Por José René Tamariz

El denominado proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, presentado recientemente por el diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides, y apoyado por la fracción del PAC y diputados de otros partidos avanza en la restricción severa y eliminación del derecho a la huelga, mediante trámites de vía rápida, su penalización, criminalización y castigo.  Asimismo, ese proyecto incorpora nuevas causales o razones para la disolución de los sindicatos. Veamos algunos de esos artículos antidemocráticos, reaccionarios y antisindicales.

Se cambia la redacción del artículo 379 del Código de Trabajo el cual plantea que “La terminación de los contratos de trabajo o cualquier sanción disciplinaria que correspondiere, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Sin embargo, el rebajo de los salarios por el tiempo no laborado, en el caso de las huelgas que se declaren ilegales, procederá de forma retroactiva, desde el momento de la presentación de la solicitud de declaratoria de ilegalidad por parte del patrono”.

Como se puede observar con base en ese artículo modificado, en las huelgas que sean declaradas ilegales se procederá a rebajar los salarios de forma retroactiva y desde el momento en que se haya solicitado dicha declaratoria. Dado que, en Costa Rica, la mayoría de las huelgas son declaradas ilegales, entonces, en caso de aprobarse este reaccionario y antidemocrático proyecto de ley, a todos los trabajadores que hagan huelgas se les aplicaría los rebajos salariales. Por ende, los trabajadores serían fácilmente disuadidos, por esta draconiana legislación antisindical, a no realizar huelgas porque se expondrían, cada vez que la hagan, a salvajes rebajos salariales, desde el primer día. Esta es una política coercitiva para impedir el derecho a hacer huelga contemplado en la constitución política.

El artículo 375 bis (agregado) plantea que “La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del trámite de calificación previsto en este Código. En este caso, el patrono solicitará al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José emitir una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores...”. Más adelante se señala que “La orden judicial que ordene la reincorporación a labores en servicios esenciales se emitirá sin conceder audiencia previa. La notificación de la misma se realizará a la representación de los trabajadores por el medio electrónico registrado ante el Poder Judicial según lo dispuesto en el artículo 345 de este Código”. De la lectura de este artículo se desprende que, en el caso de los llamados “servicios esenciales”, la huelga es “manifiestamente ilegal” y que, además, el patrono le solicita al juez de trabajo que “emita una orden” para obligar a los trabajadores a que se reincorporen inmediatamente al trabajo.

Ese es un artículo que refleja fielmente las posiciones autoritarias, represivas y policiacas de quien o quienes lo redactaron. Las organizaciones sindicales y sus trabajadores no tienen derecho a nada más que a obedecer la “orden” emitida por el juez y exigida por el patrono. Esta es la antítesis de la democracia y una violación abierta y a rajatabla de los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales.

El articulo 661 bis agregado señala que “Declarada la legalidad de la huelga y transcurrido ocho días naturales a partir de la firmeza de dicha declaratoria sin que las partes hubiesen alcanzado una solución al conflicto, o al menos un acuerdo para deponerla mientras continúan las negociaciones, la parte patronal podrá solicitar al Juez la suspensión de la huelga cuando se compruebe que la misma está causando daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía”. Igual que los demás artículos comentados este es punitivo, ya que incluso, en caso de ser declarada legal la huelga, el patrono tiene siempre la iniciativa y potestad, pasado ocho días de negociaciones, sin que haya acuerdos, de exigir la suspensión de la huelga e imponer su terminación.

Al artículo 350 se le adiciona el inciso f) como otra causal de disolución de los sindicatos. Ese nuevo inciso señala que serán disueltos aquellos sindicatos “Que organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos; a realizar sabotajes sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal”. Luego de restringir e incluso prohibir el derecho a la huelga, se concluye y termina con la búsqueda de falsas justificaciones para disolver a los sindicatos.

Ese artículo es tan general que puede prestarse para cualquier interpretación antojadiza y subjetiva. Por ejemplo, si se realiza una gran manifestación o marchas simultaneas en diversas partes de una ciudad, eso por su masividad y diversidad, podría ocasionar problemas en el transito de las personas, entonces podría prestarse para disolver sindicatos sin razones. Los sindicatos nunca han incitado a sus afiliados a realizar sabotajes o cometer un ilícito. Es claro que este nuevo articulo tiene como objetivo único y central la disolución de los sindicatos, dados que se han convertido en los principales actores de oposición a las políticas neoliberales del Poder Ejecutivo y Legislativo.

De otro lado, ese proyecto reaccionario y violatorio de los derechos de los trabajadores incorpora otra serie de artículos que, violando los plazos razonables, para la apelación y la sentencia sobre las huelgas las hace por una vía rápida, apresurada y precipitada, lo cual puede conducir a una serie de errores, todo ello con el objetivo de impedir que haya huelgas de largo tiempo. Han tomado como ejemplo la actual huelga indefinida contra el combo fiscal para hacer una legislación antidemocrática, reaccionaria y autoritaria que elimina el derecho a la huelga y conlleva a la disolución de los sindicatos por múltiples causas.

De aprobarse ese fatídico proyecto de ley, no habría posibilidades de manifestarse libremente, ejerciendo el derecho a la huelga, cerrando todo espacio de libertad sindical, de libertades generales y de organización. Sería como la culminación de un proceso antidemocrático y, por ende, el desarrollo hacia la configuración de un gobierno autoritario que no permitiría ni siquiera la oposición sindical, ni resistencia, ni el derecho a la defensa de los intereses de los trabajadores. Esto conllevaría al cierre de todos los espacios legales para manifestarse, protestar y de luchar contra las políticas neoliberales del gobierno y poder legislativo. Este proyecto se desarrolla en contra de los sindicatos, al derecho a la huelga y de la organización sindical, dado que, en la realidad y práctica, los sindicatos y los trabajadores con la amplia unidad sindical y social se han convertido en los nuevos actores sociales, contendientes y de oposición política al gobierno y al conjunto de las fuerzas neoliberales, por eso los pretenden limitar y disolver.  Igual que en la lucha contra el combo fiscal, la unidad sindical y social debe unificar sus posiciones y plan de lucha para evitar que este proyecto reaccionario sea aprobado porque sería un severo y grave golpe en contra de los derechos a la huelga y de la existencia de las organizaciones sindicales.

Por José René Tamariz

El proceso de discusión, aprobación y consultas del proyecto de “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “combo fiscal”, así como las jornadas de lucha de la heroica y gloriosa huelga indefinida contra ese proyecto que, al momento de escribir este artículo, se encuentra en su octava semana, han puesto al descubierto algunas tendencias hacia donde se orienta y dirige el régimen político de Costa Rica. El gobierno de Carlos Alvarado-Piza en su afán obstinado de cumplir con el pago de la deuda pública y de reducir el déficit fiscal, a toda costa, no solo lo está haciendo al punto de hambrear, reduciendo los salarios, la capacidad de consumo y el nivel de vida de los trabajadores, sectores populares y de clases medias, sino también tratando de disminuir y eliminar la independencia del poder judicial. Varios hechos realizados a manos del gobierno de Alvarado-Piza demuestran su deslizamiento sostenido hacia el autoritarismo.

Recientemente, la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, en una entrevista brindada al “Semanario Universidad” planteaba que “El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el Gobierno una propuesta autoritaria, sino cuándo. Y ante eso lo único que puede servir para rescatar la democracia es que los contrapesos del sistema hagan respetar la Constitución y la ley, y eso depende principalmente de un sólido Poder Judicial, capaz de hacer valer la fuerza de la Constitución y la Ley… Espero que nunca nos toque la experiencia de tener un gobierno autoritario, pero, con débiles contrapesos, no se puede sostener la vigencia de la Constitución y las libertades fundamentales. Sería receta para un desastre”. (Semanario Universidad. Semana del 11 al 17 de julio de 2018). Entonces, ese cuándo se llegaría a tener un gobierno autoritario, planteado por la jueza Hernández de la sala cuarta, está aproximándose   con el gobierno de Alvarado-Piza. Este es un gobierno que se desliza, de forma sostenida y rápida, hacia un régimen autoritario. Analicemos algunos hechos que así lo indican y confirman claramente.

En primer lugar, es en los procesos de gran confrontación y antagonismos sociales producidos por la gran huelga indefinida contra el combo fiscal que, llevados a su mayor agudeza, el Estado y el gobierno demuestran su verdadera naturaleza. La insensibilidad y sordera demostrada por Carlos Alvarado, presidente de la República, así como de los diputados neoliberales de la Asamblea Legislativa para negociar con la “Unidad Sindical” las demandas del movimiento huelguístico y el uso continuo y masivo de las fuerzas policiales, gaseo con bombas lacrimógenas de los huelguistas, golpizas y encarcelamiento de los manifestantes, demuestran algunas señales de autoritarismo del Gobierno Alvarado-Piza.

En segundo lugar, otra característica del autoritarismo del gobierno de Alvarado se ha manifestado también en las violaciones a la Constitución Política cometidas en dos oportunidades por este gobierno. Por un lado, el pago de 182.000 millones de colones en servicio de la deuda pública, sin autorización del Congreso y, por otro lado, la violación de la autonomía universitaria de la UCR por fuerzas policiales el 12 de septiembre. Estos hechos, son apenas unas muestras, de que el gobierno de Alvarado está dispuesto a llegar más allá de las facultades conferidas por la Constitución Política para imponer, a fuego, sangre y violaciones, el combo fiscal, exigido por los organismos financieros internacionales para otorgarle financiamiento futuro, así como avanzar hacia la reconfiguración del Estado que pretende llevar durante su gestión económica y política.

En tercer lugar, el proceso de tramitación del combo fiscal, expediente 20.580, por parte de la jauría neoliberal de la Asamblea Legislativa, en contubernio con el poder Ejecutivo, se ha realizado de forma atropellada y en abierta violación a las normas legales que se debían acatar y respetar: consulta a la Corte Suprema de Justicia antes del primer debate, la aplicación del artículo 208 bis al proyecto no se podía aplicar si se requería de 38 votos para su aprobación y su publicación en el diario la gaceta debía ser antes de su discusión y aprobación y no a posteriori como sucedió.

En cuarto lugar, la campaña de desprestigio de los medios de comunicación del capital, del poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las cámaras patronales contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, antes, durante y después de la consulta del combo fiscal, ha sido para debilitar, doblegar y arrodillarlos a que votaran favorablemente ese proyecto de ley. Como los magistrados mantuvieron su posición de que el combo fiscal violaba la independencia del poder judicial y afectaba su organización o funcionamiento, entonces les llovieron los ataques y el irrespeto a la Corte Plena de la misma jauría neoliberal que quiere imponer su siniestro plan contra las masas. Si los jueces hubieran votado a favor del combo fiscal serian “distinguidos” y “honorables” magistrados, pero como le pusieron freno a la votación en segundo debate, exigiendo que se debía aprobar con 38 votos, además de criticar la forma en que se discutió y aprobó, resulta que ahora son solamente “defensores del gremio” y de sus privilegios salariales. Cuando los magistrados de la sala cuarta, mediante resoluciones, le elimina o reduce algunos derechos y conquistas de las convenciones colectivas a los trabajadores, por ser supuestamente “abusivas”, esos jueces son aplaudidos y alabados por los medios de comunicación del capital y la jauría neoliberal, pero, en este caso, que juegan de contrapeso a los poderes en contra del combo fiscal, se han convertido en malvados y despreciables.

Según, Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el combo fiscal contiene “restricciones indebidas” hacia el poder judicial. De acuerdo con su intervención en la sesión de la Corte Plena en donde se discutió y voto el informe sobre ese proyecto señaló “… los elementos del proyecto que inciden en el sistema judicial: control de un ministerio del poder ejecutivo, reducción y control de salarios, evaluación de jueces bajo el control de un órgano administrativo, limitaciones presupuestarias que pueden incidir en el seis por ciento constitucional, limitaciones salarios a jueces, sin tomar en cuenta la carrera judicial, que es una garantía y sin responder a criterios técnicos. Todos estos cambios sin diálogo previo, sin una interacción y coordinación. Así no más, normas introducidas en las últimas semanas, sin tener el menor reparo de qué manera pueden incidir en el sistema judicial…”. (Cruz Castro, Fernando: La reforma tributaria indispensable y el respeto a la independencia judicial. Martes, 16 de octubre de 2018).

Todo este intento del poder Ejecutivo y Legislativo por doblegar a los magistrados del poder Judicial limitando la independencia de éste con el objetivo de aplicar sus planes neoliberales sin oposición legal es otra manifestación de las características autoritarias del gobierno de Alvarado-Piza. Según la magistrada Hernández “… las reglas del derecho se ven como un estorbo, no como garantía de seguridad, de control de la arbitrariedad. Se ha perdido la claridad en la sociedad de que el desarrollo económico y democrático dependen de la solidez del estado de derecho y de la independencia de la justicia. A muchos les estorba la Constitución y los organismos encargados de ejercer los controles, en particular la Sala Constitucional…”. (Ídem). En particular a este gobierno de Alvarado-Piza y los neoliberales del PAC, PLN y PUSC, así como a los medios periodísticos del capital y a los empresarios, les “estorban” la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, las reglas del derecho, del estado de derecho y la Constitución Política. Es por ello, que el gobierno viola la Constitución Política, atacan la Corte Plena y pretenden someter a sus dictados a los jueces. Es decir, no quieren ningún tipo de oposición a sus planes ni de los sindicatos ni de ningún poder de la República.

Es cierto que los magistrados de la Corte Plena se resistieron y opusieron al combo fiscal estrictamente en cuanto a las limitaciones que este le impone al Poder Judicial. Nada más. Sin embargo, esa resistencia de esos jueces al combo fiscal, aunque sea estrictamente para el sector judicial, constituye una contradicción y pugna entre los poderes del Estado que le sirve el movimiento huelguístico, ya que es un traspié para que los neoliberales del poder Ejecutivo y Legislativo puedan aprobar con facilidad el combo fiscal en segundo debate. Además, los neoliberales tienen el temor y la incertidumbre de que la Sala Constitucional vaya a poner objeciones al proceso de tramitación en la aprobación del plan fiscal y se lo eche abajo. Debido a lo anterior los neoliberales del Congreso se encuentren divididos, después del fallo desfavorable de la Corte Plena, en como continuar el proceso de aprobación del combo fiscal. De ahí también el enojo y frustración de Carlos Alvarado, que salido de sus casillas golpeo la mesa, al mejor estilo de un dictadorzuelo, cuando se dio cuenta del fallo de la Corte Plena en contra del combo fiscal que, según sus palabras, le metía "palos a su carreta".

De último, es muy importante mencionar que el denominado proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, presentado recientemente por el diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides, y apoyado por la fracción del PAC y otros diputados de otros partidos avanza en la eliminación del derecho a la huelga, así como a su penalización, criminalización y castigo. Entre otras, medidas antidemocráticas, lo que plantea ese proyecto es la disolución de los sindicatos si se incita a actividades como bloqueos, sabotajes de bienes públicos o cualquier conducta que sea un ilícito penal; se permitiría el rebajo de los salarios de forma retroactiva  a partir del día en que se solicita su calificación si la huelga es declarada ilegal; limita los plazos de apelación y de sentencia; limita los días de estar en huelga, cuando esta sea declarada legal, pone un tope de 8 días para llegar a un acuerdo y sino el patrón puede solicitar al juez la finalización del movimiento huelguístico; prohíbe de forma taxativa el derecho a la huelga en  los sectores esenciales, haciendo ilegal la huelga, no haciendo ni siquiera la calificación del movimiento y, así sucesivamente, otras medidas draconianas en contra del derecho a la huelga.

De aprobarse ese fatídico proyecto de ley, no habría posibilidades de manifestarse, ejerciendo el derecho a la huelga, cerrando todo espacio de libertad sindical y de organización. Sería como la culminación de un proceso antidemocrático y, por ende, la configuración de gobierno autoritario que no permitiría ni siquiera la oposición sindical, ni resistencia ni el derecho a la defensa de los intereses de los trabajadores. Esto sería también el cierre de los espacios legales para manifestarse.

Por José René Tamariz

El presente artículo, escrito en forma esquemática, constituye una primera aproximación a un balance preliminar crítico de la gloriosa y heroica huelga indefinida, aún en curso, que se realiza contra el proyecto de ley de denominado "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", mejor conocido popularmente como "combo fiscal". No es un balance definitivo, sino un documento que procura generar la discusión y el debate de cara a mejorar los procesos de lucha y resistencia contra los futuros planes siniestros (empleo público, régimen único de pensiones y reducción del Estado) que el gobierno de Alvarado-Piza y la jauría neoliberal pretenden imponer sobre las espaldas de los trabajadores, sectores populares y sectores de clase medias, descargando el peso del déficit fiscal y el pago de la deuda pública sobre ellos y no sobre el gran capital nacional y transnacional.
1. El desarrollo de la huelga indefinida iniciada el 10 de septiembre y que se encuentra en su quinta semana se puede caracterizar como un proceso de lucha de resistencia y defensivo contra las pretensiones del gobierno y del conjunto de las fuerzas neoliberales y patronales de reducir los niveles de los salarios, de vida y del empleo de los trabajadores en general y, en particular a los trabajadores del sector público, sectores populares y de clase medias. La clase trabajadora y los sectores populares serán los mas afectados con la aprobación del combo fiscal como ley de la República, ya que su consumo se reducirá con el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos de la canasta, servicios básicos como el agua, medicamentos, educación privada y todos los demás servicios en general. Los sectores de clases medias también verán disminuidos sus ingresos porque se gravarán con impuestos del 20% y 25% los salarios más altos.
2. Las fuerzas de la reacción quieren imponer, mediante la aprobación del combo fiscal tanto en primer debate, realizado el 5 de octubre con 35 votos a favor y 22 en contra, como en segundo debate, eventualmente, que se realizará en el mes de noviembre, el pago del déficit fiscal al conjunto de los trabajadores, sectores populares y clases medias, mientras al gran capital nacional y transnacional les amplía sus exoneraciones y privilegios e indulta a los evasores de impuestos, desde el año 2008 hasta el 2017, en dos artículos transitorios del proyecto de ley.
3. La huelga indefinida alcanzó sus máximos picos de ascenso los miércoles 12 y 26 de septiembre con la primera y segunda grandes movilizaciones nacionales en donde marcharon aproximadamente, primero, unos 500.000 huelguistas y, después, 1.000.000 de manifestantes. Sin duda alguna, esta gran huelga nacional indefinida ha sido en las últimas décadas el más grande movimiento de protesta social que se ha producido en el país. Además, es una huelga gloriosa y heroica y una de las más larga de la historia del movimiento sindical y social, en ese sentido se está haciendo historia. Mientras muchos plumíferos de los medios periodísticos del capital, así como personeros del Gobierno, la han dado por muerta en múltiples ocasiones, sin embargo, los trabajadores de los distintos sectores han demostrado sus grandes reservas y fuerzas levantando y empujando hacia adelante el movimiento huelguístico.
Tanto en la primera como en la segunda semana se produjeron diferentes de tipos de protestas, tales como marchas, tortuguismo, bloqueos intermitentes y otros tipos de acciones. Según un informe del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la segunda y semana de la gran huelga “En total se registraron 243 acciones, con un promedio de 17,4, según el monitoreo hecho entre el 10 de setiembre (cuando empezó la huelga) y el 23 de ese mes. El método más utilizado ha sido el bloqueo de calles (137), seguido de marchas (42) y declaraciones públicas (22) …”. (Semanario Universidad, semana del 3 al 9 de octubre). En algunas provincias y ciudades las movilizaciones y otros tipos de acciones, así como roces y escaramuzas con las fuerzas policiales, han sido más fuertes, tales fueron los casos de Alajuela, Puntarenas y Limón.
Sin embargo, en la tercera semana, antes y después, de la segunda gran marcha nacional el nivel de la movilización tuvo altibajos en San José y algunas regiones, aunque en muchas otras regiones todavía las movilizaciones se han incrementado y mantenido fuerte. No obstante, el estado de ánimo, la moral y disposición a continuar la lucha en la mayoría de los sectores laborales no ha disminuido. La contrapropaganda del gobierno y de los medios informativos del gran capital, en algunos momentos, ha creado muchas veces confusión entre los huelguistas, pero las marchas y colectivización de las experiencias consolida a los manifestantes.
4. Esta heroica y grandiosa huelga indefinida ha contado con un gran apoyo de la población en general. En sus dos primeras semanas contó hasta con un 95% del apoyo popular. Aunque este apoyo ha disminuido en las últimas semanas, debido a la campaña de desprestigio de los medios periodísticos del capital y del gobierno. Sin embargo, en la cuarta semana de huelga el apoyo a la huelga era mayoritario en la población de un 52%. La razón de este amplio apoyo a la huelga indefinida se debe a que el combo fiscal es un proyecto antipopular, ya que las amplias mayorías de las comunidades se dan cuenta que es un plan que recarga de impuestos a los sectores laborales, populares y de clases medias, dejando intactos los grandes privilegios de los grandes empresarios nacionales y transnacionales. Es muy importante mencionar que, al momento de escribir este informe, unos 36 gobiernos locales han votado en Consejo Municipal el rechazo del combo fiscal y están apoyando la huelga indefinida lo que refleja el amplio apoyo del movimiento huelguístico.
5. Sobre la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN). La conformación de esta amplia alianza de sindicatos, federaciones sindicales, bloques sindicales y otras organizaciones sociales constituye un gran avance del movimiento sindical y social para enfrentar las políticas neoliberales del gobierno de Alvarado-Piza, tales como el combo fiscal. Esta unidad sindical y social debe avanzar hacia un movimiento mucho más amplio y democrático. Debe incorporar a organizaciones de otros sectores como las estudiantiles, comunales y otras. La estructura organizativa de la unidad sindical es muy vertical y burocrática, lo cual no permite una participación democrática de sus amplias bases de trabajadores, por tanto, es necesario formar comisiones regionales en los distintos lugares y funcionar mediante asambleas amplias para democratizar los espacios y que las bases puedan discutir, participar y hacer propuestas para que sientan incorporadas e identificadas con la amplia organización.
6. La calificación de huelgas en su mayoría declaradas ilegales, bajo distintos argumentos (políticos, de procedimiento, cantidad de participantes y de servicios “esenciales”), reflejan que la reforma procesal laboral fue una reforma realizada a la medida de las patronales y del gobierno para prohibir el derecho a la huelga. Aunque muchas declaratorias se encuentran apeladas por las organizaciones sindicales en segunda instancia lo más probable es que se ratifiquen la “ilegalidad” de la huelga en diferentes sectores, como clínicas y hospitales (salud), JAPDEVA (carga y descarga en muelles), RECOPE , municipalidades (aseo en poblaciones) y otros lugares por considerar los servicios que brindan esas instituciones como “esenciales”, sectores en los cuales, según el artículo 376 del código de trabajo, es prohibido realizar huelgas. Muy pocas huelgas han sido declaradas legales, tales son los casos del Acueductos y Alcantarillados (A y A) e Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Por otra parte, las calificaciones de las huelgas como “ilegales” en los sectores no esenciales como CNP, Educación y otros sectores han sido politizadas y amañadas, lo cual refleja claramente que los jueces de trabajos no son imparciales ni independientes, sino que siguen la línea política del poder Ejecutivo.
7. La aprobación por parte de la asamblea legislativa, en primer debate, del combo fiscal constituyó un golpe y duro revés, temporal no definitivo, del heroico movimiento huelguístico indefinido iniciado y dirigido desde el 10 de setiembre por la amplia alianza de diferentes fuerzas sindicales y sociales agrupadas en la “Unidad Sindical y Social”. No es una derrota física, ya que no hay presos políticos, ni desaparecidos, ni muertos. En ese sentido, la mayoría de las fuerzas sociales están intactas y con disposición de lucha.
¿Por qué es un golpe y revés temporal? Porque el objetivo central y único de la huelga indefinida que era el retiro del combo fiscal de la asamblea legislativa no se logró. Más bien este ya fue aprobado en primer debate. Es cierto que falta el segundo debate y el fallo de constitucionalidad que debe emitir la sala cuarta para que dicho proyecto se convierta en ley de la República. Pero la primera batalla ya se perdió. En otro apartado explico porque no se logró conseguir el objetivo de la huelga indefinida. Sin embargo, esta primera etapa de la huelga indefinida deja algunos aspectos positivos, tales como que el combo fiscal no pudo ser aprobado en primer debate con 38 votos sino solamente con 35. Es decir que los neoliberales no lograron blindar el proceso de aprobación, en caso de que las consultas tanto a la Corte Suprema de Justicia como de constitucionalidad a sala cuarta planteen que se necesitan 38 votos para su aprobación en segundo debate y de que tenga vicios de procedimiento. Esto, en caso de producirse, significaría un duro revés a las pretensiones de los neoliberales de aprobar el combo fiscal sin tropiezos y escollos. El martes 16 de octubre la Corte Suprema de Justicia se reúne para brindar su informe sobre el combo fiscal y la consulta a la sala cuarte, en caso de que 10 diputados la soliciten, debe producirse su informe en el mes de noviembre. Existe expectativas generales en ambas consultas.
8. El conflicto de poderes: Ejecutivo-Asamblea Legislativa vs Poder Judicial. El informe votado afirmativamente por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre el combo fiscal original, sin los textos sustitutivos, en el sentido de que su aprobación afecta la “organización y funcionamiento” del poder judicial refleja el conflicto de poderes que existe en el país. Ese informe afirmativo tiene vigencia y aplicación para el texto votado en primer debate, lo cual significaría que se requerían de mayoría calificada de 38 votos para ser aprobado y de que no se podía aplicar la vía rápida, o sea, el 208 bis. Sin embargo, aún falta el criterio de la sala constitucional sobre este proyecto aprobado en primer debate, el cual podría ser favorable si los magistrados de la sala cuarta acogen los criterios de la Corte Plena, lo cual sería un serio traspié serio para la jauría neoliberal y un gran apoyo para el movimiento huelguístico, pero ese fallo puede tardar un mes. Tampoco hay seguridad que ese eventual fallo vaya a ser en dirección favorable, podría ser que los magistrados de la sala cuarta se inclinen a apoyar la decisión de los diputados del Congreso que votaron a favor del combo fiscal. Aquí existe una incertidumbre que tardará un rato por definirse.
¿Por qué la Corte Plena plantea que el combo fiscal afecta su “organización y funcionamiento”? Porque estruja el presupuesto del poder judicial poniendo en riesgo sus servicios de justicia en general. Reduce el crecimiento de los salarios, disminuye la cesantía de 12 a 8 años, congela las anualidades, la dedicación exclusiva, impone una nueva forma de evaluación interna y recorta otros beneficios. En una entrevista brindada por la magistrada de sala cuarta, Nancy Hernández, al semanario Universidad, ella decía que “Durante el siglo XX, el fortalecimiento de la administración de la justicia fue vista como una inversión necesaria, como una garantía, ahora se ve como un “gasto”. En un entorno tan hostil de proliferación de organizaciones criminales, sicariato, trata de personas y la amenaza mundial del populismo y autoritarismo, la única apuesta posible es fortalecer el sistema de justicia en general. Hay que blindar el sistema judicial contra esta penetración… porque, si el crimen organizado y la corrupción se afincan en el sistema de justicia, perdemos el país”. (Semanario Universidad, semana del 11 al 17 de julio). He aquí las razones del conflicto de poderes señalado.
9. ¿Se podía detener la aprobación del combo fiscal en primer debate? Si se pudo detener. La huelga indefinida tenía la masividad y fuerzas para imponer su objetivo central. En la primera, segunda y tercera semana de gran ascenso del movimiento huelguístico se debía meter el acelerador, lanzando y haciendo todas las acciones posibles para doblarle los brazos a los neoliberales de la asamblea legislativa. La dirigencia de la unidad sindical y social perdió el tiempo, creando expectativas entre las bases, en las llamadas conversaciones “preliminares” con personeros del poder Ejecutivo que no tenían ninguna capacidad de decisión. Además, nunca entendió que el gobierno los estaba engañando y vacilando con esas tales platicas de mentirillas. Las estrategias eran, si se quería ganar, sumar nuevos sectores sociales a la protesta social y lanzar las acciones mas fuertes para obligar a negociar a diputados, no al poder Ejecutivo que no decidía nada ni tenía la capacidad de revertir la posición de los diputados del Congreso. Entonces, la principal responsabilidad de no haber logrado el objetivo de la huelga indefinida, en la primera etapa, recae enteramente sobre la dirigencia nacional de la unidad sindical y social que, además, no activaron todos los mecanismos y métodos democráticos de participación de las bases para hacer posible la victoria, además de los aspectos señalados anteriormente. En estos tipos de movimientos amplios se requiere de la más amplia democracia interna en la organización para garantizar una victoria, además de las estrategias más adecuadas, consultadas y votadas en asambleas democráticas.
10. La Calificación de Ilegalidad de la huelga en el Magisterio Nacional. Esta arbitraria declaratoria se produjo el martes 9 de octubre. Según el juez, Francisco Quesada Quesada, que calificó de ilegal la huelga en el magisterio nacional, ésta es “ilegal” porque fue, supuestamente, “Verificado y constatado que hubo hechos de violencia durante la huelga”. En realidad, esta es una declaratoria de carácter eminentemente política, muy subjetiva sobre la conceptualización de lo que es la violencia, puesto que no tenían otros argumentos y fundamentos para poder hacer ese tipo de calificación.
Este juez, para justificar la “violencia” se apoya en imágenes de fotos de periódicos y de vídeos brindadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y en algunas “teorizaciones” de la violencia citando una resolución de la Suprema Corte de Justicia Argentina, lo cual no aplica en Costa Rica, el concepto de violencia de diccionario y de Elsa Blair Trujillo, que ha estudiado el conflicto militar de Colombia y otros países que no tienen relación con nuestra huelga. Todo esto refleja que el mencionado juez no tiene claridad ni bases sólidas de lo que es realmente la violencia. La conceptualización de la violencia y los hechos para demostrar que la huelga fue ejercida de forma violenta por los trabajadores esta jalada del pelo, es arbitraria y subjetiva. En realidad, la violencia provino de parte del Estado. Esa calificación de la huelga como ilegal no resiste la mínima crítica y una buena defensa por parte de los abogados de las organizaciones del magisterio nacional (APSE, ANDE y SEC).
Más bien la violencia fue en contra de los huelguistas y ejecutada por las fuerzas policiales, antimotines y otros cuerpos especializados del Estado en el ejercicio de la represión. Este juez debería leer por lo menos al sociólogo, Max Weber que, citando al revolucionario León Trotsky, plantea que “Todo Estado está fundado en la violencia” y que los instrumentos a través de los cuales el Estado ejerce la violencia son las leyes, los aparatos militares y policiales, los tribunales y las cárceles. Esa calificación de huelga más violenta y cercena el derecho a realizar huelga en Costa Rica.
El Ministro de Educación, Edgar Mora, todo entusiasmado llamó a todos los trabajadores de la educación a incorporarse al día siguiente a clases. Sin embargo, al día siguiente los sindicatos ANDE y SEC convocaron a asambleas en donde se sometió a discusión y votación un documento de la unidad sindical en donde se planteaba hacer una “pausa” de la huelga, léase deponer la huelga, y continuarla en el segundo debate, pero de forma mayoritaria las bases rechazaron esa propuesta y decidieron continuar la huelga. Esto constituyó un golpe para las pretensiones del gobierno que daban, por enésima vez, por muerta la huelga indefinida. Por su parte el sindicato APSE no sometió ese documento a discusión, ya que se daba por un hecho continuar la huelga a pesar de esa declaratoria amañada. De esta forma, se apelará ese fallo arbitrario y se esperará la declaratoria en firme para tomar una decisión sobre el futuro de esta gloriosa y heroica huelga indefinida.
11. ¿En qué momento y situación nos encontramos? Aunque la aprobación en primer debate del combo fiscal ha golpeado a compañeros, sin embargo, no ha producido desmoralización ni desbandada entre las fuerzas en lucha del movimiento sindical como esperaba el gobierno y los neoliberales. Algunos sectores sindicales de la unidad sindical y social sobre los cuales pende la declaratoria de ilegalidad de la huelga, en segunda instancia, se replegaron el 5 de octubre y 11 de octubre tales son los casos de salud (UNDECA, SINAES, SIPROCIMECA, ANPE y otros), otros sectores más pequeños, negociaron con las jefaturas, también su reincorporación al trabajo; mientras tanto, otros sectores decidieron sostener la huelga hacia adelante, tales son los casos del ICE, Magisterio Nacional, diversas municipalidades, el sector judicial y otros. En algunas regiones como en Pérez Zeledón la huelga indefinida, en su quinta semana, lejos de disminuir su movilización aumentó el día 11 de octubre cuando se realizó una gran movilización de todas las fuerzas de la región, educadores, agricultores, comunidades, iglesia católica e iglesias cristiana en contra del combo fiscal. Las movilizaciones continúan a lo largo de todo el territorio nacional, así como las campañas de información en las comunidades que tienen acogidas de las poblaciones que rechazan el combo fiscal y los conversatorios se realizan en distintos lugares para motivar la continuidad del movimiento que se ha convertido en una cuestión nacional. Mientras tanto, se está a la espera de las declaratoria en firme de la calificación de la huelga en el magisterio nacional y otros sectores, así como de los resultados de las consultas de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional.

Por José René Tamariz

El desarrollo de la huelga indefinida iniciada el 10 de septiembre y que inicia su tercera semana se puede caracterizar como un proceso de lucha de resistencia y defensivo contra las pretensiones del gobierno y del conjunto de las fuerzas neoliberales y patronales de reducir los niveles de los salarios y de vida y del empleo de los trabajadores en general y, en particular a los trabajadores del sector público, sectores populares y de clase medias. Las fuerzas de la reacción quieren imponer, mediante la aprobación del combo fiscal, el pago del déficit fiscal al conjunto de los trabajadores, sectores populares y clases medias.

En este verdadero y agudo proceso de confrontación social se están midiendo las fuerzas antagónicas de la lucha de clases. La fortaleza del movimiento de masas reside en su masividad, en la unidad nacional de las organizaciones sindicales (sindicatos, centrales sindicales, bloques sindicales, asociaciones y otras) y en la justeza de sus demandas económicas y sociales. Por su parte, las fuerzas reaccionarias (gobierno, partidos neoliberales, cámaras patronales, medios de comunicación y otras), minoritarias en su número, son fuerte por el control del aparato del Estado, recursos económicos y las campañas de desinformación, pero, principalmente, por el control de las fuerzas represivas.

Correlación de Fuerzas y Proceso de Negociación

La huelga indefinida alcanzó su máximo pico el miércoles 12 de septiembre con la gran movilización nacional que pudo llegar hasta unos 500 mil movilizados. En esta tercera semana que se desarrolla la huelga, nuevos sectores comienzan a sumarse al movimiento como son los estudiantes de las universidades públicas de la UNA y FEUCR. Sin embargo, para que la huelga se fortalezca y alcance su triunfo necesita incorporar a otros sectores laborales y populares.

Si tuviéramos que definir el actual momento del movimiento huelguístico sería como un de un impasse en donde ninguna de las dos grandes fuerzas en contienda, la Unidad Sindical y Social y el Gobierno y jauría neoliberal, logran imponer sus posiciones y ganar, por la vía legal o de hecho, el pulso en el proceso de lucha o reaccionario. En este marco se producen el proceso de negociaciones entre el gobierno y los representantes del movimiento sindical. La política del gobierno es, por un lado, dar la apariencia pública de que está dispuesto a negociar, pero, por el otro lado, reprime violentamente a los huelguistas. Es decir, es una política de la zanahoria y el garrote. Además, en conjunto con los medios de comunicación, pretenden acusar y penalizar a los huelguistas de una serie de hechos que se producen, tales como el sabotaje al oleoducto de combustible de RECOPE.

El movimiento sindical plantea el retiro del expediente 20.580 o combo fiscal, mientras tanto la posición del gobierno es que no lo puede retirar debido es el punto para iniciar la supuesta solución al déficit fiscal. Sin embargo, consideramos que una condición para iniciar el proceso de negociación, el sector magisterial, con el apoyo de los demás sindicatos, debe plantear la derogatoria inmediata de las directrices administrativas que reducen, congelan y eliminan los componentes salariales de los trabajadores del gobierno central. Se debe, asimismo, poner en la mesa de negociación el proyecto de ley que pretende imponer un régimen único de pensiones, eliminando, por ejemplo, la junta de pensiones del magisterio nacional como administrador de ese régimen.

Sobre la Declaratoria de Ilegalidad de la Huelga indefinida en el CNP, Ministerio de Vivienda y Otros Sectores Laborales

La primera maniobra política del gobierno de Carlos Alvarado para declarar ilegal la huelga indefinida en el Consejo Nacional de Producción (CNP) se produjo el viernes 21 de septiembre en la tarde con el objetivo de crear confusión y bajar la moral a los huelguistas. Sin embargo, esa declaratoria, lejos de desanimar a los luchadores, les ha producido enojo porque es una declaratoria eminentemente de carácter político,  amañada, que está siendo rebatida de forma contundente por los abogados del movimiento sindical.

La declaratoria de ilegalidad de la huelga de los compañeros del CNP por parte del juez, Arnoldo Álvarez Desanti, hermano del explotador burgués de trabajadores de fincas bananeras, Toño Álvarez Desanti, plantea en uno de sus fundamentos que “Es un movimiento a nivel nacional, que reprocha un proyecto de legislación, y esto no está incluido dentro de la relación obrero patronal. Es imposible que el CNP agrade a sus trabajadores, aún cuando estando de acuerdo, ya que la institución no puede obligar al Ejecutivo, ni a la Asamblea, de legislar de una manera u otra, o de proponer leyes de distinto tipo”. Sin embargo, el articulo 371 del código de trabajo, reformado, señala que una de las causales de huelga es: "a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales". Por tanto, la presente huelga indefinida contra el proyecto de “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” tiene como objetivo central “la defensa… de sus intereses económicos y sociales”, ya que se pretende defender los componentes salariales que quieren ser reducidos, congelados y eliminado por dicho proyecto de ley. Además, el patrono de los trabajadores del CNP, como institución estatal, es el Estado.  Los patronos no son los jerarcas del CNP, ya que ellos solamente son los representantes del patrono, no los dueños.  

Por otro lado, la declaratoria de ilegalidad de la huelga indefinida en el Ministerio de Vivienda, aunque el juez reconoce que se cumplieron con casi todos los puntos, sin embargo, la declara ilegal porque no cumplió con el requisito del 50% de los trabajadores participantes. Según el juez, solamente hay 4 trabajadores en huelga. Es obvio que, si solamente 4 compañeros participan de la huelga, constituye un grave error de la dirección sindical de ese ministerio haber lanzado la huelga en esas condiciones de poco apoyo. Lo importante, en cierto modo de esa declaratoria, es que no tiene carácter político como es el caso del CNP, ya que no plantea que no se puede hacer la huelga en una institución del gobierno central contra el proyecto de ley del combo fiscal porque ese aspecto “no está incluido dentro de la relación obrero patronal”. Esta declaratoria, entonces, contradice y se contrapone a la primera.

Mientras tanto, los juzgados de trabajo continúan realizando el proceso para la calificación de la huelga en distintos sectores, tales como educación, salud, judicial y otros, para un total de más 31 instituciones públicas. En el caso del sector educativo, las inspecciones de trabajo realizadas hasta el momento indican que los porcentajes de participación en la huelga son altos de hasta un 93% o más, lo cual puede favorecer una declaratoria de legalidad. Sin embargo, hay sectores reaccionarios que están demandando la criminalización del movimiento huelguístico a través de la fiscalía. Es decir, que podemos esperar cualquier sorpresa en este terreno para inducir a una eventual declaratoria de ilegalidad del proceso huelguístico. Debido a todas las maniobras anteriores es necesario e indispensable avanzar hacia un mayor fortalecimiento de la huelga.

El poder Ejecutivo, según informaciones que se han filtrado, ha presionado a los jueces de trabajo para que declaren ilegal la huelga en los distintos sectores. Mientras ese proceso sigue su curso, el cual tiene el propósito de crear temor y confusión entre los huelguistas para debilitar el proceso huelguístico indefinido, éste se mantiene fuerte. El gobierno de Alvarado está tratando de entretener y engañar a las dirigencias sindicales de la Unidad Sindical y Social, dando la apariencia de estar “negociando” cuando en realidad no se está negociando nada. Las pláticas no han pasado de ser preliminares. Nos están vacilando y ganando tiempo, mientras tanto el proyecto de ley del combo fiscal sigue su curso normal en la Asamblea Legislativa. El gobierno no quiere ni va a retirar el expediente 20.580 porque con ese proyecto se está jugando el futuro de su gobierno, entonces la única vía para imponer la posición sindical es aumentando los niveles de las acciones y movimientos callejeros. Por tanto, se requiere de forma urgente y necesaria fortalecer el movimiento huelguístico, incorporando nuevos sectores sociales y fuerzas frescas, así como generalizar los comités de huelga en cada centro de trabajo y llevar las movilizaciones, la propaganda y la explicación de por qué luchamos contra el combo fiscal, en las comunidades y barrios populares para movilizarlos contra el mismo.

Negociaciones deben ser publicas

Las negociaciones entre las dirigencias de la Unidad Sindical y Social y el Gobierno deben ser públicas sin ningún tipo de secretismos. Las dirigencias sindicales están obligadas a informar, después de cada sesión de negociación, a las bases cuales fueron las propuestas del gobierno y contrapropuestas nuestras para hacer transparentes estos procesos. Son las bases de los sindicatos las que sostenemos este gran movimiento y merecemos respeto, estar informados y también decidir el rumbo no sólo de las acciones de lucha sino también del proceso de negociaciones.

Por El Fortalecimiento de la Huelga General Indefinida

El gobierno de Carlos Alvarado y los grupos económicos que lo apoyan, esperan cansar a los trabajadores, tal como lo planteo el expresidiario y expresidente Miguel Ángel Rodríguez en un audio reciente, además, insta al gobierno a no pagar los salarios a los huelguistas. Sin embargo, sabemos que esto último el gobierno no lo puede hacer con la nueva reforma procesal laboral.

Por ello debemos fortalecer la Huelga Indefinida, incorporando nuevos sectores sociales al proceso huelguístico, tales como estudiantes, comunidades y otros sectores productivos; formando y generalizando los comités de huelga o de lucha en cada regional, comunidad y centros de trabajo, de manera que participe la mayor cantidad de luchadores; realización de asambleas democráticas en donde se discuta y voten las nuevas acciones y actividades para tener control de la lucha y de las negociaciones. Es urgente cambiar las estrategias que pueden desgastar las energías de los huelguistas, por eso es necesario y urgente tomar en cuenta las sugerencias que se plantean en las bases movilizadas.