Por Victoriano Sanchez

Llegamos al año 2021. Han transcurrido casi tres años desde la rebelión de abril del 2018. En estos duros tres años, los diferentes grupos de oposición, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que nacieron después de abril del 2018, no lograron comprender el retroceso que se produjo tras el aplastamiento militar de los tranques, y el nuevo periodo de retroceso de la lucha popular.

En estos tres años, la dictadura Ortega-Murillo logró desarticular y dispersar a los liderazgos de abril, no solo manteniendo altos niveles de represión selectiva, para aterrorizar a los opositores, sino por la incapacidad política de estos grupos para desarrollar una estrategia política y organizativa bajo las condiciones de represión.

Todos los esfuerzos por “recuperar las calles” se estrellaron contra la pared, precisamente porque no se valoró correctamente el efecto de las masacres y el aplastamiento de los tranques.

Sin una clara estrategia

Fueron tres años de desgaste de la resistencia popular y de una aceptación en los hechos de que Daniel Ortega terminaría plácidamente su periodo como presidente. Se aceptó el argumento de la dictadura que las elecciones serian hasta noviembre del 2021, pero sin sacar las conclusiones correctas, que implicaban un trabajo arduo de organización en condiciones de clandestinidad, para tener un polo de resistencia popular capaz de librar una batalla electoral contra la dictadura.

Durante el año 2020, la pandemia de coronavirus acentuó la desmovilización y se debilitó la resistencia popular. En los círculos de oposición se hablo mucho de impulsar una reforma electoral, pero nunca se hizo una campaña para atraer a las masas desconfiadas a la lucha por la reforma electoral.

En el fondo, tanto la ACJD como la UNAB, confiaron mas en las sanciones de Trump, y en el juego diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), creyendo que la presión de la llamada comunidad internacional, obligaría a la dictadura a aceptar los puntos de reforma electoral “consensuada” entre los grupos de oposición.

Porras anunció la reforma electoral

En su discurso de inauguración de la legislatura del año 2020, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional anunció el pasado 9 de enero que, en los 8 ejes de trabajo parlamentario, estaba la reforma a la Ley Electoral para "fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral".

Con el cierre de la pasada Legislatura, a mediados de diciembre, se cerraron también las posibilidades de reforma constitucional relacionados con la restructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE). Por ello es que Porras se refirió exclusivamente a la reforma de la Ley Electoral, lo que restringe las posibilidades de una profunda reforma electoral democrática. En pocas palabras, vamos a elecciones en las condiciones impuestas por la dictadura y dependiendo de la buena voluntad del FSLN al momento de negociar el contenido de las reformas con los viejos partidos políticos que han sido colaboracionistas. La ACJD  y la UNAB estarán fuera de las discusiones, por que no quisieron construir un partido politico.

El panorama es realmente complicado para la oposición, que fue incapaz de generar un movimiento de masas por la reforma electoral, porque confió mas en el cabildeo en la OEA, que en el propio pueblo de Nicaragua.

Ortega anuncia gran Dialogo Nacional después de las elecciones

Aprovechando la guerra civil entre los grupos de oposición por las candidaturas presidenciales, y la por quienes controlaran la posible gran alianza electoral, nuevamente la dictadura tomó la delantera. En su discurso del 11 de enero, leyendo mal los poemas de Ruben Darío, entre los muchos temas que abordó, Daniel Ortega no se refirió a la reforma electoral sino a un posible Dialogo Nacional después de las elecciones de noviembre del 2021.

En las partes medulares de su discurso, Ortega lanzó un pañuelo blanco: “(…) Ahora se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año, elecciones generales, se pueda instalar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional, ¿para qué? Para que lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias”. (CNN 14-01-2021)

Evidentemente, la dictadura insistirá en mantenerse en el poder. Todavía no se conoce el alcance de la reforma electoral, si esta calmará las presiones de la OEA, y si esta avalara el proceso electoral. Pero desde ya, Ortega esta diciendo que, independientemente de los resultados, habrá un Dialogo Nacional para negociar el futuro del país.

Todo indica que la dictadura aspira a mantener el bipartidismo, esta vez desplazando al desgastado Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sustituyéndolo por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), proclive a los grandes empresarios, que también están deseosos de renegociar las cuotas de poder con Ortega. Lo que no esta claro todavía es quien ganará las elecciones, y si estas serán realmente libres

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Ya estamos a la puerta del año 2021, y la situación de los grupos lejos de mejorar parece emporar conforme pasan los días. A estas alturas, cuando faltan 11 meses para la realización de las elecciones generales, no existe una clara alternativa electoral que cautive y atraiga a la mayoría de la población.

La larga agonía de la Coalición Nacional (CN)

Ante la incapacidad política de los dirigentes de la oposición, algunos resucitaron el fetiche de la “unidad” a cualquier costo, como garantía para una victoria electoral. Y fue así que las organizaciones que surgieron después de la insurrección de abril del 2018, como fue la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y posteriormente la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) renunciaron a postularse como dirección democrática de la nación, y optaron por construir una dificultosa alianza con los viejos partidos políticos, especialmente con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Ante el fracaso político de la “unidad opositora”, algunos sectores de la UNAB, específicamente la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), comenzaron a presionar por la expulsión del PLC, acusándolo de ser cómplice de la dictadura. El giro de la AMS fue muy tarde, porque el PLC había logrado construir alianzas dentro de la CN, dejando prácticamente en minoría a la ACJD y la propia UNAB. Este fue el factor, en ultima instancia, por el cual la ACJD decidió salirse de la CN, porque no podía controlar o influir dentro de ella.

El origen de la crisis de la oposición se debe a que la “unidad” no se construye sobre las propuestas que interesan a la población, como el desempleo y la crisis económica, etc., sino con oscuras negociaciones entre los grupos, cuya meta principal es negociar entre ellos las listas de candidatos para el 2021.

¿Suspensión o expulsión del PLC?

El debate sobre la expulsión del PLC dentro de la CN estaba al rojo vivo cuando se produjo el tuit de Mike Pompeo, amenazando a la familia de Arnoldo Alemán con posibles sanciones, y después se produjo la sorpresiva destitución de María Fernando Flores de Alemán de su condición de diputada del PLC.

Dentro del PLC existen dos corrientes: la arnoldista, que estaba representada en la CN por Maria Fernanda Flores de Alemán y un equipo selecto de arnoldistas, y la otra corriente encabezada por Maria Haydee Osuna, destacada dirigente de la vieja guardia que construyó el PLC, que se mantiene por fuera de la CN.

A Maria Fernanda, a pesar de ser la esposa de Arnoldo Alemán, le aplicaron el transfuguismo. La representación legal del PLC esta en manos de la fracción de Osuna, y esta solicitó su destitución por desobedecer la línea del PLC.

Después de largas discusiones dentro de la CN, la UNAB finalmente propuso la expulsión del PLC, pero la votación refleja quien controla realmente la CN. Igual como ocurrió en el caso de la representación independiente de los grupos juveniles, dentro de la CN la mayoría de organizaciones cerraron filas a favor del PLC. De 8 votos, hubo una votación de 6 a favor de la “suspensión” y solo 2 votos a favor de la expulsión. Estos correspondieron a la UNAB y de la representación juvenil de esta misma organización. Aunque debemos aclarar que, dentro de la UNAB, las posiciones más conciliadoras con el PLC estuvieron representadas por Violeta Granera, vocera oficiosa del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Ante los medios de comunicación, los voceros de la UNAB hablaron de “expulsión” del PLC, cuando lo que ocurrió fue una suspensión. Esto lo hicieron probablemente para calmar o engañar a sus bases.

El comunicado oficial de la Coalición Nacional, con fecha 30 de noviembre, expresó que la decisión fue “(…) Uno: separar y dejar sin efecto a partir de hoy la participación e integración del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de la Coalición Nacional hasta que goce de autoridades con legitimidad democrática y las mismas den prueba evidente de la ruptura de sus lazos con el dictador (….) Dos: Denunciar Nacional e internacionalmente que los Ortega Murillo están asegurando su control del Partido Liberal Constitucionalista para apropiarse de las estructuras electorales que por la actual Ley Electoral le corresponde, a fin de poder organizar un nuevo fraude electoral manipulando la totalidad de los órganos que regirían el proceso electoral previsto para el 2021 (….) Tres: Que la Coalición Nacional se organizó bajo el principio de inclusión y dado que el liberalismo ha contribuido a su fortalecimiento, debe tener espacio para continuar contribuyendo al esfuerzo unitario que la Coalición encabeza, por lo que todos los liberales personalmente u organizados como ellos dispongan pueden continuar participando en las estructuras territoriales y de apoyo de la Coalición Nacional, garantizándoles a las bases y liderazgos democráticos del liberalismo procedimientos efectivos que aseguren su participación e incidencia que les corresponde por su compromiso con la democracia, la libertad y la justicia”.

Efectivamente, la dictadura ha recuperado el control del PLC a través de la corriente de Osuna, pero esto no significa que la corriente de Alemán es realmente opositora. Lo que ocurrido es que el aparato del PLC ha sido atomizado por la dictadura, que negocia y juega con ambas corrientes,

Pero, como se puede observar, la resolución del 30 de noviembre de la CN fue sumamente conciliadora con las dos corrientes del PLC, dejando abierta la puerta para un posible retorno de esa agrupación. Al quedar suspenso el PLC no hay una casilla electoral disponible, solo queda la del minúsculo Partido de la Restauración Democrática (PRD).

Las presiones del departamento de Estado sobre Arnoldo Alemán, preparan el camino para que el conjunto de los grupos de oposición corran en la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Crisis y pugna por el control de la UNAB

Las políticas de alianzas con el PLC han tenido un efecto desmoralizador  en las bases de la UNAB. Para desviar las críticas, la cúpula de la UNAB ha manejado un discurso exitista sobre la ampliación del trabajo territorial. Con mucha demagogia mencionan directivas en los 15 departamentos y dos regiones autónomas de la Costa Caribe, pero estas son directivas que han sido creadas en función de las negociaciones de las listas de candidatos, no han sido creadas para organizar y movilizar a la población.

A pesar que la cúpula de la UNAB se resistió a convertirse en un nuevo partido político, actúa en los hechos como tal, aunque el discurso hacia afuera es como una organización de la sociedad civil. Este partido clandestino es controlado por dos corrientes que rompieron con el FSLN; la primera es el MRS que nació en 1994, y la segunda es el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), creado por Herty Lewites y Mónica Baltodano. Esta última dirige la llamada Articulación de Movimientos Sociales (AMS). Estas corrientes establecieron una alianza electoral con la corriente liberal de Eduardo Montealegre para las elecciones del 2006 y 2011, hasta que se produjo el divorcio en 2016.

Con las masacres del 2018 creció nuevamente el sentimiento antisandinista, por ello estas dos corrientes prefieren actuar camuflados desde la sociedad civil, sin enarbolar banderas partidarias. Debido a la ruptura con la corriente que hoy es CxL, ambas corrientes privilegiaron la fallida alianza con el PLC,

Estas dos corrientes, que se aliaron para la elección del Consejo Político (CP) del año 2020, ahora que se acerca la nueva elección del CP en enero del 2021, están en pugna por el control del aparato de la UNAB. Quien controle la mayoría de la UNAB podrá sentarse a negociar la lista de candidatos con CxL.

Nuevas amenazas de Kozak

Mientras se producen rupturas y reacomodos entre los grupos de oposición en una conferencia de prensa telefónica el 16 de diciembre, el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Kozak, volvió a resumir cual es la política de la agonizante administración Trump en relación a Nicaragua: “(…) A medida que se aproximan las elecciones presidenciales del 2021, el margen para que el presidente Ortega y sus partidarios aprueben reformas se va reduciendo. Estados Unidos está dispuesto a integrar... está preparado para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense. (…) Seguiremos empleando estas y otras herramientas con las que contemos hasta que veamos que se promulgue una reforma electoral genuina para permitir elecciones libres y justas, el fin de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos en Nicaragua (…)”.

Toda la política de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) consiste en presionar para obligar a la dictadura a aprobar reformas electorales, pero en el fondo no quieren un derrocamiento revolucionario sino que la propia dictadura inicie una reforma que satisfaga a los empresarios y a los grupos de poder.

¿Reformas unilaterales?

Hasta el momento, la dictadura se niega a implementar reformas, pero esto no significa que no lo hará. Como es su costumbre, el sandinismo espera el momento propicio para negociar en una posición ventajosa. Habiendo resistido las sanciones de la administración Trump, la dictadura aspira a hacer concesiones formales con tal de sobrevivir.

El error estratégico de la oposición ha sido en confiar en las presiones internacional, y descuidar la labor de organización y de lucha política a lo interno. Solo la presión de masas a lo interno puede lograr reformas electorales aceptables, pero ninguno de los grupos de oposición lo ha hecho, ni la ACJD, ni la UNAB, todos se han conformado en negociar entre cupulas sin haber hecho una labor de masas. Los resultados ahí están, la dictadura está maniobrando y se alista para negociar con los partidos zancudos un remedo de reforma electoral.

Por

Ángel Hernández Cerda

El régimen corporativista de Ortega

Antes del 2007, año en que Ortega alcanzó nuevamente la presidencia, la estrategia que desarrolló fue el acercamiento con los grupos del gran capital a fin de hacer potable ante esa élite de poder su candidatura, igualmente pidió perdón a la Iglesia Católica; para dar muestra de que había cambiado, su retórica se basó en un discurso desideologizado y reconciliación nacional.

Ya de regreso al poder Ortega fue conformando con sus nuevos aliados el modelo que denominaron diálogo y consenso que inclusive se elevó a rango constitucional y uno de los más conspicuo representante del capitalismo nicaragüense lo denominó como un “hecho revolucionario”.

Pero,  ¿en qué consistió ese modelo también llamado alianza pública privada que lograba la armonía del orteguismo con el gran capital? simplemente Ortega garantizó la continuidad de la lógica de acumulación capitalista neoliberal, y además él creo un grupo empresarial propio con una fuerte mediación del Estado que le permitió concentrar una gran cantidad de recursos públicos y privados en manos de su entorno familiar y algunos grupos emergentes de capital subordinados al dictador y no pocas veces jugando el papel de testaferros de la familia dictatorial.

La base económica que permitió el funcionamiento y sostén de ese modelo fue el flujo de recursos provenientes del convenio petrolero con Venezuela, se estima que el monto de dólares que ingresaron al país durante el período del 2007-2018 fue de U$4,000 millones más U$1,000 millones a través del BANDES así que esta cooperación que se manejó como una operación privada puede totalizar U$5,000millones, de la misma una mínima parte fue destinada a la compra de conciencia a través de programas clientelares para formar clientela política; igualmente por el lado de las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela a pesar de que el ALBA se denomina TCP o sea Tratado con los Pueblos, el gran capital durante el período 2009-2017, por 9 años, se despachó hermoso con un valor exportable de U$2,409.64 millones.

La manipulación de la cooperación venezolana por parte de la dictadura con la complicidad de la alianza inter-capitalista (COSEP-AMCHAN) permitió que el orteguismo se presentara como un gobierno de unidad nacional y defensor de las masas populares; sin embargo con la crisis venezolana así como las sanciones a dicho país, redujeron drásticamente a partir de 2016 el flujo de dólares y las exportaciones hasta llegar prácticamente a cero, el tamaño del pastel se redujo considerablemente, el modelo de alianza se fracturó y la economía inició una etapa de crisis que el gobierno dictatorial pretendió neutralizar con dos medidas económicas de extrema derecha para imponer un <<capitalismo salvaje>>. 

Ese concepto (<<capitalismo salvaje>>) fue utilizado por el sociólogo brasileño Francisco C. Weffort en 1967 al referirse a las políticas económicas aplicadas por la dictadura militar de su país. En nuestro caso, nos referimos al recorte del subsidio de la tarifa eléctrica de febrero de 2018, a la reforma del INSS, las reformas tributarias de 2019, y otras ya aplicadas antes del 2018, que adicionando a la política depredadora y de destrucción del medio ambiente han afectado profundamente a los sectores pobres de la población. No hay duda que Ortega resultó ser un excelente neoliberal

Mientras se hicieron negocios y habían pingues ganancias, para el gran capital aliado de la dictadura la institucionalidad, la democracia, los derechos humanos eran asuntos marginales, callaban sobre la corrupción en las instituciones estatales donde tenían representación, un caso icónico era precisamente el INSS, pero una vez que se acabó el business, mágicamente se transformaron en grandes demócratas, defensores de la independencia de los poderes y naturalmente se rompió la alianza con el orteguismo.

La rebelión cívica de abril.

Ante la situación que estaba generando el fin de la bonanza económica, el rechazo de las medidas impopulares, la dictadura respondió con acciones represivas a la protesta de la población, pero el gobierno dictatorial ni el gran capital y los partidos tradicionales contaban con la reacción masiva del pueblo que dio origen a la insurrección cívica popular donde el pueblo fue el protagonista y no espectador.

Con la incorporación de la población a la lucha social y política, si bien es cierto que su principal objetivo era el derrocamiento de la dictadura, también fue una expresión en contra del empresariado del gran capital y un rechazo a los partidos políticos; esta realidad provocó preocupación en las elites dominantes porque el movimiento ciudadano no estaba bajo su control.

Por esa razón, el gran capital, pese a que población movilizada mantenía trancada las principales ciudades del país y carreteras de tránsito internacional, nunca decidió apoyar la lucha del pueblo, mediante un paro nacional para dar el golpe de gracia a la dictadura, más bien prefirió continuar oxigenando, fundamentalmente por la vía fiscal, a la dictadura y ésta con esos recursos pudo mantener todo su aparato represor.

En cuanto al orteguismo que necesitaba también oxigenarse políticamente frente a la iniciativa del pueblo, pues se encontraba a la defensiva, solicitó a la Iglesia Católica organizar un diálogo nacional para “alcanzar la paz”, este hecho marcó el punto de inflexión estratégico en contra de los intereses del pueblo. Permitió a Ortega cambiar la correlación de fuerza a su favor y al gran capital desplazar a los dirigentes de la insurrección cívica, anulando las posibilidades protagónicas del emergente poder cívico y popular.

Se perdió la oportunidad de oro de organizar la resistencia nacional de la población por la inexperiencia de algunos dirigentes juveniles y alguna fracción del movimiento campesino que desmovilizaron a las masas populares y se acomodaron a las prácticas tradicionales de las elites de poder y que en la práctica significó acomodarse a las élites tradicionales. Sin embargo, consideramos que estos jóvenes y el campesinado aún tienen la posibilidad de dirigir la lucha cívica.

Hegemonía del gran capital y las élites políticas.

Durante el diálogo y después que fuera suspendido y hasta hoy, la dictadura ha incrementado exponencialmente la represión mostrando su rostro fascista, ejecutando con grupos paramilitares y fuerzas de choque acciones represivas, para no hacerlas aparecer como una acción meramente institucional por parte del Estado; asimismo, no acepta la divergencia, la disidencia o el pensar diferente desembocando en prácticas propias del fascismo.

El contexto que resultó después de suspendido el diálogo, fue la inmovilización de los sectores populares sin  estructura organizativa, ausencia de cuadros y liderazgo, constituyó el momento para que las fuerzas conservadoras (gran capital y élites políticas) se percataran de la necesidad de organizar su propio grupo de cúpulas elitistas que asumieran la dirección de la lucha política y de esa manera garantizar sus intereses económicos y posiciones de privilegios, levantando como bandera de lucha reformas electorales para participar en las elecciones del 2021, y así mantener sus cuotas de poder, esperando que sea la presión internacional quien obligue al dictador crear las condiciones aceptables y considerar legítima tal elección.

Lo anterior es creer que el dictador de manera voluntaria va dejar su cargo o permitir elecciones en las que puede ser derrotado, eso solamente ocurriría si obtiene las garantías necesarias para no rendir cuentas por abuso a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en otras palabras, garantizarle su seguridad personal, ampliada a su familia (impunidad) y asegurarle su capital (producto de la corrupción y saqueo al pueblo nicaragüense).

También sería ilusorio creer que la democracia, la justicia económica-social y el desarrollo nacional equitativo se logrará bajo la hegemonía de los mismos grupos que históricamente han privilegiado sus intereses sobre los intereses populares.

Ni el estilo corporativo del gran empresariado, ni el Orteguismo están diseñados para dirigir un cambio social y político que emprenda una profunda transformación de la sociedad nicaragüense.

Efectivamente, la cúpula empresarial tiene una visión de la crisis política como un problema técnico-burocrático-administrativo y hasta contrataron un grupo de expertos para realizar una reingeniería cuando formaban alianza con la atónica y maltrecha Coalición Nacional; luego para estar a tono con la globalización del capital nombraron en la Alianza Cívica un CEO (Chief Executive Officer, en español Director Ejecutivo). Finalmente, su criterio es la maximización de las ganancias como el principal criterio racionalizador de la sociedad, lo cual no necesariamente coincide con los intereses de la nación y del desarrollo.

Por su parte, el caudillismo intolerante de Ortega que consolida su poder creando bases patrimoniales y apoyado con un amplio sistema represor; adicionalmente desarrolla una organización de prebendas y corruptela para mantener a su “lumpen burguesía” y una red de “migajas” para los sectores empobrecidos de la población.  

¿Un nuevo diálogo?

Actualmente quienes definen las estrategias por el lado del gran capital, han fijado como objetivo central establecer un nuevo diálogo con la dictadura, y hacia ese objetivo apuntan las reiterativas declaraciones del señor Mario Arana, la carta enviada por los presidentes de la cámara de industria y cámara de comercio y servicios al dictador Ortega y la actividad realizada por el señor Alejandro Bolaños Davis “fortaleciendo la convivencia” que según sus propias declaraciones fue financiada por un empresario ligado al sector financiero.

Sin embargo, han surgido dos puntos de vista divergentes en el grupo empresarial, los que plantean que el estilo corporativo debe desarrollarse con autonomía no dependiendo de un partido dominante y de su caudillo, y sustentan su posición afirmando que quién posee el capital controla la economía, y por lo tanto debe también controlar el estado; la otra corriente asumiendo una posición según ellos pragmática, consideran que es preferible llegar a un acuerdo o entendimiento con Ortega que tenerlo gobernando desde abajo.

En ambos casos su objetivo es recomponer su tasa de ganancia, la defensa de sus intereses económicos a costa de los intereses populares, lo que no les impide que demagógicamente hablen de la necesidad de un modelo económico inclusivo cuando la realidad histórica de Nicaragua, ayer y hoy con dictaduras o sin dictaduras el crecimiento se ha basado en un modelo concentrador y excluyente y las élites del gran capital nunca han tenido la disposición para hacer concesiones o ceder un mínimo de espacio.

La dictadura por su parte ha convertido en una oportunidad la tragedia provocada por los huracanes, si bien es cierto que los montos indicados por los organismos multilaterales hacia Nicaragua son específicamente para ayuda humanitaria, casi un  U$1,000 millones de dólares, ello le dará para el 2021 una holgura presupuestaria que le permitirá mantener sin sobresaltos su aparato burocrático represor y además reconstruir las relaciones de clientelismo con los sectores más empobrecidos, convirtiéndolos en clientela política manipulada por el chantaje, para que voten a  favor del  caudillo que en realidad es el principal culpable de su situación, y te retribuye con  láminas de zinc,  paquetes de alimentos, etcétera, una verdadera ofensa a la dignidad humana de estos compatriotas, y una vergüenza nacional.

El camino de la desobediencia civil

La alternativa que ofrecen las élites dominantes es en última instancia mantener el statu quo, lo que llevará mayor decepción al pueblo, frustración, desesperanza y sobretodo mayor ira popular que significará tener un polvorín a la vuelta de la esquina.

Por lo tanto, hoy más que nunca es urgente conformar la estructura organizativa y movilización popular, la unidad tiene que ser en y con el pueblo, desarrollar su capacidad táctica y estratégica para a través de la resistencia pacífica y activa para desembocar en la desobediencia civil, enfrentar al aparato represivo y vencerlo, que permita no solo la salida del dictador sino el desmontaje total del sistema dictatorial, ello es una condición sine qua non para garantizar la no repetición.  

Solo en estas condiciones es posible hablar de un proceso electoral donde las fuerzas organizadas del pueblo participen autónomamente, y por medio del voto derrotar a las fuerzas que se oponen  al cambio, iniciar la realización de un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores, cuyo objetivo sea avanzar hacia la equidad económica y social, por lo tanto generar estructuras que funcionen en favor de los intereses de las mayorías, fortalecer la democracia política y así lograr que la población tenga una real y mayor participación democrática;

En este nuevo proyecto, el crecimiento tiene que ser incluyente y su distribución deberá ocupar un lugar central, por lo tanto,  los frutos del desarrollo económico deben colocar en primer lugar los intereses del desarrollo nacional, solo de esta manera saldremos de la pesadilla que por casi 200 años ha sufrido nuestra Patria y pueblo nicaragüense, lo contrario es prolongar el calvario de la población y desoír sus demandas expresadas a partir de su incorporación a la lucha en Abril: libertad, respeto a los derechos humanos, nunca más presos políticos,  no a la impunidad, justicia e ir reduciendo la desigualdad económica-social.   

Por Victoriano Sánchez

En Nicaragua, llueve sobre mojado. A la represión sistemática de la dictadura se han sumado varias tragedias adicionales: la pandemia de coronavirus y últimamente la devastación causada por los huracanas ETA e IOTA.

Con estos dos últimos desastres naturales se han agravado las condiciones de subsistencia de la población, especialmente en las zonas afectadas en las montañas del norte y en la costa del caribe, en donde se concentra los sectores más empobrecidos. Las casas de madera en la costa Caribe fueron arrasadas por los feroces vientos. Las posibilidades de reconstrucción inmediata son mínimas, dada la crisis económica que afecta al país en los últimos tres años.

Las posiciones contradictorias de la oposición

En un breve comunicado con fecha 18 de noviembre, la agónica Coalición Nacional (CN) se limitó a hacer “un llamado urgente a la solidaridad de los pueblos y gobiernos hermanos”, pero bajo ciertas condiciones: “a fin de evitar el uso partidario y el manejo inadecuado por parte del Gobierno, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, solicitamos que la cooperación sea coordinada y administrada mediante las agencias del Sistema de Naciones Unidas, en colaboración con las agencias de cooperación y Organismos No Gubernamentales extranjeros con presencia en el país, para que la ayuda humanitaria se proporcione directamente a la población afectada”.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que rompió recientemente con la CN, en un comunicado del 19 de noviembre, demandó a la comunidad internacional y organismos multilaterales “sumar esfuerzos para brindar ayuda humanitaria posible a través de mecanismos seguros e independientes al alcance de las organizaciones internacionales y nacionales que permitan aliviar los efectos de la devastación”.

Esta postura es un cambio radical de posiciones. La CN y la ACJD ya no piden sanciones contra la dictadura, sino que ahora aceptan que la comunidad internacional brinde apoyo económico a la dictadura, pero bajo el control de los propios organismos donantes.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a pesar que forma parte de la CN y que suscribió el comunicado de esta última, sostuvo otra posición diferente, al anunciar demagógicamente que “hemos movilizado a los Comités Departamentales y todas las estructuras territoriales para brindar ayuda humanitaria a las miles de familias damnificadas”. Anunciaron pomposamente la creación de un “Comité de Emergencia para atender la situación”. Esta posición resultó pretenciosa e inútil, porque a reglón seguido se quejó que “el régimen ha impuesto restricciones para que la población haga recolectas de víveres, agua y avituallamiento”. En pocas palabras, no pudo hacer nada.

El problema es que las estructuras de la UNAB no tienen capacidad real para atender la emergencia, mucho menos contar con recursos para socorrer a la población.

Solidaridad y abandono del control ciudadano

En los momentos difíciles es cuando la población espera una orientación o propuesta concreta de la oposición, sobre lo que se debe hacer. Pero no hubo tales propuestas, ni la más mínima exigencia o emplazamiento a la dictadura.

La devastación causada por los huracanes ha servido para desnudar la naturaleza conciliadora de los directivos de los grupos de oposición, quienes le claudican a la dictadura al dejarle las manos libres para que maneje las posibles ayudas económicas, dejando en manos de organismos internacionales el control de esos fondos, renunciando a que sea el propio pueblo nicaragüense, o los damnificados los que controlen cualquier posibles donación o préstamos.

La solidaridad entre los pobres de Nicaragua es insuficiente para enfrentar los enormes desafíos que plantean la reconstrucción de las zonas afectadas. Todos los grupos (CN, ACJD y UNAB) coincidieron en que la solidaridad entre los nicaragüenses era la solución. Dejaron de remarcar sobre el hecho que la dictadura como gobierno es la que debe dar respuesta a la población damnificada. Si no lo hace, como no lo está haciendo, es ahí donde la oposición podría levantarse como una alternativa de poder real.

Fluyen los prestamos

Irónicamente, la pandemia y los huracanes le han dado oxigeno económico a la dictadura. La comunidad internacional no está interesada en derrocarla, sino que ha comenzado a aflojar lentamente los recursos necesarios, con algunas condiciones mínimas, para que sobreviva hasta las elecciones del 2021.

La dictadura ha cerrado filas con los gobiernos de la región centroamericana para solicitar en conjunto al BID un monto de 2,000 millones de dólares, los que serían repartidos entre todos. En el último mes la dictadura obtuvo 10 millones de la Unión Europea, 185 millones del FMI, 178 millones del BCIE, 90 millones del BID. No es un flujo copioso de capitales, pero son los recursos necesarios que la dictadura necesita para sobrevivir hasta las elecciones del 2021.

La oposición ha demostrado nuevamente su incapacidad política para luchar eficazmente contra la dictadura y los desastres naturales, por ello no nos cansaremos de insistir en la necesidad de organizar un partido alternativo.