Por Francisco Robles

“Esto le pasa a los mareros, grupo de exterminio”. Este fue el mensaje que dejo escrito en el cuerpo de un estudiante del Instituto Nacional de Nueva Guadalupe, San Miguel, un supuesto grupo de exterminio bajo el cual quedó adjudicado dicho asesinato, con ello buscan dejar una advertencia hacia las maras. El hecho sucedió el día 15 de febrero.

A los altos índices de violencia y asesinatos que registra el país se le agrega otro problema más: la aparición de grupos que se autodenominan de exterminio de mareros, que presagia un enfrentamiento más violento. En el departamento de San Miguel es donde principalmente se están dando este tipo de casos, específicamente en el cantón Monte Grande, en la zona conocida como Ojo de Agua. El mismo día también pasó algo similar, un menor de 16 años fue asesinado y los hechores dejaron otro mensaje igual. Se registran otros casos en los departamentos de La Libertad, Cuscatlán, San Vicente, Sonsonate y La Unión.

La situación altamente violenta y las declaraciones de los diputados

No es algo aislado lo que está pasando, ni tampoco es la primera vez que se escucha de la aparición de grupos de exterminio. Los asesinatos auto adjudicados por los grupos de “limpieza social” podrían obedecer a un plan de exterminio masivo. La interrogante entonces vendría a ser ¿quién los dirige?

Es importante entender que la reaparición de grupos de exterminio no vendría a remediar nada, sino sumar más muertes en un escenario que presenta conflictos territoriales entre la MS 13 y pandilla 18, también con bandas juveniles que también están teniendo enfrentamientos con la Policía Nacional Civil. Cada vez es peor el panorama.

El problema de la violencia es junto al déficit fiscal uno de los mayores desafíos que le toca enfrentar al GOES. Debido a los pocos entendimientos del bipartidismo (ARENA-FMLN).

Debate e impotencia legislativa

La Asamblea Legislativa tampoco ha logrado afinar salidas que generen bienestar a la mayor parte de la población. Los diputados, salvo Guillermo Gallegos del partido GANA, coinciden en que se debe investigar a profundidad la existencia de los grupos de exterminio. “Hay que realizar investigaciones profundas sobre este tema, más bien las investigaciones que haga en este caso la Fiscalía y la Policía esperaría que den alguna pista o que determine de dónde proviene esta situación”, dijo el diputado de ARENA y miembro de la comisión de seguridad, Rodrigo Ávila.

“Aquí todo mundo tiene que ir a la justicia. No puede ser bajo el nombre de ajusticiar matar gente. No es justificable”, sentenció el presidente de dicha comisión, Antonio Almendáriz. “Ojalá el país no avance en esta ruta, porque una cosa es el trabajo que las autoridades hacen y los riesgos de enfrentarse a la criminalidad y otra cosa es que la ciudanía por sus medios tome ese tipo de decisiones. Yo más esperaría que fuera una caso aislado, pero el país no gana con este tipo de medidas”, dijo el diputado Misael Mejía, del FMLN.

Estos legisladores han valorado aparentemente los hechos como algo preocupante, porque se les restaría importancia a las autoridades. Sin embargo, el diputado Gallegos justificó los grupos de exterminio de la manera siguiente: “Esto es producto del cansancio de la población honrada de este país que cada día más decide tomar justicia por sus manos ante los abusos y atrocidades que estos sujetos están cometiendo. Es imposible no poder dejar de estar de acuerdo con este tipo de acciones cuando estos sujetos cometen un sinfín de homicidios, asesinatos, extorsiones, amenazas y la verdad es que esto yo no lo puedo reprochar, no lo puedo ponerme en contra de ello porque es producto de la situación que se vive en el país”.

El legado oscuro de la Sombra Negra

Anteriormente y en diferentes contextos históricos, se ha dado el fenómeno de la aparición de grupos paramilitares. Durante la guerra civil aparecieron los Escuadrones de la Muerte cuyo objetivo central era aniquilar líderes de las organizaciones populares. Más tarde, en diciembre de 1994, paradójicamente, en el Departamento de San Miguel apareció la “Sombra Negra” cuyo objetivo fue el exterminio de las maras y pandillas ya en boga durante la mitad de los 90’s. Todo indica que los actuales grupos de exterminio quieren retomar el legado de la Sombra Negra.

Debemos rechazar cualquier acción de exterminio, porque este tipo de hechos solo se suman a los índices de asesinatos, dejando intactas las causas sociales que permiten el desarrollo de la violencia, La solución no recae en exterminar a los miembros de las maras. Las raíces están la crisis del sistema capitalista en Centroamérica que, apegada a la desfragmentación familiar y la marginalidad social y desocupación de millones de jóvenes, da lugar para que las maras y pandillas sean el producto pasivo más radical de esta decadencia. El gobierno del FMLN debe hacer uso de todos los medios disponibles para realizar una investigación exhaustiva para dar con los responsables de estos grupos, que hoy atacan a las maras pero después atacaran el descontento obrero y popular.

Por German Aquino

Los cambios anunciados por el gobierno del FMLN al   sistema de pensiones han puesto en alerta a los bloques económicos hegemónicos salvadoreños, quien ha accionado todas sus instituciones afines. Las diferentes federaciones sindicales tienen sus puntos de vistas respecto a la propuesta presentada por el gobierno así mismo presentan propuestas. Los trabajadores asalariados como los principales afectados debemos exigir propuestas que estén en función de los intereses de los trabajadores.

Pensiones y fondo de inversión

Antes de la privatización de la pensiones se tenía un sistema de reparto, en el cual era el estado quien administraba los ahorros de los cotizantes del INPEP y del ISSS, con la privatización   la administración de las pensiones paso a un sistema sistema previsional en donde   las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) son las responsable, en donde cada trabajador asalariado tiene su cuenta individual, todo lo anterior se realizó bajo el supuesto que el dinero ahorrado en estas cuentas por los trabajadores al ser colocados en fondos de inversiones (FI) darían grandes rendimientos de los cuales echaría mano el trabajador en su jubilación, cosa que no ha sido asi.

Un fondo de inversión “…es un instrumento de ahorro que reúne a un gran número de personas que quieren invertir su dinero… cabe señalar que en este caso ese gran número de personas es la clase trabajadora salvadoreña que fue obligada por los gobiernos areneros a pasarse a dicho sistema. El fondo pone en común el dinero de este grupo de personas y una entidad gestora se ocupa de invertirlo (cobrando comisiones por ello) en una serie de activos como pueden ser acciones, títulos de renta fija, activos monetarios, derivados…”(http://www.morningstar) esa entidad gestora son las AFP.

Privatización, baja rentabilidad, e insostenibilidad

Las únicas beneficiadas con la privatización del sistema de pensiones han sido las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) quienes han obtenido grandes ganancias.” Desde 1998 hasta 2014, las Administradoras de Fondos de Pensiones han tenido en promedio utilidades anuales de más de $7 millones. Las de AFP Confía suman $133 millones y, las de AFP Crecer, $119 millones… Los registros proporcionados por la SSF indican que la AFP Confía inició sus operaciones hace 17 años con pérdidas de $1.3 millones, pero, en 1999 obtuvo utilidades por más de $1.1 millones y desde entonces no detallan números rojos. Mientras, en AFP Crecer, no hay registros de sus ganancias en los años de 1998 y 1999, pero en el 2000 se muestra una utilidad de $146,400. Esta empresa tampoco registra pérdidas en las cuentas entregadas a la SSF. (http://diariolahuella.com/afp-acumulan-mas-253-millones-en-ganancias-del-dinero-de-los-trabajadores/

Al inicio fueran varias las administradoras actualmente se tienen AFP CRECER y la AFP Confía. La primera surge como resultado de la fusión de AFP: Máxima, Previsión y Porvenir. En el caso de AFP CRECER hasta el 2014 el conglomerado financiero CITIGRUOP, era propietaria del 75% de las acciones de la administradora de pensiones. El restante 25% pertenece a otras sociedades y personas naturales.

Para los organismos financieros multinacionales el problema de la sostenibilidad de las pensiones está relacionado con el problema demográfico ya que considera que las personas están viviendo más años, lo que lleva a un aumento de la población mayor de 65 años, por lo cual plantean como solución el aumento de años para jubilarse, nada más falso.

De lo que va desde las privatizaciones de las pensiones todo ha demostrado que estas no favorecieron a la clase trabajadora, solo a las AFP, lo que llevo a las mismo gobiernos areneros a tocar dicho fondo de pensión fue así como el gobierno arenero de Tony Saca al no poder continuar pagando las pensiones de los jubilados del antiguo sistema, “…creó los Certificados de Inversión Provisional (CIP), que permitía al gobierno apropiarse del 30 % de los ahorros de las AFP…” (EDH. 20/06/2015). Al llegar el FMLN al gobierno con Mauricio Funes encontró más agudizado la problemática para ello “… aumentó al 45 %, a un interés del 1.5 %...” (EDH. 20/06/2015)

Oposición a la baja rentabilidad

El robo a la clase trabajadora inicio con la privatización misma, a la cual existió oposición por parte de los trabajadores pero no se pudo detener dicho proceso, la dirección del FMLN como oposición no jugó el papel correspondiente, pues venia de los acuerdos de paz y estaba inmerso en luchas internas.  

La baja rentabilidad de las pensiones viene desde los gobiernos areneros durante ese periodo se mantuvo total silencio. La misma agudización de la crisis del sistema de pensiones llevo a que el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (COMTRADEFOP) pusiera ante la a Sala de lo Constitucional una demanda de cara a exigir mayores intereses por los Certificados de Inversión Provisional (CIP), dicha demanda fue aceptada ante lo cual la Sala de lo Constitucional, quien en el 2014 “…ordenaba a la Asamblea revisar la manera en que es fijado el interés que se paga por usar los ahorros de los trabajadores y además establecer una modalidad que permita que ese dinero gane un interés mayor…”(LPG. 1/01/2016).

Si bien es cierto los ahorros de los trabajadores deben tener mayores intereses, lo cual es una legitima reivindicación de la clase trabajadora dicha resolución no significa que la Sala este a favor de la clase trabajadora, sino más bien es una oportunidad que no desaprovecha para asestar una estoca al FMLN, principal adversario de la rancia derecha arenera.

Gobierno busca salida

La insostenibilidad fiscal, y el fracaso del actual sistema de pensiones han llevado a que el gobierno de Sánchez Cerén plantee una reforma al sistema de pensiones proponiendo para ello un sistema mixto de pensiones en donde los trabajadores que ganen más de 2 salarios mínimos coticen a nivel público (estado) y privado (AFP), contrario a lo actual en donde los trabajadores cotizan el 13 % de sus ingresos a las AFP, teniendo derecho a pensionarse a los 60 años los hombres y a los 55 las mujeres, habiendo trabajado para ello veinticinco años de cotizaciones, continuas o discontinuas.

El solo anuncio ha generado expectativas en todos los sectores ante lo cual el gobierno a través del secretario de Comunicaciones del Gobierno, Eugenio Chicas manifestó que “…que la propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentarán a la Asamblea Legislativa en los próximos días, no debe de preocupar a la población, pues busca solventar diversos problemas que generó la manera en que fue privatizada sin afectar a los cotizantes…No se pretende alterar de ninguna forma los años de trabajo para el disfrute del retiro, tampoco elevar las cotizaciones…El Ministerio de Hacienda garantizará una adecuada tasa de interés para la colocación de los ingresos en proyectos en los cuales tenga que ser el gobierno quien pague intereses por la utilización de los fondos…”( LPG 4/02/2016). El gobierno deberá decir en qué proyectos invertirá dichos fondos.

Derecha lanza ofensiva contra reformas

Sectores de derecha consideran que “La reforma de pensiones propuesta se ha cocinado sigilosamente, lo cual aumenta las sospechas de que se trata de un mecanismo destinado fundamentalmente a resolver problemas financieros del Gobierno… El tema previsional, como bien dicen los expertos, no se debe ver sólo desde el punto de vista financiero, y mucho menos cuando las angustias por la escasez crónica de recursos estatales hacen que se quiera rascar donde sea, sin medir las consecuencias.”(LPG 4/02/2016).

La disputa entre la clase dominante tradicional y los sectores económicos emergentes continua, la primera busca evitar que el gobierno obtenga los recursos financieros, para ello han elevado los niveles de confrontación lanzando toda una campaña mediática denominada "robo del siglo" la cual está en relación a la propuesta de reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno, según dicha campaña la reforma al sistema de pensiones es un robo ahora, no así cuando las privatizaron.   Al respecto Jorge Daboub presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expreso: "Claro que es nuestra. El ahorro de la gente es sagrado y lo vamos a defender. La ceguera ideológica nos tiene sin cuidado". (http://verdaddigital.com/index.php/nacional/7403-7403).

Las Ong s y sus propuestas

La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), “… propone subir cotización de pensiones a 14.5 % y bajar comisión de las AFP… propone subir la cotización para pensiones hasta un 14.5 % del salario y bajar la comisión que las AFP cobran por administrar los ahorros de los trabajadores a un 2 %, para lograr un 15 % de rentabilidad al ahorro de pensiones. Actualmente, la cotización es del 13 %, del salario de lo cual se le descuenta 6.25 % al trabajador y 6.75 % al patrono. Mientras que, las AFP obtienen una comisión del 2.2 %... Respecto a la reforma que plantea un sistema mixto de pensiones, FUNDE advirtió que tendría sostenibilidad solo si la cotización sube hasta un 18 %. De lo contrario, dicho sistema provocará un déficit al gobierno y a las AFP…”(LPG. 5/11/15). De subir el monto de cotización seria de obligar al patrono a que pague mayor porcentaje.

Gobierno del FMLN tácticamente se abre al dialogo

El gobierno del FMLN de cara a las reformas al sistema de pensiones se abrió al dialogo con las organizaciones sindicales en sentido ha escuchado las propuestas de las diferentes organizaciones en este contexto El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, y el secretario técnico y de planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, han sostenido reuniones con representantes de diferentes grupos sindicales y asociaciones de trabajadores. Entre las organizaciones con las cuales han sostenido reuniones se se encuentran: Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños (CSTS), Unidad Nacional de los Empleados Públicos (UNEP), Coordinadora Nacional por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS), Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), Federación Sindical de Trabajadores del Sector Público (FESITRASEP), Movimiento Laboral Salvadoreño (MLS) y Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS).(http://www.secretariatecnica.gob.sv/gobierno-escucha-las-propuestas-del-sector-laboral-sobre-sistema-de-pensiones/).

Lo anterior ha sido bien visto por representantes de las organizaciones al respecto Antonio Martínez, representante de la Coordinadora Sindical Salvadoreña “…valoró que el gobierno ha dado la oportunidad de escuchar a la clase trabajadora y no sólo las ideas del gran empresariado, como ASAFONDOS y ANEP…Ahora debe estar clara la postura de la clase trabajadora; somos los trabajadores, somos el pueblo, quienes garantizamos la gobernabilidad”.( http://www.elsigloxxi.com.sv/index.php/economia/item/93-gobierno-y-clase-trabajadora-de-la-mano-por-pensiones).

Las organizaciones sindicales deben continuar con su independencia sindical respecto al gobierno así mismo exigir que las reformas al sistema de pensiones sean en función de los intereses de los trabajadores.

Sindicatos presentan propuestas

Todas las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales coinciden en la necesidad de cambiar el actual sistema de pensiones, al respecto Roger Gutiérrez, representante de FEASIES manifestó: “Queremos un sistema de reparto, no queremos un sistema de cuentas individuales. Al volver al sistema de reparto administrado por el Estado, estaríamos garantizando que las pensiones mejoren y sean vitalicias y muchos de los principios de la protección social que debe existir en una sociedad…

Esos señalamientos que ASAFONDOS hace son claramente para defender sus intereses de lucro, y de ganancia. Todos sabemos quiénes están detrás de esta institución: es el sistema corporativo bancario-financiero de aseguramiento, que se favorece del sistema actual…” (http://www.elsigloxxi.com.sv/index.php/economia/item/93-gobierno-y-clase-trabajadora-de-la-mano-por-pensiones).

Por su parte la CSS ha manifestado: “…Hoy la Coordinadora Sindical Salvadoreña “CSS” proponemos la nacionalización de los fondos de pensiones, con la participación de los trabajadores en su administración, ya que son nuestros fondos…”(http://simeduco.org/noticias/comunicado-coordinadora-sindical-salvadorena-css-octubre-ii-parte)

Al respecto AGEPYM en una asamblea realizada el año pasado manifestó: “… “El sistema de pensiones es un fracaso… Ahora el gobierno no tiene cómo pagar, ni la deuda externa, ni la deuda de los trabajadores. Por eso sostenemos que “el sistema es un fracaso en perjuicio de la clase trabajadora…Sobre esas reformas que se están planteando nosotros como AGEPYM tenemos nuestra posición y nuestra propia propuesta. La propuesta de AGEPYM, es que regresemos al Sistema de Reparto, ya que es el que más conviene a nosotros los trabajadores. Compañeros, nosotros estamos pidiendo al gobierno que en dichas reformas no afecte a los trabajadores, que no aumente los años para jubilarse, y que no aumente el monto de las cotizaciones. Por el contrario, pedimos al gobierno que cobre los impuestos que las grandes empresas han dejado de pagar por muchos años…” (http://www.agepym.com/portal/2015/09)

Gobierno continua privilegiando a las AFP

A pesar de las críticas realizadas por los funcionarios del FMLN al sistema de pensiones estos no buscan poner fin al enriquecimiento de las AFP así lo demuestran la expresado por Roberto Lorenzana quien considera que “…Las AFP deben seguir jugando un papel en este sistema de pensiones… “Nosotros estamos a favor de que siga funcionando el sistema de ahorro para pensiones, el sistema de capitalización individual, pero también hay que comprender que aquellas pensiones que es obligación del Estado cubrirlas, sus cotizaciones debería recibirlas el Estado (…); porque no es posible que el sector privado reciba las cotizaciones y el Estado paga las pensiones…El déficit fiscal del país terminó (en 2015) en 3.2 por ciento, de los cuales 2 puntos son deuda previsional…“Hay un segmento grande los trabajadores que dice que las AFP deben desaparecer, por ejemplo, que en eso nosotros no coincidimos. Creemos que las AFP deben seguir jugando un papel en la economía salvadoreña, en este sistema de pensiones (…). Ese es un planteamiento. Otros expresan iniciativas más en el orden de asegurar la participación en ese mercado del sector informal, de los trabajadores independientes, para que puedan buscarse mecanismos para que puedan cotizar y que se pueda ampliar la base; y otros expresan también su preocupación por la rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensiones…”(http://www.secretariatecnica.gob.sv/roberto-lorenzana-las-afp-deben-seguir-jugando-un-papel-en-este-sistema-de-pensiones. Lunes 25 de enero de 2016). Es de ver si el pleito es por revertir el sistema de pensiones o por entrar al negocio de las Administración del fondo de pensiones.

A tomar el control de nuestro dinero

Han sido los gobiernos areneros quienes privatizaron el sistema de administración de los fondos de pensiones, fueron los gobiernos areneros los que llevaron a la baja de la rentabilidad de los fondos de pensiones, lo cual fue sostenido por los gobiernos del FMLN, quienes ahora han llegado a una situación insostenible ya que no cuentan con fondos económicos para el funcionamiento mismo del Estado, lo que ha llevado a plantear reformar el actual sistema de pensiones, planteado un sistema mixto el cual en los próximos años podría colapsar.

Es necesario revolucionar el sistema de administración de pensiones, ello implica revertir el sistema de administración de pensiones el cual debe pasar al Estado, en donde se debe conformar una comisión de trabajadores para garantizar que dichos fondos no sean utilizados por el gobierno, confiscar todas las ganancias obtenidas por las AFP. Se debe obligar al patrón que pague un mayor monto para la pensión. Todo cambio en el sistema de pensiones debe pasar necesariamente por un aumento general de salarios.

El dinero de las pensiones es de los trabajadores y son los trabajadores quienes debemos decidir qué hacer con el mismo, por lo cual es necesario que el gobierno someta a votación de los trabajadores la renacionalización del sistema de pensiones.


Por Alberto Castro

El día viernes 5 de febrero trabajadores del Ministerio de Educación (MINED), en la ciudad de San Miguel, suspendieron parcialmente labores como medida de presión hacia las autoridades para exigir el 8% de aumento de salario que corresponde para este año, el cual aun no ha sido otorgado. Al mismo tiempo presionaron para pedir la incorporación de algunos trabajadores a lo establecido en la ley de salarios. Esta acción no fue una iniciativa aislada, sino que forma parte de plan de lucha dirigida por la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC).

Existe una serie de acuerdos previos con el titular de la cartera, Carlos Canjura, entre los cuales está tener mejores condiciones laborales y un aumento de sueldo que se acordó de hacerlo en un 20% en tres años. De esta manera, en 2015 se aplicó el 5% para este año 2016 sería del 8% y en 2017 debería darse el 7% restante. Sin embargo, en el presupuesto de la rama de educación de este año no aparece dicho aumento, lo que ha despertado la inquietud en los trabajadores que están exigiendo algo que ya había sido negociado.

La situación que presentan de los trabajadores

Esta lucha por el aumento del 8% es acompañada con las denuncias que hacen los compañeros que laboran en las áreas administrativas de los centros de educación y algunos docentes interinos, cuyos salarios son cancelados por las modalidades de los Consejos Directivos Escolares (CDE). Existen muchas quejas, como acoso laboral, la inestabilidad laboral, entre otros. Es más, este grupo de trabajadores administrativos no están cubiertos por la ley de salarios. Esta es una lucha que los trabajadores del MINED que en su mayoría provienen de las áreas administrativas, ante las malas condiciones bajo las cuales trabajan. Otras de las demandas son la entrega de cinco uniformes y que la canasta básica no provenga de las economías salariales sino que se incluya en el presupuesto que corresponde a 2017.

Los CDE como entes controladores

En el país las reformas educativas iniciaron en 1991. En 1994 el entonces presidente Armando Calderón Sol, integraba la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo que era una representación de la sociedad civil, cuya función era establecer las políticas de lineamiento del plan Decenal. Bajo la justificación de la ’’descentralización’’ y ’’desconcentración’’ de los recursos, se abrió un espacio en el que aparecen los CDE como entes ejecutores administrativos de las funciones a desempeñar por el personal de las áreas administrativas.

Desde entonces se constituyó, en los hechos, un atentado contra los trabajadores, pues a partir de ese momento se les cortó cualquier participación directa en la toma de decisiones, quedando bajo la tutela de maestros, padres de familias y estudiantes, impidiendo de esta manera la participación de la clase trabajadora en las tareas de la administración. Tal arremetimiento antidemocrático da lugar a que los empleados administrativos sean los menos desfavorecidos, quienes ganan menos y tienen también menos beneficios laborales, en concreto sin derechos.

Unidad y lucha de todos los trabajadores

Lo que están demandando los compañeros trabajadores de la administración es totalmente justo, por lo que llamamos a las autoridades del MINED para que atiendan con prontitud estas demandas. Es responsabilidad de los sindicatos que agrupan a los trabajadores de educación que, sin vacilación alguna, movilicen a sus bases para que acompañen esta lucha.

La unidad en acción hará posible que se establezca la mesa negociadora donde las direcciones sindicales deberán estar atentas para defender los puntos antes señalados: aumento del 8%, los cinco uniformes, canasta básica y que los trabajadores de las áreas administrativas pasen a la ley de salarios. Es importante tomar en cuenta que el proceso de los CDE debe pasar a ser un instrumento democrático y dejar de ser el ente controlador como fue concebido. Solo la participación directa de los trabajadores en los CDE podrá hacerle frente al maltrato, a la corrupción y anomalías que se presenten en los centros escolares. Esta reivindicación democrática debe ser abrazada tanto por ATRAMEC como por SIMEDUCO y por supuesto, por todos los trabajadores de educación.


Por Rubén Martínez Orellana

La Ley del salario mínimo en El Salvador contempla que este debe ser revisado cada tres años, para verificar la posibilidad de algún aumento. Un verdadero atropello contra los trabajadores, porque el costo de la vida sube constantemente. Esta es una ley hecha a medida de los empresarios, en contra de los trabajadores.

Esta ley reaccionaria también contempla la existencia del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) que es un entidad dependiente del Ministerio de Trabajado, y está integrado por siete miembros: dos representantes del sector patronal (empresas), dos Representantes del sector laboral (trabajadores) y tres representantes del sector gubernamental.

La última vez que hubo acuerdo dentro del CNSM para aumento de salario fue en el 2013, siendo este del 12% y quedando establecido de la siguiente forma: 4% cada año. El primer aumento sería en julio de 2013, el segundo en Enero de 2014 y la última en Enero de 2015. En realidad el aumento fue de 4% anual.

Estos miserables aumentos de salarios no corresponden a la carestía de vida. Aunque la moneda oficial es el dólar, la devaluación constante a nivel internacional de esta moneda encarece todos los productos. La canasta básica de cada hogar de la mayoría de los trabajadores, según Asociaciones de Consumidores de El Salvador (Enlaces), en el periodo de abril de 2014 a abril de 2015, mostró un incremento de más de $43 dólares en el área urbana y $19 para el mismo periodo en el área rural. En aquel entonces los capitalistas salieron beneficiados.

El aumento del salario mínimo en 2016

En este año los representantes de la patronal proponen un aumento al salario mínimo de un 9% en tres tramos de 3% en 2016, enero de 2017 y enero de 2018, respectivamente, según declaraciones de dirigentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Estos cálculos se basan supuestamente en un estudio técnico efectuado por la gremial, pero que solo pretende justiciar la congelación salarial en los hechos. Según los cálculos efectuados, con este porcentaje del 3%, el actual salario mínimo del sector maquila, textil y confección pasaría de los $210.90 actuales a $230.50 hasta en 2018. El salario mínimo de la industria manufacturera pasaría en el mismo período de $246.60 a $269.50. El salario mínimo del sector comercio y servicios crecería de $251.70 actuales a apenas $275 en 2018 y finalmente, el salario mínimo agropecuario en general crecería de $118.20 a $129.20 en el plazo propuesto.

Aunque la tasa de inflación es relativamente baja, por efecto de la dolarización (la masa monetaria es el mismo dólar), los precios internacionales suben paulatinamente. Muchos de los productos de consumo popular son importados, creando con ello una merma del salario real de los trabajadores salvadoreños.

Las propuestas de la patronal

El Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM) definió un programa para dar audiencia a las propuestas presentadas por diferentes sectores sindicales, con el objetivo de definir el aumento de los salarios. De acuerdo al programa, el análisis de las propuestas inicio este 13 de enero y se espera que finalice el 17 de febrero. Luego vendría la definición de la metodología a adoptar, por lo que sería hasta el 1 de julio que el CNSM tendría una propuesta definida.

La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, expresó que su propuesta como Gobierno es hacer un buen ajuste al salario mínimo; de $300, en el caso del sector urbano, y $250 para el sector agrícola o rural. Según la Ministra, se tienen 11 propuestas para el aumento del salario mínimo; 7 del sector sindical, una de la sociedad civil organizada, 2 de la ANEP y una del Gobierno, que propondría un aumento mayor que el de la ANEP.

Unidad sindical por un aumento que compense el costo de la vida

Las propuestas de la patronal fluyen, no así la de los trabajadores. En ese sentido, son los sindicatos los llamados a hacer propuestas que otorguen mejoras para los trabajadores. La Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) ha elaborado la siguiente propuesta: sector comercio y servicios, industria manufacturera y maquila: $450 esto corresponde al área urbana. Actividades agrícolas, ingenios azucareros y beneficios de café: $300. Esto es para el área rural.

Esta propuesta, aunque es mucho mejor que la del GOES y ANEP, aun no rompe el límite diferencial entre el campo y la ciudad. Recordemos que tanto en la ciudad como en el campo se comercializan productos casi al mismo precio. No existen mayores diferencias en la canasta básica, por tal razón la única propuesta seria y que debe servir como plataforma de lucha de la clase trabajadora, es que cualquier aumento de salario compense el costo de la vida. Los salarios deben subir cada vez que suba la canasta básica. Todas las centrales sindicales deben unirse en torno a este punto.

 

Por Alberto Castro.

2015 cerró con una cifra de 6,640 homicidios dejando una tasa de 104 homicidios por cada 100,000 habitantes. La violencia ha sido el mayor problema que ha tenido que afrontar el gobierno de Sánchez Ceren. Las políticas de seguridad del plan “El Salvador Seguro” ha generado altos costos económicos, los cuales han sido por vía de ajustes, recortes e impuestos, todos cargados sobre los bolsillos de los trabadores y sectores populares. Esta situación de violencia imparable y alto costo de la vida ha desgastado al gobierno del FMLN.

En el primer mes del 2016 el promedio de 24 muertes violentas por día, no varía nada en relación al promedio mensual del año pasado. Mientras tanto los “cuerpos de paz” de Estados Unidos se retiran del país bajo el argumento de la inseguridad. Por otro lado, las principales fuerzas políticas del régimen bipartidista continúan enfrascadas en pleitos por cuotas de poder.

La retirada de los “cuerpos de paz”

El programa de los Cuerpos de Paz empezó a funcionar en el país en 1962. El pasado lunes 11, la embajada norteamericana informó a través de un comunicado que decidió retirar del país a todos los voluntarios de Cuerpos de Paz y suspender el programa por el clima de inseguridad. Tal resolución se toma a menos de dos semanas de que haya finalizado el año más violento de los últimos 15 años. De acuerdo a la embajadora Aponte el retiro no es definitivo: "La oficina central en Estados Unidos hizo una decisión basada en la situación de seguridad que hay en el país, y decidió suspender el programa temporalmente, en un futuro se va a volver evaluar y si la situación y si se mejora los Cuerpos de Paz volverán. Los cuerpos de Paz han salido del país anteriormente y han regresado, no es una situación permanente".

Este retiro de los Cuerpos de Paz es una presión más del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno del FMLM, para obligarlo a alinearse a favor de su política en Centroamérica.

ARENA pone fin a la mesa interpatidaria

ARENA se retiró de la interpartidiaria aprovechando las declaraciones vertidas en el primer congreso del FMLN. Este es un clásico mecanismo de presión para lograr algunas aprobaciones legislativas. Aquel consenso de los dos pilares del bipartidismo se rompió con la salida de ARENA, que asegura no va a regresar a la mesa de negociaciones pero es lo que más ansía.

El presidente Sanchez Ceren, en el marco de la conmemoración del 24 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, instó a ARENA para que regrese a la mesa interpartidaria: “Llamo nuevamente al partido ARENA a volver a esta plataforma de diálogo”. Velado le respondió: ’’Al Presidente lo que le respondemos es que estamos total y absolutamente de acuerdo con el diálogo, pero le proponemos que se lleve en una mesa de acuerdos en la cual logremos llegar a consensos de país, y una mesa de visión de nación, ahí probablemente necesitamos gente con una visión de país como en el pasado’’.

Confrontación verbal y negociación real

El gobierno del FMLN se ha desgastado, al aplicar programas de ajuste capitalista y no solucionar los principales problemas, como desempleo, carestía de la vida y la violencia. Por ello utiliza la confrontación verbal con ARENA, aplicando un giro en el discurso político, con disfraz de socialista para evitar la dispersión de su base electoral.

La interpartidaria de Ataco es una negociación secreta entre cúpulas de los dos pilares del bipartidismo. Es la esencia de la antidemocracia, todo lo negocian a espaldas del pueblo.

Los cambios en el gabinete de Seguridad

Las presiones del imperialismo norteamericano han dado resultados. El presidente Sanchez Ceren hizo cambios en el gabinete de seguridad, nombrando a Mauricio Ramírez Landaverde como nuevo ministro de seguridad, en sustitución de Benito Lara. Y en la conducción de la Policía Nacional Civil (PNC) nombra a Howard Coto, en sustitución de Ramírez Landaverde. Ambos funcionarios representan a la oficialidad que ha sido formada y educada por Estados Unidos.

Estos cambios no son formales, sino que representan un endurecimiento de los planes represivos contra las maras y pandillas, un fenómeno que refleja la descomposición social de El Salvador. Todo indica que, para sostener en el poder, el FMLN ha decidido aniquilar a las pandillas que no quieran entrar dentro de los marcos del nuevo plan de seguridad. El aumento en los índices de violencia refleja que en el último periodo el gobierno ha utilizado el aniquilamiento selectivo de la jefatura de las maras, algo que se intensificara en el próximo periodo, y que conducirá a grandes confrontaciones que no aseguran la terminación de la violencia.

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