Por José René Tamariz

Vamos a plantear algunos conceptos básicos para comprender cómo funciona y se articula el poder de dominación, de forma concreta, en Costa Rica. El Estado, de acuerdo al marxismo, es un instrumento de dominación política de los capitalistas sobre los trabajadores y otros sectores sociales. El Estado no es neutro e imparcial, sino que es una institución que responde y resguarda los intereses de los empresarios nacionales y transnacionales. Su principal instrumento de dominio, en nuestro caso, son las fuerzas policiales, a falta de ejército, ya que sin éstas las clases dominantes no se sostendrían, frente a una protesta de envergadura, por algunos días, caería fácilmente.

El régimen es la articulación de las diferentes instituciones que utilizan las clases dominantes para gobernar y controlar a la sociedad y explotados. En Costa Rica existen algunas peculiaridades. Existe una combinación institucional para ejercer ese dominio de clase de parte de poder ejecutivo ejercido por el presidente de la República, el poder legislativo, los diputados de fracciones parlamentarias que representan a diferentes interese de clases y grupos, pero en el fondo y contenido a las clases dominantes, el poder judicial, pero dentro de éste funciona un grupo muy reducido, poderoso y temible, elevado por encima de los demás poderes, la sala constitucional o sala IV, integrada por siete personajes, exégetas de la Constitución, que emiten sentencias inapelables.

En realidad, en Costa Rica existen cuatro poderes: el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial y la sala constitucional. En apariencia la sala IV pertenece al poder judicial, pero en lo hechos no es así, ellos siempre se abstienen de votar en corte plena, porque saben que, en última instancia, ellos siete tendrán que decidir sobre lo divino y humano.

Esta especie de suprapoder, sala constitucional integrada tan solo por siete personajes no electos por el pueblo, pueden de un solo manotazo rebajar y quitar pluses salariales y conquistas laborales de las convenciones colectivas, pueden aprobar o desaprobar reformas fiscales y así sucesivamente cualquier aspecto de la vida social, económica y política de la sociedad, pero obviamente siempre resguardando los intereses de la dominación capitalista. Algunas veces funciona como árbitro entre los poderes y entre sectores de clases y los poderes, resolviendo conflictos.

El gobierno, en este caso concreto, dirigido por Carlos Alvarado y en apariencia por el PAC, es la mezcla y contubernio de diferentes sectores capitalistas. No hay dentro de este gobierno miembros burgueses de peso, pero si existen representantes tecnócratas fieles de ellos porque han sido funcionarios bien pagados de sus empresas, negocios y academias, tales son los casos de Rocio Aguilar, Edna Camacho, Rodrigo Cubero y otros personajes menores.

El personaje más representativo,  emblemático y defensora a muerte de los capitalistas en el gobierno es Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, una tipa fría, calculadora y siniestra contra los trabajadores del sector público que incluso acumula más poder de decisión en temas económicos que el propio Alvarado. Su poder llega a tanto que se ha atrevido a castigar al poder judicial quitándole más de dos mil millones de colones de su presupuesto para crear los juzgados anticorrupción. Eso debido a que el poder judicial, aduciendo su independencia, seguirán pagando sus pluses salariales con porcentajes y no nominales a como, supuestamente, manda el combo fiscal. Obviamente entre esos poderes de dominación de clases existen contradicciones, pero no son antagónicas, sino circunstanciales y episódicas.