Por Ricardo Velásquez

Actualmente el sector más golpeado en el país sin duda alguna que es la clase trabajadora, que ha cargado con el impagable costo de las secuelas económicas heredadas del golpe de estado del 2009. A la clase trabajadora se le pasó la factura, y no es casual, en vista que son los trabajadores los que mantienen la economía del país. Por otro lado, han sido los trabajadores los que han hecho tambalear diferentes gobiernos a través de la huelga y la movilización nacional.

En elecciones generales anteriores, este hecho era motivo suficiente para que un gobierno perdiera el poder, tal y como le sucedió reiteradamente al Partido Liberal o al Partido Nacional. Sin embargo, en los momentos actuales en que el Partido Nacional controla toda la institucionalidad del Estado a través de Juan Orlando Hernández, no importa si se apalea permanentemente al sector trabajador, JOH está seguro que de lanzarse nuevamente a la presidencia sería el gran triunfador. Muchos meses antes de las elecciones generales del 2013, JOH manifestó públicamente que no necesitaba del magisterio para triunfar, y así fue. En otras elecciones hubiese sido motivo suficiente para que perdiera, tal y como le sucedió a Porfirio Lobo en las elecciones generales del 2005. Lo cierto es que si JOH controla el Tribunal Superior de Elecciones con la complicidad del Partido Liberal, entonces solo necesita su “voto duro” para triunfar.

JOH sigue insistiendo en su PMOP

El 24 de enero el Congreso Nacional, con una votación de 67 en contra y 61 a favor, denegó ratificar el decreto 283-2013 que le otorgaba el rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público. Ese mismo día, después de realizada la votación, en cadena nacional, JOH junto a todos sus ministros anunció presentarse inmediatamente al Congreso Nacional para introducir una solicitud de Plebiscito. Desde entonces inició una campaña abierta e intensa –con un alto sentido proselitista más bien- para impulsar su proyecto privado.

Según Mauricio Oliva, Presidente del Congreso Nacional, ahora buscan lograr el consenso para aprobar el Plebiscito, el cual debe ser avalado con mayoría calificada (87 votos). De aprobarse, entonces en las elecciones generales del 2017 se instalaría una cuarta urna donde se le preguntaría a los votantes si están de acuerdo o no con el rango constitucional de la PMOP. Refiriéndose a la recolección de firmas iniciadas por JOH manifestó “…tiene toda la libertad de hacer las actividades que considere pertinente, lo importante es que no se debe ver como un elemento más de confrontación sino de lograr puntos de encuentro”. LT (4/2/2015).

El lenguaje denota que tratan de endulzar a la oposición; ahora hablan de consensuar y de no confrontar. Con el comportamiento de 10 diputados liberales que votaron a favor del rango de la PMOP, lo que suceda el 9 de febrero es incierto, ese día debe decidirse si se le da trámite o no a la petición de JOH.

Oposición “impulsó” la existencia y la permanencia de la PMOP

Si bien es cierto que no se le dio el rango constitucional a la PMOP, es enorme el apoyo político que se le impregnó a este aparato militar para que siga existiendo. Ninguno de los partidos políticos manifestó estar en contra su existencia. En conclusión todos aprueban la creación de JOH, en lo que no coinciden es en que el rango constitucional le permita a JOH controlar su aparato militar.

El ex presidente Manuel Zelaya, refiriéndose al plebiscito señaló “Hernández ya entendió la importancia de la participación ciudadana”, “Juan Orlando Hernández ya entendió que es necesario que el soberano se exprese”. LT (30/01/2015).

Mauricio Villeda, presidente del Partido Liberal manifestó que no es necesario el Plebiscito porque el PL presentó un proyecto donde se propone elevar a rango constitucional a la PMOP, pero siempre que sea parte de un comando de las Fuerzas Armadas. LT (5/2/2015).

No al continuismo de JOH, No a la PMOP!

El motivo más evidente de la permanencia de la PMOP, con o sin rango constitucional, con o sin JOH, es reprimir al pueblo cuando éste se levante a reclamar derechos. Los trabajadores y los movimientos populares ya demostraron el ímpetu cuando están en lucha, por eso la burguesía y la oligarquía necesitan tener militarizada la sociedad, para detener inmediatamente cualquier intento de agitación.

La oposición debe eliminar a la PMOP y debe otorgarle nuevamente los derechos perdidos a los trabajadores; de no hacerlo, todo es demagogia.


Por Maximiliano Fuentes

La Rectora Julieta Castellanos ha logrado durante su gestión desarticular a las organizaciones sindicales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto el SITRAUNAH como el ADUNAH. La desarticulación de la oposición se hizo bajo un clima de desmovilización y descrédito de los dirigentes sindicales, producto de la corrupción imperante y de la pérdida de confianza de la base ante la embestida neoliberal y la ineficacia de la burocracia de dar respuestas sólidas a las exigencias de los trabajadores.

Durante el proceso, las autoridades universitarias han logrado consolidar su proyecto de reforma, que entre algunas cosas, ha logrado asestar duros cambios a los instrumentos de Ley que regulan las relaciones obrero-patronales; nos referimos al Estatuto del Docente Universitario y al XIV Contrato Colectivo.

El año anterior se aprobaron reformas al proceso de contratación docente, donde los consejos de selección docente pasaron a ser órganos consultivos, irrespetando las normas anteriores, donde la selección del personal docente se realizaba a través del cuerpo de docentes de las Escuelas y Facultades seleccionados para valorar las competencias profesionales de los aspirantes. Con esta iniciativa se eliminaban los procesos de selección anteriores, que por cierto eran partidistas, sesgados y clientelistas. Los nuevos mecanismos de selección contribuyen a engrosar la concentración del poder por parte de la Rectora y su estructura de poder, dado que al final de cuentas las autoridades deciden sobre las nuevas contrataciones, que por cierto, las mismas se realizan en función de la línea y orientación política de la señora Rectora.

Las autoridades universitarias encabezadas por Julieta Castellanos han articulado un discurso y un clima de gobernabilidad que se fundamenta en la represión laboral y estudiantil. Han implementado un estricto sistema de vigilancia para el control y supervisión del personal docente y administrativo, y en algunos casos sin fundamento constitucional, dado que el control a través de las huellas dactilares carece de fundamentos jurídicos, pues ninguna ley establece que el Estado supervisará a sus empleados a través de dicho mecanismos. Deducciones salariales son las penas establecidas por las autoridades de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Personal.

A nivel de lo laboral las autoridades universitarias han irrespetado de manera continua las cláusulas laborales, tanto las que establecen los aumentos continuos como el pago de bono de vacaciones. En los últimos dos años no ha hecho efectivo el pago del costo de vida, adeudando el año de 2014 y por ahora el mes de enero del presente año. Si bien es cierto realizó el pago del año de 2013 un año después y por partes. Es tanto el retroceso, que durante su gestión tan solo en el año de 2009 se hizo efectivo el pago a la base salarial por desindexación. De la misma manera, hasta el año anterior se le dio trámite a la reclasificación por categoría docente, teniendo por cinco años congeladas las mismas.

Como parte de la embestida, se eliminó la posibilidad de que el personal docente que labora de forma permanente impartiera los cursos extras, que por cierto, era la única vía por la cual los docentes lograban equilibrar sus salarios ante la política de deterioro de los ingresos del gobierno.

Julieta y su gabinete, ante la necesidad de elevar el índice académico, sobre todo para mostrar mejores cifras ante el gobiernos y organismos cooperantes, aprobó modificar los índices de aprobación y permanencia en la UNAH, sin considerar las condiciones socio culturales de los jóvenes universitarios, quienes ingresan a la Universidad con un sinnúmero de dificultades: bajo capital cultural, escolar y familiar producto de el bajo nivel de escolaridad de sus padres y la extrema pobreza en la que se desarrollan, así como los bajos índices obtenidos en su proceso de formación anterior. Esto generó un proceso de movilización estudiantil en Ciudad Universitaria y en la Universidad Valle de Sula, los dos centros de mayor concentración poblacional en el país. Dicho proceso fue fuertemente reprimido por las autoridades universitarias, entre acusaciones directas ante el Ministerio Público y expulsiones de los principales dirigentes.

Frente este clima de hostilidad y represión, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los diferentes sectores que conforman el Sindicato, trabajadores administrativos, docentes y estudiantes universitarios a crear un frente amplio de lucha para detener las represiones selectivas, exigir que se restablezcan los derechos de los estudiantes expulsados, exigir que se cumplan de forma efectiva la cláusulas de aumento salarial establecidas en el Estatuto de Docente y Contrato Colectivo. Solo la unidad permitirá restablecer las conquistas y derechos eliminados por las autoridades universitarias.


Por Abril Yánez

Diligentemente y sin escándalos mediáticos ha sido llevado a conclusión el caso contra la defensora de derechos de la mujer Gladys Lanza, coordinadora de la organización feminista Visitación Padilla, quien este martes 13 de enero, recibió sentencia condenatoria por el Poder Judicial.

De las organizaciones feministas en Honduras, Visitación Padilla es la más notoria por sus actividades en defensa de las mujeres, que han trascendido en los medios de comunicación, y es por esta razón que en los últimos años han resistido una serie de ataques directos contra sus dirigentes.

Hechos y antecedentes

El caso contra la compañera Lanza data de hace cuatro años cuando en “Visitación Padilla” se recibió la denuncia de Lesbia Pacheco, jefa de Recursos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI), quien denunció que fue despedida después de largos meses de acoso sexual por parte del director de la FUNDEVI, en ese entonces, Juan Carlos Reyes. Las Chonas (como se les llama popularmente a las integrantes del movimiento Visitación “Chon” Padilla) tomaron el caso. Hicieron incidencia pública con plantones, comunicados y lograron ganar el mismo en primera instancia, cuando el Juzgado de Trabajo ordenó el reintegro de la afectada. Pero los cabildeos y tráfico de influencias lograron revertir el caso en la Corte de Apelaciones, después de lo cual Reyes demandó a Gladys Lanza por el delito de difamación.

En octubre del 2009, el programa radial “Aquí entre Chonas”, fue cerrado por decreto del dictador Roberto Micheletti, solamente por denunciar acciones represivas contra la población, en particular contra las mujeres. En noviembre de ese mismo año, fue detenida Merly Eguigure, Coordinadora de Las Chonas, por una patrulla policial registrando el vehículo en que viajaba (propiedad de la organización) el cual fue incautado y la compañera fue dejada en prisión por varias horas; esto fue en represalia por las acciones realizadas por Visitación Padilla contra la violencia hacia las mujeres, en el marco del Día de la No Violencia contra las mujeres que se conmemora el 25 de noviembre de cada año.

A partir de entonces la sede del Visitación Padilla se encuentra asediada por hombres vigilando y agentes policiales “protegiendo” sus instalaciones con fusiles al hombro. Señal ineludible de intimidación, lo que provoca que muchas mujeres víctimas de violencia se sientan temerosas y eviten buscar ayuda en dicha organización. (laschonas.com 13/enero/2015)

Decisiones del Estado

La justicia hondureña camina a pasos de cangrejo: retrocediendo, en lugar de adelantar a favor de las mujeres, que sin importar su nivel educativo o económico, se encuentran indefensas, más aun con las decisiones tomadas por los últimos gobiernos que entretejen las redes para disminuir los derechos constitucionales antes adquiridos.

Entre las violaciones a los derechos humanos durante el Golpe de Estado, se aprobaron varias leyes que confrontan los tratados y convenios internacionales y dejan en total desprotección a las mujeres: la prohibición de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), la criminalización de la defensa de los derechos humanos desde las mujeres al ser aprobada la reforma a la Ley en la cual se señala que los asuntos de violencia doméstica interpuestos ante las autoridades administrativas y judiciales serán estrictamente confidenciales, la transgresión a esta disposición será sancionada con una multa de 10 a 25 salarios mínimos.

Sentencia aberrante

En la Nueva Inglaterra de principios del Siglo XVII condenaron a una mujer acusada de adulterio a llevar en su pecho la letra “A” de adúltera que la marque de por vida mientras su amante cobardemente escondió la verdad y se mantuvo viviendo en la comunidad como un respetable hombre de Dios. La “Letra Escarlata”, novela de N. Hawthorne, relata una historia repetida tantas veces en nuestro país; miles de mujeres condenadas a soportar silenciosamente el trato violento de hombres y de otras mujeres, el acoso de jefes o el sacrificio de una vida sesgada al deber de la maternidad no deseada o una vida desligada completamente de sus propias metas individuales y sentenciadas a llevar en su pecho la marca de la “M” (Mujer, Maltrato, Miedo, Miseria, Melancolía, Muerte).

Es tiempo de que se termine con la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus manifestaciones. Debemos exigir el respeto a los convenios internacionales y al cumplimiento íntegro de nuestras leyes sin juicios sesgados a favor de quienes practican la corrupción en cualquiera de sus formas.


Por Sebastián Ernesto González

El día sábado 24 de enero a las 12 de la noche finalizó el primer año de legislatura del Congreso Nacional; por lo tanto se cumplía el plazo para que los diputados ratificaran el Decreto que dio origen a la Policía Militar del Orden Público. Esta ratificación le otorgaba el rango constitucional, el que implicaba concederle poder absoluto a Juan Orlando Hernández para darle órdenes directas a la PMOP. La campaña lanzada desde el Ejecutivo fue intensa, amenazante, calumniosa y agresiva, a tal grado que la opinión pública se volvió a dividir entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. La propuesta de JOH tuvo 67 votos en contra y 61 a favor.

Se fracciona sector golpista

Darle el rango constitucional a la PMOP es parte del proyecto continuista de JOH y para detenerlo, las bancadas de los partidos de oposición: Libre, Liberal, Pac y Pinu se hicieron un nudo dentro del Congreso Nacional. La alianza ha sido coyuntural, pero es la primera que se da desde el Golpe de Estado del 2009, han sido 5 años y 7 meses en los que el Partido Nacional ha gobernado a placer junto al Partido Liberal. El temor latente a que JOH se perpetuara en el poder al tener una Policía Militar a su disposición, fue el motivo para que Mauricio Villeda y Manuel Zelaya se volvieran a sentar juntos en una mesa de discusión, en la cual han coincidido. Pero la fricción inter burguesa que ha quedado desnudada va más allá del simple temor a JOH; también tiene que ver con los sectores económicos desplazados de los múltiples negocios con el Estado, que mueven miles de millones de lempiras, siendo el sector de la Banca el que más se ha visto beneficiado en sus negocios con los sucesivos gobiernos desde el golpe.

Romeo Vásquez, Jefe de Las Fuerzas Armadas y perpetuador del Golpe de Estado en el 2009, también se ha puesto de frente ante JOH y llegó más lejos al plantear la movilización del pueblo, propuesta que ni siquiera Libre tomó en cuenta.

El régimen a pesar del golpe se fortalece

Si bien es cierto, la derrota de JOH en esta pelea ha causado muchas sonrisas desde el golpe de estado, también es cierto que el régimen se fortalece. Esta lucha la oposición pudo haberla utilizado para la movilización del pueblo, pero no lo hizo, y se perdió la oportunidad de rechazar y condenar el bonapartismo de JOH. Más bien se fortaleció al CN dándole la imagen de democrático, al haber permitido que las diferentes bancadas y diputados expresaran sus puntos de vista, ante una inminente derrota.

También se consolida el eje de campaña de JOH cuando curiosamente, ahora todos los 128 diputados han manifestado que apoyan a la PMOP, aun el Partido Libre que en la campaña general del 2013 planteaba que los militares debían estar en los cuarteles; todos coinciden en que la PM ha hecho bien su trabajo y que la seguirán apoyando, solo que no coinciden con JOH en darle el rango constitucional que le otorga poderes al ejecutivo para dirigirle.

Ahora el gobierno se ufana de ser democrático, respetuoso y transparente y JOH no renuncia a su anhelado proyecto. Inmediatamente después de la votación se ha presentado al CN para entregar un proyecto de Ley en el que plantea realizar un plebiscito en las siguientes elecciones generales; se instalará una cuarta urna preguntándole a los votantes si se le da o no el rango constitucional a la PMOP. La propuesta pasa a una comisión de dictamen y requiere, en caso de que proceda, la cantidad de 86 diputados que la favorezcan.

¡Oposición y movilización! ¡No a los órganos represores del Estado!

La delincuencia ha proliferado por todos lados, pero los altos índices de asesinatos y delincuenciales fueron incentivados desde el Estado mismo. Durante el Golpe de Estado, la delincuencia creció vertiginosamente ante la impunidad que otorgaron los operadores de justicia, el crimen organizado se impulsó desde las mismas instituciones gubernamentales, los brazos del narcotráfico se extendieron en todas las oficinas públicas que otorgaran favores. De esta forma las Fuerza Armadas y la Policía Nacional se encontraron envueltos en diferentes casos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Por lo tanto, la clase trabajadora debe oponerse a cualquier institución represora del Estado, solo la organización de los pobladores podrá hacerles salir avante ante la delincuencia. La oposición dentro del CN es frágil y coyuntural, no obedece al verdadero anhelo de equidad social y justicia del pueblo, la verdadera oposición debe llevarse a las calles.


Por Justo Severo Izquierdo

El proyecto de una nueva Ley Marco del Sistema de Seguridad y Protección Social que promueve el Poder Ejecutivo, es una iniciativa de Juan Orlando Hernández para entregar a un sector de la empresa privada el manejo del IHSS y de los institutos de previsión (la Banca). Con esta medida, la clase trabajadora será la más afectada, ya que la ley plantea elevar las cuotas de afiliación casi en un 100 por ciento para el trabajador y el empleador.            

¿Qué se esconde detrás de esta nueva ley?

La iniciativa de ley pretende universalizar la seguridad social, y esto permitirá abrirle las puertas a muchos sectores que no han sido incluidos en el régimen de previsión. Existen algunas observaciones por parte de expertos, quienes analizan el impacto final que podría causar esta reforma. Por ejemplo, la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, aduce que el financiamiento es la parte más compleja de este proyecto, ya que sería necesario conocer de dónde provendrá, teniendo en consideración que existe un deterioro en las finanzas públicas. Castillo señala que el Estado tendría que endeudarse más y eso “…nos hará incurrir en más gastos por concepto de servicio”… “Por su parte, el sector privado ha manifestado su anuencia en apoyar y financiar este proyecto, lo cual no implica costo para ellos, ya que al hacerlo, este sector lo transfiere de inmediato a los precios, generando un impacto inflacionario” (La Tribuna 23/1/2015).

Para la vice rectora Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Rutilia Calderón, “la sostenibilidad financiera y técnica, el fortalecimiento de la red de servicios públicos y las nuevas atribuciones que desempeñará el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), están sin establecer en el proyecto de la nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social”. La académica advirtió además que de no hacer las correcciones aumentará el colapso de la actual red sanitaria y la cantidad de hondureños sin acceso a la atención de salud (El Tiempo 9/1/2015).

Para los trabajadores es un nuevo trancazo a sus miserables salarios, ya que eleva la cotización mensual de 245 a 504 lempiras. Sin embargo, también aumenta la aportación del patrono por cada trabajador, lo que significa que la empresa privada trasladaría ese costo a los consumidores.

Descalabro del IHSS

En los últimos años, el Seguro Social ha sido saqueado por los gobiernos de turno, quienes lo han dejado en “coma”, al igual que la ENEE, HONDUTEL y otras instituciones emblemáticas del Estado. El gran escándalo de corrupción sin precedente alguno, que destapó la olla, y que mantiene indignado a todo el pueblo hondureño, fue el saqueo de más de 7000 millones de lempiras por parte de la administración de Mario Zelaya, quien fungió como funcionario a cargo del Seguro Social en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Zelaya guarda prisión junto con otras personas de menor rango, quienes fueron cómplices en el enorme descalabro financiero; hasta el momento no se ha investigado ni ha dado seguimiento a las personas que estaban por encima de Zelaya, quienes planificaron, perfeccionaron y ordenaron el robo de las contribuciones de todos los trabajadores, sin importarles lo que esto provocaría para los afiliados. Entre las consecuencias están: la falta de insumos, falta de medicamentos, la falta de pago de incapacidades y pensiones de todos los contribuyentes. La crisis que generó este robo llegó a tal extremo que los afiliados tienen que comprar gasa, jeringa, acetaminofén y hasta pagar los servicios de ambulancia.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera un embuste más la Ley Marco del Sistema de Seguridad y Protección Social. Esta ley no aclara cómo el gobierno garantizará los recursos para cubrir la cuota de las personas en extrema pobreza y las de la economía informal, qué pasará con el sistema de salud pública, al tomar en cuenta que la nueva ley señala que el IHSS tendrá un gestor, ya sea público o privado, para que éste contrate una red hospitalaria que preste los servicios a los afiliados. Ante todo esto llamamos a la defensa del IHSS a todos los trabajadores y al mismo tiempo le exigimos a Juan Orlando Hernández que el Estado debe garantizar el derecho a la salud al resto de la población, por lo tanto, ¡menos policías y militares y más salud y educación!

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