Por Victoriano Sánchez

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido en Washington, conoció finalmente el informe oficial de la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) realizada a mediados de mayo, el cual fue ampliado con las ultimas atrocidades cometidas por el gobierno Ortega-Murillo. Todos los discursos de los cancilleres, salvo Nicaragua, Venezuela y Bolivia, aprobaron el informe y fueron coincidentes en condenar la evidente violación de los derechos humanos en Nicaragua. Un motivo de alegría nacional.

El medio vuelto: elecciones anticipadas

Pero esta condena simbólica al gobierno Ortega-Murillo, --porque no tomaron ni una sola acción vinculante--, no fue desinteresada. Detrás de los discursos va escondido el “medio vuelto”. Detrás de los discursos críticos, se esconde la letal política central del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ahora repiten en coro, con diferentes entonaciones, casi todos los cancilleres de la OEA: que es necesario convocar a elecciones anticipadas en Nicaragua.

Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, quien salió abruptamente de Nicaragua sin brindar declaraciones, en su discurso reiteró la política de Estados Unidos en Nicaragua: “(…) es necesario llevar a cabo reformas democráticas y tener elecciones justas e imparciales (..) queremos que la secretaria general de la OEA apoye la reforma de las instituciones democráticas en Nicaragua, especialmente las instituciones electorales (…) la violencia y la pérdida de vidas en Nicaragua, requiere de reformas democráticas (…) apoyamos el Dialogo impulsado por la Iglesia (…)” (transcripción del discurso)

Estas declaraciones confirman que Estados Unidos no está interesado en derrocar a Daniel Ortega, sino que este ponga fin a la convulsión social para realizar reformas democráticas y convocar a elecciones anticipadas. Esta es la famosa salida constitucional que prolonga la vida del gobierno Ortega-Murillo.

Luis Almagro, el controversial secretario general de la OEA, abrió la partitura, intentando convencer a Daniel Ortega que debe convocar a elecciones anticipadas. Almagro dijo: “(…) se necesita una respuesta política, esencialmente una respuesta política desde el poder.  En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular, es la voluntad popular la que debe prevalecer, hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. Las elecciones deben ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte” (La Prensa, 22/06/2018)

Por una extraña coincidencia, ni el diario La Prensa, tampoco el Nuevo Diario, publicaron el calendario propuesto por Almagro. Las elecciones anticipadas, según Almagro, deberían realizarse “(…) en un plazo mínimo de nueve meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y en un plazo máximo de catorce meses". (Europa Press, 22/06/2018)

¿Daniel Ortega organizaría las elecciones anticipadas?

Todos estos aspectos se discutieron allá en Washington. Los cancilleres de la OEA, bajo la conducción de Estados Unidos, adoptan políticas y toman decisiones sin tomar en consideración el sentimiento general del pueblo de Nicaragua, que exige como primer paso, antes de convocar a elecciones democráticas, terminar inmediatamente con el gobierno asesino.

Esta es la manzana de la discordia. En condiciones normales, una crisis política deber resolverse por la vía democrática, por medio de elecciones, pero en el caso de Nicaragua hay una diferencia sustancial: el sistema electoral y el conjunto de las instituciones del Estado están corruptas hasta la medula.

El plazo de nueve a catorce meses, propuesto por Almagro, coincide con la propuesta de adelanto de las elecciones generales que los obispos, como mediadores del Dialogo Nacional, presentaron en su oportunidad a Daniel Ortega. Esta propuesta, de materializarse, le daría un año más de vida al gobierno Ortega-Murillo, cuando la mayoría del pueblo exige la renuncia inmediata del matrimonio presidencial.

Nadie responde la pregunta si el gobierno Ortega-Murillo sería el encargado de convocar y organizar las elecciones anticipadas. Todos cierran los ojos o vuelven a ver hacia el cielo. Evidentemente, un gobierno con antecedentes de sucesivos fraudes electorales y con las manos manchadas de sangre, no sería idóneo para un asunto tan crucial como convocar y organizar elecciones anticipadas.

El sistema electoral debe ser reformado de manera urgente, pero una verdadera reforma democrática jamás se logrará bajo el gobierno Ortega-Murillo. La principal tarea sigue siendo terminar de manera inmediata con el gobierno asesino.

Los empresarios maniobran desde la Alianza Cívica

En una conferencia de prensa el día 22 de junio, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) se mostró contenta por la resolución de los cancilleres de la OEA en torno al implacable informe de la CIDH, pero en relación a la propuesta de Almagro, en el sentido de convocar a elecciones anticipadas, se limitaron a decir: “(…) Los temas electorales también abordados en esta sesión extraordinaria (del Concejo Permanente de la OEA) están en la agenda de la mesa electoral del Dialogo Nacional y es ahí de donde debe salir el calendario final de las elecciones y otros temas afines (…)”. (transcripción de conferencia de prensa)

No se oponen a la propuesta de elecciones anticipadas, convocadas y organizadas por Daniel Ortega, simplemente se limitaron a decir que es el Dialogo Nacional quien debe resolver sobre las fechas. ¡Nada más!

Poco a poco van acercándose a la coincidencia total con la OEA. La ACDJ es una coalición formada por grupos empresariales (COSEP, AMCHAM y FUNIDES) y grupos estudiantiles más algunas importantes organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento campesino anticanal. A pesar que la lucha democrática la iniciaron los estudiantes, al final los empresarios son quienes llevan la voz cantante y conducen la filigrana de las negociaciones, respaldados por la Iglesia Católica. Los grupos estudiantiles y los movimientos sociales han venido perdiendo su independencia política y la beligerancia, en la medida que aceptaron que se quitara como primer punto de la agenda la renuncia inmediata de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Todavía es tiempo de corregir ese rumbo desastroso.

Por esas ironías de la historia, los empresarios han tomado el control de las negociaciones, aunque no dirijan la lucha de los tranques y las barricadas. Está contradicción, de continuar, puede resultar fatal para la lucha democrática.

Y es que no podemos auto engañarnos. Desde el inicio de la crisis, sin el menor rubor, los capos de los principales grupos empresariales (Pellas, Coen, Ramiro Ortiz, Antonio Baltodano) se pronunciaron por un adelanto de las elecciones, y nunca han dicho o insinuado que el gobierno Ortega-Murillo debe renunciar inmediatamente. Al contrario, trabajan discretamente para que en el Dialogo Nacional se adopte la decisión de convocar a elecciones anticipadas para marzo del 2019, dándole una bocanada de aire al moribundo gobierno Ortega-Murillo. Esto no se nota a simple vista porque Daniel Ortega ha estado resistiendo, matando gente, esperando una negociación global con el gobierno de Estados Unidos, con el aval de la OEA y la ONU y, por supuesto, previo acuerdo con los principales grupos económicos.

Los empresarios se inclinan por el adelanto de las elecciones porque temen profundamente al proceso de revolución democrática en curso. El miedo a los luchadores de los tranques los lleva a aceptar la prolongación de la vida del gobierno Ortega-Murillo por un año más, se niegan a exigir la renuncia inmediata del gobierno asesino.

De esta forma, las piezas de la negociación comienzan a coincidir en un solo punto: elecciones anticipadas bajo el gobierno asesino. Mientras tanto, el gobierno aprovecha para continuar su ofensiva militar para desmantelar los tranques a balazos.

Por un Paro Nacional de 72 horas

El Paro Nacional del 14 de junio fue un éxito total. Debemos escalar la presión social contra el genocidio. Para detener la ofensiva criminal contra los tranques, para obligar a Daniel Ortega a detener a sus huestes criminales, los organismos de la sociedad civil y quienes están luchando en los tranques debemos convocar a un Paro Nacional de 72 horas, única forma de parar la represión y avanzar hacia el objetivo central: la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo.