Por Aquiles Izaguirre.

Este año será crucial para el Seguro Social en Nicaragua. Pero ¿Por qué será tan importante este año para el sistema de pensiones? La respuesta es sencilla, el FMI está presionando para reformar el sistema de pensiones, haciendo que los trabajadores se jubilen bajo peores condiciones a las ya existentes en nuestro país.

Un poco de historia.

 El seguro social como lo conocemos modernamente no es un regalo, este nació producto de una experiencia basta que fue haciendo el proletariado mundial. Para comprender esto, debemos ver que el sistema de seguridad social, tiene muchos predecesores, ya desde la edad media tanto en Europa como en el mundo musulmán, los reinos y privados establecieron organizaciones de ayuda a los pobres y desamparados. Fue en el siglo XIX, producto de la revolución industrial que las cosas cambiarían, millones de campesino se desplazan a las ciudades en busca de trabajos y oportunidades. Es en este periodo que las masas de obreros eran sobre explotados teniendo que trabajar más de 12 horas diarias para ganar un mísero salario que les permitiese subsistir.

Las brutales condiciones creadas por el capitalismo hacen que los trabajadores comiencen a organizarse para luchar por sus derechos, se gestan grandes luchas y se fundan las denominadas Internacionales Obreras, siendo la más fuerte la Segunda Internacional. De esta Internacional, el partido más fuerte era el Socialdemócrata Alemán, no es fortuito, que fuera en Alemania que surgiese la Seguridad Social. Fue en la década de los 80tas que el Canciller de Hierro, Otto Von Bismarck quien se encargaría de llevar a cabo reformas que llevarían a la instauración del primer sistema de seguro social. Pero el mismo Bismarck estaba claro que no estaba dando un regalo, en un famoso discurso declararía que era mejor pagar el seguro social, a asumir las costas de una revolución proletaria.

Las presiones del FMI

En Nicaragua, fue en la época de la dictadura Somocista que se creó la seguridad social, esta vendría en una época de crecimiento económico, y sobre todo en que la dictadura quería otorgar beneficios para evitarse la influencia soviética en el movimiento obrero. Desde esa época nuestro seguro social ha tenido fuertes embistes, pero hasta la fecha ha logrado subsistir. Pero los tiempos han cambiado, el muro de Berlín sucumbió, y el capitalismo lleva un proceso de desarticulación de las conquistas sociales que costó décadas y sangre al movimiento obrero.

Hoy por hoy suenan vientos de cambio, estos vientos vienen del FMI, organización que está pidiendo reformas al sistema de pensiones, según Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI):   “En nuestros trabajos hemos sido repetitivos en resaltar la necesidad de un plan fiscal de mediano plazo, que al revisar las exenciones fiscales y mejorar la administración tributaria, corrija los desbalances en los sistemas de pensiones, y regrese la fiscalidad a una situación más balanceada” (Confidencial 06/03/2018) Fernando Delgado, en su visita Nicaragua advertiría: “Realmente aumentar la edad de jubilación es una solución técnica que nos parece muy buena, pero entendemos que puede ser imposible (aplicarla) derivado de la discusión política que pueda plantearse entre los estamentos afectados. Pero hay otras medidas no tan buenas técnicamente, pero que darían un efecto similar, como decía antes, también se pueden recortar las pensiones y el efecto es el mismo” (La Prensa 06/02/18)

¿Cuál es la salida?

 La receta que pretende aplicar el FMI en Nicaragua no es particular, es la píldora que desean recetar por el mundo, y es que los trabajadores se mueran trabajando, sin tener derecho a pasar sus últimos años pensionados. Hasta el momento, el gobierno sandinista no ha aceptado la posibilidad de cambiar la edad de jubilación, y es que el costo político seria enorme, y sobre todo, sería un fuerte golpe para su base social. Sin embargo, no podemos permitir que se juegue con las pensiones de los trabajadores, es necesario que las organizaciones de masas se movilicen para contrarrestar las presiones del FMI. La lucha no es nueva y debe ser encabezada por los trabajadores y organizaciones sociales. Es importante comprender que el INSS no sólo se puede salvar aumentando la edad de jubilación, sino gravando las ganancias de los grandes empresarios, que han sido los mayores beneficiados en estos 28 años de gobierno post revolución.            

Por Victoriano Sánchez

Las sanciones que, casi en la navidad del 2017, el departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), no fue un regalo de Santa Claus, sino más bien una “muerte anunciada”.

La sanción del gobierno de Estados Unidos se ampara en un decreto ejecutivo firmado por Donald Trump, basado en una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016, con efectos extra territoriales, conocida como “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” o “Ley Magnistky”, con el objetivo de combatir la corrupción y castigar a los violadores de derechos humanos. Aunque no hay orden de captura internacional, la sanción consiste en el congelamiento de activos en suelo norteamericano, y en la prohibición a las empresas y bancos norteamericanos a realizar cualquier tipo de transacción bursátil o financiera con los sancionados.

Aquí es donde la Ley Magnistky adquiere una naturaleza extraterritorial, debido al hecho que todos los bancos del mundo tienen relaciones comerciales o corresponsalía con los bancos norteamericanos.

Entre las 39 personas mencionadas y sancionadas por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, estaba, nada mas y nada menos, que Roberto Rivas, a quien acusa que “como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, recibiendo un salario gubernamental de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua como "por encima de la ley", y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”. (https://www.state.gov)

Cualquier medida que apoye efectivamente la lucha contra la corrupción es loable y bienvenida, pero, apartando las emociones y antipatías contra Roberto Rivas, no podemos quedar callados ante el hecho que las principales corporaciones transnacionales, en su mayoría son norteamericanas o con capital norteamericano, son la fuente de la corrupción. Ellas son las que compran o sobornan funcionarios en todo el mundo, con el objetivo de conseguir contratos. Pero las transnacionales no son castigadas, sino que tienen representantes en el gobierno del mismísimo Trump, como el es el caso de Rex Tillerson, solo para citar el ejemplo más relevante.

En esas condiciones, la Ley Magnitsky se convierte en una formidable arma política contra los gobiernos hostiles a Estados Unidos

En el caso de Roberto Rivas, no se trata del soborno de una transnacional, sino al hecho que, en los últimos 25 años, amparándose en su estrecha relación con el Cardenal Miguel Obando y Bravo, --desde que manejaba la Comisión de Promoción Arquidiocesana (COPROSA) de la Iglesia Católica en Nicaragua hasta la actualidad como presidente del CSE--, ha amasado una inmensa fortuna, que solo puede engordar por evidentes actos de corrupción.

Siendo magistrado del CSE bajo la administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), Roberto Rivas, junto al Cardenal Obando, cambiaron de bando, se aliaron a Daniel Ortega y de esta manera dos fabulosos enemigos se transformaron en colosales aliados. Indudablemente, esta conversión tuvo un precio: la inmunidad y la impunidad. Esto es del conocimiento público en Nicaragua.

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han dado oxígeno a la alicaída oposición burguesa, que se rasga las vestiduras y desgañita exigiendo la renuncia de Roberto Rivas. Han satanizado la persona de Rivas y creen que una renuncia o destitución, sería la solución a los repetidos fraudes electorales.

La incapacidad de la oposición burguesa es notoria. El problema no es el presidente del CSE, sino la Ley Electoral antidemocrática, que fue aprobada tras el pacto Alemán-Ortega en 1999 para restaurar el bipartidismo.

La repuesta de Daniel Ortega fue cauta. No lo hizo renunciar, y aprobó aceleradamente una reforma a la Ley Electoral para quitarle funciones al presidente del CSE, esperando una muerte natural cuando se termine el mandato de Rivas en abril del próximo año, y sea sustituido sin traumas por otro magistrado. Ortega no entrega todavía la cabeza de Roberto Rivas, necesita mostrarse como el firme protector de sus aliados, para que no haya desbandada.

El mensaje de Estados Unidos está claro: presiona por reformas al sistema electoral con el objetivo que Daniel Ortega cumpla los compromisos firmados con la OEA en 2017.

Por Maximiliano Cavalera

En este mes de febrero, la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó el recorte al subsidio que el gobierno daba a la tarifa de energía eléctrica que se otorgaba a los consumidores de escasos recursos del país. A pesar de que la noticia no ha sido recibida con agrado por la población, esto no se ha traducido en movilizaciones ni desprecio abierto de los nicaragüenses, sin embargo, la noticia crea mucha incertidumbre para toda la población, sobre todo la población de escasos recursos que ha sido beneficiada por el subsidio que ha otorgado el gobierno por todos estos años.

Un poco de historia.

Hace más de una década el gobierno de Estados Unidos inicio la guerra por el saqueo de Irak, esta empresa no sería fácil para el imperialismo norteamericano, y tendría repercusiones por el globo terráqueo. Sin duda, una de ellas fue la inflamación de los precios de los hidrocarburos. Desde entonces, los precios de los combustibles han fluctuado, pero nunca han igualado los predecesores a la guerra de Irak. Nuestra Nicaragua no fue la excepción, los precios distorsionaron la economía y se hicieron sentir en los costos de la factura energética. Nuestro país tenía una adicción al petróleo, los “genios” economistas del periodo liberal previeron que los precios del petróleo no fluctuarían y serian baratos, más no contaban con la voracidad del imperialismo norteamericano. Sin importarles el medio ambiente, habían planificado que la generación de energía se produjese a partir del petróleo, nuestra energía en la época se era generada en un 80% a base de hidrocarburos. Y no les bastó solo con eso, a pesar que una de sus paradigmas siempre fue el crecimiento económico, nunca lo planificaron, la económica creció, y esta se devoró la producción energética, el colapso llegaría al final del gobierno de don Enrique Bolaños.

 Los apagones se asemejaban a los que Nicaragua se acostumbró en la época de guerra, la gran contradicción, era que no había guerra y la empresa comercializadora era privada. La lucha enraizada por sacar a Don Enrique que llevaba el PLC y EL FSLN en esos años, hizo imposible alguna solución. Fue hasta que llegó Daniel Ortega a la presidencia que la solución a los apagones de vislumbró, la ayuda de Venezuela fue fundamental, pero la dependencia a la producción energética a bases de hidrocarburos fue enfermiza. Fue por esa razón, que el costo de la producción energética en el país se volvió dantesca. Cuando el gobierno de Daniel Ortega asume la presidencia, Nicaragua producía un 80% de su energía a través de hidrocarburos, pero una de las genialidades de este gobierno, fue vislumbrar que se tenía que acabar esa dependencia, el Estado promovió el cambio de la matriz energética y hasta la fecha la producción de energía dejó de depender del petróleo y sus precios.  En teoría la producción de la energía en Nicaragua no debería depender de los altos costos de los hidrocarburos, y ¿entonces porque hay que subsidiar la energía en Nicaragua?

La matriz energética

Como ya se mencionó, una de las grandes virtudes del gobierno fue cambiar la matriz energética, según datos del INE. Para este 2018, la producción de energía en Nicaragua, sólo dependería de un 20% de los hidrocarburos. Sin embargo, la energía que se produce no es barata y está lejos de serlo, las facturas que llegan a los hogares estuvo paleada por el subsidio que la asamblea nacional y el gobierno quitó en este mes. Una de las razones de los altos costos es la inversión en energía, sin embargo, hay que ser claros en que el Estado no ha invertido en la producción energética, es decir, los nicaragüenses estamos enriqueciendo a muchos sectores económicos, incluyendo a los cercanos al gobierno, no en vano, el presidente del COSEP no le pone peros a al recorte del subsidio que el gobierno ha brindado a la población.

Nacionalización de la producción energética.

El subsidio de la factura energética fue paliativo, sin embargo, hay que allanar los problemas de base, la energía y su producción son de interés nacional, no deben estar en manos de privados que buscan sólo lucrarse, la producción de energía debe estar en manos del Estado y los nicaragüenses debemos exigir y luchar para que eso pase. Los sindicatos sin distinción de color, la población en general y los organismos sociales debemos movilizarnos para que la producción energética vuelva a los nicaragüenses, controlada por los sindicatos, los organismos de la sociedad civil, el gobierno y los nicaragüenses.

Por Diego Lynch

A como ha sido costumbre, año con año el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se ha amarrado con la empresa privada para que los incrementos de los salarios mínimos sean irrisorios, a gusto de los empresarios y una burla para la clase trabajadora. Las políticas del gobierno sandinista resguardan el bolsillo de los empleadores y grandes empresarios nacionales, dentro de los que encontramos a los altos dirigentes Sandinistas y también grandes dirigentes sindicales (que también son empresarios) que militan en las líneas del partido de Gobierno.

En el mes de enero de este año 2018, se instauró la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM), para negociar y aprobar el incremento salarial para el primer semestre del año. Dicha comisión tripartita está integrada por el Gobierno, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Sobre el tema, Luis Barboza en representación del Frente Nacional de los Trabajadores-FNT, dijo: “Hoy estamos aquí en la instalación de la mesa de negociación, para hacerla con seriedad y responsabilidad debemos hacer las propuestas lo más antes posible, este año los empresarios están hablando de un digito, esto es un gran avance porque están demostrando que podemos negociar”. (Nota 01-2018; Ministerio del Trabajo).

Proponen un incremento igual al de las zonas francas

Durante el mes de junio del año 2017, a los trabajadores de las zonas francas se les aprobó un aumento del 8.25% anual, por un periodo de cinco años, el que entraría en vigencia a partir del corriente año 2018. Dicho incremento además de ser absurdo ya que no logra cubrir las necesidades básicas de las familias obreras. Este aumento no es económicamente correcto ya que un incremento a largo plazo, como lo son cinco años, no puede ser calculado de esta manera, ya que el deslizamiento de la moneda oscila entre el 7% y 10% cada año. Esta indexación del córdoba en relación al dólar, es un factor determinante de la caída permanente de los salarios. Ahora, la empresa privada pretende que al igual que las zonas francas, a los demás sectores del país se les otorgue el mismo 8.25% de incremento al salario mínimo, lo que sería una burla hacia la clase obrera y trabajadora del país. Con el aumento a trabajadores de zonas francas, no se compensa el deslizamiento de la moneda, mucho menos la inflación.

Los empresarios del COSEP están muy felices. “Hemos comprendido que no podemos ir más allá de ese incremento salarial, porque ir más allá se traduce en vender menos, lo que representa menos posibilidades de emplear gente”. (El Nuevo Diario; 15 de febrero del 2018).  Aguerrí mencionó que, aunque la Ley del Salario Mínimo de Nicaragua establece que el incremento es la sumatoria del crecimiento económico y la inflación que en 2017 es de 10.6%, en esta ocasión propondrá un aumento el 8.25%, aplicable en dos semestres y para todos los sectores”.

Estas afirmaciones del presidente del COSEP son puras mentiras, llevan años expresando que un incremento salarial mayor a un diez por ciento significaría mandar al desempleo a un gran número de trabajadores, y bajo esta farsa el gobierno y los sindicatos escudan sus argumentos para defender sus propios intereses como empresarios y nuevos burgueses en el poder. Lo que si está claro es que cada año el salario real pierde por lo menos un 10% de su valor

Adultos Mayores también piden incremento

Un incremento al salario mínimo no solo vendría a favorecer a la clase trabajadora, sino que también seria parte de la lucha que en estos momentos tienen los adultos mayores. Muchos de ellos reciben una pensión reducida porque no lograron completar las 750 semanas mínimas cotizadas, y solamente reciben una pensión reducida por vejez, que no llega siquiera al salario mínimo establecido. Por eso la lucha de los trabajadores por un aumento real al salario minino está ligada a la consigna que la pensión reducida sea equivalente, por lo menos, al salario mínimo del sector industrial.

Los diarios han vuelto a registrar las marchas de los adultos mayores. “La Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM) demandó al Gobierno descartar una reducción de las pensiones, como lo propuso el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero a la vez los jubilados pidieron se les incremente el monto de las pensiones reducidas conforme el salario del sector industrial… Victorino Carranza, dirigente de la UNAM en Chinandega, refirió que la pensión reducida no se ha ajustado con respecto al salario mínimo del sector industrial, a pesar de que ese es un mandato de la Ley 720”. (La Prensa; 14 de febrero del 2018).

Unidad de trabajadores y pensionados

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a unir fuerzas, trabajadores activos y los adultos mayores con pensión reducida, para exigir un incremento al salario mínimo que se equipare por lo menos al de Panamá y Costa Rica, el que ronda entre 500 y 600 dólares. De igual manera, que la pensión reducida sea equivalente al salario mínimo, tal como lo señala la Ley. Los trabajadores deben cubrir al menos la canasta básica y las necesidades mínimas; y los adultos mayores deben vivir una jubilación digna y de calidad.

El Estado debe de garantizar una pensión mínima a todos los ciudadanos que no puedan tener una pensión del INSS, y estos fondos deben de salir del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, del presupuesto nacional. ¿De donde deben salir los fondos? M uy sencillo, los grupos bancarios y financieros obtienen las ganancias más altas en Centroamérica. Debe haber un impuesto a estos grupos para que ellos aporte los fondos que el país necesita para que las personas pobres y aquellos trabajadores que no lograron completar el número de cotizaciones, tengan una pensión mínima, una renta básica, que les permita vivir dignamente sus últimos días.