Por Justo Severo Izquierdo

El proyecto de alfabetización “Honduras Aprende por una Vida Mejor”, es un programa que ha generado inconformidad entre los estudiantes y padres de familia. Varios institutos han sido tomados por la comunidad estudiantil a nivel nacional, en protesta por las decisiones del Ministro Marlon Escoto, de imponer un proyecto sin la previa participación y discusión de estudiantes, padres de familia, maestros y gobierno. Los colegiales le exigen al ministro de Educación derogar o revisar la Ley de alfabetización, ya que se considera perjudicial para los intereses de los padres de familia y alumnado.

Las autoridades educativas han instruido que para que un estudiante de último año pueda optar a la graduación, como parte de su Trabajo Educativo Social (TES), debe alfabetizar a por lo menos dos personas que no sepan leer ni escribir. El estudiante o padre de familia se ve en la obligación de buscar a éstas personas, luego durante 20 sábados o domingos los alfabetizandos y alfabetizadores impartirán un promedio de cinco horas de clases por día, para hacer un total de cien horas, que son las que establece el requisito del Trabajo Educativo Social.

Dificultades que atraviesan estudiantes y padres de familia con esta ley

Entre las causas que impide realizar este programa es el factor económico y de seguridad ciudadana. El hecho de alfabetizar a dos personas, incurre en un gasto enorme, implica traslado de los alfabetizados, merienda, en algunos casos pago del día de trabajo; hay otros que aceptan formar parte del proyecto, siempre y cuando se les pague por ser alfabetizados; todo esto sale de los bolsillos de los padres de familia, agrandando más los costos de su precaria economía. El otro factor es el de la seguridad, muchos estudiantes tienen que desplazarse a zonas de alto riesgo, barrios y colonias sitiadas por maras y pandillas, todo esto, a cambio de la búsqueda de personas a quienes enseñarles a leer y escribir. Pero no todo termina acá, existen otras causas, estas tienen que ver con la parte pedagógica, el estudiante no está capacitado o formado para enfrentarse al reto de alfabetizar a una persona mayor, el alumno no cuenta con la madurez suficiente, partiendo del hecho que los alfabetizadores son menores de 14-15 y 16 años.

Otro punto por el cual reclaman los estudiantes, es la dificultad de encontrar personas analfabetas, si encontrar una los mete en tremendos aprietos, no digamos dos. Para el ministro Escoto, según el último censo, son 220,000 personas que no saben leer ni escribir, quien de manera sarcástica respondió “ajusta para todos” al momento que los estudiantes denunciaban la dificultad de hallar personas que no saben leer ni escribir. La pregunta para el señor Escoto es si ¿esas cifras están infladas para justificar la ayuda que recibe de las ONG. para el combate del analfabetismo? La verdad que no define si estas personas analfabetas la mayoría se encuentra en el área rural o urbana.

Medidas represivas

Escoto, ante las protestas, marchas y tomas de instalaciones, se ha volcado a reprimir y castigar a la comunidad estudiantil; el seis de mayo un fuerte grupo de estudiantes de los distintos centros educativos tomados de la zona norte, fueron reprimidos con gases cuando protestaban en el peaje salida a Puerto Cortés, algunos estudiantes fueron capturados por la policía. De igual manera, se ha encargado de acusar al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) y su dirigente Jaime Rodríguez, de promover las protestas de los estudiantes, acusación que no tiene ningún fundamento, en vista que las protestas surgieron de manera espontánea, de hecho, se refleja que no hay una sola línea de parte de los estudiantes, algunos exigen derogación de la ley, otros revisión o consideraciones. En represalia, Escoto decidió castigar a los directores de los centros educativos que han permanecido tomados con audiencias de descargo, también el cierre temporal de tres colegios en la zona norte, además amenazó con impedir que se ejecuten las clausuras en estos centros educativos.

Hay que dejar en claro que nadie se opone al proceso de alfabetización. El problema consiste en la medida impositiva que ejecuta el Ministerio de Educación, como una política del gobierno de Juan Orlando Hernández, de lavarse la cara ante los organismos internacionales. Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), planteamos que cualquier proceso de alfabetización debe ser impulsado por sectores que actúan en él, es decir: maestros, las personas que desean ser alfabetizadas, y, en todo caso, el Estado que impulsa el proyecto, pero no puede darse de manera impositiva.