Por José René Tamariz
Existe una política consciente, organizada y premeditada de los capitalistas y sus siervos, los partidos políticos (PAC, PLN, PUSC), así como de sus medios de comunicación (La Nación y otros) para destruir y saquear a las grandes empresas e instituciones estatales (bancos estatales, JAPDEVA, ICE, RECOPE, CCSS y otras). Esa política destructiva y saqueadora se realiza tanto desde adentro como desde afuera de las empresas e instituciones.
¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque esas empresas e instituciones estatales ocupan los primeros lugares del ranking de las 500 grandes empresas del país, tanto desde el punto de vista de sus ingresos, patrimonio y empleo. Por ejemplo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) tuvo el primer lugar de las 500 grandes empresas; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el segundo lugar; el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus subsidiarias el tercer lugar; el Instituto Nacional de Seguros (INS) el sexto lugar; el Banco Nacional el séptimo lugar; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) el duodécimo lugar y el Banco de Costa Rica (BCR) el décimo tercer lugar. (EKA. La Revista Empresarial. Número 323. Diciembre 2012 -enero 2013). Entonces, los empresarios, sus sirvientes políticos y sus medios de comunicación desean y añoran quedarse con esos grandes negocios para seguirse enriqueciendo a manos llenas. Veamos algunos casos actuales.
Los casos del BANCO ANGLO y BANCRÉDITO.
De Cinco, Van Dos. El gobierno de José María Figueres en septiembre de 1994 cerró el Banco Anglo, el banco más viejo que existía en Costa Rica. La quiebra y saqueo de este banco se produjo a manos de sus altos mandos, colocados en esos puestos por los partidos PLN y PUSC. Este banco fue saqueado por la alta gerencia en contubernio con empresarios estafadores de origen chileno. Por otra parte, es importantes señalar que Figueres asumió el poder con el eje de reducir la cantidad de bancos del Estado y, los saqueadores, le brindaron la oportunidad para cerrar el Banco Anglo. La “comisión especial” formada por Figueres que recomendó el cierre de ese banco estuvo integrada, entre otros, por los conocidos personajes políticos Ottón Solís, Leonardo Garnier y otros.
En el año 2018 el gobierno del PAC, dirigido por Luis Guillermo Solís, cerró el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, mejor conocido como BANCREDITO. La quiebra y saqueo de este banco fue acelerada por malos créditos, sin respaldo, otorgada por la alta gerencia a empresas privadas. Ente esas empresas se encontraban: el grupo de Juan Carlos Bolaños (JCB), la empresa comercial Casa Blanca, la Corporación Yanber de Samuel Yankelewitz y otras. Hasta el momento no existen responsables ni mucho menos ningún funcionario del extinto banco procesado por la quiebra y saqueo de esa institución estatal. De los cinco bancos estatales y públicos que existían, ahora solo quedan tres: Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.
El caso JAPDEVA.
La entrada en operación de la Terminal de Carga APM Terminals de capital holandés, la cual obtuvo una concesión de 33 años para operar y explotar los servicios de carga y descarga en la provincia de Limón, ha provocado una ola de despidos en diferentes empresas transnacionales y nacionales: Chiquita Brands despidió 172 trabajadores, Dole corrió a 238 empleados, Servinave despidió a 60 y otros 107 trabajadores fueron lanzados a la calle por empresas ANFO, Cadesa, Aseservis, Chequeos Múltiples S.A y otras. Asimismo, también se encuentra en peligro de quiebra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). El funcionamiento de ese mega puerto ha representado la pérdida del 70% de la carga y descarga que antes realizaba JAPDEVA. Prácticamente esta institución se ha quedado sin oficio y trabajo. Unos 1200 empleados de esa empresa pública están en peligro de ser despedidos.
El gobierno Alvarado-Piza para intentar evitar un estallido social en Limón, ha maniobrado, formando una mesa de diálogo provincial denominada “Mesa Caribe”. El gobierno, para apagar el incendio social, ha prometido destinar unos 8.141 millones de colones para atender el grave problema de la desocupación en Limón. Asimismo, ha acordado con el sindicato SINTRAJAP construir un puesto de atraque 5-7 para atender buques más grandes, así como construir proyectos turísticos. Sin embargo, todos esos proyectos son de largo plazo que no lograrán resolver el grave problema inmediato del desempleo. Por otra parte, la quiebra de JAPDEVA es inminente, no logra resolverlo ni salvarla esos proyectos apaga fuegos del gobierno Alvarado-Piza.
La destrucción social que se desarrolla actualmente contra la población de Limón es criminal y grandes proporciones. No es contra un grupo de trabajadores o una empresa, sino que contra toda una provincia y sus pobladores. Es por ello, que este caso, adquiere características destructivas contra un pueblo entero. El artículo 2 de la ley orgánica de JAPDEVA plantea que ésta “Promoverá el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica…”. Por tanto, el reemplazo y sustitución de las principales funciones de JAPDEVA, por una concesión a la empresa holandesa APM Terminals, constituye un ataque y destrucción social contra el pueblo de Limón.
Por otra parte, el acaparamiento y absorción del negocio de carga y descarga en Limón a manos de la empresa holandesa y, por ende, el desplazamiento y la eliminación de la competencia de JAPDEVA en dicho negocio, constituye la conformación de hecho de un monopolio privado, el cual esta prohibido por la Constitución Política. El articulo 46 de ésta sostiene que “Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria”. Entonces, se deben emprender acciones legales para evitar el monopolio comercial de APM Terminals, así como las acciones de movilización y lucha del pueblo de Limón y de sus organizaciones de trabajadores para enfrentar el desempleo masivo y la degradación social a la que están siendo sometidos por el gobierno tripartito del PAC-PLN-PUSC.
El caso ICE.
El debilitamiento e intento de destrucción del ICE viene desde la aprobación del TLC con los Estados Unidos, mediante referéndum, en el año 2007. El ICE ha perdido, desde la apertura de las telecomunicaciones, aproximadamente como el 50% del sector de telefonía móvil. Sin embargo, ha logrado sobrevivir a la competencia de las empresas privadas de las telecomunicaciones, tales como, Claro, Movistar y otras más pequeñas.
No obstante, lo anterior, al interior del ICE, los personeros puestos en la junta directiva del ICE por los gobiernos del PLN, PAC y PUSC han tenido como política debilitarlo y saquearlo, desde adentro, mediante diversos mecanismos y políticas. Una de esas políticas ha sido la imposición al ICE de compra de energía eléctrica a empresas productoras de energía. La compra de energía a generadoras privadas aumentó de 59 mil millones de colones en el año 2013 a 122 mil millones en el año 2017, es decir, un incremento del 206%. Esas compras representaron el 34% de los costos operativos del ICE. Un gasto y costo innecesario. En realidad, esa compra de semejante cantidad no es necesaria, ya que el ICE tiene la capacidad instalada suficiente para suplir el 100 % de energía eléctrica al país. Producto de este saqueo sistemático en contra del ICE y su administración ineficiente y fraudulenta a manos de los personajes de la junta directiva puestos a dedo por los gobiernos del PLN-PAC-PUSC, ahora la auditora sostiene que el ICE se encuentra en una situación de “riesgo de sostenibilidad”. El operativo de los empresarios y neoliberales para destruir y saquear el ICE marcha viento en popa. Sin embargo, el ICE es demasiado grande y fuerte como para eliminarlo como lo hicieron con el Banco Anglo y Bancrédito.
Por otro lado, el saqueo desde adentro del ICE se manifiesta también a través de la compra, realizada en el año 2013, innecesaria y en estado de ruina de la empresa Cable Visión, una empresa que compró el ICE por $12,3 millones de dólares y que, además, tuvo que invertir en ella 238 millones de colones más. Los cinco estudios realizados sobre esa operación de compra-venta indican que directivos del ICE, que probablemente promovieron, impulsaron y realizaron esa estafa de compra, son familiares de los ex dueños que le vendieron esa cablera en ruina.
El órgano político que mejor describe el operativo de los capitalistas y de los neoliberales para destruir las empresas nacionales es el diario La Nación. En un editorial del 18 de marzo de 2019, este periódico de la oligarquía sostiene que “El caso de Japdeva no es único en el país. También enfrentaron situaciones adversas otras figuras creadas bajo el modelo de “Estado empresario”, como el Banco Anglo Costarricense, su similar Banco Crédito Agrícola de Cartago y muchas empresas del grupo Codesa. El Consejo Nacional de Producción, Radiográfica Costarricense y, recientemente, hasta el Instituto Costarricense de Electricidad dan señales de problemas. El Estado costarricense, cuyas finanzas son muy precarias, no tiene por función sostener empresas destructoras de riqueza”. Ese editorial de La Nación plantea y refleja de forma clara los objetivos propuestos por el capital y sus medios de comunicación contra las empresas públicas o patrimonio nacional.
Para los capitalistas, sus sirvientes políticos (PLN-PAC-PUSC) y sus medios de comunicación, empresas que han dado y llevado grandes logros como la electrificación a lo largo de todo el territorio nacional, la salud, el empleo y otros beneficios, son “empresas destructoras de riqueza”. Entonces, como son ese tipo de empresas, hay que destruirla y eliminarlas. De ahí, que ese operativo de destrucción se viene desarrollando de forma sistemática y acelerada. Por tanto, es necesario y urgente enfrentar esta ofensiva capitalista, neoliberal, en contra de las empresas nacionales y los trabajadores públicos en general.
