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NICARAGUA.- Negligencia sanitaria en universidades públicas ante el COVID-19

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Por Héctor Moraga.

2020 sería un año decisivo para la resistencia nicaragüense, quienes, durante los últimos dos años desde el inicio de las protestas sociales, continúan exigiendo como principal demanda la salida del régimen del poder, y la de sus colaboradores, de los puestos de gobierno en el Estado. En este año se consolidarían los esfuerzos organizativos de la oposición por unificar un solo frente electoral que lograse derrotar a Ortega en las próximas elecciones de 2021.

Sin embargo, como si se tratase de una realidad paralela, el virus COVID 19 se extendía vorazmente por todos los rincones de Europa y Asia, llevándose consigo cientos de miles de vidas de manera incontrolable, y en el peor de los casos, de manera incalculable. Este dimensionamiento encendió irrevocablemente todas las alertas sanitarias existentes en nuestra región, en todos los países menos uno. Nicaragua.

Gobiernos como los de Carlos Alvarado en Costa Rica y Nayib Bukele en El Salvador, decretaron de forma temprana políticas de distanciamiento social y restricciones de circulación ciudadana, cerrando incluso sus fronteras terrestres. Mientras tanto en Nicaragua, el gobierno continúa infravalorando la gravedad de esta pandemia y de sus consecuencias en el corto plazo.

Desacatando las recomendaciones de la OPS/OMS, Rosario Murillo, de quien actualmente desconocemos su paradero, ha convocado a trabajadores del estado bajo la bandera de su partido a participar de concentraciones públicas, promoviendo un ambiente de normalidad. Ortega, por su parte, continúa desaparecido en el ejercicio de su cargo.

Autoridades universitarias se niegan a suspender clases

Tal cual a como se formulan las criminales políticas "anti sanitarias" desde la secretaría de El Carmen, estas son implementadas al pie de la letra por parte de las autoridades universitarias de las universidades públicas. Estos evitaban referirse al tema, omitiendo por completo cualquier medida de prevención temprana al ser la universidad uno de los centros de más alto riesgo de transmisión y contagio del virus, según expertos.

No fue sino hasta una semana antes de la confirmación del primero de los casos de COVID 19 por parte del Ministerio de Salud (MINSA), que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) implementó medidas como la instalación de dispensadores de jabón en los accesos del recinto, y un control térmico al momento de ingresar al mismo. Con esto me permito enfatizar de que la UNI nunca antes había dispuesto de jabón lavamanos ni elementos de higiene en sus unidades sanitarias. Por lo cual, la adopción de esta medida no refleja más que la precariedad con la que vive la comunidad universitaria; y la negligencia sanitaria como política de Estado.

Ante el silencio de las autoridades universitarias, los estudiantes por si mismos coordinaron, una vez más, la desobediencia académica como método de presión a los órganos de poder, optando por recibir clases en la modalidad virtual y no presencial. Por su parte, las y los trabajadores y docentes de las universidades, al no contar con una disposición institucional de suspensión de clases, estos se ven en la obligación de continuar sus labores diarias dentro de los recintos, exponiéndose de esta forma a un aumento de las probabilidades de contagio por el virus.

La crisis de la autonomía universitaria

A pesar de que las Universidades Públicas continúan asumiéndose autónomas, podemos ver como sus operarios políticos disponen a voluntad de la familia Ortega-Murillo su propia gobernanza. Esta ausencia de autoridades competentes no hace más que ahondar la grave crisis institucional que enfrentan estos centros de estudio desde 2018, cuando el Estado mismo ordenó masacrar estudiantes, en complicidad con las rectorías de cada institución.

No es la primera vez que las universidades permiten matanzas dentro de sus recintos. Hace dos años fueron armas de alto calibre, hoy, el arma (de ellos) es biológica. Silenciosa, implacable, pero sobre todo mortal. Si las universidades públicas tuviesen autonomía plena, medidas de prevención temprana hubiesen sido implementadas; las clases estuviesen suspendidas desde hace mucho.

Es alarmante la capacidad de control político del Frente Sandinista en funcionarios de la universidad y en estudiantes adeptos a este partido, a tal grado verse en la incapacidad de dimensionar esta emergencia sanitaria y que, por el contrario, desacrediten a quienes abogan por tomar medidas preventivas.

En universidades como UNAN-Managua se han registrado amenazas provenientes de miembros de UNEN, la estructura estudiantil cooptada por el FSLN, hacia estudiantes que no se han presentado a clases por salvaguardar su salud. Si hablamos de las consecuencias de la politización y partidización de las instituciones de educación superior, claramente esta es una de ellas.

En Costa Rica, la UCR y el Tecnológico Nacional han desarrollado modelos de respiradores mecánicos de bajo costo, así como protectores faciales de fácil ensamblaje, los cuales están poniendo a disposición de sus autoridades en salud. Es así como las universidades de este país están colocando toda su capacidad para evitar el desabastecimiento en tanto equipos médicos, como en insumos para los test de coronavirus.

Ambas realidades son contrastantes, y a su vez nos demuestran que el retroceso al que nos enfrentamos tanto en educación como en salud, nos costará muchas vidas, lamentablemente. Tal parece que el objetivo del gobierno es lograr la infestación masiva de un pueblo, el mismo pueblo que ya no pueden gobernar.

Ante la negligencia del Estado, multiplicar la resistencia ciudadana

Según el "Comité Científico Multidisciplinario para el abordaje del coronavirus", grupo conformado por médicos especialistas y expertos, en su comunicado número 2 recomiendan "...cerrar inmediatamente los centros escolares y universitarios, esto con el propósito de alcanzar un 25% de reducción de la tasa de crecimiento de nuevos casos.". Disposición que las autoridades escolares y universitarias omitirán sin duda alguna.

Las autoridades de salud en Nicaragua se niegan a realizar estos test mientras los pacientes no hayan desarrollado síntomas. De esta manera el MINSA, único autorizado para realizar estas pruebas, omite la característica asintomática que presenta el virus en su etapa de incubación.

Por otro lado, la ausencia del gobierno ante la prevención de la pandemia ha dado pie a que la ciudadanía misma sea quien lidere sus propios esfuerzos que contrarresten la propagación de esta. Sin embargo, sin las políticas de Estado apropiadas, a largo plazo todo esfuerzo nos es insostenible.

¿Cómo el Estado de Nicaragua pretende combatir esta pandemia sin siquiera realizar esfuerzos por detectarla con antelación? ¿Seguirá siendo capaz el gobierno de Ortega de exponer a un país entero sin inmutarse si quiera?

La respuesta a esta última pregunta la hemos vivido en carne propia, en más de una ocasión.

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