Por Germán Aquino

El primer gobierno del FMLN y de Mauricio Funes gozo de cierta liquidez para el financiamiento de los programas de asistencia social y para el funcionamiento del estado mismo. Este segundo gobierno del FMLN contrariamente está presentando problemas respecto a los recursos económicos para el funcionamiento para lo cual esta ingeniándoselas viendo de donde extrae los recursos, siendo los impuestos y los prestamos las principales fuentes. En materia de endeudamiento tenemos que la deuda total del Estado salvadoreño pasó de $14,592.6 millones que eran en el 2014 a $15,035.2 millones a julio de 2015, la cual al 31 de julio de 2015 era equivalente al 57.4 % del Producto Interior Bruto (PIB). Unido a lo anterior esta la crisis que atraviesa el gobierno de Maduro en Venezuela, lo impacta negativamente al gobierno del FMLN.

El empresariado tradicional y la derecha arenera conocen bien la situación del país y sabe de la necesidad de recursos por parte del actual gobierno por cual buscan la manera para evitar que su mayor adversario político obtenga dichos recursos los cuales vendrían a oxigenarlo.

Impuesto a las telecomunicaciones: doble golpe

Después de haber superado la oposición los diputados del FMLN, GANA y algunos diputados del PCN aprobaron dos nuevos impuestos como son el 5% a las telecomunicaciones y el 5% a las empresas que ganan arriba de $500 mil al año. Con los fondos recaudados producto de ambos impuestos, el "... gobierno argumenta que podrá combatir la criminalidad y afirma que es parte del plan que surge del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia para hacer llegar al Estado $140 millones anuales..." El solo anuncio de de los anteriores impuestos asusto a los dueños de las empresas transnacionales de telecomunicaciones quienes inicialmente difirieron con el gobierno.  

Respecto a los anteriores impuestos el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que quienes tienen más deben pagar más, pero con dichos impuestos no será esa la realidad debido a que al final estos impuestos serán cargados por los empresarios a las personas que hacen uso de los servicios teléfono, cable e internet lo cual será otro golpe más a la economía de la clase trabajadora salvadoreña y a la clase media ya que estos servicios han pasado a ser una necesidad para muchas familias. La clase trabajadora salvadoreña y a la clase media además de cargar con los costos y las consecuencias generadas por la violencia y la delincuencia ahora deberá cargar con el financiamiento de los planes represivos que el gobierno del FMLN busca impulsar principalmente contra las maras y las pandillas.

Renacionalización de las empresas de telecomunicaciones

Además del problema de violencia y la delincuencia existen otros problemas que aquejan al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora como lo son la falta de salud gratuita y calidad para todos, falta de educación gratuita y de calidad en todos los niveles, insuficientes salarios, etc. a estos problemas el gobierno actual no ha dado la importancia necesaria, no vemos al actual gobierno del FMLN y a los Diputados de la Asamblea Legislativa aprobando una ley que obligue a la empresa privada a pagar salarios justo a la clase trabajadora, pero sacando ventaja de la violencia misma y valiéndose del sufrimiento del pueblo han aprobado una Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, ya que esto si les genera recursos a las arcas del Estado, que es lo que en esencia buscan; generar recursos que les garanticen el funcionamiento y sus salarios.

El gobierno adolece de recursos financieros para su funcionamiento, pero no quiere chocar frontalmente con el gran empresario por eso disfraza nuevos impuestos. Una forma para verdaderamente obtener recursos en el caso de las telecomunicaciones seria la renacionalización de las empresas de telecomunicaciones, las cuales en los gobiernos de la derecha arenera pasaron a manos privadas por lo cual ahora deben pasar bajo control de los trabajadores. Con esta renacionalización el estado podría asegurar mayores fondos y bajos costos por los servicios.

Declaración patrimonial e impuesto

Existe toda una discusión respecto a la propuesta del FMLN para que todas aquellas personas con patrimonio arriba de $100,000, ya sea en inmuebles, cuentas bancarias u otros lo declaren a Hacienda, según la diputada Lorena Peña del FMLN “La propuesta de declaración de patrimonio tiene un piso arriba de los $100,000, es decir (para) quienes tengan un patrimonio neto, quienes descontando sus deudas tengan $100,000 libres, ya sea en inmuebles, o en cuentas bancarias” (LPG 5/11/2015), esta iniciativa no ha sido del agrado de los partidos ARENA, PCN y PDC debido a que la consideran una “…herramienta para buscar nuevos impuestos, e incluso una forma de persecución política…” ante la oposición a dicha iniciativa Lorena Peña, diputada del FMLN considera que los opositores a dicha propuestas tergiversan “…la información para no cumplir con sus responsabilidades; sin embargo, no descarta que en el futuro busquen un impuesto mediante las declaraciones patrimoniales que ahora proponen…En la medida que declaren el patrimonio podremos establecer las rentas verdaderas. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué le tienen temor a la declaración patrimonial”, (LPG 5/11/2015) toda apunta que dicha iniciativa busca crear las condiciones para un nuevo impuesto lo cual afectaría principalmente a la clase media ya que el gran empresariado tradicional y las transnacionales siempre se las ingenia para evadir impuestos.

La declaración patrimonial debe ser igual tanto para las personas ligadas a la derecha arenera así como para las ligadas al gobierno de turno, debemos exigir que las empresas privadas nacionales y transnacionales publiquen las ganancias obtenidas mensualmente.

De la propuesta de GANA para crear comisión especial que investigue a los evasores

Diputados de GANA impulsan una iniciativa legislativa para conforma una comisión que investigue a los evasores y elusores fiscales, al igual que otras iniciativas esta es vista con recelos por los diputados de la derecha arenera, con justa razón debido a que en los gobiernos areneros como se ha podido ver fueron muchos los que no pagaron los respectivos impuestos, al respecto Mario Tenorio manifestó: “No se trata de recados para nadie, sino para que haya más responsabilidad en el pago de los tributos que nos corresponden pagar... Creemos que siendo más drásticos con la imposición de las penas de los elusores y evasores vamos a lograr tener mayor recaudación”. Este recado es para los que no pagan los impuestos correspondientes pues quien mejor para saber quiénes son los que no pagan impuestos que no sea la derecha de GANA, antiguos aliados de los mismos cuando pertenecían a la derecha arenera.

Respecto a esta iniciativa la Ana Vilma de Escobar diputada de la   derecha ARENERA se muestra a favor que los empresarios paguen sus impuestos pero considera “…que crear una comisión especial que investigue estos delitos sería caer en persecución política…que se debe evitar la persecución hacia este sector, especialmente si es realizada desde la Asamblea Legislativa debido a que considera que no es a esta institución a la que corresponde realizar este tipo de investigaciones” (LPG 9/11/2015).

Propuestas del PCN y PDC: Tributo a los casinos y descuento a funcionarios propuesta

El Partido de Concertación Nacional (PCN) no quería quedarse atrás en la presentación de propuestas de impuestos disque para obtener fondos para al combate de la delincuencia en ese sentido presento la propuesta de impuesto “…que busca una contribución especial del 15 % de las ganancias que obtengan los establecimientos en donde se practiquen juegos de azar (casinos).” Por su parte el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presento la propuesta de ley de contribución especial de funcionarios públicos para el combate de la delincuencia esta iniciativa busca que “…todos los funcionarios públicos de elección popular, o los de segundo grado electos por la Asamblea Legislativa, estarán obligados a pagar el 10% de su salario si estos sobrepasan los $2,300 mensuales…” esta última iniciativa no cuenta con el visto bueno de la derecha arenera. Los diputados saben que son una carga para la clase trabajadora, este 10% es insuficiente, por lo cual para reducir los gastos del estado lo que debemos exigir es que todos los funcionarios públicos de elección popular, o los de segundo grado deben ganar el salario que gana un trabajador común, ya que en la mayoría de casos es más valiosa la función que desempeña un profesor, un médico, una enfermera, etc. que la función que desempeñan dichos funcionarios.

La aprobación de muchos de estos impuestos necesariamente ha tenido que pasar por negociaciones especialmente entre los diputados de la joven derecha de GANA y otros partidos como el PCN y el PDC, siendo la rancia derecha de ARENA la principal opositora. Previa a esta ofensiva de impuestos diputados de GANA, ARENA, FMLN y PCN han sido señalados de incrementos patrimoniales vertiginosos así como posible involucramiento de funcionarios en casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

Por Alberto Castro

La violencia en El Salvador cerrara el año significando altos costos humanos por el número de muertes que se han generado, así también costos económicos por los gastos que significan al país el combate que están teniendo las maras y pandillas con la Policía Nacional Civil y las fuerzas armadas.

Los costos mortales

La violencia en el país no ha disminuido, se estima que el 2015 cerrara con más de 6,000 asesinatos, este año los homicidios incrementaron en un 77.6 % entre enero y octubre de 2015 en comparación al mismo período del año pasado, según el Instituto de Medicina Legal (IML). Según El director del IML, José Miguel Fortín Magaña, en 10 meses de este año fueron asesinadas 5,614 personas, mientras que en el 2014 la cifra fue de 3,161, el incremento significativo es de 2,453. El IML señala que octubre de 2015 cerró con 676 homicidios, manteniéndose proporcionalmente un número similar a septiembre donde hubo 677, lo cual está dejando al descubierto la falacia de ’’disminución de los homicidios’’ anunciada por el gobierno.

El promedio de asesinatos del mes de octubre fue de 20 diarios, está claro que en materia de seguridad nada se ha mejorado, ni siquiera el consenso al cual se le ha conocido como Pacto de Ataco ha traído resultados que se manifiesten a corto plazo, porque la estrategia lleva en gran parte el debilitar militarmente a las maras y pandillas, desacreditarles ante la opinión pública para luego justificar la represión, sin embargo esta acción no hace más que provocar el sangramiento de muchas personas, esta no es la manera más adecuada de atender este problema.

Los costos económicos

De las cinco instituciones del Estado que terminaran el año en crisis está el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la sobre carga que requiere el funcionamiento de la institución implícitamente se relaciona con la armazón de la carga tributaria del país cuyo objetivo es tener fondos exclusivos para seguridad pública, de ahí también se deriva el impuesto a las comunicaciones para poder financiar el plan de seguridad ’’ El Salvador Seguro’’ el impuesto del 5 % por el uso de telefonías consiste en una contribución especial para el fisco que requiere cargar con un 5 % adicional el uso de telefonía móvil y fija, internet y cable. También se aplicará sobre la compra de dispositivos. La idea es que funcione durante 10 años y el objetivo es tener fondos exclusivos para seguridad pública el alto costo de los planes de seguridad que cada vez empiezan a tener aires de guerra, a ello si le sumamos las reformas de pensiones veríamos que habrá un aumento de la pobreza en el país.

La violencia es usada por el actual gobierno como la justificante para un mayor endeudamiento e impuestos a la clase trabajadora, mientras tanto el gran capital y funcionarios de los órganos de los tres poderes del estado están a salvo. La clase trabajadora vive a merced del peligro al ser la inseguridad mal atendida por el gobierno que es incapaz de promover políticas de seguridad que medien entre las partes involucradas en el conflicto social, este año se estima que Justicia y Seguridad Pública tenga un presupuesto de $442.3 millones de acuerdo al presupuesto presentado por el gobierno.

En todo esto el problema no es solo el dinero que el gobierno gasta en seguridad, lo agraviante es el contenido de las políticas de seguridad públicas que requieren dicha inyección, el Ministerio de Seguridad y Justicia gastará más en pagar salarios para el 2016, se pagarán $804 mil 650 más en salarios el próximo año.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) vemos el mal rumbo que están teniendo los gasto del GOES en materia de seguridad pública, se está mal gastando dinero en sostener un aparato que genera un despilfarro, cuando debería invertirse más juntamente entre seguridad, salud y educación, uniendo proyectos de reinserción vía mejora de la escolaridad y en personal y equipos para el ministerio de salud que lleven bienestar a toda la población.

Los fondos deberían empezarse a buscar en la Asamblea Legislativa, que implica bajar los salarios de los diputados, reducir sus bonos navideños y la compra de autos de cada año, rechazamos los impuestos y reformas que ha presentado el gobierno, porque quienes serán el sostén de ellos será el pueblo, ante ello decimos que deben subirse los impuestos al gran capital.

En el 2012 fue presentado el primer borrador del ante proyecto de Ley de la Función Pública, so pretexto de asegurar el eficaz funcionamiento de la administración pública y de promover el desarrollo de las personas que la integran. Dicha ley está dirigida a todas las personas que trabajan en las instituciones del estado.

Desde su presentación el anteproyecto de Ley de la Función Pública encontró reacción y resistencia por parte de los sindicatos, fue tal que esa disyuntiva le dio el nacimiento a la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), la que desde entonces ha rechazado rotundamente dicho anteproyecto por catalogarlo como un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores públicos. A la fecha producto de la resistencia de muchos sindicatos dicho anteproyecto de ley ha sido modificado.

Necesitamos condiciones materiales que aseguren los derechos

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que los trabajadores públicos de las diferentes instituciones del estado sean estas del gobierno central, gobiernos municipales e instituciones autónomas, además de necesitar condiciones jurídicas también   necesitamos condiciones materiales que garanticen la estabilidad y el bienestar económico. Si bien es cierto el actual anteproyecto de Ley de la función pública representa cierta progresividad en materia de reconocimiento jurídico de derechos a los empleados públicos dicha ley no brinda las condiciones materiales para que los derechos sean una realidad.

No a los despidos, si a la estabilidad laboral

Los trabajadores públicos en cada evento electoral y en cada reestructuración del aparato del estado estamos expuestos a los despidos, por lo cual debemos exigir que el actual anteproyecto de ley proteja a los trabajadores de cualquier despido producto de la implementación de dicha ley.

Los gobiernos son los responsables

A los trabajadores púbicos se nos es atribuido las deficiencias de ciertos servicios prestados como salud y educación, etc., cuando en realidad no es culpa de los trabajadores sino de los gobiernos al no asignar los recursos necesarios por lo cual el gobierno debe invertir más personal operativo que en burocracias.

Democracia y participación directa de los trabajadores

El actual anteproyecto de ley no garantiza la democracia y la participación directa de los trabajadores al momento de elegir a las autoridades responsables del Consejo Directivo de la Autoridad Rectora   el cual es un cuerpo colegiado integrado por tres miembros propietarios: uno electo por la Asamblea Legislativa, otro nombrado por el Presidente de la República; y otro electo por la Corte Suprema de Justicia. Y los miembros del El Tribunal quienes serán electos y nombrados de igual manera que los anteriores. En ambos cargos los trabajadores solo presentarán ternas pero será la Asamblea Legislativa quien elija al representante de los trabajadores.

Como PSOCA consideramos que los trabajadores públicos y las bases sindicales debemos nombrar y elegir directamente a nuestros representantes a través de una elección nacional, en donde los sindicatos deben ser los encargados de montar dicho proceso del cual salgan electo los representantes, no debe ser el Presidente de la república, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes lo nombren, ya que estos funcionarios no representan los intereses de los trabajadores. Debemos exigir la independencia de clase de los sindicatos respecto a los gobiernos.

Si a la contratación permanente

El actual anteproyecto de Ley de la función pública no contempla un aumento real al salario, ni la contratación permanente de aquellos trabajadores que se encuentran temporalmente. Etc. Contrario a ellos establece nuevas formas de contratación las cuales atentan contra los derechos laborales y la estabilidad laboral.

Que los trabajadores públicos decidan

Como PSOCA consideramos que toda Ley o reforma de Ley que toque aspectos relacionados con los trabajadores debe pasar por la aprobación de los trabajadores, por lo cual el actual anteproyecto de Ley de la función pública debe ser sometido a votación de los trabajadores públicos.

Partido Socialista Centroamericano. PSOCA

Centroamérica, 7 de octubre del 2015.

Por Germán Aquino

Producto de las políticas neoliberales, muchos servicios, activos o bienes del Estado pasaron a manos privadas. Los fondos de pensiones no fueron la excepción. En su momento, los trabajadores tuvimos que cargar los efectos negativos de dichas privatizaciones. Estas se presentaron como la mejor salida ante la crisis del sistema de seguridad social, pero años después podemos ver el fracaso de las políticas neoliberales que permitieron la especulación con el dinero de las pensiones.

Según Salvador Arias, en catorce años de privatización de las pensiones, la clase trabajadora ha tenido que pagar “un costo de $1,358 millones solo por administrar los ahorros (…) la privatización del sistema de pensiones le ha costado un total de $8,517 millones al Estado en transferencias que se han hecho hacia las AFP para que estas sean rentables... Solo en los últimos 14 años, las AFP han percibido utilidades de $252 millones (http://diario1.com/nacionales/2015/09/salvador-arias-las-afp-han-saqueado-a-los-trabajadores-salvadorenos/).

Estas cifras reflejan que la privatización de las pensiones ha sido un gran negocio para la empresa privada, ya que además de apropiarse del dinero de los trabajadores ha recibido otros fondos del Estado. ¿Si el Estado debe aportar recursos para mantener con vida los fondos de pensiones, entonces por que fueron privatizados? Es algo realmente incomprensible.

El Estado no tiene dinero para pagar las pensiones

Actualmente el gobierno del FMLN enfrenta problemas con el pago de pensiones asumidas en el viejo sistema de pensiones. “El Ministerio de Hacienda asegura que no tiene dinero para pagar las pensiones mínimas de las personas que no logran cotizar 25 años pues no percibe ningún flujo”.

Para lo solventar esta problemática, el gobierno del FMLN, después de muchas vacilaciones, ha presentado una extraña propuesta de reforma al sistema de pensiones: “… este pago de la pensión mínima le genera al Gobierno un gasto por $6,346.18 más otro gasto por $7,731.49 que tiene que cancelar por beneficios subsidiados al nuevo sistema privado, que dependen de una serie de cambios legales que se hicieron desde 1998 a la fecha. Las contribuciones que se realicen al pilar de reparto (sistema público) permitirán financiar parte de las obligaciones del Estado con los actuales pensionados, lo cual contribuirá de manera positiva a la sostenibilidad fiscal…” (EDH. 8/09/2015).

Los trabajadores que laboraron en décadas anteriores aportaron los recursos financieros para el pago de su pensión, lo que debe haber generado ganancias. Pero es dinero se ha esfumado en la especulación capitalista. El gobierno del FMLN está en la obligación de retribuir ese dinero pagando una pensión que permita al jubilado vivir dignamente. Es inadmisible que ahora el Estado afirme que no tiene dicho dinero. Los administradores de los fondos de pensiones, es decir, el sector privado deben rendir cuenta sobre el manejo del dinero de las pensiones. El actual gobierno del FMLN debe buscar los mecanismos de compensación para que no sean los trabajadores a punto de jubilarse quienes paguen los altos costos de la privatización.

Primero los gobierno areneros y ahora el gobierno del FMLN   han puesto en riesgo el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados, y de los que se van a jubilar en el futuro inmediato.

Sistema mixto: un zarpazo a los fondos de pensiones

El gobierno del FMLN ha presentado una propuesta de creación de un nuevo sistema de pensiones, el cual funcionaria de forma mixta (Estado-privados), lo que permitiría que el sistema privado continuara funcionando, pero incorporando nuevamente el Estado. De esa forma quienes “…ganen hasta $484 de sueldo, coticen en el sector público, y quienes ganen más de ese monto coticen por $484 al sector público y la diferencia la coticen al sector privado…”(LPG 5/09/20515).

Las privatizaciones de las pensiones favorecieron a los bancos y grupos financieros. Ahora estamos ante un escenario parecido, con respecto a la Administración del Fondo de Pensiones (AFP). Según el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, las AFP continuarán administrando los dineros del fondo público de pensiones “…Sin embargo, eso dependería de lo que cobrarían al Estado por la administración de los recursos que se coticen en el sector público…” (LPG 5/09/20515). Las ganancias generadas por la administración de dichos fondos son millonarias, algo que no despreciaría ningún empresario, sea de la rancia burguesía o de la burguesía naciente ligada al gobierno. Esta reforma obligaría a las AFP a negociar una parte de las ganancias.

Organizaciones sindicales critican nuevo sistema de pensiones

El respaldo dado por muchas organizaciones al actual gobierno del FMLN, no impedido que estas muestren su apatía o rechazo a la propuesta de nuevo sistema de pensiones. Representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (COMTRADEFOP) consideran que “ …el plan Cáceres no tendrá beneficios para los salvadoreños sino solo para las finanzas públicas. De acuerdo con sus cálculos, más del 55 % de los cotizantes del actual sistema privado tendría que entregar todos sus ahorros (cotizaciones) al nuevo sistema de reparto que propone crear el ministro, y que usaría el Gobierno para pagar sus gastos corrientes. Además, cada mes, las cotizaciones de los afiliados, alrededor de $41 millones, ingresarían a las arcas del Estado. En teoría, este dinero sería utilizado para pagar las pensiones de quienes ya se han jubilado y los compromisos de pensión mínima que el Estado tiene actualmente. “El sistema no es solidario. Nos está igualando a todos para tener una pensión mínima, porque el Estado solo garantiza la pensión mínima”… el plan Cáceres respondería solo a intereses fiscales, es decir, obtener dinero para cumplir con los pagos del Estado. “Alguien quiere limpiar las finanzas públicas y luego aparecer en la banca extranjera para seguir prestando…” ( EDH. 11/09/2015)

Por su parte Roger Gutiérrez, secretario general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), manifestó “… que el principal problema que ven a dicha iniciativa es la pensión básica de $207 mensuales. “¿Quién vive con eso?”, recordando que la canasta básica tiene un costo cercano a los $484 en el país.” (EDH. 11/09/2015). Las organizaciones sindicales deben mantener su independencia de clase con respecto al gobierno y continuar luchando en defensa de los derechos de los trabajadores.

Universalidad de la pensión básica

En el contexto de la discusión del sistema de pensión mixta, Medardo González, Secretario General del FMLN, confirmó el apoyo a la propuesta presentada por el Ministro de Hacienda, y que dicho sistema de pensiones consistiría en que una parte los fondos los recibiría el Estado y otra las AFP.

González señaló además que “…la posición del FMLN es tener un sistema mixto que garantice por fin justicia, en donde el Estado tenga los ingresos de pensiones suficientes para pagar las pensiones que el pueblo necesita que le paguen… Agregó que esto quiere decir, que se iniciará también un proceso hacia la universalidad de la pensión básica…”(EDH. 14/09/2015).

Como bien lo ha dicho, el actual sistema de pensiones es un fracaso ya que no garantiza una pensión justa. Respecto a la universalidad de la pensión básica, es un hecho que todas las personas mayores de edad deben tener acceso a una pensión básica, independientemente hayan cotizado lo suficiente o no. Es responsabilidad del Estado garantizarla. Estos fondos deben salir de las ganancias de los empresarios, esa es la mínima responsabilidad social que deben tener, pero el actual gobierno solo quiere cargar los costos de la seguridad social sobre los hombros de la clase trabajadora.

ARENA y su falacia

Actualmente ARENA, desde la oposición, busca presentarse como la protectora de la clase trabajadora, exigiendo una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones, mostrándose en contra de la propuesta de sistema mixto de pensiones presentada por el gobierno del FMLN. Al respecto, Milena de Escalón, de ARENA, señaló   no conocer “… en detalle la moción del Gobierno, pero vaticina desde ya que lo que buscan es tener fondos disponibles para “tapar el hoyo fiscal” que tiene la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén…Ahora quieren regresar a tener un ‘cuchubal’ donde meten todo en un hoyo negro y después ese hoyo negro se queda vacío, porque lo usan para necesidades del Gobierno y vuelven a tener problemas”. ARENA no se preocupa verdaderamente por la clase trabajadora, más bien busca asfixiar financieramente al gobierno del FMLN, como parte de su estrategia de recuperar el poder.

Por una pensión justa

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que el actual sistema de pensiones, y las propuestas de reformas al sistema de pensiones presentadas por el Ministro de Hacienda, no garantizan una pensión que cubra las necesidades básicas de las personas jubiladas. Por ello llamamos a todas las personas jubiladas, a luchar y exigir una digna pensión de acorde al costo de la vida. Asimismo, llamamos a todas las organizaciones sindicales o no permitir que el gobierno haga uso de los fondos de pensiones para sufragar gastos. El PSOCA considera que toda reforma del sistema de pensiones debe pasar por la aprobación de la clase trabajadora, por lo cual el gobierno debe someter a votación de la clase trabajadora dichas reformas. Debemos exigirle al gobierno que respete y garantice el fondo de pensiones.