Por: Alberto Castro

Utilizando todas las instancias jurídicas hasta herramientas represivas, el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), junto con los partidos del régimen, han consensuado una serie de medidas para fortalecer el programa El Salvador Seguro.

Estas medidas extraordinarias vienen a ser un auxiliar que busca, por un lado, fortalecer operativamente a la Policía Nacional Civil (PNC) y dotar de mejor despliegue de efectivos militares en las tareas de seguridad, por otra parte, pretende vía decretos y reformas legales garantizar, por medio del aparato Estatal y con el respaldo de El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), un mayor control del sistema judicial, volcando estas instituciones al ataque frontal contra las maras y pandillas. Esta estrategia será aplicada por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Recientemente fue aprobado otro préstamo para fortalecer la seguridad Con 77 votos los diputados aprobaron el día 7 de abril un préstamo de 100 millones de dólares que serán destinados a la PNC. El GOES, para financiar el "Programa Especial de Seguridad Ciudadana", ha recurrido al endeudamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Equipar, mejorar y ampliar la operatividad policial es el objetivo del programa.

Medidas Excepcionales

Todo comenzó el pasado 30 de marzo con la declaratoria de Estado de Emergencia y el respectivo traslado de reos, mandos intermedios de las maras, en siete centros penales. Posteriormente, el viernes 1 de abril la Asamblea Legislativa aprobó el decreto transitorio orientado al control de los centros penales, con vigencia de un año y con la posibilidad de prorrogarse, que contempla el traslado de reos, el aislamiento de los mismos, la restricción de las vistas, el decreto del Estado de Emergencia en los centros penales, la revisión de las viviendas cercanas a las cárceles, la suspensión de salidas a audiencias, bloqueo de la señal telefónica en los alrededores de los recintos carcelarios.

Estas medidas empiezan golpeando donde está el mando de las maras y pandillas en las cárceles, para dividir operativamente dichas organizaciones, creyendo que unas pandillas sin mando desde los penales quedarían confundidas y sería más fácil replegarles territorialmente. Hasta el momento los barrios y colonias populares son territorios en disputa, entre la PNC apoyada por la fuerza armada, versus las maras y pandillas. La situación va tomando cada vez más la forma de una guerra civil de baja intensidad. Cortar el nexo cárceles-calles no garantiza el cese de la actividad pandilleril, sino que crea otro suceso donde los mandos medios asumen el control y continúan el defendiendo su influencia en el territorio.

Más medidas para inclinar el aparato del Estado en función de las políticas de seguridad

El vicepresidente Oscar Ortiz dio a conocer cinco medidas excepcionales, adicionales a las que ya se aplican en centros penales: Reformar la Ley de Extinción de Dominio, crear comités ciudadanos de apoyo a la seguridad, desplegar un nuevo batallón de reacción inmediata de la Fuerza Armada, crear un registro de los miembros de pandillas y la readecuación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Ley de extinción de dominio

Con esta reforma legal el gobierno pretende acertar un duro revés económico contra los grupos pandilleriles. “Tenemos una iniciativa, que todavía no se ha dado a conocer, que la vamos a presentar y ya hemos hablado con la comisión de seguridad, que es reforzar la Ley de Extinción de Dominio y llevarla a niveles mucho más concretos... cortar el flujo financiero quiere decir ir a desmontarle todo ese soporte logístico que sirve para reproducir y lavar ese dinero que obtiene a través de la extorsión. Entonces vamos a ir por un mecanismo muy pero muy sencillo, pero altamente práctico, que es golpear la ruta financiera”.

Esta ley está en vigencia desde enero de 2014 y establece que los recursos que sean incautados serán distribuidos de la siguiente manera: 15% Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB); 35% Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 35% Fiscalía General de la República, 10% Ministerio de la Defensa Nacional y 5% Procuraduría General de la República. Se trata de una ley para confiscar, en beneficio del Estado, el dinero proveniente de actividades consideradas ilícitas de las maras. Esta seria una forma de financiar los crecientes gastos de seguridad, debilitando enormemente la capacidad financiera de las maras, que ha crecido considerablemente con las extorsiones y otras actividades ilícitas.

Crear comités ciudadanos de apoyo a la seguridad

Esta propuesta es polémica, porque podría verse como el regreso de las defensas civiles que estuvieron en boga durante la guerra civil salvadoreña. Ortiz ha dicho “Este será un mecanismo adscrito a la PNC de apoyo a toda la actividad de seguridad y con ciertas competencias para garantizar que ahí no se pueda reproducir, no se pueda multiplicar la actividad ilegal y, especialmente, estén siendo coaccionados los jóvenes y los niños a estas expresiones pandilleriles”.

Muchos pueblos en México lograron contener a las bandas de narcotraficantes con las llamadas autodefensas, que son milicias que debieron enfrentarse a los aparatos policiales que habían sido reclutados por el narcotráfico. La propuesta del gobierno del FMLN comete el error de pretender adscribir los comités de ciudadanos al control de la PNC cuando se sabe que, al igual que México, en El Salvador una parte de las estructuras de la PNC colaboran con las maras y se reparten el dinero de las extorsiones.

El debate en la Asamblea Legislativa se ha centrado en un punto: hasta donde tendrían facultades los comités ciudadanos. Observando lo peligroso que se vuelve que las masas trabajadoras se armen, la mayoría de los diputados consideran que lo más conveniente es que los comités ciudadanos únicamente se limiten a colaborar con la PNC brindando información y apoyando sus medidas.

Esta es una propuesta reaccionaria, que pretende utilizar las organizaciones de ciudadanos con fines corporativos, como unidades de apoyo de la PNC. Antonio Almendáriz, diputado del PCN, tiene una iniciativa orientada en la misma dirección que la del Ejecutivo, pese a desconocer si estos ciudadanos tendrán la posibilidad de armarse y participar en la autodefensa: “hay otras formas de que haya juntas vecinales para cuidarse”. Misael Mejía. diputado del FMLN, miembro de la comisión de Seguridad, declaró que:“Lo que estamos pensando es la creación de algún tipo de organización comunitaria por mandato de ley sin caer en riesgo a la defensa civil y que la gente se tome la ley por sus manos. Eso es un riesgo y más bien habría que evitar que se contamine algunas comunidades de algunos grupos criminales”.

Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, “Los establecimientos de comités pueden funcionar para estar en coordinación con los Cuerpos de Agentes Metropolitanos, con la Policía Nacional Civil, pero no tomar acciones por sí mismo. Cualquier propuesta estamos abiertos a discutirlas en la comisión de seguridad” .Guillermo Gallegos, diputado de GANA, “estoy de acuerdo con aquel que toma la justicia en sus manos". “Tendremos el control policial que juega un papel importante y no se trata de andar persiguiendo a la gente o andar asesinando a mansalva, por supuesto que el defender sus bienes y su vida debe ser una prioridad, pero no es una licencia para asesinar’’ , la creación de estos comités no implica un llamado a la defensa del pueblo trabajador, esta es la manera de cómo un gobierno burgués atrae al proletariado en la defensa de sus intereses nacionales a través del lineamiento de este en su política represiva.

Todas las bancadas coinciden en que los comités ciudadanos deben estar subordinados a la PNC, cuando debe ser todo lo contrario.

Desplegar un nuevo batallón de reacción inmediata de la Fuerza Armada

Como parte de los nuevos ejercicios de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad, se ha dado a conocer la creación de batallones que se desplazarán por tierra y aire por todo el territorio nacional. “La misión será reaccionar rápidamente en apoyo de cualquier contingencia que se dé en cualquier lugar del territorio” .

Previendo un escenario de guerra, con toda la expresión de la palabra, no es extraño que la PNC no tenga la competencia operativa de la fuerza armada, para ello estarían estos batallones especializados, a disposición cuando se den circunstancias de este tipo, en los lugares donde se den los enfrentamientos armados. Pero cuando haya un descontento obrero o popular, y se torne violenta la situación, es indudable que también estarían a la disposición de ser usados para apagar este tipo de rebeldía.

Crear un registro de los miembros de pandillas y la readecuación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

La reforma pretende crear el registro nacional de pandillas, de sus miembros y colaboradores. Esto había sido propuesto por Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, ahora esta idea ha sido retomada por el Gobierno del FMLN, poniendo una base de información donde estén incluidos miembros activos de maras y pandillas, sus familias y colaboradores, con el fin de otorgarle al Organismo de Inteligencia del Estado la información necesaria para el rastreo y captura.

Lo anterior implica que las maras y pandillas se han convertido en un problema de seguridad nacional, que pone en peligro la estabilidad del Estado y del Gobierno. La readecuación del OIE busca hacer más coercitivo a esta institución, vinculándola con los organismos de seguridad nacional. Esto colocara a las maras y pandillas, miembros, familiares y colaboradores en el ojo de la inteligencia de Estado. Con esto a una persona incluida en el registro podrán aplicarle Ley Antipandillas o la Ley Antiterrorista. En 2012 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública inició un estudio en los 14 departamentos de El Salvador, y hasta mayo de 2013, cuando habían estudiado 184 de los 262 municipios, se habían ubicado 1,955 clicas (cada una conformada por al menos 15 personas) de seis pandillas, y concluyeron que había en promedio una estructura delincuencial en cada colonia, de las 1,765 abarcadas en ese entonces.

Al sumar la cifra de pandilleros recluidos, las personas afines a ellos así como los pandilleros deportados y sus familias, el ministerio estimó una población de casi medio millón de personas relacionadas con las maras.

Según las proyecciones de esta institución, la cifra habría aumentado en estos años. Estas medidas que acompañan al plan de seguridad gubernamental son soluciones parches, que no darán los resultados esperados. La forma como están siendo aplicadas tienen orientación represiva que solo seguirán incitando más violencia, todo apunta a una nueva guerra civil, de manera focalizada en los territorios por ahora controlados por las maras. Las organizaciones obreras deben encarar a la burguesía a sus partidos creando sus propios comités ciudadanos, sus propios consejos de seguridad, en circunstancias actuales no podemos apoyar las mismas armas que nos apuntan en todo momento.

Por José Recinos

Desde que el presidente de la república, Salvador Sanchez Cerén, anunciara el pasado lunes 14 de marzo, la posible aplicación de medidas de excepción focalizadas en aquellos territorios donde las maras y pandillas ejercen un control casi total, se han generado diversos tipos de opiniones.

Entre ellas, una de las más importantes es la del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien expresó que la anunciada medida “posiblemente se justifique la situación que estamos viviendo, la gravedad de la problemática, como la iglesia no estamos opuestos, si no que habría que verse de qué manera, cómo se aplicaría en caso que se aplique”. (El Mundo 14/03/2016)

Todo dentro del Plan “El Salvador Seguro’’

De acuerdo a la viva voz del presidente Sánchez Cerén, las medidas extraordinarias serian contempladas dentro de los ejes del “Plan de Seguridad El Salvador Seguro’’. “No es solo apostarle a la represión, es apostarle también a la educación, es apostarle también a crear espacios de convivencia, es apoyar los espacios culturales, esa es también una visión integral que tenemos” (Prensa Gráfica, 13/03/2016)

También agregó: “queremos abordar lo más inmediato, el tema de los centros penales, no es posible que, desde los centros penales, estén coordinando las operaciones del crimen” (El periodista, 113/03/2016). Estas palabras no reflejan nada nuevo, la corrupción corroe los centros penales, desde donde los jefes de las maras, en contubernio con la oficialidad de las penitenciarías, dirigen las operaciones de extorsiones y de recaudación de fondos de algunas maras y pandillas.

Sanchez Ceren ha dejado entre ver que se deben tomar medidas “extremas” para garantizar que los centros penales sean espacios para la readaptación y rehabilitación, pero este aspecto no se logrará con la actual política penitenciaria del gobierno del FMLN. También ha dicho con claridad y franqueza que el despliegue militar en todo el territorio continuará: “Estamos pensando desplegar mayores números de efectivos de la Fuerza Armada en el territorio para garantizar mayor tranquilidad”. (La Prensa Gráfica, 13/03/2016),

Funcionarios del Gobierno como Mauricio Landaverde ministro de seguridad, había dicho con anterioridad lo mismo sobre la militarización. Luego fue Hato Hasbun, Secretario de Gobernabilidad y Comisionado para la Seguridad, quien manifestó, luego de que se reuniera de manera extraordinaria el multisectorial Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), que ’todos los sectores dieron su apoyo al estudio de las medidas’’, pero todo dentro del Plan El Salvador Seguro.

Lo mismo de los gobiernos anteriores

Este plan está siendo aplicado retomando medidas aplicadas por gobiernos anteriores, pero con la variante de que esta vez se ha utilizado más efectivos del Ejército. Cuando el gobierno echa a andar un plan, los resultados positivos o negativos se miden según sean los resultados proyectados en el corto, mediano o largo plazo. En el caso del Plan El Salvador Seguro está por verse los resultados.

Uno de los ejes de este Plan es la masacre paulatina, gradual y selectiva de los principales miembros de las maras y pandillas, que empezó a aplicarse meses atrás pero que ahora va a extenderse por el territorio nacional, alimentando la reacción de estas agrupaciones quienes arremeten contra la población civil, y en menor grado contra miembros de la policía y efectivos de la fuerza armada.

Está claro que las cárceles serán repobladas por quienes sobrevivan a la actual masacre. Hasta el momento, los índices de homicidios siguen en alza, el plan del GOES es obtener un gran consenso social para atacar a las maras y pandillas, y aumentar el despliegue militar por todo el territorio. Estos planes ya fracasaron con los gobiernos anteriores, porque nunca atacaron las causas sociales que originan la actual violencia.

Tres poderes del Estado y Sociedad Civil en común acuerdo.

Los índices de homicidios superan ya más del 113% a los registrados en 2015. Los presidentes de los tres órganos de Estado analizarán posibles medidas extraordinarias acompañadas del respaldo de CNSCC. La pena de muerte, empleo de militares y sanciones a telefónicas serán temas que diputados abordarán con presidente después de las vacaciones. Dentro de este panorama, las organizaciones obreras y populares ante cualquier descontento espontaneo que inevitablemente ha de presentarse, no escaparan del yugo represivo. Por tal razón es necesario expresarse, los trabajadores organizados somos víctimas fáciles tanto de los delincuentes como de las autoridades. Las centrales obreras y campesinas debemos crear nuestro propio espacio para vigilar las decisiones que tomen el gobierno y el CNSCC en materia de seguridad, solo nosotros, que vivimos en los barrios controlados por las maras, sabemos dónde aprieta el zapato, y cuál podría ser la solución definitiva al problema de la violencia.

Por German Aquino

La salud es un derecho de todas las personas, reconocido a nivel de la Constitución, leyes, y tratados internacionales, pero este reconocimiento no ha garantizado que el pueblo salvadoreño goce de salud y mucho menos el acceso a los servicios de atención medica hospitalaria de calidad. Bajo el actual gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se han dado leves mejorías, una situación parecida a la vivida bajo los gobiernos areneros.

Los trabajadores de salud ponen al descubierto la realidad

Los trabajadores operativos, como conocedores de la realidad que se vive en los centros de atención médica y hospitalaria, se han mantenido en constante acciones de protesta, denunciando la falta de medicamentos, falta de insumos y de equipo médico hospitalario, carencias que no permiten dar una atención medica hospitalaria oportuna a las personas enfermas. Asimismo, es notable la falta de personal operativo, sean personal médico, paramédico y de servicios generales, lo que lleva a una sobre carga labor para el personal existente. Debemos agregar también que el gobierno no ha dado el incentivo necesario como sería un justo aumento general de salario para todos los trabajadores de la salud.

Cuando se han realizado acciones de protesta para denunciar la falta de condiciones, que permitan brindar una correcta atención medica hospitalaria, pone a muchas personas u organizaciones en una situación complicada. Existen personas a favor y en contra de las medidas de fuerza en la lucha, ya que estas afectan a la población. Cuando estas acciones se realizaban bajo los gobiernos de ARENA, estas eran criticadas como como acciones desestabilizadoras instigadas por el FMLN, ahora los papeles se han invertido: cuando se realizan jornadas de lucha, el gobierno del FMLN acusa a los trabajadores de estar siendo dirigidos por la derecha ARENERA.

La realidad es que, la falta de condiciones materiales, impiden a los trabajadores de la salud brindar una atención médica hospitalaria adecuada, lo que obliga a los trabajadores de salud a manifestarse y luchar. Estas ausencias de condiciones crean insatisfacción de las personas que demandan atención medica hospitalaria, siendo los trabajadores quienes tiene que soportar las explosiones de justa ira personal de la gente que no es atendida a tiempo.

Una Ley insuficiente

Recientemente, con 76 votos fue aprobada por la Asamblea Legislativa, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Esta Ley tiene como objeto “regular y garantizar los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como de los prestadores de servicios en el ámbito público, privado y autónomo, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social…” Esta Ley otorga derechos a los pacientes: “Derecho de atención, Derecho a trato igualitario, Derecho a una atención calificada, Derecho a la información, Derecho de consentimiento informado, Consentimiento informado en casos de investigación médica, Derecho a la privacidad, Derecho a la confidencialidad, Derecho a formular sugerencias, consultas y reclamos, Derecho a segunda opinión, Derecho a conocer costos, Derecho a medicamentos, etc.

Esta Ley ha sido alabada por los diputados. Al respecto, Guillermo Mata, del FMLN, manifestó: “Los pacientes tendrán derecho a una atención digna, adecuada y oportuna, así como a un trato igualitario. También tienen derecho a una atención calificada y derecho a que le brinde información”. (LPG. 11/03/ 2016). Por su parte, Norman Quijano, diputado de ARENA, expresó: “Le estamos entregando una buena legislación al Ministerio de Salud, que de garantizarse su buena aplicación, va a ser de gran beneficio para los pacientes” (LPG. 11/03/ 2016).

Todos los partidos políticos buscan sacar ventaja política de dicha Ley, sin tomar en cuenta las desgraciadas condiciones de trabajo en los hospitales. Esta Ley significa cierto avance en el papel, pero en realidad no ofrece las condiciones materiales que garanticen una atención digna, adecuada y oportuna en el área de atención médica y hospitalaria. Asimismo, no termina con la mercantilización de la salud a nivel privado y con la sobreexplotación y sobre carga laboral a la que se expone al personal de salud.

La amenaza de los castigos

La Ley en mención no solo establece derechos y deberes de los pacientes sino también Derechos y Deberes de los prestadores de servicios de salud. De igual forma, establece muchas prohibiciones para los trabajadores de la salud, también establece obligaciones y sanciones por infracciones. Si comparamos las deficientes condiciones materiales del sistema de salud y los derechos otorgados, observamos que se están violentando muchos derechos a los pacientes.

A manera de ejemplo, tenemos el derecho a la atención según el cual “Todo paciente tiene derecho a ser atendido de manera oportuna, eficiente y con calidad, por un prestador de servicios de salud cuando lo solicite o requiera, que comprende las acciones destinadas a la promoción, prevención, curación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos de acuerdo a las normas existentes.”

Y en materia del derecho a una atención calificada, en el artículo 12 se establece que “El paciente tiene derecho a una atención en salud con calidad y calidez, con profesionales y trabajadores de salud debidamente acreditados, certificados y autorizados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones, en el ámbito público y privado.”

Estos derechos están bien redactados, pero con tanta pobreza en los hospitales se vuelven irrealizables. Vemos una contradicción entre lo que ofrece la Ley y la dura realidad, ya que actualmente el sistema de salud publico adolece, como hemos dicho, de falta de equipos, medicamentos e insumos. Los diputados se olvidaron de mencionar que los trabajadores de la salud de las instituciones públicas, privadas y autónomas, sufren de sobrecarga laboral y de salarios insuficientes. De esta manera los trabajadores de salud quedan expuestos a las inconformidades de los pacientes y de ser sujetos de denuncia, convirtiéndose en chivos expiatorios de las insuficiencias del sistema capitalista en crisis.

A lo anterior, los trabajadores de la salud corren el riesgo que este articulo 12 sea utilizado por parte del gobierno y de los patronos como fundamento jurídico contra los trabajadores que se manifiesten y luchen en defensa de los derechos laborales.

Reacciones de trabajadores y organizaciones sindicales

La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, no fue consultada con la mayoría de organizaciones sindicales de la salud. En el dictamen número 6 de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa se menciona que “Luego de recibir las distintas opiniones, y un estudio exhaustivo, del primer borrador, surge un proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión, que fue sometido a conocimiento de la población a través de un Foro de Información y Consulta, realizado el pasado lunes 29 de febrero, asistiendo las siguientes instituciones: MINISTERIO DE SALUD, INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL,… SINDICATO DE MÉDICOS TRABAJADORES DEL ISSS, SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ISSS, FORO NACIONAL POR LA SALUD,…e INTERGREMIAL DE SALUD”. (http://asamblea.gob.sv).

¡Mentira!! A la mayoría de organizaciones y trabajadores de la salud les ha tomado por sorpresa dicha Ley, cuando se debió consultar a los principales actores del sistema de salud pública y privada.

Al respecto, Mario Arévalo, dirigente del Sindicato General de Empleados de Salud (SIGESAL), expresó que “… la ley en sí no viene a resolver ningún problema en el sistema de salud mientras falten medicamentos, camas, personal médico y administrativo y no se solvente la carencia de medicamentos…Está bien que al paciente se le debe de tratar bien, pero a la larga el trabajador se enferma por estar recargado de trabajo y empieza a fallar porque hay poco personal…sí como está formulada la ley, lo que hará es reprimir al trabajador porque no toma en cuenta factores externos que les afecta como el estrés, la inseguridad y que, al final, repercute en el trato hacia los pacientes…” (EDH. 11/03/2016).

Por su parte, Juan Antonio Tobar, presidente del Colegio Médico, considera que“… en el sistema de Salud Pública no hay capacidad instalada para atender a los pacientes y la carga laboral se vuelve un problema para dar una atención de calidad como pretende la ley…que a ellos, como médicos, les preocupa que a nivel público y de seguridad social no se está garantizando lo que plantea la ley.” (EDH. 11/03/2016).

Ambos dirigentes gremiales coinciden en cuanto a la enorme contradicción entre las buenas intenciones de la Ley y la cruda realidad que se vive en los centros hospitalarios, y manifiestan que “…cuando se elabore el reglamento por parte del Ministerio de Salud se les tome en cuenta para que no vaya a cargar los dados contra los trabajadores…” (EDH. 11/03/2016). Se debe exigir que dicho reglamento antes de su aprobación sea del conocimiento de todas las organizaciones sindicales.

Unidad de Pacientes y trabajadores

Esta Ley no debe ser motivo para discordias entre los trabajadores de la salud y los pacientes. Todos tenemos el derecho a un sistema de salud que ofrezca las condiciones para tener acceso a una atención medica de calidad, pero también los trabajadores necesitan condiciones materiales que permitan brindar dicha atención. Por eso, pacientes y trabajadores de la salud debemos exigir al gobierno equipos médicos, medicamentos, insumos médicos, y la contratación de más personal que permita brindar dicho tipo de atención medica hospitalaria de calidad.

De igual manera, el gobierno debe pagar justos salarios a los trabajadores, debemos acabar con los contratos temporales y la precariedad, todos los trabajadores, sean profesionales de la salud o de servicio generales, deben ser contratados de forma permanente.

 Por Juan Vásquez Orellana

Trabajadores del Ministerio de Educación (MINED) lograron un acuerdo salarial con sus autoridades. Después de realizar una serie de actividades de protestas a inicio de este año, se logró establecer una mesa negociadora entre la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC) y autoridades del MINED. Anteriormente, habíamos informado sobre el malestar originado por el incumplimiento del aumento salarial del 8% correspondiente a este año.

Un acuerdo previo estableció que el aumento salarial del 20% sería establecido en tres años, dando inicio el año pasado con el 5%, otro 8% para este año y el 7% restante en 2017. En el presupuesto que corresponde al Ministerio de Educación de este año no aparecía presupuestado tal aumento, por lo que los trabajadores de esa dependencia en todo el país protestaron ante las sospechas del incumplimiento. La presión de los trabajadores obligó a las autoridades del MINED a recibir a ATRAMEC en la mesa de negociación. Actualmente los trabajadores esperan los reacomodos presupuestarios en la rama de educación, que debe tramitar el Ministerio de Hacienda, para que el aumento salarial sea efectivo.

Esto es una victoria de los trabajadores quienes han sabido valerse del sindicato como herramienta legal para conquistar un aumento de salarios. Pero la lucha no termina aquí, debemos continuar peleando organizadamente para que todos los trabajadores de la cartera de educación mejoren sus condiciones laborales. Tal es el caso de los compañeros que laboran bajo la modalidad de los Consejos Directivos Escolares (CDE), quienes no están bajo ley de salarios, y sufren acoso laboral constantemente. Esta es una batalla más que habrá de liberarse, para que los CDE sean declarados como entes dependientes legalmente del Ministerio de Educación, cubiertos por el presupuesto nacional, y que las relaciones de trabajo se regulen por el Código de Trabajo, cesando la ilegal autonomía actual.