Por

Ángel Hernández Cerda

 

El régimen corporativista de Ortega

Antes del 2007, año en que Ortega alcanzó nuevamente la presidencia, la estrategia que desarrolló fue el acercamiento con los grupos del gran capital a fin de hacer potable ante esa élite de poder su candidatura, igualmente pidió perdón a la Iglesia Católica; para dar muestra de que había cambiado, su retórica se basó en un discurso desideologizado y reconciliación nacional.

Ya de regreso al poder Ortega fue conformando con sus nuevos aliados el modelo que denominaron diálogo y consenso que inclusive se elevó a rango constitucional y uno de los más conspicuo representante del capitalismo nicaragüense lo denominó como un “hecho revolucionario”.

Pero,  ¿en qué consistió ese modelo también llamado alianza pública privada que lograba la armonía del orteguismo con el gran capital? simplemente Ortega garantizó la continuidad de la lógica de acumulación capitalista neoliberal, y además él creo un grupo empresarial propio con una fuerte mediación del Estado que le permitió concentrar una gran cantidad de recursos públicos y privados en manos de su entorno familiar y algunos grupos emergentes de capital subordinados al dictador y no pocas veces jugando el papel de testaferros de la familia dictatorial.

La base económica que permitió el funcionamiento y sostén de ese modelo fue el flujo de recursos provenientes del convenio petrolero con Venezuela, se estima que el monto de dólares que ingresaron al país durante el período del 2007-2018 fue de U$4,000 millones más U$1,000 millones a través del BANDES así que esta cooperación que se manejó como una operación privada puede totalizar U$5,000millones, de la misma una mínima parte fue destinada a la compra de conciencia a través de programas clientelares para formar clientela política; igualmente por el lado de las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela a pesar de que el ALBA se denomina TCP o sea Tratado con los Pueblos, el gran capital durante el período 2009-2017, por 9 años, se despachó hermoso con un valor exportable de U$2,409.64 millones.

La manipulación de la cooperación venezolana por parte de la dictadura con la complicidad de la alianza inter-capitalista (COSEP-AMCHAN) permitió que el orteguismo se presentara como un gobierno de unidad nacional y defensor de las masas populares; sin embargo con la crisis venezolana así como las sanciones a dicho país, redujeron drásticamente a partir de 2016 el flujo de dólares y las exportaciones hasta llegar prácticamente a cero, el tamaño del pastel se redujo considerablemente, el modelo de alianza se fracturó y la economía inició una etapa de crisis que el gobierno dictatorial pretendió neutralizar con dos medidas económicas de extrema derecha para imponer un <<capitalismo salvaje>>. 

Ese concepto (<<capitalismo salvaje>>) fue utilizado por el sociólogo brasileño Francisco C. Weffort en 1967 al referirse a las políticas económicas aplicadas por la dictadura militar de su país. En nuestro caso, nos referimos al recorte del subsidio de la tarifa eléctrica de febrero de 2018, a la reforma del INSS, las reformas tributarias de 2019, y otras ya aplicadas antes del 2018, que adicionando a la política depredadora y de destrucción del medio ambiente han afectado profundamente a los sectores pobres de la población. No hay duda que Ortega resultó ser un excelente neoliberal

Mientras se hicieron negocios y habían pingues ganancias, para el gran capital aliado de la dictadura la institucionalidad, la democracia, los derechos humanos eran asuntos marginales, callaban sobre la corrupción en las instituciones estatales donde tenían representación, un caso icónico era precisamente el INSS, pero una vez que se acabó el business, mágicamente se transformaron en grandes demócratas, defensores de la independencia de los poderes y naturalmente se rompió la alianza con el orteguismo.

La rebelión cívica de abril.

Ante la situación que estaba generando el fin de la bonanza económica, el rechazo de las medidas impopulares, la dictadura respondió con acciones represivas a la protesta de la población, pero el gobierno dictatorial ni el gran capital y los partidos tradicionales contaban con la reacción masiva del pueblo que dio origen a la insurrección cívica popular donde el pueblo fue el protagonista y no espectador.

Con la incorporación de la población a la lucha social y política, si bien es cierto que su principal objetivo era el derrocamiento de la dictadura, también fue una expresión en contra del empresariado del gran capital y un rechazo a los partidos políticos; esta realidad provocó preocupación en las elites dominantes porque el movimiento ciudadano no estaba bajo su control.

Por esa razón, el gran capital, pese a que población movilizada mantenía trancada las principales ciudades del país y carreteras de tránsito internacional, nunca decidió apoyar la lucha del pueblo, mediante un paro nacional para dar el golpe de gracia a la dictadura, más bien prefirió continuar oxigenando, fundamentalmente por la vía fiscal, a la dictadura y ésta con esos recursos pudo mantener todo su aparato represor.

En cuanto al orteguismo que necesitaba también oxigenarse políticamente frente a la iniciativa del pueblo, pues se encontraba a la defensiva, solicitó a la Iglesia Católica organizar un diálogo nacional para “alcanzar la paz”, este hecho marcó el punto de inflexión estratégico en contra de los intereses del pueblo. Permitió a Ortega cambiar la correlación de fuerza a su favor y al gran capital desplazar a los dirigentes de la insurrección cívica, anulando las posibilidades protagónicas del emergente poder cívico y popular.

Se perdió la oportunidad de oro de organizar la resistencia nacional de la población por la inexperiencia de algunos dirigentes juveniles y alguna fracción del movimiento campesino que desmovilizaron a las masas populares y se acomodaron a las prácticas tradicionales de las elites de poder y que en la práctica significó acomodarse a las élites tradicionales. Sin embargo, consideramos que estos jóvenes y el campesinado aún tienen la posibilidad de dirigir la lucha cívica.

Hegemonía del gran capital y las élites políticas.

Durante el diálogo y después que fuera suspendido y hasta hoy, la dictadura ha incrementado exponencialmente la represión mostrando su rostro fascista, ejecutando con grupos paramilitares y fuerzas de choque acciones represivas, para no hacerlas aparecer como una acción meramente institucional por parte del Estado; asimismo, no acepta la divergencia, la disidencia o el pensar diferente desembocando en prácticas propias del fascismo.

El contexto que resultó después de suspendido el diálogo, fue la inmovilización de los sectores populares sin  estructura organizativa, ausencia de cuadros y liderazgo, constituyó el momento para que las fuerzas conservadoras (gran capital y élites políticas) se percataran de la necesidad de organizar su propio grupo de cúpulas elitistas que asumieran la dirección de la lucha política y de esa manera garantizar sus intereses económicos y posiciones de privilegios, levantando como bandera de lucha reformas electorales para participar en las elecciones del 2021, y así mantener sus cuotas de poder, esperando que sea la presión internacional quien obligue al dictador crear las condiciones aceptables y considerar legítima tal elección.

Lo anterior es creer que el dictador de manera voluntaria va dejar su cargo o permitir elecciones en las que puede ser derrotado, eso solamente ocurriría si obtiene las garantías necesarias para no rendir cuentas por abuso a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en otras palabras, garantizarle su seguridad personal, ampliada a su familia (impunidad) y asegurarle su capital (producto de la corrupción y saqueo al pueblo nicaragüense).

También sería ilusorio creer que la democracia, la justicia económica-social y el desarrollo nacional equitativo se logrará bajo la hegemonía de los mismos grupos que históricamente han privilegiado sus intereses sobre los intereses populares.

Ni el estilo corporativo del gran empresariado, ni el Orteguismo están diseñados para dirigir un cambio social y político que emprenda una profunda transformación de la sociedad nicaragüense.

Efectivamente, la cúpula empresarial tiene una visión de la crisis política como un problema técnico-burocrático-administrativo y hasta contrataron un grupo de expertos para realizar una reingeniería cuando formaban alianza con la atónica y maltrecha Coalición Nacional; luego para estar a tono con la globalización del capital nombraron en la Alianza Cívica un CEO (Chief Executive Officer, en español Director Ejecutivo). Finalmente, su criterio es la maximización de las ganancias como el principal criterio racionalizador de la sociedad, lo cual no necesariamente coincide con los intereses de la nación y del desarrollo.

Por su parte, el caudillismo intolerante de Ortega que consolida su poder creando bases patrimoniales y apoyado con un amplio sistema represor; adicionalmente desarrolla una organización de prebendas y corruptela para mantener a su “lumpen burguesía” y una red de “migajas” para los sectores empobrecidos de la población.  

¿Un nuevo diálogo?

Actualmente quienes definen las estrategias por el lado del gran capital, han fijado como objetivo central establecer un nuevo diálogo con la dictadura, y hacia ese objetivo apuntan las reiterativas declaraciones del señor Mario Arana, la carta enviada por los presidentes de la cámara de industria y cámara de comercio y servicios al dictador Ortega y la actividad realizada por el señor Alejandro Bolaños Davis “fortaleciendo la convivencia” que según sus propias declaraciones fue financiada por un empresario ligado al sector financiero.

Sin embargo, han surgido dos puntos de vista divergentes en el grupo empresarial, los que plantean que el estilo corporativo debe desarrollarse con autonomía no dependiendo de un partido dominante y de su caudillo, y sustentan su posición afirmando que quién posee el capital controla la economía, y por lo tanto debe también controlar el estado; la otra corriente asumiendo una posición según ellos pragmática, consideran que es preferible llegar a un acuerdo o entendimiento con Ortega que tenerlo gobernando desde abajo.

En ambos casos su objetivo es recomponer su tasa de ganancia, la defensa de sus intereses económicos a costa de los intereses populares, lo que no les impide que demagógicamente hablen de la necesidad de un modelo económico inclusivo cuando la realidad histórica de Nicaragua, ayer y hoy con dictaduras o sin dictaduras el crecimiento se ha basado en un modelo concentrador y excluyente y las élites del gran capital nunca han tenido la disposición para hacer concesiones o ceder un mínimo de espacio.

La dictadura por su parte ha convertido en una oportunidad la tragedia provocada por los huracanes, si bien es cierto que los montos indicados por los organismos multilaterales hacia Nicaragua son específicamente para ayuda humanitaria, casi un  U$1,000 millones de dólares, ello le dará para el 2021 una holgura presupuestaria que le permitirá mantener sin sobresaltos su aparato burocrático represor y además reconstruir las relaciones de clientelismo con los sectores más empobrecidos, convirtiéndolos en clientela política manipulada por el chantaje, para que voten a  favor del  caudillo que en realidad es el principal culpable de su situación, y te retribuye con  láminas de zinc,  paquetes de alimentos, etcétera, una verdadera ofensa a la dignidad humana de estos compatriotas, y una vergüenza nacional.

El camino de la desobediencia civil

La alternativa que ofrecen las élites dominantes es en última instancia mantener el statu quo, lo que llevará mayor decepción al pueblo, frustración, desesperanza y sobretodo mayor ira popular que significará tener un polvorín a la vuelta de la esquina.

Por lo tanto, hoy más que nunca es urgente conformar la estructura organizativa y movilización popular, la unidad tiene que ser en y con el pueblo, desarrollar su capacidad táctica y estratégica para a través de la resistencia pacífica y activa para desembocar en la desobediencia civil, enfrentar al aparato represivo y vencerlo, que permita no solo la salida del dictador sino el desmontaje total del sistema dictatorial, ello es una condición sine qua non para garantizar la no repetición.  

Solo en estas condiciones es posible hablar de un proceso electoral donde las fuerzas organizadas del pueblo participen autónomamente, y por medio del voto derrotar a las fuerzas que se oponen  al cambio, iniciar la realización de un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores, cuyo objetivo sea avanzar hacia la equidad económica y social, por lo tanto generar estructuras que funcionen en favor de los intereses de las mayorías, fortalecer la democracia política y así lograr que la población tenga una real y mayor participación democrática;

En este nuevo proyecto, el crecimiento tiene que ser incluyente y su distribución deberá ocupar un lugar central, por lo tanto,  los frutos del desarrollo económico deben colocar en primer lugar los intereses del desarrollo nacional, solo de esta manera saldremos de la pesadilla que por casi 200 años ha sufrido nuestra Patria y pueblo nicaragüense, lo contrario es prolongar el calvario de la población y desoír sus demandas expresadas a partir de su incorporación a la lucha en Abril: libertad, respeto a los derechos humanos, nunca más presos políticos,  no a la impunidad, justicia e ir reduciendo la desigualdad económica-social.