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COSTA RICA.- El resurgimiento y ascenso del movimiento estudiantil universitario

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Por José René Tamariz

El movimiento estudiantil universitario ha regresado a las calles después de muchos años de ausencias. Este gigante actor social, protagonista de primera línea de grandes jornadas heroicas de luchas como el combo fiscal y contra el TLC, había sido controlado, secuestrado y castrado por las dirigencias oficiales de las federaciones estudiantiles dirigidas por el partido de gobierno, el PAC en contubernio con el frente amplio (FA). Prácticamente, la desmovilización del movimiento estudiantil universitario ha sido desde el año 2014 hasta octubre de 2019, período en que ha gobernado el PAC.

Pero, este fuerte y poderoso movimiento de lucha protagonizado por el movimiento estudiantil, desde abajo, por fuera de las dirigencias oficiales y de las autoridades universitarias, reflejan un proceso de ruptura, altamente progresivo, con esas dirigencias estudiantiles progubernamentales, y a favor de las autoridades universitarias y burocráticas. Todos esos dirigentes estudiantiles oficialistas, aspiran como muchos que hoy ocupan un puesto dentro de las oficinas de casa presidencial y otras dependencias ministeriales, a escalar posiciones, por eso concilian, desmovilizan y traicionan los intereses de los estudiantes de bases. 

Origen del Conflicto

El 18 de julio de 2019 los cincos rectores de las universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN) y representantes del gobierno (ministra de la educación, Guiselle Cruz; ministro de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, Luis Salazar, y el exviceministro de Hacienda, Nogui Acosta) firmaron el “Acuerdo de la comisión de enlace para el financiamiento de la educación superior estatal (FEES) 2020”. En el capítulo I denominado “Monto del FEES y presupuesto de la universidad técnica nacional” y cláusula primera se específica que “Conforme a lo estipulado en el artículo 85 de la Constitución Política, el presupuesto del FEES en el 2020 será de ₵512.781,51 millones y para la UTN el presupuesto será de ₵35.677,88 millones; montos que corresponden al presupuesto asignado en el año 2019, tomando en consideración la inflación a mayo , que alcanza el 2,32%” y en la cláusula quinta del mismo acuerdo se señala que “Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ₵70.000 millones”. Con base a esta cláusula quinta del acuerdo sobre el fondo especial para la educación superior (FEES) la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, una neoliberal dura e inflexible, envío dentro del presupuesto nacional de la República a la Asamblea Legislativa como “gasto de capital” del FEES esos ₵70.000 millones y el resto ₵442.781,51 más el monto de la UTN como “gasto corriente”. Este hecho provocó el diferendo entre Hacienda, los rectores de las universidades públicas y la poderosa lucha estudiantil universitaria por el presupuesto del FEES y la defensa de la autonomía universitaria.

Sin embargo, es importante destacar que la lucha del movimiento estudiantil excede ese objetivo importante de la defensa del FEES y la autonomía universitaria, rechazan el acuerdo sobre el FEES firmado por los rectores, a espaldas de los estudiantes; demandan la salida de los rectores siendo el caso más fuerte el de la UNA, en donde se pide la salida del rector Alberto Salom, miembro del PAC. Asimismo, los estudiantes de diferentes regiones demandan una mayor atención y más presupuestos para las sedes regionales, evitar el cierre de cursos, la lucha contra el acoso sexual de parte de algunos docentes universitarios, la lucha por una mayor igualdad en los presupuestos para los rubros de becas, ya que una gran parte del dinero del FEES se consumen en los altísimos salarios de los jerarcas universitarios y un sector docente universitario, así como muchas otras reivindicaciones. 

Posibles Impactos de los Gastos de Capital Sobre el FEES

Las autoridades universitarias al conocer que se estaba presupuestando del FEES la cantidad de ₵70.000 millones a “gastos de capital” señalaron que ese desvió de fondo tendría serias repercusiones sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Algunos rectores como el de la UNA y el TEC plantearon el cierre técnico de esas universidades, otros como el de la UCR planteo un “gran impacto en el funcionamiento” y el rector de la UNED señaló que esa universidad operaría “bajo límites en matrícula y servicios estudiantiles”. En otras palabras, ese desvío de fondos implicaría un conjunto de medidas restrictivas en todos los ámbitos del funcionamientos de esas casas de estudios.

Regla Fiscal y Autonomía Universitaria

Las disposiciones de la regla fiscal de la “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, mejor conocida como “combo fiscal”, estipula en el capítulo II artículo 9 que habrá un “Límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno central PIB”. Basándose en esa regla fiscal y en su cumplimiento a raja tabla, la neoliberal exministra de hacienda, Rocío Aguilar, había impuesto a las universidades un límite a su crecimiento del gasto corriente y, por tanto, de esa forma decidió, de forma unilateral, que el 13,6% (₵70.000 millones) del FEES se debía de destinar a “gasto de capital” y el resto a “gasto corriente” para según ella, cumplir con la regla fiscal.  De acuerdo con la interpretación de los rectores de las universidades públicas esa tal regla fiscal no se aplica al presupuesto de esas instituciones educativas. De ahí que tengan una consulta constitucional en la sala IV. Por otra parte, según las versiones de los rectores en esa cláusula quinta no se específica que el monto de “gasto de capital” debe salir del FEES, sino que “se pagaría a través de los presupuestos totales de los centros de estudios y no del Fondo”. En todo caso, conociendo los grandes colmillos que tiene la exministra de hacienda, Rocío Aguilar, fue un grave error de los rectores no especificar en la cláusula quinta de ese acuerdo que ese dinero no saldría del FEES sino de los presupuestos totales de las universidades.

Sin embargo, pese a ese gran error de los rectores y a la bailada que les pegó la exministra de hacienda, el articulo 85 de la Constitución Política es claro al plantear que “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones (…) El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal prepara un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En el se incluirá, tanto los egresos de operación como los gastos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo…”. Aquí queda claro que, tanto los gastos de operación o gastos corrientes como los gastos de inversión o gastos de capital, serán incluidos y determinados dentro del plan nacional de educación superior por el cuerpo universitario encargado. Es decir, no pueden ser impuesto esos gastos por el ministerio de hacienda, ya que la Constitución Política está por encima de una ley ordinaria. Por tanto, esa imposición que se pretendía aplicar a las universidades públicas era a todas luces una violación a este artículo constitucional y, por ende, a la autonomía universitaria.

Acuerdo de la Comisión de Asuntos Hacendarios es Inconstitucional

Luego de gestiones, por parte de los rectores universitarios, los diputados de la comisión de asuntos hacendarios que revisan y estudian el presupuesto de la República aprobaron el día 16 de octubre reducir el monto de ₵70.000 millones consignado a “gasto de capital” a la mitad de ₵35.000 millones. No obstante, esa reducción del monto a “gasto de capital”, ella continuaba siendo una intromisión y violación a la autonomía universitaria por parte, ahora, de los neoliberales de la asamblea legislativa.

El Proceso de Lucha y la Gran Marcha Universitaria

El movimiento estudiantil universitario, después de estar ausente por varios años en el escenario de lucha, entró en plena pelea desde el miércoles 16 de octubre y hasta el momento de escribirse este artículo, 25 de octubre, se mantiene en pie de pelea. Esa lucha arranca, el miércoles 16, con la toma de la sede del Pacífico en Puntarenas y continúa como una reacción en cadena con las tomas de la Universidad Nacional, el edificio de Ciencias Sociales y de Educación, el jueves 17, continuando los siguientes días con las tomas de los edificios de la UCR en San Ramón, sede de Guanacaste, reciento de Grecia, Letras y Arquitectura. También se realizan bloqueos de calles, por parte de los estudiantes de la facultad de derecho de la UCR el jueves 17 y también en la universidad nacional, en esta última se mantenían los bloqueos hasta el miércoles 24 de octubre.

La marcha del 22 de octubre fue multitudinaria. Llegaron contingentes estudiantiles de todas las regiones de las universidades públicas: Golfito, Limón, Puntarenas, Guanacaste, San Ramón, Turrialba, Tacares, San José, San Carlos, Alajuela, Barrio Amón y otros lugares, así como trabajadores, docentes y administrativos y autoridades universitarias. Sin duda alguna, este proceso de lucha, con sus diferentes métodos aplicados, así como la gran marcha universitaria del 22 de octubre marcan el resurgir, ascenso y retorno del poderoso movimiento estudiantil universitario a la escena nacional. El despertar de este gigante y gran actor social, dormido por muchos años por la droga del PAC, y, su continuidad en la lucha contra el gobierno, así como la construcción de una nueva dirección estudiantil, puede contribuir a cambiar a todo en el país.

El Acuerdo entre los Rectores, Dirigencias Estudiantiles Oficialistas y el Gobierno

Producto del proceso de lucha del movimiento estudiantil, por fuera de las dirigencias oficialistas de las federaciones estudiantiles del PAC, y, de la gran marcha nacional del movimiento estudiantil universitario el gobierno recibe a las autoridades universitarias y direcciones estudiantiles oficialistas. El punto uno de ese acuerdo que es rescatable y constituye una victoria de la lucha movimiento estudiantil universitario, puesto que plantea que “Entendiendo los alcances de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política en cuanto a la autonomía de las Universidades Públicas, partes aceptamos que no debe ser creada ninguna clasificación de partidas del FEES, distintas a las aprobadas por los órganos de Gobierno de las Universidades Públicas, en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), incluido el componente de gasto de capital en la transferencia del FEES”.  Este punto es un reconocimiento explicito de la autonomía universitaria en la administración del FEES. Sin embargo, no se rechaza de plano el acuerdo de la comisión de asuntos hacendarios que obliga a las universidades a destinara ₵35.000 millones a gastos de capital del FEES.  Por ende, ese acuerdo es, en cierto sentido un engaño, puesto que el poder Ejecutivo firma una cuestión distinta a lo que hace el poder Legislativo. De aquí que la continuación de la lucha del movimiento estudiantil independente es correcta y debemos apoyar, junto a todas sus reivindicaciones. De ahí que planteamos: Fuera Alberto Salom y demás rectores universitarios; mayor presupuesto a las sedes universitarias; conversión de los recintos universitarios en sedes universitarias; no al cierre de cursos en las regiones; más presupuestos a las sedes regionales; mayor presupuesto a las regiones universitarias y, síntesis, cumplimiento de todas las reivindicaciones del movimiento estudiantil universitario independiente. Fuera el PAC de las estructuras de las federaciones estudiantiles, de las rectorías y demás órganos de poder de las universidades. Hay que liberar las universidades públicas del control del PAC y, por ende, del gobierno.

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