Por Frandav Lifú

El periodo de la actual Corte Suprema de Justicia ya terminó, la misma fue controlada por el Partido Nacional, principalmente por el narcotraficante Juan Orlando Hernández. Entre enero y febrero del 2016, hubo danza de millones provenientes del narcotráfico y del mismo Estado para alcanzar los votos suficientes para elegir los 15 magistrados que la conformaron.

El Presidente de la aún vigente corte, Rolando Argueta, fue el magistrado número 15 en ser electo. Una vez electos los 15 magistrados estos procedieron a reunirse y eligieron por unanimidad a Argueta como presidente del Poder Judicial.  El principal objetivo de esta corte fue avalar en primera instancia la inscripción de Juan Orlando Hernández en el proceso de elecciones internas del 2017, para luego, en noviembre del mismo año permitir la participación en las elecciones general donde impusieron la reelección ilegal de JOH con un descomunal fraude.

En el 2016 el Partido Nacional solo tenía 48 diputados, 27 eran del Partido Liberal, 13 del PAC (de Nasralla), 37 diputados de LIBRE, 1 del PDCH, 1 del PINU y 1 de la UD. Para que el Partido Nacional dirigido por el narcotraficante de JOH lograra imponer su propia CSJ, negociaron o compraron descaradamente los votos de los diputados liberales, de los diputados de Nasralla (del PAC) y algunos del Partido LIBRE. De esa forma fueron eligiendo uno por uno a los 15 magistrados, siendo el más caro Rolando Argueta, el alfil de JOH.

El papel de esta CSJ fue de total obediencia a la pandilla del Partido Nacional-Liberal, de tal forma que, un manto de impunidad cubrió todos los casos de corrupción, la muestra más evidente son las decisiones de estos últimos días en que han otorgado sobreseimientos definitivos a muchos de los acusados en casos de corrupción, como el caso de Lena Gutiérrez, involucrada en el escándalo de las “pastillas de harina”, Gabriel Rubí y Nery Cerrato en el caso de corrupción de las “carpas móviles”, o bien, la última noticia sorprendente brindada el viernes 3 de febrero “Mediante una conferencia de prensa desde la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Banco Central de Honduras (BCH) denunciaron este viernes “Red de Corrupción” público-privado que condena al Estado a pagar demanda de 3 mil millones de lempiras. Según el procurador Manuel Díaz Galeas, esto sería producto de una demanda que fue desestimada por una Corte Federal de Washington…”.

“Sin encontrar un tan solo fiscal, juez o magistrado que decida hacer justicia y pare la mafia organizada que defrauda permanentemente las finanzas del Estado valiéndose de fallos corruptos y prevaricadores”. LT (0370272023).

¿Por una Corte Suprema de Justicia al servicio de quién?

La Junta Nominadora sirvió como filtro desde el mes de agosto para dejar una lista final de 45 aspirantes a convertirse a magistrados, ahora, le corresponde al Congreso Nacional decidir quienes son los ungidos, para hacerlo, las negociaciones y la información  mediática está en punto de ebullición.

La conformación del Congreso Nacional, actualmente, según el número de diputados es la siguiente; Partido LIBRE (50), Nacional (44), Liberal (22), Salvador de Honduras (nuevo partido de Nasralla, 10), PDCH (1) y PAC (1). Para elegir a los magistrados se necesitan 86 votos, lo que se vuelve imposible para el Partido LIBRE considerando la alianza natural existente entre el Partido Nacional y Liberal, sumado al comportamiento errático de los diputados de Nasralla, que más pareciera fueran militantes de la “mancha brava cachureca”.

Los voceros del Partido Nacional repiten y repiten que no quieren una corte controlada por el Partido LIBRE, los voceros del Partido Liberal repiten que quieren 5 magistrados, los Nasrallistas no se quedan atrás y también proponen sus 15 magistrados incluyendo a la posible presidenta, el Partido Libre argumenta que ganaron las elecciones generales y que siempre el partido ganador es el que controla la CSJ.

No existe duda que detrás de cada discurso se esconden los proyectos de impunidad individuales o de grupo, el pueblo requiere una Corte Suprema de Justicia independiente y que no muerda exclusivamente a los de pies descalzos. Todas las cortes en el país han sido controladas por los grupos políticos y económicos en el poder. La doble moral surge ahora en los grupos agoreros de políticos, empresarios, sociedad civil y religiosos que,  sin escrúpulos hablan de una corte independiente y apolítica, cuando por todos es conocido que ellos mismos avalaron que el narcotraficante de JOH se encaramara en la CSJ presidida por Argueta.

Si bien es cierto, la elección de una nueva corte está en manos de los políticos, corresponde al pueblo movilizarse para que los magistrados sean electos mediante voto directo. Ya es tiempo de exigir un derecho que compete a toda la población y no es exclusivo de políticos y empresarios corruptos.