Por Zacarías Noguera

El país vive momentos cruciales. La lucha entre las fuerzas democráticas y la dictadura lleva dos meses de álgidos enfrentamientos. El saldo de muertos y heridos por las fuerzas criminales del dictador es enorme y cada día que pasa se incrementa envolviéndonos en un baño de sangre que parece no tener fin. Ortega ha sacado las uñas y ha presentado ante los nicaragüense s y el mundo entero su faz perversa y criminal. No le ha temblado el pulso para mandatar a sus huestes a realizar asesinatos a diestra y siniestra con el objetivo de aterrorizar a la población y mantener por ese medio un poder desgastado, ilegítimo y repudiado nacional e internacionalmente.

Por este empecinamiento de Ortega podríamos afirmar que los nicaragüenses estamos a las puertas del infierno. Nuestras aspiraciones democráticas han desatado la furia del dictador y su malévola esposan quienes han armado bandas de paramilitares para crear destrucción y muerte por todo el país. El uso del terror es tan intenso que en algunos barrios de Managua y en algunos municipios del país se pueden apreciar escenas apocalípticas.

A esto hay que sumarle el galopante deterioro económico de la nación. Fuga masiva de capitales, negocios que cierran, con la subsiguiente oleada de desempleo, escasez de productos, carestía de los mismos, dificultad para movilizarnos y transportarnos de un lugar a otro para hacerle frente a nuestras necesidades.

En caso de que esta situación se prolongue se corre el riesgo que el país colapse y con las bandas de criminales sueltos el terror se incremente a niveles inauditos e insoportables generando que los nicaragüenses soportemos en vida los horrores del infierno. Por tanto, la situación exige, demanda, una solución rápida que resuelva de una vez por todas los problemas estructurales que son la fuente de la enorme crisis de gobernabilidad que estamos viviendo.

Existen varias propuestas de solución sobre la mesa, aunque la que sostienen quienes ocupan los espacios públicos, es buscarle la salida a Ortega sin afectar el marco constitucional mediante el adelanto de elecciones. En aras de ello se han conformado mesas de trabajo donde dialogan personeros del gobierno y representantes de la empresa privada, de los estudiantes, de la sociedad civil y de los campesinos, escogidos por el dedazo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien actúa como facilitadora, mediadora y testigo de este intento de que el gobierno y los opositores se pongan de acuerdo para la salida “constitucional y suave” de Ortega del poder.

Por su parte el pueblo se moviliza en las calles, estableciendo tranques, barricadas, poniendo los muertos y gritando unánimemente “que se vaya Ortega y la chayo”. Esta es la demanda popular, la causa por la que miles de ciudadanos armados solamente con el coraje, piedras y morteros han enfrentado a las huestes asesinas del orteguismo. Pero mientras ellos levantan los tranques y los defienden con su vida, los señores obispos de la CEN, los miembros de la Alianza Cívica, el gobierno gringo grita al unísono que la solución y la ruta de la democracia pasa por el adelanto de las elecciones sin afectar el marco constitucional y preservando la estadía de Ortega en el poder hasta que se realicen estas elecciones adelantadas.

En el fondo esta posición lo que sostiene es a largo plazo preservar el orteguismo, como sistema y en el corto plazo que el dictador se mantenga intacto en su silla presidencial y desde su bunker siga emitiendo las órdenes a sus pandillas de criminales para que sigan masacrando, por nueve meses más como mínimo a los luchadores que bravíamente están demandando democracia y justicia en Nicaragua.

Pero el problema de la ruta que nos están recetando para que nos la traguemos como un purgante nuestros representantes en el diálogo, además de ser una traición a esta hermosa gesta por la democracia, es también una estupidez que no representa ninguna solución y por el contrario solamente proveerá más sufrimiento y dolor a las familias nicaragüenses. Nueve meses como mínimo de permanencia de Ortega en el poder significa lo siguiente: incremento de los asesinatos a los luchadores por la democracia, profundización de la crisis económica, con su secuela de desempleo y hambre, caos e inseguridad elevado al máximo convirtiéndonos en rehenes de pandillas de mareros fuertemente armados que asolarán en todo el territorio nacional robando nuestros bienes y masacrando a quien se le oponga.  Esa, sin duda, es la ruta hacia el infierno.

La verdadera ruta hacia la democracia pasa por lo siguiente: a) en primer lugar la salida inmediata y sin condiciones del carnicero: b) la instauración de un gobierno provisional ejercido principalmente por representantes de los luchadores; c) disolución de los poderes del Estado orteguista (asamblea nacional, CSE, CSJ, fiscalía, contraloría, etc.); d) enjuiciamiento por tribunales especiales a los criminales y corruptos; e) Convocatoria a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, que en un lapso no mayor de 3 meses redacte la nueva constitución que contenga los anhelos democráticos del pueblo nicaragüense; f) Con nueva constitución convocatoria a elecciones de autoridades nacionales, regionales y municipales; g) reconstrucción de la nueva Nicaragua. Esta es la ruta de la democracia y el desarrollo.

Esta ruta implica obligar a Ortega a rendirse, es decir, requiere una profundización y ampliación de la lucha actual utilizando todas las formas de lucha posible hasta lograr la  caída del dictador. Pero los nicaragüenses en esta encrucijada no tenemos alternativa, no asumirla solamente nos depara que marchemos rumbo al infierno.