Por Victoriano Sánchez

En la medida que nos vamos acercando al año 2021, comienzan a configurarse los distintos bloques políticos. Sin embargo, ninguno de estos bloques representa las aspiraciones populares. Cuando volvemos a ver hacia atrás, nos preguntamos: ¿Qué pasó con las demandas de cambio?

Represión y conspiraciones del gran capital

La situación actual, de retroceso de la lucha popular, es producto de los acontecimientos del último periodo. Las masacres del 2018, la constante represión de la dictadura por más de dos años, por un lado, y las conspiraciones de las fracciones del gran capital, por el otro, han dado como resultado una situación de retroceso de la lucha popular.

Lo que más destaca es la casi desaparición de la vanguardia estudiantil y de los liderazgos autoconvocados del 2018. Una parte fue asesinada, otra está en el exilio, otra en la cárcel y otra sigue siendo perseguida y acosada por la represión. De la pléyade de dirigentes estudiantiles del 2018, quedan muy pocos en la lucha.

Las universidades están bajo control absoluto de la dictadura. Muchos dirigentes estudiantiles abandonaron la luchar, y están concentrados en la sobrevivencia personal. La Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUDJ) está conformada actualmente por pequeños grupos, aislados de la base estudiantil. Un factor que permitió que esta vanguardia se dispersara, fue no solo la represión, sino fundamentalmente el hecho que estos grupos no tuvieron una orientación política clara sobre las tareas que debían enfrentar.

¿Adultismo versus juventud?

Los ongs que ofrecieron ayudas económicas aparentemente desinteresadas a los grupos estudiantiles, contribuyeron a una mayor confusión ideológica, desarrollando teorías sobre el adultismo. El problema central no es contradicción entre viejos y jóvenes, no es un problema de edad, o de sexos, sino de combatir las estructuras de poder. En esta lucha, debemos participar jóvenes y viejos, para destruir las instituciones del viejo orden.

Ocurre que detrás de los ongs que han desarrollado la teoría del adultismo, están personas de la tercera edad, que manipulas a los grupos estudiantiles o juveniles. El problema no es solicitar sillas para los jóvenes dentro de la Coalición Nacional, como su fuese un conflicto entre viejos y jóvenes, sino que las organizaciones juveniles y estudiantiles actúen de manera independiente, y sin pedir permiso a nadie, encabecen nuevamente la lucha como ocurrió en 2018.

La UNAB y la ACJD no quisieron convertirse en fuerzas políticas

Las dos fuerzas sociales que surgieron en 2018, como fueron la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y posteriormente la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), se negaron sistemáticamente a conformar una fuerza política, de manera conjunta o por separado.

En el año 2019 se produjeron muchos cambios imperceptibles. La UNAB se debilitó, una parte de los movimientos sociales que la conformaban, se retiraron. La UNAB termino siendo controlada por los ongs, y por dos corrientes que provienen del sandinismo: el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS) que controla a la -Articulación de Movimientos Sociales, por un lado, y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Se trata de dos grupos con experiencia política que lograron aprovecha el reflujo para afianzar el control e imponer una determinada orientación política a la UNAB.

En el caso de la ACJD, fue obvio desde el inicio que era un organismo controlado por los empresarios, a pesar de tener importantes movimientos sociales y juveniles.

Dos grandes bloques

La UNAB ha sido la principal impulsora de la Coalición Nacional (CN), una alianza electoral con partidos zancudos, entre ellos el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán. En el último periodo, la ACJD ha comenzado a guardar distancia de la CN, no asiste a las reuniones, no rompe abiertamente con ella, pero no hace nada para que viva.

Debido a que la CN no ha logrado en casi 8 meses convertirse en una alternativa creíble para la mayoría de la población, entonces la ACJD se prepara para crear un nuevo bloque con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Es probable que surja un nuevo bloque liderado por la ACJD y CxL.

Debemos conformar un bloque popular

Mientras de configuran estos bloques, observamos que los grupos juveniles y los sectores populares no tienen una alternativa independiente. Vamos a un proceso electoral en donde la dictadura mantiene el control del sistema electoral. Son circunstancias difíciles, pero, aun así, debemos dar la batalla política.

A pesar de las dificultades, necesitamos crear una nueva fuerza política que enarbole las banderas de la rebelión de abril, que han sido abandonadas por la UNAB y la ACJD.

Por Sebastian Chavarria Domínguez

El pasado 15 de septiembre, en un acto de conmemoración del 199 aniversario de la independencia de Centroamérica, Daniel Ortega aprovechó la oportunidad para amenazar a la oposición con penas de “cadena perpetua”.

Ola de asaltos y asesinatos

Hasta el momento vamos llegando a 60 mujeres asesinadas, más otra enorme cantidad de personas que pierden la vida en asaltos callejeros. La reciente violación y el asesinato por degollamiento de dos hermanas menores de 12 años, en la comunidad Lisawé, municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), conmocionó al país entero.

Antes de incrementarse los asaltos, Ortega indulto a cerca de 25,000 reos comunes, sin explicar cual era el grado de peligrosidad en cada caso. Y como una muestra de venganza contra la oposición, mantiene de rehenes a más de 100 presos políticos, en condiciones infrahumanas y con el permanente peligro de contagio de covid. Pareciera que la liberación de estos 25,000 presos comunes era parte de un plan para agravar la inseguridad en las ciudades, y crear condiciones desesperantes para que la población termine aceptando su propuesta

Establecer cadena perpetua

En un largo y aburrido discurso, Ortega se refirió a la ola de feminicidios y asaltos violentos que ocurren en el país. Mezclando argumentos, sobre el incremento de delitos contra las personas, relacionándolos con  las protestas del año 2018, Ortega dijo lo siguiente: “(…) se sienten orgullosos cuando se reúnen con el Yankee, piden que le apliquen a Nicaragua sanciones (…) y el (yankee) les dice que busquen cómo unirse para derrocar en las elecciones al gobierno sandinista (…) Quieren seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción más destrucción de la que ya provocaron el 2018 (…) son criminales, cobardes, se creen intocables porque se les dio amnistía, ya se les dio la oportunidad, una amnistía pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas”,

En una amalgama de argumentos falsos, Ortega se centró mas en amenazar a la oposición, que en la ola de asaltos que sufre la población. Utilizó el argumento de que hay que establecer sanciones duras contra los “crímenes de odio”. El concepto odio se aplica a todo opositor que anhela derribar a la actual dictadura, quien luchan por la libertad y la democracia, sencillamente, según Ortega, tiene su corazón lleno de odio, pero se olvido mencionar el odio que la dictadura siente y exhala contra la resistencia popular.

Y nuevamente pasó a la carga, amenazando con penas mas duras, como la cadena perpetua: “(..) Los crímenes de odio, están siendo sancionado todas partes y Nicaragua no será la excepción, muchas familias nos has dicho y con toda razón que habría que aplicar la pena de muerte a estos criminales, nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometido a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua, pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales”.

Aplicación de la pena de muerte

Y como si fuese un premio de consolación, se jactó que en Nicaragua no se aplica la pena de muerte. ¡!Falso!! Los grupos paramilitares, apoyados por las tropas especiales de la Policía Nacional, durante las protestas del año 2018, secuestraron y asesinaron de decenas de destacados dirigentes campesinos y populares, cuyos cadáveres no han aparecido, además de las ejecuciones que los francotiradores llevaron a cabo, y cuyas muertes suman más de 300 personas.

La dictadura aplicó la pena de muerte de manera discrecional y clandestina.

¿Golpeando la mesa?

Nos acercamos rápidamente a un desenlace de la crisis política. El periodo constitucional de Daniel Ortega y Rosario Murilo finalizará en 2021, por lo que de manera inevitable vamos a elecciones. La dictadura esta en crisis y necesitada de legitimidad y reconocimiento internacional.

Probablemente, por estos motivos, Ortega ha golpeado la mesa, amenazando con cadena perpetua para los lideres de la oposición, y con ninguna posibilidad de salida de nuestros hermanos presos políticos. Necesita infundir miedo y terror, en esta parte final del camino que inevitablemente termina en elecciones.

Las presiones nacionales e internacionales por la reforma electoral comienzan a intensificarse, por eso esta amenazando con cadena perpetua. La dictadura ya ha puesto a funcionar su maquinaria, reuniendo firmas con la petición, ordenando a sus magistrados y jueces que elaboran una propuesta sobre los crímenes de odio, y la cadena perpetua. No hay dudas que, por el momento, pueden hacer muchas cosas, por el control de la Asamblea Nacional y demás instituciones del Estado.

Mientras Ortega enseña los colmillos, la oposición ha sido incapaz de explicar al pueblo lo que pasa, cada grupo ha salido con una versión distinta. Todo este enorme ruido sobre la cadena perpetua, no debe distraernos de la tarea central del momento: luchar para liberar a nuestros hermanos presos políticos y recuperar las libertades para organizarnos y librar una lucha más efectiva contra esta dictadura criminal.

“

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Después de 13 años de relección continua en el cargo de presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, ha traspasado el cetro y la corona a Michael Healy, quien ha sido electo como nuevo presidente de esa organización. ¿Qué significa este cambio?

El gran capital maneja al COSEP

El COSEP es la más importante organización empresarial de Nicaragua. Curiosamente, no son los pequeños y medianos empresarios afiliados al COSEP, quienes manejan los hilos de esta organización, sino el “Consejo de Asesores” conformado por los banqueros y principales grupos económicos del gran capital: Grupo Pellas, BANPRO, LAFISE, grupo Baltodano, Grupo Cohen y otros grupos minoritarios, pero importantes.

El Consejo de Asesores no se somete el voluble estado de ánimo en las asambleas, sino que define y negocia las políticas en las alturas, y los acuerdos que se logran a veces son producto de codazos y patadas.

De las confiscaciones a la política de “dialogo y consensos”

La burguesía en Nicaragua se ha acostumbrado a negociar privilegios con los gobiernos de turno, así fue durante largos 40 años con la dictadura somocista. Hasta que Somoza los estaba liquidando económicamente, a través de la competencia desleal, los empresarios cambiaron de posición, y apoyaron la lucha armada del FSLN 1979. Cuando creyeron que se iniciaba un nuevo periodo para sus negocios, vinieron las confiscaciones y la guerra civil. En 1980 fue ejecutado Jorge Salazar, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), y directivo del COSEP, por supuesta conspiración contra el gobierno sandinista.

De 1990 hasta el 2006, fueron 16 años de lucha abierta entre el COSEP y el FSLN que estaba en la oposición, pero que seguía siendo el poder tras la presidencia. En 1993 fue ejecutado Arges Sequeira Mangas, directivo de UPANIC y COSEP, quien llamó a recuperar las fincas confiscadas, con las armas en la mano.

Sin embargo, antes de la elección del 2006, Daniel Ortega comenzó a recuperar alcaldía, y poder en las instituciones del Estado, lo que obligó al gran capital a buscar un acercamiento. La persona escogida fue José Adán Aguerri, un pequeño empresario obediente y fiel al grupo Pellas. Aguerri firmó un acuerdo de respaldo político al FSLN en plena campaña electoral. Una vez en el poder, Daniel Ortega se reunió con el gran capital en el INCAE, para definir las nuevas reglas económicas. Ahí se comenzó a gestar la política de “diálogos y consensos” que en 2014 inspiro una reforma que elevó a rango constitucional ese nuevo corporativismo.

El COSEP después del 2018

Bajo la presidencia de José Adán Aguerri (2007-2020) se produjo una luna de miel entre los empresarios y Daniel Ortega, aquellos cerraron los ojos mientras se construía lentamente una nueva dictadura. El flujo de dólares proveniente del acuerdo petrolero con Venezuela, creo una bonanza económica que tenía embelesado al gran capital, hasta el sueño dorado se rompió con la insurrección de abril del 2018.

Desde entonces, aunque el gran capital en su conjunto trabaja en salida que signifique un aterrizaje suave de la dictadura, es decir, cambios graduales que eviten en nueva revolución, los grandes empresarios están divididos en torno a quien controlara los negocios bajo un nuevo gobierno. Por un lado, está el grupo Baltodano-FUNIDES y LAFISE, por el otro están el grupo Pellas y BANPRO. Esta división del gran capital ha sido aprovechada por la dictadura para intentar perpetuar su dominación.

En medio de este conflicto, el control del COSEP se vuelve crucial. Y los dos bloques del gran capital libraron una despiadada batalla por el control de esa organización. Debido a que José Adán Aguirre está muy “quemado” políticamente, por impulsar durante 13 años los “diálogos y consensos” con la dictadura, surgió la candidatura de Michael Healy, presidente de UPANIC, pero perteneciente el mismo bloque Pellas-BANPRO.

El contendiente de Healy fue Mario Hanon, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), ligado al grupo Baltodano-FUNIDES-LAFISE.

Lo que viene

La crisis de los grupos de oposición, sus constantes divisiones, son alentadas desde arriba por las fracciones del gran capital. Es posible que en los próximos meses se opere un cambio dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que estuvo siendo controlada por Juan Sebastián Chamorro, ligado al grupo Baltodano-FUNIDES-LAFISE.

Debe quedar claro que todas las fracciones el gran capital coinciden en el aterrizaje suave y en volver a la situación anterior a 2018, como un poco de más juego formal democrático. El pleito por el control del COSEP es para garantizar sus negocios bajo un próximo gobierno. ¡Nada más!

Por Diego Lynch

Desde el año 2000, cuando Herty Lewites asumió la Alcaldía de Managua, como candidato ganador por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hasta la actualidad, esta institución se convirtió en la caja chica de dicho partido, ya que con esa enorme recaudación de impuestos se inició la reconstrucción del FSLN como aparato electoral, hasta recuperar la silla presidencial y asumir el poder en enero del 2007. De aquí salía el dinero y los vehículos con los que organizaron las campañas electorales.

Con el uso de esos fondos en inversión de obras públicas se ha venido formando poco a poco nuevos grupos empresariales ligados a Daniel Ortega, hasta llegar a conformar una nueva capa burguesa. El gran negocio es hacer cuantiosas inversiones para que sus empresas ejecuten los proyectos.

Impuesto de Bienes Inmuebles

Tras el bajón económico que ha vivido Nicaragua a raíz de las protestas y la insurrección popular que se inició en abril del 2018, la población en general ha priorizado los gastos en alimentos, servicios básicos, medicina, educación y los pagos de que se consideran necesarios para sobrevivir y aguantar esta crisis económica, ya que el desempleo ha incrementado en el país. El pago de los impuestos y especialmente el impuesto de bienes inmuebles (IBI) pasó a segundo plano, lo que causo que la Alcaldía sufriera un bajón en sus recaudaciones.

Ante esta situación, se iniciaron los cobros, pero no de la manera adecuada o apegados a derecho, sino que, con amenazas, con montos superiores y hasta cobrando los años prescritos, violentando lo establecido en la legislación municipal.

Un reciente reportaje, resumen esta situación: “La recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se ha convertido en un mecanismo de acoso de parte de los recaudadores de la Alcaldía de Managua sobre la ciudadanía. Las notificaciones escritas que dejaron en los residenciales a inicios de año parecen no haber funcionado y ahora los recaudadores están llamando por teléfono a los contribuyentes y amenazándolos con llevarlos a juicio sino pagan sus impuestos…Otro aspecto que tiene alarmados a los contribuyentes es que los recaudadores están cobrando deudas acumuladas de los últimos años. “Me incluyen cobro de basura de cinco años lo cual suma más de 7,000 córdobas”, dijo otro ciudadano. Sin embargo, el Plan de Arbitrios de la Alcaldía de Managua establece en su artículo 71 que este tipo impuestos “prescriben a los dos años contados desde la fecha en que fueron exigibles por la Alcaldía”. (Confidencial; 26 de enero del 2020).

Hasta los muertos deben pagar

La crisis económica ha producido un ahogo financiero en el Estado, pero la necesidad de seguir manteniendo los salarios de sus allegados, los ha llevado a realizar reformas fiscales con el fin de conseguir mayores ingresos. La situación es muy grave para la Alcaldía de Managua, la alcancía ya no está dando para que coman todos.

Recientemente, la Alcaldía de Managua aprobó una nueva ordenanza municipal, la numero 01-2020, a través de la cual dolarizó los servicios que se prestan en los cementerios, además de otorgarse la facultad de declarar como abandonados los lotes cuando se atrasen sus pagos, pudiendo otorgarlos o venderlos a otras personas.

“La comuna ha dejado claro que la ordenanza, cuyo nombre es normativas de regulación y control de cementerios para el municipio de Managua, se aplicara a los camposantos nuevos y también los existentes, dando un plazo de seis meses para que los morosos se pongan al día con las tasas”. (La Prensa; 1 de marzo del 2020).

Cabe señalar que esta dolarización violenta las leyes de la república, ya que la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua señalan que la moneda oficial es el Córdoba. Para dolarizar los servicios, deben dolarizar los salarios.

Le llegó el turno a los empresarios

Hasta 2018, los grandes empresarios fueron aliados del FSLN. En medio del levantamiento de abril, los empresarios jamás quisieron llevar a cabo un paro nacional para presionar la salida de Ortega del poder, nunca dejaron de pagar sus impuestos. Por la necesidad de conseguir dinero que el gobierno ha empezado a presionar a los empresarios.,

“Una trama de “terrorismo fiscal” diseñada por la Alcaldía de Managua (ALMA) “en vista de incrementar la recaudación tributaria”, se impone desde finales de 2019 contra unos 200 empresarios que han sido acusados vía penal, por el delito de Defraudación Tributaria, para obligarlos a pagar exorbitantes cantidades de dinero en impuestos municipales, según denuncias de la oposición y condenas públicas desde los diferentes gremios empresariales… Ante las denuncias más recientes de “terrorismo fiscal” ejecutado por la Alcaldía de Managua, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) fue una de las primeras en demandar el “cese a la intimidación hacia opositores y sector privado”, en un comunicado publicado el tres de septiembre”. (Confidencial; 6 de septiembre del 2020).

Los empresarios y la oposición han querido hacer ver que esto es una represalia del gobierno por ser críticos, pero la realidad es otra y vas más allá porque ha sido la población en general quienes siempre han sufrido estos atropellos y nadie jamás ha levantado su voz; ahora que les presionan a ellos para obligarlos a negociar se sienten atacados.

Estos actos son una prueba más de que la dictadura esta económicamente ahogada.