Por Maximiliano Fuentes

La policía y el ejército cumplen roles muy significativos al interior del Estado burgués: por un lado, protegen la propiedad privada, reprimen los movimientos sociales que luchan por transformaciones o cambios sociales y contribuyen en la perpetuación y el ejercicio del poder por parte de los grupos que ostentan el poder político y económico. En una palabra, la Policía y el Ejército actúan como fuerzas represivas que sostienen el orden social que se acentúa en la desigualdad y la miseria que genera la cruenta explotación del sistema capitalista.

Sin embargo, en Centroamérica y México la policía y el ejército han empezado a cumplir otras tareas, dado que se encuentran ampliamente vinculadas al crimen organizado. No es casual, que en la región de Centroamérica y México la Policía haya institucionalizado la criminalidad, dado que asesinatos por sicariato, extorsiones, secuestros y narcotráfico son actividades ejercidas desde la institucionalidad del Estado, vinculando en muchos casos, secretarias de Estado y desde luego organismos de la Policía y el Ejercito.

Sin lugar a dudas, las primeras décadas del nuevo siglo han dado paso al surgimiento de una nueva forma de Estado capitalista periférico en Honduras: el Estado narco, cuya manifestación externa es la de un régimen político neoliberal con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, la economía y las finanzas. Este Fenómeno es parte de la crisis actual del capitalismo global, la cual ha tomado la forma, en el caso de la sociedad hondureña, de una profunda crisis sin crecimiento económico y un déficit de legitimidad institucional. Esto ha llevado al país a altos niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia reciente de Honduras, así como a la militarización del aparato de Estado en una supuesta lucha contra la criminalidad y el narcotráfico.

La lucha por la depuración

Desde el asesinato del hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos y posteriormente el asesinato de Alfredo Landaverde, se reveló ante la luz pública la naturaleza delictiva de la copula y de la alta jerarquía de la Policía. Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa hubo un desfile de Comandantes Generales que ocuparon el puesto de Director General de la Policía, evidentemente, todos ellos vinculados al crimen organizado, tal y como lo revelo el New York Times (2016) en su artículo Tres Generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras.

De acuerdo al artículo al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron. El poco control del Ejecutivo a la policía se explica por los nexos del Ex mandatario con el narcotráfico, dado que su propio hijo fue capturado en Haití en una operación en conjunto con la Agencia Internacional Antidrogas (DEA)

La presión ejercida por este medio de comunicación de los Estados Unidos, se da en el marco de proceso de depuración y destabilización del crimen organizado, sobre todo, de aquellos sectores vinculados de forma directa con la institucionalidad del Estado de Honduras. Desde luego, esto obedece a la orientación de la casa blanca con la región centroamericana, quien pretende depurar y limpiar los Estados nacionales para asegurar un cumplimiento efectivo y de esa manera evitar estallidos sociales o procesos revolucionarios en su zona de influencia y control político y económico.

Carteles políticos

Es tan grande la vinculación de los funcionarios del Estado de Honduras que el Ex Director de la Policía Ramón Sabillón reveló que un narcotraficante hondureño ya extraditado le cuestionó, luego de su captura, por qué no perseguían a miembros del Partido Nacional coludidos con el tráfico de drogas. De la misma manera, dejo entrever la vinculación con el narcotráfico de Tony Hernández, hermano del Presidente de la República Juan Orlando Hernández.

Desde el PSOCA, llamamos a los trabajadores y campesinos organizados, a las organizaciones obreras y sindicales a conformar brigadas de autodefensa, ya que es la única forma de proteger la vida y los medios de subsistencia de los más desfavorecidos. Por otro lado, es necesario refundar el país bajo una nueva constitución a beneficio de los más pobres y expropiar los bienes de aquellos que se han enriquecido derramando sangre inocente.