Por Victoriano Sánchez

Las masacres del año 2018, contra los estudiantes y los tranques, le permitió a la dictadura sostenerse en el poder, y cambiar la correlación de fuerzas a su favor. La represión sistemática y la desarticulación de los liderazgos que surgieron después del estallido de abril del 2018, le permiten a la dictadura sostenerse de manera muy precaria.

Se acabó la bonanza económica

La dictadura chorrea sangre por la economía. Tiene tres años de crecimiento negativo, algo que los economistas llaman depresión económica, y esta tiende a prolongarse en el tiempo, sobre todo porque el año 2021 será de mucha incertidumbre por ser un año electoral.

Atrás han quedado los años de crecimiento de la economía, que fue producto de la inyección de dólares del convenio petrolero con Venezuela. Este dinero que fluía a borbollones se redujo drásticamente en 2016. La crisis de abril hizo explotar lo que ya se venía gestando.

Los dos años del gobierno de Daniel Ortega (2006-2018) fueron de crecimiento de los negocios de todas las fracciones de la burguesía. Estaban contentos, todo marchaba bien. La dictadura invento la formula del “dialogo y consensos”, incluso incorporando este corporativismo a la Constitución en el año 2014.

El monopolio de los hidrocarburos y electricidad

El manejo discrecional de los miles de millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela, le permitió a Daniel Ortega, consolidar su dictadura a través de una seria de etapas. Primero, hizo una alianza con la oligarquía financiera, permitiendo la no regulación de las ganancias, y bajo el acuerdo que ninguna de las partes invadiría el negocio del otro. En segundo lugar, con ese flujo de dinero, tuvo los recursos necesarios para crear programas sociales que aumentaron la clientela política, es decir, gente que estaba dispuesta a votar por el FSLN, por el otorgamiento de un título de propiedad de un terreno, o por una docena de láminas de zinc,  o un préstamo con bajos intereses a treves de CARUNA, etc.

La bonanza económica beneficio a decenas de miles de pequeños productores, ganaderos, que vendían sus productos agrícolas o pecuarios a un precio mayor que el mercado internacional.

Mientras muchos estaban embelesados con ese bienestar económico, la familia Ortega-Murillo aprovecho la relativa paz social, para desalojar a sectores marginales de la burguesía del negocio energético. Presionaron a la ESSO Estándar Oíl para negociar su salida del mercado de hidrocarburos, mientras se montaba una red propia. De esta manera, en poco tiempo se estableció un monopolio sobre un área de la económica, hidrocarburos, que estaba en manos de una transnacional y que abandono rápidamente un mercado pequeño como el nicaragüense. De igual manera, concentraron sus inversiones en comprar plantas obsoletas e invertir en energía eólica. Y así se creó el imperio energético de la familia Ortega-Murillo.

Las grandes ganancias de los bancos

Después de 1990, la burguesía que fue confiscada durante la revolución, no solo recupero una parte de sus propiedades, sino que centro su actividad en la creación de bancos privados. Recordemos que toda la banca había sido nacionalizada en 1979. Al incursionar en esta nueva área de la economía, comenzó a acumular progresivamente mucho poder, al grado tal que podemos afirmar que los nuevos oligarcas de Nicaragua no son las rancias familias aristocráticas, sino esa reducida elite de banqueros.

En los últimos 30 años han surgido dos nuevos grupos financieros: El Banco de la Producción (BANPRO) y LAFISE. El primero grupo es presidido por Ramiro Ortiz Gurdián, y el segundo por Roberto Zamora. Ambos son grupos financieros emergentes, pero los dos tienen cobertura regional. El tradicional grupo Pellas, que manejaba el grupo Banco de América Central (BAC), venido la mayor parte de sus acciones, primero a General Electric y después al grupo AVAL de Colombia.

Esta extraordinaria y veloz acumulación capitalista fue posible por el periodo neoliberal que se inició en 1990, y que todavía no ha terminado, porque en el 2007 Daniel Ortega continuo con esa misma política de privilegiar la relación con la nueva oligarquía financiera.

Según la información del Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), los banqueros nicaragüenses tienen altas tasas de ganancias, cinco veces superior al promedio centroamericano. Esto ha sido posible porque todos los gobiernos (Chamorro, Alemán, Bolaños y Ortega) se han negado a regular las ganancias de los banqueros.

Además, todo el flujo de dólares del convenio petrolero con Venezuela, a pesar que lo manejó discrecionalmente la familia Ortega-Murillo, ingreso por estos bancos, los cuales manejaron los depósitos, y tuvieron la suficiente liquidez para incrementar sus negocios de préstamos con altos intereses para los usuarios.

Las fricciones entre la oligarquía financiera

Dentro de la oligarquía financiera hay competencia, roces, golpes bajos, etc, por los negocios. En 2014 la familia Ortega-Murillo decidió crear su propio banco, llamado Banco Corporativo (BANCORP). Esto provocó recelos entre los banqueros porque hasta ese momento, ellos tenían el monopolio de la banca privada, y parte de los acuerdos con la dictadura es que nunca entrarían a competir con ellos en el negocio bancario.

Con solo los depósitos del flujo de dólares de Venezuela, había un capital inicial de por lo menos unos 2500 millones dólares, que pondría a temblar a cualquier banco.

Ortega-Murillo calmaron a sus socios del momento, diciéndoles que BANCORP sería una banca de segundo piso, es decir, prestaría solo a empresas y corporaciones, y no captaría dinero del público, ni entraría a competir a nivel de créditos. Aunque Ortega mantuvo su palabra, un nuevo banco había nacido y en cualquier momento se desataría una feroz competencia entre ellos, el inicio de la guerra bancaria era cuestión de tiempo. Sin embargo, el estallido social del año 2018 aceleró las contradicciones entre la oligarquía financiera.

Existen dos fracciones claramente delimitadas. Por un lado, están los bancos más fuertes, el grupo Pellas y BANPRO, más proclives a recuperar su lugar hegemónico en la economía y las finanzas, y por el otro esta LAFISE, asociado con el grupo Baltodano, quienes tiene el monopolio de la exportación de café, que son más inclinados a renegociar el statu quo, para regresar a la situación anterior de 2018, redefiniendo la institucionalidad.

La quiebra masiva de los pequeños negocios

Mientras se producía ese reacomodo entre nuevos y viejos sectores de la burguesía, lo mas afectados eran los pequeños y medianos negocios. Los trabajadores, por su parte, siempre estaban ganando los peores salarios de la región centroamericana.

Al estallar la crisis en 2018 y reducirse la actividad económica, además del descenso natural que se apreciaba desde el 2016, se produjo un fenómeno de endeudamiento progresivo de los pequeños y medianos negocios, hasta el cierre masivo, especialmente con la pandemia.

La mayor parte de las fuentes de empleo en Nicaragua provienen de los pequeños y medianos negocios. El cierre masivo de empresas y negocios a partir de la crisis del 2018, y que se ha acentuado en estos dos últimos años, agravada por la pandemia, es lo que ha producido un mayor desempleo.

La dictadura no hizo nada para rescatar y salvar estos pequeños negocios. Los empresarios del gran capital, especialmente los banqueros, tampoco han movido un solo dedo. Esta masa de pequeños propietarios y quienes dependían de estas fuentes de empleo, han sido duramente castigados.

Como era de esperarse, este cierre masivo de empleos no se tradujo en una radicalización de la clase media, sino en todo lo contrario. La dictadura ha aprovechado el aplastamiento de la insurrección desarmada en 2018, para aplicar duros planes de ajuste, pero sin tocar un pelo a los banqueros.

Es necesario controlar las ganancias de los banqueros

Con la quiebra de BANCORP, la burguesía sandinista tuvo que abandonar la idea de ocupar una parte del espacio del mercado financiero, pero tampoco ha decidido regular las grandes ganancias de estos grupos financieros.

El resultado fatal ha sido que mientras la crisis golpe a una amplia masa de pequeños propietarios, enviando al desempleo a los trabajadores, los bancos nicaragüenses son los que siguen teniendo la más alta tasa de ganancia en la región centroamericana.

Mientras Nicaragua se hunde en la pobreza, la represión y la barbarie, estos banqueros continúan enriqueciéndose, y la dictadura, deseosa de reconciliarse con ellos, no emite ni una sola directriz para regular sus fabulosas ganancias.

Los trabajadores y el pueblo nicaragüense tenemos dos caminos para controlar esas ganancias desmedidas: El primero, el más importante, seria nacionalizar la banca privada, para que el Estado pueda tener los recursos financieros necesarios para apoyar a esa enorme masa de pequeños productores endeudados y en proceso de quiebra.

La experiencia negativa con la nacionalización de la banca, en el periodo de la revolución (1979-1990) ha provocado una actitud negativa ante este planteamiento, que muchos han abandonado. La nacionalización debería ser bajo control de los trabajadores bancarios., para evitar la corrupción y el tráfico de influencias.

La segunda opción, es la regulación de las tasas de interés, que la SIBOIF obligue a los bancos a cobrar tasa de interés razonables, acordes a la difícil situación económica del país. Muchos bancos nicaragüenses consiguen prestamos en Estados Unidos, a intereses bajísimos, pero cuando otorgan los préstamos a los productores o pequeños negocios cobran tasas de interés que en promedio pueden andar por el 30% anual. ¡Usura completa!

Cualquiera de estas dos opciones conduce inevitablemente a luchar por el derrocamiento de la actual dictadura, la principal consentidora de la oligarquía financiera.


Por Sebastián Chavarría Domínguez

El pasado 9 de noviembre, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, anunció la suspensión de visa de turista para el expresidente Arnoldo Alemán y su familia, quienes en adelante no pueden ingresar a ese país.

Una sanción tardía

El departamento de Estado justificó la sanción simbólica y tardía en una nota de prensa, argumentando que entre 1997 y 2002, (¡hace más de 20 años!) “Arnoldo Alemán debido a su participación en actos significativos de corrupción (…) los actos corruptos de Alemán siguen afectando a Nicaragua hasta el día de hoy. (…) Esta designación ratifica el compromiso de EE. UU. de respaldar reformas políticas que son cruciales para las instituciones democráticas de Nicaragua”.

Sin lugar a dudas, es una sanción simbólica y tardía que se produce en una coyuntura especial. En el plano internacional, Donald Trump acaba de ser derrotado electoralmente y en pocas semanas perderá el control del gobierno. Con esta decisión, intenta reacomodarse ante una parte del electorado latino que le dio la espalda, votando por la formula Biden-Harris.

La influencia del PLC dentro de la Coalición Nacional

En el plano nacional, la sanción contra Alemán procura revertir la prolongada crisis de la Coalición Nacional (CN). En el diseño de la CN no estaba contemplado que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), terminara ejerciendo el control dentro de la CN. En poco tiempo, el PLC logró atraer al Movimiento Campesino (MC) de Medardo Mairena, y otro pequeño grupo como el Frente Democrático Nicaragüense (FDN).

El primer frenazo a la creciente hegemonía del PLC, la dio el subsecretario Michael Kozak el 12 de agosto del 2020, cuando se reunió con delegados de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el MC, sin invitar al PLC.

La presión norteamericana obligó a la cúpula de la UNAB a emplazar al PLC y que diera muestras de haber roto sus vinculaciones con la dictadura. Hubo protestas contra la hegemonía del PLC dentro de la CN, pero con la astucia que la caracteriza, Alemán hizo concesiones en relación al bipartidismo y al paquete de reformas electorales, y la UNAB se dio por satisfecha y mantuvo la alianza con el PLC a cualquier costo. La única organización que comenzó a guardar distancia del PLC, a pesar de haberlo invitado a participar en la CN, fue la mismísima ACJD. Este distanciamiento se debió a que el PLC estaba tomando el control, y los empresarios del COSEP vienen de una amarga experiencia con el PLC.

Aunque el PLC está dividido, y la representación legal la ostenta temporalmente Maria Haydee Ozuna, quien lidera otra fracción, la que está dentro de la CN es la fracción de Alemán. Por esta razón, la sanción contra Alemán tiene una clara intención política de la agonizante administración Trump, de liquidar políticamente al PLC. En pocas palabras, que el PLC no sea la casilla de cualquier futura coalición.

La UNAB cambia abruptamente de posición

Evidentemente, que el PLC es quien más ha ganado en este proceso de construcción de la CN, porque se ha lavado la cara antes sus bases. La UNAB sostuvo a ultranza la alianza con el PLC, hasta que vino el golpe de Estados Unidos.

En un comunicado con fecha 9 de noviembre, la UNAB cambio abruptamente de posición. La sanción contra Alemán “(…) reafirma el riesgo que significa la presencia de un PLC bajo la influencia de la familia Alemán en la Asamblea Nacional, ante las pretensiones de la dictadura de negociar unas reformas electorales a su medida.

(…) La UNAB presentará al Comité Nacional de la Coalición una moción de revisión de la forma de participación del PLC, reconociendo a valiosos liderazgos liberales, para quienes las puertas de la Coalición deben seguir abiertas”.

Hasta ahora miraron el peligro que representaba el PLC. En el fondo, este cambio de posición de la cúpula de la UNAB se debe, no solo a la sanción de Estados Unidos contra Alemán, sino al hecho que el PLC ya se preparaba para romper y salirse de la CN.

La sanción le abre las puertas a CxL

La ACJD se retiró de la CN porque el PLC había tomado prácticamente el control. En un comunicado con fecha 9 de noviembre, expreso que la sanción contra Alemán ratificaba su posición de buscar una alianza más amplia.

El retiro del PLC de la CN es inminente, una realidad. La casilla del PRD es una incógnita. Entonces, la única que queda es la del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que ha estado viendo los acontecimientos desde un palco bien alto.

La sanción norteamericana le da un gran soplo de vida a la nueva alianza que van a impulsar la ACJD y CxL. La UNAB y los demás grupos que están dentro de la CN terminaran irremediablemente de rodillas buscando esa nueva alianza con las fuerzas del gran capital que tanto han maldecido en los discursos. Así lo que quiso el imperio norteamericano y así lo permitieron las estupideces y vaivenes políticos de la cúpula de la UNAB


Por Sebastian Chavarria Domínguez

La resolución de la 50 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación política en Nicaragua, es la tercera de varias resoluciones inútiles que han sido incapaces de ejercer presión real sobre la dictadura Ortega-Murillo.

La importancia de esta ultima resolución radica en que abandona el lenguaje diplomático, acepta la legitimidad de la dictadura, y traslada el desenlace a las próximas elecciones del año 2021.

La primera resolución de la 48 Asamblea General de la OEA

Mientras en Nicaragua se libraba la lucha de los tranques, y la resistencia contra la embestida de los paramilitares, se desarrolló el 4 y 5 de junio de 2018, en Washington, la 48 asamblea anual de la OEA

En esa ocasión, además de discutir la aplicación de la Carta Democrática a la dictadura de Nicolas Maduro en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos impulsó una Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, la cual – ironías de la vida!-fue apoyada plenamente por el gobierno de Nicaragua, convirtiéndose en una iniciativa conjunta, la que fue aprobada por consenso por todos los cancilleres presentes.

Esa Declaración fue tan vaga y general que podía interpretarse de múltiples maneras. En sus partes medulares, la Declaración expresó “su condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general; y sus condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias, así como su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua”.

Carlos Trujillo, embajador del Estados Unidos ante la OEA, aclaró que en realidad “no hubo una declaración conjunta con Nicaragua. (…) Estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones libres, anticipadas; que sean celebradas de manera democráticas y que las instituciones sean reforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. Eso tiene que quedar claro”. (Confidencial, 5/06/2018)

En agosto del 2018, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, votó la creación de la primera Comisión Especial con el objetivo de realizar gestiones diplomáticas en Nicaragua. La dictadura simplemente le cerró las puertas, y la Comisión se disolvió en la impotencia.

La segunda resolución de la 49 Asamblea General de la OEA

Un año después, del 26 al 29 de junio del 2019, cuando la dictadura Ortega-Murillo había logrado aplastar la insurrección cívica desarmada, se reunió en Medellín, Colombia, la 49 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Días antes de la realización de la 49 asamblea general de la OEA, la administración Trump impuso sanciones individuales contra altos funcionarios de la dictadura. Pero no hubo nuevas sanciones, sino otra vergonzosa resolución.

El primer borrador planteaba un ultimátum de 90 días para que el gobierno de Nicaragua diera todos los pasos necesarios para restablecer el orden constitucional.

La delegación de la UNAB (en ese momento la ACJD formaba parte de ella) se limitó a cabildear para que el plazo de 90 días fuera reducido a 75 días, y así quedó la resolución final.

En esa ocasión, la OEA reconoció que en Nicaragua había “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que deben seguir siendo analizados”. La conclusión fue “Instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.

Aparentemente se iniciaba el proceso de aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra la dictadura. Se conformó la segunda Comisión Especial con el objetivo de agotar las gestiones diplomáticas, para rendir un informe a la Asamblea General. Nuevamente la dictadura les negó la entrada, y sus miembros tuvieron que realizar sus sesiones en países vecinos como Costa Rica y El Salvador

Esta segunda Comisión Especial rindió su informe ante el Consejo Permanente de la OEA, el lunes 25 de noviembre del 2019, solicitando a la OEA que “declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

La OEA descubrió el agua helada. La alteración del orden constitucional no se produjo en 2018, venia de años atrás cuando el matrimonio Ortega-Murillo logró imponer una dictadura dinástica, con el apoyo de la cúpula empresarial que se hizo de la vista gorda. Al ponerse en marcha los mecanismos para la aplicación de la Carta Democrática para aislar diplomáticamente a la dictadura Ortega-Murillo, el problema central se reducía a reunir los 24 votos necesarios

La estrategia de la dictadura y la incapacidad de la oposición

Todos los grupos de la oposición nicaragüense, llámese UNAB, ACJD o Coalición Nacional, aunque digan lo contrario en sus comunicados, han tenido la ilusión de que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, obligaran finalmente a la dictadura a ceder las reformas electorales para un proceso electoral libre en 2021. Todos, sin excepción, confían más en las presiones externas que en la organización y movilización independiente del pueblo. Por eso no se preocupan en elaborar propuestas concretas que entusiasmen a la población a continuar la lucha de abril del 2018. Creen que la “unidad” de los grupos de oposición nos dará la victoria sobre la dictadura.

Mientras tanto, la dictadura ha tenido una estrategia inequívoca: aplastar la insurrección desarmada, restablecer el control de la dictadura, ganar tiempo con las dos versiones del Dialogo Nacional, resistir las presiones de la administración Trump mientras calcula que puede negociar con una administración demócrata, y llegar al 2021 en mejores condiciones que le permitan lidiar con las presiones externas y con la batalla electoral. Las reformas electorales dependerán de muchas circunstancias, pero manteniendo la dictadura el sartén por el mango.

La tecera resolución de la 50 Asamblea General

Y así hemos llegado a la 50 Asamblea General de la OEA, que se acaba de reunir de manera virtual. Han transcurrido tres años desde la insurrección de abril del 2018, y la OEA, a pesar de sus declaraciones y formación de dos Comisiones Especiales, no ha hecho nada en la práctica que contribuya a debilitar a la dictadura Ortega-Murillo.

El 21 de octubre del 2020, los cancilleres aprobaron el segundo borrador de declaración, patrocinada por Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela (el inexistente gobierno de Juan Guaidó), titulado “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”.

Aunque las islas del caribe son pequeños países, la votación reflejó una nueva correlación de fuerzas a lo interno de la OEA. De los 34 países, 20 votaron a favor, hubo 12 abstenciones (entre los que podemos mencionar a México y Argentina) y solo 3 votos en contra. Dentro de las abstenciones llamó la atención los votos de Belice, Guatemala y Honduras. De los 7 países que conforma la nación centroamericana, 3 se abstuvieron lo que indica que los gobiernos de la región no desean una confrontación con la dictadura Ortega-Murillo. Solo votaron a favor de la resolución, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

OEA suplica reformas electorales sin cronograma

Sin lugar a dudas, el eje central de la resolución fue la necesidad de aplicar una reforma electoral para garantizar elecciones libres en 2021. Este ha sido el tema recurrente en las resoluciones de la OEA.

El punto uno de la resolución instó “al Gobierno de Nicaragua a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas libres y justas en Nicaragua”.

Este punto es un retroceso en relación al informe de segunda Comisión Especial ante el Consejo Permanente de la OEA, en noviembre del 2019, en que solicitó a la Asamblea General que declarara que en Nicaragua hubo “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”. Esta propuesta nunca progresó. Ahora la Asamblea General de la OEA llamo a “respetar plenamente el orden constitucional”, como si se tratase de errores parciales de la dictadura.

Los puntos dos, tres y cuatro de la resolución, están relacionados con la implementación de una posible reforma electoral.

Los cancilleres aprobaron que la OEA “apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas (…) Es esencial/crítico que estas medidas incluyan, entre otras cosas: a)  La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (…) b)  Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.(…) g)  Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos. (…) 4.  Instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021”

Al no haber una condena categórica, la OEA sencillamente se limitó a “instar”, por no decir suplicar, a que la dictadura Ortega-Murillo respete el orden constitucional y convoque a elecciones libres, bajo “estándares internacionales”.

La timidez de la resolución es una victoria política de la dictadura criminal que todo el tiempo insistió en que el proceso electoral se debería realizar hasta en 2021 y bajo las reglas que ella estaría dispuesta a negociar. No olvidemos que en enero del 2017 Luis Almagro firmó un memorándum de entendimiento, para que la OEA apoyara la reforma electoral de cara a las elecciones en 2021.

La resolución de la OEA no contiene una candelarizarían de las reformas electorales, solamente estableció mayo del 2021 como plazo final para la aplicación de dichas reformas, quedando solamente 6 meses para realizar la campaña electoral. A como quedó redactada, la implementación de esa resolución queda sujeta a la voluntad política de la dictadura.

¿Cuál es el triunfo?

Antes de la realización de la 50 Asamblea General de la OEA, los grupos de oposición libraron una campaña a favor de que la OEA declarara “ilegitima” a la dictadura. Esta campaña la inició la agrupación Iniciativa por el Cambio (IPC), fue secundada por los grupos de la diáspora en el exilio. A última hora se sumó la UNAB y la llamada Coalición Nacional.

Sin embargo, la resolución de la OEA cayó como un balde de agua fría entre los grupos de la oposición burguesa. Todos agradecieron a la OEA, pero tuvieron que morderse la lengua. La UNAB ha guardado oficialmente silencio, aunque algunos de sus dirigentes han declaraciones altisonantes.  Guillermo Incer, miembro del Consejo Político (CP) de la UNAB, a través de un tuit emitió una declaración vacía: "Estamos llamados a redoblar esfuerzos para incrementar la presión interna”.

La llamada Coalición Nacional emitió un comunicado en el que expresó que la resolución de la OEA envió “una señal a Ortega de que las elecciones de 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis en Nicaragua”. Se quejó de que “la liberación de las y los presos políticos no puede quedar en solo una preocupación”. Y sobre el silencio en torno a la ilegitimidad de la dictadura, afirmó que “la Coalición Nacional, así como para la gran mayoría de nicaragüenses, el de Ortega es desde hace mucho tiempo un gobierno ilegítimo”.

Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) se deshizo en elogios, al afirmar que la resolución “reafirma que la vía para restaurar la democracia y el respeto de los derechos humanos de Nicaragua es la realización de elecciones libres y transparentes y observadas que tienen como condición una serie de reformas electorales que establezcan garantías consistentes con los estándares internacionales”.

En pocas palabras, todos contentos con la realización de elecciones en 2021, dejando abandonadas las banderas y las exigencias democráticas de abril del 2018.

La OEA no exigió la libertad de los presos políticos

La ACJD emitió un comunicado en el que expresó que “(…) No asumir estas reformas esenciales que se enumeran en la resolución (de la OEA), como el restablecimiento de las condiciones para elecciones creíbles y transparentes, incluido el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo del 2019 con la Alianza Cívica, que incluye la liberación de todos los presos políticos, allana el camino para una resolución de ilegitimidad con sus implicaciones. Esto significa que, para diciembre a más tardar, se deberá tener una propuesta aprobada de reformas electorales”.

La ACJD esta contenta con los resultados obtenidos, porque esa es la vía que los empresarios siempre anhelaron: conducir la rebelión popular del 2018 a los cauces de la democracia burguesa. En el mismo sentido, Juan Sebastian Chamorro, a título individual, declaró “esta resolución emplaza a la dictadura a realizar reformas electorales que aseguren elecciones libres, transparentes, observadas y competitivas, liberación de los presos políticos y garantía constitucional de las libertades públicas. Esta resolución también allana el camino a una futura declaratoria de ilegitimidad si estas reformas electorales no se materializan”.

En los considerandos de la resolución de la OEA, hay una sola mención al tema de los presos políticos: “(…) el Gobierno de Nicaragua no ha implementado una serie de medidas acordadas, tales como la liberación debidamente monitoreada y verificada de todos los presos políticos (…)”. Eso fue todo, pero en los puntos resolutivos, no hubo la exigencia inmediata de la liberación de los presos políticos

Un nuevo “aterrizaje suave” está en marcha

En 2018, cuando el pueblo estaba protestando masivamente en las calles, la Iglesia Católica y el gran capital, trabajaron una salida conocida como “aterrizaje suave” que contemplaba elecciones anticipadas que serian negociadas en el Dialogo Nacional.

Casi tres años después, la OEA está resucitando esa opción, con la diferencia que en este caso la dictadura tiene cierta ventaja porque todavía mantiene el control del aparato del Estado, y dispersa la resistencia popular con una sistemática política de represión selectiva. La dictadura esta envalentonada por el hecho de haber sobrevivido al gobierno de Trump.

La falta de una política y un discurso claro de los grupos de oposición sobre los grandes problemas que afligen al pueblo, ha prolongado la lucha y la ha hecho más difícil. Vamos a una salida electoral, sin que las masas populares tengan un partido revolucionario que las oriente. Urge la creación de una nueva alternativa política, independiente, que nos permita derrotar a la dictadura en las calles o en las urnas.


Por Lorenzo Martinez

Recientemente, después de muchos meses de estira y encoje en torno al tema de la representación juvenil, el pasado 8 de octubre, siempre en el salón del Hotel Holiday Inn, varias organizaciones estudiantiles y juveniles se presentaron como el Bloque Juvenil de la Coalición Nacional.

Disolución de los grupos estudiantiles y juveniles

La rebelión de abril del 2018 creo el fenómeno del surgimiento de nuevos grupos estudiantiles y juveniles. Estos surgieron espontáneamente como una repuesta ante la masacre del 19 de abril. Sin embargo, la mayoría de estos grupos no tenían experiencia política, y fueron manipulados rápidamente por los empresarios del COSEP y también por los ongs. Ante la ausencia de partidos revolucionarios, estos se presentaban como abanderados de la sociedad civil.

La dureza de la lucha, las masacres y la represión (casi todos los principales dirigentes fueron encarcelados) terminó disolviendo a estas primeras organizaciones. La Coalición Universitaria (CU) desapareció como tal. Una parte terminó siendo controlada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). La otra parte se aglutinó en la Coordinadora Universitaria por Democracia y la Justicia (CUDJ), ligada a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la cual también se fue debilitando en el transcurso del tiempo.

Los grupos que sobrevivieron a la represión se alinearon políticamente, o con la ACJD o con la UNAB. Al final, terminaron siendo satélites de los viejos grupos políticos que actuaban camuflados dentro de estas dos organizaciones, las cuales a pesar de sus diferencias tenían un punto común que las unía: conformar la Coalición Nacional (CN)

El problema de la representación juvenil dentro de la CN

Los viejos grupos que han logrado reciclarse y apoderarse tanto de la ACJD como de la UNAB, tenían un pleito interno por quien terminaría controlando las estructuras de la CN. Ambas organizaciones pensaron en utilizar a los jóvenes a su favor, pero se desató el pleito por quien lograban tener mas votos dentro de la CN. La UNAB creo el  Sector Estudiantil y Juvenil (SEJ) con la sumatoria de la CUJ y otros pequeños grupos.

Como no se ponían de acuerdo, la CN primero resolvió que ambos bloques de organizaciones juveniles debían elegir un representante, es decir, debían tener una sola representación, lo que provocó el malestar de ambos grupos, ya que obviamente existen muchas diferencias políticas.

En el forcejeo, el SEJ  planteó que fueran tres delegados, uno por cada bloque (CUDJ y ACJD), más un representante de las juventudes de los partidos zancudos que formaban  parte de la CN (PLC, FDN y YATAMA). Esta propuesta hizo que las organizaciones juveniles de la ACJD se retiraran definitivamente.

Después el SEJ elevó la parada, proponiendo que el 50% de los miembros de la CN debían ser jóvenes, y elaboró una tabla de edades, dividiendo a los jóvenes en tres categorías: (18-27) (28-35) y arriba de 35 años.

Los jóvenes como categoría abstracta

Esta última propuesta era a todas luces absolutamente descabellada. Ya no se discutían propuestas, sino edades. El pleito por la representación juvenil se convirtió en un conflicto entre generaciones (jóvenes contra viejos). En realidad, no existe la juventud en general, existen sectores dentro de la amplia población joven. La mayoría de quienes encabezaron la lucha de abril del 2018, ya no están. Hay un pleito por apropiarse de la camiseta juvenil, pero dejando de lado las consignas y reivindicaciones de cambio de abril del 2018.

Puñalada contra los grupos juveniles

Mientras se lograba el acuerdo parcial sobre el artículo transitorio del Estatuto de la Coalición Nacional (CN), el bloque de los partidos zancudos (PLC, FDN, YATAMA y PRD (a esta votación se sumo el Movimiento Campesino- MC) decidieron que los jóvenes debían estar incorporados en cada una de sus organizaciones, o sea que no tenían derecho a representación independiente.

Esta puñalada golpeó duramente al SEJ de la UNAB, quienes se retiraron temporalmente en señal de protesta.

El Bloque Juvenil de la Coalición Nacional

Pero al final el SEJ dio su brazo a torcer. El 8 de octubre se anunció formalmente la constitución del Bloque Juvenil dentro de la CN, conformada por las juventudes de los partidos zancudos, mas los jóvenes del MC y el SEJ de la UNAB.

En el fondo, se cumplió la misma resolución que ordenaba que los jóvenes fueran representados por las organizaciones a las que pertenecían, con la diferencia que se las permitirá un voto a cada una de las organizaciones. Las juventudes de los partidos zancudos, que no participaron en la rebelión de abril porque eran inexistentes, tienen ahora el mismo voto que los grupos que si participaron. Con ello se anula cualquier propuesta de cambio que el SEJ quiera introducir, porque sencillamente son minoría.

El problema no es tener un voto, sino tener propuestas de cambio para impulsarlas de manera independiente de los partidos zancudos, pero lamentablemente no es así.


Por Bismarck Blandón

El pasado 4 de octubre se celebró, con un modesto acto en un salón del Hotel Holiday Inn, en Managua, el segundo aniversario de fundación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). A pesar de la represión sistemática y de la desmovilización general, en ese evento se reunieron cerca de 80 personas, que incluía a los dirigentes principales y una delegación de las madres de presos políticos, que no se cansan de luchar por la liberación de sus hijos.

Los nuevos sujetos

La insurrección de abril del 2018 abrió una situación revolucionaria en Nicaragua. No había una conducción, fue un movimiento espontaneo, una verdadera explosión social. Incluso, no había quien negociara con la dictadura las anheladas elecciones anticipadas.

A inicios de mayo del 2018, la Iglesia Católica creó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), como la contraparte que negociaría con la dictadura en el Dialogo Nacional. la ACJD estaba conformada por el COSEP, AMCHAM y algunos de los movimientos estudiantiles y movimientos sociales que había surgido. Con algunos días de diferencia, se creó también la Asamblea de Movimientos Sociales (AMS) mejor conocida como “Articulación”, conformada por ongs y algunos movimientos sociales.

En ese momento de alza revolucionaria, existían profundas diferencias políticas entre la ACJD y la Articulación, en torno a las negociaciones en el Dialogo Nacional. Al final quedó demostrado que la dictadura no tuvo intenciones de negociar nada, sino de ganar tiempo para organizar el ejército de para militares y aplastar militarmente los tranques.

La creación de la UNAB

Después de las masacres y la represión generalizada contra los tranques, se abrió un periodo de retroceso de la lucha popular. La dictadura había logrado imponer un cambio en la correlación de fuerzas. A pesar de las diferencias existentes, la UNAB fue creada por el 4 de octubre del 2018, como la primera gran coalición opositora, por un acuerdo entre la ACJD y la Articulación y otras fuerzas políticas como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), como un frente de defensa común para luchar contra la represión, para la recuperación de las libertades políticas, sin abandonar el tema de una posible negociación de una “salida pacífica”.

Prueba de ello es que en el “Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia” emitido por la UNAB, firmada por 41 organizaciones, se acordó que la “la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sería el representante de la sociedad nicaragüense en la negociación” con la dictadura.

Relaciones tensas e inestables

Desde octubre del 2018 hasta enero del 2020, durante 15 meses, la ACJD fue parte de la conducción política de la UNAB.  En todo ese periodo, dentro de la UNAB hubo un debate interno sobre la posición conciliadora de la ACJD. Cuando se produjo el segundo Dialogo Nacional, la ACJD se reestructuró internamente, reduciendo el porcentaje de movimientos sociales dentro de su conducción, quedando influenciada de manera directa por las cámaras empresariales (COSEP y AMCHAM), que se negaban a convocar a un paro nacional, como lo pedía la población.

La gran discusión interna giraba en torno a la necesidad de recuperar las calles, organizar la resistencia y preparar condiciones para la desobediencia civil y el paro nacional. Las posiciones se fueron decantando, sobre todo después del fracaso del segundo Diálogo Nacional.

Aparentemente, el ala izquierda era la Articulación y sus aliados, y el ala derecha dentro de la UNAB lo encarnaba la propia ACJD. Pero extrañamente, ambos polos coincidían cada vez en la salida política-electoral. No obstante, a pesar de las coincidencias, los cálculos políticos de cada uno de estos sectores, los llevaron a separarse finalmente en enero de 2020, algo que causo asombro a muchas personas.

La Coalición Nacional

La ACJD se retiró de la UNAB en enero del 2020. La UNAB quedo bajo el control de la Articulación, el MRS y el grupito de Félix Maradiaga. Con un discurso mas radical que la ACJD, esta nueva conducción se resistió a convertir a la UNAB en una nueva fuerza política.

Contrario a lo que mucha gente quería, decidieron continuar con la misma política d de la ACJD, pero nada mas que separados. Tanto la ACJD como la UNAB llamaron el 25 de febrero de 2020 a conformar la Coalición Nacional, que sería una organización como la primera versión de la UNAB, pero mucho más amplia, esta vez con participación de los viejos partidos políticos colaboracionistas que la población nicaragüense cataloga como “zancudos”.

Después de mas de ocho meses la Coalición Nacional no ha demostrado ser una alternativa atractiva para las amplias masas, la presencia de los viejos partidos y la negativa de la cúpula de la UNAB que se resiste a crear un nuevo partido político, de orientación democrática y popular, le está pasando la cuenta.

El segundo aniversario de la UNAB encontró a esta organización mucho mas debilitada y embarcada en una aventura electorera, abandonando las demandas de la insurrección de abril, acomodándose cada vez más al sistema político que la dictadura ha logrado mantener con vida, precisamente para ahogar el surgimiento de nuevas alternativas políticas.

Lo peor es que ahora la ACJD reniega de la Coalición Nacional, porque se prepara para una nueva alianza con el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y la que sostiene una alianza a ultranza con el PLC y demas partidos zancudos es la UNAB.

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