Por Sebastián Ernesto González

En la declaración sobre Honduras, con fecha 21 de Mayo del 2015, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) analizó que en el marco general sobre el cual se está desarrollando la supuesta lucha contra la corrupción, existe un conflicto inter burgués. El gobierno de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional (PN) tiene un forcejeo con el bloque de la oposición burguesa -Libertad y Refundación (LIBRE), Partido Liberal (PL), Partido Anti Corrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad (PINU)--. En esa Declaración se plantea la táctica de emplazar a la oposición burguesa para que hagan mayoría dentro del Congreso Nacional, enjuicien a JOH, y convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición burguesa viene manteniendo un juego político, apoyando algunos actos del gobierno de JOH, y haciendo oposición en otros.

Exacerbamiento de la crisis política

La crisis política actual de Honduras no deviene de un ascenso de masas que ponga en peligro la estabilidad capitalista, sino del forcejo entre el gobierno de JOH, que quiere reimplantar la autoridad del Estado, como paso previo a la imposición de la reelección presidencial, y a la resistencia que hace de manera coyuntural y contradictoria el bloque burgués de oposición, apelando a la movilización controlada de sus partidarios. El forcejeo inter burgués ha tenido como detonante el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que salpica directamente al PN.

Hace unas tres semanas que se vienen dando movilizaciones del sector estudiantil, principalmente universitario y de la clase media. Estas movilizaciones han pasado a llamarse “marcha de las antorchas”, las que se han venido masificando por todo el país y a las últimas realizadas, principalmente en la Ciudad de Tegucigalpa, han asistido más de 20,000 personas.

A pesar de que las movilizaciones han aumentado en número de participantes, aun no observamos un vuelco de las masas a las calles, como ocurrió por ejemplo en la lucha contra el golpe de Estado en 2009. Entonces, es importante medir la magnitud de las movilizaciones y su dinámica. Estas movilizaciones son puramente caminatas en horas no laborables, se siente la presencia de la clase media y sus métodos. A diferencia de la lucha contra el golpe de Estado, cuando se utilizaban las pintas con espray, la toma de calles y la paralización de labores. Todavía no está claro cuál será la dinámica del movimiento de masas, o por cuánto tiempo durará, o que niveles alcanzará, lo que está claro es que el gobierno de JOH está maniobrando para que éstas no salgan a la calle, creando la sensación de que, a pesar de todo, las cosas están mejorando en Honduras.

Creando un ambiente de mejoría

En este contexto, el gobierno de JOH ha anunciado con bombos y platillos la disminución de asesinatos en un 15%; ha declarado que caerán presos quienes sean los culpables de corrupción, y que el PN debe devolver el dinero al IHSS si se demuestra que tiene origen delictivo. A lo anterior habría que agregar que los organismos financieros internacionales no solo financian los programas de asistencia social de JOH, sino que declaran que la situación macro económica de Honduras ha mejorado en el último periodo y declaran que seguirá mejorando. En La Tribuna del día 11 de junio se lee “En un informe elaborado por el Banco Mundial denominado ‘Análisis para el Diálogo Nacional Económico de Honduras (ADN)’, se indica que luego de una contracción económica de 2.4 por ciento en 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció un 3.1 por ciento en 2014 y esperan que en el 2015 crezca en 3.2 por ciento”.

Obviamente el logro anterior fue a costa de la clase trabajadora del país, la que se ha mantenido sin aumentos salariales desde el golpe de Estado y a quien se le ha pasado la factura con el incremento de todos los servicios públicos, de la canasta básica y la devaluación de la moneda. El nivel de vida de la clase trabajadora ha disminuido enormemente en los últimos 6 años. En el mismo informe se señala que “…el impacto sobre la pobreza en Honduras ha sido especialmente agudo y en la actualidad se está acercando a los niveles observados hace una década”. En otras palabras; la pobreza se ha incrementado en el país, la única forma en que los gobiernos pueden solventar el déficit fiscal es a costa de los trabajadores, lo cual los lleva a altos niveles de pobreza.

Ante todo este panorama, el malestar de la clase media es un indicador importante de un probable vuelco de la situación política, pero esta es una tendencia que debe confirmarse en la realidad. Aparentemente, las movilizaciones parecen auto convocatorias vía Facebook, las que son publicitadas a través del medio de comunicación “Radio Globo” y “Globo TV”. No hay una convocatoria oficial de un frente común de los partidos de oposición, pero sí invitan a la población en general a que asista a estas movilizaciones, sin distinción de partido alguno.

El Presidente del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, manifestó: “…ya no hace falta que en estas marchas los partidos políticos nos identifiquemos como tal, porque no somos nosotros los que estamos llevando la gente a la calle”. Inicialmente se dio la apariencia de que las marchas eran convocadas por jóvenes de forma independiente, sin embargo, es una maniobra de los líderes de la oposición de jugar con Dios y con el Diablo. Por un lado llamaban a la población a que saliera a pedir la renuncia de JOH, pero esta consigna solo ha sido para presionar y para negociar con el presidente del ejecutivo. Ahora que se han vuelto masivas y en todo el país, Villeda desconvoca a las bases de los partidos políticos y llama a la población en general.

La consigna “Renuncia JOH”, solo ha sido una maniobra de la oposición para presionar. Ahora, con el peligro de que las movilizaciones aumenten en número de participantes, Villeda llama a creer en la institución burguesa: “…Pero debo decir que en este momento debemos guardar la cordura y no nos pongamos en los extremos, sino en posiciones de prevención”. Luego agregó: “Tenemos que salvar al país porque Honduras no puede caer en el desorden ni la anarquía, si no en la democracia con separación de poderes, donde el principio de objetividad lo aplique el Ministerio Público…” LT (12/06/2015).

Lo anterior refleja el temor de esta oposición de que las movilizaciones se desborden y se salgan de control. Sin embargo, Villeda llama a confiar en las instituciones burguesas como el Ministerio Público, el mismo que ha sido señalado como cómplice del latrocinio en el IHSS.

Con estas declaraciones queda de manifiesto la intención de los líderes de la oposición, y la consigna de “Renuncia JOH” se ha transformado en un llamado al diálogo. Así lo manifestó Daniel Durón, Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT), “…no podemos desconocer que vivimos momentos difíciles y complejos que ameritan el consenso de todos para sacar adelante al país…por eso le pedimos al Presidente Hernández un diálogo nacional…”. En la misma línea se manifestó José Luis Baquedano, dirigente de la FITH. LT (11/06/2015).

¿Qué persigue la oposición?

Hasta el momento no hay ningún indicio serio que indique que la oposición quiera derrocar a JOH, simplemente quiere defenderse de sus ataques, y crear las bases para una negociación política. En términos generales, las fuerzas burguesas siempre procuran resolver sus contradicciones con negociaciones, aunque en el forcejeo pueden terminar dándose balazos. Este es el aspecto que debemos analizar en esta coyuntura. Para contrarrestar la opinión pública, el Partido Nacional también ha convocado a marchas en apoyo a Juan Orlando, y las consignas que exclaman son “caiga quien caiga”, “terminemos con la corrupción”, “terminemos con la impunidad”, entre otras, dando la apariencia de que se movilizan al igual que los de las “marchas de las antorchas”, de esta forma aparecen noticias de grandes movilizaciones que piden cero tolerancia a la corrupción, y la consigna de “Renuncia Joh” cada vez se ve más lejos de lo que ya estaba.

Mientras las características de la marcha de las antorchas es la participación de la clase media, estudiantes y trabajadores que llegan de forma individual, las marchas convocadas por el Partido Nacional es de estrato marginal, ese mismo sector que es capaz de movilizarse por cincuenta lempiras, por recibir la bolsa solidaria o el bono diez mil, sin duda alguna que el mayor apoyo de Juan Orlando es de las zonas marginales y excluidas.

La pata izquierda del bloque de oposición

En la justa lucha contra el gobierno de JOH participan un frente único de partidos burgueses (LIBRE, PL, PAC y PINU) y algunas fuerzas de izquierda. El conjunto de la izquierda reformista está dentro de LIBRE, pero existen otros sectores que se reclaman revolucionarios y que está por fuera de LIBRE, que hacen una lectura equivocada de la situación. Para mantener una orientación revolucionaria correcta, es clave diferenciar las movilizaciones controladas de las movilizaciones espontáneas o independientes, por que conllevan dinámicas diferentes. Si algo caracteriza el actual enfrentamiento entre el gobierno de JOH y la oposición burguesa, es que las movilizaciones son organizadas por los aparatos de los partidos políticos –aunque ellos digan que no lo hacen-, y las organizaciones de la sociedad civil que le son afines.

Los líderes de los partidos de oposición burguesa se han apropiado de esta bandera de lucha y desde las alturas controlan la agenda de las movilizaciones de las antorchas, las que siguen convocándose desde los aparatos partidarios. Formalmente los máximos dirigentes de dichos partidos de oposición, como el ex presidente Manuel Zelaya, el líder del Pac, Salvador Nasralla y el del partido Liberal, Mauricio Villeda, no llaman abiertamente a la movilización. Lo anterior nos muestra esa gran tragedia de siempre: el control que tienen las cúpulas sobre estas movilizaciones, que son todavía minoritarias en relación al conjunto de la población.

En ese sentido, es fácil distorsionar la realidad, magnificarla creando una falsa sensación de situación revolucionaria en el país. Coyuntura bajo la cual si se podría concretar un paro cívico nacional o llamar a la insurrección popular, tal como sucedió el 23 de septiembre del 2009, cuando los barrios y colonias se insurreccionaron ante el golpe cívico-militar. Si bien es cierto hay un cambio en la mentalidad de las masas (de la clase media diríamos mejor), este solo hecho es muy débil para ilusionar a las masas, las que al final terminan agotadas y decepcionadas por haber sido traicionadas o engañadas.

El principal problema del sector de la izquierda dentro o fuera de Libre, es que se convierten en la pata izquierda del bloque burgués, al pregonar la consigna de “renuncia JOH”, cuando la oposición burguesa utiliza esta consigna solo para presionar y obligar al gobierno de JOH a negociar, nada más. Con consignas revolucionarias y altisonantes se oculta una política de claudicación por la izquierda al bloque burgués.

Conclusiones preliminares

Algunas situaciones que debemos analizar, discutir y sacar conclusiones son las siguientes;

1) La oposición que lideran Manuel Zelaya, Salvador Nasralla y Mauricio Villeda se ha unido en un bloque de oposición, más por inercia o por la necesidad de defenderse de los ataques de JOH. En la realidad, pretenden debilitar a JOH y acumular fuerzas para el próximo proceso electoral.

2) La unidad de la oposición que se aparenta ante los medios de comunicación no es la misma que se da en el Congreso Nacional. Las fracturas dentro del Congreso Nacional le permiten a JOH respirar y reagruparse.

3) Las movilizaciones pacíficas de las antorchas que han ido en aumento, tienen como detonante el escandaloso caso de corrupción en el IHSS y reflejan la indignación de un fuerte sector de la población al ver cómo el partido gobernante utilizó las aportaciones de décadas para financiar una campaña. Sin embargo, el carácter de estas movilizaciones es pequeño burgués. Muy diferente a las realizadas en la lucha en contra de golpe de Estado, que se basaron en las organizaciones de masas y sectores populares, y por ello golpearon fuertemente la economía del país.

4) El mayor beneficiado en esta lucha inter burguesa ha sido Salvador Nasralla, líder del PAC), quien es muy bien visto por la clase media por su forma contundente de opinar y condenar a los que saquearon el IHSS, pero hasta ahora Nasralla solo es eso: declaraciones ante los medios de comunicación. En varias ocasiones los mismos diputados que pertenecen al PAC, han votado a favor de las leyes de JOH, como la nueva Ley de Seguridad Social.

Por una Coordinadora Nacional de Sindicatos, gremios y organizaciones populares y campesinas

La institucionalidad burguesa ha pretendido meter en un mismo costal a los representantes de sindicatos y de las centrales obreras ante el IHSS, junto a los verdaderos saqueadores que pertenecen al Partido Nacional y la empresa privada. En el 2014 la fiscalía los procesó como partícipes, lo cual no se les pudo comprobar.

Después de la lucha en contra del golpe de estado, la dirigencia sindical perdió popularidad en los trabajadores, sin embargo, es a la misma base que le corresponde renovar esas dirigencias si ya no cumplen las expectativas de representar a los trabajadores. La base no debe dejarse influir por la propaganda desprestigiante de los medios de comunicación gobiernistas. Por todo lo anterior es obligación imperativa que todos los trabajadores y trabajadoras conformen inmediatamente una Coordinadora Nacional para que se ponga enfrente de esta lucha y coordine y dirija con independencia del sector burgués de oposición las movilizaciones en contra del latrocinio del IHSS.

La única forma de desenmascarar a los diputados de la oposición en el Congreso Nacional es emplazándolos a que le hagan juicio político a JOH, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General y al Fiscal Adjunto.

Que pasen de los discursos callejeros en las marchas de las antorchas a los hechos. Sumados los votos de los diputados del PL, PAC, LIBRE y PINU hacen mayoría simple dentro del Congreso Nacional, y pueden enjuiciar y destituir a JOH.

No se trata de claudicar a las instituciones de la democracia burguesa, sino de utilizarlas debido a que el actual nivel de conciencia de las masas cree todavía en instituciones un tanto desprestigiadas como el Congreso Nacional. La única forma de no claudicarle a los planes de la oposición burguesa, que agita en las calles la consigna de renuncia de JOH pero para negociar, es emplazando a los partidos del bloque de oposición burguesa, que son los convocan a las marchas de las antorchas, a que sean consecuentes, enjuicien y destituyan a JOH, pero no para nombrar designados presidenciales, sino para convocar inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente.

Por Justo Severo

Con el propósito de reducir la evasión fiscal, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) promueve un nuevo régimen de facturación en Honduras. El nuevo régimen, que entró en vigencia el 1 de abril, fue aprobado en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (decreto 17-2010, publicado en La Gaceta 32,193 del 22 de abril de 2010).

El sistema se aplicará a las transacciones comerciales y operaciones de compra y venta de bienes y servicios.

La medida afecta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas; a todos los vendedores de los mercados municipales, a los dueños de pulperías, profesionales independientes, proveedores de los mercados y todos aquellos vendedores que se dedican a la economía informal.                                                                                              

Según La titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Miriam Guzmán “El objetivo primordial de este reglamento es tener una regulación y un control sobre todas las transacciones comerciales que se realizan a nivel nacional”, con esto, la DEI pretende incrementar los ingresos en un monto que oscila entre 500 y 600 millones de lempiras adicionales a la meta de recaudación para 2015, proyectada en 66,571 millones.

Organismos financieros internacionales, detrás de estos nuevos trancazos.

Todas estas medidas son aplicadas fielmente por el actual gobierno, cuyo objetivo es cumplir con todos los requisitos que imponen los organismos de crédito internacional, cuyo propósito es garantizar nuevos préstamos que beneficien a las cúpulas empresariales, sin importarles las consecuencias que representa para el Estado contraer enormes deudas. Según Humberto López, director para Centroamérica del Banco Mundial (BM) “La aplicación de reformas fiscales desde diciembre de 2013, ha sido exitosa para mejorar los indicadores macroeconómicos de Honduras. La reforma aprobada en Honduras incluye un aumento en la tasa general del Impuesto Sobre Venta (ISV), que pasó de 12% a 15%, y la creación de un nuevo impuesto mínimo sobre la renta. También se restableció la aportación solidaria, se eliminaron exenciones en el impuesto a la renta y se estableció un tributo sobre el incremento del valor de las propiedades. Como resultado de la nueva política monetaria se registró una reducción importante del déficit fiscal de -3.5% en un año, pasando de -7.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 a -4.4% en 2014. Es importante reconocer los avances que se han venido haciendo los últimos meses, el ajuste que se ha hecho ha sido un éxito rotundo por parte del gobierno, tratar de negar eso es negar la realidad” (El Heraldo 11/6/2015).

Claro está que a estos tecnócratas no les interesan las consecuencias que estas medidas asfixiantes provocan en la población, lo importante es garantizar un negocio lucrativo a costa del endeudamiento del país.

Reacciones no se hacen esperar

Este nuevo régimen de facturación ha generado una enorme inconformidad en la población hondureña, según Jimmy Dacaret, presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “el 80 por ciento de la economía del país es sostenida por la gente de los mercados municipales, pulperías, profesionales independientes etc., 1, 600,000 personas dependen de diversas actividades en los mercados capitalinos, conforme a estimaciones de los industriales.” (Tiempo 30/3/2015)

Como se sabe, todos estos negocios dentro de la economía informal, no tienen la fortaleza económica para sostener pagos por tributos, no digamos con esta ley que penaliza o multa con sumas exorbitantes a los negocios o vendedores que no realizan trámites a tiempo, presentación de declaraciones informativas, lo cual traerá cierre de negocios y aumentará las cifras de desempleados y delincuencia en el país. Otro punto es con respecto al aumento de los precios de los productos, los comerciantes trasladarán al consumidor final la cifra que pide la DEI por concepto de impuesto, esto se volvería insostenible tanto para los consumidores como para los vendedores.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama al pueblo para que frenemos esta ley voraz que perjudica a los más pobres y que pretende arrebatar el sustento a toda la clase trabajadora que se dedica a la economía informal, al no promover el Estado fuentes de trabajo, además le pedimos al gobierno de Juan Orlando Hernández que le exija el pago de impuestos a los ricos y no a las personas de los mercados, pulperos…

Por Aquiles Izaguirre

A mediados del siglo XIX, Karl Marx analiza el nacimiento y desarrollo del capitalismo, muy tempranamente, ve cómo este sistema se desnuda con fútil crudeza, es por esto, que en La Miseria de la Filosofía describía al mismo así: "El sistema capitalista no precisa de individuos cultivados, sólo de hombres formados en un terreno ultraespecífico que se ciñan al esquema productivo sin cuestionarlo" (Karl Marx, La Miseria de la Filosofía). Al día de hoy, la naturaleza del capitalismo se desnuda ante nuestra realidad, ¿por qué no decirlo?, se devela en nuestra cotidianidad académica como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Concretamente se nos muestra con las nuevas y viejas reformas académicas que desea imponer despóticamente la Rectoría, encabezada por Julieta Castellanos.

Mucho se ha dicho de la ya famosa en el mundo estudiantil, cuarta reforma universitaria. Se le ha satanizado a tal punto que se habla de privatización, y al mismo tiempo, se nos vende como una panacea que resolverá todos los problemas que tienen los estudiantes, claro está, estudiantes que entramos a un portal que nos lleva muy lejos de la cruda realidad de Honduras; para las autoridades, las puertas trasportan a todos a un paraíso celestial, en donde no hay problemas sociales ni crímenes, y hasta la “mínima” problemática del transporte dimensional desaparece.

La cuarta reforma no es ni la panacea que nos pintaron, ni uno de los infiernos de Dante, es parte de un proceso, no de privatización clásico, sino de rentabilización de la universidad. En otras palabras, la universidad debe funcionar como una empresa privada. En ésta, la dueña, o mejor dicho la administradora será Julieta Castellanos, los empleados los trabajadores y docentes, y en otro peldaño estamos los y las estudiantes. En este modelo importa que todo sea rentable a cualquier costo, optimizar los recursos es vital para Julieta Castellanos, claro está, mientras ella se construye un perfil político para ascender a la silla presidencial de Honduras.

Esta rentabilización de la “empresa” estatal, pasa por que la rectoría ejerza el poder hegemónico y haga y deshaga como le interese. Esto nos plantea una lucha elementalmente democrática, en donde los estudiantes, los docentes y trabajadores debemos de reconstituirnos como actores de la vida académica y política de la misma.

Luchas defensivas

Como ya lo hemos mencionado en artículos anteriores, para terminar de dominar su empresa, la rectoría necesita aplastar al movimiento estudiantil opositor y mantener domesticados a los frentes estudiantiles. Este proceso se aceleró en las últimas protestas contra las viejas reformas académicas, en donde se enjuició sin derecho al debido proceso a dirigentes estudiantiles; el objetivo era amedrentar al resto. Sin duda la labor tuvo éxitos parciales, porque los ya domesticados frentes estudiantiles solo protestan para ver qué prebendas políticas logran arrancarle a la señora rectora.

Pero esta derrota parcial no fue fortuita, se asienta en una enorme desmoralización que fue provocada por la embestida brutal y neo neoliberalizante del gobierno de Juan Orlando Hernández. El último reducto de luchas en el país, era el movimiento estudiantil de la UNAH, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.

Nuevas y viejas estrategias de lucha

Estas nuevas y viejas reformas académicas están enmarcadas en la rentabilidad de la universidad. Por ende, la lucha estudiantil, pasa por viarios ejes. Pero los más valiosos serian: la lucha por la democracia interna y representatividad, y la disputa contra la embestida económica traducida en reformas académicas.

El problema no solo son las unidades valorativas, aunque en este momento puede ser una consigna movilizadora; la lucha es por restituir el derecho de los estudiantes a ser escuchados y tener votos en las decisiones que se toman en la UNAH. Asimismo, debemos reflexionar. Esta batalla se debe librar con un trabajo estructural, que haya pase por aulas, y que las asociaciones asuman estructuralmente esta tarea. Junto a los frentes y el MAU, las asociaciones deben repartir volantes y palomillas, convocar a asambleas por asociaciones e intentar esbozar un plan mínimo de lucha. No quedar aislados debe ser una prioridad, hay que coordinar políticas conjuntas con el resto de los recintos universitarios, pero esta vez debe ser un trabajo conjunto y sin improvisaciones. La disyuntiva está planteada, es deber de los y las estudiantes dar la batalla por la democracia en la Universidad, y pasa por abolir las viejas y nuevas reformas académicas.

Por Justo Severo

En el año 2003, el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, que manda al SANAA a traspasar el servicio a las alcaldías municipales. La ley es un proyecto que está emparentado con la temática de la descentralización propuesta en los años ochenta a nivel mundial, cuyo fin era resolver la crisis económica estructural y fiscal de los estados. Así que la política consistió en descentralizar capacidades y actividades de los gobiernos centrales y pasarlas a los gobiernos locales y al sector privado. Esta política disminuiría la carga fiscal de los gobiernos, procuraría el desarrollo productivo a través de la competencia y haría más eficiente la gestión pública (Martínez, 2013).

La municipalización se plantea como el paso previo a la privatización del servicio

La idea que vende esta Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, es la de fortalecer el poder local, con ello se mejoraría la administración del servicio, la cobertura y la calidad, y lo mejor de todo, sin que represente mayores inversiones para los usuarios del servicio. Esta ley ha sido aplicada en algunas ciudades del país como San Pedro Sula, Puerto Cortés y Catacamas, Olancho. En el caso de San Pedro Sula, la experiencia de los usuarios ha sido nefasta, la corporación municipal se la concesionó a una empresa de capital extranjero, específicamente italianos, cuyo nombre es Aguas de San Pedro. Los problemas que pasan a diario todos los sampedranos van desde aumento continuo de las tarifas, pago por los medidores de agua, racionamientos, mal servicio administrativo, deficiente calidad del agua y mantenimiento de las zonas acuíferas.

La experiencia dicta que esta ley tiene otro trasfondo. A pesar de las competencias que se le ha delegado a las municipalidades, éstas resultan insuficientes o conceden poca autonomía para responder a las exigencias de desarrollar los proyectos más elementales de desarrollo, en este caso el del manejo del agua potable y saneamiento. Por lo tanto, las corporaciones se las entregarán a empresas extranjeras o nacionales para que sean administradas.

Capitalinos y empleados del SANAA se resisten a la privatización del agua

El 15 de mayo del presente año, el agua y saneamiento de Tegucigalpa y Comayagüela pasó a ser administrado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), debido a que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) le traspasó el sistema. Ahora esta dependencia se denominará Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). Como consecuencia de este traspaso, los empleados del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se tomaron el viernes varias de las instalaciones de esa entidad en la ciudad de Tegucigalpa, para protestar en contra de la municipalización del agua potable. Los trabajadores se apostaron desde muy temprano en las afueras de los edificios del SANAA.

A la protesta se sumaron varias juntas de aguas de colonias de Tegucigalpa, quienes junto a los trabajadores consideran que con la municipalización del agua se estaría privatizando el servicio. A los empleados del SANAA no solo les preocupa la privatización, sino también los cientos de despidos que traerá este traspaso. Según Rafael Barahona, 800 empleados son suficientes para manejar la nueva unidad municipal, con esto, quedarían a la expectativa 747 empleados que no tendrían ubicación debido a que el SANAA se quedaría sin ingresos para pagar el sueldo al resto de los obreros, y el gobierno central tendría que asignarle un presupuesto para que siga funcionando, porque la institución está quebrada.

Con este traspaso para que se municipalice el agua, es seguro que la corporación no tendrá la capacidad técnica y financiera para administrar el servicio. Es seguro que pasará el agua potable de la capital a ser privatizada. Las condiciones geográficas de la ciudad vuelven más difícil los proyectos de atención a todos los habitantes de la ciudad y las fuentes de agua disponible ya no son suficientes. Según estudios se requieren de 250 millones de dólares para resolver la grave crisis de agua en la ciudad. En este contexto, los conocedores del tema saben que Tegucigalpa sería "una mina de oro" para cualquier empresa nacional o internacional que llegue a administrar el servicio teniendo como visión principal que el agua es un bien comercial que se venderá a quien tenga posibilidad de comprarla.

El agua es un bien social, público y un bien primordial para el desarrollo económico de los pueblos, por lo tanto nos oponemos a la municipalización del agua y proponemos que se anule la Ley Marco y que se aplique la Ley Constitutiva para fortalecer y eficientar al SANAA.