Maestros demandan una pensión justa y detener el saqueo del IMPREMAH

Por Carlos M. Licona

La socialización de la reforma propuesta a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) ha dejado mucha incertidumbre en los docentes, no tanto por lo que se propone sino más bien, por los sectores interesados en atizar la disconformidad en el gremio educativo. Es complicado comprender justicia, igualdad y dignidad cuando cada individuo asume que su propia opinión es la que debe prevalecer.

La sostenibilidad del INPREMA depende de las aportaciones del docente, del patrono y de las inversiones. La principal inversión del INPREMA es en los docentes a través de los diferentes préstamos que se hacen, muchos maestros son del criterio que no se les deben cobrar intereses o que estos deben ser muy bajos, entonces; ¿cuál es la inversión si no se cobran intereses? Por supuesto que deben cobrarse, quizás lo que se debe discutir es cuál es el porcentaje justo.

¿La consigna levantada es por mejorar la propuesta de reforma o por el retorno a la Ley de 1980?

Los docentes muy fáciles se han confundido entre lo que se grita a todo pulmón, lo que se desea y lo que se puede recibir. Si se parte de la premisa de que en primera instancia debe prevalecer la sostenibilidad del INPREMA, entonces, todo lo que se discuta debe partir de este principio que es el sentido de la existencia del Instituto para poder cumplir con sus obligaciones. Hay que tener claro que, la primera obligación del INPREMA es cumplir con el pago mes a mes de los maestros jubilados, seguidamente con el pago de los diferentes beneficios obligatorios, luego vienen los diferentes gastos en que incurre una institución.

El descontento en la base del magisterio proviene principalmente por la edad mínima de jubilación, la Ley de 1980 estipulaba la edad de 50 años, en la reforma hecha en el 2011 la edad mínima de jubilación es de 59 años para los preexistentes y de 65 para los que ingresaron posterior a la entrada en vigencia de dicha reforma. En la propuesta actual se estipula la edad de jubilación voluntaria a los 55 años. La discusión en torno a la edad de jubilación puede variar según sea el caso, lo cierto es que, hasta diciembre del 2011 la gran mayoría de maestros se jubilaban acercándose a los 60 años o más inclusive, son muchos los factores que incidían, siendo el principal la vocación docente, y, precisamente, este motivo incidía para que el maestro extendiera su jubilación más allá de los 50.

Con la entrada en vigencia del Estatuto Docente en 1998 se generó otro aliciente más para que los docentes esperaran los aumentos salariales cada año, de esta forma, elevaban el salario promedio de los últimos 36 salarios, en conclusión; trabajaban mucho más de los 50 años.

Un segundo punto que mal intencionadamente se ha distorsionado en la base del magisterio es el “Salario Base Promedio” en el que se basará la jubilación. Si bien es cierto la Ley de 1980 estipulaba los últimos 36 salarios, esta no consideraba el índice de inflación. Un maestro tenía que trabajar 30 años o más para lograr el 90 % de su “Salario Base Promedio”, si en los años 2013, 2014 y 2015 hubiera estado en vigencia la Ley de 1980, un maestro con 60 años de edad y con 40 años trabajados se hubiera jubilado con el 90 % de lo que ganaba, ya que su SBP  hubiera sido igual a su salario mensual porque no hubo aumentos esos años (excepto los que se recibieron por antigüedad).

En lo que respecta a la reforma hecha en el 2011 y la propuesta actual, el “Salario Base Promedio” es en base a los últimos 180 salarios, aquí es donde la mula botó a Genaro. Lo difícil de comprender para el maestro es llevar los salarios promedios anuales a valor presente, obviamente, estos van ligados a los índices brindados por el Banco Central y estos los tiene el INPREMA, pero, los desconocen los docentes.

Ese mismo maestro, con la Ley del 2011 si fuera ahora el caso, llegaría al 100 % de su salario, o quizás más del 100 %. En la propuesta que se está socializando ahora, ese mismo maestro llegaría a más del 100 % y recibiría los 400,000 lempiras de bono.

Los otros 3 puntos que han generado mucha incertidumbre en los docentes son los beneficiarios, el pago en vida de las 60 rentas y la cotización del 10%. Obviamente, recibir en vida las 60 rentas entra en contradicción con la designación de beneficiarios. Con la Ley de 1980, al morirse un maestro sus beneficiarios recibían 60 rentas (sin importar quienes fueran), con la reforma hecha en el 2011 los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos y deben ser solamente hijos o cónyuges. La propuesta prácticamente recoge los mismos artículos.

En el 2019 se aprobó un Decreto para que los docentes jubilados con la Ley de 1980 recibieran en vida las 60 rentas, un Decreto que excluye de tal beneficio a los docentes jubilados con la reforma hecha en el 2011 o quienes piensan jubilarse con la Ley actual. Sobre este Decreto del 2019 se está a la espera de que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.

 En el caso del aumento de la cotización universal del 10% es discutible, la posición debe ser que el docente al iniciar a laborar cotice un menor porcentaje y que el mismo se le vaya incrementando de acuerdo a su salario y antigüedad hasta llegar al 10 %.

¿Quiénes son los que exigen la Ley de 1980?

La Ley de 1980 planteaba que un docente se podía jubilar a los 50 años como mínimo y diez años continuos trabajados, con el “Salario Base Promedio” de los últimos 36 salarios, aclarando que solo llegaba al 90 % si trabajaba 30 o más años. Entonces, el mayor reclamo proviene de las personas que desean jubilarse a los 50 años, es decir, todos aquellos docentes que ingresaron al magisterio sin la pasión ni la vocación, lo hicieron por un salario y tuvieron las conexiones requeridas para ingresar de forma fácil al sistema. Existe otro gran número de maestros que desean jubilarse para dedicarse a otras actividades o irse al extranjero. De ahí que, la exigencia se vuelve doble; jubilarse joven y con un excelente beneficio.

Por supuesto que hay un número de maestros que ingresaron al sistema con muchos años de edad y se visualizan trabajando 39 años que les eleva a más de 60 años de edad, sin importar los motivos por lo que haya sucedido, la pregunta es ¿Sin un docente cotizó 15 años (sin importar la edad a la que se jubile) debe obtener el mismo beneficio con el que recibirá alguien que cotizó 40 años y se jubila a los 60?

En río revuelto ganancia de pescadores

Si la propuesta de reforma implica una jubilación en la que se obtendrá más de lo que se ganaba, sin duda alguna que favorece. Si un año después de jubilarse se iniciará la entrega de 400,000 lempiras en cuotas de 100,000 cada año, entonces favorece.

Las particularidades de cada docente serán diversas y cada quien exigirá que se le favorezca como él lo crea, sin embargo, no hay que olvidar; a) la sostenibilidad de la institución, b) los años laborados y, c) la edad de jubilación. En base a estos 3 aspectos debe girar cualquier discusión para plantear una propuesta. Porque, sería injusto que alguien que trabajó 20 años pretenda lo mismo que otro que trabajó 40 años. Sería indigno que alguien que cotiza el 8.5 % merezca lo mismo del que cotiza el 10 % y, es desigual que unos logren las 60 rentas y otros no.

Al parecer, lo predominante en las asambleas realizadas para socializar la propuesta de reforma es la desfavorable imagen de los otrora dirigentes magisteriales ahora convertidos en funcionarios del Sistema Educativo, este rechazo a las autoridades educativas se ha canalizado en el rechazo a la propuesta de reforma, pero, además, la pésima estrategia en que realizaron las asambleas departamentales para la socialización de la reforma se volvió en contra de los técnicos enviados por el INPREMA. A este descontento hay que agregar el interés de muchos maestros de levantar perfil para los siguientes procesos electorales dentro de sus respectivos colegios y, el permanente papel de boicoteadores de los maestros activistas del Partido Nacional que aprovechan cualquier coyuntura para enfilar baterías contra lo que sea que venga del gobierno.

¿Qué hay que hacer?

En sus envíos diarios que hace el docente Ruy Díaz con el título de “Monitoreo de contexto” del jueves 16 de marzo, escribe lo siguiente: “En lo que respecta al INPREMA, la crítica es necesaria. La lucha de calle siempre será un recurso que posibilite mostrar el músculo a la derecha. Pero, también se requiere que las neuronas del magisterio se iluminen en las propuestas departamentales y que tengamos la sabiduría para (1) Trasladarlas al lenguaje escrito y (2) Para escoger a nuestras tres representantes por departamento”.

“Respeto a quienes se movilizan por sus convicciones, pero no puedo acompañarlos… porque… mis herramientas de lucha, las utilicé contra el gobierno de la narcodictadura para promover la Propuesta Ilse Velásquez, que es la base de la reforma actual”.     

Considerando que la Ley de 1980 ya es descontextualizada, la consigna de exigir que se nos devuelva esa Ley se vuelve una consigna arcaica que solo sirve al propósito del Partido Nacional. Lo más urgente es que; 1) el maestro conozca la Ley de 1980, las reformas hechas en el 2011 y la propuesta que se anda socializando, b) en segundo lugar ubicar aquellos aspectos de la propuesta que se consideran deben mejorar, siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad del INPREMA, 3) consensuar sobre los beneficiarios, 4) buscar un equilibrio para aquellos maestros que ingresaron muy mayores al sistema y que al trabajar los 39 años llegan a la vez, a los más de 64 años de edad 5) propuesta coherente sobre plan de inversión.

En conclusión; la propuesta de reforma encamina al maestro para que voluntariamente trabaje los 39 años y a la vez llegue a los 59 de edad.  En este tipo de discusiones no se gana la guerra pegando sombrerazos ni a quién grita más, sino más bien; buscando nuestras visiones para contraponer a la propuesta, obviamente, muy bien argumentadas. Lo positivo es precisamente la misma socialización, en el 2011 la narcodictadura de un trancazo nos dejó casi muertos.

Por Carlos Alberto Fúnez

El gobierno del “Socialismo Democrático” de doña Xiomara Castro junto al partido Libertad y Refundación (LIBRE) terminó con una etapa gris en la historia de Honduras que, se inició con el Golpe de Estado del 28 de junio del 2009 y culminó el 27 de enero de 2022. La ascensión del Partido LIBRE al poder fue un triunfo electoral del pueblo que generó esperanza después de doce años de represión económica, laboral y judicial. No obstante, esta nueva etapa también dio inicio a una nueva escalada; la guerra por el control de las organizaciones sindicales y gremiales.

Como sucede en todo cambio abrupto, los vacíos de poder son copados por nuevas estructuras burocráticas en las que se termina imponiendo el más conspirativo y el más ambicioso, no porque tengan ante si un proyecto revolucionario, sino más bien, un proyecto personal y de grupo. Esto es lo que está sucediendo en las diferentes organizaciones; las burocracias que controlan las mismas y pasaron a ser nuevos funcionarios del Estado pretenden reestructurar las dirigencias y controlarlas desde sus nuevos puestos de trabajo, para mantenerlas siempre como un patrimonio propio en el que se lucran familiares y amistades. El gobierno de doña Xiomara Castro, bautizado por ella misma como del “Socialismo Democrático” se vuelve  responsable de las acciones de sus subalternos al permitir que estos manipulen y conspiren para controlar las organizaciones.

Las organizaciones sindicales, gremiales, campesinas y populares deben ser totalmente independientes de cualquier gobierno y, su existencia debe ser con el propósito de pelear por los intereses de sus afiliados sin excepción alguna, siempre basados en Ley, sin manipulación ni negociaciones oscuras, cosa que al parecer, está sucediendo y terminará ocasionando mucho daño, principalmente en el magisterio, un sector muy maltratado por el régimen anterior y que, en vez de unificarse alrededor de los intereses del gremio, ahora, pretenden imponer unidad alrededor de figuras del gobierno de LIBRE.

La gran mayoría de organizaciones fueron penetradas por los gobiernos de derecha en su política de destruir al movimiento organizado, sin embargo, algunas lograron mantenerse independientes, pero, poco a poco (con el fin de la guerra fría a finales de los ochenta) terminaron en las fauces de individuos y grupos sin escrúpulos que las vieron como minas de clavos de oro. En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) la mayoría de los dirigentes se beneficiaron con el proyecto de la Cuarta Urna, pero, fueron los primeros en refugiarse en las direcciones de las organizaciones ante la arremetida del régimen del Partido Nacional, el ejemplo más evidente sucedió en la lucha del magisterio por la defensa del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) en agosto de 2010 y marzo de 2011, conflicto que hizo recular al magisterio y que originó negociaciones entre la dirigencias de los seis colegios magisteriales y el Presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), dando origen a la famosa propuesta de los “22 puntos” que fue rechazada por la base del magisterio en el segundo semestre del 2011, una decisión heroica de los maestro que significó una escalada represiva contra el gremio manifestada en la Ley de Reformas al INPREMA aprobada en diciembre de 2011 y la Ley Fundamental de Educación aprobada a inicios del 2012.

El inicio de la rivalidad en la dirigencia COPEMH-COPRUMH

La lucha contra el Golpe de Estado del 2009 dejó muchas lecciones, principalmente, en el movimiento sindical y gremial. El régimen que se instauró pretendió imponer orden reprimiendo y eliminando derechos, pero, primero cooptando las dirigencias u obligándolas a negociar las luchas.

En el gobierno de Ricardo Maduro Joest (2002-2006) el magisterio libró una gigantesca lucha (2004) que puso a tambalear al Presidente. La lucha fue contra la aprobación de la Ley de Reordenamiento Retributivo, Ley que eliminó la cláusula económica del Estatuto del Docente. En ese año (2004) los colegios del magisterio que estuvieron en la vanguardia fueron el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y el Colegio Profesional de Unidad Magisterial de Honduras (COPRUMH), aunque la Ley siempre fue aprobada, los docentes volvieron a las aulas con sonrisa de victoria y una dirección (COPEMH-COPRUMH) muy prestigiada, siendo un sentimiento diametralmente opuesto hacia la dirigencia de las otras 4 organizaciones; COLPROSUMAH, PRICPHMA, SINPRODOH y COLPEDAGOGOSH. La dirigencia salió muy beneficiada de esa lucha, con nuevos puestos de trabajo y cuotas de poder.

En el periodo del 2006-2009, bajo la presidencia de  José Manuel Zelaya Rosales, las direcciones se reestructuraron y los dirigentes anteriores pasaron a disfrutar de sus nuevas prebendas en sus nuevos puestos de trabajo. En el periodo posterior al 2009 se consolidó una burocracia dentro de cada colegio magisterial que si bien es cierto, dirigieron la lucha del magisterio, por otro lado se socavaba la unidad del gremio, ya fuera por prestigismo  o afinidad con el gobierno de turno. 

El resultado de  la derrota de marzo de 2012 con el “Repliegue táctico” fue el inicio de una guerra con altos y bajos entre las direcciones del COPEMH y el COPRUMH, donde las direcciones fueron poco a poco acomodándose a las decisiones unilaterales del régimen cachureco-liberal. En el COPEMH se consolidó una dirección (fuertemente cuestionada) a los profesores Eulogio Chávez y Jaime Rodríguez, en tanto, en el COPRUMH se consolidó una dirección muy ligada al profesor Edgardo Casaña. En el resto de los colegios magisteriales siguieron controlando las mismas estructuras que venían dirigiendo las organizaciones del gremio desde inicios del siglo, exceptuando el COLPEDAGOGOSH, que tuvo un significativo papel en la lucha de la Plataforma en el 2019 y que la dirigía Edwin Hernández.

En el caso del COLPROSUMAH, organización controlada por Arnaldo Pinto (director de INPREMA 2006-2010, fue uno de los pocos funcionarios que siguió en el puesto en el gobierno interino de Roberto Micheletti), tuvo varias veces conatos de rebelión, sin embargo, los dirigentes que pretendieron levantarse fueron desnucados, tal y como le sucedió a Edwin Oliva, Salvador Arita, Nubia Díaz y otros más.

En el COPEMH, el grupo que los venía dirigiendo se dividió en el 2019, quedando de un lado el grupo de Eulogio Chávez, Oscar Recarte y Luis Sosa,  y, del otro; Jaime Rodríguez, Fidel García y Joel Navarrete. Ganando las elecciones internas el profesor Fidel García (presidente del COPEMH 2020-2022).

Intento de asesinato e intervencionismo en colegios magisteriales

En octubre de 2019, trascendió en las noticias el secuestro e intento de asesinato del profesor Jaime Rodríguez, situación que le obligó a viajar a México y permanecer asilado durante un año. El hecho delictivo nunca se investigó y se ha especulado mucho sobre el mismo en los chismes de maestros, algo si es seguro; si el régimen lo hubiera querido asesinar lo hubieran hecho.

Con el gane del Partido LIBRE en noviembre de 2021, la Presidenta electa, Xiomara Castro, entregó la Secretaría de Educación a la burocracia de los colegios magisteriales, principalmente a los allegados al diputado Edgardo Casaña (COPRUMH) y a un sector del COPEMH, el ligado a Eulogio Chávez, Jaime Rodríguez y Edwin Oliva. Siendo los cargos más importantes el Secretario de Educación; Daniel Esponda (COPRUMH), Subsecretario Asuntos Administrativos; Jaime Rodríguez (COPEMH), Subsecretario Servicios Estudiantiles; Edwin Hernández (COLPEDAGOGOSH), Secretario General de Educación; Edwin Oliva (COLPROSUMAH), Director de Bienes Nacionales; Luis Sosa (COPEMH), Director de Bienes SEDUC; Óscar Recarte (COPEMH). Otros cargos de menor categoría pero siempre de mucha importancia fueron distribuidos entre los allegados al PRICPHMA.

El profesor Fidel García ganó las elecciones en el COPEMH en el 2019 con la consigna de realizar una “AUDITORÍA FORENSE”, la misma se realizó con un resultado final en que aparecen erogados más de 60 millones de lempiras sin sustento legal, los señalados son; los profesores Eulogio Chávez, Óscar Recarte, Leonel Escoto, Jaime Rodríguez y otras personas más. Esta coyuntura, ha permitido que, nuevamente, hagan alianza los grupos afines a Jaime Rodríguez y Eulogio Chávez, en contra del Presidente actual, Joel Navarrete y el anterior; Fidel García.

Las cuotas de poder entregadas por el Partido LIBRE más las conclusiones de la AUDITORÍA FORENSE, han permitido que la vieja estructura que controlaba el COPEMH se reagrupara con el propósito de adueñarse de la organización y sepultar los resultados de la AUDITORÍA. Igual sucede en el COLPROSUMAH, donde el bando de Edwin Oliva pretende imponerse en contra del bando de Arnaldo Pinto. Al parecer, desde la misma SEDUC se utiliza logística y recursos financieros para conspirar y poner dueños a las organizaciones magisteriales , y, esto, jamás debe permitirlo la base. Es desde la misma base que deben surgir las nuevas direcciones.

Amenazas de muerte y manipulación de resultados

En el programa radial del COPRUMH, del día domingo 26 de febrero, su Presidente Luis Ramírez, denunció amenazas de muerte contra su persona, contra el Secretario de Educación Daniel Esponda y contra el diputado Edgardo Casaña, además, manifestó que seis miembros de la Junta Central actual estaban involucrados, un ex presidente y un dirigente del COPEMH, denuncia muy seria la que hizo el profesor Luis Ramírez , que de no seguir el proceso investigativo que corresponde, quedará en mera especulación con algún propósito específico.

La situación en las Juntas Centrales es sumamente crítica, se corre el peligro de que las direcciones dejen de estar al servicio de los agremiados para convertirse en peones del “Socialismo Democrático”, tal y como se evidencia con la manipulación de los resultados del CONCURSO DOCENTE 2022, donde curiosamente, las mejores posiciones fueron obtenidas por afiliados al COPRUMH.

Por Ricardo Velásquez

Terrible malestar ha causado en el magisterio de Tegucigalpa la acción de choque realizada por miembros de los Colectivos del Partido LIBRE contra un grupo de docentes, específicamente en las instalaciones más conocidas como Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”, y, que, ahora pertenecen al Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente (CRFPCSO).

El origen del conflicto

El conflicto se ha dado como consecuencia de algunas decisiones de la Secretaría de Educación (SEDUC) encaminadas a transformar la educación hondureña, o, quizás, con el fin de iniciar la tan cacareada “Refundación”. El problema se ha generado en el Centro Regional donde laboran más de 50 docentes como “Técnicos Pedagógicos”, estos fueron víctimas del régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández cuando decidió cerrar las escuelas normales (donde se formaban los docentes de Educación Primaria) en el 2016. En ese entonces, la incertidumbre se apoderó del diario vivir de los empleados de la educación al desconocer su destino. Finalmente, se tomó la decisión que las escuelas normales pasarían a convertirse en Centros Regionales de Formación Permanente y que los docentes pasarían a ser Técnicos Pedagógicos, desde entonces, han laborado capacitando principalmente a los maestros.

En el primer año de gobierno (2022), el Secretario de Educación Daniel Esponda, anunció la reapertura de 5 escuelas normales en la modalidad bilingüe, siendo una de ellas la de Tegucigalpa, generando esta decisión mucha incertidumbre en los “Técnicos Pedagógicos” al desconocer nuevamente su destino, si bien es cierto, se inicia la apertura de la Escuela Normal Bilingüe en modalidad de bachillerato, lo cierto es que; la matrícula se irá incrementando y ocupando espacio físico, desplazando de esta forma a los Técnicos Pedagógicos, quienes nuevamente, quedarán a la disposición de lo que se le ocurra a cualquier funcionario convirtiéndose los docentes en víctimas del Socialismo Democrático al igual que lo fueron de la narcodictadura.

Los docentes que laboran en el CRFPCSO decidieron tomarse las instalaciones físicas el jueves 23 de febrero para exigirle a las autoridades un diálogo en el que se solucione tanto la permanencia de los docentes como de los estudiantes, una salida que debió haberse buscado desde el año 2022. Ante la toma de las instalaciones y en vista de que el domingo 26 se realizaría el examen de admisión, activistas del partido LIBRE organizados en los famosos “colectivos” se hicieron presentes al Centro Regional el sábado 25, ingresando a la fuerza y amenazando violentamente a los docentes.

La Dirección de Comunicaciones, Estrategia e Innovación Digital de la SEDUC emitió un comunicado informativo el domingo 26 donde manifiestan “Las autoridades de la Secretaría de Educación, hicieron un llamado a los docentes de este centro regional para que desistan de posiciones contrarias al beneficio de estos estudiantes que sueñan con ser docentes y que no repitan en muchos casos de ellos, el triste papel de haber acompañado a la dictadura de cerrar las Escuelas Normales, por defender sus intereses personales”.

En este párrafo, las autoridades de la SEDUC acusan a los maestros Técnicos Pedagógicos de oponerse a que los estudiantes se conviertan en docentes bilingües, pero, además, los colocan en una situación de riesgo al estigmatizarlos de ser responsables del cierre de las normales en el 2016 por haber acompañado a la dictadura en esa nefasta decisión. De ahí que, no es extraño que hayan utilizado a los colectivos de LIBRE en vez de la Policía Nacional para que al mero estilo de la “Mancha Brava” (solo que esta vez roja y negra), se abalanzaran de forma violenta sobre los maestros gritándoles “mapaches”.

Estudiantes y Técnicos Pedagógicos deben tener su propio espacio físico

Las instalaciones de la antigua ENMPN disponen de suficiente espacio para no afectar ni a los docentes del Centro Regional ni a los estudiantes que ingresarán a la nueva modalidad de Bachillerato Bilingüe en Educación, el incidente se ha dado ante la falta de habilidad para adelantarse a este tipo de conflictos y buscar soluciones que no ocasionen daño alguno, al parecer, la enfermedad del poder ha llegado a las autoridades y ya evidencian comportamientos que en nada envidian a la dictadura, los docentes fueron víctimas de políticas equivocadas del régimen anterior y ahora lo son del gobierno de doña Xiomara Castro.

Muy fácil se hubiera evitado el problema si autoridades con experiencia hubieran construido las dos primeras aulas para iniciar el proceso de formación de los nuevos maestros sin provocar daño colateral. Al parecer, no les importa a quien atropellan mientras se cumplan sus caprichos que se disfrazan en el discurso de la tal “Refundación”.

Por Sebastián Ernesto González

El día jueves 16 de febrero, el Congreso Nacional eligió por mayoría de votos a los 15 magistrados que conforman el Pleno de la nueva Corte Suprema de Justicia, cuya duración es de 7 años. Para la conformación de la misma, los 3 partidos políticos mayoritarios; LIBRE, Nacional y Liberal lograron consensuar la nómina, siendo la integración de 6 magistrados para LIBRE, 5 para el Partido Nacional y 4 para el Partido Liberal. La votación fue de 117 votos a favor, 10 votos en contra y 1 abstención.

Los votos en contra de la nómina presentada correspondieron a 9 diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) y un diputado del Partido Liberal (Marlon Lara). La abstención fue de la diputada del Partido Anticorrupción (PAC). Considerando la fuerte campaña previa orientada a “satanizar” al gobierno de LIBRE como un “régimen que tiende al comunismo”, puede decirse que la votación alcanzada en el Congreso Nacional es un triunfo político para el Partido LIBRE, principalmente de su coordinador, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. La campaña desatada con un discurso ya muy desgastado y proveniente principalmente de ONGs, Partido Nacional, algunos liberales, PSH y noticieros muy allegados al exgobernante Juan Orlando Hernández, no incidió en el resultado final de la elección del Pleno de la CSJ, el acto dentro del Congreso Nacional fue una repetición de los resultados del 28 de noviembre de 2021: un triunfo para el Partido LIBRE, peor aún, una vez realizada la votación, todos en conjunto celebraron sin importar los discursos virulentos de Tomás zambrano o personajes del Partido Liberal. Mientras casi la totalidad de los partidos políticos celebraban, los 10 diputados que votaron en contra de la CSJ electa, mostraban sus rostros muy desencajados y su tono de voz manifestaba el impacto de la derrota.

¿Quiénes perdieron?

“El arte de la política es saber aprovechar las oportunidades” dice un estribillo por ahí, sin lugar a dudas que, quienes más perdieron en este proceso fue el Partido Salvador de Honduras, tomando en consideración que el designado presidencial Salvador Nasralla ha participado en tres procesos electorales, y, en los últimos dos procesos en alianza con el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), de ahí que, al repetir el mismo discurso que el jefe de la bancada del Partido Nacional le evidencia como más ligado a la ultraderecha  que al centro o a la izquierda, el asunto debilitó más aún al partido PSH al brindar sus diputados propietarios el mismo discurso que su polémico coordinador. De ahí que, ya no es extraño sus rostros desencajados y sus opiniones muy sesgadas en cuanto a toda decisión del actual gobierno o del Congreso Nacional.

El comportamiento político en el ingeniero Salvador Nasralla es muy inestable y muy volátil, prueba de ello es que en el 2013 participó como candidato presidencial con su Partido Anticorrupción (PAC), sus diputados del periodo (2014-2018) fueron clave para la elección del Pleno de la CSJ que acaba de finalizar, estrechamente ligados al ahora delincuente Juan Orlando Hernández. Nasralla, en el 2017 perdió a su partido PAC al asumir la candidatura presidencial en una alianza con el Partido LIBRE, presidencia que le fue arrebatada con un descarado fraude electoral que llevó al país a una crisis política social con muchos asesinatos y detenidos como herencia.

En octubre del 2021, el designado presidencial Salvador Nasralla se alió con el Partido LIBRE para acompañar a Xiomara Castro como candidata presidencial, el triunfo fue contundente en las elecciones generales y la felicidad fue absoluta. El matrimonio entre los dos partidos duró menos de un año y, nuevamente, el inestable comportamiento de Nasralla se llevó de encuentro a los 9 diputados de su partido, algo muy extraño dado el nivel académico de casi todos ellos, pero que, tienen un denominador común: son extremadamente ególatras. Lo incomprensible en estos 10 años de vida política del designado presidencial es que se mueve en cualquier dirección donde sus más superficiales creencias lo impulsan, sin tomar en cuenta un análisis de contexto internacional que lo dirija a un análisis nacional y que le permita tomar decisiones coherentes con la realidad.

El papel del partido PSH en esta elección del Pleno de la CSJ fue repetir el discurso del Partido Nacional creyendo que estos los acompañarían hasta las últimas consecuencias, al final, sucedió lo que ya se sabía que sucedería; un consenso entre los 3 partidos mayoritarios y, donde la condición preponderante fue que no se propondría ningún magistrado en el que el otro partido no estuviera de acuerdo, de ahí que no es extraño, por ejemplo, que al final no fueron parte de la lista de 15 bendecidos los muy cuestionados Daniel Sibrián (actual Fiscal Adjunto) o Yuri Melara (ambos del Partido Liberal), según el diputado liberal Marlon Lara, esta decisión fue una imposición del asesor presidencial Manuel Zelaya, motivo por el cual votó en contra de la nómina.

El PSH con sus 10 diputados, ahora, deja en evidencia una profunda división; con 9 diputados que repudian al presidente del Congreso Nacional (Luis Redondo) contra los diputados suplentes que le apoyan. La guerra entre propietarios y suplentes ya inició, la diputada Suyapa Figueroa les respondió en un twit “Tres tristes tigres tragaban y no era trigo y tampoco donde estaban era un trigal...”, la explicación del sarcasmo de la doctora Figueroa no necesita explicación.

En resumen, la elección del Pleno de la CSJ fue un consenso político y, en consecuencia, los grandes perdedores fueron los 9 diputados del PSH junto al sector recalcitrante ligado al golpista de Roberto Micheletti en el Partido Liberal. Un Partido Nacional que sigue pataleando como reacción al repudio que recibió en noviembre del 2021, muchas ONG que se volvieron multi millonarias en el régimen de JOH y por supuesto, los mismos candidatos que fueron descalificando por razones obvias.

¿Quiénes ganaron?

Sin lugar a dudas que, el papel realizado por la Junta Nominadora ha sido la mayor gananciosa al recibir halagos de todos los sectores de la sociedad y de la comunidad internacional, aún y cuando hubo muchas opiniones cuestionando a varios de los candidatos. Sobre el respecto, el representante suplente de la Sociedad Civil, Tomás Andino, manifestó «Son de la preferencia de otros sectores que los apoyaron y que ven cualidades en ellos porque a sus intereses son funcionales», además, agregó, siempre en alusión sobre las diversas denuncias o “tachas” que recibieron los diferentes candidatos «Respecto a eso no tenemos un visto bueno, pero aceptamos la realidad del juego y la realidad del juego es lo que la mayoría decidiera y así se fue, pero nosotros no apoyamos a algunos y es de público conocimiento, y pues creemos que eso deberían de revisarlo pero eso ya es decisión de los partidos». Contracorriente (31/01/23).

Es decir, con algunos candidatos que lograron colarse por la incidencia de la mayoría de miembros de la Junta Nominadora, correspondía a los partidos políticos integrarlos o desecharlos, tal y como sucedió con Daniel Sibrián y Yuri Melara.

Los otros ganadores fueron los 6 magistrados sustitutos que se nombraron, dos por partido (LIBRE, Nacional y Liberal), este acuerdo quedó muy bien disfrazado y está siendo utilizado para desmeritar desde ya al Pleno de la CSJ electa. La campaña proviene siempre de sectores como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) o el PSH. Para el caso, la titular del CNA, Gabriela Castellanos, escribió en un twit “La nueva Corte Suprema de Justicia empieza a pagar el pacto político: crear suplentes para las maniobras en la sombra de la justicia”.

Otro gran ganador ha sido el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), iniciaron pidiendo 8 (de 15) magistrados porque habían ganado contundentemente las elecciones generales de noviembre de 2021, sin embargo, al paso de las negociaciones se bajaron a 6 magistrados, pero, además, lograron imponer la presidenta de la Corte y que, el Partido Liberal no metiera a dos personajes muy inmiscuidos en el golpe de Estado del 2009 y en casos de corrupción.

Con la experiencia de enero de 2021, cuando 23 diputados del Partido LIBRE se aliaron con el Partido Nacional para elegir una Junta Directiva del Congreso Nacional que presidiría Jorge Cálix, el fantasma de la traición atemorizaba al partido en el gobierno, no obstante, la elección de la CSJ deja claro que la unidad es real en el partido gobernante.

Lo que espera el pueblo

Sin duda alguna que, el aparato de corrupción institucional instaurado por los doce años del Partido Nacional aún no se desbarata, falta mucho por hacer. Elegir una CSJ sin la circulación de dinero proveniente del narcotráfico ya es un avance, no como el que se quisiera como lo manifestara el Licenciado Tomás Andino. Corresponde a la población mantenerse vigilante del accionar de todo el sistema judicial, de tal forma que, no se castigue al inocente y se deje libre al culpable, que no se venda el territorio ni se entreguen los recursos naturales a las trasnacionales.

El pueblo debe levantar la bandera de lucha que los 15 magistrados de la próxima CSJ sean electos con voto directo en las urnas, que no sean los partidos políticos los que elijan ni que sea una Junta Nominadora influenciada por sectores económicos o aparatos de sociedad civil con un historial nebuloso.

La Corte Suprema de Justicia, más allá del género o de los grupos étnicos, requiere de magistrados probos, justos e intachables, aún estamos lejos de alcanzar la igualdad y justicia social, pero, sin lugar a dudas que, al narco Partido Nacional se le ha caído el último poder que ostentaba, corresponde a la nueva CSJ el camino a seguir.