Por José René Tamariz

Ambos casos, la importación de cemento chino por el empresario Juan Carlos Bolaños y la compra de la hidroeléctrica “aguas zarcas” por parte de la cooperativa COOPELESCA a la compañía de cemento Holcim, configuran la realización de un delito. Existe mucho circo sobre estos dos casos, los cuales ya deberían estar en los juzgados para condenar tanto a los directivos de los bancos públicos que prestaron esos dineros como a los directivos de las empresas y cooperativa involucradas en esos fraudes.

Bajo la artimaña de romper el duopolio del cemento (Holcim y Cemex), el astuto empresario por sus contactos políticos y en casa presidencial, consiguió la eliminación del reglamento de importación de cemento y "prestamos" hasta por más de $50 millones en la banca pública y privada. Sin embargo, los más grandes montos de préstamos los hizo el Banco de Costa Rica ($38,9 millones), el Banco Popular ($8,8 millones), BANCRÉDITO ($5,2 millones) y otros bancos.

El empresario Bolaños le "prestó" al BCR y al BP esos millones de dólares para importar cemento chino, pero del dinero prestado al Popular no utilizó ni un dólar para traer cemento chino y de los millones de dólares del BCR sólo importó $9,7 millones de cemento. Bolaños regresó al BCR $12,4 millones, pero lo hizo hasta 6 meses después. No se sabe en que utilizó esa gran cantidad de dinero y cuánta ganancia le sacó en ese tiempo. Lo mismo hizo el empresario Bolaños con una desviación de $7,5 millones del préstamo del BCR hacía sus cuentas en dos bancos.

¿En dónde está el fraude? Solicitar "prestamos" para importar una gran cantidad de cemento chino, pero es evidente el incumplimiento del contrato al importar menos cemento; utilizar el dinero prestado para comprar otros productos que no estaban en el contrato; retener por 6 meses dineros del BCR y utilizarlos para otros fines. Es decir, enriquecerse a costa del uso indebido de los dineros públicos.

El caso de la compra de la hidroeléctrica “aguas zarcas” por parte de COOPELESCA a la empresa de cemento Holcim es otro caso de fraude contra la banca pública, perpetrado por los compradores y vendedores. La compra y venta de esa hidroeléctrica a un precio mayor que en libro y por su monto de aseguramiento es un engaño de ambos para obtener más ganancias. El sobreprecio de esa hidroeléctrica se pensaba pagar a costa de aumentar las tarifas de electricidad a los clientes de COOPELESCA. Además, la maquinaria de esa empresa estaba en mal estado y no tiene acceso a la fuente de producción de energía (agua) propia, sino en terrenos alquilados que debe entregar en el 2018.

Por otro lado, en ambos casos han salido a luz pública la vinculación y asociación entre los empresarios, los directivos de los bancos públicos, los políticos neoliberales, los funcionarios del gobierno de Solís y de gobiernos anteriores, así como del poder judicial como Celso Gamboa. Otros personajes, como Alberto Raven directivo del BCR y fiscal de Holcim; Francisco de Paula Gutiérrez expresidente del Banco Central y tesorero de Holcim. Bolaños que le brindó viajes en helicóptero a políticos neoliberales. Por otra parte, los directivos del BCR encubrieron de forma consciente las fechorías de Bolaños y la compra y venta fraudulenta de la hidroeléctrica “aguas zarcas” con los dineros públicos. Por ello, no sólo deben ser destituidos sino también encarcelados, junto a los empresarios fraudulentos.

Por José René Tamariz

Cada vez más los fenómenos meteorológicos extremos se producen en mayor cantidad y tienen más poder destructivo. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático “existen evidencias derivadas de las observaciones efectuadas desde 1950 de cambios en algunos fenómenos climáticos extremos”. Entre esos fenómenos extremos tenemos olas de calor en Europa y Rusia (2003 y 2010), huracanes violentos como Katrina y Sandy (2005 y 2012), ciclones poderosos con Nargis (2008), grandes incendios forestales en Oceanía (2009), sequía y hambruna en el Cuerno de África (2011), grandes inundaciones en Perú (2017) y otros eventos meteorológicos. La tormenta tropical “Nate” que asoló gran parte del territorio centroamericano, se inscribe en el marco de estos eventos extremos, provocó graves daños en infraestructura de proporciones gigantescas, destrucción de miles de casas y pérdidas de todos los enseres, muerte de animales y la muerte de 11 personas en Costa Rica, 16 muertos en Nicaragua y 3 muertos en Honduras.

Todos esos eventos meteorológicos, como depresión tropical, tormenta tropical, huracán y otros son fenómenos naturales. Sin embargo, estos eventos naturales se están produciendo en mayor número en los últimos años y sus consecuencias son más devastadoras debido a su combinación con cambios antropogénicos locales y universales, como el cambio climático. La tormenta tropical “Nate” en Costa Rica, de acuerdo con los testimonios de las personas que vivieron las inundaciones y desastres fueron mayores que en otros años. Según cuenta Nery Lázaro de una finca en Palmar Norte la llena de agua y la rapidez de la inundación fue mayor “No fue igual a los anteriores: antes nos daba chance de sacar algunas cosas; esta vez, no. Si no nos vienen a sacar, nos ahogamos”. (La Nación, 8 de octubre de 2017). Otro testimonio del alcalde de Osa, Alberto Cole, relata que “Se vino una cabeza de agua, nos agarró a todos desprevenidos. En otras ocasiones que hubo inundaciones, uno veía cómo comenzaba a crecer, uno veía cómo iba subiendo; en esta ocasión, no; fue de golpe; en cuestión de 10 minutos estábamos inundados”. (Ídem).

Por otra parte, los daños en infraestructura son incalculables hasta el momento. Según el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Germán Valverde, “La magnitud de los daños que ha provocado la tormenta tropical Nate en toda la infraestructura vial del país es de proporciones titánicas”. (La Nación, 7 de octubre de 2017). Esta tormenta tropical afectó a las seis provincias de siete que tiene Costa Rica, solamente la provincia de Limón salió sin daños. En las demás hubo desaparición de tramos de carreteras, destrucción de puentes, derrumbes y deslizamientos, colapso de alcantarillas, poblaciones aisladas por rutas bloqueadas y así sucesivamente.

Los cambios locales, entre otros, son la gigantesca deforestación, la urbanización desordenada, los cambios en los usos de la tierra, el incremento gigantesco de la basura y su lanzamiento a los ríos, viejos sistemas de alcantarillas que no dan abasto para la cantidad de agua llovida. La menor cantidad de vegetación produce que haya mayor escorrentía de agua en las ciudades y otros lugares y, por ende, menor infiltración de agua que, combinada con mayor basura, provoca las inundaciones en las ciudades. La mayor parte de estos cambios locales son el producto de la expansión voraz del capitalismo, nacional y transnacional.

La combinación de los ciclos naturales, con los cambios antropogénicos y el cambio climático se combinan para hacer estos fenómenos más destructivos. En Costa Rica la tormenta tropical afecta a todo el territorio nacional. Pero algunos lugares y sectores son más golpeados y destruidos. Esto se debe a factores de la pobreza, ocasionada por el capitalismo, que lleva a amplios sectores de la población en Costa Rica a vivir en condiciones de riesgos, tales como, en precarios, cerca de ríos, en laderas de montañas y en otras condiciones adversas. Estos sectores populares y en pobreza constituyen la población más vulnerable y que carga con los efectos y consecuencias más catastrófica de la combinación de estos eventos. Por otro lado, la falta de previsión, planificación y acción de los gobiernos de turno conduce a mayor pérdidas y sufrimientos de la población expuesta y vulnerables a estos fenómenos naturales.

¿Cuál es el Plan del Gobierno para la Reconstrucción?

Al parecer por las declaraciones de algunas autoridades del gobierno, no tienen ningún plan para reconstruir toda la destrucción ocasionada por la tormenta Nate. Según el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, “el proceso de reconstrucción probablemente va a requerir ingresos de alguna otra índole” y luego declaró que “Hasta que no estemos en eso, no quisiera especular sobre ello. Lo que sí es cierto es que hay dificultades fiscales y que estas dificultades fiscales tendrán impacto sobre una situación como la que estamos viviendo, que es de grandes dimensiones”. (Ídem). Como se puede desprender de esas declaraciones no existe una política del gobierno de Solís para la reconstrucción de la devastación ocasionada por la tormenta tropical.  El pretexto del gobierno para no iniciar la reconstrucción son las dificultades fiscales. Demandamos la necesidad urgente de organizar e implementar un gran plan de obras públicas que reconstruya y construya todas las vías, carreteras, puentes, escuelas y colegios, viviendas, ebais, edificios y otros daños ocasionados por la tormenta tropical. Los fondos económicos para esa reconstrucción deben de salir de los dineros destinados por el gobierno para pagar tanto la deuda externa como interna, así como del no pago de las gigantescas exoneraciones fiscales que se les regala a los sectores económicos como las zonas francas, turismos y otras actividades lucrativas.

Por José René Tamariz

El día 25 de julio del año 2017 entró a regir la nueva Reforma Procesal Laboral (RPL) que modificó en 56% el actual Código de Trabajo, es decir más del cincuenta por ciento de dicho Código. Es importante señalar que la RPL pasó en proceso de discusión, cambios, veto y aprobación final unos 19 años aproximadamente. Las modificaciones que introduce esa reforma se producen en tres aspectos: en el derecho individual, en el derecho colectivo y en la parte procesal. En el presente artículo no analizamos todos los aspectos anteriores, sino solamente la del capítulo I del título sexto denominado “Medidas de Presión”.

Concepto y Razones Legales de la Huelga

En el viejo Código de Trabajo en el artículo 371 se planteaba que la “Huelga legal es el abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y sociales comunes”. En el mismo artículo 371 reformado se plantea que “La huelga es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme el artículo 381, por los empleados involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente:

1. a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales.
2. b) La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386”.

Como se puede observar en el Código de Trabajo reformado no se plantea que la “huelga es el abandono temporal del trabajo”, sino que “consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo”. Asimismo, se agrega una razón más para ir a huelga, tal es el caso del punto b) en donde se acepta realizar huelga en los “conflictos jurídicos colectivos”.

¿Cuáles son esos conflictos colectivos jurídicos para hacer huelga? El artículo 386 señala los siguientes: “… por incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva o del laudo arbitral, a reconocer a la organización sindical, a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firma que así lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras…”.

Estas razones por las cuales una huelga puede realizarse y ser legal son nuevas, no estaban presentes en el viejo Código. Estos aspectos, muy probablemente, fueron elaborados para el sector privado de los trabajadores en donde la patronal ejerce una verdadera dictadura, ya que no se respetan las leyes laborales, no permite formar sindicatos a los trabajadores, despide a los trabajadores y dirigentes sindicales que osan formar sindicatos o hacer huelga. Tan grave es la situación de los trabajadores del sector privado que en miles de establecimientos no se pagan los salarios mínimos, además, para el año 2015, solamente existía un 3% de trabajadores sindicalizados de un total de una fuerza de trabajo en ese sector del 87%.

Tipos de Huelgas

Según el artículo 379 del Código de Trabajo reformado, se pueden realizar diferentes tipos de huelgas. “La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una coalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los días y las horas de suspensión, así como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por escrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. Aunque en este artículo aparece como una novedad realizar diversas modalidades de huelgas y por diferentes tiempos, sin embargo, tiene el escollo y traba de que se debe informar, por escrito, a la parte patronal que se va a realizar una huelga.

Prohibición de Huelgas

El artículo 375 señala que “No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las diferencias que en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los Tribunales de Trabajo”.  Seguidamente el artículo 376 específica cuales son los sectores laborales en donde se prohíbe el derecho de huelga. El inciso c) de dicho artículo señala que son “Los que desempeñan los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempañen los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, y los que desempeñan los trabajadores en viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte, mientras este no termine”.

También el inciso d) de ese artículo amplía los sectores laborales que no pueden hacer huelga, tales como “Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no pueden suspender sus servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones”.  

Tanto el artículo 375 y 376 son una reminiscencia integra del viejo Código de Trabajo. Por tanto, esta reforma conserva y mantiene los aspectos más retrógrados y reaccionarios del pasado. En cuanto a prohibición del derecho a la huelga en tan amplios sectores de trabajadores esa reforma constituye un grave retroceso del derecho colectivo que hay que combatir.

Requisitos para Realizar una Huelga

El artículo 377 del nuevo Código de Trabajo plantea lo siguiente “Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben:

371. a) Observar los extremos preceptuados en el artículo 371.
372. b) Agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecida en el artículo 618. En los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 y que den lugar a la huelga legal, este requisito se entenderá satisfecho por medio de la intimación que el sindicato o los trabajadores y las trabajadoras hagan al empleador o la empleadora, otorgándole un plazo de por lo menos un mes para resolver el conflicto”.

Este último requisito señalado por el Código reformado tiene como objetivo de fondo alargar la posibilidad de convocatoria de una huelga, así como tratar de evitarla, mediante procesos de negociación y conciliación. Este inciso no estaba contemplado en el viejo Código de Trabajo, por lo cual es un retroceso y escollo en la convocatoria inmediata de una huelga como se acostumbraba a realizarse en tiempos anteriores. Ahora para poder hacer huelga hay que formar primero un órgano de conciliación entre la patronal y el sindicato y contar 20 días hábiles, “contados a partir del momento en que haya quedado legalmente constituido el órgano de conciliación”.

Por otro lado, como requisito para convocar a una huelga se debe cumplir con el artículo 381 que señala que “Para alcanzar el porcentaje de apoyo mínimo requerido, conforme a las disposiciones de este título, se seguirá el siguiente procedimiento:

1 ) Si en la empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo existiera uno o varios sindicatos que, individual o colectivamente, reúnan la afiliación del cincuenta por ciento (50%) de las personas trabajadoras, este se tendrá por satisfecho si en la asamblea general del sindicato o los sindicatos convocantes, según sea el caso, se acuerda la convocatoria a huelga conforma a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 346”. El inciso e) del artículo 346 señala que es atribución de la Asamblea General del sindicato “Declarar las huelgas o paros legales”. En otras palabras, para hacer una huelga en las empresas o instituciones en donde haya sindicatos, se requiere tener afiliados al 50% de todos los trabajadores.

Si en los centros de trabajo no existieran sindicatos como sucede en el sector privado, entonces se establece que debe participar en el proceso de votación de la huelga el 35% de los trabajadores de una empresa y “se obtiene el respaldo de la mitad más uno de los votos emitidos”. Para poder realizar este proceso existe todo un procedimiento engorroso y leguleyo que puede terminar impidiendo el ejercicio del derecho de huelga en el sector privado, principalmente.

Por José René Tamariz

La economía se está desacelerando mes a mes. El crecimiento económico del año 2016 fue del 4,5% y se estima que va a disminuir al 3,8% en el año 2017. Esta caída del crecimiento económico va a profundizar los niveles de pobreza y desempleo. A su vez, ese decrecimiento va impactar aún más los problemas del déficit fiscal y de menor recaudación de impuestos para financiar gastos.

Por otro lado, recientemente el gobierno anunció que tiene problemas de liquidez para pagar gastos y deudas. El pasado 1 de agosto, el presidente de la República, anunció en cadena nacional de televisión que el gobierno tenía problemas de liquidez para financiar gastos y que, debido a lo anterior, iban a priorizar algunos rubros de gastos. En ese sentido se atrasaron los pagos de fondos de becas y otros programas sociales. Según algunos funcionarios del gobierno y economistas, el problema de liquidez podría ser la antesala de una crisis fiscal. El viceministro de ingreso del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez, declaró al Semanario Universidad que la situación de liquidez “Es como ver una gran ola venir y saber que en algún momento te va a golpear, pero en realidad, aunque no ha llegado ya empezaste a mojarte. Eso es lo que sucede ahora, sabemos que puede venir una inundación más adelante y ya ahorita empezamos mojarnos, es evidente que, si esto no se soluciona, a futuro vamos a tener una crisis”. (Semanario Universidad, 9 de agosto del 2017). Entonces, la combinación de la desaceleración económica con la falta de liquidez y del déficit fiscal tienden a agravar la situación económica y política

De otro lado, el asunto de la falta de liquidez del gobierno tiene que ver con la incapacidad de éste de obtener dinero en el mercado interno para financiar esos gastos. Hay causas inmediatas que generaron ese problema, tales como que el Banco Central redujo la masa monetaria de colones al vender en los últimos doce meses $ 1.100 millones de dólares y subir las tasas de interés para mantener cierta estabilidad cambiaría.

Sin embargo, el problema de fondo tiene que ver con el creciente y permanente déficit fiscal y al crecimiento de la deuda interna y externa. El déficit fiscal fue del 5,2% del PIB en el año 2016 y en este año se estima que puede llegar al 6,4%. Por otra parte, los presupuestos de la República se financian solamente en un 55% con impuestos y el 45% restante con deuda. El gobierno ha estado financiando ese faltante con deuda externa, primero, y luego con deuda interna. Actualmente la deuda es del 45% del PIB y se calcula que puede llegar al 47,8% en el presente año. Asimismo, el pago de los intereses de la deuda crece de forma acelerada, por ejemplo, en los primeros siete meses del año 2016 se pagó en servicio de deuda un 7,4% mientras que en ese mismo periodo del 2017 ese gasto en intereses pasó al 21,4%.

A nivel interno el principal acreedor del gobierno lo constituyen los fondos de pensiones básicas y complementarias, al grado tal que el 58% de todos los fondos de pensiones están invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda, lo cual representa en términos absolutos la cantidad de 5,7 billones de colones. Esta situación, en caso hipotético de impago de deuda interna del gobierno, tendría repercusiones terribles sobre el pago de pensiones de miles de personas.

Por otro lado, frente a esa situación de falta de liquidez del gobierno y el déficit fiscal, los medios periodísticos del capital, sus plumíferos, los políticos neoliberales y otros idiotas, culpan y responsabilizan de todos esos males y problemas a los empleados públicos por los supuestos "altos" salarios y componentes salariales. Esa campaña, en estos días ha sido más virulenta. Esa jauría de personajes demanda a gritos la eliminación de los componentes salariales de los empleados públicos como supuesta solución al problema del déficit fiscal

El gobierno pretende enfrentar ese problema fiscal con su megaproyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que es una fusión de varios proyectos: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Empleo Público y Regla Fiscal. El gobierno quiere se apruebe en período extraordinario de la Asamblea Legislativa. Este es un plan salvaje contra las masas trabajadoras y populares. A su vez el gobierno a lo inmediato ha descargado su problema de liquidez, no pagando ni siquiera el porcentaje de inflación que corresponde como reajuste salarial. Ese proyecto y su regla fiscal es tan draconiano que el editorial del periódico La Nación lo alabó en su editorial del 25 de agosto, señalando que “El proyecto también limita la expansión del gasto corriente (de consumo) del Gobierno Central según sea el grado de endeudamiento público (deuda del Gobierno Central respecto del producto interno bruto (PIB)) en el tiempo: a mayor endeudamiento al final de un año, menor ha de ser la tasa de crecimiento del gasto corriente el año siguiente… Esta medida, de aprobarse en la forma propuesta, coadyuvaría a que el gasto de consumo del Gobierno Central -salarios, viajes, mantenimiento, transferencias, intereses sobre la deuda- no ejerza presión sobre la deuda”. (La Nación, 5 de agosto del 2017). Esa regla fiscal otorgaría potestad al gobierno de no incrementar los salarios y las pensiones, entre otros rubros lo cual sería un ataque directo a los niveles de vida de los trabajadores y pensionados.

La causa y problema de fondo que produce el déficit fiscal es que los principales y más dinámicos sectores de la economía no pagan impuestos o bien pagan muy poco, tales son los casos de los exportadores. Asimismo, otros sectores económicos poderosos tienen grandes exoneraciones fiscales, subsidios de gasolina, electricidad y otros servicios. A lo anterior le debemos sumar la galopante evasión fiscal del más del 8% del PIB.

Son estos poderosos sectores económicos y los políticos que, como Oscar Arias, en su administración aumentó el déficit fiscal, los que deben pagar el déficit fiscal, porque ellos los han producido. Los trabajadores no dirigen ni el Estado, ni el gobierno ni la economía para que se les responsabilicen de ese problema y peor aún que se nos pretendan imponer su pago.

Piñata en la Banca Estatal

Quiebra del banco de Cartago, la cual camuflaron con su conversión en banco de desarrollo. Ningún responsable de esa bancarrota. Como siempre los chivos expiatorios de esta quiebra fueron los cientos de trabajadores despedidos. Todos los directivos y ex directivos y demás responsables deben estar en la cárcel.

Sigue en el festín, ahora con el banco de Costa Rica. Este banco prestó 32.7 millones de dólares a Coopelesca para comprar a la empresa Holcim la hidroeléctrica Aguas Zarcas, cuando el valor de esa hidroeléctrica en libro era de 12 millones de dólares. Un robo descarado. No pasó nada con este robo. No pasa de investigación en la Asamblea Legislativa.

La trama de 20 millones de dólares prestados por el mismo banco de Costa Rica al empresario Juan Carlos Bolaños para comprar el "famoso" cemento chino. Este sujeto simula compra de cemento y la empresa china le regresa, del préstamo de 20 millones de dólares, la bicoca de de 7,5 millones de dólares, es decir el 37,5% del préstamo. ¿Cómo se llama esa operación y maniobra? Póngale nombre usted.

Este sujeto logró obtener 7 citas en casa presidencial para lograr la importación de cemento chino y, por ende, el cambio en el reglamento de importación. Además, le ayudaron en ese proceso ex ministros del PAC, diputados como Otto Guevara, Luis Vásquez del PUSC y otros diputados. Todo esto huele a podredumbre desde casa presidencial, pasando por la asamblea legislativa, algunos ministerios e instituciones y personajes políticos corruptos. Se debe exigir una investigación independiente y sentar en el banquillo a los responsables para ser procesados y encarcelados por la estafa y piñata con los fondos públicos de la banca estatal.