Por Maximiliano Fuentes

Hace algunas semanas atrás, se trasladó al país una supuesta comisión de notables que tenía como propósito establecer las condiciones para el gran diálogo nacional. Entre los miembros de dicha comisión se encuentra Jhon Biel del Río, diplomático de nacionalidad chilena y miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) enviado para impulsar el diálogo en Honduras. En su primera visita, se reunió con miembros representantes del gobierno de Juan Orlando Hernández, así como los representantes de los partidos de oposición, Manuel Zelaya Rosales (LIBRE) y Salvador Nasralla (PAC), de la misma manera con los que se hacen llamar representantes del movimiento de indignados.

El diálogo propuesto por la OEA

Si bien es cierto, por medio del diálogo se puede establecer consensos, siempre y cuando se reconozcan los delitos cometidos y los actos de corrupción que históricamente han permanecido en la impunidad, precisamente porque en Honduras la institucionalidad del Estado ha permanecido bajo el control de los grupos empresariales, por cierto, los verdaderos responsables de los actos de corrupción que han cercenado y desbaratado las instituciones del Estado. Situación que les ha permitido enriquecer y aumentar de forma estrepitosa sus fortunas. Sin el reconocimiento anterior, difícilmente podrán establecerse consensos.

Por tal razón, nos oponemos de forma radical a la propuesta de Nasralla, quien en la presente semana opinó que se perdone a los que participaron en el gran latrocinio en contra del IHSS y que se haga borrón y cuenta nueva, sobre los crímenes perpetrados por estos sectores no pueden quedar relegados en el olvido, al contrario, deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Precisamente por la incapacidad y la falta de voluntad política en seguir el debido proceso por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia en contra de los responsables del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras instituciones del Estado, es que jóvenes con un sentimiento de cambio, renovación y transformación se ven en la necesidad de hacer justicia por sus propias manos. Este tipo de situaciones no ocurrirían si la justicia fuera aplicada de forma correcta, pero los jueces y demás miembros de los órganos administradores de justicia se encuentran al servicio del gran capital y de los grupos de poder.

Los intereses del imperialismo y la oligarquía

Es de recalcar, que la propuesta de diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se da en un contexto bastante peculiar, por un lado las intensas movilizaciones en Guatemala que hicieron sucumbir el gobierno de Otto Pérez Molina, por estar vinculado a actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, por otro, movilizaciones multitudinarias por parte del movimiento de los indignados en Honduras. Dichos fenómenos sociales, no dejan de preocupar al imperialismo norteamericano y sus instituciones, razón que les obliga a diseñar estrategias para contener el amplio movimiento social que desestabiliza su zona de control hegemónico.

Por cierto que el diálogo ha sido una táctica fundamental, empleada en diversas ocasiones bajo la finalidad de contener y descompresionar movimientos de transformación social, de la misma manera que lo hicieron durante la lucha contra el golpe de Estado, favoreciendo ampliamente al imperialismo y a la burguesía hondureña para echar andar sus planes de gobierno y control.

Lo cierto es, que la segunda visita de Biel del Río y del resto de comisionados desnudó por completo los intereses del imperialismo norteamericano y del gobierno de Juan Orlando, por cierto, fiel aliado de los Estados Unidos y del gobierno de Barack Obama, por cumplir a cabalidad los planes de ajuste y de miseria impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es parte de los intereses imperiales impulsar la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), sino más bien impulsar la propuesta de JOH, por cierto elogiado por el propio embajador de los Estados Unidos en Honduras, una vez fue entregado dicho proyecto en la sede de la Embajada en la ciudad de Tegucigalpa.

Definir una estrategia de lucha

La razón es concreta, Juan Orlando y el grupo de corruptos que representa no pretenden que se les impulse ningún proceso a posteriori, por ello ha negociado con los Estados Unidos instalar el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad, institución contralada por el mismo gobierno, y no un ente externo que supervise los actos de corrupción e impunidad en el país.

Desde el PSOCA hacemos un llamado a los trabajadores públicos, gremios, sindicatos, centrales y federaciones obreras y a la militancia del   FNRP a construir una estrategia de lucha que conlleve a la caída de JOH: exigir el cese de la impunidad, la destitución del Fiscal General y adjunto, así como el todos aquellos magistrados y altos funcionarios vinculados a las redes de corrupción. Organizar un Paro Nacional desde los sindicatos y organizaciones campesinas, estudiantiles y populares. Exigimos cárcel a los corruptos y la inmediata expropiación de los bienes que han sido adquiridos con fondos públicos, y que estos bienes sean puestos al servicio de un comité conformado por obreros y campesinos.

Por José María Flores

Sin duda alguna que los salarios de los trabajadores hondureños fueron devorados por la devaluación de la moneda nacional y por el incremento de los productos de la canasta básica y servicios públicos en los últimos 6 años. Los aumentos miserables negociados por las dirigencias de las Centrales Obreras, la empresa privada y el gobierno son insignificantes ante el aumento exorbitante de los productos básicos de las familias.

Para que el gobierno de Juan Orlando Hernández lograra mejorar sustancialmente los indicadores macroeconómicos del país, ha contado con la complicidad de las dirigencias de las Centrales y de la mayoría de los sindicatos, quienes en vez de movilizar a los trabajadores para obtener aumentos acordes con el incremento del costo de vida, han optado por negociar los miserables aumentos al salario mínimo, hay que señalar que todos aquellos empleados públicos que ganan más del salario mínimo han tenido congelados los salarios desde el año 2009, exceptuando a los policías que si han recibido sus aumentos respectivos.

Mientras muchos de los funcionarios actuales se han vuelto millonarios o multimillonarios por actos de corrupción como el del saqueo al IHSS, los empleados públicos se las ingenian cada día para poder suplir las necesidades básicas del hogar.

Gobierno de JOH anuncia demagógico aumento salarial

El proyecto del presupuesto general correspondiente a 2016 supera los 204 mil millones de lempiras, un aumento del 5.8% en relación al 2015, que significa 11,300 millones de lempiras más en comparación al presupuesto 2015, que es de L192,700 millones. Según el funcionario Borjas, el documento presentado no incluye nuevos tributos y que lo que se busca es ampliar la base de contribuyentes. EH (12/09/2015).

Nuevamente corre peligro el salario de los docentes, quienes están excluidos del pago del impuesto sobre la renta, ampliar la base de contribuyentes, significa que nuevamente ponen como sacrificado a los maestros, quienes vendrían a engrosar dicha lista y que han sido muy publicitados por diferentes sectores de la burguesía y del gobierno como candidatos a pagar tal tributo, sin duda alguna que es el sector a pegarle la tarascada para inflar los ingresos del estado.

Según el asesor presidencial Marvin Ponce, el gobierno reservó en el presupuesto general del 2016 al menos cuatro mil millones de lempiras para incremento salarial de los empleados públicos.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año fue aprobado por el Consejo de Ministros y turnado a la Cámara Legislativa para su respectiva discusión y aprobación.

Ponce recalcó que el Presidente Juan Orlando Hernández propuso el incremento salarial para los empleados públicos, dado que han pasado varios años sin incentivar sus ingresos. Aclaró que los aumentos serán priorizados entre los diferentes servidores del Estado, con preferencia para maestros, policías, militares, enfermeras, médicos, entre otros. Pero será el Congreso el que finalmente determinará las partidas presupuestarias para cada uno de estos grupos de asalariados. LT (10/09/2015).  

De todos estos sectores han sido los militares y los policías lo que han recibido las mayores tajadas del presupuesto general de la república.

Los trabajadores a movilización ya

El año 2016 es un año político, por que se convoca a elecciones internas, JOH en su afán reeleccionario desea utilizar un aumento salarial demagógicamente y para que le impulse en su campaña, este aumento aún se desconoce cómo se proporcionará y en qué cantidades, pero tratándose de todo el engranaje público nos da la pauta de que será miserable. Los trabajadores públicos deben salir a luchar por un aumento que corresponda al aumento del costo de la vida y a la devaluación monetaria.

Pero también se debe pelear por recuperar las conquistas perdidas y los institutos de previsión social. La nueva Ley de seguridad social solo conduce a la privatización de la salud.

Por todo lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todos los trabajadores a unificarse en la lucha por un digno aumento general de salarios, sin excluir de la lucha a los empleados de la empresa privada, principalmente de las maquilas que son sobre explotados en el trabajo por hora. También se debe integrar a los campesinos que trabajan por un salario miserable de subsistencia.

Por Justo Severo Izquierdo

Con el ánimo de controlar los tres poderes del Estado y lograr el poder absoluto, el presidente Juan Orlando Hernández junto con las cúpulas del Partido Nacional y los sectores empresariales que financian las actividades políticas en el país, maniobran para interponerse en el Poder Judicial y con ello intervenir en el proceso de selección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La elección de esta nueva CSJ viene en un momento de gran tensión y crisis en el país. Los mayores escándalos de corrupción cometidos en los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y el presente gobierno de Juan Orlando Hernández, tienen al pueblo hondureño muy enardecido, quien reclama castigo contra todos aquellos funcionarios que dilapidaron el Seguro Social. El pueblo, a través del movimiento de los indignados o marcha de las antorchas, sale todas las semanas a las calles a demostrar su descontento en cada una de las ciudades, exigiendo “fuera JOH” y la instauración de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), ya que el sistema judicial del país es incapaz de enjuiciar a cada uno de los involucrados en los casos de corrupción, debido al manto de impunidad con el cual está cubierto todo el aparato judicial.

Injerencia política: obstáculo para combatir la impunidad

En Honduras los grupos políticos son los que se encargan de decidir y repartirse las cuotas de dominio sobre las instituciones del Estado. En el caso de la CSJ, los criterios político-partidarios son los que prevalecen en la elección de estos magistrados. Esta injerencia le ha hecho mucho daño a la CSJ, a tal punto de perder su independencia e institucionalidad. Durante años, este poder del Estado ha mantenido una enorme deficiencia en el sistema de aplicación de justicia; ésta ha sido corrupta, extremadamente débil, desorganizada y con mucha falta de capacidad. Esto ha beneficiado a la clase política y a algunos gobernantes, ya que asegurarse la Corte Suprema de Justicia, es asegurarse la impunidad.

En el caso del presidente Hernández, éste pretende dominar completamente una corte sumisa, que esté totalmente a su servicio, tal como lo está la actual, y así proteger a todos sus allegados, correligionarios, familiares y amigos que están implicados hasta el tuétano en actos de corrupción. La actual Corte Suprema ha tenido un papel indecoroso y servil con el gobierno de JOH; ésta no ha enjuiciado a figuras políticas del mismo partido de gobierno. La CSJ que se elegirá en enero del 2016 pretende cumplir con el mismo patrón que la actual.

La junta nominadora es manejada por JOH al infiltrar organizaciones pro-gobierno

La lucha de JOH para que todas las piezas de su engranaje funcionen a la perfección no tiene escrúpulos. Esta vez gobierno y Confraternidad Evangélica se han unido para imponer el representante de la sociedad civil, ante el asombro de las organizaciones que pertenecen a la Coalición Contra la Impunidad, quienes denunciaron el pasado jueves 27 de agosto en conferencia de prensa, que la Confraternidad Evangélica en conjunto con el actual gobierno pretendían manipular la asamblea del día siguiente que sería la elección, lo cual resultó ser cierto.

Al igual que la confraternidad evangélica, otras instituciones se han alineado a los intereses del gobierno de Juan Orlando Hernández. La junta quedó integrada así: por la Corte Suprema de Justicia Ricardo Rodríguez y Octavio Sánchez Midence; por el Colegio de Abogados, José Luis valladares y Rafael canales; por el CONADEH, Roberto Herrera Cáceres y Linda Rivera; por el COHEP, Santiago Ruiz y Emin Barjum; por el Claustro de Profesores, Jorge Herrera y Carlos Izaguirre; por la Sociedad Civil Jorge Machado y Adolfo Pineda, Adolfo Ponce y Benjamín Vásquez.

En este momento, la clase política ligada al gobierno de JOH, que tienen intereses en salvarse las espaldas, temen que vaya gente que no sea manejable dentro de la elección de los 15 magistrados, por eso acuden a métodos o maniobras amañadas para ganar la Corte Suprema.

Volver a nuestros orígenes

Debemos revisar nuestro pasado. Muchas de las Constituciones de Honduras contemplaban la elección popular de jueces y magistrados. El artículo 58 de la Constitución de 1839 contemplaba lo siguiente: “La Corte Superior de Justicia se compondrá de siete magistrados nombrándose un propietario y un suplente en cada departamento directamente por los pueblos, y la misma Corte nombrará a su Presidente y Fiscal. El número de siete Magistrados no podrá disminuirse cualquiera que sea la división que se haga del territorio del Estado”.

La elección era directa, “por los pueblos”, debemos volver a nuestro origen revolucionario

Por Silvia Pavón

En septiembre celebramos en Centroamérica la independencia de 1821, pero la bandera de Honduras, que es utilizada en las luchas populares como estandarte, fue tirada al suelo y mancillada por la represión del gobierno.

Inicio de las protestas: Represión, golpeados y heridos

Como una extensión de las últimas movilizaciones que se vienen realizando en el país, campesinos, pobladores, niños y mujeres que estaban protestando en el norte de Honduras, contra la nueva Ley de Seguridad Social y en contra de la corrupción, fueron golpeados brutalmente por la Policía Nacional. El gas lacrimógeno sofocaba los pulmones. Se impuso la brutalidad del gobierno por sobre los reclamos de diálogo. Las fuerzas represivas del Estado dejaron en evidenciada una vez más la línea totalitaria del gobierno de Juan Orlando Hernandez, contra las protestas que exigen el cese de la corrupción y la impunidad.

Las acciones de protesta se realizaron el 1 de septiembre en varias ciudades del norte de Honduras, como Tocoa, El Progreso y Villanueva, en la zona del Bajo Aguan. Según declaraciones de defensores de los derechos humanos presentes, sin mediar palabras los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas contra los y las manifestantes sin importar que en el lugar hubiera niños, niñas y personas mayores.

Los policías y militares de la fuerza de tarea conjunta Xatruch III no dieron oportunidad para dialogar, actuando sin ningún protocolo. Se reportó la cantidad de 16 personas detenidas en El Progreso. La brutal represión causó varios heridos entre los compañeros de organizaciones sindicales, campesinos y obreros de la maquila, que se quedaron apoyando las acciones de protesta. Fueron reprimidos periodistas como Dunia Montoya (Directora Ejecutiva de Comunicación Comunitaria, Común Noticias y Vida Laboral), Román Pérez (Campus TV), Edy Andino (Canal 6) e Inmer Gerardo Chávez (Radio Progreso). En Villanueva, cuando cantaban el himno nacional, la Policía Nacional disparó bombas de gas lacrimógeno y con una tanqueta rociaron agua, el enfrentamiento duró unas tres horas, dejando un saldo de siete heridos.

El 2 de Septiembre continuó la lucha. En el Zip Búfalo, ubicados en Villanueva, departamento de Cortés, obreros y sectores populares se tomaron la carretera que comunica San Pedro Sula con Tegucigalpa. Esta toma se realizó de manera espontánea al recibir la noticia de que les pagarían la mitad de su cesantía, conformando un grupo de aproximadamente 2000 obreros de las maquilas en rechazo a la nueva Ley de Protección Social, que entró en vigencia el 4 de Septiembre.

Fortalecimiento de la represión

Evidentemente que ante el alza en las protestas populares, se han fortalecido las fuerzas represivas del Estado, sobre todo desde que asumió la presidencia Juan Orlando Hernandez. Según Lisa Haugaard, directora ejecutiva de LatinAmericaWorkingGroup, en 2014 había “3.000 soldados de la PMOP, pero está previsto que aumenten a 5.000 este año. La PMOP es parte de una tendencia mayor hacia la militarización del gobierno y la sociedad civil. Los militares controlan la mayor parte de la seguridad pública en Honduras. Todos los sábados, por ejemplo, 25.000 niños reciben entrenamiento militar como parte del programa Guardianes de la Patria”.

El gobierno ha reforzado la PMOP con logística y equipamiento. Podemos ver claramente que estas acciones no están orientadas a frenar el alza de la violencia de las maras, sino a frenar una posible radicalización de las movilizaciones populares, emulando la vieja escuela dictatorial del nefasto paso de las sangrientas dictaduras nacionalistas.

Alto a la criminalización de las protestas

Es por ello que exigimos se descriminalicen las protestas y manifestaciones populares. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), los trabajadores debemos unificarnos en un Plan de Lucha, que responda a las necesidades más álgidas de nuestro pueblo. Sigamos condenando la corrupción sin eufemismos, pero avancemos hacia un programa mínimo de lucha.

Repudiamos la poca efectividad del gobierno de JOH para resolver situaciones que a diario atentan contra la vida humana, ya sea en materia de seguridad, salud, educación, alimentación, tenencia de tierra, migración, desempleo y otras. Empujemos al juicio político contra los funcionarios corruptos. Que no nos dividan los pleitos de membrete y finalmente hacemos un llamado a todas las organizaciones para mantener la unidad en la acción y poder lograr que esta indignación sea algo más que la simple expresión de antorchas ardiendo en las calles.