Por José René tamariz

El proyecto de ley de empleo público que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa para su eventual aprobación producirá cambios sustanciales en el sistema de salarios, empleo público y, prácticamente, la desaparición del servicio civil.

Según el artículo 12 de dicho proyecto denominado “Existirá un único régimen general de empleo público, el cual a su vez estará conformado por las siguientes ocho familias de puestos:

a) Personas servidoras públicas en general: Incluye a los servidores públicos bajo el ámbito de aplicación del título I y del título IV del estatuto de Servicio Civil, así como a los servidores que se desempeñan en las instituciones señaladas en el artículo 2° de la presente ley que no estén incluidas en las restantes familias de puestos.

b) Personas servidoras en ciencias de la salud. c) Personas servidoras policiales.

d) Personas servidoras del sistema educativo público, que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del título II del Estatuto de Servicio Civil. e) Personas servidoras de las universidades públicas.

f)  Personas servidoras de la administración de justicia, según lo definan el Tribunal Supremo de Elecciones y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente. g) Personas servidoras del Servicio Exterior. h) Personas servidoras de confianza”.

El inciso k) del artículo 7) plantea que una de las competencias de ese proyecto de ley será “Establecer un sistema único y unificado de remuneración de la función pública de conformidad con esta ley y específica el salario y los beneficios de todas las personas funcionarias públicas”.

El planteamiento de hacer un “sistema único y unificado de remuneración de la función pública”. Pretender crear ese tipo de sistema salarial, simple y sencillamente, sería rebajar y equiparar hacia abajo los salarios de miles de trabajadores del sector público. Por ejemplo, intentar y ejecutar la “unificación de los salarios” de médicos, académicos universitarios, científicos de centros especializados, jueces, educadores y otros puestos sería una cuestión absurda que, conllevaría a la disminución de los salarios y, por ende, a desincentivar el trabajo en muchas de esas especialidades en el sector público, lo cual podría llevar a la fuga de mucho personal hacia el sector privado.

¿Desvinculación o Despidos?

El artículo 19 llama de manera eufemística a los despidos como “desvinculación del empleo público”. Señala en el inciso c) que se “desvinculará” (despedirán) los empleados públicos cuando “La obtención de dos evaluaciones del desempeño consecutivas anuales, inferiores a una calificación del 70%”. Esto constituye una nueva forma de despidos de los trabajadores del sector público. Además, no se conoce la “nueva forma de evaluación”, ya que el ministerio de planificación (MIDEPLAN) elaborará la metodología de evaluación. Y “En el caso del personal docente del título II del Estatuto de Servicio Civil, adicionalmente se tomarán en cuenta los lineamientos y políticas para la evaluación de desempeño docente que al efecto disponga el Consejo Superior de Educación”.

Por otra parte, en el inciso f) se señalan dos aspectos por lo cuales podrían darse “desvinculación” (despidos) en el sector público. Esos casos serían: 1) Reducción forzosa de servicios o de labores por falta absoluta de fondo; y 2) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos, siempre que esa reorganización afecte por lo menos al sesenta por ciento de los empleados de la respectiva dependencia pública”.  Estos dos últimos puntos fueron tomados del capítulo sobre el servicio civil que aparece en la Constitución, pero fueron ampliados. Probablemente, se ampliaron pensando en la reforma del Estado que se encuentra en curso y la cual pretende eliminar un conjunto de instituciones públicas, unificándolas en una sola lo que conllevaría a los despidos de cientos, sino de miles, de empleados públicos.

La Imposición del Salario Global o Reducción de los Salarios en el Sector Público

El artículo 25 plantea que “Los salarios de las nuevas personas servidoras públicas, a partir de la vigencia de la presente ley, se regirán de acuerdo con los siguientes postulados” y en el inciso d) se señala que “Cada familia de puestos tendrá una escala de salario global que indicará el puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora pública que lo ostente. La escala salarial deberá ser publicada en la plataforma integrada de empleo público”. Y para que no quede duda ese proyecto de ley define al salario global como “… la remuneración o monto único, que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios, de conformidad con los postulados establecidos en la presente ley”. Veamos las consecuencias de la implementación del tal salario global o único.

Ese salario único, para los nuevos trabajadores del sector público, representará salarios más bajos o reducidos en relación con los trabajadores que actualmente laboran para el Estado, los cuales devengan el denominado “salario compuesto” que incluye diversos incentivos o pluses salariales, tales como anualidad, carrera profesional y otros incentivos, dependiendo de la institución en la cual labore.

De entrada. debemos sostener que es un engaño sostener que un trabajador con salario único en un puesto determinado y con calidades iguales a un empleado con salario compuesto, vaya a ganar más que este último, como falsamente, pretende hacer creer el “asesor económico” de la APSE, Ricardo Vindas. Esa gran falacia que pretende ser metida como una verdad por Vindas y la dirigencia burocrática de APSE, entre las bases y en el consejo nacional, tiene como objetivo confeso de que sus afiliados y los dirigentes intermedios acepten de forma pasiva la política de salario único impuesto por el gobierno a los nuevos empleados.

Por otra, es necesario señalar que este proyecto mantendrá a los trabajadores actuales del sector público el salario compuesto. Es evidente que esto tiene como objetivo dividir a los empleados públicos, ya que muchos trabajadores viejos no estarán dispuestos a pelear contra esa imposición de salario único porque no los afecta. Asimismo, esa política de división salarial, hacia el futuro va a dividir la lucha de los trabajadores del sector público, ya que los nuevos trabajadores no van a querer ir conjuntamente en un movimiento de lucha por reivindicaciones de los trabajadores que tengan salario compuesto y viceversa.

Es evidente, por tanto, que la política de salario global o único y, eventuales despidos, son parte de la política fiscalista en el marco de la reducción del déficit fiscal del gobierno. Es importante destacar que la ministra de planificación, Pilar Garrido, cuando presentó el proyecto de ley de empleo público hizo énfasis en que en el primer año de su aplicación el Estado se ahorraría el 0,7% del PIB y cada año dicho porcentaje aumentará, porque irán disminuyendo los salarios.

¿Beneficiará a los Docentes de Primaria Trabajar por Lecciones?

El transitorio X de ese proyecto de ley plantea “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el personal docente de primaria pasará a percibir su salario por lección, tal y como está contemplado para el personal docente de secundaria, aplicando la misma fórmula de cálculo aplicable al personal docente de tercer y cuarto ciclo”. Sobre este aspecto, la asesora legal de APSE, Ileana Vega, y la burocracia sindical de la directiva nacional del sindicato sostiene la posición de que eso constituye una de las “bondades” de este macabro proyecto de ley de empleo público. Esto es parte de las tantas mentiras que los burócratas sindicales les pretende hacer creer como verdad a sus afiliados, sencillamente engañándolas. A su vez, esta aceptación tácita de ese miserable proyecto de ley la convierte en cómplice de ella. Veamos a dónde está la trampa y engaño para los docentes de primaria al trabajar por lecciones.

Actualmente, los docentes de primaria trabajan por jornada, ya sea en la mañana o por la tarde. En algunas escuelas se labora la denominada “doble jornada” que va de la 7 am a 12:10 pm (7 lecciones) o de 12:30 pm a 5:40 pm (7 lecciones). En total son 35 lecciones. En este tipo de jornadas, unos docentes trabajan por la mañana y otros por la tarde. Otras escuelas trabajan la llamada “jornada ampliada” en la cual se labora los horarios de 7 am a 2:10 pm (9 lecciones) durante cuatros días y un día de 7 am a 1:40 pm (8 lecciones). En total son 44 lecciones. Por ese incremento en la cantidad de lecciones los docentes tienen un recargo salarial del 20%. En otros casos, principalmente en la zona rural, algunos docentes laboran con “ampliación de jornada” el cual representa un recargo salarial del 50% por atender un grupo extra.

Es importante señalar que la mayoría de los docentes de primaria, en términos generales, atienden dos grupos máximos en las jornadas laborales. Esto sucede, primordialmente, en las materias básicas. Sin embargo, esa situación de tener una jornada fija y pocas secciones de estudiantes para atender podría variar significativamente con la conversión del paso del trabajo por jornada a laborar “por lecciones”.

Muchos de los graves problemas laborales que sufren los docentes de secundaria se trasladarán al sector de primaria. Esas situaciones serán llegar a tener horarios de trabajos desde las 7 am hasta la 4:10 pm como sucede en secundaria; atender 7, 8, 9, 10 o más secciones de estudiantes para poder obtener las 44, 45 o 48 lecciones; tener que trabajar, en algunos casos, en varias instituciones para completar las lecciones; atender varios niveles educativos; en la medida que se le aumenten los grupos, se les incrementará la cantidad de alumnos de adecuación no significativa y significativa y, por ende, la realización de mayor trabajo, tales como, la elaboración de más exámenes, más PEI, más informes trimestrales de todos los estudiantes con adecuaciones y más perfiles de entrada y salida.

En síntesis, la sobrecarga de trabajo se incrementaría brutalmente entre los docentes de primaria al pasar a laborar “por lecciones” o por destajo. Aunque, en algunos casos lleguen a ganar un poco más de salario, el incremento del estrés, el agotamiento emocional, la fatiga física, depresión y otros problemas relacionado con el “síndrome del quemado” (burn-out) que existe, casi de forma generalizada, en el sector de secundaria.

El “trabajo por lecciones” o trabajo a destajo de las/los educadores. Muchos de los problemas señalados anteriormente que sufren los docentes de secundaria, tienen como causa la forma o tipo de trabajo “por lecciones” que realizan en su ocupación las/los docentes de secundaria. Según, Yolanda M. Rojas, esas “… estructuras… resultan opresoras para el trabajo de los educadores.  Estructuras tales como la contratación de los profesores de secundaria “por horas”, resultan ser estructuras que, desde la perspectiva del trabajador resultan en condiciones de trabajo inhumanas por el número de grupos, el número de estudiantes, el número de instituciones en las que tienen que laborar y desde la perspectiva humana propiamente, están produciendo una gran desmotivación e insatisfacción en el trabajo de estos trabajadores de la educación”. (Rojas, Yolanda: Análisis y Evaluación del Sistema Educativo Costarricense. San José, Costa Rica: Congreso Pedagógico de ANDE. 2005).

De último, debemos afirmar de forma categórica que el paso de la modalidad de trabajar por jornada “por lecciones” en el sector de primaria tiene como objetivo para el MEP reducir los costos o gastos en el sector educativo, parte de la política de reducir el déficit fiscal, ya que dicha conversión se traducirá en una menor contratación de docentes en primaria porque habría una extensión de la jornada laboral del personal y, por ende, menores pagos de los montos salariales y de cargas sociales (aguinaldo, salario escolar, anualidades y otros).

El mejor y correcto planteamiento sería que tanto los docentes de secundaria como de primaria trabajaran por jornada, manteniendo intacto el pago de las 48 lecciones, incluido dentro de esto el pago de las lecciones de planeamiento que actualmente no se les paga a los docentes de primaria, lo cual constituye una arbitrariedad y robo de parte del MEP.

Por  José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado en su desesperación para conseguir financiamiento ha recurrido al Fondo Monetario Internacional (FMI). Dentro de los diferentes organismos financieros internacionales, el FMI es lo peor fuente para financiarse, ya que impone condiciones leoninas para otorgar préstamos. El gobierno solicito a ese organismo un primer crédito por $508 millones mediante el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y, posteriormente, está pidiendo un préstamo stand-by hasta por $2.250 millones que se otorgarían, por partes, en el curso de tres años.

Según el ex ministro de hacienda, Rodrigo Chaves “El ajuste va a ser más fuerte ahora, a qué plazos se logre la sostenibilidad de la deuda, si al 2030 o 2025, eso se puede discutir con el Fondo, pero el ajuste va ser fuerte, sino no nos podrán prestar”. (La Nación, 20 de junio de 2020). En realidad, el ajuste salvaje propuesto por el FMI constituye un “combo de ajuste estructural” (CAE) que hundirá en mayor miseria a muchos sectores y en pobreza a nuevos sectores como a los trabajadores del sector público. Veamos la combinación de medidas que propone el FMI.

• Tasas impositivas a consumo más altas. Por ejemplo, pasar el IVA del 13% al 15%.
• Impuestos especiales sobre la gasolina y diésel.
• Impuestos ambientales. No especifican.
• Impuestos a la propiedad. No especifican
• Reducción de los salarios mediante el congelamiento de los aumentos salariales en el sector público o un recorte nominal en los salarios de las escalas más altas. Recorte nominal significa rebajar esos salarios.
• Rápida reforma al servicio civil porque éste tiene un peso del 35% en el gasto público. En otras palabras, lo anterior podría conllevar no solo a la reducción de los salarios, sino también a eventuales despidos en el sector público.
• Venta de activos del Estado. Aquí no solo sería el planteamiento de vender FANAL y BICSA, sino vender empresas de peso como el ICE, el BCR y el INS.
• Cumplimiento estricto de la regla fiscal

El gobierno de Carlos Alvarado ha venido mintiendo constantemente a la ciudadanía sobre los eventuales préstamos que le otorgaría el FMI. Primero dijo que ese organismo no impondría condiciones, sino que eran “metas”, lo cual era absolutamente falso. Después emitió un decreto congelando los salarios de los trabajadores del sector público por cuatro años en supuesta “solidaridad” de los empleados públicos hacia los trabajadores que habían perdido sus trabajos, suspendidos temporalmente de sus puestos laborales o con jornadas reducidas. Sin embargo, eso era una mentira ya que, sin que el FMI, le otorgara los créditos, estaba cumpliendo uno de los puntos exigidos por el FMI para darle los préstamos. Asimismo, la última versión del proyecto de ley de empleo público va en la dirección de cumplir uno de los dictados de ese organismo de realizar una reforma rápida y profunda del régimen de servicio civil porque este consume el 35% del gasto público.

Por otra parte, es importante destacar que, pese a la disminución de los precios internacionales del petróleo, el gobierno envío un proyecto de ley que aprobó la Asamblea Legislativa para mantener intacto y aumentar el impuesto a los precios de la gasolina para financiar, por solidaridad, el bono proteger para miles de personas afectadas por la pandemia. No obstante, lo anterior, ahora sabemos que esa reforma de ley va en la dirección de las medidas que el FMI ha exigido para prestar los millones de dólares. En otras palabras, este gobierno no tiene ninguna “originalidad”, sino que hace y promueve proyectos ley en función de las exigencias que le ha hecho ese organismo internacional, así como también emite decretos en cumplimiento del mandato del FMI.

De otro lado, la eventual venta de las más grandes empresas del Estado y del país (ICE, INS y BCR), tanto por patrimonio y ganancias, aprovechándose de la situación de crisis sanitaria, constituiría la más alta traición a los intereses nacionales. Es como vender las gallinas de los huevos de oro. Eso conllevaría al encarecimiento de varios servicios públicos, así como la pérdida de millones de recursos para las arcas del Estado. Eso no se debe permitir jamás.

El encuentro sindical del 25 de junio que están impulsando diversas organizaciones sindicales deben discutir y votar un plan de lucha en contra del “combo de ajuste estructural” del FMI, así como contra todas las medidas anti obreras y antipopulares que impulsa e implementa el gobierno de Carlos Alvarado y los neoliberales de la Asamblea Legislativa. Ese plan de acción debe impulsar movilizaciones callejeras, tomando en cuenta el distanciamiento social y el uso de mascarillas, y concluir en una huelga general que impida la aplicación del ajuste salvaje del FMI y del gobierno de Alvarado en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias. ¡No al Combo de Ajuste Estructural del FMI y del Gobierno de Alvarado!

Por José René Tamariz

La producción y cosecha de la producción agrícola y ganadera en Costa Rica es totalmente dependiente de la mano de obra migrante, principalmente, nicaragüense y, secundariamente, panameña en cuanto al café.  Igual sucede en el sector de la construcción.

Debemos ser claros. Si no hay oferta no hay demanda. En los sectores productivos agropecuarios y de construcción se aplican las leyes del mercado las cuales les encantan a los empresarios, neoliberales y gobierno. Sin embargo, son unos tipos con doble moral. Cuando la situación se les complica por la covid 19, San Carlos, comienzan a echarle la culpa a los migrantes ilegales, al ministerio de salud, a la policía y otros entes.

No se puede andar con medias tintas. Los empresarios agropecuarios les encanta contratar a migrantes ilegales porque pagan salarios más bajos y cero cargas sociales. Entonces, su plusvalía por la explotación de esa mano de obra se duplica o triplica. Veamos algunos datos que sirven para aclarar todas las manifestaciones xenofobicas.

En San Carlos, epicentro de la pandemia de la covid 19, las cinco principales actividades agrícolas son: ganadería, piña, yuca, naranja y caña de azúcar.

La actividad ganadera de producción de leche y de carne utiliza 224.398 hectáreas en el año 2020. La producción de piña era de 521,2 hectáreas en el año 1984, pasó a 10.448,8 hectáreas en el año 2014 y saltó a 17.862 hectáreas en el 2020; la producción de yuca, fue de 1.356,3 hectáreas en el año 1984, aumentó a 3.671,6 en el año 2014 y se incrementó a 10.290 hectáreas en el año 2020; la producción de caña de azúcar, era de 4.020,6 hectáreas en el año 1984, se incrementó a 5.849,4 hectáreas y pasó a 7.936 hectáreas. La producción de naranja se ubica en cuarto lugar en el año 2020 con 9.635 hectáreas. No obtuve datos de otros años.

¿Quiénes realizan el proceso de la producción de esas cinco principales cosechas agrícolas de san Carlos? Entre el 60% y 80% de la mano de obra es nicaragüense. Los empresarios y la escoria de intermediarios están acostumbrados a contratar mano de obra semi esclava para el proceso de la producción de esas cosechas. No existe mano de obra nacional que trabaje en esas labores. En la producción y explotación de esas producciones agrícolas existen empresarios nacionales y transnacionales y la mafia de los intermediarios involucrados. Esas actividades productivas generan miles de millones de dólares. Si no se realizan, sencillamente habría una bancarrota económica y social en toda la zona norte.

La producción de piña es una actividad que se realiza todo el año; la ganadera igual; la yuca está actualmente en plena cosecha; la naranja y caña de azúcar se realizan en otra época (noviembre a marzo).

Veamos otro ejemplo que clarifica otra situación. La cosecha de cafe requiere de 74.000 recolectores. Apenas se han inscrito unos 485 nacionales para esa actividad. Normalmente, esa recolección la realizan indígenas panameños y nicaragüenses. Si ellos no lo hacen se perdería miles de millones de dólares. Estas situaciones normales se han complicado con la crisis sanitaria y se han comenzado a visibilizar las condiciones de existencia en que tienen sumidos los empresarios e intermediarios a grandes contingentes de trabajadores semiesclavos. La solución a toda esa infamia es que los patrones garanticen las condiciones salariales básicas de existencia y el Estado brinde los servicios básicos de salud, agua potable, electricidad y acceso a una vivienda digna a esa gran masa de trabajadores que sostienen la economía fundamental de las zonas agrícolas.

Medidas ilegales y arbitrarias contra los trabajadores

La Procuraduría General de la República (PGR), representante legal del Estado, le ordenó al gobierno de Alvarado que deberá pagar el reajuste salarial del año 2020. Esto deberá hacerlo, aunque sea en el año 2021. ¿Por qué? Porque las medidas arbitrarias e ilegales tomadas por Carlos Alvarado y su equipo de "asesores" son rayana de la estupidez e ignorancia del orden legal. Todo bajo el pretexto de la pandemia. Veamos las perlas de la estupidez.

El año pasado Alvarado firmó un decreto otorgando un miserable reajuste salarial de 7.500 colones para los profesionales y de 9.000 colones para los no profesionales. Sin embargo, recientemente, en medio de la pandemia, Carlos Alvarado, volvió a firmar otro decreto que suspendía o eliminaba el pago de ese reajuste salarial. Entonces, la PGR le dice a Carlos Alvarado que no puede emitir un decreto sobre otro decreto alrededor del reajuste salarial. Que para hacer eso, primero debía hacer un decreto que derogue el primer decreto del alza salarial y, después, emitir el otro.

Además, ya ese reajuste salarial según la PGR se ha convertido en un "patrimonio de cada funcionario público" y, por ende, no puede ser expropiado o robado, más exactamente. Entonces, nos encontramos frente a un gobierno que actúa violentando las normas legales que hasta su propio abogado tiene que corregirle. En otras palabras, realiza actos ilegales y arbitrarios contra los trabajadores del sector público.

Pero el asunto no para allí. Ahora, el flamante y rastrero ministro de la hacienda, Elián Villegas, le solicita a la PGR que "reconsidere" y cambie su pronunciamiento. En otras palabras, le sugiere a la PGR que violente el estado de derecho. ¡Habrase visto hasta dónde llega este gobierno violador del estado de derecho!

Y la dirigencia sindical de APSE y su séquito de abogados encabezados por Ileana Vega ¿Que hicieron frente a esa arbitrariedad del gobierno? Decir que estaban en "contra". Nada más. ¡Nada de luchar e incluso de dar la pelea “legal”, pero es obvio que son una versión parecida al gobierno!

Por José René Tamariz.

Sin duda alguna, debido a la gran cantidad de casos diarios detectados de la covid 19, la zona norte se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Costa Rica. Los responsables del manejo de la pandemia todavía no se han atrevido a afirmar de que haya transmisión comunitaria en la zona norte. Han señalado que esa situación se acerca a ese tipo de transmisión. Sin embargo, dados los brotes más grandes de contagios y transmisión en esa zona es para determinar que, por lo menos, esa zona se encuentra en fase 4 de la pandemia.

Ahora, es necesario e importante destacar que la zona norte se ha convertido en epicentro y foco de transmisión comunitaria debido a las condiciones de trabajo que existen en las empresas empacadoras, plantaciones agrícolas de piña, yuca y otras, así como la pobreza, gente sin seguro social, sin electricidad y sin agua. En fin, condiciones materiales deplorables e insalubres que facilitaron la transmisión rápida, grande y comunitaria del virus SARS CoV2.

Por otro lado, para dejar claro si esa situación se debe  o no a la población migrante nicaragüense citó a la doctora Guiselle Guzmán Saborío, jefa del área de salud colectiva de la CCSS que señaló "Encontramos gente de Peñas Blancas de San Ramón con mucha relación con Cariari, en Pococí de Limon, porque van de un lugar a otro. Aquí el tema no es de nacionalidad. Hay que quitar esa idea falsa de que solo es población nicaragüense". (La Nación, 9 de junio de 2020).

De otro lado, se debe ser claro. Esas situaciones miserables e insalubres en que viven viven miles de trabajadores en las empresas, sean de manufacturas, agrícolas y otras son el producto de la sobreexplotación laboral, míseros salarios y degradantes condiciones laborales a que son sometidos por los empresarios y las lacras llamadas intermediarios. Esta escoria de intermediarios recluta a los trabajadores y se los ofrecen, como esclavos modernos, a menores salarios a los empresarios, a su vez los intermediarios del dinero que cobran por cada trabajador le "pagan" a ellos la mitad de los que les entregan a estos ladrones.

Es importante destacar que el ministerio de trabajo que el ministerio de trabajo es cómplice de los empresarios e intermediarios, ya que permiten y toleran la superexplotacion y el robo de los salarios que realizan contra los trabajadores. Debido a que esa zona se ha convertido en epicentro de la pandemia y de transmisión comunitaria de la covid 19, esas condiciones de miseria, pobreza, explotación inmisericorde e insalubres han salido a luz pública más claramente.

Por otra parte, frente al llamado del ministro de salud, Daniel Salas, de que los empresarios asuman sus responsabilidades por esa situación de contagios en sus empresas y la posibilidad de cerrar sus negocios si no acatan las disposiciones, la unión costarricense de cámaras y asociaciones de la empresa privada UCCAEP, la cámara costarricenses de la construcción  (CCC) y otras pegaron el grito al cielo porque ese ministro se atrevió a amenazarlos con cerrarles sus sagrados negocios. La UCCAEP en un comunicado que sacó al respecto señaló que "no es de recibo la llamada de atención" de Salas. He aquí una contradicción. Los empresarios no están dispuestos a aceptar cierres de sus negocios frente a la pandemia.

El gobierno de Alvarado frente a esa situación de pandemia en la zona norte debe de prohibir la existencia de los intermediarios en todas las plantaciones agrícolas del país. A los empresarios que hagan contratos con los intermediarios deben ser multados y sus negocios cerrados por un tiempo. Asimismo a los empresarios se le debe exigir y obligar a pagar los  salarios de ley y también decretar un incremento de los salarios de esos sectores para que mejoren sus condiciones de vida. El Estado debe garantizar de inmediato el acceso a la electricidad y el agua potable en las zonas donde no haya.

Asimismo, aquellas empresas o plantaciones agrícolas en que hayan contagios deben ser cerradas de inmediato y sus trabajadores deben ser enviados a cuarentena con sus salarios completos. En las empresas que no haya contagios se les debe exigir el cumplimiento de todas las medidas de salud y protección a sus trabajadores. La implementación de esas medidas deben ser supervisadas por el ministerio de salud, ya que los empresarios burlan las medidas. A su vez, el ministerio de salud debe realizar un testeo masivo para determinar la cantidad de infectados y dar atención y tratamiento a los afectados.