Por Sebastián Chavarría Domínguez

El 28 de junio del 2018 los organismos “Hagamos Democracia” (HD) y el “Movimiento por Nicaragua” (MpN), encabezados por Luciano García y el jurista Gabriel Álvarez, respectivamente, hicieron pública su propuesta de plebiscito y reformas constitucionales como salida a la crisis que vive el país. Debido a la brutal represión del regimen dictatorial, dicha propuesta no ha tenido mayor trascendencia, pero muestran una tendencia que encierra algunos aspectos peligrosos que vale la pena discutir.

HD y el MpN forman parte de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), y sus titulares forman parte del equipo de asesores de la ACDJ dentro del Dialogo Nacional, por lo que debemos analizar con mucha seriedad lo que encierra, en las condiciones actuales, la propuesta del plebiscito.

Al día siguiente, el organismo Etica y Transparencia (EyT) se pronunció en sentido similar, aceptando y avalando la propuesta de elecciones anticipadas, conforme el calendario planteado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Las piezas comienzan a coincidir en una misma dirección: aceptar que la dictadura Ortega-Murillo convoque a elecciones anticipadas.

La ruta del abandono de la consigna de renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo

Poco a poco, de manera no oficial, sin decirlo claramente, con muchos titubeos, las fuerzas que conforman a Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), han venido abandonando gradualmente la consigna de la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo.

El primer abandono se produjo con la “Agenda de Democratización”, presentada en el Dialogo Nacional el pasado 23 de mayo, que no incluyó como primer punto de agenda la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo. A partir de ese momento, toda la agenda de la ACDJ comenzó a girar en torno a la exigencia de elecciones generales anticipadas. A pesar de que, en las negociaciones, Daniel Ortega insinuó la posibilidad de adelantar elecciones, hasta la fecha no existe una aceptación formal, sino más bien un estancamiento de las negociaciones porque el gobierno Ortega-Murillo trata de recuperar el control de los territorios liberados, por medio de la acción de bandas fascistas de paramilitares que siembran la muerte y el terror ante una insurrección desarmada.

El estancamiento de las negociaciones del Dialogo Nacional se debe a la tenaz resistencia que presenta la dictadura Ortega-Murillo, de no aceptar siquiera la propuesta de elecciones anticipadas, y que al contrario insiste en que de haber una “salida constitucional”, es decir, una salida negociada en el marco del sistema legal que la dictadura montó en los últimos 12 años. No obstante, observamos que la ACDJ en vez de subir el nivel de la protesta y la presión popular, llamando a intensificar los tranques, las marchas y las movilizaciones, convocando a un nuevo Paro Nacional, para doblarle el brazo a la dictadura, procede en sentido inverso: haciendo propuestas cada vez más conciliadoras y claudicantes.

La propuesta de HD y el MpN no es todavía una propuesta oficial de la ACDJ, pero proviene de sus principales asesores, y no ha sido rechazada ni desmentida oficialmente, lo que nos indica que puede ser un primer intento de filtrar ante la opinión publica la propuesta de plebiscito, como una “salida constitucional”.

Una premisa falsa

En el documento titulado “Ruta de salida a la crisis política que vive el país”, los proponentes HD y el MpN aclaran que dicha propuesta “(…) presenta parte de la solución de la crisis mediante la realización de un plebiscito. Esto significa que como resultado de un acuerdo político emanado del dialogo nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se utilizaría este mecanismo de participación y decisión ciudadana, para consultarle al soberano, si está o no de acuerdo con que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo continúen en el poder”.

Como se puede observar, se ha abandonado completamente la ruta de exigencia de renuncia inmediata para convocar a elecciones anticipadas, para proceder a organizar un plebiscito, convocado por la Asamblea Nacional controlada totalmente por el gobierno Ortega-Murillo, es decir, bajo la existencia del gobierno asesino.

La propuesta de plebiscito y reformas constitucionales parte de una premisa que por el momento no existe: un supuesto acuerdo político dentro del Dialogo Nacional. Partiendo de esta realidad, la propuesta vino al mundo renqueando, completamente sorda y ciega.

Pero, para que nos los acusemos injustamente que le hacen el juego a la dictadura, los proponentes HD y MpN aclaran lo siguiente: “Está solución que se propone está completamente fundamentada en el marco legal y constitucional nicaragüense, en consecuencia, es aplicable como solución cívica y pacífica. Cabe hacer notar, que la solución aquí planteada, está indisolublemente asociada a la realización de elecciones presidenciales, de diputados, alcaldes, concejales municipales y concejales regionales, lo que implica como condición indispensable la existencia de voluntad política del presidente Daniel Ortega, sin ésta, la propuesta es inaplicable y solo quedaría como salida a la crisis la solución violenta ya sea por el aplastamiento de la rebelión de parte del gobierno o el triunfo de los insurreccionados por la fuerza social”.

Debemos de reconocer que, al menos, los proponentes son honestos, porque ellos se refieren sin ambages a una “salida cívica y pacífica”, dentro del “marco legal y constitucional nicaragüense”. No obstante, este ha sido el principal argumento de la dictadura Ortega-Murillo y que el asesor Paul Oquist repite en su gira internacional: una salida constitucional”.

También esta ha sido la petición del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, los cancilleres de la OEA, etc. Casi todos los gobiernos que se han pronunciado a favor de una salida constitucional, pacifica, cívica, mientras los Ortega-Murillo imponen más muerte y terror. Lo anterior implica que la propuesta de HD y la ACDJ comienza a repetir los mismos argumentos de estas fuerzas internacionales, separándose cada vez más de la exigencia de renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo, la consigna que mantiene vive la lucha contra la dictadura.

El Plebiscito en las condiciones actuales

Ninguna propuesta es mala per se, todo depende del momento en que se plantea. Después de las masacres cometidas en abril y mayo, la posibilidad de convocar a un plebiscito fue cerrada por la propia dictadura, que prefirió intensificar la represión y los asesinatos, antes de que el pueblo decidiera democráticamente.

Ahora, la única salida democrática posible es aquella que parte de la renuncia inmediata del gobierno asesino. Este es el problema central. En cambio, la propuesta de HD y el MpN, cierra los ojos a la realidad, y propone un plebiscito, como si estuviésemos en una situación donde reina la paz y la tranquilidad.

El problema toral no son las elecciones en sí, sino que en Nicaragua no existe un sistema electoral confiable. El control del FSLN sobre las instituciones es total, y jamás podemos descartar que, estando en el poder, el matrimonio Ortega-Murillo burlen los posibles controles y procedan a realizar otro fraude electoral.

El problema de convocar al plebiscito, en las condiciones actuales, es que no solo la convocatoria y realización del mismo se realizaría bajo la existencia del gobierno criminal, sino que también adicionalmente le da chance a que pueda legitimarse y terminar su periodo en el 2021.

Por ello la principal tarea democráticas es terminar con el gobierno Ortega-Murillo y proceder a continuación realizar los cambios necesarios para que el pueblo se exprese democráticamente.

Las reformas constitucionales: elecciones anticipadas y cambios en la Policía Nacional.

Según el cronograma planteado por HD y el MpN, en la primera quincena de julio correspondería a la Asamblea Nacional, controlada absolutamente por el FSLN y sus títeres, convocar al plebiscito mediante un decreto legislativo, ya que no requiere la firma de Daniel Ortega.

Paralelamente, debería reformarse la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para reducir el tiempo de las legislaturas de un año a seis meses, de manera tal que se cumpla con el requisito de las dos legislaturas para realizar la reforma constitucional. Todos estos son cambios en los procedimientos para aprobar la reforma al artículo 201 de la Constitución, que permita acortar el mandato de las autoridades electas en noviembre del 2016.

Pero, extrañamente, también proponen reformar el artículo 97 de la Constitución, de manera tal que el Presidente de la Republica no baje las instrucciones directamente al Jefe de la Policía Nacional, sino que lo haga por medio del Ministro de Gobernación, quien sería el supremo Jefe de la Policía Nacional. Esta propuesta es un retorno a la reforma constitucional de 1995, que le daba cierta autonomía a la Policía Nacional, la que en el fondo aceptaba o vetaba el nombramiento de Ministro de Gobernación. Es una propuesta amistosa para que los mandos de la Policía Nacional se desliguen del orteguismo en el periodo de transición.

En el mismo sentido, proponen reformar la Ley No 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para que sea el Ministro de Gobernación quien nombre al Director, Subdirectores, al Inspector o Inspectora General de la Policía Nacional, quien otorgue grados y ascensos, disponga los retiros. En pocas palabras, esta reforma constitucional y de la Ley No 872 pretende que los altos mandos de la Policía Nacional nombren o tengan incidencia en el Ministro de Gobernación, quien no podría ejercer el cargo sin el visto bueno de la Policía Nacional.

¿Reforma o nuevo sistema electoral?

La propuesta de HD y el MpN contempla una reforma a la actual Ley Electoral. ¡Ese si es un gravísimo error! Dentro de las reformas propuestas está que se pueda impugnar los resultados electorales por la vía judicial.

La Ley Electoral fue aprobada en 1999 después de la firma del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, y fue la base de creación del nuevo sistema bipartidista que, incluso, le permitió al FSLN hacerse del control absoluto del poder. Esa Ley Electoral, que todavía está vigente, creo restricciones para la formación de partidos políticos, y elimino el sistema de representación proporcional.

No se debe reformar la Ley Electoral, sino derogarla y aprobar una nueva Ley Electoral, pero esta tarea debemos hacerla cuando caiga el gobierno asesino, y no antes.

La destitución y nombramiento de nuevas autoridades

Dentro del cronograma propuesto por HD y MpN se contempla también, durante la primea quincena de julio, la destitución y nombramiento de nuevos de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destitución y nombramiento de Fiscal General y su adjunto, los que se realizarían antes del plebiscito, y conforme la Constitución actual correspondería a la Asamblea Nacional, dominada absolutamente por los diputados del FSLN y sus aliados.

Esta propuesta conciliadora pretende convencer al gobierno Ortega-Murillo que los nuevos magistrados deben ser electos por consenso, mediante una negociación. Es el mismo guion contemplado en la Agenda de Democratización que la ACDJ presentó el 23 de mayo ante el Dialogo Nacional.

Un orteguismo sin Ortega-Murillo

La propuesta de HD y el MpN es indecente, claudicante y da margen a que el aparato represivo del orteguismo se conserve. Busca un simple cambio de poder ejecutivo, realizar unas cuantas reformas, para que todo siga igual.

Para democratizar Nicaragua se requiere, no un simple cambio de gobierno, sino el cambio total de las instituciones del Estado, y esto solo se puede lograr mediante la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo y mediante la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que elija un gobierno provisional, mediante se redacta la nueva Constitución y se convoca después a elecciones generales, bajo nuevas reglas democráticas.