Por José René Tamariz

En un comunicado conjunto la Unidad Magisterial integrada por los sindicatos APSE, ANDE y SEC “… informan a su afiliación y al pueblo de Costa Rica que ante la invitación realizada por el Gobierno de la República días atrás, se han sostenido sendas reuniones con los Ministros de la Presidencia, de Educación, de Planificación y el viceministro de Trabajo”.  (Comunicado de los sindicatos del Magisterio sobre las reuniones sostenidas con autoridades de Gobierno. 17 de enero de 2019).

Según esa información “En estos momentos existen una serie de propuestas que afectan los sistemas de protección social que son herencia de nuestro Estado Social… que socaban la educación costarricense… De ahí surge la imperiosa necesidad de establecer canales de diálogo donde la voz de los trabajadores de la educación costarricense sea escuchada, las reflexiones y planteamientos técnicos se atiendan e incorporen en los procesos de toma de decisión”. (Ibidem). Luego ese pronunciamiento enumera los temas que se analizan en esas reuniones, los cuales, entre otros, son los siguientes: modificaciones al sistema de pensiones costarricense, educación dual, evaluación de desempeño, reactivación económica. 

Por otro lado, diferentes medios de comunicación informan que los sindicatos de la Unidad Magisterial se reunirán en lo que resta del mes de enero en tres fecha más: 23 de enero los dirigentes sindicales de APSE, ANDE y SEC se reunirán con el ministro de educación y el ministro de Trabajo para tratar el tema del proyecto de educación dual; el 25 de enero se volverán a reunir los dirigentes de los sindicatos magisteriales con la ministra de planificación, Pilar Garrido, para tratar el tema sobre el empleo público, proyecto que será presentado por el gobierno en el mes de marzo y el día 29 de enero, otra vez, los dirigentes sindicales de la Unidad Magisterial, tendrán cita, pero esta vez,  con el presidente de la República, Carlos Alvarado.

¿Por qué el gobierno prioriza este aparente “diálogo” con los dirigentes de APSE, ANDE y SEC? Sencillamente porque, a partir de la experiencia de la larga huelga contra el combo fiscal realizada el año anterior, se dieron cuenta que el sector de los trabajadores de la educación, constituyen la columna vertebral de la lucha y resistencia contra las políticas del gobierno, debido a que tienen una gran fuerza, tanto por el número de empleados como por la persistencia y resistencia en los movimientos huelguísticos. Entonces, la política del gobierno pasa por desmovilizar al principal contendiente y opositor en el movimiento sindical, el Magisterio nacional, mediante la política de adormecimiento y engaño del “diálogo”.  El autodenominado “perro de cuido” del gobierno, Rodolfo Piza, ministro de la presidencia, respecto a esas conversaciones con los sindicatos declaró que “Demostrémosle al país que hay buena voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdos para que podamos tener condiciones que generen confianza”. (La Nación, 18 de enero de 2019).

Esas declaraciones de Rodolfo Piza son falsas y tienen como objetivo engañar a los ingenuos o tontos. Los neoliberales del poder ejecutivo y el poder legislativo se dividen las tareas. Mientras Piza plantea una supuesta “buena voluntad de diálogo” para llegar a supuestos “acuerdos” que “generen confianza”, el diputado del PLN, Wagner Jiménez, aclaró de forma clara y categórica que, respecto al proyecto de educación dual, “… este impasse no significa que modificarán el proyecto a conveniencia de los sindicatos de educadores”. (Ibidem).  Más adelante señaló “… que ya los sindicatos participaron en la comisión, por eso no vamos a permitir que tomen el control”.

En otras palabras, las sesiones del supuesto “diálogo” de personeros del gobierno con las cúpulas de los sindicatos de APSE, ANDE y SEC es una burda burla y ardid que tiene como objetivo mantener entretenidos a los dirigentes sindical de la Unidad Magisterial y desmovilizar a los trabajadores de la educación, mientras los neoliberales discuten y aprueban, eventualmente, el proyecto de educación dual y los demás que supuestamente serán abordados en el supuesto “diálogo”. Tanto los neoliberales del poder Ejecutivo como del poder Legislativo no van a realizar ninguna concesión a los sindicatos en cuanto a los proyectos de ley convocados en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Lo más grave de esa pantomima y show mediático de “diálogo” montado por el gobierno es que los dirigentes sindicales de APSE, ANDE y SEC le creen y depositan confianza en alcanzar acuerdos y que el poder Ejecutivo o Legislativo incorpore en los proyectos de ley las propuestas sindicales, las cuales por cierto ningún trabajador afiliado a esos sindicatos conoce ni ha sido consultado sobre ellas.

Al final de ese comunicado, los dirigentes sindicales de APSE, ANDE y SEC alegremente y con desfachatez sostienen que “Desde la Unidad Magisterial, ANDE, APSE, SEC, creemos fervientemente en la necesidad de establecer un diálogo verdadero que fortalezca nuestra democracia, logre una verdadera justicia tributaria, garantice el derecho a la educación integral, la protesta social, la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, todos los pilares fundamentales para la convivencia en una sociedad más equitativa y solidaria”. (Ibidem). Pareciera que los dirigentes sindicales de la Unidad Magisterial no aprendieran de la experiencia del llamado “Encuentro de diálogo preliminar” con el gobierno en el curso de la huelga contra el combo fiscal, en donde el poder Ejecutivo los engañó y bailó repetidas veces.

En realidad, el interés real, central y táctico del gobierno con ese espectáculo circense de “diálogo” es evitar la movilización y lucha del movimiento sindical, especialmente de los trabajadores de la educación, en contra de sus proyectos de leyes, ya que quieren aprobar sus nefastos planes sin que haya marchas, luchas, huelgas y enfrentamientos callejeros.  Con este gobierno tripartito del PAC, PUSC y PLN, sectores duros del neoliberalismo, testaferros y siervos del capital, no puede haber un “diálogo verdadero” que alcancen esas falsas y candorosas ilusiones de las cúpulas sindicales, tales como: fortalecer nuestra democracia, verdadera justicia tributaria, derecho a la educación integral, fortalecer la protesta social, sostenibilidad de los regímenes de pensiones.

En realidad, todos los movimientos, pasos, políticas y proyectos de ley del gobierno, ya sea el aprobado el combo fiscal, y los demás que se encuentran en la corriente legislativa y en proceso de elaboración, como el de empleo público, se orientan y direccionan en el sentido inverso del planteado por las dirigencias sindicales de APSE, ANDE y SEC. El gobierno, mediante ese proceso tramposo y fraudulento de “diálogo” con las cúpulas de la Unidad Magisterial, quiere evitar a toda costa que se desencadene una situación de lucha, protesta callejera, huelga nacional o un estallido social, ya que saben que existe un gran descontento de la población trabajadora y popular contra sus políticas hambreadores y empobrecedoras.

¿Entonces, estamos en contra de un proceso de “diálogo” con el gobierno alrededor de algunos temas de interés del sector magisterial y de los trabajadores en general? En principio, no estamos en contra de establecer un proceso de “conversaciones” o “diálogo” con personeros del gobierno para llegar a acuerdos. Sin embargo, consideramos de forma categórica y contundente que ese proceso de “diálogo”, para poder incidir y lograr cambios en los proyectos de leyes a favor de los trabajadores, debe de estar acompañado de las movilizaciones callejeras y de la aplicación de diversos métodos de lucha de los trabajadores y del movimiento obrero.

Consideramos que los procesos de “platicas” o de “diálogo” con funcionarios del gobierno constituyen un apéndice o medio auxiliar de la lucha callejera. Es más, la experiencia de “conversaciones” o “diálogo” con funcionarios del gobierno, combinadas con una gran huelga como fue la del combo fiscal, demuestran e indican, con más razón, que cualquier proceso de “diálogo” en frio y entre cuatro paredes, sin lucha y movilización, es un engaño y fraude, en el cual no se logrará nada significativo para los trabajadores de la educación, en particular, y, de los trabajadores en general.

¿Por qué, entonces, las dirigencias sindicales de APSE, ANDE y SEC no combinan el proceso de supuesto “diálogo” con la lucha y movilización callejera de sus miles de afiliados? La respuesta es simple y sencilla: las cúpulas sindicales de la Unidad Magisterial, igual que las demás dirigencias sindicales, no quieren llamar ni conducir una nueva huelga o procesos de lucha porque quedaron traumados con la derrota, debida a la mala conducción sindical, de la gran huelga contra el combo fiscal.

Veamos el ejemplo más claro de lo que decimos anteriormente. Frente al “proceso de consulta” que realiza actualmente la comisión de la Asamblea Legislativa del proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” que, en los hechos, conlleva a prohibir el derecho a la huelga, así como a una eventual disolución de los sindicatos, las organizaciones sindicales de la Unidad Magisterial APSE, ANDE y SEC, no han realizado un llamado a la movilización de sus afiliados contra ese proceso y proyecto, que debe constituir la prioridad de todos los sindicatos y sus agremiados. No se trata de llamar por redes a sus afiliados para que lleguen al frente de la Asamblea Legislativa, sino que se debe convocar a asambleas amplias de las bases del magisterio nacional, de forma conjunta, para que esas asambleas los trabajadores propongan mociones y un plan de lucha, esta seria la mejor forma y manera de lograr que ese nefasto y fatídico proyecto sea sacado de la corriente legislativa y sea finalmente archivado.

Veamos otro ejemplo, pero ahora, del proceso antidemocrático de la directiva nacional del sindicato APSE. El viernes 18 de enero se realizó el Consejo Nacional que, según el estatuto, “… es el órgano político permanente de APSE…”, sin embargo, la directiva tuvo un “pequeño olvido” de no incluir en agenda un informe sobre las “sendas reuniones” que había iniciado con altos funcionarios del gobierno. Al final del Consejo Nacional, los miembros de la directiva nacional se vieron obligados por una moción presentada por compañera/os de la tendencia Cambiemos a rendir un informe de dicho proceso de “diálogo”. Si no hubiera sido así no habría informe ni conocimiento de dicha “conversaciones”, solamente mediante el comunicado público que publicaron los tres sindicatos. Si la información y rendición de cuenta no fluye en las estructuras de arriba, mucho menos que fluyan en las estructuras de las bases, por parte de la directiva nacional de APSE. Este hecho demuestra, una vez más, el carácter burocrático, antidemocrático, de la dirigencia nacional del sindicato APSE.

Por José René Tamariz

Los días 5 y 6 de diciembre, la dirigencia nacional del sindicato APSE, sometió a consulta y votación de las bases tres opciones, dos de ellas para levantar la huelga y una para continuarla. Esas opciones planteaban las siguientes propuestas:

1. “Aceptar los términos del documento firmado entre el MEP y el SEC y, levantar la huelga”.
2. “Levantar la huelga unilateralmente por parte de APSE (sin documento y sin sentencia en firme)”.
3. “Mantenerse en huelga hasta tanto no se dicte sentencia en firme la declaratoria de huelga”

Desde el punto de vista de las bases, al final de la consulta y votación de esas opciones, de un total de 1 099 bases participantes, los resultados nacionales que se obtuvieron fueron:

• • por la opción 1 votaron a favor 73 bases para un porcentaje de 6,6%.
• • por la opción 2 obtuvo los votos a favor de 638 bases y un porcentaje de 58,1%.
• • por la opción 3 sacó la votación a favor de 388 bases para un porcentaje de 35,3%.

Por otro lado, de un total de 56 regionales conformadas por un total de 1 099 bases participantes en la consulta nacional sobre la huelga indefinida de 2018 se obtuvieron los siguientes resultados:

1) Sólo en la regional 1 ganó la opción 1 (Regional 27) En términos porcentuales, desde el punto de vista de las regionales, eso representa el 1,8%.

2) La opción 2 ganó en 43 regionales. En porcentajes respecto a las regionales esa cantidad representa el 76,8%.

3) La opción 3 ganó en 12 regionales (04, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 34, 36, 42, 50 y 51). Esto representa el 21,4% de las regionales.

En las grandes regionales, desde el punto de vista del número de bases, ganó la opción 2 lo cual fue determinante, inclinando el gane hacia esa opción. Por ejemplo, San José con sus 5 regionales, tomándola como una gran regional, tiene 79 bases, de las cuales 49 (62%) bases votaron por la opción 2, mientras que por la opción 3 votaron 27 (34,2%) bases y solamente 3 (3,8%) bases votaron por la opción 1. En la regional 01,02,03 y 05 ganó la opción 2. Solamente en la regional 04 ganó la opción 3, pero de forma muy ajustada, ya que la opción 2 obtuvo el voto de 11 bases y la opción 3 tuvo el voto de 12 bases.

En las otras grandes regionales fueron, regional 09 (29 bases), regional 10 (37 bases), regional 11 (36 bases), regional 12 (32 bases), regional 13 (28 bases), regional 23 (28 bases) y regional 35 (33 bases).

Es evidente que, tanto desde el punto de vista de las votaciones de las bases como de las regionales, la mayoría de los afiliados del sindicato APSE se decidieron por levantar la huelga de forma unilateral, sin firmar el documento de la rendición con el MEP. En realidad, la opción 1 era el mismo documento que había negociado de forma inconsulta y antidemocrática la dirigencia de APSE con el ministro de educación Edgar Mora, el cual era un plato de babas y motivo por el cual ese documento de propuesta fue rechazado de forma abrumadora por un 97% de los apsinos, el 29 de noviembre de 2018 en consulta nacional.

Por otra parte, es importante destacar que la opción 3 obtuvo una votación alta en diferentes bases (35,3%), en la cantidad de regionales ganadas (21,4%) y también en los votos individuales. La situación del sindicato APSE tras la consulta y la votación de las diferentes opciones ha dejado abierta, en los hechos, una división de la organización sindical, así como un gran descontento en las bases, no solo de los que votaron por la opción 3 sino también de los que votaron por la opción 2. Lo anterior ha sido evidente y notorio debido a que la dirigencia nacional de APSE dejado al garete a las bases para que tomen decisiones y votaciones sobre la continuidad o no de la huelga indefinida.

La dirección sindical nacional de APSE, conformada principalmente por la directiva nacional, propuso 3 opciones sin muchas explicaciones y sin profundizar en sus posibles consecuencias y efectos sobre las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, metiendo la cabeza en la tierra como el avestruz, dejando que sean las bases las que sin ninguna orientación, aclaración y explicación de su dirección sindical decidieran y votaran. Es decir que, si eventualmente las bases se hubieran equivocado en la decisión y votación, la dirigencia nacional del sindicato APSE les hubiera echado la culpa a las bases, ya que habrían dicho que fue decisión de ellas votar por tal opción y no de la directiva nacional.

De otro lado, la dirigencia nacional de APSE siempre explicó que había que esperar la sentencia en firme de la declaratoria de la huelga indefinida para levantar la huelga, sin explicar que eso dependía de las condiciones políticas del movimiento huelguístico, lo cual ha motivado y llevado a cientos de compañeros a que se quieran mantener en huelga, a pesar de que el objetivo único de la huelga que era la lucha contra el combo fiscal haya desaparecido, ya que este se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa y se haya convertido en ley de la República.

Por José René Tamariz

La sentencia N°2018-19511 emitida por la Sala IV el día 23 de noviembre de 2018 sobre el combo fiscal es esencialmente de tipo política, neoliberal y progubernamental, no jurídica. En el encabezado del comunicado de prensa de dicha sala se plantea que “… NO ENCUENTRA VICIOS ESENCIALES DE PROCEDIMIENTO NI DE FONDO SOBRE LO CONSULTADO”.

En cuanto a la segunda consulta constitucional referido a que si el combo fiscal afectaba la “organización y funcionamiento del Poder Judicial” y que, por ende, se requerían de 38 votos para ser aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, la Sala cuarta, de forma campante y con desfachatez, afirma en su comunicado que “Los puntos c) y d) de dicha consulta, se evacuan, por mayoría, en el sentido de que la consulta efectuada por la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia es improcedente, puesto que, a la luz de los artículos 9, 153 y 167 de la Constitución Política, dicho proyecto no viene a afectar la organización o funcionamiento del Poder Judicial, toda vez que mantiene sus competencias constitucionales propias, específicamente en relación con los extremos consultados. En consecuencia, la aprobación del proyecto en cuestión no requiere la votación calificada dispuesta en el numeral 167 de la Constitución Política…”. (Comunicado de prensa Sala Constitucional).

Es evidente que esta posición política de la sala cuarta se contradice totalmente con los criterios emitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el combo fiscal. La CSJ determinó que el combo fiscal si afectaba la “organización y funcionamiento del Poder Judicial”. Según el presidente de la CSJ, Fernando Cruz, “Cuatro temas relevantes se consideraron que incidían en la organización y funcionamiento del sistema judicial…”. (La Nación, 19 de noviembre de 2018). Esos cuatro elementos eran los siguientes: “… los elementos del proyecto que inciden en el sistema judicial: control de un ministerio del poder ejecutivo, reducción y control de salarios, evaluación de jueces bajo el control de un órgano administrativo, limitaciones presupuestarias que pueden incidir en el seis por ciento constitucional, limitaciones salarios a jueces, sin tomar en cuenta la carrera judicial, que es una garantía y sin responder a criterios técnicos. Todos estos cambios sin diálogo previo, sin una interacción y coordinación. Así no más, normas introducidas en las últimas semanas, sin tener el menor reparo de qué manera pueden incidir en el sistema judicial…”. (Cruz Castro, Fernando: La reforma tributaria indispensable y el respeto a la independencia judicial. Martes, 16 de octubre de 2018).

Por otro lado, Jorge Guardia, economista neoliberal y abogado, del cual no puede haber sospecha de ser ni siquiera “progresista”, planteaba que “El dictamen del Lic. Rodrigo Campos, asesor legal de la Corte, es serio y bien fundamentado; por eso, lo avaló la Corte Plena. Sostiene que el proyecto contraviene la independencia de poderes al subordinar, en más de una forma, la política presupuestaria y salarial del Poder Judicial al gobierno. Alimenta su tesis con extensas citas de doctrina, actas de la Constituyente, criterios internacionales y la propia jurisprudencia de la Sala”. (La Nación, 20 de noviembre de 2018).

¿Entonces, qué órgano y cuáles jueces tienen razón? ¿Los de la Corte Suprema de Justicia o Sala Constitucional? Es importante señalar que la CSJ está integrada por 22 magistrados y de estos 7 constituyen la Sala Constitucional. Cuando se votó los criterios de la CSJ sobre el combo fiscal estuvieron presentes 15 jueces y 7 jueces participaron en la emisión de los fallos sobre la constitucionalidad de dicho proyecto. De lo anterior se puede determinar que una minoría de 7 “exegetas” e "iluminados" de la Constitución Política de la Sala Constitucional, una especie de árbitro inapelable, deciden, en este caso, con criterios claramente políticos e ideológicos neoliberales determinar por su "santa voluntad" que no existe ninguna afectación del Poder Judicial por parte del combo fiscal, dando su aprobación para que éste se apruebe con 29 votos no con 38 como planteaba la CSJ, así como que no existen “vicios de procedimientos ni de fondo” en dicho proyecto de ley. Es claro que la CSJ tiene la razón en esta discusión y fallos, pero como la última palabra y decisión pertenece a ese “poder supremo”, sala cuarta, que se encuentra por encima de los demás poderes, ésta termina dando su veredicto final a favor de los neoliberales del gobierno y de la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, es importante señalar que, por la discusión de fondo, la Sala Constitucional y sus 7 “exegetas” se convierten en cómplices políticos del Poder Ejecutivo y Legislativo, la jauría neoliberal, del empobrecimiento y miseria generalizadas y masiva a que conduce la aprobación del combo fiscal como ley de la República.

En cuanto a la tercera consulta de constitucionalidad que tenía que ver con los vicios de procedimientos del combo fiscal, los “exegetas” de la sala cuarta la rechazaron olímpicamente. Sin embargo, el especialista y exmagistrado de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo, sostuvo recientemente que el combo fiscal tiene “…vicio de procedimiento muy serio” (Semanario Universidad, semana del 21 al 27 de noviembre) y, por ende, los magistrados de la sala cuarta debían entrar “de oficio” a ver dichos vicios, sin necesidad de que mediara alguna consulta de constitucionalidad. Sin embargo, esta Sala Constitucional rechazó considerar la tercera consulta constitucional por dichos vicios al considerar que era “inevacuable” porque se repetían las firmas de 6 diputados de la primera consulta y que, además, había sido presentada de forma tardía.

La Unidad Sindical y Social debe sacar un pronunciamiento de denuncia y en contra de este fallo político, neoliberal y progubernamental sobre el combo fiscal, el cual permite la aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa sin mayores problemas o dificultades

¡Asambleas  regionalizadas, unificadas de las bases de APSE, ANDE y SEC para discutir y decidir sobre la huelga indefinida!

Hemos llegado a la semana 12 de la huelga indefinida contra el combo fiscal. El sector de los trabajadores de la educación nos hemos constituido en el baluarte y vanguardia en esta gesta histórica y gloriosa del movimiento obrero y sindical costarricense, así como su reserva moral y de lucha.

Sin duda esta heroica lucha será recogida e incorporada a la historia nacional. No sólo hemos salido a defender nuestros intereses y derechos, sino que  también luchamos por la defensa de amplios sectores de los trabajadores de la empresa privada, en los cuales las dictaduras patronales no permiten el derecho a la protesta y la sindicalización, y, también de los sectores populares y clases medias, sobre los cuales el Gobierno y la jauría neoliberal descargará el pago del déficit fiscal y la deuda pública.

Desde hace varios días en las mentes y pensamientos de muchos huelguistas giran diversas ideas sobre el futuro de este movimiento huelguístico en relación al cierre del curso lectivo, las vacaciones de fin de año, los recargos y otros temas de interés para todos.

El objetivo central de esta huelga que es la lucha contra el combo fiscal que incrementará la pobreza y miseria se acerca a su fin. La sentencia emitida el día 23 de noviembre por la Sala cuarta, fallo a todas luces politizado y neoliberal, le da luz verde a la jauría neoliberal del Congreso para que apruebe en segundo debate el combo fiscal. Es muy probable que ese anti-obrero  y anti-popular proyecto se apruebe en un plazo de 15 días.

Con la anulación de la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el magisterio el día 19 de noviembre, por parte del Tribunal de apelaciones, abre mayores probabilidades de que nuestra huelga sea declarada legal. Es posible que esa declaratoria sea dictada en el curso de esta semana.

Entonces, una vez dictada esa declaratoria de eventual legalidad, las dirigencias sindicales de APSE, ANDE y SEC deben convocar de inmediato y con urgencias a asambleas unificadas de las bases magistrales para discutir y votar el destino de la huelga indefinida.

Las asambleas unificadas y democráticas para decidir y votar deben de imponerse como método, es necesario y urgente, evitar la dispersión, la confusión y les decisiones individuales para deponer la huelga y regresar al trabajo. Las reuniones de las cúpulas sindicales deben tener su correlato en las bases. No se trata sólo de recibir, desde arriba la línea política, muchas veces sin claridad y orientaciones, sino de discutir y resolver de forma horizontal, desde abajo hacia arriba.

Compañeras/os, demandemos a las dirigencias sindicales (APSE  ANDE y SEC) que convoquen para esta semana a asambleas unificadas y democráticas de discusión y votación para decidir sobre el movimiento huelguístico.

Por José René Tamariz

Es evidente que la maniobra política-jurídica del Gobierno Alvarado-Piza realizada, mediante la Procuraduría General de la República, el viernes 9 de noviembre al introducir al poder judicial una "recusación" (impugnación contra los tres jueces que estudian expediente de huelga de educadores), tiene el claro objetivo de separar a estos tres jueces para impedir una eventual declaratoria en firme de LEGALIDAD de nuestra huelga.

Aduce el procurador general, Julio Jurado, que los tres jueces no son "imparciales" ni tienen "objetividad" para dictaminar nuestra huelga. Esta aseveración del Gobierno se deriva del antecedente de que estos tres jueces declararon la huelga en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) como LEGAL en firme. Debido a esto la PGR introdujo un recurso de casación.

Señala el procurador en su recusación que, en casi de declararse LEGAL la huelga en educación, "el Estado se verá en una difícil situación". (La Nación, 10 de noviembre). Es claro que una declaración de LEGALIDAD en firme de la huelga en educación sería una contundente derrota política del Gobierno Alvarado-Piza y una victoria histórica del movimiento magisterial y sindical nacional, lo cual obligaría al Gobierno a sentarse con los dirigentes sindicales de educación y, obviamente, tendría que aceptar algunos términos planteados por las organizaciones sindicales. Por esto, el Gobierno quiere quitar del camino a esos tres jueces y tratar de colocar en su lugar a tres jueces favorables al Gobierno.