Por Abril Yánez

Honduras ha sido considerada como uno de los países más corruptos del mundo. Las evidencias no dejan de salir a luz pública –aunque muchos detalles sean cubiertos por intereses mayores. A menudo aparecen nuevos datos que elevan a la cúspide del despilfarro de los caudales públicos la imaginación de quien solo tiene para el diario vivir: la malversación de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); la captura de Mario Zelaya, Javier Pastor y Carlos Montes, acusados por lavado de activos y cohecho pasivo impropio; la participación de algunas féminas que corruptamente gozaron de los fondos económicos, fondos que son tan necesarios para los derecho habientes del Seguro social que regresaban a sus casas sin medicinas buscando préstamos para comprarlas. Todo ello convirtió la noticia en una novela de lectura obligatoria o, como se denomina actualmente, un reality show.

En números anteriores de este periódico hemos denunciado el abandono en que se encuentran los Centros de Salud a nivel nacional en lo que respecta a estructura, insalubridad, falta de medicamentos, etc.; las casi nulas políticas de atención preventiva hacen que la medicina en Honduras sea enfocada básicamente al tratamiento hospitalario. Lo irónico del caso, es que llegando a esta instancia, el resultado de una visita al hospital es incierto y deprimente.

Esto se evidencia en lo ocurrido el 20 de febrero cuando un cilindro de gas LPG de 25 libras estalló en un puesto del mercado El Mayoreo a inmediaciones del Estadio Nacional.

Fueron 60 las personas afectadas por el fuego, cantidad suficiente para comprobar que nuestro sistema de salud es ineficiente: el principal centro hospitalario del país no cuenta con suficientes camillas ni personal especializado –solo se presentaron 5 cirujanos para la atención de los pacientes- y la organización de las personas que se aglomeraban en sus instalaciones obstaculizaba el trabajo; se terminaron los analgésicos y los insumos necesarios para atender este tipo de emergencias fueron insuficientes “debido a que el centro hospitalario solo fue abastecido en un 20 por ciento” declaró Elsa Palou, coordinadora de la Junta Directiva del Hospital Escuela Universitario. (http://www.elheraldo.hn/pais)

Hasta ahora 7 personas han fallecido, 4 aún se encuentran en estado crítico, 17 se mantienen en la sala de quemados, 4 niños fueron trasladados a hospitales especializados de EE.UU. Mientras, en el Congreso Nacional solo se mociona por llamar a la doctora Palou para que explique por qué han fallecido los siete compatriotas, pues algunos de ellos entraron caminando a ese centro asistencial.

La gran pregunta es: ¿Qué hará el gobierno de Juan Orlando Hernández para mejorar el sistema de salud del país? Pues tanto hospitales como centros de salud se encuentran desabastecidos de medicinas y el equipo necesario para atender las emergencias de la población que no dispone de los medios económicos para buscar atención privada o internacional. Aún hay zonas rurales en las que la población es atendida en la casa de alguna persona –generalmente la partera de la comunidad- que aprendió a poner inyecciones y recibió capacitación de la enfermera del pueblo.

Debemos mantener la alerta general en casos como el despilfarro del IHSS, exigir que delitos como ese y otros que aún se desconocen o de los que las autoridades se hacen de la vista gorda (siguiendo el ejemplo de Pepe Lobo cuando declaró que él sabía del caso IHSS y aun así no hizo nada) no queden impunes o sean “juzgados” mediante argucias legales que disminuyan la gravedad del delito.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) demanda al brazo revolucionario del Frente Nacional de Resistencia Popular a resurgir y alzar la voz de protesta en lugares públicos mediante la convocatoria de los miles de hondureños que mantienen la convicción de que Honduras puede cambiar.


Por Ricardo Velásquez

Colectivo “Manuel Flores Arguijo”.

Nadie duda que la dirigencia del magisterio en Honduras tenga responsabilidad en la derrota infligida por los gobiernos sucesivos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. Si bien es cierto que estos gobiernos han sido dictatoriales y han tratado de aplastar a la clase trabajadora –principalmente al magisterio-, también es cierto que la burocracia magisterial nunca tuvo un interés auténtico por unificar la lucha gremial.

Actualmente el magisterio se encuentra en una profunda crisis de dirección y de liderazgo. Toda una vieja guardia con experiencia en la lucha desde la década de los ochentas o quizás desde antes, se apresuró a jubilarse cuando aprobaron las reformas del Inprema, así que coyunturalmente se ha dado un salto generacional que ha sido negativo para la dirección del gremio. Los que no se jubilaron en los últimos 3 años, están por jubilarse y una gran mayoría de docentes jóvenes que han ingresado al sistema ni siquiera conocen las conquistas sociales y económicas, que se han perdido.

Si a lo anterior se añade que los recientes egresados tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como de las Normales Mixtas (últimas promociones de maestros por cierto), traen poca o muy escasa formación sobre problemas sociales, políticos, económicos y de derechos humanos (esto a consecuencia de la transformación represiva que ha sufrido la UPNFM, que por cierto es lo mismo que pasa en la UNAH), se nos presenta un panorama poco alentador.

Las burocracias que dirigen no han aprendido la lección

En días anteriores se realizó una reunión de directores y directoras en la ciudad de Tegucigalpa; la reunión fue convocada por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH). Dicha convocatoria fue motivante ante la esperanza de retomar una agenda en común que haga un balance de la derrota y que se plantee nuevas estrategias de lucha. En esta reunión hubo representantes del Pricphma, Copemh, Colpedagogosh, Coprumh y Colprosumah; de los presidentes de los cinco colegios magisteriales solo se encontraba presente el del Colprosumah.

Curiosamente el día domingo 1 marzo, en el programa del Copemh, se hizo una convocatoria para el día martes 3 de marzo, en los bajos del Congreso Nacional, para hacer un plantón contra la discusión del proyecto de Ley que pretende aprobar JOH sobre una nueva Ley de Seguridad Social; esta convocatoria fue a nombre del Copemh.

Seguidamente al programa del Copemh se inició el del Coprumh, desde donde se anunció una auto convocatoria de maestros para la ciudad de Siguatepeque, con una agenda no muy clara pero dando a entender que se discutiría coyuntura y nuevas estrategias de lucha. La actividad ha sido muy anunciada desde dicho programa, sin embargo, ha sido ignorada completamente por el resto de colegios magisteriales. Lo mismo ha sucedido con la convocatoria del Copemh; un docente llamó al programa del Coprumh para incentivar a los maestros a que acudieran a los bajos del Congreso Nacional, ya que con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social se le estaría dando el tiro de gracia al Instituto de Previsión Nacional del Magisterio (Inprema) y uno de los maestros que conducen el programa se limitó a decir “correcto compañero” y prosiguieron con su propuesta de auto convocatoria.

Lo anterior pone de manifiesto que unificar al magisterio no es parte de la agenda de la burocracia, y que la reunión hecha con directores no es más que una acción para no mantenerse inertes completamente ante la actual represión del gobierno de JOH; esperan mientras la tormenta pase para luego salir como excelentes agitadores.

Por la Reconstrucción Democrática de la FOMH    

Desde el Colectivo José Manuel Flores siempre hemos exigido la democratización de los colegios magisteriales, es parte de nuestra propuesta. Lo segundo es el balance respectivo de la lucha magisterial desde el 2010 al 2012, o quizás antes; esto debe hacerse inicialmente por distritos, y luego por ciudades y departamentos. La responsabilidad de la dirigencia en esa lucha no puede quedarse en el olvido.

Creemos que cualquier intento de lucha unilateral desde la burocracia misma de los colegios magisteriales solo persigue un objetivo particular, pero no el del gremio como docentes. Para eliminar este juicio exigimos la democratización de los colegios y esto solo se puede lograr mediante asambleas nacionales de base. Las dirigencias están acostumbradas a los mismos vicios de los partidos políticos burgueses: ganar manipulando o con fraude, por eso siguen perdiendo credibilidad.

¡Por la reconstrucción democrática de la FOMH!


Por Aquiles Izaguirre

Muchas cosas han pasado en el movimiento estudiantil en estos meses. Por esto, es necesario hacer un pequeño balance, sobre todo para evaluar y reorientar el camino que debemos seguir los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Sin duda, este ejercicio nos puede ayudar a conocer cuáles son nuestros objetivos, y evaluar cuáles son las mejores estrategias y tácticas que debemos utilizar los estudiantes que pretendemos mejorar las condiciones de estudio y el desarrollo del conocimiento académico en Honduras. Estas notas están lejos de ser una propuesta acabada, todo lo contrario, es parte de un pequeño aporte para iniciar una discusión más amplia entre todos los sectores que estuvieron involucrados en la lucha contra las reformas académicas.

El diálogo y las Reformas Académicas

Hace dos períodos académicos se inició una profunda lucha contra las Reformas Académicas de Julieta Castellanos. Estas reformas pretenden, según las autoridades, “mejorar la calidad educativa en la UNAH”, vendiéndonos la idea de que al crear infraestructura, la educación está mejorando, cosa que no es cierta.

Estas reformas implican la centralización del poder en la Rectoría, crear un marco legal que le permita reprimir, atomizar y desmantelar las organizaciones no afines al poder instituido, endurecer los parámetros de evaluación académica, estos entre otros.

La batalla contra las reformas académicas no fue uniforme. Todo lo contrario, viendo retrospectivamente tuvo varias etapas, una ofensiva que terminó en una enorme movilización en Tegucigalpa que detuvo la aprobación de las mismas. Una segunda etapa inicia con la lucha heroica de los compañeros de recinto de SPS. En esta etapa ellos llevaron la vanguardia, y en los hechos dirigieron la lucha, es obvio que el proceso fue muy diferente en ambos recintos. Las luchas, consignas y objetivos no fueron planteados en común, al final eso terminó perjudicándonos. Una tercera etapa es la embestida de la rectoría, que buscó desde el inicio atomizar a los que protestaban y separar las luchas de ambos recintos, en los hechos, su estrategia funcionó y terminó con la expulsión de los 16 compañeros, 10 en SPS y 6 en Tegucigalpa.

Las expulsiones y represión selectiva han pretendido desarticular a la vanguardia que ha luchado en contra de las políticas de la rectoría. A todos los compañeros se les expulsó sin siquiera el más elemental derecho a la defensa. A pesar de esto, en esta semana llega un poquito de brisa: se anunció una sentencia del poder judicial en que se manda a parar el acto administrativo, es decir, obliga a las autoridades de la UNAH a reincorporar a los estudiantes expulsados; sin duda este es un mensaje para entender que en la lucha estudiantil no está dicho todo.

Analizando seriamente, la rectoría ha venido asestando fuertes golpes a los estudiantes y no pudimos responder rápida y operativamente a las tácticas de las autoridades. Ingenuamente planteamos al diálogo, y cuando la rectora nos llamó al mismo, solo se sentó y se retiró. La consigna democrática del diálogo fue buena, movilizadora, pero debió estar acompañada de puntos que negociar.

Debemos evitar la balcanización de los sectores en lucha, nuestra agenda debe ser integradora, que involucre a todos los actores; en los hechos las exigencias y la agenda establecida fue separatista, más aún, no reflejamos un plan de lucha, y eso fue fatal para la justa batalla que librábamos. Hay que trabajar en la unidad y un plan de trabajo conjunto entre todas las organizaciones que estén de acuerdo en que hay que luchar por democratizar la universidad.

Replantearse los nuevos objetivos

En este momento es indudable que el movimiento estudiantil está ante una disyuntiva, y esa es ¿Qué hacemos? Debemos evaluar cuáles son nuestros objetivos y la capacidad que tenemos para realizarlos. Sin duda las reformas académicas son nefastas para la democracia interna de la universidad, y están fuera de la realidad académica en la que vivimos, por ende, no debemos dejar la lucha contra éstas fuera de nuestra agenda. Se acercan las elecciones para la FEUH en donde los estudiantes debemos involucrarnos, el peligro de que la rectora o algunos frentes se apoderen de ese espacio es latente, por ende, debemos analizar y planificar lo que se nos viene encima.

Hoy más que nunca no podemos abandonar la lucha contra el despotismo de la rectora, si en el país pasa lo mismo, no podemos dejar que pase en nuestra UNAH.


Por Ricardo Velásquez

Los últimos cuatro años han sido nefastos para el sector magisterial. La factura cobrada –de parte del régimen post golpe- por su lucha en contra del golpe de Estado ha sido demasiado onerosa.

Se perdió el Inprema, las jubilaciones fueron reducidas sustancialmente y ahora ni siquiera existe la seguridad de llegar a jubilarse, los derechos laborales que otorgaba el Estatuto del Docente prácticamente fueron eliminados en su totalidad.

Actualmente se cierran diversos colegios como el Abraham Lincoln de la Colonia Kennedy, en Tegucigalpa, o bien se cierran jornadas nocturnas como en el caso del Instituto Mixto Hibueras en la Ciudad de Comayagüela. También se cierran escuelas en las cuales las autoridades consideran que la matrícula no es suficiente. El cierre de centros y jornadas nocturnas campea por todo el país, el fantasma del oscurantismo viaja impulsando la ignorancia de los sectores más excluidos. Mientras el régimen se ufana de militarizar el país y de invertir la famosa Tasa de Seguridad en nuevos Policías Militares y su armamento.

La última estocada del régimen de Juan Orlando Hernández

En el magisterio existen aproximadamente unos 17,000 docentes que laboran con jornada plena o exclusiva. La jornada exclusiva es aquella donde laboran maestros con una carga de entre 36 y 54 horas, y la jornada plena es la que tienen maestros que laboran en dos instituciones diferentes, sin importar las horas que tengan pero con un máximo de 36 horas en cada institución.

En su gran mayoría estos docentes pertenecen al sector de Educación Media, de séptimo a duodécimo grado (lo que antes era ciclo común y diversificado). Desde el año 2013, el Ministro de Educación, Marlon Escoto, emitió un oficio donde se prohibía nombrar maestros en jornada plena. El argumento que utilizaron para esta disposición fue el de ordenar la gran cantidad de maestros nombrados y que no tenían carga académica; también adujeron que muchos docentes no lograban desplazarse de una institución a otra en el tiempo correspondiente.

El derecho a la jornada plena lo otorgó el Estatuto del Docente desde el año de 1998, para aquellos docentes que podían laborar en una misma zona en dos instituciones educativas diferentes. Sin embargo, el derecho se degeneró cuando los políticos y la dirigencia magisterial se ponían de acuerdo para repartirse las plazas vacantes y se nombraban entre ellos mismos o sus allegados en instituciones muy alejadas territorialmente, lo que imposibilitaba trasladarse de un lugar a otro en el tiempo correcto.

El propósito del régimen es atacar el salario

A todos los docentes se les paga un colateral por calificación académica, derecho que también otorgó el Estatuto del Docente, pero a los de plena se les paga doble y a los de exclusiva se les paga según corresponde. Este derecho implica que el colateral también debe ser incluido en el pago del décimo tercer mes de salario y décimo cuarto, así como en el pago de vacaciones.

Para recordar, ya que la memoria histórica se olvida, fue en el gobierno de Manuel Zelaya –antes del golpe de estado- que se empezó a hablar de quitar el pago de la doble calificación académica, lo que implicaba pagarle a un docente como titulado por un lado y como empírico por el otro. En ese momento no dejó ser más que comentarios de pasillo. Sin embargo, en el año 2010 –post golpe- el Tribunal Superior de Cuentas envió a cada uno de esos docentes sendos pliegos de responsabilidades haciendo reparos. Los listados salieron por los medios escritos de comunicación y los docentes se volcaron a responderlos con los abogados respectivos.

Si no resulta por un lado, entonces por el otro

Como dichos reparos no prosperaron, entonces el régimen ha utilizado una estrategia más sutil y subterránea: aprobaron unilateralmente –con sus aliados diputados liberales, UD y PDCH- la nueva Ley Fundamental de Educación y luego sus 22 reglamentos que rigen la nueva relación laboral entre empleado y patrono.

En estos nuevos reglamentos se exige que la hora clase deba ser de 45 minutos como mínimo, lo que alarga la jornada en 35 minutos en una institución. Este horario termina siendo fatal para los docentes con jornada plena, ya que les imposibilita llegar a tiempo a su otro trabajo. Ya el TSC y el Ministro empezaron a exigir a que se cumpla, caso contrario amenazan con los reparos y despidos.

¡Unidad, estrategia y lucha en el magisterio!

La base del magisterio es la llamada a unificarse alrededor de la defensa de su trabajo y sus salarios; el régimen ataca a todos por igual, el derecho se los quita a todos sin excepción, es urgente la discusión de un plan de lucha, sin tomar en cuenta las divisiones letales de la dirigencia.

¡Por la reorganización democrática de la FOMH! ¡Todos a luchar!


Por Maximiliano Fuentes

La empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atraviesa una enorme y profunda crisis financiera. Las razones son varias, en gran medida por la deficiente administración de los últimos gobiernos de turno, donde la empresa ha sido utilizada para incorporar a los correligionarios a quienes se debe favores políticos por haber participado de manera militante en las campañas electorales, también a familiares y amigos personales de los funcionarios administradores, que por cierto, son quienes devengan los salarios más ostentosos.

Una crisis planificada

Por otro lado, los últimos dos gobiernos se han encargado de beneficiar de manera profunda a los dueños de las empresas térmicas. Para asegurar su enorme acumulación de ganancias se han firmado contratos leoninos con amplias ventajas, aún cuando el costo de kilovatio sea extremadamente elevado. Los distintos gobiernos estarán condicionados a continuar favoreciendo a las empresas que producen energía térmica.

De una u otra manera, esta política de Estado de favorecer a determinados sectores de la burguesía hondureña, en este caso a los empresarios de la energía (por cierto el sector más favorecido en los últimos dos gobiernos, junto a la burguesía financiera), ha condicionado enormemente los altos costos de la energía en el país, aun cuando los precios de los carburantes durante el mes de enero registraron caídas estrepitosas en el mercado internacional.

Honduras, por su situación geográfica podría producir energía eléctrica desde otras fuentes. Por ejemplo, se han instado en diversas zonas del país varios parques eólicos, los cuales solo producen un pequeño porcentaje de energía de acuerdo a su capacidad instalada. Por otro lado, la Planta Hidroeléctrica Francisco Morazán, en su momento una de las principales plantas generadoras de energía de la región centroamericana tan solo produce, debido a sus fallas estructurales, una pequeña fracción de su capacidad de producción. Resulta paradójico que desde hace algunos años se licitó la reparación de la planta y la misma se ha visto retrasada por la enorme conveniencia de los grupos de poder inmersos en el negocio de la producción de energía. Por lo anterior, se evidencia que la crisis por la que atraviesa la estatal eléctrica ha sido construida para favorecer ampliamente a los intereses de los grupos élites.

La crisis de la estatal la hemos absorbido los trabajadores

La crisis financiera de la ENEE ha sido absorbida por los miles de trabajadores que debemos de destinar una buena porción de nuestro raquítico salario para pagar la energía que se consume en los hogares de Honduras. A los grandes deudores, aquellos que consumen grandes cantidades de energía y que se encuentran morosos con el Estado se les continúa prestando el servicio y se hace omisión de sus deudas.

Por otro lado, la política violatoria de derechos humanos, civiles y constitucionales del gobierno de Juan Orlando Hernández ha provocado miles de despidos de los trabajadores de la estatal hidroeléctrica, lo que ha provocado un enorme problema para las familias de los compañeros, dado que al no recibir ingresos se les obliga a degradar su condición de vida.

Por otro lado, parte de los requisitos establecidos por el FMI para la erogación del préstamo era la restructuración de la empresa, lo que se traduce en despidos masivos, perdidas de las conquistas sociales y laborales; y desde luego, el aumento constante de las tarifas de energía, las cuales deberán de ser asumidas por los trabajadores y el pueblo hondureño.

Alerta

Recientemente el gobierno ha aprobado emplear los recursos de los trabajadores, aquellos que hemos destinado a través de los distintos institutos de previsión para asegurar nuestra jubilación, para invertir en proyectos de generación de energía. Este tipo de acciones atentan contra las distintas normativas de previsión, dado que ninguna institución gubernamental puede hacer uso del dinero de los trabajadores sin su consentimiento. Como en todo negocio, se corre el riesgo de no lograr lo esperado por una caída de los precios o simplemente por asegurar una administración eficiente del proceso, lo que provocaría un descalabro financiero en los institutos de previsión y con ello no se permitiría pagar las pensiones de los futuros jubilados.

Por lo anterior, desde el PSOCA hacemos un llamado a las organizaciones gremiales y sindicales a planificar de forma conjunta una jornada de movilización para frenar las intenciones del gobierno de emplear los recursos de los trabajadores para financiar los negocios que se tejen desde el Estado; así mismo, se debe de planificar una jornada de lucha en contra de los despidos masivos y la pérdida de conquistas sociales.

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