Por German Aquino

Después de los acontecimientos ocurridos en Guatemala en donde se dieron grandes movilizaciones de cara a la lucha contra la corrupción, otros países del área centroamericana tales como Honduras y El Salvador se vieron influenciados de diferentes maneras.

Existe una realidad en materia económica y social, en donde la violencia, la delincuencia, el desempleo y los bajos salarios son los principales problemas; unido a lo anterior el actual gobierno ha cargado a la clase trabajadora y a la clase media el mantenimiento del déficit fiscal. Mientras tanto, a pesar de los enfrentamientos, en la práctica el gobierno del FMLN ha sido flexible con el gran empresariado, con quienes ha sido consecuente.

La corrupción y la impunidad siempre han existido en todos los gobiernos, las cuales fueron promovidas y aceptadas por el mismo imperialismo. Pero en estos momentos se rasga las vestiduras de cara a la misma acentuando sus acciones sobre, todo en aquellos países con gobiernos populistas de izquierda o gobiernos progresistas. Desde el 2015 existe toda una campaña de cara a luchar contra la corrupción y la impunidad. Esta desató grandes movilizaciones en Guatemala, las cuales terminaron con el encarcelamiento del Otto Pérez Molina ahora ex presidente, en menor grado se dieron movilizaciones en Honduras.

Por qué no se movilizó el pueblo por la CICIES

En El Salvador han sido casi nulas las movilizaciones para exigir una comisión interventora con el fin de investigar la corrupción y la impunidad, quedándose todo a nivel de discusiones respecto a si era no necesaria la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). El FMLN argumentaba que no era necesario debido a que existían las instituciones correspondientes, mientras la derecha arenera, a pesar de sus gobiernos corruptos, se pronunciaba a favor y buscó encabezar las movilizaciones; fue más allá y quiso dar muestras de confianza, para ello permitió que el ex presidente Francisco Flores fuera juzgado por casos de corrupción.

El hecho de que fueran miembros de la corrupta derecha arenera quienes buscaran encabezar la lucha contra la corrupción y que el gobierno esté en manos de una organización que tiene una trayectoria de luchas como es el FMLN, fueron factores que influenciaron para que no se dieran grandes movilizaciones para exigir una comisión contra la corrupción y la impunidad. Los funcionarios de la derecha arenera no tienen la solvencia moral para exigirlo y por otra parte, debido a que el mismo gobierno fácilmente lo hacía ver como una maniobra política desestabilizadora de la derecha arenera para con el segundo gobierno del FMLN.

Para Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) la falta de protestas públicas y masivas de la sociedad civil por actos de corrupción no tuvieron mayor envergadura debido a que “…es posible que en El Salvador tenemos un poco de institucionalidad, como el caso de la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia, que ha emitido fallos de diferente índole y que lejos de favorecer a algún sector en particular, se han apegado a las leyes y las Constitución, diferente a Salas de lo Constitucional del pasado” (http://www.estrategiaynegocios.net). No existieron las condiciones que llevaran a exigir una CICIES.

Al referirse a la lucha contra la impunidad y la corrupción el PSOCA manifestó: “Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) reafirmamos nuestra lucha contra la corrupción e impunidad, pero esta lucha triunfará únicamente cuando los trabajadores establezcan el control obrero en todos los niveles de la sociedad, y nunca por medio de comisiones internacionales controladas por el imperialismo norteamericano”

Probidad nada nueva

Todo pareciera que la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), ha pasado a otro nivel en donde el imperialismo, la derecha arenera y el FMLN han acordado un cambio de estrategia como es el fortalecimiento de las instituciones estatales, siendo una de estas Probidad, la cual es una institución de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los antecedentes históricos de Probidad esta que “…mediante el Decreto No. 69 de fecha 11 de febrero de 1949 estableció el Tribunal de Probidad cuya finalidad era poder reintegrar el dinero que funcionarios y empleados públicos habían obtenido sin causa justa de la Hacienda Pública…” ya antes el “…Consejo de Gobierno Revolucionario que asumió el poder el 14 de diciembre de 1948 después del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Castañeda Castro, decretó el 20 de diciembre de ese año el Decreto Legislativo Nº 7 de Inmovilización de Bienes Muebles e Inmuebles de Funcionarios Públicos” (http://consultaprobidad.info/?mod=index). Como vemos dicha institución no es nada nueva, solo ha sufrido ciertos cambios y nos refleja que en momentos de crisis económica y política en aras de bajar o detener el descontento social el Estado busca lavarse la cara de la corrupción.

Apoyo imperial a Comisión de Probidad

La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha contado con el apoyo crítico de Mari Carmen Aponte, ex embajadora de los Estados Unidos, quien días antes de abandonar el cargo manifestó: "Probidad es una herramienta efectiva en poder exigir y hacer que la transparencia en el gobierno suceda. Creo que esa es una herramienta, pero debemos usar todas las herramientas… La decisión de hacer una Comisión Internacional contra la Impunidad es una decisión de los salvadoreños. El interés de los Estados Unidos en la corrupción es alto. Claro que tenemos muchísimo interés… "lo que queremos que se vea es que haya progreso, que haya instituciones fuertes que puedan perseguir la corrupción, que la puedan limpiar, porque después de todo la corrupción es un factor que socava la democracia. Así es que sí, hay un interés muy grande. Sí estaremos siguiendo el progreso del gobierno de El Salvador, pero la decisión del cómo El Salvador decide combatir la corrupción es una decisión de los salvadoreños…” (http://www.elfaro.net), al momento el imperialismo ha desistido de imponer una comisión interventora al estilo de la CICIG.

¿Hasta donde llegará Probidad?

Ante la falta de una CICIES, Probidad ha venido a suplirla, es de señalar que dicha Sección por muchos años estuvo durmiendo en el sueño de los justos, pero en estos momentos viene a despertar, y de manera anticipada buscaron atarle las manos los diputados.

Probidad busca presentarse como la institución que investigará y castigará a los funcionarios públicos. Después del caso del ex presidente arenero Francisco Flores, Probidad ha puesto al descubierto una parte de la corrupción que existe en las instituciones del aparato estatal. Es así como ha iniciado una investigación de 29 funcionarios públicos cuyas declaraciones de patrimonio dan indicios de sospecha de enriquecimiento ilícito.

Entre estos figuran ex presidentes: Francisco Flores (fallecido), Antonio Saca, Mauricio Funes, lo cual fue a iniciativa de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador; entre otros se encuentran el ex fiscal General Luis Martínez, el diputado Reynaldo López Cardoza, Leonel Flores, exdirector general del ISSS, Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN, el ex presidente de la Corte Suprema, Agustín García. Exministros Miguel Lacayo, René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas, etc. Entre estos figuran personas ligadas a las diferentes fracciones de los partidos que conforman la Asamblea Legislativa.

Juicio y Castigo a todos los funcionarios públicos corruptos

Las investigaciones de corrupción y del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos actualmente no es producto de grandes movilizaciones, sino más bien responde a exigencias del imperialismo. Esto, unido a la deplorable situación económica y social que podría llevar a un descontento social, el cual en un momento podría trascender a movilizaciones y en acciones de protestas populares ha hecho que las cúpulas de los partidos políticos, acepten la intervención de Probidad, la investigación de funcionarios corruptos y posibles enjuiciamientos de funcionarios públicos como el caso Flores; todo ello para dar una imagen de que se está combatiendo la corrupción, de esta manera estarían lavándose la cara de la corrupción.

Nada garantiza que los funcionarios a los cuales está investigando Probidad sean verdaderamente investigados y castigados, por lo tanto, es necesaria la conformación de una comisión contra la impunidad y la corrupción integrada por trabajadores. Debemos exigir que ninguno de estos casos termine en negociaciones políticas interpartidarias, como ha sido la constante. Las organizaciones obreras, campesinas, populares, estudiantiles y de pueblos originarios debemos movilizarnos y mantener independencia respecto a los diferentes partidos políticos, los cuales no representan el interés de las grandes mayorías, sino de fracciones de clases económicamente dominante, las cuales en estos momentos se disputan la hegemonía. Se debe exigir que los recursos financieros de todos aquellos funcionarios públicos que sean encontrados culpables sean devueltos a las arcas del Estado.

Por José Recinos

Esta vez fueron trabajadores quienes perecieron ante la ola de violencia que se extiende por todo el país. La mañana del día jueves 3 de marzo fueron encontrados los cadáveres de 11 personas en el caserío Las Flores, cantón Agua Escondida, perteneciente al municipio de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Un hecho aterrador, siete de los cuerpos al momento del hallazgo estaban atados de manos. De las victimas ocho eran trabajadores subcontratados que laboraban para la empresa de energía y suministros EDESAL, quienes habían llegado al lugar para ganarse la vida. Las otras tres eran jornaleros que se supone fueron testigos.

Las maras son señaladas como las responsables

La PNC aseguro que los responsables eran los pandilleros que operan en la zona de la masacre: "No se descarta que el hecho haya sido cometido por miembros de esas estructuras criminales (pandillas), ya se está investigando, no sabemos qué motivó el asesinato de las personas", dijo Howard Cotto. El vicepresidente Óscar Ortiz dijo que "en el transcurso de este año" habrá "una situación difícil ante el crimen" pues las masacres son respuesta de las estructuras criminales por las acciones de seguridad del Gobierno. Este municipio de La Libertad está catalogado como uno de los más violentos, no es la primera vez que se reporta una masacre, donde autoridades policiales, maras, pandillas y grupos de exterminio han estado involucrados.

La violencia y criminalidad continúan en alza

El índice de homicidios no ha variado con respecto al año pasado, de hecho 1.399 personas fueron asesinadas entre enero y febrero pasados. Con esta cifra el inicio del 2016 se sitúa como el más violento en la última década de este país. El crecimiento es del 117.6 %. El Gobierno reconoce que la escalada en la cifra de muertes violentas obedece a la tradicional disputa de territorios entre las pandillas para el tráfico de drogas al menudeo y el cobro de extorsiones, y a las bajas causadas por los cuerpos de Seguridad a estas organizaciones.

Howard Cotto dijo en una ocasión que el “El alza de homicidios que tenemos es algo preocupante, no todas las personas que mueren son gente de bien, dentro de los asesinados hay una cantidad considerable de personas que fallecen por su vinculación a estructuras criminales, eso lo vemos a diario, nos preocupa. (…) la mayoría de fallecidos son pandilleros, quizá en un 40%”. En un ambiente belicista, las maras y las pandillas mantienen una pugna por el control de territorios, puesto que entre más grande sea la zona de control mayor será la suma de dinero que recauden producto de las extorsiones y del menudeo de las drogas. La policía dirige rígidamente operaciones contra la MS y pandilla 18, ocasionándoles muchas bajas, pero los grupos de exterminio están floreciendo gracias al clima de violencia: En este ambiente de guerra los trabajadores estamos desarmados y corremos peligro a diario.

Las organizaciones obreras deben expresarse y condenar los hechos

Las políticas de seguridad del gobierno han priorizado el ataque frontal hacia las maras y pandillas, lo que conlleva a una masacre selectiva de sus miembros. Este hecho ha generado una repuesta de las maras, masacrando a la gente humilde. El cobarde asesinato de los trabajadores de EDESAL es prueba de ello. Pese a que estos trabajadores no estaban sindicalizados, los sindicatos deben expresarse y hacer un pronunciamiento público exigiendo a las maras y pandillas que no atenten contra la vida de la clase obrera, puesto que esto obligara a la autodefensa. Las organizaciones sindicales deben solidarizarse con las familias de las víctimas y condenar lo ocurrido en San Juan Opico. Esto no debe volver a ocurrir, los socialistas centroamericanos siempre hemos rechazado la masacre del gobierno hacia las maras y pandillas como la salida a la violencia del país, pero rechazamos de igual forma que alguna de estas agrupaciones atente contra trabajadores, gente del pueblo.

Por Alberto Castro

Los sindicatos públicos y privados en este momento tienen la misión histórica de preservar los derechos laborales-salariales de la clase obrera y la defensa de la seguridad social. Por esta razón, el rechazo al sistema mixto de pensiones, aparejada al aumento al salario mínimo, deben ser abanderadas por las organizaciones sindicales.

Docentes preparan marcha para el jueves

Varias gremiales de profesores miembros de la Intergremial de Trabajadores de Educación, entre ellas Bases Magisteriales, Simeduco, Sedesa, Siandes 21 de Junio y Sinedmes, rechazan la propuesta del sistema mixto y están convocando a una marcha para el próximo jueves a las 8:00 a.m. en la plaza ubicada frente a la Catedral Metropolitana para finalizar en la Asamblea Legislativa.

“Es con el objetivo de que los diputados de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa escuchen el clamor y descontento del sector de los trabajadores por no haber escuchado nuestro interés sobre el tema previsional”, afirmó el secretario de Bases Magisteriales. “Nosotros estamos proponiendo la creación del Instituto de Previsión Social, que sea un ente (autónomo) exclusivo para el manejo del tema de pensiones, donde en el consejo directivo que lo va a administrar esté representado el sector trabajador, el sector empleador, el sector de jubilados y el Estado por ser el garante de la seguridad social”, sostuvo. Francisco Zelada, secretario general de Simeduco.

Además, estos sindicatos magisteriales preparan exigencias por el aumento salarial. Esta actividad de docentes no debe ser tomada como una acción gremial aislada. El tema de pensiones y aumento salarial compete a todos los sindicatos del país, por tal razón a esta actividad deben sumarse todas las centrales y federaciones sindicales, para exigir juntos pensiones y salarios dignos.

COMTRADEFOP y ASTRAM en resistencia

En la actualidad existe una insostenibilidad del sistema de pensiones. El proyecto de reforma del GOES es precisamente para que el Estado utilice el dinero que cotizan los trabajadores. El proyecto de reforma de pensiones del gobierno consiste en crear un sistema mixto, que ha despertado la crítica y discrepancias en sectores burgueses ligados a las compañías AFP, quienes desde a privatización del sistema se han beneficiado con los fondos de los trabajadores.

Además, existe rechazo y resistencia por parte de algunas organizaciones sindicales. El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) y la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), han sido quienes principalmente se han opuesto tanto a la propuesta del Gobierno, así como también a la tasa de interés aprobada por la Asamblea Legislativa el día 25 de febrero pasado, la cual va desde un piso de 3.5% hasta un techo de 5.5%.

En diferentes protestas los sindicatos han anunciado que continuarán las acciones para mejorar la tasa de interés que el Gobierno paga por los ahorros de pensiones. Rolando Castro, de Astram, dijo que presentarán una demanda contra lo que consideran una “rentabilidad pírrica”. El abogado de Comtradefop ha dicho que presentarán un escrito ante la Sala el próximo lunes 7 de marzo. Tanto COMTRADEFOO como ASTRAM han anunciado que preparan acciones legales y de protesta en caso de que la reforma de pensiones se apruebe, pues la consideran excluyente, inconsulta y que no resuelve los problemas de los trabajadores.

Astram aguerridamente realizo protestas en el inicio de la semana pasada frente a catedral metropolitana, Comtradefop por su parte ya está en consultas con sus bases para coordinar acciones en las calles contra la propuesta del sistema mixto de pensiones. Sin embargo, ambas organizaciones sindicales deben coordinar esfuerzos, las otras organizaciones que agrupan sindicatos de trabajadores públicos y privados deben sumarse y no esperar a que entre las fracciones de la burguesía existan acuerdos a espaldas de los trabajadores. Compete a los sindicatos afrontar esta lucha y presentar su propia propuesta: renacionalización del sistema de pensiones bajo control de trabajadores. Solo la participación de los sindicatos en la administración de los fondos de los trabajadores podrá evitar que dichos fondos sean utilizados a conveniencia del gobierno de turno.

Por Alberto Castro

Recientemente sindicatos de trabajadores públicos han tenido diferentes actividades en señal de protesta, por razones salariales y por mejoras en sus condiciones de trabajo. La Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) realizó una vigilia el 10 de febrero pasado en la plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, para exigir al Gobierno la no aprobación de la reforma a las pensiones.

Es importante tomar en cuenta que la reforma al sistema de pensiones viene en camino, y esta fue una respuesta adecuada ejercida por una organización sindical. Otros sindicatos han pedido correctamente que la reforma de pensiones vaya a consulta pública, categóricamente rechazan que esta sea elaborada sólo por el Gobierno, y exigen que el proyecto se someta a una amplia consulta. Los líderes sindicales demandan, que a pesar de las diferentes visiones sobre el sistema actual, los funcionarios tomen en cuenta sus puntos de vista.

Agitación sindical

La Intergremial SIMEDUCO, ha sido una de las primeras en expresarse sobre el tema. Este sindicato magisterial está en desacuerdo que la propuesta de sistema mixto sea unilateral. “Nunca fuimos consultados sobre las reformas a presentar, como si los trabajadores no tuviéramos opinión e interés al respecto”, expresa un comunicado que ha difundido esa organización. Sarahí Molina, secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), denunció que han habido reuniones con funcionarios pero no se retoman los aportes del sector laboral. “No ha habido un diálogo, un debate, en el cual nos veamos reflejados todos”, dijo. Para ella, el Gobierno está en su derecho de presentar la propuesta del sistema mixto pero no que lo haga como una iniciativa unilateral, sin consenso con otros sectores e insistió a que el Gobierno convoque a una mesa de trabajo con los sindicatos, academia, sector privado y tanques de pensamiento “para evaluar técnicamente la situación actual del sistema y proponer una reforma en consenso”.

Orlando Batres, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym), también reclamó una mayor participación sindical en el proceso, solicitando que la reforma dé vida a un organismo tripartita que supervise el fondo de pensiones. Este debe contar con representantes de los trabajadores, empresas y Gobierno. Además, sostiene que un nuevo sistema de reparto es lo que más conviene a los trabajadores porque “les asegura una pensión digna y vitalicia”. No obstante, añade que debería tener una adecuada supervisión de las tres partes, “si es así, bienvenida la reforma, con la seguridad que sea fiscalizada”, afirmó.

Por una unidad sindical que proteja los intereses de la clase obrera

Estas son solo algunas de las declaraciones parciales de sindicalistas, que reflejan el malestar y preocupación de los trabajadores. Por ello, debe haber mayor unidad sindical con respecto a dos temas principales: pensiones y salario mínimo. Tenemos por delante el enorme desafío de salvaguardar los intereses de los trabajadores ante la reforma de pensiones. Es necesario obtener nuevos beneficios para la clase obrera como el incremento del salario mínimo, ante la constante alza de los productos de consumo popular. Esta es una labor que no solo compete a los sindicatos de trabajadores públicos, sino también a los trabajadores del sector privado. Los sindicatos, centrales y asociaciones que agrupan a trabajadores de la empresa privada deben luchar de manera unificada con los trabajadores del sector público.

Los empresarios tienen sus propios intereses

La burguesía buscará acuerdos con respecto a la reforma de pensiones y al salario mínimo, pero contra los trabajadores. En esa negociación entran el gobierno, partidos y empresa privada e instituciones de la burguesía, y probablemente uno que otro sindicato afín al FMLN, pero el resto de organizaciones sindicales deben rechazar negociaciones que vayan en contra de conquistas históricas. Los sindicatos unidos deben abanderar una reforma de pensiones donde los beneficiados sean únicamente los trabajadores, y que el salario mínimo sea acorde a la carestía de vida. Solo a través de la lucha y la movilización obtendremos buenos resultados.

La Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), por ser independiente de los partidos del régimen y por agrupar a sindicatos tanto del sector privado como del público, debe ser la punta de lanza que dirija tales acciones. Estamos ante momento cruciales Los sindicatos, federaciones y centrales obreras deben establecer acuerdos mínimos que permitan la lucha conjunta. No hacerlo equivaldría a una traición histórica.