Por José René Tamariz

Existe una política consciente, organizada y premeditada de los capitalistas y sus siervos, los partidos políticos (PAC, PLN, PUSC), así como de sus medios de comunicación (La Nación y otros) para destruir y saquear a las grandes empresas e instituciones estatales (bancos estatales, JAPDEVA, ICE, RECOPE, CCSS y otras). Esa política destructiva y saqueadora se realiza tanto desde adentro como desde afuera de las empresas e instituciones.

¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque esas empresas e instituciones estatales ocupan los primeros lugares del ranking de las 500 grandes empresas del país, tanto desde el punto de vista de sus ingresos, patrimonio y empleo. Por ejemplo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) tuvo el primer lugar de las 500 grandes empresas; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el segundo lugar; el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus subsidiarias el tercer lugar; el Instituto Nacional de Seguros (INS) el sexto lugar; el Banco Nacional el séptimo lugar; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) el duodécimo lugar y el Banco de Costa Rica (BCR) el décimo tercer lugar. (EKA. La Revista Empresarial. Número 323. Diciembre 2012 -enero 2013). Entonces, los empresarios, sus sirvientes políticos y sus medios de comunicación desean y añoran quedarse con esos grandes negocios para seguirse enriqueciendo a manos llenas. Veamos algunos casos actuales.

Los casos del BANCO ANGLO y BANCRÉDITO.

De Cinco, Van Dos. El gobierno de José María Figueres en septiembre de 1994 cerró el Banco Anglo, el banco más viejo que existía en Costa Rica. La quiebra y saqueo de este banco se produjo a manos de sus altos mandos, colocados en esos puestos por los partidos PLN y PUSC. Este banco fue saqueado por la alta gerencia en contubernio con empresarios estafadores de origen chileno. Por otra parte, es importantes señalar que Figueres asumió el poder con el eje de reducir la cantidad de bancos del Estado y, los saqueadores, le brindaron la oportunidad para cerrar el Banco Anglo. La “comisión especial” formada por Figueres que recomendó el cierre de ese banco estuvo integrada, entre otros, por los conocidos personajes políticos Ottón Solís, Leonardo Garnier y otros.

En el año 2018 el gobierno del PAC, dirigido por Luis Guillermo Solís, cerró el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, mejor conocido como BANCREDITO. La quiebra y saqueo de este banco fue acelerada por malos créditos, sin respaldo, otorgada por la alta gerencia a empresas privadas. Ente esas empresas se encontraban: el grupo de Juan Carlos Bolaños (JCB), la empresa comercial Casa Blanca, la Corporación Yanber de Samuel Yankelewitz y otras. Hasta el momento no existen responsables ni mucho menos ningún funcionario del extinto banco procesado por la quiebra y saqueo de esa institución estatal. De los cinco bancos estatales y públicos que existían, ahora solo quedan tres: Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.

El caso JAPDEVA.

La entrada en operación de la Terminal de Carga APM Terminals de capital holandés, la cual obtuvo una concesión de 33 años para operar y explotar los servicios de carga y descarga en la provincia de Limón, ha provocado una ola de despidos en diferentes empresas transnacionales y nacionales: Chiquita Brands despidió 172 trabajadores, Dole corrió a 238 empleados, Servinave despidió a 60  y otros 107  trabajadores fueron lanzados a la calle por empresas ANFO, Cadesa, Aseservis, Chequeos Múltiples S.A y otras. Asimismo, también se encuentra en peligro de quiebra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). El funcionamiento de ese mega puerto ha representado la pérdida del 70% de la carga y descarga que antes realizaba JAPDEVA. Prácticamente esta institución se ha quedado sin oficio y trabajo.  Unos 1200 empleados de esa empresa pública están en peligro de ser despedidos.

El gobierno Alvarado-Piza para intentar evitar un estallido social en Limón, ha maniobrado, formando una mesa de diálogo provincial denominada “Mesa Caribe”. El gobierno, para apagar el incendio social, ha prometido destinar unos 8.141 millones de colones para atender el grave problema de la desocupación en Limón. Asimismo, ha acordado con el sindicato SINTRAJAP construir un puesto de atraque 5-7 para atender buques más grandes, así como construir proyectos turísticos. Sin embargo, todos esos proyectos son de largo plazo que no lograrán resolver el grave problema inmediato del desempleo. Por otra parte, la quiebra de JAPDEVA es inminente, no logra resolverlo ni salvarla esos proyectos apaga fuegos del gobierno Alvarado-Piza.

La destrucción social que se desarrolla actualmente contra la población de Limón es criminal y grandes proporciones. No es contra un grupo de trabajadores o una empresa, sino que contra toda una provincia y sus pobladores. Es por ello, que este caso, adquiere características destructivas contra un pueblo entero. El artículo 2 de la ley orgánica de JAPDEVA plantea que ésta “Promoverá el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica…”. Por tanto, el reemplazo y sustitución de las principales funciones de JAPDEVA, por una concesión a la empresa holandesa APM Terminals, constituye un ataque y destrucción social contra el pueblo de Limón.   

Por otra parte, el acaparamiento y absorción del negocio de carga y descarga en Limón a manos de la empresa holandesa y, por ende, el desplazamiento y la eliminación de la competencia de JAPDEVA en dicho negocio, constituye la conformación de hecho de un monopolio privado, el cual esta prohibido por la Constitución Política.  El articulo 46 de ésta sostiene que “Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria”. Entonces, se deben emprender acciones legales para evitar el monopolio comercial de APM Terminals, así como las acciones de movilización y lucha del pueblo de Limón y de sus organizaciones de trabajadores para enfrentar el desempleo masivo y la degradación social a la que están siendo sometidos por el gobierno tripartito del PAC-PLN-PUSC.

El caso ICE.

El debilitamiento e intento de destrucción del ICE viene desde la aprobación del TLC con los Estados Unidos, mediante referéndum, en el año 2007. El ICE ha perdido, desde la apertura de las telecomunicaciones, aproximadamente como el 50% del sector de telefonía móvil. Sin embargo, ha logrado sobrevivir a la competencia de las empresas privadas de las telecomunicaciones, tales como, Claro, Movistar y otras más pequeñas.

No obstante, lo anterior, al interior del ICE, los personeros puestos en la junta directiva del ICE por los gobiernos del PLN, PAC y PUSC han tenido como política debilitarlo y saquearlo, desde adentro, mediante diversos mecanismos y políticas. Una de esas políticas ha sido la imposición al ICE de compra de energía eléctrica a empresas productoras de energía. La compra de energía a generadoras privadas aumentó de 59 mil millones de colones en el año 2013 a 122 mil millones en el año 2017, es decir, un incremento del 206%. Esas compras representaron el 34% de los costos operativos del ICE. Un gasto y costo innecesario. En realidad, esa compra de semejante cantidad no es necesaria, ya que el ICE tiene la capacidad instalada suficiente para suplir el 100 % de energía eléctrica al país. Producto de este saqueo sistemático en contra del ICE y su administración ineficiente y fraudulenta a manos de los personajes de la junta directiva puestos a dedo por los gobiernos del PLN-PAC-PUSC, ahora la auditora sostiene que el ICE se encuentra en una situación de “riesgo de sostenibilidad”. El operativo de los empresarios y neoliberales para destruir y saquear el ICE marcha viento en popa. Sin embargo, el ICE es demasiado grande y fuerte como para eliminarlo como lo hicieron con el Banco Anglo y Bancrédito.

Por otro lado, el saqueo desde adentro del ICE se manifiesta también a través de la compra, realizada en el año 2013, innecesaria y en estado de ruina de la empresa Cable Visión, una empresa que compró el ICE por $12,3 millones de dólares y que, además, tuvo que invertir en ella 238 millones de colones más. Los cinco estudios realizados sobre esa operación de compra-venta indican que directivos del ICE, que probablemente promovieron, impulsaron y realizaron esa estafa de compra, son familiares de los ex dueños que le vendieron esa cablera en ruina. 

El órgano político que mejor describe el operativo de los capitalistas y de los neoliberales para destruir las empresas nacionales es el diario La Nación. En un editorial del 18 de marzo de 2019, este periódico de la oligarquía sostiene que “El caso de Japdeva no es único en el país. También enfrentaron situaciones adversas otras figuras creadas bajo el modelo de “Estado empresario”, como el Banco Anglo Costarricense, su similar Banco Crédito Agrícola de Cartago y muchas empresas del grupo Codesa. El Consejo Nacional de Producción, Radiográfica Costarricense y, recientemente, hasta el Instituto Costarricense de Electricidad dan señales de problemas. El Estado costarricense, cuyas finanzas son muy precarias, no tiene por función sostener empresas destructoras de riqueza”. Ese editorial de La Nación plantea y refleja de forma clara los objetivos propuestos por el capital y sus medios de comunicación contra las empresas públicas o patrimonio nacional.

Para los capitalistas, sus sirvientes políticos (PLN-PAC-PUSC) y sus medios de comunicación, empresas que han dado y llevado grandes logros como la electrificación a lo largo de todo el territorio nacional, la salud, el empleo y otros beneficios, son “empresas destructoras de riqueza”. Entonces, como son ese tipo de empresas, hay que destruirla y eliminarlas. De ahí, que ese operativo de destrucción se viene desarrollando de forma sistemática y acelerada. Por tanto, es necesario y urgente enfrentar esta ofensiva capitalista, neoliberal, en contra de las empresas nacionales y los trabajadores públicos en general.

Por José René Tamariz

El lunes 8 de abril fue presentado a la Asamblea Legislativa, por parte de la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, el proyecto de “Ley de Reforma al Empleo Público” que constituye una contrarreforma laboral profunda en el sistema de salarios y de empleo público en todo el sector laboral público. Este proyecto, entre otros aspectos reaccionarios, impondrá el llamado “salario global” que, en realidad, es una forma de camuflar el denominado “salario único”. Dicho salario elimina, de un solo golpe, en el caso del sector educativo, los incentivos existentes, tales como, anualidad, carrera profesional, incentivo didáctico, zonaje y otros. Lo mismo le sucederá al resto de los trabajadores del sector público. Para dividir a los empleados públicos, esa contrarreforma laboral se aplicará en todos sus extremos a los nuevos trabajadores, una vez que se apruebe esas reaccionarias “reformas”. Es importante destacar que ya a los viejos empleados públicos se les redujo los salarios, imponiendo la aplicación de los pagos nominales, no porcentuales, de los incentivos o pluses salariales.

Ese salario único sería el equivalente al salario base más un supuesto “incentivo por competitividad” que solamente se le pagará a un máximo del 30% de los nuevos empleados públicos. Es decir, que el 70% de los trabajadores, de nuevo ingreso, del sector público se quedará ganando sólo el salario base. Por otra parte, como el 100% de los nuevos empleados públicos tendrán que pelearse ese 30% de incentivo, se entablará una fuerte lucha y competencia feroz entre los trabajadores por “ganarse” ese porcentaje de “estimulo”. Eso va a estimular el surgimiento o ensanchamiento de los serviles y sapos hacia los jefes para obtener su respectiva calificación de su “incentivo de competitividad”. Para engañar a los ingenuos y tontos la contrarreforma laboral de empleo público otorgará los llamados nuevos “incentivos no monetarios” que constituyen un gran engaño.

En el caso específico del sector educativo, la imposición de ese “salario global”, conllevará a la imposición del trabajo a destajo, es decir, por lecciones en el sector de primaria que hasta la fecha trabaja por jornada. Esto va a conllevar a mayores niveles de sobreexplotación entre los docentes de primaria. Por otro lado, dicha contrarreforma impondrá también un nuevo sistema de selección y reclutamiento del personal, ya que se van a evaluar las “competencias” de los nuevos empleados públicos, además de la prueba psicométrica y la entrevista. En el caso concreto de educación se impondrán pruebas específicas en las diferentes áreas de español, ciencias (Biología, Física, Química), estudio sociales y demás disciplinas.

Al final, el verdadero propósito de esta contrarreforma laboral es eliminar todos los incentivos actualmente existentes por un “salario global” que reducirá globalmente los salarios de los trabajadores del sector público. Según el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) el Estado se va a ahorrar en 18 años de aplicación de esta contrarreforma 55 mil millones de colones.

La gran pregunta necesaria es ¿Qué está haciendo la dirigencia nacional del sindicato APSE para enfrentar y combatir ese nefasto proyecto de contrarreforma laboral? En un comunicado fechado el 8 de abril se plantea que “APSE se mantendrá en pie de lucha en absoluto rechazo a este proyecto… que atenten contra la estabilidad laboral y económica de la clase trabajadora…”. Sin embargo, cualquier afiliado esperaría que, como mínimo, la dirigencia de APSE convocara a alguna marcha, movilización o movimiento de protesta contra ese proyecto de contrarreforma laboral que elimina de un solo tajo las condiciones de vida de los trabajadores del sector público. No obstante, la dirigencia nacional de APSE no pasa de sacar uno tras otro diferente comunicado de rechazos contra los proyectos del gobierno que reducen los salarios y condiciones de vida de los trabajadores, así como los que eliminan el derecho a la huelga y convierten a la educación en “servicio esencial” en donde sería totalmente prohibido el movimiento huelguístico. De que sirve que la “APSE se mantendrá en pie de lucha” mientras el gobierno Alvarado-Piza nos pone de rodillas, degradando y reduciendo nuestros salarios y nuestros derechos fundamentales. En realidad, la directiva nacional de la APSE con su política de NO hacer nada concreto ni ningún tipo de lucha en contra del proyecto de contrarreforma laboral de empleo público y de los otros que eliminan derechos fundamentales, se convierte en cómplice del gobierno en cuanto a su imposición y aplicación.

Por José René Tamariz

El día 30 de marzo se realizó la primera Asamblea de presidentes de bases del sindicato para escuchar varias exposiciones. La primera, aburrida, cansada y maratónica sobre las pruebas FARO.

La segunda exposición a cargo de Ricardo Vindas, sobre las propuestas de empleo público del Gobierno, de forma sibilina y con "tecnicismo" induce a aceptar la propuesta de "salario global" del Gobierno con el engaño de que aumenta el valor de las lecciones, pero que realmente, al eliminarse los actuales incentivos o pluses salariales (anualidades, carrera profesional, incentivo didáctico y otros) reduce globalmente los salarios.

La tercera exposición a cargo Ceferino Casasola, sobre educación dual, no plantea nada nuevo ya que ese proyecto patronal se reduce a tener trabajadores super explotados sin salarios bajo el eufemismo de "estudiantes" aprendices.

La cuarta exposición sobre diferentes regímenes de pensiones que pretenden ser unificados, estuvo a cargo de Henry Salas, funcionario del departamento de pensiones, de APSE, también fue larga y aburrida.

La quinta exposición fue de Ileana Vega, asesora legal y cuasi quinta miembro de planta de la junta directiva de APSE, sobre los nefastos proyectos de "Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos" y "Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales", así como también el "análisis" de Ileana sobre la sentencia de declaratoria de legalidad de la huelga contra el combo fiscal emitida por Tribunal de Apelación de Trabajo. Estos proyectos ya eran conocidos por la mayoría de las bases de la APSE.

Tantas exposiciones, aburridas y cansinas, alargaron la Asamblea casi hasta las 3 pm cuando estaba programada de 8 a 11:30 am. Eso produjo que muchos delegados se fueran a hacer extensas filas donde iban a servir las migajas de comida que dieron y en las aulas donde se creía iban a pagar los viáticos.

Era evidente que hacer esa andanada y cansadas exposiciones tenía el objetivo de que, la parte central y medular, mociones, de la Asamblea, se hiciera de forma rápida, atropellada y maniobrera. Tanto tiempo en una Asamblea para que, al final se votará una insulsa e inocua moción que no le hace ni siquiera cosquillas a Carlos Alvarado y probablemente les agrade a los funcionarios con los que se reúnen los directivos nacionales de la APSE. Esa moción no plantea ni movilización ni mucho menos un movimiento huelguístico en protesta contra todos esos proyectos que reducen los salarios y el nivel de vida de los trabajadores, así como también reducen y eliminan los derechos fundamentales como la huelga y convierten la educación en "servicio esencial". De forma maniobrera, aduciendo que si se aprobaba la moción del grupo honestidad quedaba descartada la de Cambiemos, desde la mesa directiva, rechazaron la propuesta realizada desde la tendencia Cambiemos que planteaba una marcha nacional para la segunda semana de abril y una huelga intermitente de varias horas para la cuarta semana de abril.

En realidad, salimos igual que como entramos a la Asamblea, DESARMADOS, frente a una fuerte y violenta ofensiva patronal y gubernamental contra los trabajadores y una dirigencia sindical que, golpeada y diezmada por la derrota de la huelga contra el combo fiscal, es incapaz de enfrentar, combatir, detener y derrotar dicha ofensiva neoliberal.

¿Lobby parlamentario o lucha callejera?

En la Asamblea de presidentes de bases del sábado 30 de marzo, Mélida Cedeño, presidenta del sindicato APSE, se dejó decir que ellos, la directiva nacional, realizan un intenso "lobby" parlamentario para plantear a los diputados la nocividad de los diferentes proyectos que actualmente se encuentran en fila para ser discutidos y votados en el plenario legislativo.

El subconsciente le traicionó a Mélida Cedeño porque estaba regocijada cuando lo dijo. Ahora, los miembros de la Junta directiva de la APSE abandonaron la lucha callejera, para convertirse en “lobbyists”, moviéndose en los pasillos y oficinas de Casa presidencial, la Asamblea Legislativa y otras oficinas de ministerios, intentando "convencer" y lloriquear a la jauría neoliberal de que no aprueben los nefastos proyectos contra los trabajadores.

En los hechos han sustituido los métodos de lucha del movimiento obrero, la movilización callejera y las huelgas, por el "lobby" parlamentario para tratar de "persuadir" y "suavizar" a las pandillas neoliberales del Parlamento. Misión imposible de la directiva nacional, lo cual debe provocar risas y burlas entre los miembros de la jauría neoliberal, a los cuales sólo los puede convencer prebendas materiales.

Por José René Tamariz

El compañero Mariano Rodríguez es profesor de Francés. Trabaja en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares y en el Liceo Julián Volio Llorente de San Ramón. Mariano es parte de un grupo de educadores que se mantuvo en huelga contra el combo fiscal hasta que salió la declaratoria de legalidad de la huelga, por parte del Tribunal de Apelación de Trabajo II Circuito Judicial, el día 19 de febrero de 2019. Estos educadores se reincorporaron a trabajar el 20 de febrero. Es necesario señalar que este grupo de educadores se mantuvo en huelga indefinida bajo la dirección sindical del Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), el cual, aunque no era parte del expediente de huelga del sector educación, sin embargo, fue un sindicato activo y beligerante durante el movimiento huelguístico. Por otra parte, es importante mencionar que Mariano es un dirigente sindical reconocido a nivel nacional y, particular, en el sector de occidente en donde ha tenido una destacada participación en diferentes procesos de lucha.

Debido a la participación de Mariano Rodríguez en estado de huelga indefinida hasta el 19 de febrero, junto a otros compañeros educadores, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) le abrieron un proceso disciplinario de despido, sin responsabilidad patronal. Es importante destacar que ese “proceso disciplinario” abierto por el MEP, juzgado a la luz de la declaratoria de legalidad de huelga en el sector educación, no solo es arbitrario y represivo, sino que constituye un desconocimiento y una abierta violación a la sentencia del Tribunal de Apelación de Trabajo. Si la huelga fue declarada legal hasta el 18 de febrero de 2019, los trabajadores que quedaron en huelga hasta esperar esa fecha se mantenían a derecho, por tanto, esa sentencia los cobija y protege, independientemente de la afiliación sindical. Es muy importante destacar que esta situación de Mariano y otros educadores constituye un hecho novedoso para la legislación laboral, introducida por la reforma procesal.

Por otro lado, es necesario señalar que Mariano Rodríguez tiene una doble afiliación sindical, pertenece al sindicato APSE y al SINPAE. Esto es normal en el sector educativo, ya que muchos compañeros mantienen afiliación hasta en tres sindicatos.  Frente a ese “proceso disciplinario” Mariano recurrió a la Junta Directiva de APSE, encabezada por la señora Mélida Cedeño, para que lo defendiera de la represión sindical y política de las autoridades del MEP. En carta fechada el 5 de marzo, Mariano les a los miembros de la directiva nacional de APSE lo siguiente:

“En virtud de la persecución de la que estoy siendo objeto por parte del MEP, con la apertura del expediente disciplinario 0069-2019… con miras a mi despido eventual, por haberme mantenido en huelga con el SINPAE…”. Más adelante, le solicita a la Junta Directiva Nacional “Es por esto, y por el derecho que me asiste como afiliado y luchador de larga trayectoria con la APSE, que apelo a Uds, para que la APSE, en el plano legal y político asuma mi defensa”.

La respuesta de la Junta Directiva de APSE del día 11 de marzo, suscrita por la señora Mélida Cedeño, a dicha solicitud de defensa legal y política por parte de Mariano fue la siguiente: “Siendo que APSE, en cumplimiento del mandato de su Asamblea General, convocó a huelga a partir del 10/09/2018 y previa consulta a sus bases, aprobó el levantamiento de la misma a partir del 10-12-2018 en el ejercicio de la autoridad sindical, APSE se ve imposibilitada de brindar asesoría legal en este tema para aquellos afiliados que se hayan apartado de las decisiones de la Organización en relación con la finalización de huelga…”.

De forma olímpica, apelando a artilugios legales organizacionales, la Junta Directiva de APSE, dirigida por Mélida Cedeño, rechaza asumir la defensa legal y política de Mariano Rodríguez, frente al eventual despido y política represiva de las autoridades del MEP.  Con esta posición política, la Junta Directiva de APSE, acaudillada por la señora Mélida Cedeño, se ubica y se pone al lado de la patronal y del Gobierno en contra de Mariano y un nutrido grupo de educadores que tienen procesos disciplinarios de despidos.

Más allá de las cuestiones legales, aducidas por la Junta Directiva, la defensa de Mariano y demás educadores contra los ataques patronales del MEP y Gobierno, es una cuestión política y de principios de clase. La política de los sindicatos debe ser siempre de clase, de defensa de los trabajadores frente a los ataques y violencia de todo tipo de parte de la patronal y los gobiernos de turno. La dirigencia sindical que renuncia a ese principio se coloca en la acera del enemigo de clase. La defensa legal y política de Mariano Rodríguez por parte de APSE es obligatoria, ya que además el compañero es Coordinador de la Regional 11 de APSE y miembro del Consejo Nacional, órgano político de APSE, es decir, que Mariano como dirigente sindical está cubierto por el fuero especial sindical del Código de Trabajo. La negativa de defensa de Mariano Rodríguez contra los ataques de la patronal y el Gobierno por parte de la Junta Directiva de APSE constituye una verdadera canallada.