Por Sebastián Chavarría Domínguez

Existe una relación política muy estrecha entre los regímenes dictatoriales de Venezuela y Nicaragua. De eso no hay duda. Y no nos referimos al tratado del ALBA-TPC, sino al comportamiento político de ambos gobiernos.

La resistencia de Maduro

La administración de Donald Trump desató una feroz ofensiva contra el gobierno de Nicolas Maduro, que incluyó un conjunto de sanciones económicas, incluso el fomento de un golpe de Estado en 2019, el cual no se produjo porque la alta oficialidad del ejercito cerró filas con el chavismo, en la defensa de sus propios intereses materiales.

Sin lugar a dudas, el bloqueo imperialista y las sanciones económicas agravaron la crisis económica en Venezuela, con su secuela de hambre, miseria y migración masiva. Bajo la asesoría cubana, la conducción chavista logró sobrevivir a la era Trump, y en este proceso logró también desarticular a la oposición burguesa, encabezada por Leopoldo López y después por Juan Guaidó.

Aunque Venezuela esta en ruinas, el gobierno de Maduro logró sobrevivir a la tormenta, y hoy comienzan a soplarle vientos un poco más favorables, bajo la administración de Joe Biden.

Lento retorno a las negociaciones

Poco a poco, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se ponen de acuerdo en nuevo escenario de negociaciones con el gobierno de Maduro. Muchas de estas negociaciones en el pasado fracasaron, pero ahora parecen tener un escenario distinto.

El gobierno paralelo de Juan Guaidó fue un fracaso. Dentro de la oposición venezolana hay un ala, encabezada por Enrique Capriles, que se muestra mas proclive a negociar con Maduro una transición democrática. Incluso, hasta Guaidó ha anunciado estar dispuesto a negociar con Maduro.

Maduro ha concedido un tercio de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a esta ala de la oposición, de cara a las elecciones regionales este año. Obviamente Maduro, insiste en el levantamiento de las sanciones como condiciones indispensables para llegar a acuerdos políticos.

La declaración conjunta Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá

El pasado 25 de junio, Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá emitieron una inusual declaración conjunta en la que se comprometieron a levantar las sanciones económicas contra Venezuela, si hay avance en las negociaciones: “(…) Aplaudimos avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos democráticos e instituciones centrales de Venezuela y estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significante en una negociación global".

Esto representa un triunfo político para al chavismo y el gobierno de Maduro. Los tiempos duros ya pasaron, aunque persisten las tensiones con el imperialismo norteamericano y europeo.

Ortega aplica el modelo de negociación de Maduro.

La dictadura Ortega-Murillo logró maniobrar y derrotar la rebelión de abril del 2018, recuperando el control total del país, en parte por la incapacidad política de la oposición burguesa. La analogía con Venezuela es increíble.

Habiendo llegado el momento clave de la convocatoria de elecciones generales para noviembre de este año en Nicaragua, Ortega, retomando el ejemplo de Maduro, ha lanzado una nueva ofensiva para mantenerse en el poder, incrementando los niveles de represión, encarcelando a los líderes de la oposición burguesa, desarticulando los bloques de oposición, mostrando una férrea voluntad de mantenerse en el poder a cualquier costo.

Este hecho tomo desprevenido a los aspirantes presidenciales, los cuales en su mayoría están bajo prisión preventiva, con procesos penales abiertos. Antes que el Congreso de Estados Unidos aprueba mas sanciones con la ley RENACER, Ortega se ha adelantado y ha capturado a la cúpula política, de la misma manera que en su momento lo hizo Maduro contra Leopoldo López y otros.

El objetivo es tenerlos de rehenes y obligar a Estados Unidos y sus aliados, a iniciar una negociación que termine en el reconocimiento de un nuevo periodo presidencial, y que sea el propio Ortega quien realice los cambios democráticos, pero desde el poder.

Todavía no queda claro si esta negociación se producirá antes de las elecciones o después, lo que si esta claro es que Ortega y Murillo no van a renunciar fácilmente al triunfo militar que obtuvieron al aplastar la rebelión de abril del 2018.

Mientras tanto, la situación al interior de Nicaragua es muy tensa, ha crecido la represión selectiva contra la dirigencia de la UNAB, la dictadura ha logrado imponer el terror y el miedo. Estas nuevas condiciones tienen el objetivo de desalentar el voto opositor, que crezca la abstención, para que el FSLN gane “limpiamente” as elecciones de noviembre de este año.

La estrategia de negociación forzada de Ortega está basada en la experiencia de Maduro en Venezuela.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

La dictadura Ortega-Murillo logró aplastar militarmente la rebelión de abril del 2018, la oposición burguesa abandonó la consigna de elecciones adelantadas, se concentró en llegar a acuerdos en el fracasado Dialogo Nacional (2018 y 2019) y al final, cuando la dictadura se levantó de la mesa de negociaciones, quedaron a la deriva esperando que llegaran las elecciones generales del 2021.

Un vengativo muro jurídico

Durante tres años, la dictadura mantuvo un férreo control interno, una especie de Estado de sitio no declarado, una intensa represión selectiva, para impedir el desarrollo de nuevas movilizaciones populares, pero guardó sus principales cartas para el año 2021.

Desde finales del 2020, Ley N°. 1040, Ley de regulación de agentes extranjeros, con el objetivo de controlar la actividad de los ONGs, el ingreso de dinero, estableciendo inhibiciones políticas para todos aquellos que tuviese que inscribirse como “agente extranjero”, prohibiéndoles el derecho de optar a cargos de representación popular. Esa Ley todavía no ha sido aplicada, pero es obvio que estaba diseñada para las elecciones del 2021.

A finales de diciembre del 2020, fue aprobada la Ley No 1055,  con el rimbombante título de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, prohibiendo la postulación a cargos de elección popular, a aquellas personas que “(…) que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía,   y   la   autodeterminación,   que inciten   a   la   injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias  extranjeras  para ejecutar actos  de  terrorismo  y  desestabilización,  que propongan  y  gestionen bloqueos  económicos,  comerciales  y  de operaciones  financieras  en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”. Este tipo penal general permite juzgar a personas bajo los delitos de traición a la patria y delitos contra la Constitución.

Después, en enero del 2021, la dictadura aprobó una polémica reforma constitucional que estableció la “cadena perpetua condicional”, supuestamente para luchar contra los feminicidios, pero en realidad era una amenaza velada contra la oposición. En febrero del 2021, aprobó una reforma al código procesal penal con el objetivo de aumentar la detención, de 48 horas según la Constitución, hasta un máximo de 90 días. Esta era otra arma jurídica que estaba diseñada para la coyuntura electoral. Todos estos instrumentos jurídicos estaban destinados a ser usados a partir del segundo semestre del año 2021.

Reforma a la Ley Electoral y control absoluto del CSE

En Mayo de este año, la dictadura reformó la legislación contra el lavado de dinero, eligió 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), sin ceder un solo cargo a la oposición. El acto más agresivo y desafiante fue la reforma a la Ley Electoral. Contrario a lo esperado, la reforma electoral creo condiciones más difíciles a la oposición. No hubo ningún tipo de negociación política con la oposición, la dictadura tomo decisiones unilaterales, bajo la mirada horrorizada de la comunidad internacional. Todos los grupos de la oposición, en los hechos, habían terminado aceptando que las elecciones del 2021 serían la salida democrática a la crisis generada por la explosión social de abril del 2018. Todos rezaban para que se iniciara una transición hacia la democracia, pero el paquete de leyes aprobado en el último año nos indica lo contrario: la dictadura lucha por mantenerse en el poder, y no piensa, por el momento, hacer ningún tipo de concesión política.

El juicio contra Cristiana Chamorro

A mediados de mayo la Fiscalía abrió un proceso de investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cuya presidenta es Cristiana Chamorro, hija de la ex presidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996).

Sin líderes políticos reconocidos, un sector importante de las masas nicaragüenses se aferra a la ilusión que Cristiana Chamorro puede ser la nueva Violeta Chamorro que derrote electoralmente a Daniel Ortega. Por eso, en las encuestas, salía mejor parada que otros candidatos. Cualquier acusación o juicio en las actuales circunstancias es, sin lugar a dudas, una maniobra de la dictadura con el objetivo central de inhibir a Cristiana Chamorro como posible candidata presidencial, decretando arresto domiciliar e imposibilitándola de hacer campaña electoral.

El financiamiento de Estados Unidos y Europa

No hay duda que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), a través de diferentes agencias de cooperación, financiaron por muchos años a la FVBCH, otorgándoles varios millones de dólares que fueron utilizados para financiar a periodistas independientes y crear plataformas digitales de información, para hacerle contrapeso al enorme aparato de propaganda del FSLN que se financia con los recursos del Estado.

El problema es que la deriva totalitaria y dictatorial del sandinismo (2007-2021), el boicot financiero contra periodistas independientes y sus plataformas digitales, obliga a estos a buscar recursos en el otro lado, es decir, en las agencias de cooperación controladas por Estados Unidos y la UE.

Aparentemente, periodistas y organizaciones de la sociedad civil están prensados en sándwich: o se arrodillan ante la dictadura, o se arrodillan ante los imperialismos. Es una situación compleja, porque esos fondos no son utilizados para crear o reproducir posiciones independientes, revolucionarias, que fortalezcan la lucha democrática contra la dictadura, sino que son utilizados como cajas de resonancia de políticas preconcebidas por Estados Unidos y la UE. El resultado es fatal: por un lado la represión brutal de la dictadura, y por el otro el imperialismo fortalece a sus agentes.

Algo parecido ocurrió con los organismos surgidos de la rebelión de abril del 2018: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), quienes terminaron financiado sus actividades, no con dinero de sus simpatizantes, sino con dinero de las agencias de cooperación norteamericanas y europea. Las reuniones se hacían en hoteles, con almuerzos, viáticos y hasta recargas telefónicas. Una verdadera tragedia porque esos fondos están condicionados a impulsar una política. Poco a poco estos organismos fueron disolviendo las demandas democráticas de abril del 2018, y se fueron acomodando al hecho de soportar la represión hasta las elecciones del 2021. El problema es que la dictadura se mostró inflexible, no esta dispuesta a hacer la más mínima concesión, y lucha desesperadamente por mantenerse en el poder.

Ante la incapacidad política de la oposición, sus principales líderes se escudan en la comunidad internacional, invocando sanciones imperialistas que en realidad no resuelven nada, sino más bien le sirven de pretexto a la dictadura para intensificar la represión.

El encarcelamiento de los principales precandidatos

A inicios de junio, uno a uno, fueron capturados los otros precandidatos: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, también fueron detenidos otros líderes como Jose Pallais, y la plana mayor del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora llamado “UNAMOS”. Incluso, Maria Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, fue detenida con arresto domiciliar. Todos están siendo acusados con base a la Ley No 1055. Otros periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, tuvieron que salir al exilio por temor a ser encarcelados.

La inscripción de candidatos comienza el 28 de julio y termina el 2 de agosto. Todo indica que vamos hacia una campaña electoral deslucida, sin candidatos, unas elecciones hechas a la medida de la dictadura, lo que va a provocar un alto abstencionismo.

Ortega busca una negociación directa con Estados Unidos

Mientras en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la ley RENACER, destinada a presionar a la dictadura para que aplique reformas que permitan elecciones libres. De lo contrario, como ocurrió con la administración Trump, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones al círculo de poder la dictadura. Han llegado a amenazar con retirar a Nicaragua del tratado DR-CAFTA. En ese sentido, Daniel Ortega se adelantó tomando como rehenes a 5 precandidatos, y a los principales dirigentes de la oposición burguesa.

La situación es muy tensa, porque la dictadura mantiene un control total a lo interno, mientras la reacción de la comunidad internacional sigue demandando que se liberen a los precandidatos y demás prisioneros políticos, y que se den condiciones para unas elecciones libres.

Indudablemente, Ortega presiona para que se le reconozca un nuevo periodo presidencial, que permite hacer las reformas al ritmo y conforme los intereses de la dictadura. En caso contrario, que al menos haya garantías para el y su familia, y que no se atente contra el partido FSLN.

Ataques contra los grupos del gran capital

La escalada de la confrontación ha llegado a niveles nunca antes vistos. Fue detenido José Adán Aguerri, expresidente del COSEP y operador del grupo Pellas. Fue detenido Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de BANPRO. Se inicio un juicio paralelo contra FUNIDES, un centro de pensamiento creado por el grupo Baltodano, que maneja el monopolio de la exportación de café. Gerardo Baltodano tuvo que salir huyendo del país ante el peligro de caer preso. Una buena parte de los fundadores e FUNIDES o están preso o están huyendo.

La dictadura está presionando al grupo Pellas, BANPRO y grupo Baltodano. De la oligarquía financiera, solo queda el grupo LAFISE, que mantiene buenas relaciones con la dictadura.

¿A dónde vamos?

El panorama no está claro. La moneda está en el aire. Ortega presiona para lograr una negociación directa con Estados Unidos, un suavizamiento de las relaciones, como ha logrado Maduro en Venezuela, pero al mismo tiempo aprieta las clavijas y se prepara para reelegirse bajo un proceso electoral cuestionado a nivel nacional e internacional, que de lograr imponerse desatará un periodo de mayor caos e inestabilidad política.

Es posible que a última hora se imponga algún tipo de negociación, y que la dictadura otorgue concesiones parciales para ganar un poco de legitimidad, pero es difíciles hacer análisis y predicciones tomando en consideración el mutismo oficial.

Por Victoriano Sánchez

Desde 2007 hasta finales del 2017, durante 10 años, Daniel Ortega gobernó Nicaragua apoyándose en la oligarquía financiera que controla la mayor parte de las actividades productivas, comercio y servicios. Fue la época de la famosa política de “diálogos y consensos” que, incluso, fue incorporada como un principio dentro de la Constitución, con la reforma del año 2104.

Exoneraciones fiscales

Pero los acuerdos políticos siempre tienen un fundamento económico. La Ley de Concertación Tributaria, vigente desde 2012, creo el marco legal para el otorgamiento de beneficios económicos a la burguesía exportadora y también a la oligarquía financiera.

La tajada más grande de las ganancias proviene de las exoneraciones a los grandes capitalistas, entre 2010 y 2014 estos privilegios ascendieron a más de 1.100 millones de dólares, equivalentes al 9,3 del Producto Interno Bruto (PIB).

Estos enormes privilegios fueron encubiertos porque la económica creció un promedio de 5% anual en ese periodo. Era una verdadera luna de miel. Los empresarios tuvieron representación en los órganos colegiados en 43 instituciones del Estado. La incidencia de los empresarios era muy alta, De 326 leyes aprobadas, al menos 124 fueron promovidas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)

Nuevo corporativismo

El flujo de dinero de la ayuda venezolana creo un artificial ambiente de bonanza económica. La familia presidencial manejo cerca de 5,500 millones de dólares, producto del convenio petrolero con Venezuela, hasta que los ríos de petróleo se secaron cuando Trump decreto un cerco financiero y comercial contra el gobierno de Nicolas Maduro.

Sin embargo, al establecerse un corporativismo directo entre el gobierno y los empresarios, el resultado fue el debilitamiento de los partidos de oposición. El gran capital ya no necesitaba intermediarios, las negociaciones eran directas entre Daniel Ortega y la oligarquía financiera de los banqueros.

Cuando Ortega decidió eliminar las prohibiciones contra la reelección presidencial en la Constitución, los grandes empresarios no se opusieron. La creación del Banco Corporativo (BANCORP) despertó los temores de una “competencia desleal” en la oligarquía financiera, pero la verdadera ruptura se produjo el 16 de abril del 218, cuando Ortega y Murillo decidieron una reforma unilateral al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), por medio de la cual los empresarios debían pagar mas aportaciones para resolver la crisis financiera del INSS.

La rebelión de abril del 2018 y la búsqueda de fuentes de financiamiento

El estallido social del 2018 cambio radicalmente la situación política, y afecto directamente la política de diálogos y consensos entre Daniel Ortega y el gran capital, quienes tuvieron que girar rápidamente a la oposición.

El gran capital se dividió en torno a si debían sacar a Daniel Ortega del poder. Prevaleció el temor a una nueva revolución y al caos social. Ortega aprovecho las vacilaciones para golpear y aplastar los tranques. Una vez restablecido el viejo orden, estaba el problema de financiar los gastos del Estado.

Entonces Ortega reformó la Ley de Concertación Tributaria, obligando a los capitalistas a pagar más impuestos, golpeando también el consumo de las masas populares.

Pero hay un detalle poco conocido, y es que los banqueros están comprando los bonos o títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y con ello no solo están haciendo negocios sino además financiando los gastos de la dictadura.

En el año 2020 las transacciones bursátiles crecieron un 270%. El 98,3% de los títulos han sido comprados por el sector privado, léase banqueros u oligarquía financiera, que son quienes tienen dinero líquido que no pueden mover a través de préstamos por la crisis económica, por ello están comprando masivamente los títulos de deuda de la dictadura, dándole el vital oxigeno que tanto necesita.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

En el mes de mayo se han desencadenado una serie de acontecimientos políticos que nos indican que las elecciones del 7 de noviembre del año 2021, se realizaran bajo las duras condiciones impuestas por la dictadura. Está ocurriendo el peor de los pronósticos.

Dificultades e incapacidad política

Después del aplastamiento militar de la rebelión de abril del 2018, y de los tranques que fueron una expresión de lucha defensiva, los principales bloques de oposición, tanto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), como posteriormente la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a pesar de sus diferencias tácticas y de matices, comenzaron a gravitar en torno a la salida electoral para el año 2021, sin poder romper el férreo marco institucional de la dictadura.

Como nunca se definió una estrategia de lucha para este periodo, en el que la dictadura había retomado el control del país, y ante la falta de discurso y propuestas claras, por tres largos y difíciles años, el tema de la unidad opositora ha dominado la agenda política, incluso a veces por encima de la urgente unidad de acción para obligar a la dictadura a modificar el sistema electoral. Nunca se hizo una campaña de masas para obligar a la dictadura a reformar el sistema electoral, más bien se confió mucho en las presiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la llamada comunidad internacional, que al final resultó complaciente con la dictadura.

Durante tres años, los diferentes bloques de oposición, peleándose el uno contra el otro, repitieron hasta el cansancio que solo la unidad opositora podría derrotar a la dictadura. Pero la unidad nunca llegó porque tanto la ACJD como la UNAB tenían intereses propios.

La salvaje reforma a la Ley Electoral

De manera sorpresiva, aprovechando su aplanadora parlamentaria (más de 60 diputados), bajo procedimientos sumarios, la dictadura logró imponer una reforma electoral que fortalece aún más el control del FSLN sobre el aparato del Consejo Supremo Electoral (CSE). Las modestas demandas de reforma electoral planteadas por la oposición, sencillamente fueron ignoradas.

El FSLN aparece con una intención de voto del 20%, la más baja de su historia. Esta extrema debilidad le obligó a atrincherarse dentro del CSE, manteniendo incólume el sistema bipartidista, la negativa a hacerle concesiones a la oposición obedece a la necesidad de controlar y manipular los resultados electorales.

Antes de la reforma electoral, la dictadura había mandado a aprobar la Ley No 1040 Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la que pretende cortar las fuentes de financiamiento de los ongs e inhibir políticamente a sus directivos y administradores, y también la Ley No 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Ambas leyes, de aplicación retroactiva, fueron incorporadas en la reforma a la Ley Electoral, institucionalizando las inhibiciones, es decir, cortando el derecho de muchos dirigentes de la oposición, de postularse a cargos de elección popular en las próximas elecciones. En vez de mejorar las condiciones, estas empeoraron. La horca esta lista en ensebada para colgar a muchos de los líderes opositores.

Las amenazas veladas de la OEA.

La reciente reunión del 12 mayo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), discutió un duro informe de Luis Almagro, sobre la situación electoral en Nicaragua. Casi todos los cancilleres manifestaron sus críticas hacia la dictadura en Nicaragua, debido a la ausencia de condiciones para elecciones libre y democráticas en noviembre de este año.

El informe de Luis Almagro fue extremadamente duro: “(…) El diagnóstico sobre Nicaragua en este proceso electoral no es auspicioso. (…) La reforma electoral llevada a cabo en Nicaragua es por demás preocupante y no cumple con los estándares democráticos necesarios para garantizar que esas elecciones sean libres, limpias, justas y transparentes. (…)”

Al final de su largo informe, Almagro lanzó una velada amenaza: “(…) Nicaragua al día de hoy no cumple con los elementos esenciales de la democracia representativa, que, conforme lo señala la Carta Democrática Interamericana (…) A tenor de todo ello, es necesario una vez más recordar que lo anterior, en el marco de lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, constituye una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

La exigencia de declaratoria de ilegitimidad

En estos tres años de conflicto en Nicaragua, el Consejo Permanente de la OEA no ha tomado una sola resolución o medida de presión que haga retroceder la represión de la dictadura. Por ello en esta última reunión tampoco hizo nada. Algunos sectores de la oposición, sobre todo la diáspora en el exilio, pero también sectores al interior de Nicaragua, han levantado la exigencia de que la OEA declare la ilegitimidad de la dictadura Ortega-Murillo, pero todo ha sido en vano

Sin embargo, todo indica que esa declaratoria la tienen lista para después de evaluar la dinámica y el resultado de las elecciones de noviembre, cuando se reúna la asamblea general de la OEA en Guatemala en diciembre del 2021

El desplome de la Coalición Nacional

La Coalición Nacional (CN) fue un proyecto diseñado y financiado por la embajada norteamericana para reunir en un solo bloque a los dispersos grupos de oposición, utilizando como pilares fundamentales a las organizaciones emergentes, surgidas de la rebelión de abril del 2018: ACJD y UNAB

El problema fue que, en vez de crear una nueva fuerza política, se invitó a participar a los partidos zancudos o colaboracionistas, que en ese momento se habían distanciado del régimen: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Yatama, una organización de indígenas misquitos y creoles en la costa caribe.

La desarticulación de la Coalición Nacional fue inevitable. En octubre del 2020 se retiró la ACJD por las discusiones relacionadas con el Estatuto, después al mes siguiente el PLC fue “suspendido” como miembro activo de la Coalición Nacional cuando la corriente de Maria Haydee Osuna tomó el control del aparato partidario, y finalmente, en mayo de este año, también Yatama fue suspendido, a raíz del escandaloso voto de Brooklyn Rivera a favor de la elección del magistrado sandinista Lumberto Campbell.

Brooklyn Rivera justificó el voto a favor de Campbell, de la siguiente manera: “La Coalición quedó muy mal, porque hubiera tenido una posible alianza política entre PRD y Yatama dentro del Consejo Supremo Electoral. Quedaron sin Beatriz y sin retrato, como dicen (…) Nosotros tenemos nuestra casilla (8) y la opción de participar solos, pero qué van hacer los promotores de la expulsión, sobre todo de la Unidad Nacional (UNAB), están sin casilla y no los quieren ver ni pintados en CxL, dónde van a ir, mala dirección, mal cálculo (…) Nosotros (Yatama) vamos a participar solos, tenemos experiencia hemos participado en las últimas elecciones regionales de 2016 y yo salí electo diputado por Yatama”.(La Prensa 13/05/2021)

Al final, dentro de la Coalición Nacional, solo quedaron la UNAB, unos pequeños grupos y el Partido Restauración Democrática (PRD), dirigido por el pastor Saturnino Cerrato. El PRD era la única casilla electoral de la Coalición Nacional que había quedado reducida a su mínima expresión.

Malestar por las maniobras del PRD.

El PRD fingió luchar por la unidad, pero en el fondo le interesaba quedarse con los grupos de la Coalición Nacional, especialmente con la UNAB, para convertirse en una fuerza electoral. Las pláticas con el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fracasaron, a pesar de la mediación de Denis Martínez. El día 12 de mayo se inscribió la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL), conformada por el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) y el (CxL) bajo la casilla de este último.

Medardo Mairena, el popular dirigente del Movimiento Campesino (MC), se retiró de la Coalición Nacional en señal de protesta por las maniobras del PRD. Mairena declaró muy molesto que “(….) el PRD  nos falló y es esa la inconformidad que hay…si no hay esa lealtad entre nosotros mismos es obvio de que no nos podemos sentir representados en un partido político…se está valorando qué es lo que va a pasar con el PRD, que fue el que nos mintió, no se está valorando que el Movimiento Campesino se salga de la Coalición, sino más bien la permanencia del PRD dentro de la Coalición” (La Prensa 13/05/2021)

Aniquilan al PRD

El PRD ofreció su casilla a la precandidata Cristina Chamorro, quien en ese momento comenzaba a ser procesada por supuesto delito de lavado de dinero. El Domingo 16 de mayo el PRD realizó una convención nacional para constituir una “alianza de hecho” con la UNAB y otros grupos de la Coalición Nacional. Estos dos hechos motivaron que el CSE controlado absolutamente por la dictadura, cancelara la personalidad jurídica al PRD, quitando de un solo golpe la casilla electoral en que se había refugiado la Coalición Nacional. La señal era clara: la dictadura no estaba dispuesta a permitir la participación electoral de la UNAB, que se había quedado prácticamente sola dentro de la Coalición Nacional.

Bajo las reglas de la dictadura

Había dos bloques de oposición, ahora solo hay prácticamente uno, que es la ACxL. Los restos de la Coalición Nacional presionan para que ACxL les abra las puertas, para poder inscribir sus candidatos. Esta posible unidad en los hechos es poco probable por los niveles de ataque que existen entre ambos grupos.

Todo indica que las elecciones del noviembre del 2021 se realizarán bajos las duras condiciones impuestas por la dictadura, que en los hechos ha inhibido a todos los candidatos de la UNAB. La dictadura ha diseñado una estrategia para que la población no salga a votar. El abstencionismo le permitiría a la dictadura ganar las elecciones sin necesidad de robarse las elecciones.