Por Carlos Licona       

En agosto del 2010 la dirigencia magisterial negociaba con el gobierno de Porfirio Lobo las exigencias del magisterio. Un previo acuerdo de la dirigencia con la representación del gobierno fue rechazado por la gran mayoría de la base; la negociación significaba que tanto la dirigencia como el gobierno reformarían el Estatuto del Docente y el Inprema (Instituto Nacional de Previsión del Magisterio). De haberse firmado tal acuerdo es muy probable que sucediera cualquiera de las siguientes situaciones: La misma dirigencia con el gobierno reformaban la ley educativa y el Inprema, o bien al magisterio no se le cumplía lo acordado y al irse nuevamente a la lucha –como suele suceder- se le aplastaba igual.

Ahora se culpa al magisterio de no recibir aumentos

Me he sorprendido enormemente al escuchar a un compañero docente el día domingo 17 de mayo, conductor del programa del Coprumh, afirmar que cada maestro ha dejado de recibir más de 200,000 lempiras en los casi 5 años que han pasado desde entonces, pero lo que es peor: ha culpado al mismo magisterio de no haber aceptado tal acuerdo y ha dicho que por eso no se nos ha aumentado. La declaración del compañero no es casual, él fue uno de los que defendieron tal acuerdo y planteó que se tenía que firmar.

El compañero docente se afanó tanto con la calculadora que olvidó el contexto de la realidad que existió en ese momento y la pésima estrategia que se realizó en marzo del 2011. En agosto del 2010 la lucha del magisterio era fuerte, pero también continuaba la profunda crisis que polarizó a la sociedad hondureña con el golpe de estado del 2009. En lo más álgido de la lucha de agosto, los secretarios generales de las centrales obreras traicionaron al magisterio y boicotearon la decisión de líderes sindicales que reunidos en la ciudad de San Pedro Sula habían tomado la decisión de irse a la huelga general en apoyo al magisterio.

En ese momento el gobierno de Porfirio Lobo seguía aislado internacionalmente, el Frente Nacional de Resistencia Popular seguía movilizándose continuamente para lograr el retorno del Ex Presidente Manuel Zelaya, que aún estaba en el exilio. La crisis económica y social estaban profundizadas y existían condiciones a favor del magisterio para rescatar el Inprema y mantener el Estatuto del Docente. En marzo del 2011, con una pésima estrategia o con ninguna quizás, el magisterio declaró el paro indefinido a nivel nacional; a pesar de que el golpe de Estado también dividió a los docentes, esta lucha también fue fuerte y Porfirio Lobo llegó a manifestar que si los maestros querían el Inprema que entonces eligieran a los directivos. Un día después Lobo recularía en esa decisión, presionado por la burguesía del país y el sector político ligado al golpismo.

Después de 3 semanas de paro indefinido el gobierno de Porfirio Lobo decretó Estado de Emergencia en el sector educativo e hizo un listado de 305 docentes que según ellos lideraban la lucha. Aunque el listado se hizo arbitrariamente, el despido de los docentes fue real en el papel y salió impreso en el diario oficial La Gaceta. Este hecho fue contundente para que se suspendiera el paro con la consigna de “Dos pasos para atrás y uno para adelante”, sin embargo la dirigencia siempre fue para atrás y poco a poco el gobierno post golpe se fue imponiendo.

La decisión de la base del magisterio, aun en contra de lo que pretendieron algunos dirigentes de los colegios magisteriales, fue correcta y revolucionaria. La lucha no consistía solo en el aumento salarial, implicaba una revolución educativa y el rescate del Inprema. Al final el gobierno le arrebató todo al magisterio y dejó solo lo que quiso dejar, pero la base fue fiel a la lucha y sobrepasó a la dirigencia. Si de algo hay que culpar a la base, es de no haber renovado a las dirigencias que se visualizaba llevarían al matadero al magisterio.

Por la reconstrucción democrática de la FOMH y una nueva estrategia de lucha a largo plazo

Las dirigencias siguen sin entender que es urgente democratizar los colegios magisteriales, esto significa que las burocracias deben hacerse a un lado y dejar que nuevos dirigentes salgan al frente, tiene que ser con una nueva generación de maestros luchadores, honorables y gremialistas con los que se debe impulsar la reconstrucción de la FOMH. Ésta no son los dirigentes, la FOMH somos todos, pero deben existir los que la dirigen y orientan.

¡Por la reconstrucción democrática de la FOMH!

¡Por una verdadera estrategia de lucha!


Por Ricardo Velásquez

La clase trabajadora de Honduras nuevamente se movilizó el 1 de mayo para repudiar y condenar al gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde el golpe de estado del 2009, se venían realizando movilizaciones muy masivas los primeros de mayo, sin embargo, en esta ocasión, aunque siempre fue masiva, la asistencia mermó un poco en comparación a los años anteriores.

La doble moral de la dirigencia

Los secretarios generales de las centrales obreras acordaron pronunciar un solo discurso, que fue el principal, con los principales ejes de condena al gobierno de JOH; también acordaron no permitir proselitismo político dentro de la movilización. En el caso del presidente del Stenee, Miguel Aguilar, amenazó -un día antes en una radioemisora- con retirarse de la movilización con todo el sindicato. A pesar de este aparente desligamiento de los partidos políticos burgueses, han sido estos mismos dirigentes quienes han negociado los miserables aumentos al salario mínimo en los últimos 6 años y son los mismos que han boicoteado una huelga general en lo más álgido de la lucha en contra del golpe de estado y una huelga general del magisterio.

El falaz cambio en la dirigencia se debe a los fuertes cuestionamientos que se les ha hecho por permitir el despojo de las conquistas económicas y sociales de los trabajadores en el actual régimen. Ante la dura crítica de la base y ante la desmovilización cómplice con el régimen, que avanza sin oposición hacia una dictadura, han maniobrado para hacer creer que mantienen un mismo discurso y un mismo accionar a favor de los trabajadores.

Lo cierto es que estas posiciones agitadoras y de vanguardia solo se les escucha el 1° de mayo y cuando en medios de comunicación dan declaraciones en aparente oposición al régimen de turno.

La fuerza y la debilidad del FNRP

El Frente Nacional de Resistencia Popular ha sido la mayor organización social y de lucha que se ha creado en la historia del país, sin embargo, los resultados obtenidos han sido dolorosos para los trabajadores. Siendo el FNRP una estructura que aglutinó la mayoría de las dirigencias de sindicatos, gremios, organizaciones políticas, sociales, campesinas, etcétera, no fue lo suficientemente fuerte para obtener triunfos ante los sucesivos gobiernos de Lobo y JOH. Pero estos resultados no son casuales, en lo más álgido de la lucha fueron los principales dirigentes del FNRP los que desmovilizaron a la base con el Acuerdo de Cartagena y convirtieron al Frente en el nuevo Partido Libre. Al suceder esto, la agenda de las direcciones sindicales y gremiales fue cambiada por una agenda política: la que ha venido a sustituir la agenda de lucha de los trabajadores.

En este 1° de mayo los principales dirigentes han aparentado desvirtuar esa verdad, pero es una falacia para calmar el malestar de la base, simplemente hay que revisar las posiciones de estos mismo dirigentes ante las últimas negociaciones del salario mínimo. Lo cierto es que las dirigencias de las centrales obreras existen como estructuras que representan a los trabajadores pero que le dan legitimidad a las leyes de los gobernantes en contra de los derechos de los trabajadores. Un ejemplo más claro es el de la Ley de Seguridad Social aprobada esta semana en el Congreso Nacional, pues no hubo ni una tan sola movilización general de trabajadores que fuera convocada por las centrales obreras.

Para ser consecuentes, hay que diferenciar una postura oportunista de un dirigente ante su base con su accionar que legitima leyes lesivas a los compañeros de clase. Para que la dirigencia refleje el sentir y pensar de la base, entonces debe preparar un plan de acción de lucha en contra de las medidas aprobadas por JOH. Esos mismos partidos políticos que se reclaman de oposición deben ser llamados a sumarse a esta lucha que deben encabezar las direcciones sindicales actuales.

Por lo tanto, consideramos que pretender divorciarse de un partido político en este 1° de mayo no es más que una falacia de la dirigencia para esconder su acomodamiento y su doble cara con el régimen.

Por un paro general de trabajadores donde se sume toda la oposición a JOH

Ya es tiempo que las principales estructuras sindicales, gremiales, campesinas y centrales obreras sean consecuentes y convoquen a un paro general que condene al régimen de JOH y que se exija la derogación de leyes como la recién aprobada sobre seguridad social, la Ley Fundamental de Educación, etcétera. Entonces creeremos en las posiciones del 1° de mayo.


Por Max Luján

La nueva LEY DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA UNA VIDA MEJOR fue aprobada en su totalidad por la mayoría de los diputados del Congreso Nacional el pasado 8 de mayo.

Roberto Salinas, miembro de la comisión interventora del Seguro Social, afirmó que con el sistema multipilar se garantiza a toda la población su derecho irrenunciable a la seguridad social. El sistema multipilar se compone de cinco regímenes: Piso de Protección Social, Seguro de Previsión Social, Seguro de Atención de la Salud, Seguro de Riesgos Profesionales y Seguro de Cobertura Laboral (El Heraldo 8/5/2015).

Esta medida del seguro social se da en el contexto de la aplicación de todas las medidas neoliberales orquestadas por el FMI y el BID, cuya función es representar los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, quienes pretenden apoderarse del manejo de todos los bienes y servicios que presta el Estado.

Es interesante examinar las estrategias que utilizan los gobiernos de turno para descalabrar las instituciones que históricamente han sido rentables para el Estado. El punto es cumplir con todos los requisitos que dictaminan estos organismos financieros internacionales. Todas estas estrategias obedecen a un mismo patrón, primero las saquean hasta quebrarlas, luego se les declara no funcionales y posteriormente se las presentan al público como cargas insostenibles, motivo por el cual poco a poco se van entregando a manos privadas, así como ocurre con Hondutel, ENEE, SANAA y otras instituciones estatales.

En el caso del sector salud, se cumple este mismo patrón. El asalto al IHSS perpetrado por el Partido Nacional a traves de Mario Zelaya y sus cómplices, logró cumplir con su objetivo: dejó sin dinero, sin medicamentos y sin suministros al seguro social, dejándolo completamente en la quiebra. A pesar de que Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional pretendieron ocultar el latrocinio del IHSS, fue inevitable que saliera a la luz pública y se montó un circo bien estructurado en torno a mediatizar el escándalo.

Para enterrar el acto de corrupcion, Juan Orlando Hernández devela la idea de presentar un proyecto de ley que haga creer a la gente que las reformas solucionarán los problemas actuales de la seguridad social, que ésta será pública porque a ella van a acceder distintos sectores de la sociedad; pero al final es toda la lógica de un seguro social privado y todo esto será la antesala para privatizar todo el sistema de salud.

El gobierno pretende zafarse de la responsabilidad de manejar el sistema de salud pública para dejarlo en manos de prestadores de servicios privados. Para el caso, hay que mencionar lo que está ocurriendo a la par de esta ley. Algunos hospitales regionales se encuentran en un proceso de privatización al ser administrado por las alianzas públicas privadas, como el hospital de Trujillo, que se encuentra listo ya para ser manejado por estos prestadores de servicios privados. El otro caso es la lucha que está generando la comunidad de Olanchito para que no se privatice el hospital. Esto indica que todos los hospitales de las regiones se supeditarán a estos prestadores de servicios. La ley va en la lógica de preparar toda una infraestructura para que la pueda usar toda esta nueva idea del seguro social; los actores de la administración de este nuevo seguro social van a ser enmascarados, pero evidentemente serán manejados por manos privadas.

La ley es simplemente una especie de transición. Es buena la idea de un seguro social único y un seguro social donde todo el pueblo pueda acceder a la salud pública, pero el asunto es que en la práctica cuando uno examina bien, se encuentra con la enorme cantidad de pobres y miserables del país que acuden a los hospitales públicos y que no encuentran medicamentos, atención e insumos. Esta nueva ley, nos deja la pregunta ¿va a poder acceder toda esta gente de la misma manera con la idea de este nuevo seguro? ¿Sí van a acceder todos los que paguen ese seguro? Pero ¿qué sucederá con todas aquellas personas que viven en aldeas y caseríos que no tienen negocios, trabajo fijo y otros medios para pagar? ¿A dónde va ir todo este sector marginado y excluido cuando el seguro les pida la hoja o credenciales para poder recibir asistencia médica?

Desde el Partido Socialista Centroamericano, llamamos a todos los trabajadores para desbaratar esta nueva ley que pretende vender y comercializar la seguridad social de todos los hondureños ¡No a la privatización de la seguridad social! ¡Movilicémonos para exigir se derogue esta ley!


Por Maximiliano Fuentes

La resolución favorable de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos de inconstitucionalidad presentados por un grupo de diputados del gobernante Partido Nacional y el propio ex presidente de la república Rafael Leonardo Callejas, también de esa institución política, abre el camino para que el Presidente Juan Orlando Hernández pueda consolidar sus pretensiones de reelección presidencial.

La decisión de los magistrados no es un hecho aislado, responde a la voluntad política del actual presidente, quien ha planteado a través de 16 diputados nacionalistas la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República. En ese sentido, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte, tres del partido de gobierno y dos liberales, fallaron de manera reciente a favor de los dos recursos interpuestos por dirigentes políticos del gobernante Partido Nacional.

El artículo 239 prohibía y penalizaba cualquier acción continuista, para ello manifestaba lo siguiente: “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido presidente de la República o Designado Presidencial”. Agrega que quienes violen esta disposición o propongan una reforma serán cesados de sus cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para ejercer cualquier función pública.

Con la despenalización de la reelección se abre un nuevo capítulo en la historia política de Honduras, dado que los ex presidentes podrán reelegirse como titulares del poder ejecutivo, dejando a un lado el pacto constituyente entre los partidos Liberal y Nacional.

No dejan de plantearse algunas contradicciones en el camino de la reelección. Solo un día después de la derogación del artículo 239, el magistrado liberal José Elmer Lizardo, de la Sala de lo Constitucional, se retractó de su firma. En un documento enviado a la Corte ha asegurado que no está de acuerdo con la resolución final, por lo que emitirá un voto disidente. Las diferencias surgen porque el fallo unifica los dos recursos de inconstitucionalidad, el del expresidente Callejas, presentado en marzo pasado y dirigido específicamente al artículo 239, y el de los diputados nacionalistas, de diciembre pasado y que incluye, además, los artículos 42 de la Constitución y el 330 del Código Penal.

El camino a la reelección

El titular del Estado de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha logrado impulsar de la mejor manera su proyecto continuista. A diferencia del Ex Presidente Zelaya, que también pretendía eliminar el artículo 374 y emprender su proyecto de continuidad a través de la consulta popular o cuarta urna. Son varias las razones por las cuales Zelaya no logró consolidar su proyecto político; en primer lugar, no contaba con el apoyo del resto de las instituciones del Estado, es más, en su momento se evidenció la ruptura con los miembros de su propio partido, como Roberto Michelleti Bain, para ese entonces presidente de la Cámara Legislativa y el Fiscal General de la Republica Luis Alberto Rubí e inclusive con el titular de las fuerzas armadas el General Romeo Vásquez Velásquez, quienes respondieron de la mejor manera a la voluntad política de los disidentes del Ex Presidente Zelaya.

Por tal razón, los grupos de poder, aquellos que pactaron en la constitución de 1982 la alternabilidad en el ejercicio del poder, le dieron golpe de Estado el 28 de junio de 2009. El actual gobernante nacionalista, desde su gestión como presidente del Congreso Nacional, organizó la institucionalidad del Estado a partir de sus aspiraciones políticas. Para ello colocó funcionarios de su entera confianza en el Ministerio Público, y tras la destitución de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, sobre todo de aquellos que ejercían un rol de oposición en contra de las intenciones políticas, jurídicas y económicas del sector que representa Juan Orlando, éste pasó a tener un control casi absoluto de la institucionalidad del Estado.

Por otro lado, el proyecto político de Manuel Zelaya Rosales no gozaba de la confianza de los grupos de poder y de la burguesía hondureña, dado que la vinculación del Ex Presidente con el chavismo, por cierto ampliamente condicionada por razones económicas y no estrictamente ideológicas, no era de la simpatía de la burguesía hondureña, históricamente conservadora y pro imperialista. Sin embargo, la versión de Juan Orlando es más lucrativa para un sector de la burguesía que ha sido ampliamente favorecida en sus años de gobierno, tanto al frente del Ejecutivo como del Poder Legislativo. Es de hacer notar que la burguesía financiera, concretamente el sector vinculado al Partido Nacional, ha logrado acrecentar sus capitales a partir de los negocios establecidos con el Estado.

El alto endeudamiento del Estado con la banca privada, bajo el complot de las autoridades de gobierno, ha logrado establecer altas tasas de interés sobre la deuda contraída. Negocio altamente lucrativo, ya que no solo los intereses son altos, sino también el tiempo establecido para el cumplimiento del pago de la deuda es bastante breve; situación que ha provocado un enorme desbalance en las finanzas del Estado, lo que determina la creación de nuevos impuestos y trancazos a los trabajadores. De la misma manera, otro de los sectores favorecidos con las políticas de gobierno es la burguesía agroexportadora y la vinculada a la economía de servicios, sobre todo la de la industria de turismo, donde el mismo Juan Orlando tiene inversiones muy grandes en el occidente de país y la Costa Atlántica de Honduras.

Por otro lado, para consolidar el proyecto de reelección se requiere de las instituciones represoras del Estado, aquellas que a través de la fuerza logren la perpetuación de un gobernante y del sector de clase que representa. Para ello, Juan Orlando ha logrado obtener el apoyo absoluto y de las fuerzas armadas. No es casual la creación de su propio cuerpo militar, disfrazado con el nombre de Policía Militar del Orden Público, y desde luego, de la Policía nacional, que por cierto ha pasado a ocupar un lugar menos preponderante, pero la cúpula policial, por el temor de ser removida y perder los privilegios que conlleva ser funcionario de Estado, se ha plegado al proyecto político encabezado por Juan Orlando. De la misma manera, los nacionalistas han logrado sostener sus proyectos asistencialistas, y probablemente hayan logrado aumentar su caudal político, sobre todo en los sectores más marginales, que se han favorecido con los distintos programas de gobierno. Las pasadas elecciones evidenciaron que un sector considerable de la población hondureña simpatiza por distintas razones con el Partido Nacional, situación que favorece, a pesar de los planes de ajuste y de miseria impulsados por el gobierno, a las intenciones presidenciables de Juan Orlando Hernández.

El papel de la oposición

El no haber logrado el rango constitucional para la Policía Militar del Orden Público por la participación de los grupos opositores encabezados por los dirigentes del Partido Liberal, Libre, PAC y PINU, daba la impresión de la más amplia unidad entre estos sectores, aun cuando cada uno de ellos tiene pretensiones de impulsar sus candidaturas hacia la presidencia de la república. Salvador Nasrrala y el Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales han dado declaraciones en distintos medios de comunicación en el sentido de que están dispuestos a descartar sus candidaturas en aras de frenar la dictadura de Juan Orlando Hernández, no obstante, se desconoce sus verdaderas intenciones y la solidez de la alianza, dado que cada uno responde a sus propios intereses.

Cabe señalar que el proyecto de reelección de Juan Orlando Hernández se da en el marco de la desmovilización y desarticulación del movimiento de masas. La derrota en la lucha contra el golpe de Estado trajo consecuencias funestas para los trabajadores y sus organizaciones, que por cierto, en los últimos años, han experimentado un enorme retroceso en cuanto a los derechos adquiridos.

No se visualizan luchas o movilizaciones que puedan contener el proyecto reeleccionista de JOH. Al contrario, la oposición encabezada por Zelaya Rosales, Salvador Nasrralla y Mauricio Villeda indirectamente ha fortalecido el régimen democrático burgués, dado que las diferencias o contradicciones de clase ya no se combaten bajo las métodos de lucha de la clase obrera, sino dentro del parlamentarismo burgués.

La lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, participativa y que esté al servicio de refundar el país en beneficio de los más pobres ha sido sustituida por la lucha en el terreno electoral y en las instituciones del Estado capitalista excluyente que encarcela y violenta los derechos de los hombres y mujeres que enfrentan con valentía las injusticias de la sociedad capitalista.

Por tal razón, desde el Partido Socialista Centroamericano PSOCA proponemos rescatar el proyecto original del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, abogamos por la independencia de clase y por retomar la lucha por la verdadera democratización de Honduras, misma que puede asegurarse desde la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

La más amplia unidad y la democracia interna de las organizaciones son las plataformas que los trabajadores debemos impulsar para frenar los planes de ajuste y de miseria que ha venido aplicando sin oposición alguna el gobierno de Juan Orlando Hernández.

 

Por Pedro Guevara Guerra

El mes de marzo nuevamente fue funesto en este 2015. Fue un mes donde el estudiantado de los principales colegios de la capital se levantó en lucha en contra de la medida del gobierno de Juan Orlando Hernández de aumentar la duración de la jornada de clases. Los alumnos y alumnas salieron a las calles a movilizarse porque la jornada impuesta por el ejecutivo a través del ministro de educación, Marlon Escoto, atenta contra la seguridad de sus vidas ya que implica salir más temprano de las casas y regresar más tarde. El gran riesgo que corre el estudiantado proviene principalmente de los que viven en zonas altamente conflictivas. Inmediatamente que el estudiantado se levantó en protestas, el ministro de educación, a través de sus subalternos inició una cacería de brujas al estilo de la edad media o del fascismo.

Marzo significó luto y lucha para el magisterio

Coincidentemente fue el 23 de marzo que se cumplieron cinco años del vil asesinato del docente José Manuel Flores Arguijo, un maestro que dedicó su vida a la lucha popular y gremial. Un año después, el 18 de marzo del 2011, la Profesora Ilse Ivania Velásquez fue asesinada en una fuerte represión que ejerció la Policía Nacional en contra de una manifestación del magisterio en la ciudad de Tegucigalpa.

Nuevamente, ahora un 24 de marzo fueron asesinados los estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz, de la jornada nocturna; los alumnos Elvin Antonio López, Darwin Josué Martínez y Diana Yareli Montoya. Ese mismo día fue raptada después de la movilización del estudiantado la alumna del Instituto Central Vicente Cáceres, Soad Nicole Ham, de 14 años; su cuerpo fue encontrado el día 25 de marzo con signos de haber sido torturada, dentro de un costal en un lugar cerca del mismo instituto donde estudiaba.

Cacería de brujas

La criminalización de la protesta pública en el país ya es algo común; los asesinatos de los alumnos se ejecutaron en lo álgido de la lucha estudiantil, política del gobierno implementada con asesores colombianos para ejecutar a los principales líderes de las protestas. La investigación de estos asesinatos también avanza a los archivos sin resolver.

Una vez atemorizada la población estudiantil, el ministro de educación exigió a los directores de los institutos en huelga que expulsaran a los líderes estudiantiles. No obstante, algunos adujeron desconocer la identidad de estos alumnos y que actuaban por cuenta propia. El profesor Nelson Cálix, director del Instituto Técnico Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa, declaró después de una de las protestas “Aunque no estaba de acuerdo con lo que había pasado, mi deber es proteger la integridad física de los estudiantes y no podía permitir que dentro de la institución estuvieran lanzando tiros con bala viva como en efecto sucedió…me parece que estamos llegando a un proceso de intolerancia de las autoridades al creer que los muchachos son malos por el simple hecho de ser jóvenes.”(26/03/2015 la tribuna.hn).

La actitud valiente del profesor Cálix en defensa de sus alumnos y la falta de motivos para expulsar alumnos fue suficiente para que le llamaran a audiencia de descargo junto a otros directores de colegios, bajo los cargos de negligencia administrativa por permitir que los estudiantes participaran en las manifestaciones e interrumpir las actividades de enseñanza. (8/04/2015 latribuna.hn).

Al profesor Cálix se le suspendió ilegalmente por un año en dicha audiencia de descargo. Sin embargo, no todos los directores han sido consecuentes con la lucha estudiantil. El director de la Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio” de Tegucigalpa, Ángel Dubón, expulsó a 4 alumnos que lideraban la lucha estudiantil. El abogado defensor de los estudiantes expulsados calificó la suspensión como “una avalancha de persecuciones en contra de los estudiantes, quienes, según las leyes, tienen derecho a manifestarse.” (15/04/2015 latribuna.hn).

Solo la unidad y la lucha podrán contra el gobierno de JOH

El Ministerio de Educación a través de la prensa mediática realiza una férrea campaña acusando a los líderes estudiantiles de mareros, delincuentes y de tener redes de prostitución. Esta política de Estado tiene el fin principal de ocultar el motivo de la lucha estudiantil, pero esta política de desacreditación no es nueva, ya que antes la han utilizado desacreditando a los docentes.

El magisterio, estudiantado y padres y madres de familia deben organizar una protesta nacional en contra de las políticas impuestas por JOH y en defensa de estudiantes expulsados y docentes suspendidos.

¡Todo el apoyo y solidaridad a los directores suspendidos y alumnos expulsados!

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