Por José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado debe ser caracterizado con base a los hombres y mujeres que los conforman, así como por sus políticas que ejecuta e impulsa tanto a nivel del poder Ejecutivo como desde el poder Legislativo. Por otra parte, debido a su composición social y política, el gobierno de Alvarado es un como una especie de gobierno de coalición informal, dado que constitucionalmente ese tipo de gobierno no existe, principalmente, entre el PAC (44,4%), el PUSC (24,4%), algunos personajes del PLN (11,1%), gente sin partidos políticos (15,5%) y minoritariamente por el FA (2,2%) y Curridabat Siglo XXI (2,2%).

El carácter burgués neoliberal del autodenominado gobierno de “unidad nacional" está determinado, en gran parte, por los personajes del equipo económico que lo integran, tales como, Edna Camacho Mejía, coordinadora del equipo económico la cual es una neoliberal ortodoxa, proveniente de la academia centroamericana, centro de investigación neoliberal, de la cual fue miembro de junta directiva en los periodos 2002-2003 y 2013-2017; Rocío Aguilar Montoya, ministra de Hacienda, fue directora de la junta directiva de la academia centroamericana, vicepresidenta de la Asociación Bancaria Costarricense, trabajó en la corporación Banex y otras instituciones privadas, fue ex contralora de la República y superintendente de entidades financieras; Rodrigo Cubero-Brealey, conferencista de la academia centroamericana, es agente y empleado del FMI, presidirá el Banco Central a partir del 1 de agosto de 2018. Estas figuras del gobierno tienen un factor en común el cual consiste en que, de una u otra forma, han estado vinculado a la escuela del pensamiento ideológico neoliberal de la academia centroamericana.

Asimismo, el ministro de coordinación con el sector privada, André Garnier Kruse, es un empresario con participación en 123 juntas directivas de empresas, tales como, zona franca La Lima, la zona franca Coyol, el parque Global y Cafetal, conglomerado de negocios Garnier & Garnier, Marriott Hotel, Hotel Fiesta, dirigió el banco de comercio y de la corporación BCT, Cinde y otras empresas. Tanto Garnier como Camacho fueron vocales de la junta directiva de la empresa Florida And Farm Company (FIFCO), mejor conocida como Cervecería de Costa Rica. Todos estos personajes, entre otros más, indican y marcan el rumbo económico actual y el carácter burgués neoliberal y anti-trabajador del nuevo gobierno, encabezado por Carlos Alvarado.

Por otro lado, para mantener ese tipo de gobierno de coalición o de “unidad nacional” y de que en la Asamblea Legislativa le aprueben el proyecto de “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “combo fiscal”, Carlos Alvarado y el PAC, ha realizado una serie de concesiones y mancuerna con los expresidentes de la República, así como haber incorporado en la comisión de la reforma del Estado al cuestionado personaje del PLN, Kevin Casas, también sancionó la controversial “Ley de Justicia Restaurativa”, la cual fue impugnada por la Fiscalía General de la República, la oficina de atención y protección a la víctima del Ministerio Público, el Instituto Nacional de la Mujer y distintas organizaciones no gubernamentales.

Algunas personas creen ingenuamente que Carlos Alvarado no es neoliberal, lo cual es una apreciación incorrecta. Otras personas consideran que Alvarado es manipulado o controlado por Rodolfo Piza, ministro de la presidencia, y otros personajes políticos. La confusión creada por la imagen de Alvarado entre muchas personas se debe a la apariencia y la esencia o el contenido real de las políticas que ejecuta el presidente de la República. En apariencia, Carlos Alvarado, es “progresista” ya que pide perdón a la amplia comunidad LGBTI por la represión pasada que el Estado realizó contra sus integrantes, asimismo llama a la población en general a asistir a la marcha de la diversidad sexual y otros gestos simbólicos de un aparente "progresismo". Sin embargo, sus políticas económicas representan a las más rancias políticas de la ideología neoliberal. Y, esto último, constituye el núcleo duro o contenido real del verdadero Carlos Alvarado. Todo lo demás es apariencia. Carlos Alvarado representa y encarna el ala otonista, sector encabezado por Ottón Solís que es un enemigo acérrimo de los trabajadores del sector público a los cuales acusa públicamente de forma despectiva de “vagabundos”.

Las Políticas Económicas Neoliberales

Las directrices administrativas emitidas el 1 de junio de 2018 por Carlos Alvarado contra los componentes salariales es un ataque violento contra las condiciones salariales y de vida de los trabajadores del gobierno central y sus órganos adscritos. Transforma los pagos de los pluses salariales de porcentajes a nominales, reduciéndolos de forma significativa; disminuye los porcentajes del pago en la dedicación exclusiva; elimina el pago de carrera profesional para los títulos o grados académicos que sean requisitos para los diferentes puestos, tales como los títulos de bachiller y licenciatura. Por otra parte, el decreto que impone un reajuste salarial anual, segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, por un monto fijo de 3 750 colones, no reconociendo el índice de precios al consumidor (IPC) de 0,57% del semestre anterior enero-junio de 2018, constituye otro golpe mortal a las condiciones salariales y de vida de los trabajadores del gobierno central.

Por otra parte, al proyecto de ajuste fiscal, heredado de la administración anterior, denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el gobierno de Carlos Alvarado, le ha adicionado varios cambios contra todos los trabajadores del sector público, tales como que los pagos de los componentes salariales, conocidos como pluses (anualidad, carrera profesional y otros), sean realizados en forma nominal y no porcentual. Esto conllevaría, en los hechos, a una disminución continua y generalizada de los salarios del sector público. De otro lado, ese tipo de pagos tendría serias repercusiones sobre la negociación de las convenciones colectivas y el derecho colectivo. Estos se convertirían en letra muerta y perderían su importancia, prácticamente sería su desaparición y liquidación como derechos, ya que no se podrían negociar ni renegociar mejores condiciones salariales en todo el sector público, pues habría un techo infranqueable impuesto por el “combo fiscal”.

El impuesto del 2% a los productos de la canasta básica, así como a la medicina y educación privadas, constituye una medida, principalmente, contra los sectores populares que dedican gran parte de sus salarios a la compra de artículos de la canasta básica y también contra los trabajadores en general, ya que existen miles de personas que trabajan y financian sus estudios en las universidades privadas de sus propios salarios. Lo mismo sucede con el pago de los servicios privados de la salud.

De último hay que decir que el plan neoliberal siniestro del equipo económico, encabezado por Carlos Alvarado es reducir el tamaño del Estado, cerrando instituciones públicas, fusionando algunas y reduciendo otras. Toda esa eventual reconfiguración del Estado llevará al desempleo, mediante, mecanismos engañosos, tales como movilidad laboral, adelanto de jubilaciones y otros mecanismos amañados.

El Problema del Déficit Fiscal: ¿Cómo Resolverlo?

El crecimiento del déficit fiscal es una realidad que no se puede negar y el cual debe ser disminuido y resuelto. Sin embargo, el problema de los gobiernos burgueses neoliberales es que, ellos pretenden que los trabajadores y sectores populares paguen ese déficit fiscal, mediante las reducciones y eliminación de los componentes salariales, reajustes salariales nominales, congelación de plazas, impuesto a la canasta básica alimentaria (CBA), a la educación y salud privadas, al agua y la luz.

Entonces, es necesario que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se impongan a los sectores de los servicios más dinámicos y de mayor crecimiento del PIB en las últimas décadas, así como a las profesiones liberales que no pagan impuestos. También es necesario eliminar las grandes exoneraciones de impuestos que tienen las actividades productivas más dinámicas de la economía, tales como las zonas francas y otras en regímenes especiales. Asimismo, hay que combatir de forma eficiente y eficaz la altísima evasión fiscal, más del 8% del PIB, práctica corrupta que tiene múltiples modalidades para no pagar impuestos, tales como: incremento patrimonial no justificado, renta neta insuficiente, declaración de impuesto de renta cero, declaración de impuesto con pérdidas recurrentes, proveedores falsos, fraudes en importación, operaciones inusuales y muchas otras prácticas fraudulentas.

También se requiere aumentar los ingresos por impuesto sobre la renta y las utilidades que en Costa Rica son bien bajos, pues en el año 2017 apenas representó el 4,8% de la producción nacional, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la cual aspira a ingresar Costa Rica, los ingresos por esos tipos de impuestos son de más del 11% de la producción nacional.

Por José René Tamariz

Carlos Alvarado, presidente de la República, quien llegó a la presidencia por accidente histórico y con los votos prestados de otros partidos y por el temor de muchos ciudadanos al fundamentalismo del pastor Fabricio Alvarado, está envalentonado creyendo que puede hacer lo que cree contra los trabajadores del sector público. Este personaje está abusando del mandato limitado que le otorgaron los votos prestados.

El señor presidente, Carlos Alvarado, junto a su derechista y archienemiga de los trabajadores del sector público, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, tienen elaborado un siniestro plan escalonado en contra de los salarios, empleo, pensiones y condiciones de vida de los trabajadores del sector público. Por otro lado, pretenden reducir el presupuesto del año 2019 y, por ende, disminuir el financiamiento de programas sociales, tales como educación y otros, ya que dicho presupuesto no crecerá ni siquiera al nivel de la inflación, lo cual significa que, en términos monetarios, se mantendrá el mismo presupuesto del año 2018.

Un plan escalonado

Ese plan escalonado en contra de los trabajadores del sector público, trabajadores en general y demás sectores populares consiste en los siguientes pasos y movimientos perversos:

1) directrices y decretos administrativos.

2) Aprobación en el mes de setiembre del expediente 20.580 por parte de la Asamblea Legislativa, denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido popularmente, como “combo fiscal”. Adición a ese proyecto de ley por parte del poder ejecutivo un apartado que “contempla para todo el sector público, la transformación de los actuales incentivos laborales establecido como porcentaje del salario base, a monto nominal. Esta sería una medida que coadyuve al crecimiento ordenado de la masa salarial”. Esto último, debe leerse como una reducción del conjunto de los salarios del sector público.

3) Elaboración y aprobación en el término de un año de un proyecto de ley de empleo público para que empiece a regir a partir del año 2020.

4) Propuesta de la neoliberal y derechista, Rocío Aguilar, ministra de hacienda, de un proyecto de régimen único de pensiones.

Respecto al punto de directrices y decretos administrativos, algunos de ellos representan un ataque violentísimo en contra de los salarios, los componentes salariales (pluses) y el nivel de vida de los trabajadores del sector público del gobierno central (22 ministerios y 77 órganos adscritos). Veamos.

1.a) El decreto ejecutivo, aún no publicado, establece que para los próximos doce meses (segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019) se otorgará a los empleados públicos un aumento general fijo, no porcentual, de los salarios por el monto de 3 750 colones. Supuestamente ese monto representa el porcentaje del índice de inflación del salario más bajo de la administración pública, sin embargo, la ministra de hacienda, junto a sus técnicos, hicieron magia, ya que calcularon por adelantado el IPC del semestre enero-junio de 2018 el cual aún no ha concluido. Es tanta la prisa para golpear a los trabajadores del sector público que hacen y firman directrices y decretos con fechas antes de tiempo.

Consecuencias de este decreto: Los próximos reajustes salariales, al no compensar y reconocer el índice de inflación semestrales, sino un monto fijo que será el costo de vida del salario más bajo del sector público conducirá, inevitablemente a la disminución continua y acelerada de los salarios. Esa política viola los acuerdos del año 2007 de la comisión de salarios (gobierno y sindicatos) que plantea los reajustes semestrales se otorgarán con base al índice de inflación del semestre anterior.  En los hechos, esa medida es una política de salarios decrecientes, hacia la baja y anti-trabajador, lo cual va a conducir a un deterioro rápido y creciente del nivel de consumo y vida de los trabajadores del gobierno central. Es importante destacar que actualmente existe un incremento generalizados de los precios de los combustibles y, por ende, de los servicios y productos básicos y no básicos. Al no compensarse esos aumentos de los precios, los salarios se irán reduciendo semestralmente. De aplicarse esa política en los próximos cuatro años esa disminución será significativa en el nivel de consumo y de vida de los trabajadores.

 1.b) La neoliberal ministra de Hacienda, Roció Aguilar, enemiga a muerte de los trabajadores del sector público, planteó que a partir del 1 de junio de 2018 “el monto que se paga por cada anualidad se mantendrá fijo, es decir, no tendrá crecimiento”.

Consecuencia de esa directriz: En el gobierno central se pagaba un porcentaje de 1,94% y 2,56% sobre el salario base al sector profesional y no profesional, respectivamente. Ahora se pagará un monto fijo y no porcentual, entonces la pérdida y disminución de los salarios será como una reacción en cadena. El valor de las anualidades, a no pagarse sobre porcentajes de los salarios bases, sino tomando como referencia la anualidad del año 2018, irá perdiendo su valor e importancia en el tiempo, hasta volverse insignificante. En palabras de la derechista y neoliberal, Rocío Aguilar: “Entonces en el siguiente ajuste usted mueve el salario base, pero no la anualidad. ¿Qué pasa con la anualidad que no se mueve? Va perdiendo importancia relativa. ¿Por qué es importante que no se mueva? Porque además de mover la anualidad ese año mueve todo el inventario de anualidades que trae cada funcionario”. (Diario La Extra, 4 de junio de 2018. Entrevista a Rocío Aguilar). Esto refleja que los ataques a los salarios y los componentes salariales de los trabajadores del sector público están fríamente calculados.

1.c) Los valores de los puntos que se otorgan por carrera profesional se mantendrán sin variación, fijo, no crecerá por costo de vida. Además, a todos los nuevos empleados públicos no se les reconocerá puntos de carrera profesional por el título que exija como requisito su puesto.

Consecuencia de esa directriz: En la misma dirección que la anterior, este componente salarial irá perdiendo poco a poco su valor, ya que se mantendrá un monto fijo, sin tomar el costo de vida y, por ende, perderá su importancia en el corto y mediano plazo. Los nuevos empleados entrarán en condiciones de desigualdad respecto a los viejos empleados, ya que no se les reconocerá puntos de carrera profesional por los títulos de bachiller y licenciado, sus salarios se verán disminuidos significativamente.

1.d) Se limitarán los porcentajes de dedicación exclusiva para los nuevos funcionarios al 10% para bachilleres y al 25% para los licenciados. Actualmente se paga el 20% y 55% respectivamente a esos profesionales. Por el momento esta directriz no se aplica a los profesionales que trabajan bajo el régimen de servicio civil Título I y II. No aplica en educación.

A todo lo anterior hay que agregarle que la política del gobierno también apunta a revisar, modificar y eliminar los incentivos laborales que nacieron por decretos ejecutivos y no por ley. Dentro de ese tipo de incentivos se encuentran muchos que existen en el sector educativo, es decir que no seguirán golpeando nuestros salarios y condiciones de vida.

En realidad, todas esas medidas drásticas y draconianas se orientan y conducen a la reducción y, eventual, eliminación de los componentes salariales.

1.e) También se denunciarán todas las convenciones colectivas para, supuestamente, eliminar las llamadas cláusulas abusivas.

1.f) Se congelan plazas en el sector público, sólo se utilizarán el 25% de 5000, o sea, 1250 plazas.

2) Expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o “combo fiscal”. Hay que recordar que pretende gravar mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que, según la cámara de industria alimentaria, haría aumentar los precios de esos artículos de un 4% hasta un 8%. Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, declaro que “Esto provocará un golpe irreparable para los bolsillos de los grupos menos favorecidos y una afectación a la competitividad de la producción nacional frente al producto importado”. (La República.net, 6 de junio de 2018).

 Por otro lado, ese proyecto de ley 20.580 pretende gravar los servicios de agua y luz que sobrepasen determinado consumo en c3 y kWh respectivamente, educación y salud. Todo esto, junto a las directrices y decretos y eventual aprobación de la ley de empleo público conducirá inevitablemente a un empobrecimiento y pauperización de grandes y amplios sectores de los trabajadores del sector públicos y privado, así como de los sectores populares.

3.  Ley de Empleo Público. Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, que ha brincado de puesto en puesto en el Estado (Concesiones, contralora de la República, superintendencia de entidades financieras y ahora Hacienda) con sueldos millonarios, esa ley "no debería circunscribirse únicamente al tema salarial (...) Debe incluir todo el tema de remuneraciones, de incentivos, de evaluación, de competencias, de la forma de vinculación, de la forma de desvinculación al sector público". (La Nación, 1 de junio de 2018). Esto último, de “desvinculación del sector público” es un eufemismo para la ejecución de despidos de los empleados públicos.
4.  Proyecto de régimen único de pensiones. La flamante y envalentonada ministra de hacienda, Rocío Aguilar, recientemente en un medio periodístico sugirió que para resolver el problema de las pensiones se debía proponer un régimen único de pensiones, lo cual llevaría a la eliminación de los diferentes regímenes de pensiones, magisterial, judicial y otros.

Expropiación y Asalto de los Salarios y Componentes Salariales

En realidad, todas esas medidas administrativas y decreto contra los salarios y pluses salariales de los trabajadores del sector público representan una confiscación y un atraco contra los trabajadores del sector público, inicialmente en el gobierno central y luego, extensiva a todos los demás empleados públicos.

Según la derechista y neoliberal ministra de hacienda, Rocío Aguilar “En términos de 10 años eso significa a precios de hoy 650.000 millones. Eso significa esa decisión de carácter administrativo”. (Diario La Extra, 4 de junio de 2018. Entrevista a Rocío Aguilar).

La Falsa Dicotomía: ¿Aceptar las Reducciones Salariales vs Recortar Programas Sociales o Despidos de Trabajadores?

Bajo el timo y política del miedo, la flamante ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo que las medidas salvajes que reducen los salarios y los componentes salariales de los trabajadores del gobierno central no “afectará programas sociales ni implicará despidos”. Ese falso argumento pretende engañar a los ingenuos e incautos para hacerles creer que es mejor que acepten las reducciones de sus salarios y componentes salariales a cambio de que no hayan “despidos” y “reducción de programas sociales”.

En primer lugar, hay que decir que el déficit fiscal no fue creado por los trabajadores del sector público, sino los gobiernos del PLN y del PAC, así como sus políticas para privilegiar a los sectores empresariales más dinámicos de la economía, tales como zonas francas, turismo y otros, mediante gigantescas exoneraciones fiscales y la tolerancia de la exorbitante evasión fiscal y los bajos impuestos a los grandes capitales. Entonces, deben ser estos sectores los que deben pagar el déficit fiscal, no los trabajadores y demás sectores populares.

Por tanto, no es cierto que se requiera disminuir los salarios ni recortar los programas sociales ni despedir empleados públicos para recortar o “contener” los gastos. Basta con eliminar las exoneraciones al gran capital nacional y transnacional, así como aumentar los impuestos de renta al gran capital para financiar al déficit fiscal. Cuando una periodista del diario “La Extra” le hace la pregunta a Rocío Aguilar sobre “¿Y en renta?” Esta neoliberal y derechista responde “Ahí hay más que se puede hacer. Me gustaría tener una mayor progresividad, pero no voy a escuchar los cantos de sirena cuando hay otras cosas que hacer ya”. En otras palabras, no le interesa ni a ella ni al presidente de la República tocar ni meterse con el gran capital para disminuirles sus grandes rentas y ganancias porque sencillamente ellos son los empleados que gerencian el Estado a favor del gran capital nacional y transnacional.

Por eso, tanto Carlos Alvarado y Rocío Aguilar, están contentos porque el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y las calificadoras de riesgos aplauden sus medidas en contra de los trabajadores del sector público y, eventual, aprobación del proyecto 20.580.

Emplazamos a los dirigentes de los sindicatos, confederaciones sindicales y bloques sindicales a convocar de urgencia a una asamblea nacional sindical y popular para discutir la afectación de los salarios y nivel de vida de los trabajadores con las medidas draconianas del gobierno y votar un plan de lucha que concluya lo más rápido posible en una gran huelga nacional de carácter indefinido contra el plan de ajuste administrativo del gobierno.

¡Huelga General Indefinida Contra las Medidas del Gobierno de "Unidad Nacional"!

Emplazamos a los dirigentes de los sindicatos, confederaciones sindicales y bloques sindicales a convocar de urgencia a una asamblea nacional sindical y popular para discutir la afectación de los salarios y nivel de vida de los trabajadores con las medidas draconianas del gobierno y votar un plan de lucha escalonado que concluya lo más rápido posible en una gran huelga nacional de carácter indefinido contra el plan de ajuste administrativo del gobierno y eventual aprobación del combo fiscal.

Las dirigencias sindicales deben realizar la más amplia unidad con los sectores populares que se verán afectados con el impuesto a los productos de la canasta básicos de alimentos, del agua, la luz, educación y salud privadas. Es necesario y determinante establecer una alianza entre el sector sindical y las organizaciones populares de los barrios, distritos, cantón y provincia para poder fortalecer la lucha y el movimiento, así como poder derrotar los planes de ajustes administrativos y proyectos de leyes en contra de los trabajadores y sectores populares.

Réquiem Para La Comisión Nacional de Salarios y de sus Integrantes

¿Y la comisión nacional de salarios? ¿Ahora para qué sirve? Carlos Alvarado con un decreto de 3750 colones de miserable reajuste salarial para el segundo semestre y los próximos semestres la mandó al cesto de la basura y junto con ellas a todas las cúpulas sindicales que son integrantes de esa inservible comisión.

Parece que a este presidente de los votos prestados se siente cómodo y sonriente, iniciando su gobierno mediante decretos y, muchos de ellos, lesivos para los trabajadores del Gobierno central. Las cabezas y los salarios de los trabajadores fueron entregados a los neoliberales de la Asamblea Legislativa como un canje para que se reactivara el trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que representará la segunda garroteada, ahora contra los demás empleados públicos, y contra todos los trabajadores tanto privados y públicos y sectores populares.

Mientras tanto los evasores, los exonerados fiscales y el gran capital se encuentran muertos de la risa robando y llenando sus bolsillos y cuentas bancarias.

Carlos Alvarado, presidente de la República, quien llegó a la presidencia por accidente histórico y con los votos prestados de otros partidos y por el temor de muchos por el fundamentalismo de Fabricio, está envalentonado creyendo que puede hacer lo que cree contra los trabajadores del sector público. Este tipo creo que está abusando del mandato limitado que le otorgaron los votos prestados.

Este tipo, Carlos Alvarado, junto a su derechista y archienemiga de los trabajadores del sector público, ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pretenden aprobar en término de un año una ley de empleo público que va a desmontar todo el sistema de los salarios, incentivos y demás componentes salariales y el empleo público.

Por José René Tamariz

Actualmente existe un proceso de discusión sobre el grave problema de la sobrecarga laboral que enfrentamos los docentes. En la toma de posesión el presidente de la República, Carlos Alvarado, se refirió a esta cuestión. Algunos ingenuos que creen en las promesas electoreras y los discursos consideran que el nuevo presidente y el novato ministro de educación, Edgar Mora, van a ayudar o resolver semejante cuestión. El asunto de la sobrecarga laboral es un asunto sistémico de la educación, por ende, necesita respuestas y soluciones de fondo, cambios sustanciales en todo el sistema educativo, y, no de formas, cosméticas y de mentirillas. 

Los cambios de programas, metodología y de evaluación

El Ministerio de Educación Pública (MEP), sus mandos superiores e intermedios son como un gran paquidermo anquilosado, pesado y demasiado lento. Esto convierte al sistema educativo en altamente burocrático y verticalista y, por ende, antidemocrático. Los burócratas del MEP realizaron cambios en los programas de estudios en casi todas las materias, pero en realidad dichos cambios no cambiaron significativamente los contenidos y fundamentos de las distintas ciencias sociales, naturales, artes y otras disciplinas. Veamos un ejemplo concreto. En ciencias naturales, los “genios” o el “genio” que hizo los cambios en los programas de estudios en tercero y cuarto ciclo, lo que hizo o hicieron fue un popurrí. En tercer ciclo tomaron los contenidos de sétimo, octavo y noveno y agarraron una porción de cada nivel y lo metieron en sétimo, octavo y noveno.  En cuarto ciclo fue aún peor, los programas en biología, física y química no tienen ni pie ni cabeza, están sumamente desordenados e incoherentes.

¿A qué docentes consultaron para hacer los cambios en los programas? A docente del aula ninguno. El MEP y su ex flamante ministra de educación, Marta Sonia Mora, realizaron sendos cambios para la educación del “futuro”, sin embargo, todo esto es una demagogia. Los docentes no fueron consultados ni mucho menos participaron en esos “grandes cambios” para la educación del nuevo milenio. Esto fue una estafa de esa ex ministra de educación. Todos los cambios en educación que provengan de arriba hacia abajo están destinados al fracaso, eso es lo que no han entendido los burócratas del MEP y del gobierno. Una reforma, aunque sea mínima requiere la participación de sus actores sociales, estudiantes, educadores y padres de familias, sino terminan en el fracaso y en el cesto de la basura. 

Los cambios en la metodología también fueron inconsultos. Los “genios” que trabajaron e hicieron los cambios en la metodología se leyeron algunos manuales del Banco Mundial, la OCDE y otras instituciones, los copiaron y adaptaron a los programas de educación de Costa Rica. Por ejemplo, en ciencias de tercer ciclo definieron y decidieron que solamente se aplicara el método de “indagación” como única metodología para enseñar ciencias, lo cual es incorrecto, ya que no existe, para enseñar ciencias, un solo método sino diferentes métodos y metodologías.

Por otro lado, de forma burocrática y ajustando los porcentajes para que los estudiantes pasaran de nivel, decidieron que el trabajo cotidiano en tercer ciclo, en las materias básicas, fuera de 45%, las tareas del 10%, la asistencia del 10% y los exámenes del 35%. Lo mismo, aunque con porcentajes menores, hicieron en cuarto ciclo. En algunas materias eliminaron los exámenes e inventaron realizar proyectos. ¿Es esto correcto? Mientras los educadores que son los que están en la línea de fuego no hayan sido consultados esos cambios constituyen un grave error. ¿Por qué no fue un 50% en trabajo cotidiano o bien 60%? El porcentaje impuesto por el MEP es antojadizo. ¿Por qué 10% en tareas? ¿Por qué mejor no eliminar los exámenes también en las materias básicas?  No existe explicación ni respuesta al respecto, más que los burócratas de MEP así lo decidieron por su “genialidad” o bien porque lo copiaron de algún otro país.

La sobrecarga laboral docente

Existen un conjunto de actividades que obviamente son funciones inherentes al cargo del educador, tales como hacer exámenes y calificarlos, dejar tares y calificarlas, realizar trabajo cotidiano y calificarlos, hacer tablas de especificación y planeamientos. Sin embargo, en los últimos años la profesión de educación se ha convertido como un hospital, hay que atender todo tipo de males y dolencias que no son parte de la profesión. Veamos y analicemos algunas sobrecargas laborales abrumadoras en educación.

Las Adecuaciones Significativas y No Significativas.

Según las estadísticas del MEP, año 2015, existían a nivel nacional 145.223 adecuaciones curriculares (11.242 de acceso, 16.087 Significativas y 117.894 no significativa), dicha cifra en ese momento representaba el 15% de los estudiantes matriculados.  Es muy probable que esa cifra haya aumentado en varios miles a la fecha actual. La aplicación de las adecuaciones NO significativas y significativas representa una sobrecarga labora para los docentes, ya que en ese gran espectro se encuentran niños o jóvenes hiperactivos (TDAH),  problemas de lenguaje, trastorno del espectro autista ((TEA) combinado con TDAH, entre ellos asperger de diferentes tipos  y otros problemas de aprendizajes, a los cuales hay que atender sin conocimientos del trastorno ni la forma de enseñarles o atenderlos, pero hay que atenderlos y educarlos en el aula, sin saber cómo hacerlo.  A lo anterior hay que agregar que, por causa de la ley de igualdad, hay que incorporar a los niños y jóvenes de educación especial a las educación y aulas regulares, lo cual será una nueva sobrecarga laboral para los docentes.

Existen educadores que, dependiendo de la cantidad de secciones que tengan, tienen desde 30 hasta 50, 60 o más estudiantes con adecuaciones no significativas, asimismo pueden tener uno o varios estudiantes con adecuaciones significativas. Todo lo anterior significa que se deben hacer un montón de informes tediosos, de seis columnas, trimestrales de los estudiantes con adecuaciones, ya sean significativas y no significativas. Además, para los estudiantes con adecuaciones significativas hay que hacer una larga programación educativa individual anual (PEI), perfil de entrada, perfil de salida, exámenes diferentes, adaptación de contenidos y otros rubros a veces a niveles de segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto grado.

Comités, Efemérides y Diversos Programas

Todos los educadores deben formar parte de uno o varios comités que se forman al inicio del curso lectivo los cuales deben obligatoriamente realizar una serie de actividades diversas, asimismo los docentes están obligados a realizar diferentes efemérides sobre múltiples celebraciones y fechas, sean nacionales e internacionales. A lo anterior hay que agregarle que los docentes, dependiendo de sus materias, deben realizar actividades específicas, tales como ferias científicas, festival estudiantil de las artes (FEA), programa Con Vos y participación en muchos otros programas y otras ocurrencias de los burócratas del MEP.

Por otra parte, existe el llamado comité asesor, integrado solamente por algunos docentes, el cual debe realizar una serie de trabajos sobre las adecuaciones curriculares, hacer y entregar otros tipos de informes. A los docentes que forman parte de ese comité solamente le pagan el 7.77% del salario base, lo cual constituye una miseria comparado con las grandes cantidades de actividades y trabajos que deben desarrollar sus integrantes.

Extenuantes Jornada de Trabajo a Destajo

Por otro lado, las largas y extenuantes jornadas de trabajo de los educadores, muchas veces, desde 7 am hasta las 4:10 pm, atendiendo a 6 o más secciones, cansan y estresan cotidianamente al personal docente. A esas largas jornadas hay que agregarle la atención educativa de varios niveles e impartir, como son los casos de ciencias y estudios sociales, varias materias (Ciencias, Afectividad y Sexualidad Integral en tercer ciclo, Física, Química o Biología, Estudios Sociales y Cívica). Asimismo, ese tipo de jornadas de estudios para los jóvenes adolescentes resultan pesadas y antipedagógicas, ya los muchachos no quieren recibir ni estar en el aula en las últimas lecciones porque se encuentran cansados tanto física como mentalmente. El trabajo a destajo, llamado eufemísticamente por lecciones cansa y estresa a los docentes. Si a todo lo anterior, en el caso de muchos docentes, se le suma el hecho de que, para completar la cantidad de lecciones, deben de trabajar en dos, tres, cuatro o cinco colegios, está llevando a enfermar y a la crisis a miles de educadores.

Algunas propuestas para enfrentar la sobrecarga laboral  

Las propuestas planteadas en este artículo tienen como objetivo iniciar la discusión, el debate y la lucha por cambiar la situación laboral que viven miles de educadores a lo largo del territorio nacional, así como iniciar la lucha por hacer cambios en el sistema educativo el cual se encuentra en una profunda crisis.

1.  Los Educadores tienen como función educar o formar integralmente a los niños y jóvenes. Por el regreso de sus funciones a los educadores.
2.  Sobre las adecuaciones curriculares. Las adecuaciones no significativas deben eliminarse, no son necesarias y las adecuaciones significativas deben revisarse de forma exhaustiva por docentes y especialistas, dejando solamente aquellas que sean una necesidad para los estudiantes.
3.  Derogación del decreto que plantea la integración de los estudiantes de educación especial a las aulas regulares. Se debe balancear correctamente el derecho a la igualdad de los estudiantes del sector de educación especial con la sobrecarga laboral de los educadores. Llevar a estos estudiantes a las aulas regulares representará más trabajo y más estrés hacia los educadores. No se trata de que nos den “capacitación” para atender esa población especial, la cuestión de fondo es que los docentes no somos docentes de educación especial ni especialistas en las dificultades y los problemas de aprendizajes que tienen esos niños y jóvenes. Este cambio significaría un cambio sustancial y alteración en el contrato de trabajo que requiere rediscutirse.
4.  Reducción del número de efemérides, reducción del número de comités y de los diversos programas. Que los consejos de profesores se encarguen de decidir cuántas efemérides se celebren en el año, así como los tipos de comités y programas que se deban formar e impulsar. Que los burócratas no decidan por el personal docente.
5.  Que los planeamientos se realicen por trimestre no de forma mensual.
6.  Aumento al 25% del salario base para los compañeros que trabajan en el denominado comité asesor.
7.  Plazas en propiedad para todos los interinos, así como evitar que los docentes trabajen en varios colegios e impartan tantos niveles.
8.  Detener los ceses de los educadores interinos. Estos ceses deben realizarse solamente a final del curso lectivo, ya que es una desconsideración e ingratitud contra los compañeros que tienen responsabilidades y compromisos financieros económicos que atender.
9.  Semestralización del curso lectivo, lo cual conllevaría a reducir la cantidad de exámenes de 6 actualmente a 4 solamente. Dos exámenes por semestre. Ello implicaría reducir tanto la sobrecarga a los docentes y el estrés de tantos exámenes en los estudiantes. También habría más tiempo para revisar y calificar el trabajo cotidiano y otros trabajos de los alumnos.
10.  Eliminación del trabajo a destajo. Trabajo por jornada y no por lecciones. Se debe mantener el salario equivalente a las 48 lecciones cuando se haga el cambio. El horario de los docentes de secundaria debería ser el equivalente al que se realiza en primaria: la jornada de la mañana de 7 am a 12 m, por la tarde de 12:10 pm a 5:10 pm.

Por José René Tamariz

El autodenominado “gobierno de unidad nacional” asumió funciones el 8 de mayo de 2018.  Los dos primeros decretos firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, fueron la descarbonización de la economía, mediante el uso de la energía del hidrógeno como combustible, y la intervención vial en 28 cuellos de botellas del Gran Área Metropolitana (GAM) que ayuden a descongestionar las vías, las cuales actualmente se encuentran colapsadas. La cacareada “descarbonización”, utilizando hidrógeno, es un gesto solamente simbólica y buenas intenciones, ya que su uso significaría el reemplazo de la flota de vehículos en el país es alimentados que es alimentado con combustibles fósiles, así como de estaciones que produzcan hidrógeno. Los siete ejes prioritarios del nuevo gobierno delineados por el mandatario se resumen en: educación, salud, seguridad ciudadana, protección del ambiente, mejorar la movilidad e infraestructura vial, generar empleo en cada región territorial y llevar el actual déficit fiscal del 6,2% del PIB actual al 3% al final de su gobierno.

Desempleo, Informalidad y Desigualdad

La tasa de desempleo abierto subió de 9,1% en el primer trimestre de 2017 al 10,3% al primer trimestre de 2018, es decir que aumento en un 1,2%. En términos absolutos ese porcentaje representa a 229 mil personas. El desempleo aumentó, significativamente entre las mujeres, pasando del 11,3% en el 2017 al 13,1% en el 2018, pero la desocupación femenina mayor se encuentra entre las mujeres más jóvenes en edad comprendida entre 15 y 24 años, el cual se ubica en el 31,3%. El desempleo en el año 2008 era apenas del 4,9%, tasa de desocupación muy baja, para el año 2013, es decir 5 años después, subió al 7,6% y, en el siguiente quinquenio, o sea, en el año 2018 aumentó al 10,3%. Como se puede observar en una década el desempleo tuvo un incremento porcentual del 210%!! La desocupación que ha venido creciendo de forma persistente se ha convertido en un grave problema estructural del capitalismo costarricense que lanza a la pobreza y pauperización creciente a miles de personas y sus familias. El hecho de que el desempleo golpee, principalmente, a los jóvenes, explica en gran parte, el crecimiento de las bandas del narcotráfico integradas por jóvenes. La tasa de asesinatos pasó de 8,7 en el 2013 al 12,1 al final del año 2017, constituyéndose en una verdadera epidemia y crisis social.

La tasa de la informalidad se encuentra en el 41% de los trabajadores. El 40% de los informales son mujeres y el 70% de personas mayores de edad se encuentran en la condición de informalidad. Esa situación significa bajísimos salarios, falta de seguridad social y muchas otras carencias sociales y prestaciones. 

Asimismo, la desigualdad es alta y aumenta cada año en Costa Rica. La distribución del ingreso calculado en el ratio S80/S20, es decir entre la proporción de todo el ingreso percibido por el quintil superior dividido por el ingreso percibido por el primer quintil, se encuentra en más de 13. Esa escala va desde 0 hasta 14. (OCDE, 2018: 7). Entre más alto sea el valor mayor es la desigualdad. Por otro lado, según la CEPAL “Los bajos niveles de desigualdad que tradicionalmente ostentó Costa Rica se modificaron en las últimas décadas. Durante el período 2000-2012, fue uno de los pocos países de América Latina que aumentó el coeficiente de Gini. Esa situación lo colocó entre los países latinoamericanos que tienen los más altos coeficientes de concentración (superiores al 0,50), como es el caso del Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y la República Dominicana”. (CEPAL, 2016: 84).

Baja Productividad, Alta Explotación de Mano de Obra y Estructura Económica

Según el informe económico de la OCDE la productividad laboral en Costa Rica, medida por el PIB por hora trabajada, es baja comparada con los países de esa organización y muchos otros países. Esa productividad se ubica en alrededor de 17 dólares, mientras que Chile se encuentra por encima de 20 dólares. Por otra parte, de acuerdo con la CEPAL “… De hecho, la baja productividad de los factores en Costa Rica se considera una de las principales causas del reducido nivel de ingreso de su población en comparación con otras economías más industrializadas...”  (CEPAL, 2016: 155). Por otra parte, las dos economías que funcionan en Costa Rica reflejan diferencias en la productividad laboral, ya que “… Actualmente, el país cuenta con una economía dual en la que coexisten sectores altamente productivos y competitivos, e integrados a la economía internacional, los que funcionan principalmente en el centro del país, con otros sectores que presentan importantes rezagos de productividad y competitividad, ubicados en las zonas periféricas, muy poco o nada vinculados a eslabones de alto valor agregado dentro de cadenas globales de valor y en muchos casos con altos niveles de informalidad…”. (CEPAL, 2016: 157).

De otro lado, según la OCDE, la explotación de la mano de obra en Costa Rica es alta debido a largas horas de trabajo, las cuales se ubican en más de nueve horas trabajadas por persona ocupada, lo que indica una sobreexplotación de la mano de obra en el país. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico todos los ocupados trabajan esa cantidad de horas, aunque en la realidad algunos sectores laborales, como las zonas francas, fábricas y haciendas trabajan hasta 12 horas o más horas, mientras otros trabajan 8 horas como el sector público. 

Obviamente todos estos elementos apuntados anteriormente reflejan fielmente la estructura económica ineficiente de los países subdesarrollados. De acuerdo con Ernest Mandel “El mal fundamental de la economía de los países subdesarrollados es el subdesarrollo industrial. Este subdesarrollo tiene dos raíces: se debe, en primer lugar, a que el capital extranjero no invierte nada o casi nada en el desarrollo de la industria manufacturera; y se debe, además, a que las clases dominantes autóctonas prefieren también la inversión en bienes inmobiliarios, el comercio o la usura, a la creación de una industria moderna”. (Mandel, 1962: 90). El estudio citado de la CEPAL en este artículo confirma, de forma empírica, lo que plantea Mandel, en cuanto la disminución de la inversión extranjera en la industria manufacturera, el aumento de esa inversión en la actividad inmobiliaria y los servicios.

Al respecto de la inversión extranjera directa (IED), el estudio de la CEPAL sostiene que “Un fenómeno que debe destacarse es el importante cambio en cuanto a los principales sectores que reciben IED y que, desde el año 2000, la participación de algunos sectores ha sido muy volátil”. (CEPAL, 2016: 166). Más adelante ese informe plantea que “Además de esa volatilidad, se añade el hecho de que se ha venido reduciendo de manera marcada la participación de la industria manufacturera en la IED, que pasó del 72,5% en el año 2000 al 19,9% en 2014, y en menor cuantía, pero también importante, la del turismo, que pasó de un 12,6% a menos de un 2,0% en el mismo período. (…) En cambio, hubo dos sectores que con el paso del tiempo tuvieron una mayor participación en la IED: la actividad inmobiliaria, que pasó de representar solo un 3,7% en el año 2000 a un 36,2% en 2014, y los servicios, cuya participación creció del 4,2% al 35,3% en el mismo período”. (CEPAL, 2016: 168).  El mismo fenómeno, podemos señalar en cuanto al sector de la usura que está constituido por el financiero.

El Nuevo Gobierno: Configuración y Retos

Carlos Alvarado y su asesor principal, prometieron un “gobierno de unidad nacional” y un “gobierno parlamentario” de facto ya que en la Constitución Política no existen semejantes tipos de gobiernos. De acuerdo con las informaciones periodísticas, el denominado gobierno de “unidad nacional” tiene la siguiente conformación de fuerzas políticas: 44,4% son miembros del PAC, 24,4% integrantes del PUSC, 11,1% gente del PLN, 15,5% sin partido político, 2,2% militantes del FA y 2,2 del partido cantonal Curridabat Siglo XXI. En realidad, el gobierno de Carlos Alvarado es la unidad con un sector del PUSC y el cuerpo entero del Frente Amplio (FA), ya que con ambos sectores Alvarado firmó un documento con políticas y líneas de acción definida. No existe ningún acuerdo formal con el PLN ni siquiera con la gente de ese partido que a título personal participa del gobierno, igual sucede con la gente sin partido político y con Edgar Mora del partido cantonal de Curridabat. Desde el punto de vista estricto del término de “unidad nacional” tal gobierno no existe, mucho menos a nivel “parlamentario”. El “gobierno de unidad nacional” es una quimera de sus progenitores Carlos Alvarado y Ottón Solís, mientras que el tal “gobierno parlamentario” es una verdadera “manada de gatos”, ya que ni siquiera la fracción parlamentaria del PUSC, partido que tiene bajo su control un gran número de ministerios, principalmente, el sector económico, obedece a los acuerdos suscritos entre Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, excandidato presidencial del PUSC. Ninguno de los existen, lo cual puede marcar la orientación y tendencia del futuro de ambas creaciones gubernamentales.

El Problema del Déficit Fiscal

El gobierno de Carlos Alvarado prometió llevar el actual déficit fiscal del 6,2% del PIB al 3% al final de su gestión en el año 2022. Para alcanzar ese fin, Carlos Alvarado, colocó al frente del sector económico del gobierno a connotados personajes neoliberales ortodoxos del PUSC, tales como Edna Camacho, coordinadora del equipo económico, y Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.  Actualmente el gobierno de Alvarado se encuentra en una intensa actividad de reuniones con las distintas fracciones parlamentarias para llegar a acuerdos que hagan posibles que se vote el proyecto de ley denominado fortalecimiento de las finanzas públicas.

En caso de que ese “combo fiscal” sea aprobado por la Asamblea Legislativa representará un duro golpe al sistema de los salarios del sector público ya que conlleva a la reducción y, eventual, eliminación de algunos componentes salariales. También significaría un golpe severo a los precios de los productos de la canasta básica de alimentos (CBA), ya que elimina la exoneración y aumenta los impuestos al 2% de todos los artículos de dicha canasta, así como encarecería los servicios de agua potable, energía eléctrica, medicina privada y educación privada.

De todo lo anterior, se deduce que es clave y fundamental que todas las organizaciones sindicales (sindicatos, federaciones, confederaciones y bloques sindicales) realicen la más amplia unidad de acción y de lucha para evitar que ese proyecto de “combo fiscal” sea aprobado en el Parlamento. Es urgente que esas organizaciones convoquen a una gran asamblea sindical y popular para que discuta y vote un plan de acción y de lucha, que concluya en una huelga general para impida que sea aprobado ese paquetazo fiscal contra los trabajadores y sectores populares.

1. Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. San José, 17 de abril 2018.
2. El enfoque de brechas estructurales. Análisis del caso de Costa Rica. Cepal, noviembre de 2016.
3. Erneste Mandel: Tratado de economía marxista. Ediciones Era, México 1969.