Por Victoriano Sánchez

El pasado 25 de enero, un grupo de más de 26 familiares de presos políticos, ante las duras condiciones de prisión que estos sufren, publico una carta muy conciliadora en la que decían lo siguiente:

“(…) Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes, dispuestos a escucharnos los unos a los otros, para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido (…) La libertad de nuestros presos no es un asunto de preferencias partidarias, ni es una maniobra en una lucha por el poder. Su liberación, más bien, se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras; y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad".

La carta generó más adhesiones de familiares de presos políticos, y un debate en torno a si era correcto participar en un inminente e hipotético Dialogo Nacional, que la dictadura podría convocar en cualquier momento. Muchos sectores manifestaron su oposición a cualquiera negociación con la dictadura. En realidad, esa carta, fue una movida política de algunos grupos de oposición, enarbolando la bandera de la liberación de los presos políticos, con el objetivo de presionar la instalación del Dialogo Nacional, el que había prometido Daniel Ortega, pero que todavía no ha sido convocado.

El impacto político de la carta fue tremendo. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó el llamado conciliador de los familiares. Al día siguiente, La Fiscalía retiró la acusación de lavado de dinero que pesa sobre Jose Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, los lideres del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), lo que se interpretó como un paso hacia adelante para la instalación del Diálogo Nacional. El COSEP emitió un breve comunicado de apoyo a la propuesta conciliadora de los familiares de presos políticos.

El 27 de enero, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, declaro también en un tono bastante conciliador: “Estados Unidos está buscando ver la restauración, por medio de vías pacíficas, de una democracia genuina en Nicaragua (…) No hemos visto ningún tipo de indicación de que el régimen esté interesado en algún tipo de negociación (…) si llegáramos a verla, sería algo bueno y lo apoyaremos”.

Cuando todo parecía indicar que la convocatoria al Dialogo Nacional era inminente, el 1 de febrero la Fiscalía emitió un duro comunicado en que anunciaba el inicio de los juicios penales contra los presos políticos, a quienes calificó de “(…) criminales y delincuentes, que han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creados daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”.

A partir del 1 de febrero se reiniciaron los juicios, que estaban suspendidos por causas de “fuerza mayor”, pero que en realidad obedecían a un cálculo político de la dictadura, la que ha acelerado el paso, condenando en serie a los presos políticos, para presentar hechos consumados en un posible Dialogo Nacional.

La correlación de fuerzas se invirtió a mediados del 2018 y desde entonces la dictadura ejecuta un plan para sostener en el poder, forzando una negociación política a todas luces desventajosa para los grupos de oposición, y sobre todo para los presos políticos y sus familias. Habiendo obtenido una victoria temporal, la dictadura se apresta a negociar en condiciones sumamente ventajosas para ella.

Lo más probable es que, antes de convocar a cualquier negociación o Dialogo Nacional, la dictadura condene a todos los presos políticos para, en el mejor de los casos, negociar un indulto, que perdona la pena principal, pero mantiene las accesorias, que son las inhibiciones políticas contra todos los presos políticos.

Las posibilidades de obtener concesiones democráticas son muy remotas, por el estado calamitoso de la oposición. La dictadura esta, por el momento, jugando a sus anchas. Para revertir esta situación, lo primero que necesitamos es claridad política, y sacar un balance del desastre.

Por Diego Lynch

Tras el inicio de un nuevo año, se ha iniciado a negociar el salario mínimo en Nicaragua; a como es costumbre año con año se constituye una comisión tripartita encargada de fijar cual será el nuevo salario mínimo, la cual se constituye por El Ministerio del Trabajo como representante del Estado, los Sindicatos Sandinistas como supuestos representantes de los Trabajadores y la Empresa Privada, la cual siempre había sido representada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Sin embargo, desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) rompió relaciones con los Empresarios, estos han sido los grandes ausentes, siendo este el cuarto año consecutivo que no están presentes, siendo los empresarios sandinistas quienes ocupan ese espacio en la mesa de negociación.

“La Ministra Nicaragüense del Trabajo, Alba Luz Torres, instalo la mesa tripartita en la que por cuarto año consecutivo no participan los delegados del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cúpula patronal de Nicaragua… La ausencia de las grandes empresas se debe a la crisis que mantiene distanciados al Gobierno y al sector empresarial desde abril de 2018, y su lugar lo ocupa hasta el año pasado una parte del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME)”. (El Economista; 21 de enero del 2022).

Comisión Tripartita Sandinista

La CONIMIPYME era dirigida por Leonardo Torres, un reconocido empresario Sandinista que siempre ha estado a favor del Gobierno de Daniel Ortega, y con quien mantuvo estrecha relación para mantener congelado el salario mínimo, sin embargo, la personalidad Jurídica de la misma ha sido cancelada, por lo que este año ese espacio será ocupado por un sinnúmero de empresarios afines al Frente Sandinista, es decir que estamos ente una comisión tripartita dominada por Daniel Ortega y el partido de Gobierno.

“La representación de los empleadores recayó este año en la asociación de Promoción y Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (APRODESNI), integrada por empresarios afines al Gobierno, de acuerdo con reportes de la prensa local”. (El Economista; 21 de enero del 2022).

Centrales Sindicales sin propuestas

Las Centrales Sindicales que dicen representar a los trabajadores son la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y el Frente Nacional de Trabajadores (FNT), quienes se presentaron a la mesa de la comisión sin una propuesta en concreto, lo que era de esperarse ya que estos son perros fieles al Gobierno y simplemente terminan aceptando la propuesta que les oriente el Ejecutivo.

“Luis Barbosa, secretario General de la Central sandinista de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), explico que en esta primera reunión, se les brinda información recopilada durante el tiempo de parte del Ministerio del Trabajo y el Banco Central…Ahora la tare es irnos a sentar las Centrales sindicales para traer un número. Siempre lo hacemos y traemos una propuesta consensuada, siempre lo hemos hecho, así como FNT y el resto de las centrales con los que nos sentamos”. (declaraciones de Luis Barbosa al 19 Digital; 20 de enero del 2022)

Canasta Básica en 16,000 córdobas

Para poder determinar un incremento justo y que favorezca a los trabajadores es necesario tomar en cuenta el valor real de la canasta básica, la que actualmente se cotiza en C$16,255.38 córdobas, por ende, el salario mínimo actual no logra cubrir ni siquiera el 50% de la misma.

“El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) informó que la canasta básica en Nicaragua ha alcanzado un alza de 8.5% de enero a diciembre del 2021. Al cierre de año, los 53 productos que integran la cesta familiar llegaron a los 16,255.38 córdobas, cuando el salario mínimo apenas alcanza los 6,590.83 córdobas”. (Artículo 66; 14 de enero 2022).

Los salarios deben subir conforme el costo de la vida

Emplazamos a los representantes sindicales de los trabajadores y a los empresarios burgueses sandinistas, que hagan a un lado los discursos demagogos y apliquen un incremento salarial justo y digno para la clase obrera y trabajadora. Es necesario que el salario mínimo cubra al menos la canasta básica y se pueda equiparar de manera porcentual al de toda Centroamérica, recordemos que mes a mes se incrementan los precios de los productos y los precios en el mercado están dolarizados, lo que hace que los salarios mes a mes pierdan valor adquisitivo.

Es por ello que exigimos que se aprueba un salario mínimo equivalente a los SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS, esto con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias, así como ayudar a recuperar la economía del país, ya que al haber mayor liquidez el comercio se activa y esto es beneficioso para las familias nicaragüenses y para la economía de Nicaragua.

Por Victoriano Sánchez

El pasado 8 de diciembre, el Consejo Permanente (CP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con 25 votos una resolución-ultimátum, en la que demandaba la liberación de  los presos políticos y encomendaba al secretario Luis Almagro, la realización de gestiones al más alto nivel, para convencer a la dictadura que modificara el rumbo antidemocrático.

La “prórroga”

Almagro tenía hasta el 17 de diciembre para informar sobre su gestión, pero ese mismo día envió una carta al CP de la OEA, solicitando una prórroga para extender el plazo para la rendición de su informe "hasta mediados del mes de enero". No se conoció oposición alguna a la solicitud de prorroga de Almagro.

Esta maniobra diplomática significó en los hechos el reconocimiento del nuevo periodo presidencial de la pareja Ortega-Murillo, a pesar que el mismo CP en resolución anterior había declarado la “ilegitimidad” del proceso electoral del 7 de noviembre.

El informe de Luis Almagro

Al no haber oposición dentro del CP a la solicitud de prorroga de Almagro, esta se produjo automáticamente. En la reunión del CP, el pasado 19 de enero, Almagro rindió su informe con un lenguaje sibilino, ambivalente:

“(…) De las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel tal como fue solicitado por el Consejo Permanente en su Resolución de diciembre pasado, es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto.

(…) Respecto a la situación institucional y de derechos humanos del país no ha habido en este tiempo avances de ningún tipo y la misma continúa revistiendo la gravedad que ha sido señalada por la Secretaría General y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (…) lamentablemente, las versiones de liberación de presos políticos para Navidad, Año Nuevo o antes de la asunción presidencial de Daniel Ortega no se concretaron”.

En posteriores declaraciones, reconoció que "definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión (...) Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto", dijo Almagro al Consejo Permanente de la OEA”.

En un extraño lenguaje diplomático, Almagro dijo que " (…) Tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados".

En pocas palabras: si hay gestiones, no hay avances, pero tampoco hay rechazo, por lo tanto, la OEA debe tener paciencia.

El permanente error de la UNAB

El informe de Almagro cayó como un balde de agua fría dentro de los grupos de la oposición burguesa, quienes han basado toda su estrategia en solicitar sanciones contra el circulo de hierro de la dictadura. Esta estrategia ha demostrado su fracaso, porque las sanciones impuestas son ineficaces, y crean la falsa ilusión de que Estados Unidos y sus aliados van a imponer desde afuera la democratización, cuando corresponde a la movilización popular independiente, lograr estos cambios.

En un comunicado emitido el 19 de enero, el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)expreso lo siguiente: “(…) Tomamos nota del informe verbal presentado por el secretario general Luis Almagro al Consejo Permanente en su sesión ordinaria de esta mañana. (…) Señalamos la mayor necesidad de incrementar la presión con todas las herramientas disponibles a la OEA y a sus Estados Miembros, a fin de compensar la concentración de poder que ha impuesto la dictadura Ortega-Murillo y equiparar la correlación de fuerzas con la oposición”.

Este párrafo ilustra la bancarrota política de la UNAB, porque sigue implorando que las sanciones provoquen un “equiparamiento” en la correlación de fuerzas a lo interno. Este es un error político garrafal, apostar todo a una fracasada estrategia de sanciones, porque lo único que pude cambiar la correlación de fuerzas dentro de Nicaragua, es el surgimiento de una nueva alternativa revolucionaria que oriente con claridad y firmeza los pasos necesarios para activar la organización popular contra la dictadura.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

Después de haber sido proclamado candidato ganador, en un proceso electoral antidemocrático en el que la oposición burguesa, la única que existía en ese momento, fue encarcelada y excluida, finalmente el pasado 10 de enero Daniel Ortega asumió nuevamente la presidencia, en su cuarta reelección continua (2007-2022).

Las condiciones antidemocráticas de las elecciones de noviembre del 2021, provocaron un mayor aislamiento internacional de la dictadura, pero esta no se ha detenido en la aplicación de su estrategia de sostenerse en el poder a cualquier costo. Al acto de toma de posesión, asistieron únicamente los presidentes de Cuba, Venezuela, Honduras,  y algunos invitados especiales de China, Irán, Rusia otras delegaciones internacionales de menor importancia.

Nuevas sanciones

El mismo día que Daniel Ortega se colocaba nuevamente la banda presidencial, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos aplicaron nuevas sanciones contra altos funcionarios pertenecientes al circulo de hierro de la dictadura.

La UE aplicó sanciones contra los magistrados Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). La UE justificó las sanciones por considerad que el CSE “es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático”.

Nahima Janett Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), también fue sancionada por considerar que esta institución reprime la actividad del periodismo independiente.

La Policía Nacional (PN) fue sancionada como institución por ser “responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas”

Fueron sancionados Laureano Ortega y Camila Ortega, hijos del matrimonio presidencial. La sanción contra Laureano Ortega tiene mucha importancia política porque se perfila como el sucesor natural de Daniel Ortega. Fue sancionado Luis Ángel Montenegro Espinoza, director de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), lo que constituye un duro golpe económico que amenaza el normal desenvolvimiento de las operaciones financieras internacionales.

El mismo día, en una acción coordinada, Estados Unidos aplica sanciones contra la alta cúpula del Ejército de Nicaragua (EN). El general Bayardo Pulido Ortiz, jefe del departamento personal y cuadros del EN y miembro de la junta directiva del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que administra los fondos del sistema de pensiones de los militares.

Fueron sancionados también el general de división, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del estado mayor general del EN y miembro de la junta directiva del IPSM; Rosa Adelina Barahona, ministra de Defensa y también miembro de la junta directiva del IPSM.

Fueron sancionadas Nahima Janett Díaz y Celina Delgado Castellón, directora general propietaria y adjunta respectivamente de TELCOR y miembro del directorio de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). También fue sancionado el general en retiro Ramón Humberto Calderón Vindell, ex presidente de la Petróleos de Nicaragua (PETRONIC) y presidente de la junta directiva de la Empresa Nacional de Minas (ENIMINAS).

Las sanciones contra cúpula policial y militar persiguen que la Policía Nacional y el Ejército se rebelen contra Daniel Ortega. La administración Biden está aplicando la misma política que Donald Trump aplicó en Venezuela en 2017-2018 con el objetivo de estimular un golpe de Estado y que terminó en un rotundo fracaso, y más bien tuvo el efecto contrario: la cúpula militar venezolana cerró filas con Maduro. Pero en el caso de Nicaragua hay un nuevo elemento: las sanciones están destinadas no solo a presionar al alto mando del Ejército, sino también a los titulares de la SIBOIF, ENIMINAS y ENATREL con el objetivo de provocar una asfixia financiera, al dificultar las transacciones económicas de los rubros de energía y minas, los que más divisas aportan a la economía. Al aplastar la rebelión popular en 2018 e imponer el control total, la dictadura aplicó un ajuste y una austeridad brutal que le ha permitido obtener un superávit financiero, por medio de préstamos internacionales y una agresiva política de recaudación fiscal.

La prórroga y el reconocimiento tácito de la OEA

El redoblamiento de las sanciones de Estados Unidos y la UE pretende presionar a la dictadura para que inicie a corto plazo lo que han denominado “restablecimiento de la democracia”. Sin embargo, las nuevas sanciones y el creciente aislamiento internacional pueden provocar una falsa visión sobre lo que realmente ocurre. Ante los hechos consumados, que permitieron a Daniel Ortega recetarse un nuevo periodo presidencial, comienza a predominar el pragmatismo.

Y una prueba de ello es la actitud de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA emitió una resolución, el pasado 8 de diciembre, en la que autorizaba a Almagro realizar gestiones ante el gobierno de Nicaragua y rendir un informe antes del 17 de diciembre.

Al vencerse el plazo, Almagro envió una carta solicitando prorroga con un lenguaje diplomático: “No existiendo al momento de cursarle la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular, y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre como fecha límite, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, si existiera acuerdo del cuerpo que preside a partir de las coordinaciones necesarias que Usted entienda a bien realizar”.

Al solicitar la prorroga de las gestiones diplomáticas a realizar hasta mediados de enero, estaba aceptando lisa y llanamente que Daniel Ortega se impusiera nuevamente la banda presidencial, un hecho consumado desde mediados del año pasado cuando la dictadura decidió realizar elecciones encarcelando y excluyendo a la oposición burguesa.

Cualquier gestión diplomática de Almagro se realizará ante el nuevo gobierno de Daniel Ortega. No es una casualidad que Estados Unidos, Canadá y la UE abandonaron rápidamente la exigencia de nuevas elecciones generales, y ahora las sanciones persiguen obtener dos peticiones: liberación de los presos políticos y un Dialogo Nacional “sincero” para restablecer la democracia.

Aprovechando el contexto internacional

Las dictaduras se establecen por una correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional. A nivel interno, la dictadura logró aplastar militarmente la rebelión, y disgregar al movimiento autoconvocado. La oposición burguesa se centró en las elecciones, creyendo que la dictadura iba a ceder como en 1990. ¡Error fatal!

En el plano internacional, los vientos son favorables a la dictadura, a pesar de las sanciones. Estados Unidos vive una crisis sin precedentes, que lo obliga a concentrarse en sus problemas domésticos. El surgimiento de nuevos imperialismos, como Rusia y China, que compiten económicamente y militarmente con Estados Unidos, esta creando un nuevo orden mundial “tripolar”.

La dictadura ha estrechado sus vínculos económicos y militares con Rusia, y ahora al establecer relaciones diplomáticas con China, esta buscando la sombra protectora del gigante asiático. Aunque Nicaragua esta situada en el patio trasero de Estados Unidos, es evidente el deterioro de la dominación imperialista norteamericana. Si a lo anterior sumamos la crisis pavorosa del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), que obliga a Estados Unidos a mantener una política prudente, tenemos definitivamente que la dictadura tiene un contexto internacional que, si bien no les es completamente favorable, le da cierto margen de actuación independiente y de maniobra.

El “borrón y cuenta nueva” de Daniel Ortega

Contrario a los rumores esparcidos antes del 10 de enero, en el sentido que la dictadura liberaría y enviaría al exilio a los presos políticos, y que inmediatamente convocaría al Dialogo Nacional, Daniel Ortega reafirmó sus ataques al imperialismo de Estados Unidos y la UE, y no se pronunció sobre la liberación de los presos políticos y la convocatoria al Dialogo Nacional.

En una parte de su discurso, se refirió en un lenguaje intencionalmente ambivalente a que “nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril (2018). Es borrón y cuenta nueva, y vamos adelante queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza”.

Aunque Daniel Ortega se refirió a su gestión gubernamental antes del 2018, que era aplaudida por el gran capital, la frase “borrón y cuenta nueva” genero especulaciones sobre una inminente amnistía.

Al día siguiente, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y tercero en la línea de sucesión presidencial, aclaro que “(…) yo no entiendo que el comandante Daniel Ortega haya dicho la palabra amnistía, eso hay que dejarlo absolutamente claro, aquí borrón y cuenta nueva es hay gente que cometió actos delincuenciales, tiene que recibir su castigo, tienen que ser investigados y juzgados eso es una cosa aparte”.

Algunas conclusiones

Las sanciones que aplican Estados Unidos, Canadá y la UE tienen el objetivo de forzar a la dictadura a abrir una negociación política para liberar a los presos políticos y “restaurar la democracia”. Ortega ha logrado revertir los últimos tres años, estamos prácticamente en una situación similar al año 2017, la dictadura ha logrado imponerse, presentando la cuarta reelección de Daniel Ortega como un hecho consumado, con la diferencia que el rechazo a la dictadura es mayor que antes.

En noviembre del 2022 se realizarán las elecciones municipales, pero por el grado de confrontación con el imperialismo norteamericano y europeo es poco probable que se produzca una apertura democrática antes del 2022.

La dictadura necesita ganar las elecciones municipales, y en condiciones democráticas no podría lograr ese objetivo, por ello necesita prolongar la confrontación para que el proceso electoral de las municipales sea similar a noviembre del 2021.

La posible liberación de los presos políticos se producirá probablemente, según palabras de Porras, hasta que estos sean condenados. Debemos tomar nota y sacar las conclusiones pertinentes.