca de un 97% del parque empresarial costarricense está conformado por pymes, de los cuales la región Central concentraba en 2015 la mayor cantidad (un 74% del total de pymes del país), mientras que ninguna de las otras regiones concentraba más del 7%...”. (Ídem). En realidad, la economía de Costa Rica está conformada por una red mayoritaria de pequeñas y medianas empresas que, si bien, genera la mayor parte del empleo nacional, tienen poca participación en los sectores más dinámicos de la economía y mantienen un rezago muy grande e importante en los niveles de productividad y otros determinantes económicos. Solamente “… El 2% de las empresas contribuye a más del 70% de las exportaciones y el 73% exporta menos del 1%”. (La Nación, 3 de enero del 2014). Por otro lado, el sector más concentrador de la producción nacional para las exportaciones, en manos de empresas transnacionales, contribuyen muy poco en generar empleo, apenas el 2,7% de la población económicamente activa (PEA), así como contribuye muy poco con los ingresos fiscales, dado que mantienen inmensas exoneraciones fiscales y otros privilegios de los cuales no goza la decrepita industria nacional. Estas graves disparidades, desigualdades y asimetrías entre los dos sectores de la economía, condujo inevitablemente a las grandes desigualdades sociales y económicas y fragmentación en la sociedad costarricense.

Producto de ese proceso continuo de desigualdad y concentración de la riqueza en los últimos 30 años de funcionamiento del modelo de promoción de las exportaciones y apertura comercial (PEAC), las masas intentaron, por la vía electoral, mejorar y cambiar su decadente situación socio-económica, votando por el Partido Acción Ciudadana (PAC) que vendía la propuesta de un cambio en caso de acceder a la presidencia y al control del aparato del Estado. Sin embargo, después de tres años de gobierno del PAC, se ha demostrado la incapacidad de los sectores pequeñoburgueses educados de poder introducir o hacer cambios importantes, tanto a nivel de la estructura económica como de la superestructura política, ya sea institucional como estatal. Al final, los gobernantes del PAC han reducido su gestión gubernamental a administrar la crisis del aparato del Estado, así como terminar algunas obras iniciadas, como el puente de la platina, por los gobiernos anteriores. A pesar de que el gobierno de Solís ha mejorado, en los últimos días, su imagen, eso no modifica de forma sustancial la intrascendencia de su gestión en el control del aparato del Estado. En realidad, el gobierno no tiene ninguna obra social y económica de importancia y de impacto en la sociedad costarricense que contenga la marca PAC. De último, es de gran importancia señalar que las burocracias sindicales, ya sea de los diferentes bloques sindicales, así como de sindicatos contribuyeron a que el gobierno del PAC haya sido el gobierno que menos protesta social, huelgas y movilizaciones, tenga en su periodo de gestión gubernamental. Esta es la única marca PAC, pero debido al apoyo de las burocracias sindicales, las cuales han creído en el supuesto “progresismo” de ese gobierno.

A falta de una verdadera opción de izquierda, las amplias masas que habían girado, electoralmente, hacia una opción de centro con el PAC, nuevamente tienden a girar hacia la derecha con la posibilidad real de llevar al poder al partido liberación nacional (PLN). La reciente convención nacional realizada por el PLN con su gran derroche de millones de colones y despliegue propagandístico que le dieron los medios de comunicación del capital, refleja las intenciones de un gran sector del capital nacional y transnacional para que este partido regrese a ser gobierno y se haga con el control del aparato del Estado. En especial, amplios sectores burgueses (Luis Liberman, Francis Durman, Marco Vinicio Ruiz y otros) invirtieron varios millones de colones en la campaña de Antonio Álvarez Desanti.

Por otra parte, el PAC no tiene probabilidad de ganar unas nuevas elecciones porque no han cumplido con sus promesas del cambio. El Frente Amplio (FA), en su labor legislativa y práctica, ha aparecido muy ligado a las políticas del gobierno del PAC, cargando como lo ha dicho muy bien su presidenta, Patricia Mora, con las “pulgas” del gobierno. Consideramos, más bien que en perspectiva el FA tiende a disminuir su caudal electoral y, por ende, a perder varias diputaciones. El PUSC es posible que mejore sus condiciones y pueda tener una mejor votación. Todo lo anterior, obviamente, es una previsión sujeta a que no haya condiciones y situaciones espectaculares que modifiquen las actuales condiciones.

Por José Rene Tamariz

En Costa Rica existen un conjunto de problemas estructurales que, año con año, no sólo se mantienen sino que crecen continuamente, entre ellos, podemos mencionar la pobreza y desigualdad, el déficit fiscal y otros. Muchos de esos problemas son analizados por la CEPAL en el estudio realizado y denominado “El enfoque de las brechas estructurales: el caso del Costa Rica”. En el presente artículo solamente nos vamos a referir a dos serios problemas estructurales, el desempleo masivo y el déficit fiscal, que afectan, principalmente, a los trabajadores y sectores populares.

El problema estructural del desempleo. Actualmente el desempleo en Costa Rica es del 9,7% lo cual en números absolutos representan a más de 200 mil personas. Si a lo anterior le agregamos el “desempleo ampliado”, esa tasa de desempleo aumenta aún más. Este término se refiere a las personas que dejaron de buscar trabajo porque se cansaron de buscarlo y no lo consiguieron. Por otro lado, si al desempleo “abierto” y “ampliado” le agregamos el subempleo que ronda el 13,5%, dato del año 2015, y el sector informal de trabajadores que ronda el 45%, hay más de un millón de personas con graves problemas de ingresos producto del desempleo, el subempleo y la informalidad.

El problema se vuelve más grave cuando se identifican los sectores sociales que sufren el flagelo social del desempleo. Según el estudio de la CEPAL el “… El 57,7% de las jefas de hogar en condición de extrema pobreza están fuera del mercado de trabajo o desempleadas. Además, las que se encuentran insertas en el mercado de trabajo están ligadas a actividades elementales, lo que se traduce en condiciones laborales precarias…”. En otra parte dicho informe señala que “… En consonancia con este análisis, la evidencia disponible muestra que entre 2005 y 2014 la tasa de desempleo de los hogares en extrema pobreza aumentó del 25,6% al 37,3% y la tasa de desempleo de las mujeres de ese grupo alcanzó un 41,3%. Esa situación permite señalar el mercado laboral como el determinante más limitante para reducir la brecha de pobreza extrema. En conclusión, de acuerdo al análisis de la brecha de pobreza, se puede establecer que la cadena causal de determinantes más limitantes comienza por el mercado laboral excluyente para las personas pobres…”. Aquí la relación entre la brecha de pobreza, desigualdad, desempleo y de género se interrelacionan íntimamente, convirtiendo a las mujeres en uno de los sectores sociales hundido en la degradación y pauperización social creciente. La encuesta nacional de hogares del año 2016 determinó que el 43,4% de las personas desempleadas se encuentran en condición de pobreza. Por otra parte, la encuesta continua de empleo del año 2016 determinó que el 70% de los desempleados son jóvenes que oscilan entre 15 y 34 años, así como que el 68% de los desempleados no había completado estudios secundarios. Los datos anteriores demuestran que también los jóvenes se han convertido, en gran parte, en uno de los sectores afectados por el desempleo y, por ende, de la pobreza y desigualdad social.

Es importante destacar que la CEPAL hace énfasis en señalar al “mercado laboral como el determinante más limitante” para reducir la pobreza y, por ende, en generar desempleo, lo cual quiere decir que el “mercado” excluye a miles de miles de mujeres, jóvenes y trabajadores en general.

El problema del desempleo masivo se ha convertido en los últimos años en una cuestión persistente y permanente, lo cual lo ha llevado ser un problema estructural de la sociedad. Al ser el desempleo un asunto que afecta, principalmente, a la población de mujeres y jóvenes tiene consecuencias sociales graves, por ejemplo, una gran parte de los sicarios del narcotráfico son personas jóvenes. El gobierno de Solís ha sido incapaz de resolver el problema del desempleo, generando fuentes de trabajo para los miles de desempleados, subempleados y sectores informales. Esto constituye el principal fracaso de este gobierno, supuestamente, “progresista”, el cual prometió en campaña electoral general miles de empleo. Más bien en desempleo durante su administración, lejos de disminuir ha aumentado. Consideramos que es necesario imponer un plan de obras públicas que les de trabajo a los sectores sociales desempleados que cuentan con baja escolaridad, así como diseñar una política estatal de tecnificación de la mano de obra, mediante programas impulsados por el INA y colegios técnicos que posibiliten una mejor inserción laboral de la mano de obra menos educada.

El problema estructural del déficit fiscal. En los últimos seis años el déficit fiscal se ha mantenido de forma persistente en un 4% o más del PIB. Alrededor de este problema se han escrito miles de artículos, así como diferentes tipos de planteamientos y propuestas para resolverlo. Los partidos neoliberales y los medios periodísticos del capital han realizado grandes campañas para intentar culpar a los empleados públicos y sus componentes salariales (pluses) como los causantes del déficit fiscal, lo cual obviamente es falso, debido a que, incluso aplicando la fracasada, por lo menos temporalmente, “ley de empleo público” apenas el Estado se ahorraría unas migajas por el lado de los gastos.

Por otra parte, es importante destacar que el déficit fiscal es un problema estructural histórico que se remonta hasta los años 80 y que los superávits fiscales han sido excepcionales. El problema del déficit fiscal ha conllevado a otro problema, al creciente aumento de la deuda interna y externa. De acuerdo con el estudio de la CEPAL “… Costa Rica ha presentado un desbalance estructural en las finanzas públicas, generado por causas imputables a diversos factores, desde la perspectiva del ingreso o del gasto. Esas causas estructurales han generado un déficit fiscal consecutivo que ha llegado a superar el 4% del PIB durante los últimos seis años, situación nunca vista en décadas anteriores. Como consecuencia del incremento del déficit fiscal, la deuda del Gobierno central aumentó en forma acelerada, al pasar de un 25% a un 43% del producto interno bruto (PIB) en siete años. En las condiciones actuales, y suponiendo que no se haga ningún ajuste, la dinámica creciente del déficit provocaría que la deuda del Gobierno central supere el 60% del PIB en 2020 y el 70% en 2022. Esas cifras exceden el límite natural de la deuda estimado para Costa Rica, de un 60%, y colocan al país en un nivel de endeudamiento insostenible. La brecha fiscal se analiza en sus tres principales dimensiones: la baja presión fiscal (ingresos), los gastos insuficientes para el desarrollo económico (gastos) y la distribución regresiva del sistema tributario. La baja presión fiscal responde a tres determinantes principales: i) el débil dinamismo económico; ii) la tasa impositiva, y iii) la baja base impositiva...”. Según datos de la contralaría general de la República la deuda del Gobierno central pasó del 24% al 45% del año 2008 al 2016, es decir, un incremento porcentual del 53% en 8 años.

Según la CEPAL existen tres elementos que determinan la “brecha fiscal” los bajos ingresos fiscales, los gastos y la regresividad del sistema tributario. Efectivamente los problemas de los bajos ingresos fiscales están condicionados y determinados por el bajo crecimiento económico del país en los últimos años que rondan entre los 3,5% y 4,3% del PIB; la baja tasa impositiva que ronda el 13% y la baja base impositiva, están determinados porque algunos sectores no están pagando impuestos, además de las gigantescas evasión fiscal y exoneraciones fiscales. En su informe sobre el caso Costa Rica, la CEPAL señala al respecto que “… Los niveles de evasión y elusión representan aproximadamente un 8% el PIB. Según la CEPAL, la evasión constituye uno de los principales puntos débiles de los sistemas tributarios. (…) Por su parte, las exoneraciones de impuestos han favorecido las bajas en los ingresos tributarios y equivalen a cerca del 5% del PIB del país. Hay que señalar también que la base tributaria, sobre todo del impuesto de ventas y rentas, no responde a la estructura económica actual. Existe un estancamiento en la tasa impositiva, así como deficiencias técnicas en las leyes respectivas, que están desactualizadas en más de 20 años y no gravan los sectores más dinámicos de la economía. Además, los vacíos en los ingresos aduaneros producto de los tratados de libre comercio, y los desfases en tecnologías informáticas, entre otras decisiones jurídicas, han contribuido a los bajos ingresos fiscales al ensanchar la brecha de fiscalidad”.

Como se puede observar del texto anterior, la suma de la evasión, elusión y exoneraciones fiscales actualmente representan el 13% del PIB, lo cual supera con creces el déficit fiscal del 5,1% del año 2016. Por tanto, se hace necesario combatir la evasión y la elusión fiscal, así como eliminar las gigantescas exoneraciones fiscales otorgadas a algunas actividades económicas dinámicas y lucrativas como el turismo, las zonas francas, los combustibles a aerolíneas y otras. La producción bananera es una de las pocas actividades de exportación que paga impuesto, por tanto, asimismo se le debe imponer una tasa impositiva a las demás actividades económicas que están exoneradas.

Por José René Tamariz

Rechacemos y Combatamos el Proyecto de Conversión de las Anualidades en “Evaluación de Desempeño”

Recientemente, el gobierno de Solís convocó en las presentes sesiones extraordinarias, que finaliza el 30 de abril el proyecto de ley denominado “Ley Sobre Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad”, expediente número 19.787. Este proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa desde el año 2015 y, ahora, en el año 2017 el gobierno lo convoca.

Debemos señalar que este proyecto de ley no es ningún proyecto de empleo público, sino sencillamente una propuesta que, en el fondo, pretende reducir y eliminar el principal componente salarial, las anualidades, de los trabajadores del sector público, el cual ellos consideran que es uno de los principales disparadores del gasto público. Según el gobierno de Solís ese proyecto plantea cinco cambios en el incentivo de las anualidades en el sector público, a saber:

•   “Cambio de nombre de las anualidades, por “promoción del buen desempeño”…”

•   “Tope máximo de las anualidades de 2,54% para todos los trabajadores de las instituciones del sector público”

•   “Se pasa de “bueno” a “muy bueno” la calificación mínima para tener derecho a recibir el incentivo por evaluación del desempeño”

•   “Se hace un cambio en la metodología de la evaluación para que incluya criterios de evaluativos institucionales así como individuales …”

•   “Articula la promoción en carrera profesional a la obtención de al menos dos evaluaciones iguales o superiores a muy bueno”.

En realidad, como veremos adelante, este proyecto del gobierno de Solís, en cuanto al punto de las anualidades, es peor y más perjudicial para los trabajadores del sector público que el proyecto de empleo público de la diputada del PLN, Sandra Piszk

¿A Cuáles Trabajadores se les Aplicará la Nueva Normativa?

A todos los trabajadores del sector público (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Electoral, instituciones descentralizadas, empresas públicas, municipalidades y sus órganos adscritos), excepto, a los empleados de las instituciones y empresas del sector público que se encuentren en régimen de competencia, tales como bancos del Estado, ICE e INS.

¿Cuáles serán los nuevos criterios de evaluación para pagar el incentivo?

La nueva metodología e instrumentos de evaluación para poder pagar ese incentivo serán elaborados por la Dirección General del Servicio Civil y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

¿Evaluación Institucional vs Evaluación Individual?

Según la Ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, “El proyecto establece que un trabajador podrá recibir un inventivo cuando tenga un desempeño muy bueno o excelente. Y ese muy bueno y excelente tienen un referente previo y es cuáles son las metas e indicadores para medir las metas de cumplimiento institucional. Por ejemplo, si su institución cumple con las metas anuales, entonces los trabajadores podrán entrar a ser calificados para determinar si merecen o no un incentivo. Si no hay cumplimiento de metas institucionales, no hay incentivo. Esa es la lógica fundamental…”

De acuerdo con ese mal intencionado planteamiento de la Ministra de Planificación y objetivo de ese proyecto anti-obrero, el pago del denominado incentivo “promoción del buen desempeño” queda, inevitablemente, sujeto al cumplimiento de las metas institucionales. Por tanto, si las metas institucionales no se cumplen, sencillamente los trabajadores no recibirían dicho incentivo, perdiéndose ese año el incentivo. Por otro lado, si se lograra cumplir las metas institucionales, entonces se pasaría a evaluar individualmente a cada empleado con nuevos criterios de evaluación que serían más draconianos, lo cual no garantiza que se le pague.

Al final la “lógica fundamental” del gobierno de Solís con ese anti-obrero proyecto es no pagar el incentivo económico a la mayoría de los trabajadores del sector público, debido a que la absoluta mayoría de las instituciones del sector público son tan ineficientes que no lograrían cumplir con las metas institucionales propuesta y ello, no por culpa de los trabajadores, sino de los burócratas incapaces e ineficientes que dirigen ministerios, instituciones, municipalidades e incluso, el gobierno comenzando por el Presidente de la República.

¿El Proyecto Reduce y Elimina el Pago las Anualidades?

Si las reduce al 2,54%. Tanto en instituciones descentralizadas, universidades públicas, empresas públicas, municipalidades y otras instituciones. Ejemplo: UCR, UNA, ITCR, RECOPE, INS, CNP, CNFL, JAPDEVA, Municipalidades y otras instituciones. En el caso de los trabajadores de la educación no las reduce, dado que nacieron reducidas al 1,94% del salario base, pero con los nuevos criterios de evaluación las eliminaría.

Si las elimina. Esto debido a que el pago del incentivo económico queda sujeto al cumplimiento de las metas institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo vigente, tal como se analizó en el párrafo anterior.

¿No se Pagará el Incentivo, si no hay Disponibilidad Presupuestaria?

El artículo siete del proyecto anti-obrero del gobierno de Solís sujeta el pago de dicho incentivo a la “disponibilidad de los créditos presupuestarios”. Es decir que, aún se haya pasado la evaluación institucional e individual, si determinado ministerio, institución, empresa o municipalidad no cuenta “disponibilidad presupuestaria”, tampoco se les pagaría a los trabajadores dicho incentivo. Como se puede observar, son tantas las trampas y triquiñuelas para no pagar el incentivo que este se terminará perdiendo.

¿Se Podría Perder el Incentivo de Anualidad por la Derogación del artículo 5 de la Ley de Salarios de la Administración Publica?

El artículo 5 de la ley de Salarios le da sustento jurídico al pago de las anualidades. Al derogarse y, luego, otorgarse un plazo de dos años para implementar la evaluación de acuerdo con los parámetros establecidos en dicho proyecto de ley, se corre el riesgo inminente de que las anualidades se pierdan, aunque el transitorio II sostenga que “Mientras tanto, las entidades… podrán otorgar el incentivo a la excelencia… de conformidad con su normativa interna…”. Sencillamente no se podría pagar “incentivo a la excelencia” como anualidad, ya que no existiría la anualidad ni tampoco los instrumentos para otorgar el nuevo incentivo.

¿Qué Debemos Hacer para Evitar la Aprobación de ese Proyecto?

Emplazamos a la directiva nacional del sindicato APSE, a que convoque de inmediato y con carácter de urgencia a una Asamblea de Presidentes de Base, para conocer, discutir y votar un plan de lucha para evitar que ese proyecto del gobierno sea discutido y aprobado en las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. La directiva de la APSE debe dejar de confiar y creer en el gobierno de Solís. Debe dejar de creer en la negociación con el gobierno. Solo la lucha y el combate en las calles, podrá impedir que el gobierno aplique su plan de empleo público por partes, golpeando, mediante la reducción y eliminación de las anualidades en primera instancia.

De último, emplazamos a todos los bloques sindicales, BUSSCO y Patria Justa, así como a los demás sindicatos a realizar la más amplia unidad en la acción para evitar la discusión y aprobación del proyecto del gobierno de Solís que pretende reducir y eliminar las anualidades y de paso convierte en letra muerta el derecho colectivo contemplado en las convenciones colectivas. Asimismo, los emplazamos a convocar un encuentro sindical amplio que discuta y vote un plan de lucha que contemple todas las acciones y la huelga general para detener e impedir que ese proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa.