Por Maximiliano Fuentes

Durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández hemos asistido a los más grandes ataques contra los derechos y libertades individuales. Durante este proceso, se han cercenado derechos laborales, sociales y políticos, hasta el punto de que varios dirigentes gremiales y sindicales, entre ellos nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo, han sido vilmente asesinados por las fuerzas represivas del Estado.

De la misma manera, se han desarticulado organizaciones sindicales y atentado contra la libertad de prensa y de opinión, pero lo peor de todo, se atenta con el derecho por la vida. El atentado contra Felix Molina y el asesinato de Berta Cáceres son una muestra clara de la situación de indefensión producto del retroceso del movimiento sindical y popular.

La vinculación del gobierno en el asesinato de dirigentes populares

Las capturas realizadas por el Ministerio Público por medio de la Agencia Técnica de Investigación ATIC han evidenciado la participación de la institucionalidad del Estado en la planificación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres. De la misma manera, en que fueron asesinados Alfredo Landaverde y el General Julián Arístides González, por la alta cúpula policial, el asesinato de Berta Cáceres demuestra la forma en que operan el Ejército y la Policía Nacional en la ejecución de crímenes violentos, lo cual, a todas luces constituye un estrepitoso negocio.

En la ejecución de la operación Jaguar fueron capturados parte de los asesinos intelectuales y materiales de la dirigente indígena, que por cierto, era personal vinculado a la Empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) quienes por medio de su Gerente Sergio Rodríguez y Ex Jefe de Seguridad, Douglas Bustillo, Teniente retirado del Ejercito de Honduras, contrataron los servicios del Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz para planificar el sangriento asesinato.

Sin embargo, el asesino material, es decir quien ejecutó a Cáceres fue Edilson Duarte, Sicario contrato para ejecutar el asesinato. Cabe señalar, que las personas implicadas en el violento crimen fueron denunciadas en diversos momentos por Berta, que por cierto, desde hace varios años libraba una lucha férrea con las compañías explotan los recursos hídricos en el occidente de Honduras.

Resulta evidente las razones por las cuales la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA) mando a ejecutar a Berta Cáceres, dado que su lucha por proteger el ecosistema, recursos hídricos y el derecho de los pueblos indígenas por conservar su espacio territorial, implicaba enormes pérdidas para los intereses e inversiones de la empresa. Sin embargo, la captura de los implicados demuestra la forma en que el gobierno de Juan Orlando Hernández protege a los propietarios de la Empresa Desarrollos Energéticos, tienen vínculos directos con el Partido Nacional. Para el caso, Gladis Aurora López, Presidente del Comité Central del Partido Nacional y Vicepresidente del Congreso Nacional es la propietaria del acceso público que da al río donde se ejecutó el proyecto energético de su propiedad. Así mismo, se encuentran vinculados con este proyecto energético la familia Atala, propietarios de Banco Ficohsa y grupo empresarial ampliamente favorecido con las políticas públicas aprobadas en las dos últimas administraciones de Estado.

Defender la vida de los dirigentes

La jornada de movilizaciones emprendidas por el COPINH en las inmediaciones de casa de gobierno marcan la ruta a seguir por el movimiento popular y sindical. No basta con la captura de los asesinos a sueldo, sino también de todos aquellos que tienen vínculos con la empresa y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y que de alguna manera participaron en la planificación y ejecución del asesinato.

Por otro lado, es muy importante exigir de forma paralela la desarticulación del Ejército y la policía, dado que son instituciones que no resguardan la pequeña propiedad, es decir, los bienes de los trabajadores y los campesinos, al contrario, contribuyen con la perpetuación del orden cimentado en la desigualdad. De la misma forma, la Policía y el Ejercito funcionan como organismos que controlan y dirigen operaciones de forma conjunta con el narcotráfico y el crimen organizado, por tal razón disolverlos y articular comités de autodefensa en los barrios y colonias populares, así como en la mayoría del territorio nacional sigue siendo nuestra propuesta.