Por Alberto Castro

Según los registros policiales, menos de 200 homicidios fueron registrados en la primera quincena de noviembre, la tendencia es a la baja con un promedio de 13 personas asesinadas diariamente. Una notable disminución comparado con octubre que finalizó con un promedio de 22 diarios, que al igual que septiembre registro una reducción del 25% de homicidios con respecto a agosto, el cual sigue siendo el mes más violento del año donde hubo más de 900 asesinatos. La cifra de ese mes fue de 29 asesinatos por día. Observamos pues que gradualmente los asesinatos han disminuido después del repunte ocurrido entre mayo, junio y agosto donde ocurrieron más de dos mil muertes violentas. El último trimestre apunta a registrar menos de dos mil.

Polaridad política en medio del caos

La baja de homicidios no se refleja en un alivio para la población. El hecho de que bajen los homicidios no se manifiesta en la reducción de la actividad de las maras y pandillas. La clase trabajadora que a diario transita las calles no percibe una mejora en cuanto a la seguridad.

Para los diputados de la Comisión de Seguridad, esta baja sostenida de homicidios que revelan los datos es bastante positiva, y todos coinciden en que es producto de la efectividad policial. Y al igual que Howard Cotto, Subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), se resisten a pensar que hay una tregua detrás de esta baja. El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos expuso que “Sería lamentable, triste si alguien del gobierno está insinuando o tratando de emprender treguas con criminales o con terroristas. Esto por supuesto recibe el rechazo y el repudio de los que no estamos de acuerdo con el actuar de estos sujetos que cada día cobra la vida de tantos inocentes”.

Rodrigo Ávila, diputado por ARENA en Asamblea Legislativa, manifestó que estos solo son rumores, pero destacó que hay algunos traslados extraños de miembros de una pandilla desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia otros centros penales del país. “Y en lo particular se oye mucho y creo que habría que aclarar sobre traslados extraños del penal de Zacatecoluca a otros penales que no son de máxima seguridad”, subrayó. Mientras tanto Antonio Almendariz, diputado por el Partido Conciliación Nacional (PCN), destacó que la baja de homicidios no solo es debido al accionar policial, sino también a la nueva propuesta de ley de reinserción de pandillas.

Rechazo al dialogo con las pandillas

Tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno y demás partidos rechazan cualquier dialogo-negociación con las maras y pandillas, anteponiendo la Ley de Reinserción como la forma más viable para reducir los homicidios. La reducción de homicidios coincide con la ruptura de dialogo entre ARENA y FMLN, el principal partido de oposición se retira de la interpartidaria por los supuestos desacuerdos con las declaraciones ocurridas en el congreso del partido oficialista.

Las principales fuerzas políticas del régimen, sustentadoras del nuevo sistema bipartidista, están polarizando al país con argumentos fuera del contexto. En momentos cruciales la clase obrera debe saber que hay detrás de la baja de homicidios. Los partidos políticos recurren a maniobras que impiden entendimientos para resolver el problema de la violencia.

La interpartidaria surgida en el Pacto de Ataco se ha descalabrado temporalmente. Pese a la baja de homicidios, en el fondo la violencia y criminalidad no han cesado. No obstante, los datos estadísticos reflejan que algo está ocurriendo con las maras y pandillas, autores conflictivos a quienes las autoridades policiales-judiciales y prensa burguesa le atribuyen ser los responsables de la violencia y criminalidad.

¿Labor de las Iglesias o de la Policía?

Aunque la actividad de estas organizaciones conlleva mucha violencia, existen otros factores internos que también están contribuyendo a la ola delincuencial. Las autoridades policiales han atribuido el descenso de homicidios a la efectividad de la policía. Por su parte, las Iglesias dicen que la reducción de homicidios es por su intermediación, según ha expresado la Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz (IPAZ).

A inicios de Noviembre, circularon unos comunicados, donde supuestamente las pandillas pedían una segunda oportunidad y se comprometían a bajar la cifra de homicidios. A esto el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, reaccionó y aseguró que estaban abiertos a apoyar cualquier proceso de pacificación en el país. Algunos sectores plantearon que la aprobación de la Ley de Reinserción debe estar vigente antes de algún diálogo. Las maras y pandillas golpearon para negociar, sin embargo ante esa presión el gobierno emprendió una campaña represiva utilizando todos los medios, los aparatos de seguridad, leyes etc.

Entonces, la reciente reducción de homicidios solo puede significar que las MS y la pandilla 18 han iniciado nuevamente acercamientos, aunque ello no se considere aun una nueva tregua o menos un proceso de pacificación. Ambas organizaciones han sido duramente golpeadas al enfrentarse a un enemigo mucho más fuerte. La fuerza desigual ha obligado a las pandillas a girar nuevamente hacia la sociedad civil, lugar donde la burguesía esconde su rostro abominable a través de las iglesias, centros de estudios y medios de comunicación.

Aquí fue donde se abrió el espacio para la anterior tregua, la cual terminó en un fracaso. Las pandillas reflejan a los sectores sociales que el capitalismo ha enviado a la marginalidad social. Las treguas si no van acompañadas de programas sociales de reinserción por parte del gobierno, están condenadas de antemano al fracaso. La salida al problema de la violencia radica en que las pandillas abandonen sus métodos de asaltos y extorsiones y acompañen las luchas obreras y populares, porque el problema que siempre han tenido estas organizaciones es que se aplican la violencia contra el pueblo, y por eso existe un justo rechazo, que es utilizado por la burguesía para masacrar a las maras y pandillas.

Si el capitalismo es el que lanza a los jóvenes a la marginalidad social, entonces debemos luchar contra la decadencia capitalista, y no ser parte de la misma.

La Ley de Reinserción de Pandillas

El lunes 26 de octubre del presente año el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley especial para la prevención, rehabilitación y retiro de miembros de pandillas. Los funcionarios del GOES aclararon que esta ley no consiste en algún tipo de amnistía para las maras y pandillas.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, expresó que “Esta ley busca incidir en todas aquellas personas y aquellos jóvenes que están expuestos a la influencia de maras y pandillas, aquellos que pueden tomar la decisión de salirse”. De igual manera confirmó “Esto no es una amnistía, el Estado no renuncia a hacer uso legítimo y proporcional de la fuerza, pero también ofrecemos a la juventud oportunidades para su propio desarrollo”.

Eugenio Chicas, secretario de comunicaciones de la Presidencia, ratificó dichas declaraciones: “Esta iniciativa de ley de ninguna manera es una amnistía, no se está amnistiando a quienes han cometido delitos y quienes han cometido delitos deben de responder ante la justicia (…) Únicamente aquellos que no han cometido delitos, que lo que han cometido hayan sido faltas y no delitos, podrán beneficiarse de la gracia que pueda proporcionar esta ley”, puntualizó.

“Por ejemplo, nadie puede ser beneficiario de la ley si previamente no es sometido a una experticia de investigación policial, necesitamos ver las solvencias de policía para conocer si se le está persiguiendo por un delito”.

Esta distinción entre faltas y delitos conduce de antemano al fracaso de cualquier ley de reinserción, porque si algo caracteriza a las maras es la comisión de muchos delitos que afectan directamente al pueblo.

Quiere decir entonces que el marero o pandillero curtido, lo que implica haber cometido asesinatos y otros delitos, no podrá beneficiarse con esta ley. Según el vocero de la presidencia, esta Ley va encaminada hacia la periferia de las maras y pandillas, en particular hacia ’’los chequeos y paros’’, aspirantes a “homeboys”.

Es imposible pensar en una salida al problema de violencia sin al menos una política de reinserción sincera de las principales maras y pandillas. Tales concesiones tendrían que implicar aspectos básicos como la mejora en los recintos carcelarios, programas de estudio y reinserción laboral.

Cualquier negociación debe ser pública

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) creemos que ninguna negociación a espaldas de los trabajadores y sectores populares tiene validez. Llamamos a las organizaciones sindicales y populares a organizar un nuevo dialogo que exprese las valoraciones con respecto a la ley de reinserción, la cual debe pasar previamente por la observación de las partes involucradas, ya que no se puede reinsertar a los mareros y pandilleros a la vida del ciudadano común, sin que antes hayan sido tomadas las estimaciones individuales y colectivas.

Hay una baja de homicidios, sin embargo las maras y pandillas siguen existiendo y continúan teniendo un alto grado de organización y no se desmovilizaran fácilmente si están acorraladas con una ley ineficiente o con una mayor represión. Esto no acabara con el problema, tal vez reduzcan ocasionalmente la actividad de estas agrupaciones pero a la larga no genera ninguna salida. Por ello deben ser consideradas otras formas y medios que den soluciones a largo plazo, en las condiciones actuales nadie puede asegurar que no se de otro repunte de asesinatos.

Por German Aquino

Veteranos de las fuerza armada y excombatientes de la exguerrilla del FMLN que no recibieron ningún beneficio o indemnización por su participación en la guerra se han movilizado constante y realizado una serie de acciones para exigir la aprobación de una ley que les garantice beneficios, los que les llevado en ocasiones a enfrentarse a los actuales órganos represivos de seguridad del estado.

Aprueban incipiente ley

Recientemente la asamblea legislativa por unanimidad de los diferentes partidos aprobó la Ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno. Entre los beneficios que aparentemente otorgara dicha Ley se encuentran: “1-Prestación económica e indemnización…2- Atención médica: los cuales serán brindados por medio de la red pública nacional…3- Inserción productiva…4- Educación a veteranos y sus hijos: los excombatientes tendrán derecho a servicios educativos proporcionados por el Ministerio de Educación. 5- Transferencia de tierra y vivienda…6- Créditos preferenciales…” etc. (LPG. 19/11/15).

Actualmente el gobierno del FMLN y de Sánchez Ceren enfrenta problema de financiamiento lo que le obliga a financiarse principalmente vía impuestos pagados principalmente por la clase trabajadora y el pueblo en general y vía prestamos los cuales al final también son pagados por la clase trabajadora y el pueblo, por lo cual se debe exigir que una de las principales fuentes de financiamiento para que los beneficios aprobados en dicha Ley lleguen a ser realidad se le cargue un impuesto al gran empresariado tradicional ligado a la derecha arenera y al empresariado ligado al FMLN.

Más de lo mismo

En materia de prestación económica la anterior ley no establece el monto de dicha prestación, lo cual también ha sido criticado por los veteranos y los excombatientes. En relación a la atención medica establece que estos serán vía red pública, pero es de señalar que la red pública actualmente adolece de muchas deficiencias, de la cuales casi siempre se culpa a los trabajadores cuando en realidad es el gobierno al no asignar los recursos necesarios, igual situación pase a nivel de la prestación educativa. En aras de lo anterior se debe exigir los recursos necesarios para tener una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, así mismo debemos exigir un sistema de salud que garantice una atención médica hospitalaria de calidad.

Partidos buscan sacar ventaja

Los veteranos de la fuerza armada y excombatientes de la exguerrilla del FMLN han tendido capacidad de movilización en aras de presionar al gobierno, por lo cual todos los partidos políticos buscan sacar ventaja con aprobación de dicha Ley. Al respecto la diputada arenera Margarita Escobar manifestó: “que la aprobación de esta ley es una “deuda histórica” con quienes pusieron en riesgo sus vidas durante el conflicto y que también es un agradecimiento por los servicios prestados al país” (LPG. 19/11/15). Santos Melara del FMLN manifestó: “… la nueva normativa es un reconocimiento de justicia a excombatientes del FMLN…También es un reconocimiento a los Veteranos de la Fuerza Armada que lucharon y hoy se dieron cuenta que por quienes lucharon nunca han arriesgado su vida por sus intereses…" (http://www.gpfmln.sv), todos buscan congraciarse con los veteranos y excombatientes, pero basta recordar como los gobiernos en turnos cuando ellos se han manifestado recurren a la represión.

Unidad de las luchas

Los veteranos y excombatientes no confían en la recién Ley aprobada al respecto Ovidio Aguirre presidente de la Asociación de Veteranos Militares manifestó: “…Nosotros hemos caído en la red del engaño y la han aprobado para que nos quedemos callados… la situación de los veteranos de guerra se encuentra en manos del gobierno y con una “desventaja completa”, pues asegura que los diputados y diputadas del palacio Legislativo, “ya se quitaron el problema aprobándola, pero en realidad aun no existe ningún beneficio detallado"(http://www.contrapunto.com). Como vemos la aprobación de dicha Ley ha sido una medida política en la cual todos los partidos han estado de acuerdo, esta medida busca desmovilizar a los excombatientes y veteranos, quienes deben seguir movilizando hasta lograr una ley que garantice beneficios. Para lograr que los gobiernos y los partidos políticos no se burlen debemos buscar la unidad de todas las luchas.

Por Germán Aquino

El primer gobierno del FMLN y de Mauricio Funes gozo de cierta liquidez para el financiamiento de los programas de asistencia social y para el funcionamiento del estado mismo. Este segundo gobierno del FMLN contrariamente está presentando problemas respecto a los recursos económicos para el funcionamiento para lo cual esta ingeniándoselas viendo de donde extrae los recursos, siendo los impuestos y los prestamos las principales fuentes. En materia de endeudamiento tenemos que la deuda total del Estado salvadoreño pasó de $14,592.6 millones que eran en el 2014 a $15,035.2 millones a julio de 2015, la cual al 31 de julio de 2015 era equivalente al 57.4 % del Producto Interior Bruto (PIB). Unido a lo anterior esta la crisis que atraviesa el gobierno de Maduro en Venezuela, lo impacta negativamente al gobierno del FMLN.

El empresariado tradicional y la derecha arenera conocen bien la situación del país y sabe de la necesidad de recursos por parte del actual gobierno por cual buscan la manera para evitar que su mayor adversario político obtenga dichos recursos los cuales vendrían a oxigenarlo.

Impuesto a las telecomunicaciones: doble golpe

Después de haber superado la oposición los diputados del FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron dos nuevos impuestos como son el 5% a las telecomunicaciones y el 5% a las empresas que ganan arriba de $500 mil al año. Con los fondos recaudados producto de ambos impuestos, el "... gobierno argumenta que podrá combatir la criminalidad y afirma que es parte del plan que surge del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia para hacer llegar al Estado $140 millones anuales..." El solo anuncio de de los anteriores impuestos asusto a los dueños de las empresas transnacionales de telecomunicaciones quienes inicialmente difirieron con el gobierno.  

Respecto a los anteriores impuestos el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que quienes tienen más deben pagar más, pero con dichos impuestos no será esa la realidad debido a que al final estos impuestos serán cargados por los empresarios a las personas que hacen uso de los servicios teléfono, cable e internet lo cual será otro golpe más a la economía de la clase trabajadora salvadoreña y a la clase media ya que estos servicios han pasado a ser una necesidad para muchas familias. La clase trabajadora salvadoreña y a la clase media además de cargar con los costos y las consecuencias generadas por la violencia y la delincuencia ahora deberá cargar con el financiamiento de los planes represivos que el gobierno del FMLN busca impulsar principalmente contra las maras y las pandillas.

Renacionalización de las empresas de telecomunicaciones

Además del problema de violencia y la delincuencia existen otros problemas que aquejan al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora como lo son la falta de salud gratuita y calidad para todos, falta de educación gratuita y de calidad en todos los niveles, insuficientes salarios, etc. a estos problemas el gobierno actual no ha dado la importancia necesaria, no vemos al actual gobierno del FMLN y a los Diputados de la Asamblea Legislativa aprobando una ley que obligue a la empresa privada a pagar salarios justo a la clase trabajadora, pero sacando ventaja de la violencia misma y valiéndose del sufrimiento del pueblo han aprobado una Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, ya que esto si les genera recursos a las arcas del Estado, que es lo que en esencia buscan; generar recursos que les garanticen el funcionamiento y sus salarios.

El gobierno adolece de recursos financieros para su funcionamiento, pero no quiere chocar frontalmente con el gran empresario por eso disfraza nuevos impuestos. Una forma para verdaderamente obtener recursos en el caso de las telecomunicaciones seria la renacionalización de las empresas de telecomunicaciones, las cuales en los gobiernos de la derecha arenera pasaron a manos privadas por lo cual ahora deben pasar bajo control de los trabajadores. Con esta renacionalización el estado podría asegurar mayores fondos y bajos costos por los servicios.

Declaración patrimonial e impuesto

Existe toda una discusión respecto a la propuesta del FMLN para que todas aquellas personas con patrimonio arriba de $100,000, ya sea en inmuebles, cuentas bancarias u otros lo declaren a Hacienda, según la diputada Lorena Peña del FMLN “La propuesta de declaración de patrimonio tiene un piso arriba de los $100,000, es decir (para) quienes tengan un patrimonio neto, quienes descontando sus deudas tengan $100,000 libres, ya sea en inmuebles, o en cuentas bancarias” (LPG 5/11/2015), esta iniciativa no ha sido del agrado de los partidos ARENA, PCN y PDC debido a que la consideran una “…herramienta para buscar nuevos impuestos, e incluso una forma de persecución política…” ante la oposición a dicha iniciativa Lorena Peña, diputada del FMLN considera que los opositores a dicha propuestas tergiversan “…la información para no cumplir con sus responsabilidades; sin embargo, no descarta que en el futuro busquen un impuesto mediante las declaraciones patrimoniales que ahora proponen…En la medida que declaren el patrimonio podremos establecer las rentas verdaderas. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué le tienen temor a la declaración patrimonial”, (LPG 5/11/2015) toda apunta que dicha iniciativa busca crear las condiciones para un nuevo impuesto lo cual afectaría principalmente a la clase media ya que el gran empresariado tradicional y las transnacionales siempre se las ingenia para evadir impuestos.

La declaración patrimonial debe ser igual tanto para las personas ligadas a la derecha arenera así como para las ligadas al gobierno de turno, debemos exigir que las empresas privadas nacionales y transnacionales publiquen las ganancias obtenidas mensualmente.

De la propuesta de GANA para crear comisión especial que investigue a los evasores

Diputados de GANA impulsan una iniciativa legislativa para conforma una comisión que investigue a los evasores y elusores fiscales, al igual que otras iniciativas esta es vista con recelos por los diputados de la derecha arenera, con justa razón debido a que en los gobiernos areneros como se ha podido ver fueron muchos los que no pagaron los respectivos impuestos, al respecto Mario Tenorio manifestó: “No se trata de recados para nadie, sino para que haya más responsabilidad en el pago de los tributos que nos corresponden pagar... Creemos que siendo más drásticos con la imposición de las penas de los elusores y evasores vamos a lograr tener mayor recaudación”. Este recado es para los que no pagan los impuestos correspondientes pues quien mejor para saber quiénes son los que no pagan impuestos que no sea la derecha de GANA, antiguos aliados de los mismos cuando pertenecían a la derecha arenera.

Respecto a esta iniciativa la Ana Vilma de Escobar diputada de la   derecha ARENERA se muestra a favor que los empresarios paguen sus impuestos pero considera “…que crear una comisión especial que investigue estos delitos sería caer en persecución política…que se debe evitar la persecución hacia este sector, especialmente si es realizada desde la Asamblea Legislativa debido a que considera que no es a esta institución a la que corresponde realizar este tipo de investigaciones” (LPG 9/11/2015).

Propuestas del PCN y PDC: Tributo a los casinos y descuento a funcionarios propuesta

El Partido de Concertación Nacional (PCN) no quería quedarse atrás en la presentación de propuestas de impuestos disque para obtener fondos para al combate de la delincuencia en ese sentido presento la propuesta de impuesto “…que busca una contribución especial del 15 % de las ganancias que obtengan los establecimientos en donde se practiquen juegos de azar (casinos).” Por su parte el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presento la propuesta de ley de contribución especial de funcionarios públicos para el combate de la delincuencia esta iniciativa busca que “…todos los funcionarios públicos de elección popular, o los de segundo grado electos por la Asamblea Legislativa, estarán obligados a pagar el 10% de su salario si estos sobrepasan los $2,300 mensuales…” esta última iniciativa no cuenta con el visto bueno de la derecha arenera. Los diputados saben que son una carga para la clase trabajadora, este 10% es insuficiente, por lo cual para reducir los gastos del estado lo que debemos exigir es que todos los funcionarios públicos de elección popular, o los de segundo grado deben ganar el salario que gana un trabajador común, ya que en la mayoría de casos es más valiosa la función que desempeña un profesor, un médico, una enfermera, etc. que la función que desempeñan dichos funcionarios.

La aprobación de muchos de estos impuestos necesariamente ha tenido que pasar por negociaciones especialmente entre los diputados de la joven derecha de GANA y otros partidos como el PCN y el PDC, siendo la rancia derecha de ARENA la principal opositora. Previa a esta ofensiva de impuestos diputados de GANA, ARENA, FMLN y PCN han sido señalados de incrementos patrimoniales vertiginosos así como posible involucramiento de funcionarios en casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.


Por Alberto Castro

La violencia en El Salvador cerrara el año significando altos costos humanos por el número de muertes que se han generado, así también costos económicos por los gastos que significan al país el combate que están teniendo las maras y pandillas con la Policía Nacional Civil y las fuerzas armadas.

Los costos mortales

La violencia en el país no ha disminuido, se estima que el 2015 cerrara con más de 6,000 asesinatos, este año los homicidios incrementaron en un 77.6 % entre enero y octubre de 2015 en comparación al mismo período del año pasado, según el Instituto de Medicina Legal (IML). Según El director del IML, José Miguel Fortín Magaña, en 10 meses de este año fueron asesinadas 5,614 personas, mientras que en el 2014 la cifra fue de 3,161, el incremento significativo es de 2,453. El IML señala que octubre de 2015 cerró con 676 homicidios, manteniéndose proporcionalmente un número similar a septiembre donde hubo 677, lo cual está dejando al descubierto la falacia de ’’disminución de los homicidios’’ anunciada por el gobierno.

El promedio de asesinatos del mes de octubre fue de 20 diarios, está claro que en materia de seguridad nada se ha mejorado, ni siquiera el consenso al cual se le ha conocido como Pacto de Ataco ha traído resultados que se manifiesten a corto plazo, porque la estrategia lleva en gran parte el debilitar militarmente a las maras y pandillas, desacreditarles ante la opinión pública para luego justificar la represión, sin embargo esta acción no hace más que provocar el sangramiento de muchas personas, esta no es la manera más adecuada de atender este problema.

Los costos económicos

De las cinco instituciones del Estado que terminaran el año en crisis está el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la sobre carga que requiere el funcionamiento de la institución implícitamente se relaciona con la armazón de la carga tributaria del país cuyo objetivo es tener fondos exclusivos para seguridad pública, de ahí también se deriva el impuesto a las comunicaciones para poder financiar el plan de seguridad ’’ El Salvador Seguro’’ el impuesto del 5 % por el uso de telefonías consiste en una contribución especial para el fisco que requiere cargar con un 5 % adicional el uso de telefonía móvil y fija, internet y cable. También se aplicará sobre la compra de dispositivos. La idea es que funcione durante 10 años y el objetivo es tener fondos exclusivos para seguridad pública el alto costo de los planes de seguridad que cada vez empiezan a tener aires de guerra, a ello si le sumamos las reformas de pensiones veríamos que habrá un aumento de la pobreza en el país.

La violencia es usada por el actual gobierno como la justificante para un mayor endeudamiento e impuestos a la clase trabajadora, mientras tanto el gran capital y funcionarios de los órganos de los tres poderes del estado están a salvo. La clase trabajadora vive a merced del peligro al ser la inseguridad mal atendida por el gobierno que es incapaz de promover políticas de seguridad que medien entre las partes involucradas en el conflicto social, este año se estima que Justicia y Seguridad Pública tenga un presupuesto de $442.3 millones de acuerdo al presupuesto presentado por el gobierno.

En todo esto el problema no es solo el dinero que el gobierno gasta en seguridad, lo agraviante es el contenido de las políticas de seguridad públicas que requieren dicha inyección, el Ministerio de Seguridad y Justicia gastará más en pagar salarios para el 2016, se pagarán $804 mil 650 más en salarios el próximo año.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) vemos el mal rumbo que están teniendo los gasto del GOES en materia de seguridad pública, se está mal gastando dinero en sostener un aparato que genera un despilfarro, cuando debería invertirse más juntamente entre seguridad, salud y educación, uniendo proyectos de reinserción vía mejora de la escolaridad y en personal y equipos para el ministerio de salud que lleven bienestar a toda la población.

Los fondos deberían empezarse a buscar en la Asamblea Legislativa, que implica bajar los salarios de los diputados, reducir sus bonos navideños y la compra de autos de cada año, rechazamos los impuestos y reformas que ha presentado el gobierno, porque quienes serán el sostén de ellos será el pueblo, ante ello decimos que deben subirse los impuestos al gran capital.


En el 2012 fue presentado el primer borrador del ante proyecto de Ley de la Función Pública, so pretexto de asegurar el eficaz funcionamiento de la administración pública y de promover el desarrollo de las personas que la integran. Dicha ley está dirigida a todas las personas que trabajan en las instituciones del estado.

Desde su presentación el anteproyecto de Ley de la Función Pública encontró reacción y resistencia por parte de los sindicatos, fue tal que esa disyuntiva le dio el nacimiento a la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), la que desde entonces ha rechazado rotundamente dicho anteproyecto por catalogarlo como un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores públicos. A la fecha producto de la resistencia de muchos sindicatos dicho anteproyecto de ley ha sido modificado.

Necesitamos condiciones materiales que aseguren los derechos

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que los trabajadores públicos de las diferentes instituciones del estado sean estas del gobierno central, gobiernos municipales e instituciones autónomas, además de necesitar condiciones jurídicas también   necesitamos condiciones materiales que garanticen la estabilidad y el bienestar económico. Si bien es cierto el actual anteproyecto de Ley de la función pública representa cierta progresividad en materia de reconocimiento jurídico de derechos a los empleados públicos dicha ley no brinda las condiciones materiales para que los derechos sean una realidad.

No a los despidos, si a la estabilidad laboral

Los trabajadores públicos en cada evento electoral y en cada reestructuración del aparato del estado estamos expuestos a los despidos, por lo cual debemos exigir que el actual anteproyecto de ley proteja a los trabajadores de cualquier despido producto de la implementación de dicha ley.

Los gobiernos son los responsables

A los trabajadores púbicos se nos es atribuido las deficiencias de ciertos servicios prestados como salud y educación, etc., cuando en realidad no es culpa de los trabajadores sino de los gobiernos al no asignar los recursos necesarios por lo cual el gobierno debe invertir más personal operativo que en burocracias.

Democracia y participación directa de los trabajadores

El actual anteproyecto de ley no garantiza la democracia y la participación directa de los trabajadores al momento de elegir a las autoridades responsables del Consejo Directivo de la Autoridad Rectora   el cual es un cuerpo colegiado integrado por tres miembros propietarios: uno electo por la Asamblea Legislativa, otro nombrado por el Presidente de la República; y otro electo por la Corte Suprema de Justicia. Y los miembros del El Tribunal quienes serán electos y nombrados de igual manera que los anteriores. En ambos cargos los trabajadores solo presentarán ternas pero será la Asamblea Legislativa quien elija al representante de los trabajadores.

Como PSOCA consideramos que los trabajadores públicos y las bases sindicales debemos nombrar y elegir directamente a nuestros representantes a través de una elección nacional, en donde los sindicatos deben ser los encargados de montar dicho proceso del cual salgan electo los representantes, no debe ser el Presidente de la república, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes lo nombren, ya que estos funcionarios no representan los intereses de los trabajadores. Debemos exigir la independencia de clase de los sindicatos respecto a los gobiernos.

Si a la contratación permanente

El actual anteproyecto de Ley de la función pública no contempla un aumento real al salario, ni la contratación permanente de aquellos trabajadores que se encuentran temporalmente. Etc. Contrario a ellos establece nuevas formas de contratación las cuales atentan contra los derechos laborales y la estabilidad laboral.

Que los trabajadores públicos decidan

Como PSOCA consideramos que toda Ley o reforma de Ley que toque aspectos relacionados con los trabajadores debe pasar por la aprobación de los trabajadores, por lo cual el actual anteproyecto de Ley de la función pública debe ser sometido a votación de los trabajadores públicos.

Partido Socialista Centroamericano. PSOCA

Centroamérica, 7 de octubre del 2015.

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