Por Julián Bonilla

El gobernante nacionalista Juan Orlando Hernández logró introducir las reformas al código penal bajo el argumento de fortalecer la seguridad de los jueces y administradores de justicia, sector que ha sido blanco directo de distintas bandas de sicarios.

Sin embargo, la argumentación logra esconder muy bien la verdadera intención del gobierno, que está preparando las condiciones necesarias para reformar la constitución y asegurar la tan pretendida reelección.

No deja de llamar poderosamente la atención la rapidez con la cual los congresistas aprobaran el proyecto promovido por Juan Orlando Hernández durante la semana. Solo los quince diputados de Libre se abstuvieron del debate, lo cual permite entender las distintas contradicciones interburguesas con el sector que concentra el poder.

El bonapartismo de Juan Orlando

La organización burocrática del Estado se ha diseñado a partir de las distintas pretensiones del gobernante en turno, quien ha diseñado una política de asistencialismo con los sectores más marginales de la sociedad hondureña, para mantener a través del clientelismo su base social, y desde luego ganar nuevos adeptos.

Las reformas institucionales en el actual gobierno han sido aprobadas sin la más mínima oposición, dado que Juan Orlando controla el aparato estatal desde su gestión como Presidente del Congreso Nacional, situación que le permitió acentuarse en el poder y consolidar sus pretensiones de reelección.

La laceración de la institucionalidad democrática a partir del control y el bonapartismo de Juan Orlando no dejan de preocuparnos como socialistas revolucionarios y amplios defensores de la democracia. Estamos frente a un proceso promovido desde el propio régimen que permitirá al sector de la burguesía hondureña, ampliamente favorecida con las políticas de ajuste fiscal y el endeudamiento público, mantenerse en el poder bajo la figura del gobernante de turno.

El fortalecimiento de los organismos represores y las reformas penales permitirán contener a los distintos sectores que se opongan a las reformas introducidas desde el propio régimen. Las reformas introducidas protegen la figura del presidente, dado que el artículo 322 indica que “quien diere muerte al presidente de un poder del Estado y a los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o personas que por invitación participen de manera permanente en las sesiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, será sancionado con cuarenta años de reclusión a privación de por vida de la libertad”. En el artículo 323 quedó consignado que, además de los 40 años de prisión, la pena quedará incrementada en un cuarto a las personas que cometan los delitos en perjuicio del presidente del Poder Ejecutivo. Este apartado incluye el magnicidio, la conspiración y la extorsión. En lo que se refiere al artículo 324, dice que la conspiración para cometer alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores se sancionará con la pena de reclusión asignada al delito consumado disminuida en un cuarto; y la proposición, con la misma pena del delito consumado, disminuida en un tercio. Cuando la pena máxima señalada sea la de privación de libertad de por vida se entenderá que las disminuciones se deberán aplicar sobre cincuenta años.

El ataque de los carteles desde la institucionalidad del Estado

Este proceso de reformas ha ido acompañado de la más efectiva cacería de las principales cabecillas del narco hondureño. Existe toda una política por parte del Estado y sus instituciones para desvanecer el crimen organizado que trafica con cocaína y otras drogas, sobre todo, los sectores instituidos dentro del territorio nacional. Sin embargo, la verdadera intención es desarticular a los sectores que durante décadas manejaron el tránsito de drogas hacia México y los Estados Unidos para acentuar a los sectores vinculados con el propio Estado, y de esa manea lograr el control absoluto de los negocios ilícitos. En otras palabras, el gobierno de Juan Orlando promueve el combate contra el crimen organizado, pero lo hace con una intención de por medio; a nuestro parecer la verdadera intención es colocar a los sectores que él representa, desarticulando a través de fuertes operativos a la competencia.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, hacemos un llamado a la clase obrera, campesinos y sectores populares a organizarse para emprender un proceso de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, populares, patronales y de resistencia para hacerle frente a la embestida económica, política y jurídica del gobierno Juan Orlando Hernández. Solo la más amplia unidad hará retroceder los planes de ajuste de miseria y continuidad del actual Presidente de Honduras.

Por Sebastián Ernesto González

El día lunes 20 de octubre fue asesinado el conductor de bus Javier Antonio Ortega. Este crimen impulsó a dirigentes y compañeros del transporte urbano de Tegucigalpa a realizar una asamblea el martes, en la cual decidieron paralizarse el día miércoles desde las 6:00 de la mañana hasta horas de la tarde.

La movilización se dio en un momento en que ningún sector se encuentra en lucha, pero el constante asesinato de trabajadores del sector del transporte ha orillado a que se movilicen y exijan al gobierno de Juan Orlando mayores medidas de seguridad.

Según el informe del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), en los primeros seis meses del presente año se registraron 34 hechos violentos en autobuses que dejaron el saldo de 58 víctimas (elheraldo.hn 22/10/2014).

Los dueños del transporte reciben las ganancias y los trabajadores ponen los muertos

Grandes empresarios, políticos y funcionarios públicos son los dueños, en su gran mayoría, de las unidades de transporte; son pocos los ciudadanos que con mucho esfuerzo a través de préstamos adquieren una unidad para trabajar en el rubro.

El sector transporte ha sido un rubro de enormes ganancias para los grandes dueños de transporte De acuerdo a cifras oficiales, el Estado de Honduras eroga unos 400 millones de lempiras anuales en subsidios al transporte público (elheraldo.hn (26/08/2014).

Pero la mayor parte de ese dinero se lo queda los dueños de las unidades, mientras los conductores y ayudantes se las ingenian llevando excesivas cantidades de pasajeros en las unidades. Los pasajeros y pasajeras son los que terminan sufriendo la corrupta política del Estado en los entregados “subsidios”, donde al igual que sucedió con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, estos dineros son desviados a las cuentas particulares de personajes ligados a partidos políticos.

En julio del 2012 se dio una controversia entre el director de Soptravi y la IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), en la cual el director de Soptravi se negaba a darle la información a la IAIP, y le solicitó a esta institución “que la información respecto a los subsidios que otorga el Gobierno a los transportistas se manejara en reserva” (Radioamerica.hn.11/12/2012).

El titular de la Dirección General de Transporte (DGT), Geovanny Dubón, manifestó que el trasfondo del paro del transporte es el subsidio porque el gobierno le debe a los empresarios cinco meses y éstos quieren que se les pague todo lo que piden (elheraldo.hn.22/10/2014).

El Estado debe garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores

Un acto delincuencial que azota a la ciudadanía es la extorsión. Se culpa a mareros y pandilleros del cobro del “impuesto de guerra”, sin embargo, este acto delictivo no hubiera alcanzado tales dimensiones de no haber sido impulsado desde las mismas instituciones del Estado ligadas a la seguridad. Son muy conocidos los casos en que policías se ven involucrados con actos delincuenciales, ligados o no con mareros y pandilleros. A tal grado que hace algunos meses el Ministro de Seguridad manifestó que era mejor que la posta ubicada en el Barrio la Granja -policías ligados a esta posta fueron los que asesinaron al hijo de la rectora de la Unah hace algunos años-, tenía que ser desmantelada.

Entonces, el alto índice de violencia que abate al país refleja el fracaso en política de seguridad del gobierno de JOH y sus antecesores. Los principales actores del aumento de la violencia han sido las mismas Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El subsidio debe ser pagado directamente a los trabajadores y pasajeros

La medida adoptada por los transportistas golpeó a algunos rubros de la economía nacional y causó malestar en la población que utiliza el transporte público. Sin embargo, cualquier medida que exija parar la inseguridad en el país es correcta; pero se obtendrán mayores resultados si ésta es impulsada por trabajadores del transporte y pasajeros(as). Parte de las exigencias también debe ser que el subsidio no se les entregue a los grandes empresarios, sino que sea otorgado directamente a los usuarios y a los trabajadores. El Estado está obligado a garantizar la seguridad en las unidades de transporte, sin embargo, tanto usuarios como trabajadores deben asumir la protección ante los delincuentes.

Las organizaciones sindicales y sociales deben sumarse a condenar el alto grado de inseguridad que fue profundizado desde el mismo Estado.

Desde hace unos meses las autoridades universitarias, representados por Julieta Castellanos, Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), han encabezado una lucha por imponer nuevas normas académicas a los estudiantes.

Estas fueron concebidas desde arriba hacia abajo y no son producto de una discusión amplia de todos los sectores involucrados en la vida académica de la UNAH. Todo lo contrario, la Rectoría se ha impuesto nuevamente, avasallando a cuanto sector enemigo e independiente ha encontrado a lo largo de su gestión. No en vano, algunos sectores estudiantiles encabezados por el Movimiento Amplio Universitario (MAU) han dado una lucha en contra de la aprobación de las nuevas Normas Académicas que plantean, entre otras cosas, el aumento de un 60% al 70% del promedio mínimo para aprobar una materia.

De igual manera, el incremento a un 60% de promedio, como requisito mínimo para permanecer en la universidad. Las autoridades universitarias, han querido vender la idea sesgada, que estas reformas pretenden mejorar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, pero la realidad es muy distinta, ya que solo ampliarán el radio de exclusión. En un país en donde la misma rectora de la UNAH, en una discusión burda con el Ministro de Educación, reconoce las enormes LIMITACIONES del sistema educativo del país.

Ahora pretende -de la noche a la mañana- imponer nuevas normas académicas sin el más mínimo sustento económico y social. Es más, son parte de un plan de acción que busca mercantilizar la Educación Superior, vendiendo la misma, no como un derecho, sino como un servicio. Por otra parte, busca la reducción del personal docente y mermar los derechos laborales de estos y de todos los empleados de la UNAH.

Pero los estudiantes no se han quedado de brazos cruzados, en la UNAH-Valle de Sula (UNAH-VS) y en Tegucigalpa, Honduras, se han producido movilizaciones que han puesto, y ponen en jaque al despotismo de la Rectora y la burocracia administrativa de la UNAH. Ya los resultados han sido palpables, la amenaza de detenciones están a la orden del día, sobre todo para compañeros de la UNAH-VS que en este momento han sido denunciados ante el Ministerio Público, por la una Rectoría tan empoderada que se niega a cualquier tipo de diálogo con los estudiantes, que al fin y al cabo, son la razón de ser de la existencia de dicha institución.

Para derrotar a la Rectoría es necesario mantener la unidad de acción de todos los sectores estudiantiles, tanto de estudiantes independientes, frentes, asociaciones estudiantiles, y militantes de organizaciones de izquierda.

Es imperativo no mantener una lucha aislada del resto de los actores políticos en la UNAH. Llamamos a los compañeros trabajadores y docentes a solidarizarse y participar activamente en solidaridad con los estudiantes amenazados y en contra de las reformas académicas. Las asambleas estudiantiles son armas importantes que ya están tomando los estudiantes, y que llamamos a que continúen realizando esta experiencia. Por último, y no menos importante, llamamos a toda la sociedad y sus organismos, tanto nacionales como internacionales a que se solidaricen con la justa lucha de los estudiantes universitarios, hoy más que nunca hay que defender la Autonomía Universitaria y condenar la criminalización de la protesta estudiantil.

Centroamérica, 23 de octubre de 2014.

JUVENTUD SOCIALISTA CENTROAMERICANA (JUSOCA)

Por Aquiles Izaguirre.

Una gran polémica ha generado el atraco al IHSS por parte de Mario Zelaya y cia. El boom publicitario que se generó, ha creado las condiciones para el peor saqueo en la historia del pueblo hondureño, y es la apertura del IHSS al sector privado. Sin duda, Mario Zelaya cumplió a cabalidad su objetivo, no solo arrasando con medicamentos, dinero, aparatos médicos, sino que dejando la opinión pública dispuesta para un nuevo saqueo legal, en donde la empresa privada hará un nuevo gran negocio con la salud del pueblo.

Seguridad Social como conquista

La seguridad social es una conquista indiscutible de las luchas de los y las trabajadoras. El primer país en donde se logra el derecho a la seguridad social es en la Alemania del canciller de hierro, fue Otto von Bismarck, quien jurídicamente crea la seguridad social. Este derecho no nace de la noche a la mañana y no es casual que se consiga en Alemania, sino todo lo contrario, este era el país en donde los trabajadores realizaron más luchas en reivindicación de sus derechos; el canciller de hierro sería categórico al decir que era mucho más barato costear la seguridad social que pagar las costas de una revolución social.

En el caso particular de Honduras el proceso fue similar, es producto de la gran lucha heroica de los trabajadores y la huelga del 1954. Este proceso de lucha impulsó reformas importantes dentro de las estructuras sociales del país, incluyendo la creación del IHSS. El seguro social en Honduras no fue el producto de la buena voluntad de la burguesía, sino del temor de la misma a que los trabajadores arrebatasen estas conquistas a través de una revolución.

Reformas reaccionarias

Entre las reformas que aseguraron la creación del Seguro Social en Honduras y las que impulsa el actual gobierno hay enormes diferencias; éstas no son el producto de la movilización o el temor a grandes revoluciones. Todo lo contrario, son producto de una derrota histórica de los y las trabajadoras, es decir, la derrota en las calles de la resistencia contra el golpe de Estado. Esta característica es fundamental para entender la dinámica interna de esta nueva ley de seguridad social, que es la apertura del régimen de seguridad social a la empresa privada.

A la población le han querido vender la idea de que las reformas solucionaran los problemas actuales de la seguridad social, pero es parte de la más grande embestida neoliberal que ha sufrido Honduras, en donde se saquearon las empresas del Estado para justificar el peor asalto que ha sufrido el Estado en su historia. La nueva ley plantea que los actores del nuevo modelo serán: “Entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias o solidarias, que sean autorizadas por la Secretaría de Salud y certificadas por el Instituto Hondureño del Seguro Social” (página oficial del gobierno, citado al 11 de octubre del 2014, http://www.presidencia.gob.hn/?p=2897).

Es obvio que la burguesía está encantada con este nuevo modelo, así podemos ver que el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra apuntaba: “de antemano nos comprometemos a participar en esta socialización, como Cámara de Comercio es un tema que nos importa muchísimo” (…) “Son muchas las inquietudes que tenemos, pero sí estamos de acuerdo en que se hagan las reformas y que sean compartidas con todos los sectores involucrados; que nos permitan participar para poder dar nuestras opiniones” (La Tribuna 11/10/14). La privatización de la seguridad social no será directa, más bien está planteada para crear un sistema mixto en donde el capital pueda maniobrar de forma tal, que quede en mejor condición que una empresa estatal sin fondos y muy desprestigiada producto del robo que realizaron los mismo actores que hoy la privatizan.

No a la privatización de la seguridad social

Por mucho que la opinión publica nos quiera vender la idea de que estas reformas son buenas, no nos dejemos engañar, la seguridad social es un derecho que no se puede vender ni comercializar. Por ende, exigimos que se enjuicie a los culpables del saqueo al IHSS, pero que también se investigue a los actores políticos que se beneficiaron; se dice que estos fondos sirvieron para financiar las campañas electorales del Partido Nacional.

Pero no basta con enjuiciar a los actores, sino que debemos luchar para rescatar el Seguro Social, basta ya de que sean los pobres quienes paguen los platos rotos; llamamos a las centrales sindicales a que se movilicen y se pronuncien en defensa de la Seguridad Social, pública y accesible para toda la población trabajadora y pobre del país.