Por José Rene Tamariz

La creciente y abultada deuda pública de Costa Rica, compuesta por la deuda interna y externa, se ha convertido en lo que el marxista David Harvey sostiene que "... pedir prestado es hipoteca para nuestro futuro. La deuda es una trampa para nuestro futuro. Con los préstamos estamos limitando el futuro porque tenemos que pagar nuestras deudas...". (Harvey, David: ¿Por qué “El Capital" de Marx sigue siendo importante?).

Actualmente la deuda pública asciende casi al 60% del producto interno bruto (PIB). Este creciente y gigantesco endeudamiento está conllevando a que para el año 2020 el 38% del presupuesto de la República se destine al pago del servicio de esa deuda pública. Lo anterior significa que de cada 100 colón que ingresa al fisco 40 se destina al pago de esos servicios de la deuda pública.  Es decir, solo el 62% de ese presupuesto queda para financiar todas las actividades del Estado. Esa gigantesca deuda pública ha "hipotecado" el futuro del país y de sus ciudadanos. No hay posibilidad de desarrollo con semejante deuda.

Por otro lado, eso está conllevando a las drásticas restricciones en todas las áreas del país y posiblemente a la ejecución de las medidas “extraordinarias” contempladas en la regla fiscal de la ley 9635 o combo fiscal. Según el inciso d) del artículo 11 del título IV de esa ley “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el sesenta y cinco por ciento (65%) del PIB nominal”. De otro lado, de acuerdo con el articulo 13 “En el caso de que se apliquen las condiciones del escenario d) del artículo 11 de la presente ley, se adoptarán las siguientes medidas extraordinarias: a) No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vid. B) El Gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital. C) No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”. El endeudamiento público, peligrosamente se está acercando a ese escenario del inciso d) del artículo 11 de la regla fiscal. Eso podría significar que, dentro de un año o dos (21 y 22), estaríamos, casi inevitablemente, a las puertas de la aplicación de las “medidas extraordinarias” apuntadas anteriormente. Significa que no habría reajustes salariales semestrales al salario base ni se pagarían los incentivos salariales, tampoco se reconocerán posteriormente, aunque la situación llegara a “normalizarse”

Ese gran endeudamiento también representa un creciente déficit fiscal. Ambos problemas muy graves problemas, deuda pública y déficit fiscal, las clases dominantes pretenden, con sus políticas económicas, fiscales, salariales y otras, que sean los trabajadores en general y, en particular, los trabajadores del sector popular, clases medias y sectores populares, los que paguen las "hipotecas" que ellos contrajeron por su incapacidad para administrar el Estado.

Por tanto, lo que existe actualmente es una lucha de clases en curso por imponer quién o quiénes deben pagar esa grave y dolosa "hipoteca nacional". Las clases dominantes y sus políticos que contrajeron esa "hipoteca" no quieren pagarla y le están imponiendo a las clases dominadas semejante pago. Este es el centro, en el fondo y contenido, el conflicto social que atraviesa la conflictividad social. De la derrota o victoria de la lucha social y el enfrentamiento entre las clases sociales dependerá el resultado de ese conflicto. La pelea está en curso, aún no se ha definido de forma definitiva.

Por otro parte, las masivas y gigantescas deudas de los hogares costarricenses, compuesta por préstamos en colones y dólares y deudas de tarjetas de crédito, es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Ese gravísimo problema puede agravarse y reventar con la eventual recesión mundial que se viene. Miles de trabajadores podrían entrar en default, lo cual sería una grave crisis financiera.

El parasitismo financiero y rentista, usurero depredador, de los bancos, financieras y cooperativas, con sus altísimas comisiones, ha enriquecido de manera fácil y a manos llenas a los usureros modernos, parasitando como garrapatas sobre los salarios de los trabajadores y sectores populares, llevando prácticamente a una esclavitud de sobreendeudamiento a miles de hogares.

Tanto por la gigantesca deuda pública como por la grandísima deuda de los hogares el "futuro está ejecutado". Quiere decir que nuestro futuro está liquidado, vendido. Eso es lo que nos puede estar pasando sin darnos cuenta. La única salida para que nuestro "futuro" no sea "ejecutado" es la lucha.

Al final, los trabajadores, clases medias y sectores populares, debemos imponer, mediante la lucha y el enfrentamiento social, la solución a esos graves problemas: Que la deuda pública y el déficit fiscal los paguen los capitalistas y sus partidos políticos que la contrajeron, no los trabajadores. Que se eliminen todas las grandes exoneraciones al gran capital transnacional; que se combata con confiscación y cárcel a los evasores fiscales; que se aumente el impuesto a las ganancias de los capitalistas y moratoria del pago de la deuda pública privada y externa.

En defensa de los trabajadores del sector público

El exdiputado, pensionado y sociólogo, Ronald Solís Bolaños, escribe un artículo que apareció en el periódico “La Nación” día 14 de septiembre. Realiza un conjunto de comparaciones de los salarios, pluses y condiciones laborales entre los trabajadores del sector público y privado. El objetivo de ese artículo es desprestigiar e inducir a la eliminación de los montos de los salarios del sector público porque son, supuestamente, tres veces mayores que en el sector privado y también eliminar las condiciones laborales de los empleados públicos porque son más favorables que en el sector privado.

En primer lugar, el cuadro comparativo contiene una serie de inexactitudes y mentiras. Se sostiene que los trabajadores del sector público reciben un incremento salarial del 3% por inflación cuando no es cierto. Desde hace varios años los reajustes salariales han sido bajísimos ni siquiera llegan al 1%. El año pasado y el primer semestre de 2019 se nos dio un reajuste miserable nominal de 3750 colones semestral. En segundo lugar, es falso que en todo el sector público se otorgue una anualidad del 3.5%, ese porcentaje se otorgaba en algunas instituciones autónomas y empresas públicas no en el gobierno central que era del 1.94%. Y eso ya no existe con la ley 9635.

En tercer lugar, también es falso que en todo el sector público se otorgue una cesantía de 12 a 20 años. Eso se aplicaba en algunas instituciones autónomas y empresas del Estado, no en el gobierno central que es de 8 años. Eso cambió con la ley 9635. En cuarto lugar, es falso que todos los empleados públicos reciban de 2 a 3 aguinaldo reales: el aguinaldo en sí, el salario escolar y un mes más por el pago bisemanal. El salario escolar no es aguinaldo, ya que es menor en su monto y se les aplica todas las retenciones de ley. El pago bisemanal solo se hacía en la CCSS y con la ley 9635 eso cambia. Entonces, muchos aspectos de ese cuadro comparativo son falsedades.

Ese artículo igual que muchas sandeces que escriben plumiferos a sueldos, la jauría neoliberal y otros miserables intentan enfrentar a los trabajadores del sector público y privados. Pretenden hacer creer que los supuestos "altos" salarios de los empleados públicos son responsables de la desigualdad social. Según Solís "Los salarios del sector público han deteriorado nuestro coeficiente de Gini y aumentado la desigualdad social...". Esa argumentación es una falacia, ya quienes han deteriorado ese coeficiente, realmente, son los bajos salarios en el sector privado y sus malas condiciones laborales de sobreexplotación.

¿El salario promedio de 370 mil colones en el sector privado es muy alto? Si lo comparamos con los países centroamericanos si es alto, pero la comparación es incorrecta. El costo de vida en Costa Rica en comparación a los países centroamericanos es muy alto. Solo un ejemplo: el alquiler de cualquier cuarto ya no digamos una casita sencilla vale de 100 mil a 200 mil colones mínimos, solo ese rubro consume más del 30% de un salario mínimo. En cualquier país centroamericano con ese equivalente se alquila una buena casa. Por otra parte, es incorrecta la comparación. Si se toman todos los salarios del sector privado y público y se hacen promedios, se incluyen salarios mínimos que son muchos. Lo correcto sería comparar los salarios según profesiones semejantes. Por ejemplo, médicos privados y públicos, profesionales del sector privado y público. Un médico privado por una operación sencilla y rutinaria de apendicitis cobra un millón de colones no digamos una operación complicada. Esa comparación es errónea y mal intencionadas.

Entonces, ¿en dónde está el problema? En primer lugar, debido al alto costo de la vida los salarios del sector privado deben aumentarse de forma generalizada. Se debe homologar esos salarios hacia arriba no hacia abajo como quieren las pandillas neoliberales y sus testaferros. En segundo lugar, las diferencias salariales son inevitables. El sector público está integrado por profesionales y técnicos en su mayoría, debido a lo cual sus salarios son más altos.

¡Abajo el proyecto 21.182 que impondrá 12 horas diarias de jornada laboral!

El proyecto de ley 21.182 que reformará varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la jornada de trabajo, llamada "jornada extraordinaria", en el sector privado de 8 horas a 12 horas diarias por 4 días y, supuestamente, descansar 3 días, constituye a todas luces un nuevo sistema de sobreexplotación laboral de miles de trabajadores.

Da risa la justificación de motivos de los 12 diputados proponentes, entre ellos, Carlos Ricardo Benavides, Yorleny León y otros, para impulsar y aprobar ese odioso proyecto, típico del siglo XIX.

Estos diputados, agentes y testaferros de los capitalistas, señalan de forma cínica que ese proyecto se promueve para que los trabajadores puedan "descansar, estudiar y capacitarse", además, según ellos, los proletarios tendrán "mayor tiempo libre para disfrutar con su familia" y así "podrán conceder una mayor proporción de su tiempo a los hijos". De acuerdo con estos diputados canallas los trabajadores saldrán ganando con esa "nueva jornada extraordinaria". Es casi una propuesta "angelical" para ellos, casi la "gloria" pero de la superexplotación. Es todo lo contrario a sus objetivos. Es un engaño total.

En realidad, esa propuesta de jornada de trabajo es la más descarada, brutal y descarnada para imponer en el sector privado de los trabajadores la más despiadada sobreexplotación laboral. Trabajar 12 horas diarias es extenuante, demoledor y dañino para la salud de cualquier trabajador, ahora si es un trabajo muy duro y pesado el daño para la salud es peor. Pero, aún falta agregar a esa amañada propuesta. Es que se deja, en apariencia, tres días "libres" a los proletarios, lo cual es falso, ya que el capataz o supervisor le van a exigir, como horas extras, el día viernes e incluso el sábado a los trabajadores, lo que conllevará a jornadas de 56 horas, 60 horas o más. Será una sobreexplotación parecida a los albores del capitalismo. Impensable en una democracia "moderna".

Los sindicatos deben oponerse con todas sus fuerzas a semejante propuesta de reforma del código de trabajo. Deben realizar una campaña masiva contra esas contrarreformas laborales. ¡NO AL PROYECTO 21.182!