Por Sebastián Chavarría Domínguez

La reciente visita de Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha desatado todo tipo de especulaciones. Es la segunda visita de un alto funcionario de la administración Trump en menos de un mes. Anteriormente vino Caleb McCarry, asistente del influyente senador republicano Bob Corker, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos. No cabe la menor duda que algo se negocia secretamente, a espaldas del pueblo de Nicaragua.

Departamento de Estado: “Elecciones anticipadas: camino constructivo”

Aunque los seres mortales no tenemos acceso a las negociaciones secretas que se celebran en las alturas del poder, podemos sacar algunas conclusiones a partir de las declaraciones de altos funcionarios de la administración Trump.

El 18 de junio, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, declaró “(…) En nombre del presidente Donald Trump, llamamos a Daniel Ortega a terminar los crímenes de su gobierno y dar respuestas a las peticiones de la nación por democracia y derechos humanos. Ha llegado la hora de terminar con los ataques a los protestantes y ha llegado la hora de dar al pueblo de Nicaragua el futuro de libertad que merecen (…) Esto debe terminar y debe terminar ahora”. (AFP 18/06/2018)

En reiteradas declaraciones altos funcionarios de Estados Unidos se han mostrado de acuerdo en adelantar las elecciones. Lo que nunca han dicho con claridad es si estas se realizarán teniendo como presidente a Daniel Ortega. Esa es la gran incógnita. Por lo que no dicen, parece que Estados Unidos acepta y promueve que sea el gobierno Ortega-Murillo quien convoque a elecciones anticipadas.

Al día siguiente, el mismo día que arribó a Managua el embajador Carlos Trujillo, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, leyó un comunicado que expresaba, entre otros aspectos, lo siguiente: “(…) Observamos el clamor generalizado entre los nicaragüenses de unas elecciones anticipadas. Estados Unidos cree que las elecciones anticipadas representan un camino constructivo”. (El Nuevo Diario, 19/06/2018)

Ambas declaraciones son complementarias. Pence presionó sobre el tema de los derechos, llamando a detener las matanzas, pero el Departamento de Estado, que conduce las negociaciones diplomáticas, enfatizó en el tema de las elecciones anticipadas, insistiendo al mismo tiempo en la necesidad que el gobierno Ortega-Murillo invite a los organismos internacionales protectores de los derechos Humanos. Sobre este último aspecto, Heather Nauert dijo que “(…) EE.UU. sabe que el Gobierno de Nicaragua ha aceptado otra visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y recomienda que empiece de inmediato” (op cit)

La visita de Trujillo se produce días antes de la realización de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, que se realizará en Washington el día viernes 22 de junio, teniendo como punto de agenda el informe final de la visita realizada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el cual se conoce de antemano, por el informe preliminar, y es contundente en su condena al gobierno Ortega-Murillo.

¿Que negoció el embajador Trujillo?

El embajador Trujillo ha sido muy parco en sus declaraciones. Su visita se produjo el mismo día en que el gobierno Ortega-Murillo desató su furia infernal contra Masaya. Es la clásica táctica de presentar hechos consumados

En el marco de la visita de Trujillo fue que el gobierno Ortega-Murillo giró invitación formal a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, un reclamo que hizo la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) y que llevó a la suspensión de las sesiones del Dialogo Nacional. Ortega-Murillo prefieren negociar y arrodillarse ante Estados Unidos, ninguneando a la ACDJ.

Pero esta no fue ninguna concesión de parte de Ortega-Murillo, quienes ya se habían comprometido a invitarlos. Simplemente, como una táctica dilatoria dentro de la negociación, retardó el cumplimiento de esta medida, porque necesita que las fuerzas de choque para militares hicieran la labor sucia de aterrorizar a la población, asesinar selectivamente a los elementos más combativos, destruir los tranques y secuestrar a decenas de personas.

Los organismos internacionales finalmente harán presencia en Nicaragua, pero su sola presencia no es garantía de que no continuaran las violaciones a los derechos humanos. El gobierno ha creado un Frankenstein, los grupos armados encapuchados, quienes seguirán haciendo la labor sucia y sus actividades no podrán ser controladas por estos organismos, ya que oficialmente no serían miembros de las instituciones del Estado.

Mucho se ha especulado que Daniel Ortega ya negocio su salida con Estados Unidos y que solo afinan detalles. Lamentablemente, en política nada es cierto hasta que se demuestra. Existen muy pocas probabilidades que el embajador Trujillo logre concretizar una negociación que se salga de la línea general establecida por el Departamento de Estado: las elecciones anticipadas.

El problema central sigue siendo si serán convocadas por Daniel Ortega o no, y cuando serian convocadas. Al finalizar el 20 de junio, el embajador Trujillo se regresó a Washignton sin brindar declaraciones, lo que indica que Ortega se niega a aceptar el plan de elecciones anticipadas para este año, envalentonado por los ultimos golpes que ha asestado a la insurrección popular.

La ofensiva sobre los tranques

Dentro de su estrategia de negociación, el gobierno Ortega-Murillo ha optado por resistir al máximo, y solo hacer concesiones al borde del abismo. Su táctica predilecta es golpear para negociar, y nunca procede a la inversa. Entre más golpe asesta, más frutos obtiene en las negociaciones.

Para contener las exigencias en el Dialogo Nacional, incluso para contener las presiones de Estados Unidos y otros gobiernos, utilizó cualquier pretexto para suspender la dinámica de las negociaciones, y asestar unos cuantos golpes a los tranques.

El gobierno Ortega-Murillo inició una feroz ofensiva contra los tranques, primero atacando furiosamente el poblado de Maderas y Sébaco, después giró y regresó a los barrios orientales de Managua, más adelante continuó contra Ticuantepe y Nindirí, hasta culminar con el desmantelamiento del tranque en la entrada sur de Estelí, etc. Ortega-Murillo han actuado con cierta frialdad estratégica, atacando los tranques uno por uno, golpeando primero lo más débiles hasta poder atacar a los más fuertes.

Si observamos un mapa de Nicaragua, podemos constatar que esta ofensiva tenía el objetivo central de arrebatar el corredor de la carretera panamericana. Necesitaba con urgencia demostrar a los gobiernos centroamericanos y al mundo que todavía mantiene el control de la situación.

Muchos de estos tranques fueron desmantelados, no por falta de coraje y voluntad de lucha de quienes los defendían, sino porque las fuerzas de choque del FSLN, apoyadas y protegidas por la Policía Nacional, al bajarse de sus camionetas entraron disparando sus armas de guerra, matando e hiriendo. Los morteros resultaron insuficientes para contener semejante volumen de fuego y metralla. Era una lucha absolutamente desigual. El repliegue de los luchadores era inevitable. Pero es una retirada en orden, no un aplastamiento militar.

El gobierno Ortega-Murillo se equivoca si cree que el desmantelamiento de algunos tranques significa un cambio en la correlación de fuerzas. La mayoría del pueblo rechaza tajantemente, hoy más que ayer, al gobierno asesino y exige su salida inmediata del poder.

Los objetivos del brutal ataque a Masaya

Al eliminar el tranque de Nindirí, el gobierno Ortega-Murillo despejó la vía y creó condiciones favorables para el posterior ataque despiadado contra la ciudad de Masaya, ocurrido el pasado 19 de junio. Masaya se ha convertido, junto a Jinotepe y León, en baluarte de la insurrección nacional. Fue la primera ciudad en liberarse de la tiranía y la que ha dado el ejemplo de constituir un gobierno local.

Masaya fue bastión de la lucha sandinista en 1979, pero ahora se ha convertido en bastión de la lucha democrática contra el gobierno Ortega-Murillo. Masaya tiene un alto valor emblemático. El asalto contra Masaya no fue, como se esperaba, el ataque final. Los luchadores estaban preparados para una batalla desigual, pero un masivo exterminio de luchadores en Masaya hubiera significado una estocada mortal, a nivel político y diplomático, contra el gobierno Ortega-Murillo, que anda sediento de legitimidad.

Aparentemente, el costoso operativo fue realizado solo para rescatar el enfermo comisionado Ramón Avellán, pero eso fue un despiste. El operativo militar del 19 de junio tenía tres objetivos.

En primer lugar, con el pretexto de rescatar a Avellan, el gobierno lanzó una ofensiva militar que despejó la carretera Managua-Masaya, no solo para el tránsito de vehículos, sino probablemente para garantizar, aunque sea a medias, una nueva edición de la conmemoración del histórico repliegue de 1979, aunque no llegue hasta el centro de la ciudad de Masaya. El sandinismo, bajo la conducción de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha convertido en una especie de iglesia, que le da mucho valor a los iconos sagrados de su pasado revolucionario, es una forma de mantener el control político e ideológico sobre su base. El FSLN necesita recuperar las carreteras de cara a la celebración del 19 de Julio, necesita con urgencia llenar la plaza y cohesionar a sus bases, muy golpeadas por las matanzas.

En segundo lugar, con el operativo se produjo un cambio de soldados en el cuartel de la Policía Nacional. Algo inconcebible, en una ciudad tomada por los luchadores. Muy probablemente (es imposible confirmarlo) las nuevas tropas no sean parte de las cansadas tropas de la Policía Nacional, sino que sean frescas tropas especiales del Ejército, disfrazados de Policías, lo que indicaría que el gobierno Ortega-Murillo ha dejado una cabeza de playa, una avanzadilla militar estacionada a menos de un kilómetro del epicentro de la insurrección, para un posterior ataque final si cambian las condiciones.

En tercer lugar, al recuperar esa parte de la carretera centroamericana, no solo hizo la primera incursión militar sobre la ciudad, tanteando sus defensas, sino que ha creado un vasto anillo alrededor de Masaya y Jinotepe, dos ciudades cercanas, igualmente liberadas y con gobiernos locales autónomos e independientes.

Si hay repliegue en tranques, retomar nuevamente las calles

Aunque existieron algunos desde el comienzo de la lucha, los tranques florecieron en todo el territorio nacional, hasta después de la masacre contra la marcha del 30 de mayo. Fueron creados en muchos municipios por los jóvenes en lucha como una necesaria barrera para contener a las fuerzas de choque del FSLN que atacaban los barrios, sembrando el terror y la zozobra por las noches.

Después del 30 de mayo las manifestaciones y marchas decayeron temporalmente, pero la lucha se concentró en los tranques que, por cierto, han sido flexibles al permitir el tránsito de vehículos que llevan alimentos a los diferentes departamentos. Si las condiciones obligan a un repliegue en algunos tranques, debe tomarse como algo impuesto por la realidad.

La inminente instalación y vigilancia de organismos internacionales protectores de derechos humanos debe ser aprovechada para reactivar los mítines, los plantones, las marchas y protestas, es decir, para retomar nuevamente las calles y no darle un segundo de respiro al gobierno asesino.

Coordinación de gobiernos locales: proclamar e instalar la Junta de Gobierno Provisional

Lo más preciado del actual proceso de insurrección desarmada, ha sido la liberación de ciudades como Masaya, Jinotepe, Diriamba, Nagarote y León. Una franja importante en la costa del pacifico ha sido liberada.

Estas ciudades reflejan un fenómeno de doble poder a nivel territorial, todavía reducido, pero en ellas se han creado gobiernos locales, que significan una alternativa de poder real ante el derrumbe de las podridas instituciones del Estado bajo el control del gobierno Ortega-Murillo.

Es urgente una coordinación entre estos gobiernos locales, para formar una Junta de Gobierno Provisional, que refleje a los sectores sociales que han estado luchando contra la dictadura. La gente espera que surja un líder, mas no se dan cuenta que sus líderes ahí están en las barricadas y en los tranques.

La proclamación de este Junta de Gobierno surgida de los organismos creados en las ciudades liberadas, permitiría que luchadores de otros municipios se sumen al reconocimiento del nuevo organismo de poder nacido de la insurrección popular. La nueva Junta de Gobierno sería la encargada de convocar a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente.

Por Victoriano Sanchez

El Dialogo Nacional, instalado solemnemente el pasado 16 de mayo, fue una medida defensiva del gobierno Ortega-Murillo, que se encontraba presionado por el levantamiento popular, situación que intranquilizaba enormemente al gobierno de Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea, quienes también presionaron por una “salida negociada” a la crisis.

La instalación del Dialogo Nacional creó enormes expectativas democráticas. Las enormes marchas nacionales contra el gobierno, generaron un ambiente triunfalista. Se llegó a la exageración de afirmar que el Dialogo Nacional serviría únicamente para negociar la renuncia o rendición de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Pero las cosas marcharon por un rumbo diferente, que vale la pena analizar y discutir, para aportar una mayor claridad entre los elementos de vanguardia que al frente de los tranques, sostienen la lucha de masas contra el gobierno Ortega-Murillo.

Éxito total del Paro Nacional del 14 de junio

En un momento determinado, el gobierno Ortega-Murillo rompió el Dialogo Nacional, argumentando que la Agenda de Democratización elaborada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ) era un “golpe de Estado”. Después de la reunión con los obispos el 7 de junio, el gobierno Ortega-Murillo pidió una tregua de dos días, la que fue aprovechada para desatar una brutal ofensiva militar contra los tranques. Como se puede observar, el gobierno Ortega-Murillo ha tenido la táctica de al ternar las negociaciones sin dejar de golpear.

La convocatoria al Paro Nacional del 14 de junio, por parte de la ACDJ, contó con la anuencia de la mayoría de las cámaras del COSEP. No obstante, fue convocado no para derrocar al gobierno Ortega-Murillo, sino para reanudar las negociaciones, es decir, como un simple mecanismo de presión.

El Paro Nacional fue exitoso, pero el acatamiento masivo del mismo no se debió al COSEP, sino a que su convocatoria era una exigencia popular cada vez más fuerte. El pueblo está cansado de la represión, quiere acciones contundentes que pongan fin a las continuas masacres. No hay duda que los empresarios se sumaron al Paro Nacional ante el hecho evidente que la paralización de las actividades productivas era el resultado, en los hechos,  del surgimiento espontaneo de tranques en todo el país.

El gobierno intentó desmovilizar el Paro Nacional, llamando al reinicio de las negociaciones del Dialogo Nacional para el viernes 15 de junio, pero la demostración de repudio contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo fue masiva y casi total.

El gobierno tiene una estrategia coherente en las negociaciones

Es importante analizar cuál ha sido el comportamiento de cada sector dentro del Dialogo Nacional.

El gobierno Ortega-Murillo, compuesto por algunos ministros que son viejos zorros de la lucha guerrillera contra Somoza, saben perfectamente que la capacidad de negociación depende de la correlación de fuerzas en el terreno. Por ello, sabiendo que enfrenta un vasto movimiento popular, mientras negociaban o rompían la mesa de negociaciones nunca han dejado de intentar recuperar la iniciativa militar.

Las tácticas dilatorias en la negociación han sido utilizadas por Daniel Ortega para reagrupar sus fuerzas de choque, lanzándolas contra los tranques, sembrando el terror en los barrios orientales de Managua. El gobierno Ortega-Murillo se esfuerza en demostrar al gobierno de Estados Unidos que, pese a la crisis, ellos todavía tienen fuerza suficiente y que, por lo tanto, sus exigencias en la negociación deben ser tomadas en cuenta.

Incluso, la estrategia central del gobierno Ortega-Murillo consiste en mostrar un rostro negociador ante la comunidad internacional, desea evitar sanciones del Congreso de Estados Unidos, acepta que vengan organismos internacionales protectores de derechos humanos a investigar, regresa al Dialogo Nacional, alarga la toma de decisiones sobre posible elecciones anticipadas, forma todo tipo de comisiones, etc, pero con un objetivo central: contener la insurrección popular, evitar el derrocamiento del gobierno, superar el mal momento, encandilar a los  la empresarios del COSEP convocando a elecciones anticipadas a realizarse lo más tarde posible, etc.

Si en las próximas semanas o meses logra cambiar la correlación de fuerzas en el terreno, debilitando o desmoralizando la resistencia de los tranques, entonces todo habrá cambiado, porque habrá sobrevivido al momento más desfavorable.

La estrategia incongruente de la ACDJ

Del lado de la ACDJ la estrategia de negociación ha sido incongruente con la exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo. Si este fuese el punto central de la negociación, no habría muchos discursos dentro del Dialogo Nacional. O se rinden o renuncian, punto. Pero la estrategia no ha sido en realidad exigir la renuncia de la pareja presidencial, o negociar su rendición, sino que más bien han abandonado esta consigna central --que es el deseo de la mayoría de los nicaragüenses--la han degradado, dejando de ser el punto principal de la Agenda de Democratización. No fue una casualidad que la Agenda de Democratización, con fecha 23 de mayo del 2018, ya no tenía como punto central la renuncia del gobierno Ortega-Murillo.

Al abandonar esta consigna, todos los puntos de la agenda giran en torno a las elecciones anticipadas, y las reformas democráticas que se deben realizar. Al abandonar la exigencia de la renuncia del matrimonio presidencial, en los hechos, están aceptando que el gobierno Ortega-Murillo sobreviva hasta la realización de esas elecciones anticipadas. Hay una aceptación tácita que el gobierno Ortega-Murillo debe estar un tiempo más en el poder.

Esta realidad está en consonancia con el planteamiento de los principales grupos económicos, quienes coincidieron en la necesidad de plantar el adelanto de las elecciones, lo que en los hechos implica, repito, la sobrevivencia del gobierno durante el llamado periodo de transición. Esta situación no molesta en nada el gobierno de los Estados Unidos, porque ellos son reacios a los cambios abruptos, no les gusta al caos revolucionario, su diplomacia siempre trabaja en función de la realización de cambios graduales, conforme las hojas de ruta que ellos establecen o planifican.

Tácticas suicidas

Lo más trágico es que, en las negociaciones dentro del Dialogo Nacional, la ACDJ tiene tácticas suicidas. En el comunicado sobre la sesión del día 15 de junio, en el Dialogo Nacional, el punto seis establece que ambas tomaron el acuerdo de “6.- El cese de toda forma de violencia y amenaza venga de donde venga en el territorio nacional y un plan con su implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad favorecerá aún más el mantenimiento de un ambiente de paz y seguridad”.

Hasta el momento, la violencia, los asesinatos, saqueos e incendios, provienen de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque del FSLN. Lo más grave y peligroso es que los delegados de la ACDJ tomaron la decisión de remover los tranques, amparados en una supuesta Comisión de Verificación y Seguridad, compuesta de manera bipartita por la ACDJ y el gobierno.

¿Acaso al ACDJ desconoce que su capacidad de negociación proviene de los tranques? No lo desconoce, porque precisamente una de las peticiones centrales el gobierno siempre ha sido que la ACDJ hiciera un llamado al levantamiento de los tranques, algo que se negó en su oportunidad, pero que ahora lo ha hecho de manera voluntaria, en medio de una feroz ofensiva militar del gobierno contra las barricadas y tranques, incluso sin consultar a los compañeros y compañeras que arriesgan el pellejo defendiendo los tranques.

Esta separación, entre las negociaciones en las alturas por un lado, y la dinámica revolucionaria de los tranques, por el otro lado, es real. Y es que la ACDJ en realidad no dirige los tranques, estos tienen una dinámica propia, y no aceptan las decisiones del Dialogo Nacional. Esta contradicción entre las bases sociales del movimiento insurreccional y la conducción de la ACDJ en manos de los empresarios, es real y el gobierno lo sabe, por eso apura el paso para profundizar este tipo de contradicciones en su propio beneficio, haciendo más grande la llaga.

¿Quién dirige las negociaciones de la ACDJ?

En la ACDJ participan los empresarios del COSEP y de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AMCHAM), y movimientos sociales como el movimiento campesino anticanal organizado en el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, organizaciones feministas y de la sociedad civil y los cinco movimientos que forman la Coalición Universitaria: Movimiento Universitario 19 de Abril, Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Coordinadora para la Justicia y la Democracia, Alianza Universitaria de Nicaragua y estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA).

Los movimientos sociales y estudiantiles son la mayoría, son quienes han marchado y peleado en las calles, son quienes arriesgan la vida en los tranques, pero quienes conducen las negociaciones son los empresarios del COSEP y FUNIDES, que es un centro de pensamiento de los grandes grupos económicos.

Y esto no es una casualidad, es un proceso que ha ocurrido de manera lenta, casi imperceptible. Primero se diluyó la exigencia de la renuncia de la pareja presidencial hasta eliminarla de la Agenda de Democratización, después se ha aceptado ciertas reuniones secretas que se producen en las comisiones tres más tres (3 más 3), cayendo en la dinámica en la que el gobierno es experto: negociaciones secretas entre los grupos de poder, a espalda de las masas.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, sin el menor rubor ha dicho. “(…) Esta ruta que se planteó no se va poder desarrollar en plenaria con tantas personas, es una ruta requiere de mucho trabajo, de especialistas, de gente que está sobre cada uno de los temas”. (END, 16/06/2018). Más claro no puede ser!!.

Adelantándose a los acontecimientos, también insinúa que podría haber algunos cambios importantes en las propuestas: “(…) Aquí no hay solo un tema electoral, también hay un tema judicial y estos temas van a ser vistos y no se deben de extrañar que en una parte de estos procesos se creen alternativas que permitan avanzar rápidamente. Será importante, sobre todas las cosas, buscar respuestas rápidas que permitan la salida a la crisis”. ¿Cuáles serían los cambios? No lo sabemos.

Los movimientos sociales y estudiantiles deben recuperar la independencia

El día 16 de junio del 2018, en el canal 100% noticias, doña Francisca Ramírez, lideresa del movimiento campesino anticanal y grupos estudiantiles dieron una conferencia de prensa, en la que se leyó el Pronunciamiento de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil , exponiendo su desacuerdo con el punto seis de las resoluciones del Dialogo Nacional, relacionada con un posible levantamiento de los tranques,  y plantearon nuevamente la exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, la instauración de un gobierno provisional revolucionario y la convocatoria a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, antes de la realización de elecciones generales.

Esta conferencia de prensa fue ignorada por muchos medios de comunicación, pero es un hecho sintomático importante que refleja la enorme desconfianza que está generando la estrategia de negociaciones de la ACDJ, controlada por los empresarios del COSEP, AMCHAM y el FUNIDES.

Esperamos que ese sano malestar, que existe por la manipulación de las negociaciones, genere una dinámica de discusión y de críticas que permitan corregir el rumbo de las negociaciones, que se han convertido en un pantano que, de continuar esa misma tendencia, puede incidir negativamente en la dinámica insurreccional y debilitar los tranques.

Los movimientos sociales deben recuperar el control sobre las negociaciones, arrebatárselas al COSEP y AMCHAM, para lograr la meta de la expulsión de la pareja presidencial del gobierno, el primer paso real y verdadero en la democratización de Nicaragua.

Por Maximiliano Cavalera.

La ciudad de León es la segunda ciudad en importancia. Su historia, rica y encantadora, refleja una tradición política, social y económica que están vinculados a las entrañas propias del país.  Al referirse nostálgicamente a León, el gran poeta Rubén Darío diría: “Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.  Mis ilusiones, y mis deseos, y mis esperanzas, me dicen que no hay patria pequeña. Y León es hoy a mí, como Roma o París.”

Desde la época colonial, León fue uno de los centros políticos de Nicaragua y Centroamérica. Ahí se concentraron primero el poder administrativo colonial y después de la independencia fue capital del Estado. De ahí su importancia, además de estar situada en una de las zonas productivas más importantes del país.

No es fortuito que esta ciudad fuese la primera ciudad que se insurreccionó contra las pretensiones reeleccionistas del caudillo liberal José Santos Zelaya en 1896, ni que un siglo después fuese la primera ciudad liberada durante la insurrección popular que derrocaría a la dictadura Somocista en 1979.

Tranques y Paro de 24 horas.

Respondiendo a esa tradición y orgullo revolucionario, nuevamente la ciudad metropolitana se armó de coraje y asestó un duro un golpe a la dictadura Ortega-Murillo, siendo la primera ciudad en convocar un paro general de 24 horas, e insurreccionándose el mismo día 12 de junio del 2018, en contra de la ola represiva impuesta por el gobierno Ortegas-Murillo durante estos más de sesenta días en lucha.

Cuando iniciaron las jornadas de protestas, la ciudad vivió algunas ambigüedades: por una parte, su enorme tradición democrática, y por otra su tradición sandinista. Hay que mencionar que cuando León se insurreccionó en 1979, fue uno de los bastiones del sandinismo, a tal grado que desde esa fecha la ciudad siempre votó por el FSLN en todas las elecciones. Ha sido su bastión indemne, donde siempre tenían asegurada la victoria. Sin embargo, los últimos acontecimientos rebasaron las tradiciones, sobre todo porque mucha de la militancia sandinista de León, vio horrorizada como Daniel Ortega ordenó la masacre de estudiantes en abril del 2018, la más grande perpetrada desde el derrocamiento del somocismo. Poco a poco, en la población se fue articulando la necesidad de luchar y defenderse contra la represión. Se establecieron dos grandes tranques en la ciudad, uno en la salida hacia Chinandega y otra hacia Managua.

Estos tranques se establecieron en relativa paz. Sin embargo, el gobierno aplicó la misma tónica, decidió romperlos y reprimir a la población. La represión irritó a los leoneses. Por eso, diversas organizaciones independientes, apelando a la combatividad y las tradiciones revolucionarias, convocaron a un paro local de 24 horas. La respuesta fue contundente. La ciudad universitaria se paralizó completamente, las calles estuvieron solitarias, las cantinas sin clientes, el comercio cerrado, y los tranques paralizando el tráfico que fluye en los alrededores.

Se inicia la represión … y la insurrección

Como a las 12:45 aparecieron en la ciudad 5 camionetas Hilux y dos ambulancias del MINSA repletas de paramilitares armados de fusiles AK-47 y morteros. Los ataques militares fueron concentrados en la Clínica AMOCSA, donde se atendían a los heridos. Hubo ataques en el barrio de Guadalupe y FUNDESI, entre otros. Los combates eran desiguales. Los heridos de los luchadores populares aumentaron, producto de las balas asesinas. Las camionetas y ambulancias de los grupos paramilitares circularon por toda la ciudad atacando los barrios de Laborío, San Felipe y la Ermita. La tradición revolucionaria afloró de a poco, y la población salió a hacer barricadas por toda la ciudad, lo que detuvo la movilidad de las fuerzas paramilitares. Las barricadas aparecieron como mangos en primavera, y el pueblo atacó puntos claves como las estaciones de Policía, provocando una deserción masiva de elementos policiales. Alrededor de 90 efectivos policiales renunciaron y fueron retenidos en el estadio de béisbol.

Nuevamente liberada

Para el día 13 de Junio del 2018, León estaba en manos de la población insurrecta, la que nuevamente aparece, como relámpago en la historia de Nicaragua, para decir que está en contra de la injusticia y atrocidades que ha cometido el régimen de Ortega Murillo.

Es importante analizar este proceso. León tiene una importancia estratégica, política y social. El triunfo de la insurrección popular fue posible, por el momento, porque la "inquebrantable" militancia sandinista de la ciudad rompió con el Orteguismo, una buena parte se negó a disparar contra el pueblo desarmado, rescatando el legado revolucionario del sandinismo en su etapa heroica. El gobierno Ortega-Murillo recibió un duro golpe el 13 de junio, al perder uno de sus bastiones. La derrota del orteguismo parece cada vez más cercana. Sin embargo, todavía no podemos cantar victoria, no solo porque faltan ciudades importantes que deben ser liberadas, sino por el hecho que el gobierno está organizando una contraofensiva militar contra la ciudad, con mayores y mejores tropas, siempre disparando contra una población armada de piedras, como lo hizo Andrés Castro.

De algo si estamos seguros: “León puede ser abatido pero nunca vencido, viva León Jodido!!

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Por una extraña coincidencia, el 48 periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), --ese ministerio de colonias del imperialismo norteamericano, como dijo el Che Guevara— se realizó en Washington, los días 4 y 5 de junio del 2018, en los precisos momentos en que arreciaba la lucha de las masas populares contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo

La Resolución del 24 de junio de 1979

Esta coincidencia generó muchas expectativas al interior de Nicaragua, sobre todo en los grupos políticos de oposición democráticos y en los organismos de la sociedad civil, acerca de una posible resolución de condena contra el gobierno Ortega-Murillo, como ocurrió en la madrugada del 24 de junio de 1979.

En aquel momento, la asamblea de cancilleres de la OEA votó una resolución de condena al régimen somocista, exigiendo la renuncia del dictador Somoza, declarándose favorable a la instalación de un gobierno provisional que garantizara los derechos humanos y convocara a elecciones libres a la mayor brevedad posible. Somoza rechazó el ultimátum de la OEA. Pero la resolución del 24 de junio de 1979 aisló internacionalmente al somocismo y con ello ayudó muchísimo a dotar de legitimidad democrática a la insurrección popular y la ofensiva guerrillera del entonces progresista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En esa oportunidad, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, intentó vanamente de detener la resolución de condena contra Somoza.

La tragicómica Declaración de la OEA

Carlos Marx solía decir que la historia se repite, unas veces como tragedia y otras como comedia. Quienes tenían ilusiones democráticas en una posible resolución de condena de la OEA contra el gobierno Ortega-Murillo han recibido un balde de estiércol en la cara. La Asamblea General de la OEA ni siquiera colocó en agenda el tema de la violación de los derechos humanos en Nicaragua, sino que se limitó a votar una Declaración que no tiene efecto vinculante.

Los debates se concentraron en el tema de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA al gobierno de Nicolás Maduro, el cual, conociendo de antemano las intenciones, ya había solicitado tiempo atrás su retiro como miembro pleno de la OEA. Al final, la OEA no pudo votar una resolución vinculante contra Venezuela, porque no se obtuvieron los votos necesarios, pero llamó poderosamente la atención que en esta ocasión el gobierno Ortega-Murillo no votó al lado de Venezuela, sino que se abstuvo.

¿A qué se debió este cambio de actitud? Muy sencillo: el gobierno de Estados Unidos impulsó una Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, la cual fue apoyada plenamente por el gobierno de Nicaragua, convirtiéndose en una iniciativa conjunta, la que fue aprobada por consenso por todos los cancilleres presentes.

En sus partes medulares, la Declaración expresó “su condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general; y sus condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias, así como su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua”.

El documento fue redactado de manera general, no mencionó cual es la fuerza que origina la violencia. No fue una condena especifica al gobierno Ortega-Murillo, quien tiene a su disposición el Ejercito, la Policía Nacional y los grupos paramilitares, que son quienes han asesinado a los manifestantes desarmados, sino que más bien fue un indulgente llamado a la no violencia a ambos sectores, como si estuviesen en un plano de igualdad, diluyendo las responsabilidades concretas en la generalidad.

En el punto número dos, llamó “a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad”. Los principales daños a la propiedad han sido ocasionados por las fuerzas de choque del FSLN, quienes, disfrazados de opositores, saquean e incendian comercios, para provocar el temor entre una amplia capa de pequeños y medianos comerciantes que apoyan la lucha. El gobierno Ortega-Murillo ha retirado a la Policía en todos aquellos casos en que se producen incendios y saqueos, para que las turbas del gobierno actúen con absoluta libertad. Nuevamente observamos que el llamamiento general, evita condenas específicas.

En el punto tres, la Declaración expresó su “preocupación con respecto al desglose en el reciente proceso de diálogo”. Desconocemos si la palabra “desglose” es una mala traducción al español, o si se refiere al hecho que el Dialogo Nacional fue interrumpido por el gobierno, dando lugar a una reducida negociación de cupulas, la llamada comisión “tres más tres”, (tres del gobierno y tres de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), que sigue negociando de manera secreta, mientras se reinstala nuevamente el plenario del Dialogo Nacional.

El punto cuatro de la Declaración, hizo un “llamamiento al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia”.

Nuevamente observamos un llamado general, como si las dos partes tienen la misma responsabilidad. Las “preocupaciones” se quedan a la mitad del camino, porque no expresan claramente quien fue el responsable de la interrupción de las negociaciones, no dice que fue el gobierno Ortega-Murillo quien se negó a discutir la agenda de democratización de la ACDJ. Este punto parece una halada de orejas al gobierno Ortega-Murillo, pero redactado en lenguaje ambiguo, sibilino, que ha mostrado una enorme resistencia a someterse a un proceso de elecciones libres y democráticas, donde el pueblo decida su futuro.

Como decimos popularmente, esa Declaracion tiene “una cal y de otra de arena”. La Declaración tocó el tema toral de las elecciones democráticas, pero evita pronunciarse sobre la exigencia de la ACDJ y de los principales empresarios, quienes se han pronunciado por el adelanto de las elecciones generales. No obstante, este punto nos indica la posibilidad de que las negociaciones secretas entre el gobierno Ortega-Murillo y el gobierno de Estados Unidos hayan girado en torno al adelanto de las elecciones, el cual pudo haber sido acordado para una fecha todavía desconocida, pero que no quieren dar a conocer, sino a través de las negociaciones del Dialogo Nacional.

El gobierno Ortega-Murillo firmó un Acuerdo de democratización con la OEA en enero del 2017, pero el acuerdo contemplaba que el gobierno terminaría su periodo hasta las elecciones del 2021, cuando se realizarían elecciones vigiladas por la OEA. Este acuerdo fue roto por la irrupción de las masas en abril del 2018. La masacre desatada por el gobierno, y la continua represión contra las masas en lucha, han vuelto a poner en la mesa de negociaciones el tema de las elecciones libres y democráticas, y este es punto toral de la resistencia del gobierno Ortega-Murillo, el que lucha desesperadamente por terminar su periodo. Luis Almagro, secretario general de la OEA, intentó mantener el acuerdo de enero del 2017, pero la presión de Estados Unidos lo obligó a modificar su actitud, por las repercusiones de la lucha de masas que ya lleva mas de dos meses.

El punto número cinco de la Declaración, expresó que “de conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición de la Organización de los Estados Americanos de brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un proceso de diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua”.

Este punto es una ratificación del Acuerdo de Enero del 2017, en el sentido que la OEA observará las próximas elecciones, aunque todavía no se conozca si habrá elecciones anticipadas o hasta el 2021. La OEA ya dio a conocer un cronograma de estudios para aplicar una reforma al sistema electoral, pero se daría a conocer hasta enero del 2019. Es poco probable que las masas en lucha tengan paciencia para conocer hasta esa fecha, cual seria apenas la propuesta de reforma electoral. Lo que si queda claro es que en adelante el FSLN ya no podrá cometer fraudes electorales. Esto es apenas un subproducto de la masiva rebelión popular que sacude a Nicaragua.

El punto seis de la Declaración se refirió al tema de los derechos humanos. Los cancilleres invitan “a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que informe al Consejo Permanente tan pronto como sea posible sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, y su intención de que el Consejo Permanente siga ocupándose de la evolución de la situación”.

El numero de muertos en Nicaragua, ya supera la cifra de 140, con más de 1200 heridos, centenares de prisioneros y algunos desaparecidos. Es escalofriante. Los cancilleres delegaron al Consejo Permanente de la OEA que monitoree la violación a los derechos humanos en Nicaragua, mientras la Policía y las fuerzas de choque del FSLN siguen realizando la labor sucia de liquidar a los mejores activistas populares.

¿Qué negoció el gobierno Ortega-Murillo con los “golpistas” de Estados Unidos?

El gobierno Ortega-Murillo se auto califica como de “izquierda”. Sus medios de comunicación han publicado sendos artículos, reproducidos por una parte de la izquierda latinoamericana, donde califican las movilizaciones de Nicaragua como parte de un plan de la CIA para dar un “golpe suave”.

Pero tenemos el inusual hecho que el gobierno Ortega-Murillo presentó con Estados Unidos una propuesta conjunta de Declaración sobre Nicaragua, que fue aprobada por consenso por todos los cancilleres. ¿Cómo se explica que el FSLN negocia y llega a acuerdos medulares con quienes promueven el golpe de Estado en su contra? Obviamente, todas son calumnias contra quienes luchan por una real democratización de Nicaragua. El problema de este tipo de propaganda falsa es que por ningún lado los funcionarios de Estados Unidos hablan de derrocar, cambiar o sustituir al gobierno Ortega-Murillo.

En una reunión privada con los cancilleres latinoamericanos en el 48 periodo de sesiones de la OEA, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó, una vez más, la dualidad de la administración Trump en relación al gobierno Ortega-Murillo, al afirmar que “en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, como todos sabemos, está cometiendo y justificando una terrible violencia en contra de su gente en los últimos días, incluyendo ataques a una protesta pacífica durante la celebración del Día de las Madres en ese país que dejó cientos de heridos y asesinados a casi una docena de personas inocentes. (…) Los Estados Unidos y nuestros aliados deben hablar al unísono y decirle al gobierno de Ortega: La violencia debe terminar, y la violencia debe terminar ahora. Los Estados Unidos apela al gobierno de Ortega para que detenga estos ataques a protestantes pacíficos y defienda los derechos básicos de sus ciudadanos, y que Nicaragua regrese hacia una democracia.” (5/06/2018)

Los altos funcionarios de Estados Unidos siempre se refieren a “retorno a la democracia”, “regreso a la democracia”, “democratización”, nunca han alentado el cambio o derrocamiento del gobierno. Le temen profundamente a la inestabilidad y el caos revolucionario.

En una reciente entrevista a Carlos Trujillo, embajador del Estados Unidos ante la OEA, aclaró que en realidad “no es una declaración conjunta con Nicaragua. Cualquier país puede apoyar una declaración. Sabemos que el gobierno de Nicaragua que lo que quiere es tratar de tranquilizar las cosas. Pero para que quede clara la posición de Estados Unidos: Que el pueblo sepa que estamos apoyando al pueblo y a la sociedad civil. Estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones libres, anticipadas; que sean celebradas de manera democráticas y que las instituciones sean reforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. Eso tiene que quedar claro”. (Confidencial, 5/06/2018)

No obstante, la Declaración aprobada por la OEA es muy ambigua, y la entrevista es más categórica. Un típico caso de diplomacia de doble moral. La primera diferencia es que afirma que “sabemos que el gobierno de Nicaragua que lo que quiere es tratar de tranquilizar las cosas”, pero no dice que quiere tranquilizarla con la paz de los cementerios. La segunda diferencia es que en la Declaración de la OEA se refieren a elecciones libres de manera general, pero en la entrevista dice categóricamente que “estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones libres, anticipadas”, lo cual constituye una diferencia sustancial.

Todo parece indicar que la Declaración es la punta del iceberg de los acuerdos secretos Estados Unidos-Nicaragua desbrozan el camino para adelantar las elecciones, satisfaciendo la exigencia de Daniel Ortega de encontrar una “salida constitucional”, que evite el derrocamiento del gobierno por la vía revolucionaria. Desde su control total sobre la Asamblea Nacional, el FSLN pretende torcer cualquier mecanismo democrático, por eso ha retardado al máximo las negociaciones en el Dialogo Nacional

La dinámica insurreccional y la Declaración de la OEA

En realidad, la Declaración de la OEA es inocua, y más bien muestra cuales son las intenciones del gobierno de Estados Unidos, por un lado, y la del gobierno Ortega-Murillo, por el otro. A pesar de los intereses diferentes, ambos coinciden en un solo punto: evitar el derrocamiento del gobierno Ortega-Murillo y el triunfo de una nueva revolución democrática, que sacuda los cimientos de una Centroamérica en crisis. Al no establecer una fecha de elecciones anticipadas, le están dando tiempo el régimen para que limpie y ponga en orden la casa, bajo el compromiso que no tocaran los bienes ni la integridad física de la familia Ortega-Murillo

La dinámica insurreccional ha ido aumentando, a pesar que los luchadores populares están prácticamente desarmados. El apoyo popular a los tranques se ha convertido en un creciente paro nacional, aun contra la voluntad y la masiva propaganda en contra. De continuar esta dinámica, el hipotético anuncio de un posible adelanto de las elecciones, negociado en el Dialogo Nacional, puede ser tardío y tendría solo el objetivo de intentar contener la radicalización de las masas. Pero nada esta escrito, todo dependerá del resultado de la lucha popular.