Por José René Tamariz

En los últimos meses han sucedido un conjunto de hechos y situaciones políticas que, apariencia, no tienen conexiones, sin embargo, si tienen muchas relaciones. Entre esos hechos se encuentran la salida del del ahora exministro de la presidencia, Rodolfo Piza, candidato a presidente del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) en el año 2018 y el envío de la coordinadora económica del gobierno, Edna Camacho, excandidata a vicepresidenta del PUSC, como representante de Costa Rica ante el Banco Interamericano de Desarrollo Humando (BID) en Washington.

Con la salida de estas dos principales figuras del PUSC, de puestos gubernamentales claves, el denominado gobierno de “unidad nacional” de Carlos Alvarado desapareció. Podemos asegurar de forma categórica que el gobierno del Alvarado comienza a apoyarse en figuras del PAC. Por otra parte, la renuncia reciente de la exministra de hacienda, Rocío Aguilar, artífice central, acérrima y principal promotora de las políticas neoliberales, una neoliberal dura e inflexible, profundiza el desgranamiento del que, en sus inicios, apareciera como un gobierno “unitario” y de mantener el apoyo de los sectores más duros del neoliberalismo. El equipo económico inicial del gobierno no existe más y ello, ha debilitado aún más el gobierno de Alvarado. De ahí que este gobierno cuenta con menos apoyo de los partidos burgueses neoliberales de la Asamblea Legislativa.

Recesión Económica y Sobreendeudamiento

Casi todas las actividades económicas del país, excepto las de zonas francas para la exportación, se encuentran en recesión económica. Por ejemplo, el sector de comercio tiene aproximadamente dos años de estar en recesión y haber perdido 30 mil empleos, asimismo miles de negocios han cerrado en diversas ciudades. Por tanto, existe una profunda y larga contracción del consumo nacional, agravada por el 12% de desempleo, a la informalidad de casi un millón de personas y el gigantesco sobreendeudamiento de los hogares. A miles de empleados públicos no les llegan de salarios ni siquiera el “salario mínimo” llamado “intocable” de 190 mil colones. En una situación parecida se encuentran también trabajadores del sector privado, en donde los salarios son aún más bajos. Existen miles de trabajadores que les llegan pocos montos salariales. Producto de ese gran endeudamiento la cantidad de cobros judiciales ha pasado de 453,169 en el año 2016 a 733,169 a septiembre de 2019. 

El problema del sobreendeudamiento y, por ende, la contracción del consumo es tan grave que el gobierno de Alvarado ha publicado una directriz denominada “Creación del Programa de Crédito de Salvamento para Personas Sobreendeudadas”. Dicho programa consistirá en concentrar en una sola cuenta todas las deudas con una tasa de interés que no supere la tasa básica pasiva más un margen de hasta 5,5 por ciento. En verdad, ese programa no resuelve los problemas mencionados. Lo que se requiere es otorgar un aumento real de los salarios, así como eliminar la tasa de usura que existen en los bancos privados, empresas comerciales y otras empresas financieras como “instacredit” que hace préstamos a tasas de interés draconiano diario del 0,18% para un interés anual del 65%. También se requiere que el gobierno implemente un gran plan nacional obras públicas que le garantice trabajo a miles de desempleados que no cuentan con estudios.

La Crisis de UCCAEP

En el mes de octubre tres (3) cámaras empresariales rompieron con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP): la cámara de industria (CICR), la cámara de comercio (CCCR) y la cámara nacional de bananeros (CNB). Las críticas de las cúpulas de esas cámaras de capitalistas es la misma contra su presidente, Gonzalo Delgado y los directivos de la UCCAEP: que no responden a las necesidades de esos sectores; exigen cambios en la dirección; que la directiva no es proactiva, no es firme ni tiene presencia que los tiempos demandan. Esto es lo que aparece públicamente. Por otra parte, en el mes de noviembre, la cámara costarricense de la construcción (CCC) le dio un ultimátum a Gonzalo Delgado, presidente de la UCCAEP, para que renuncie el 12 del presente mes, de lo contrario esa cámara también renunciaría a la unión de bandidos capitalistas. Producto de esas renuncias y el peligro de que otras renunciaran y el ultimátum, el presidente de esa organización de capitalistas se vio obligado a renunciar a la presidencia.

La profunda recesión económica y severa contracción consumo interno que golpea fuertemente a todos los sectores capitalistas, excepto, a los de zonas francas, los está llevando a las divisiones y fuertes contradicciones internas, al grado que su principal agrupación burguesa ha estallado en pedazos. Las grandes pérdidas de sus ganancias, producto de esa grave y larga disminución del consumo nacional, los divide para enfrentar su crisis aguda por sectores

¿Cuál es el Proyecto “Político” del Gobierno de Alvarado?

En realidad, las clases dominantes, sus partidos políticos y el gobierno no tienen un proyecto político ni económico que vayan en dirección de resolver los graves problemas estructurales que existen en el país, tales como el alto desempleo, la altísima informalidad y la grandes desigualdades sociales y económicas, así como reemplazar el agotamiento del modelo de “promoción de las exportaciones” y sacar al país del profundo proceso recesivo en que se encuentra con una severa y prolongada contracción del consumo interno.

El “gran” proyecto “nacional” de la burguesía, de sus partidos políticos y del gobierno es ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el plumífero exdirector del diario “La Nación” “No existe hoy un proyecto nacional de tanta trascendencia como el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)…”. Más adelante este neoliberal sostiene que “… el valor central del ingreso es fortalecerá el desempeño de las instituciones y, así, hará más robusto el Estado, impulsará su gestión estratégica, estimulará la calidad de sus servicios y mejorará la competitividad del país. Se de un proceso de reforma inductivo: modificar realidades concretas a partir de la experiencia acumulada por cientos de casos para incidir entonces en el bienestar general”. Este “proyecto nacional” es original del PLN. Actualmente el gobierno de Alvarado se encuentra en un proceso avanzado para ingresar, ya que el gobierno ha pasado la evaluación de 16 comisiones de 22 que tiene que aprobar la OCDE para aceptar su ingreso como miembro de ese organismo internacional.

Es importante destacar que en América Latina los países que son miembros de la OCDE son Chile, Colombia y México. La situación política, económica y social en esos países miembros de esa organización no ha cambiado mucho al ser miembro de esa institución internacional. Ahí tenemos el caso de Chile, país que se encuentra sumido en una profunda crisis política debido al estallido social, producto de las profundas desigualdades sociales y económicas, que casi llega al mes de protestas y la represión del gobierno de Piñera ha sido brutal y no ha sido condenado por la OCDE. En Colombia se siguen produciendo la muerte de desmovilizados de la ex guerrilla de las FARC, así como de activistas sociales y sindicales y la OCDE no se pronuncia en contra.

La OCDE está dictando y determinando las políticas económicas, sociales e institucionales en el país y en el gobierno. De ahí están surgiendo la implementación de proyectos en diversas áreas, tales como de gobierno corporativo, en educación, en el sistema financiero nacional, en empleo público, en gasto público y otras. Lo que está haciendo esa organización internacional es profundizando la implementación y aplicación del neoliberalismo, mediante la aplicación a fondo de la regla fiscal, la supuesta simplificación del sistema de remuneraciones en el sector público, ahondando la apertura comercial y estimulando la eliminación de las empresas públicas, mediante la cacareada competitividad y simetrías entre empresas privadas y públicas.

Por José René Tamariz

El movimiento estudiantil universitario ha regresado a las calles después de muchos años de ausencias. Este gigante actor social, protagonista de primera línea de grandes jornadas heroicas de luchas como el combo fiscal y contra el TLC, había sido controlado, secuestrado y castrado por las dirigencias oficiales de las federaciones estudiantiles dirigidas por el partido de gobierno, el PAC en contubernio con el frente amplio (FA). Prácticamente, la desmovilización del movimiento estudiantil universitario ha sido desde el año 2014 hasta octubre de 2019, período en que ha gobernado el PAC.

Pero, este fuerte y poderoso movimiento de lucha protagonizado por el movimiento estudiantil, desde abajo, por fuera de las dirigencias oficiales y de las autoridades universitarias, reflejan un proceso de ruptura, altamente progresivo, con esas dirigencias estudiantiles progubernamentales, y a favor de las autoridades universitarias y burocráticas. Todos esos dirigentes estudiantiles oficialistas, aspiran como muchos que hoy ocupan un puesto dentro de las oficinas de casa presidencial y otras dependencias ministeriales, a escalar posiciones, por eso concilian, desmovilizan y traicionan los intereses de los estudiantes de bases. 

Origen del Conflicto

El 18 de julio de 2019 los cincos rectores de las universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN) y representantes del gobierno (ministra de la educación, Guiselle Cruz; ministro de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, Luis Salazar, y el exviceministro de Hacienda, Nogui Acosta) firmaron el “Acuerdo de la comisión de enlace para el financiamiento de la educación superior estatal (FEES) 2020”. En el capítulo I denominado “Monto del FEES y presupuesto de la universidad técnica nacional” y cláusula primera se específica que “Conforme a lo estipulado en el artículo 85 de la Constitución Política, el presupuesto del FEES en el 2020 será de ₵512.781,51 millones y para la UTN el presupuesto será de ₵35.677,88 millones; montos que corresponden al presupuesto asignado en el año 2019, tomando en consideración la inflación a mayo , que alcanza el 2,32%” y en la cláusula quinta del mismo acuerdo se señala que “Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ₵70.000 millones”. Con base a esta cláusula quinta del acuerdo sobre el fondo especial para la educación superior (FEES) la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, una neoliberal dura e inflexible, envío dentro del presupuesto nacional de la República a la Asamblea Legislativa como “gasto de capital” del FEES esos ₵70.000 millones y el resto ₵442.781,51 más el monto de la UTN como “gasto corriente”. Este hecho provocó el diferendo entre Hacienda, los rectores de las universidades públicas y la poderosa lucha estudiantil universitaria por el presupuesto del FEES y la defensa de la autonomía universitaria.

Sin embargo, es importante destacar que la lucha del movimiento estudiantil excede ese objetivo importante de la defensa del FEES y la autonomía universitaria, rechazan el acuerdo sobre el FEES firmado por los rectores, a espaldas de los estudiantes; demandan la salida de los rectores siendo el caso más fuerte el de la UNA, en donde se pide la salida del rector Alberto Salom, miembro del PAC. Asimismo, los estudiantes de diferentes regiones demandan una mayor atención y más presupuestos para las sedes regionales, evitar el cierre de cursos, la lucha contra el acoso sexual de parte de algunos docentes universitarios, la lucha por una mayor igualdad en los presupuestos para los rubros de becas, ya que una gran parte del dinero del FEES se consumen en los altísimos salarios de los jerarcas universitarios y un sector docente universitario, así como muchas otras reivindicaciones. 

Posibles Impactos de los Gastos de Capital Sobre el FEES

Las autoridades universitarias al conocer que se estaba presupuestando del FEES la cantidad de ₵70.000 millones a “gastos de capital” señalaron que ese desvió de fondo tendría serias repercusiones sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Algunos rectores como el de la UNA y el TEC plantearon el cierre técnico de esas universidades, otros como el de la UCR planteo un “gran impacto en el funcionamiento” y el rector de la UNED señaló que esa universidad operaría “bajo límites en matrícula y servicios estudiantiles”. En otras palabras, ese desvío de fondos implicaría un conjunto de medidas restrictivas en todos los ámbitos del funcionamientos de esas casas de estudios.

Regla Fiscal y Autonomía Universitaria

Las disposiciones de la regla fiscal de la “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, mejor conocida como “combo fiscal”, estipula en el capítulo II artículo 9 que habrá un “Límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno central PIB”. Basándose en esa regla fiscal y en su cumplimiento a raja tabla, la neoliberal exministra de hacienda, Rocío Aguilar, había impuesto a las universidades un límite a su crecimiento del gasto corriente y, por tanto, de esa forma decidió, de forma unilateral, que el 13,6% (₵70.000 millones) del FEES se debía de destinar a “gasto de capital” y el resto a “gasto corriente” para según ella, cumplir con la regla fiscal.  De acuerdo con la interpretación de los rectores de las universidades públicas esa tal regla fiscal no se aplica al presupuesto de esas instituciones educativas. De ahí que tengan una consulta constitucional en la sala IV. Por otra parte, según las versiones de los rectores en esa cláusula quinta no se específica que el monto de “gasto de capital” debe salir del FEES, sino que “se pagaría a través de los presupuestos totales de los centros de estudios y no del Fondo”. En todo caso, conociendo los grandes colmillos que tiene la exministra de hacienda, Rocío Aguilar, fue un grave error de los rectores no especificar en la cláusula quinta de ese acuerdo que ese dinero no saldría del FEES sino de los presupuestos totales de las universidades.

Sin embargo, pese a ese gran error de los rectores y a la bailada que les pegó la exministra de hacienda, el articulo 85 de la Constitución Política es claro al plantear que “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones (…) El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal prepara un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En el se incluirá, tanto los egresos de operación como los gastos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo…”. Aquí queda claro que, tanto los gastos de operación o gastos corrientes como los gastos de inversión o gastos de capital, serán incluidos y determinados dentro del plan nacional de educación superior por el cuerpo universitario encargado. Es decir, no pueden ser impuesto esos gastos por el ministerio de hacienda, ya que la Constitución Política está por encima de una ley ordinaria. Por tanto, esa imposición que se pretendía aplicar a las universidades públicas era a todas luces una violación a este artículo constitucional y, por ende, a la autonomía universitaria.

Acuerdo de la Comisión de Asuntos Hacendarios es Inconstitucional

Luego de gestiones, por parte de los rectores universitarios, los diputados de la comisión de asuntos hacendarios que revisan y estudian el presupuesto de la República aprobaron el día 16 de octubre reducir el monto de ₵70.000 millones consignado a “gasto de capital” a la mitad de ₵35.000 millones. No obstante, esa reducción del monto a “gasto de capital”, ella continuaba siendo una intromisión y violación a la autonomía universitaria por parte, ahora, de los neoliberales de la asamblea legislativa.

El Proceso de Lucha y la Gran Marcha Universitaria

El movimiento estudiantil universitario, después de estar ausente por varios años en el escenario de lucha, entró en plena pelea desde el miércoles 16 de octubre y hasta el momento de escribirse este artículo, 25 de octubre, se mantiene en pie de pelea. Esa lucha arranca, el miércoles 16, con la toma de la sede del Pacífico en Puntarenas y continúa como una reacción en cadena con las tomas de la Universidad Nacional, el edificio de Ciencias Sociales y de Educación, el jueves 17, continuando los siguientes días con las tomas de los edificios de la UCR en San Ramón, sede de Guanacaste, reciento de Grecia, Letras y Arquitectura. También se realizan bloqueos de calles, por parte de los estudiantes de la facultad de derecho de la UCR el jueves 17 y también en la universidad nacional, en esta última se mantenían los bloqueos hasta el miércoles 24 de octubre.

La marcha del 22 de octubre fue multitudinaria. Llegaron contingentes estudiantiles de todas las regiones de las universidades públicas: Golfito, Limón, Puntarenas, Guanacaste, San Ramón, Turrialba, Tacares, San José, San Carlos, Alajuela, Barrio Amón y otros lugares, así como trabajadores, docentes y administrativos y autoridades universitarias. Sin duda alguna, este proceso de lucha, con sus diferentes métodos aplicados, así como la gran marcha universitaria del 22 de octubre marcan el resurgir, ascenso y retorno del poderoso movimiento estudiantil universitario a la escena nacional. El despertar de este gigante y gran actor social, dormido por muchos años por la droga del PAC, y, su continuidad en la lucha contra el gobierno, así como la construcción de una nueva dirección estudiantil, puede contribuir a cambiar a todo en el país.

El Acuerdo entre los Rectores, Dirigencias Estudiantiles Oficialistas y el Gobierno

Producto del proceso de lucha del movimiento estudiantil, por fuera de las dirigencias oficialistas de las federaciones estudiantiles del PAC, y, de la gran marcha nacional del movimiento estudiantil universitario el gobierno recibe a las autoridades universitarias y direcciones estudiantiles oficialistas. El punto uno de ese acuerdo que es rescatable y constituye una victoria de la lucha movimiento estudiantil universitario, puesto que plantea que “Entendiendo los alcances de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política en cuanto a la autonomía de las Universidades Públicas, partes aceptamos que no debe ser creada ninguna clasificación de partidas del FEES, distintas a las aprobadas por los órganos de Gobierno de las Universidades Públicas, en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), incluido el componente de gasto de capital en la transferencia del FEES”.  Este punto es un reconocimiento explicito de la autonomía universitaria en la administración del FEES. Sin embargo, no se rechaza de plano el acuerdo de la comisión de asuntos hacendarios que obliga a las universidades a destinara ₵35.000 millones a gastos de capital del FEES.  Por ende, ese acuerdo es, en cierto sentido un engaño, puesto que el poder Ejecutivo firma una cuestión distinta a lo que hace el poder Legislativo. De aquí que la continuación de la lucha del movimiento estudiantil independente es correcta y debemos apoyar, junto a todas sus reivindicaciones. De ahí que planteamos: Fuera Alberto Salom y demás rectores universitarios; mayor presupuesto a las sedes universitarias; conversión de los recintos universitarios en sedes universitarias; no al cierre de cursos en las regiones; más presupuestos a las sedes regionales; mayor presupuesto a las regiones universitarias y, síntesis, cumplimiento de todas las reivindicaciones del movimiento estudiantil universitario independiente. Fuera el PAC de las estructuras de las federaciones estudiantiles, de las rectorías y demás órganos de poder de las universidades. Hay que liberar las universidades públicas del control del PAC y, por ende, del gobierno.

Por José Rene Tamariz

La creciente y abultada deuda pública de Costa Rica, compuesta por la deuda interna y externa, se ha convertido en lo que el marxista David Harvey sostiene que "... pedir prestado es hipoteca para nuestro futuro. La deuda es una trampa para nuestro futuro. Con los préstamos estamos limitando el futuro porque tenemos que pagar nuestras deudas...". (Harvey, David: ¿Por qué “El Capital" de Marx sigue siendo importante?).

Actualmente la deuda pública asciende casi al 60% del producto interno bruto (PIB). Este creciente y gigantesco endeudamiento está conllevando a que para el año 2020 el 38% del presupuesto de la República se destine al pago del servicio de esa deuda pública. Lo anterior significa que de cada 100 colón que ingresa al fisco 40 se destina al pago de esos servicios de la deuda pública.  Es decir, solo el 62% de ese presupuesto queda para financiar todas las actividades del Estado. Esa gigantesca deuda pública ha "hipotecado" el futuro del país y de sus ciudadanos. No hay posibilidad de desarrollo con semejante deuda.

Por otro lado, eso está conllevando a las drásticas restricciones en todas las áreas del país y posiblemente a la ejecución de las medidas “extraordinarias” contempladas en la regla fiscal de la ley 9635 o combo fiscal. Según el inciso d) del artículo 11 del título IV de esa ley “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el sesenta y cinco por ciento (65%) del PIB nominal”. De otro lado, de acuerdo con el articulo 13 “En el caso de que se apliquen las condiciones del escenario d) del artículo 11 de la presente ley, se adoptarán las siguientes medidas extraordinarias: a) No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vid. B) El Gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital. C) No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”. El endeudamiento público, peligrosamente se está acercando a ese escenario del inciso d) del artículo 11 de la regla fiscal. Eso podría significar que, dentro de un año o dos (21 y 22), estaríamos, casi inevitablemente, a las puertas de la aplicación de las “medidas extraordinarias” apuntadas anteriormente. Significa que no habría reajustes salariales semestrales al salario base ni se pagarían los incentivos salariales, tampoco se reconocerán posteriormente, aunque la situación llegara a “normalizarse”

Ese gran endeudamiento también representa un creciente déficit fiscal. Ambos problemas muy graves problemas, deuda pública y déficit fiscal, las clases dominantes pretenden, con sus políticas económicas, fiscales, salariales y otras, que sean los trabajadores en general y, en particular, los trabajadores del sector popular, clases medias y sectores populares, los que paguen las "hipotecas" que ellos contrajeron por su incapacidad para administrar el Estado.

Por tanto, lo que existe actualmente es una lucha de clases en curso por imponer quién o quiénes deben pagar esa grave y dolosa "hipoteca nacional". Las clases dominantes y sus políticos que contrajeron esa "hipoteca" no quieren pagarla y le están imponiendo a las clases dominadas semejante pago. Este es el centro, en el fondo y contenido, el conflicto social que atraviesa la conflictividad social. De la derrota o victoria de la lucha social y el enfrentamiento entre las clases sociales dependerá el resultado de ese conflicto. La pelea está en curso, aún no se ha definido de forma definitiva.

Por otro parte, las masivas y gigantescas deudas de los hogares costarricenses, compuesta por préstamos en colones y dólares y deudas de tarjetas de crédito, es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Ese gravísimo problema puede agravarse y reventar con la eventual recesión mundial que se viene. Miles de trabajadores podrían entrar en default, lo cual sería una grave crisis financiera.

El parasitismo financiero y rentista, usurero depredador, de los bancos, financieras y cooperativas, con sus altísimas comisiones, ha enriquecido de manera fácil y a manos llenas a los usureros modernos, parasitando como garrapatas sobre los salarios de los trabajadores y sectores populares, llevando prácticamente a una esclavitud de sobreendeudamiento a miles de hogares.

Tanto por la gigantesca deuda pública como por la grandísima deuda de los hogares el "futuro está ejecutado". Quiere decir que nuestro futuro está liquidado, vendido. Eso es lo que nos puede estar pasando sin darnos cuenta. La única salida para que nuestro "futuro" no sea "ejecutado" es la lucha.

Al final, los trabajadores, clases medias y sectores populares, debemos imponer, mediante la lucha y el enfrentamiento social, la solución a esos graves problemas: Que la deuda pública y el déficit fiscal los paguen los capitalistas y sus partidos políticos que la contrajeron, no los trabajadores. Que se eliminen todas las grandes exoneraciones al gran capital transnacional; que se combata con confiscación y cárcel a los evasores fiscales; que se aumente el impuesto a las ganancias de los capitalistas y moratoria del pago de la deuda pública privada y externa.

En defensa de los trabajadores del sector público

El exdiputado, pensionado y sociólogo, Ronald Solís Bolaños, escribe un artículo que apareció en el periódico “La Nación” día 14 de septiembre. Realiza un conjunto de comparaciones de los salarios, pluses y condiciones laborales entre los trabajadores del sector público y privado. El objetivo de ese artículo es desprestigiar e inducir a la eliminación de los montos de los salarios del sector público porque son, supuestamente, tres veces mayores que en el sector privado y también eliminar las condiciones laborales de los empleados públicos porque son más favorables que en el sector privado.

En primer lugar, el cuadro comparativo contiene una serie de inexactitudes y mentiras. Se sostiene que los trabajadores del sector público reciben un incremento salarial del 3% por inflación cuando no es cierto. Desde hace varios años los reajustes salariales han sido bajísimos ni siquiera llegan al 1%. El año pasado y el primer semestre de 2019 se nos dio un reajuste miserable nominal de 3750 colones semestral. En segundo lugar, es falso que en todo el sector público se otorgue una anualidad del 3.5%, ese porcentaje se otorgaba en algunas instituciones autónomas y empresas públicas no en el gobierno central que era del 1.94%. Y eso ya no existe con la ley 9635.

En tercer lugar, también es falso que en todo el sector público se otorgue una cesantía de 12 a 20 años. Eso se aplicaba en algunas instituciones autónomas y empresas del Estado, no en el gobierno central que es de 8 años. Eso cambió con la ley 9635. En cuarto lugar, es falso que todos los empleados públicos reciban de 2 a 3 aguinaldo reales: el aguinaldo en sí, el salario escolar y un mes más por el pago bisemanal. El salario escolar no es aguinaldo, ya que es menor en su monto y se les aplica todas las retenciones de ley. El pago bisemanal solo se hacía en la CCSS y con la ley 9635 eso cambia. Entonces, muchos aspectos de ese cuadro comparativo son falsedades.

Ese artículo igual que muchas sandeces que escriben plumiferos a sueldos, la jauría neoliberal y otros miserables intentan enfrentar a los trabajadores del sector público y privados. Pretenden hacer creer que los supuestos "altos" salarios de los empleados públicos son responsables de la desigualdad social. Según Solís "Los salarios del sector público han deteriorado nuestro coeficiente de Gini y aumentado la desigualdad social...". Esa argumentación es una falacia, ya quienes han deteriorado ese coeficiente, realmente, son los bajos salarios en el sector privado y sus malas condiciones laborales de sobreexplotación.

¿El salario promedio de 370 mil colones en el sector privado es muy alto? Si lo comparamos con los países centroamericanos si es alto, pero la comparación es incorrecta. El costo de vida en Costa Rica en comparación a los países centroamericanos es muy alto. Solo un ejemplo: el alquiler de cualquier cuarto ya no digamos una casita sencilla vale de 100 mil a 200 mil colones mínimos, solo ese rubro consume más del 30% de un salario mínimo. En cualquier país centroamericano con ese equivalente se alquila una buena casa. Por otra parte, es incorrecta la comparación. Si se toman todos los salarios del sector privado y público y se hacen promedios, se incluyen salarios mínimos que son muchos. Lo correcto sería comparar los salarios según profesiones semejantes. Por ejemplo, médicos privados y públicos, profesionales del sector privado y público. Un médico privado por una operación sencilla y rutinaria de apendicitis cobra un millón de colones no digamos una operación complicada. Esa comparación es errónea y mal intencionadas.

Entonces, ¿en dónde está el problema? En primer lugar, debido al alto costo de la vida los salarios del sector privado deben aumentarse de forma generalizada. Se debe homologar esos salarios hacia arriba no hacia abajo como quieren las pandillas neoliberales y sus testaferros. En segundo lugar, las diferencias salariales son inevitables. El sector público está integrado por profesionales y técnicos en su mayoría, debido a lo cual sus salarios son más altos.

¡Abajo el proyecto 21.182 que impondrá 12 horas diarias de jornada laboral!

El proyecto de ley 21.182 que reformará varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la jornada de trabajo, llamada "jornada extraordinaria", en el sector privado de 8 horas a 12 horas diarias por 4 días y, supuestamente, descansar 3 días, constituye a todas luces un nuevo sistema de sobreexplotación laboral de miles de trabajadores.

Da risa la justificación de motivos de los 12 diputados proponentes, entre ellos, Carlos Ricardo Benavides, Yorleny León y otros, para impulsar y aprobar ese odioso proyecto, típico del siglo XIX.

Estos diputados, agentes y testaferros de los capitalistas, señalan de forma cínica que ese proyecto se promueve para que los trabajadores puedan "descansar, estudiar y capacitarse", además, según ellos, los proletarios tendrán "mayor tiempo libre para disfrutar con su familia" y así "podrán conceder una mayor proporción de su tiempo a los hijos". De acuerdo con estos diputados canallas los trabajadores saldrán ganando con esa "nueva jornada extraordinaria". Es casi una propuesta "angelical" para ellos, casi la "gloria" pero de la superexplotación. Es todo lo contrario a sus objetivos. Es un engaño total.

En realidad, esa propuesta de jornada de trabajo es la más descarada, brutal y descarnada para imponer en el sector privado de los trabajadores la más despiadada sobreexplotación laboral. Trabajar 12 horas diarias es extenuante, demoledor y dañino para la salud de cualquier trabajador, ahora si es un trabajo muy duro y pesado el daño para la salud es peor. Pero, aún falta agregar a esa amañada propuesta. Es que se deja, en apariencia, tres días "libres" a los proletarios, lo cual es falso, ya que el capataz o supervisor le van a exigir, como horas extras, el día viernes e incluso el sábado a los trabajadores, lo que conllevará a jornadas de 56 horas, 60 horas o más. Será una sobreexplotación parecida a los albores del capitalismo. Impensable en una democracia "moderna".

Los sindicatos deben oponerse con todas sus fuerzas a semejante propuesta de reforma del código de trabajo. Deben realizar una campaña masiva contra esas contrarreformas laborales. ¡NO AL PROYECTO 21.182!

Por José René Tamariz

Las clases dominantes de Costa Rica se ufanan en sostener que es una la democracia más antigua de América. Sin embargo, en los últimos años esto ha venido cambiando de forma y contenido de manera significativa.

Las bases económicas y sociales que hizo posible la existencia de la democracia costarricense como ejemplar ya no existe. El creciente endeudamiento tanto interno como externo realizado en los gobiernos de los partidos neoliberales PLN, PUSC y PAC ha comprometido seriamente el futuro del país en todas áreas, llevando a la democracia a ser una farsa y una verdadera tiranía minoritaria.

Esa gigantesca deuda pública que casi ronda el 60% del PIB ha provocado que, casi el 40% del presupuesto nacional se dedique al pago de los intereses de esa deuda, así como al creciente déficit fiscal. El país vive de a prestado lo cual lo hace, en cierto modo, tener una vida artificial. El presupuesto del 2020 solo se financiará el 56% con ingresos propios y el 48% con préstamos. Esta tragedia es debido a la política de apertura comercial y al modelo de promoción de las exportaciones que, de forma dispendiosa, otorga miles de millones en exoneraciones a gran escala al capital transnacional, así como la masiva evasión fiscal y la extensiva e intensiva corrupción del erario público. Con esos dineros no solo no habría déficit fiscal sino que tendríamos superávit.

El capitalismo depredador de las clases dominantes ha llevado al país a esta situación económica de endeudamiento, creciente déficit fiscal, desempleo masivo, informalidad gigantesca y odiosa, aumento de la delincuencia, el narcotráfico y otros graves males sociales aquejan a la mayoría de la población. Asimismo, esas políticas criminales están llevando a la desaparición de las clases medias que hizo posible la otrora ejemplar democracia tica.

La cruzada actual contra la huelga, las organizaciones sindicales y sociales y los trabajadores del sector público para despojarlos de sus ingresos medios y de sus derechos fundamentales, como la huelga, son el mejor indicador de la decadencia de lo que fue la democracia costarricense. La eventual aprobación del proyecto 21.049 constituye un punto de inflexión de la democracia. De concretarse y convertirse en ley de la República ese nefasto y antidemocrático proyecto estaríamos en presencia de una democracia de la tiranía de una minoría contra la mayoría. Sería la extensión de la tiranía de la empresa privada al conjunto de la sociedad costarricense.

La deuda pública y de los hogares: una hipoteca sobre nuestro futuro

La creciente y abultada deuda pública de Costa Rica, compuesta por la deuda interna y externa, se ha convertido en lo que el marxista David Harvey sostiene que "... pedir prestado es hipoteca para nuestro  futuro. La deuda es una trampa para nuestro futuro. Con los préstamos estamos limitando el futuro porque tenemos que pagar nuestras deudas...".  (Harvey, David: ¿Por qué "El Capital" de Marx sigue siendo importante).

Actualmente la deuda pública asciende casi al 60% del producto interno bruto (PIB). Este creciente y gigantesco endeudamiento está conllevando a que para el año 2020 el 38% del presupuesto de la República se destine al pago del servicio de esa deuda pública. Es decir, solo el 62% de ese presupuesto queda para financiar todas las actividades de el Estado. Ello está llevando a las drásticas restricciones en todas las áreas del país. Esa gigantesca deuda pública ha "hipotecado" el futuro del país y de sus ciudadanos. No hay posibilidad de desarrollo con semejante deuda.

Ese gran endeudamiento también representa un creciente déficit fiscal. Ambos graves problemas, deuda pública y déficit fiscal, las clases dominantes, con sus políticas económicas, fiscales, salariales y otras, pretenden que sean los trabajadores en general y, en particular, los trabajadores del sector popular, clases medias y sectores populares, los que paguen las "hipotecas" que ellos contrajeron por su incapacidad para administrar el Estado.

Por tanto, lo que existe actualmente es una lucha de clases en curso por imponer quién o quiénes deben pagar esa grave y dolosa "hipoteca nacional". Las clases dominantes y sus políticos que contrajeron esa "hipoteca" no quieren pagarla y le están imponiendo a las clases dominadas semejante pago. Este es el centro, en el fondo y contenido, el conflicto social que atraviesa la conflictividad social. De la derrota o victoria de la lucha social y el enfrentamiento entre las  clases sociales dependerá el resultado de ese conflicto. La pelea está en curso, aún no se ha definido de forma definitiva.

Por otro lado, las masivas y gigantescas deudas de los hogares costarricenses, compuesta por préstamos y deudas de tarjetas de crédito, es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Ese gravísimo problema puede agravarse y reventar con la eventual recesión mundial que se viene. Miles de trabajadores podrían entrar en default, lo cual sería una grave crisis financiera.

El parasitismo financiero y rentista, usurero depredador, de los bancos, financieras y cooperativas, con sus altísimas comisiones, ha enriquecido de manera fácil y a manos llenas a los usureros modernos, parasitando como garrapatas sobre los salarios de los trabajadores y sectores populares, llevando prácticamente a una esclavitud de sobreendeudamiento a miles de hogares.

Al final, los trabajadores, clases medias y sectores populares, debemos imponer, mediante la lucha y el enfrentamiento social, la solución a esos graves problemas: Que la deuda pública y el déficit fiscal los paguen los capitalistas y sus partidos políticos que la contrajeron, no los trabajadores. Que se eliminen todas las grandes exoneraciones al gran capital transnacional; que se combata con confiscación y cárcel a los evasores; que se aumente el impuesto a las ganancias de los capitalistas; moratoria del pago de la deuda pública privada y externa.

¡Abajo el proyecto 21.182 que impondrá 12 horas diarias de jornada laboral!

El proyecto de ley 21.182 que reformará varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la jornada de trabajo, llamada "jornada extraordinaria", en el sector privado de 8 horas a 12 horas diarias por 4 días y, supuestamente, descansar 3 días, constituye a todas luces un nuevo sistema de sobreexplotación laboral de miles de trabajadores.

Da risa la justificación de motivos de los 12 diputados proponentes, entre ellos, Carlos Ricardo Benavides, Yorleny León y otros, para impulsar y aprobar ese odioso proyecto, típico del siglo XIX.

Estos diputados, agentes y testaferros de los capitalistas, señalan de forma cínica que ese proyecto se promueve para que los trabajadores puedan "descansar, estudiar y capacitarse", además, según ellos, los proles tendrán "mayor tiempo libre para disfrutar con su familia" y así "podrán conceder una mayor proporción de su tiempo a los hijos". De acuerdo con estos diputados canallas los trabajadores saldrán ganando con esa "nueva jornada extraordinaria". Es casi una propuesta "angelical" para ellos, casi la "gloria" pero de la superexplotacion. Es todo lo contrario a sus objetivos. Es un engaño total.

En realidad, esa propuesta de jornada de trabajo es la más descarada, brutal y descarnada para imponer en el sector privado de los trabajadores la más despiadada sobreexplotación laboral. Trabajar 12 horas diarias es extenuante, demoledor y dañino para la salud de cualquier trabajador, ahora si es un trabajo muy duro y pesado el daño para la salud es peor. Pero, aún falta agregar a esa amañada propuesta. Es que se deja, en apariencia, tres días "libres" a los proles, lo cual es falso, ya que el capataz o supervisor le van a exigir, como horas extras, el día viernes e incluso el sábado a los trabajadores, lo que conllevará a jornadas de 56 horas, 60 horas o más. Será una sobreexplotación parecida a los albores del capitalismo. Impensable en una democracia "moderna".

Los sindicatos deben oponerse con todas sus fuerzas a semejante propuesta de reforma del código de trabajo. Deben realizar una campaña masiva contra esas contrarreformas laborales. ¡NO AL PROYECTO 21.182!

El poder fantasmal de Carlos Alvarado

El presidente de la República de Costa Rica no es presidente por si mi mismo sino que es el producto de una serie de relaciones. Sin esas relaciones es un simple mortal con todas sus debilidades, falencias, sus desgracias y sus tonterías.

Carlos Alvarado, como presidente de la República, es sostenido en el poder por esas relaciones y las fuerzas policiales. Lo sostienen los empresarios nacionales y transnacionales, las cúpulas de los partidos neoliberales, los tecnócratas de los diversos ministerios e instituciones públicas, así como un puñado de gente que ha recibido alguna prebenda o favor del gobierno, en síntesis, una minoría.

Sin ese apoyo minoritario y poder policial Carlos Alvarado no resistiría unos días en el poder. Sus límites y fragilidad se hace evidente cuando tiene que huir en un carro presidencial, de forma escondida y escoltado por agentes de la DIS, de la provincia de Limón por temor a ser vapuleado por el pueblo enojado.