Por Sebastián Chavarría Domínguez

Las recientes sanciones impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército Nacional (EN) y contra Iván Acosta, ministro de hacienda, constituyen el segundo golpe más importante que el gobierno de Estados Unidos ha asestado a la dictadura Ortega-Murillo, en el último periodo.

En diciembre del 2019, fueron sancionados los negocios relacionados con PETRONIC, la caja chica de la familia Ortega-Murillo. Es importante recalcar que el general Avilés ha sido sancionado como individuo, y que el EN como institución todavía no se encuentra en la lista negra, como ocurrió con la Policía Nacional.

Debido al control interno que ejerce la dictadura, Estados Unidos tomo la iniciativa política y ejerce presiones desde el exterior, para lograr las reformas que permitan la realización de elecciones libres.

El preámbulo de las sanciones

El 4 de mayo, la Unión Europea (UE) anunció sanciones contra seis altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo que ya habían sido sancionados por Estados Unidos. Esta decisión simbólica de la UE transmitió un poderoso mensaje: se agota el tiempo para impulsar reformas democráticas.

El 20 de mayo, en una conferencia de prensa, el secretario Mike Pompeo, rompió los fuegos, expresando su profunda preocupación por “(…) los numerosos señalamientos creíbles de que la capacidad de los hospitales (de Nicaragua) está cada vez más al límite y de que se están enterrando cuerpos durante la noche de manera disimulada, lo cual sugiere que la situación sería mucho más grave de lo que reconoce en verdad el régimen”. 

La forma como la dictadura ha manejado el combate contra la pandemia, esta siendo utilizado para aumentar las presiones en su contra.

Al día siguiente, los senadores Ted Cruz y Bob Meléndez impulsaron una resolución en el comité de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos, exigiendo el respeto a los “(…) derechos constitucionales de los nicaragüenses y a implementar las reformas electorales para permitir la celebración de elecciones, libres, justas y transparentes”, y demandado a la administración mayores sanciones contra el gobierno de Ortega. Las sanciones de Estados Unidos contra Avilés y Acosta, dos figuras claves del círculo de hierro que rodea a Ortega-Murillo, fueron anunciadas el 22 de mayo.

El objetivo real de las sanciones

Estados Unidos se hizo de la vista gorda cuando Ortega-Murillo masacraban la insurrección desarmada en 2018. Lo condenaron en los foros internacionales, pero no movieron un solo dedo en su contra. Dejaron que hiciera la labor sucia de masacrar la sublevación popular, a cambio de la realización de reformas al régimen dictatorial.

Han transcurrido mas de dos años y todavía no hay señales ni certeza que las ansiadas reformas se producirán, tampoco se conoce la intensidad o profundidad de las mismas. Además, quedan prácticamente un año antes del inicio del proceso electoral del año 2021.

Las sanciones de Estados Unidos persiguen presionar nuevamente a la dictadura Ortega-Murillo para que inicie los cambios democráticos que nunca llegan. Mientras tanto el país va rumbo hacia la catástrofe, con dos años de recesión económica (2018 y 2019), un contexto de recesión económica mundial y los estragos de una pandemia que esta matando a centenares de indefensos ciudadanos, producto de la inacción gubernamental.

Los obispos rompen el silencio

En una cadena de acontecimientos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) rompieron el silencio, superaron sus divisiones, y emitieron una carta pastoral que, en sus párrafos principales, pronunciaba lo siguiente:

“(…) Constatamos (…) la fragilidad y vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema de salud pública, la rapidez con que avanza el contagio, la verdad sobre el número de contagiados y muertes a causa del virus. (…) todos sin excepción prioricemos el cuidado de la vida, por encima de la economía (..) Exhortamos a los gobernantes y a todos los sectores del país a abrirse a las alianzas y consensos para buscar y encontrar alternativas y soluciones conjuntas que nos eviten una mayor catástrofe humana.”

La carta pastoral no solo fue una critica a la forma como la dictadura esta combatiendo la pandemia, sino que llamó a todos los sectores, incluida la propia dictadura, a abrirse a las “alianzas y consensos”. La ultima vez que los obispos hablaron así fue durante el fracasado segundo Dialogo Nacional en abril del 2019.

La campanilla que los obispos han sonado, anuncia inminentes procesos de negociaciones entre la dictadura y la oposición sobre las cruciales reformas electorales. Sin ellas, no habrá elecciones "libres" en el año 2021. La dictadura ya llegó al borde del abismo.