Por Justo Severo Izquierdo
El proyecto de una nueva Ley Marco del Sistema de Seguridad y Protección Social que promueve el Poder Ejecutivo, es una iniciativa de Juan Orlando Hernández para entregar a un sector de la empresa privada el manejo del IHSS y de los institutos de previsión (la Banca). Con esta medida, la clase trabajadora será la más afectada, ya que la ley plantea elevar las cuotas de afiliación casi en un 100 por ciento para el trabajador y el empleador.
¿Qué se esconde detrás de esta nueva ley?
La iniciativa de ley pretende universalizar la seguridad social, y esto permitirá abrirle las puertas a muchos sectores que no han sido incluidos en el régimen de previsión. Existen algunas observaciones por parte de expertos, quienes analizan el impacto final que podría causar esta reforma. Por ejemplo, la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, aduce que el financiamiento es la parte más compleja de este proyecto, ya que sería necesario conocer de dónde provendrá, teniendo en consideración que existe un deterioro en las finanzas públicas. Castillo señala que el Estado tendría que endeudarse más y eso “…nos hará incurrir en más gastos por concepto de servicio”… “Por su parte, el sector privado ha manifestado su anuencia en apoyar y financiar este proyecto, lo cual no implica costo para ellos, ya que al hacerlo, este sector lo transfiere de inmediato a los precios, generando un impacto inflacionario” (La Tribuna 23/1/2015).
Para la vice rectora Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Rutilia Calderón, “la sostenibilidad financiera y técnica, el fortalecimiento de la red de servicios públicos y las nuevas atribuciones que desempeñará el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), están sin establecer en el proyecto de la nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social”. La académica advirtió además que de no hacer las correcciones aumentará el colapso de la actual red sanitaria y la cantidad de hondureños sin acceso a la atención de salud (El Tiempo 9/1/2015).
Para los trabajadores es un nuevo trancazo a sus miserables salarios, ya que eleva la cotización mensual de 245 a 504 lempiras. Sin embargo, también aumenta la aportación del patrono por cada trabajador, lo que significa que la empresa privada trasladaría ese costo a los consumidores.
Descalabro del IHSS
En los últimos años, el Seguro Social ha sido saqueado por los gobiernos de turno, quienes lo han dejado en “coma”, al igual que la ENEE, HONDUTEL y otras instituciones emblemáticas del Estado. El gran escándalo de corrupción sin precedente alguno, que destapó la olla, y que mantiene indignado a todo el pueblo hondureño, fue el saqueo de más de 7000 millones de lempiras por parte de la administración de Mario Zelaya, quien fungió como funcionario a cargo del Seguro Social en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Zelaya guarda prisión junto con otras personas de menor rango, quienes fueron cómplices en el enorme descalabro financiero; hasta el momento no se ha investigado ni ha dado seguimiento a las personas que estaban por encima de Zelaya, quienes planificaron, perfeccionaron y ordenaron el robo de las contribuciones de todos los trabajadores, sin importarles lo que esto provocaría para los afiliados. Entre las consecuencias están: la falta de insumos, falta de medicamentos, la falta de pago de incapacidades y pensiones de todos los contribuyentes. La crisis que generó este robo llegó a tal extremo que los afiliados tienen que comprar gasa, jeringa, acetaminofén y hasta pagar los servicios de ambulancia.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera un embuste más la Ley Marco del Sistema de Seguridad y Protección Social. Esta ley no aclara cómo el gobierno garantizará los recursos para cubrir la cuota de las personas en extrema pobreza y las de la economía informal, qué pasará con el sistema de salud pública, al tomar en cuenta que la nueva ley señala que el IHSS tendrá un gestor, ya sea público o privado, para que éste contrate una red hospitalaria que preste los servicios a los afiliados. Ante todo esto llamamos a la defensa del IHSS a todos los trabajadores y al mismo tiempo le exigimos a Juan Orlando Hernández que el Estado debe garantizar el derecho a la salud al resto de la población, por lo tanto, ¡menos policías y militares y más salud y educación!