Por German Aquino

El actual sistema electoral consagrado en la antidemocrática Constitución de El Salvador, continua vigente a pesar de las diferentes reformas que se han aprobado desde la Asamblea Legislativa, y de las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional. Después de las pasadas elecciones municipales y legislativas han continuado presentándose nuevas demandas ante la Sala Constitucional, así mismo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está buscando poner en prácticas nuevas medidas.

De los concejos municipales plurales al voto por rosto

En las pasadas elecciones por primera vez los concejos municipales quedaron conformados por miembros de los diferentes partidos. Nuevamente la Sala de lo Constitucional admite una demanda la cual busca que a nivel de elecciones municipales se declare ilegal el sistema de listas cerradas y pase a ser un voto por rostro, de igual manera que en las pasadas elecciones legislativas en donde se eligieron a los diputados propietarios para la Asamblea Legislativa y PARLACEN bajo ese mecanismo.

Dicha iniciativa es bien vista por la derecha arenera. Al respecto Ernesto Muyshondt de ARENA expreso: “Yo creo que es algo que debe de estudiar la Sala de lo Constitucional, ya se hizo anteriormente para diputados y creo que se le debe dar un estudio correspondiente para que puedan elegir por rostros a los miembros de un concejo municipal… En lo personal, creo que abonaría a la democracia que se elijan por rostro a los miembros de un concejo municipal y no por bandera, ya que el votante no sabe por quién está votando, pues no conoce el listado y el orden de los candidatos por cada partido político; de esta manera, le permitiría al votante directamente escoger qué concejales quisiera que lo represente en el concejo”. (LPG. 22/01/2016).

Además de representantes de ARENA otros partidos políticos como el PCN y GANA han dado el visto bueno a la admisión de dicha demanda por parte de la Sala de lo Constitucional.

La despartidización de las juntas electorales

Para las próximas elecciones, el TSE, como producto de una resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, busca que las personas propuestas por los mismos partidos para ocupar los cargos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Departamentales (JED) no tengan filiación partidaria. Para ello deberá exigir los padrones de afiliacion a los diferentes partidos políticos. Pero la derecha arena se adelanta a los hechos. Al respecto, Alberto Romero, diputado de ARENA, manifestó que “…que su partido está elaborando su padrón de afiliados y que no hará falta cotejar propuestas de juntas con su padrón porque el partido tricolor considera que los miembros de ese organismo deben de salir de un sorteo de los 500 votantes de cada mesa.”(DEM. 18/01/2016). Estamos ante una nueva medida cosmética realizada al rancio y antidemocrático sistema electoral.

La despartidización del órgano judicial

Una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) pretende que el TSE haga pública los nombres de jueces afiliados a los partidos políticos. Según el IAIP “conocer la afiliación política partidaria de los jueces y magistrados del Órgano Judicial permitirá que la sociedad tenga la certeza que estos gozan de independencia”.   (LPG.18/01/16).

Todo es una falacia ya que no estar afiliado a determinado partido político no asegura la independencia de los jueces. Debemos de recordar que son los diputados de las diferentes fracciones políticas quienes, después de negociaciones a espaldas del pueblo, llegan a acuerdos para elegir los funcionarios como el Fiscal, Procurador General, Magistrados. Y que estos nombran a los jueces en base a la obediencia de quienes les otorgan el cargo. Para terminar con dicho sistemas de clientela política, las personas a desempeñar cargos de jueces y magistrados deben ser electas directamente por el pueblo.

Por una verdadera democratización

De realizarse dichas reformas al actual sistema de elecciones de los gobiernos municipales significaría un pequeño avance pero esto sería insuficiente debido a que a nivel general el sistema electoral continúa siendo antidemocrático, al no brindar las condiciones que permitan la plena participación política de la clase trabajadora, campesinos, indígenas y demás sectores populares y al imponer rigurosos requisitos para la conformación de partidos políticos y para la presentación de candidatos independientes. Es de señalar que el caso de los gobiernos municipales dicha noción no está contemplada. Para una verdadera democratización del sistema electoral es necesario cambiar la actual constitución lo cual es posible mediante una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.


Por German Aquino

Según el código de trabajo el cual en gran parte regula las relaciones entre explotados y explotadores, contempla la revisión del salario mínimo cada tres años, los indicadores de los cuales parte la revisión del aumento al salario mínimo no están de acorde a la realidad de la clase trabajadora. Este año según dicho código   corresponde la revisión del salario mínimo, lo cual al igual que los gobiernos anteriores es aprovechado para querer aparentar que están haciendo algo por la clase trabajadora.

Los cantos de sirena y golpes de pecho del FMLN

En lo que va de los gobiernos del FMLN, estos no han realizado mayores acciones a favor de los trabajadores de la empresa privada, ni de los empleados públicos y municipales, pero esta año el FMLN aprovechando que corresponde la revisión del salario mínimo, en el contexto de su primer congreso y para congraciarse con su militancia realizo el anuncio de luchar por un aumento del salario mínimo, al respecto Medardo González secretario del FMLN quien reconoció que el FMLN no ha realizado mayores acciones en relación al salario mínimo manifestó “…En la relaciones obrero-patronales, no hemos como FMLN tenido la combatividad que el pueblo espera. Es bueno tener en cuenta que existe una ofensiva mediática permanente orientada a hacerle creer al pueblo que las jornadas de trabajo extenuantes para los trabajadores, o el no pago de impuestos (por los empresarios), no constituyen problema. Que el dinero que obtiene la oligarquía mediante esos métodos, es legítimo…“No debe ser aceptado que se pague un salario de hambre”, insistió. “Y no hemos sido lo suficientemente activos con esto”, Añadió. “No es posible que los trabajadores campesinos no tengan un salario justo ni seguridad social. Debemos luchar por el aumento del salario mínimo del campo y la ciudad. Esa debe ser nuestra bandera. Luchar por elevar el salario mínimo y combatir a los empresarios evasores y CORRUPTOS…” (http://www.fmln.org.sv/sv/oficialv3c/index.php/1er-congreso/1004-08111504), el FMLN habla de aumentos al salario mínimo, no habla de aumentos de salarios para toda la clase trabajadora como si los salarios promedios que gana la clase trabajadora fueran suficientes para cubrir todas las necesidades. Es claro el FMLN con su discurso dar esperanza a ciertos sectores a la vez que unifica a su militancia, la cual mantiene cierta aptitud critica para con la dirección del FMLN.

El FMLN y su política del buen burgués

Por un lado la dirección del FMLN dice “…estamos en un periodo de agudización de la lucha entre el pueblo salvadoreño y sus tradicionales opresores…Estamos obligados a vencer la oligarquía. Convoco a todos a derrotar a la derecha para asegurar a nuestro pueblo una vida digna en esta tierra que nos ha visto nacer…” pero por otro contradictoriamente dice que “…aliarnos con los empresarios patriotas honestos que están ayudando a sacar adelante nuestro país”. En este discurso el FMLN bien reconoce la existencia de una clase opresora tradicional, la cual denomina oligarquía (la mala) y la de una burguesía emergente la cual denomina empresarios patriotas (la buena), la clase trabajadora no debemos confundirnos no existen explotadores o empresarios patriotas todo gran empresario crece a partir de la sobreexplotación de los trabajadores, en estos momentos dicha empresarios patriotas se disputan con la oligarquía el control del estado para poder consolidarse como oligarquía y en esa lucha buscan atraerse a la clase trabajadora.

Por un plan de lucha sindical de cara a los aumentos salariales

Actualmente los salarios mínimos mensuales son de 251.70 dólares en el comercio y los servicios, 246.60 en la industria, 210.90 en las maquilas, 171 en los beneficios de café, 129 en la recolección de café, 124.20 en los ingenios azucareros, 118.20 en el agro, 109.20 en la recolección de azúcar y 98.70 en la recolección de algodón, mientras a nivel estatal es de $300.00; mientras la canasta básica o alimenticia según estudios técnicos ronda por los 204 dólares al mes en el área urbana y un promedio 149 dólares en el área rural… y la canasta familiar la cual además de la alimenticia incluye el pago de ciertos servicios ronda por los 408 dólares en el área urbana y 298 en el área rural.

En materia de salarios observamos una desigualdad entre los diferentes salarios mínimos, aun los mismo costos de la canasta básica presente variantes como si los trabajadores del campo pagaran precios diferenciados al momento de la compra. Lo anterior ya ha sido reconocido por el mismo gobierno del FMLN.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que debemos exigir igualdad de salarios para los trabajadores del campo y de la ciudad sean estos privados o estatales, dichos salarios deben cubrir la canasta básica y la canasta familiar. Las organizaciones sindicales y campesinas deben mantener la independencia de clase respecto al actual gobierno, se debe tener en cuenta que no existe el buen explotador.

Por Alberto Castro.

Las cifras de homicidios de este año que está por finalizar ya superan los 6,000 asesinatos, un evidente crecimiento con relación al año pasado el cual cerró con 3,912, no cabe ninguna duda que tales números son el reflejo del crecimiento de la violencia y delincuencia, y ejemplo de ello es lo insólito de que entre el 1 de enero del 2015 hasta el pasado 15 de noviembre la ola delincuencial ha provocado 450 asesinatos múltiples a nivel nacional. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el año pasado en ese mismo período solamente se reportaban 233 masacres, lo cual indica que existe un incremento del 93.13 % de este tipo de hechos delictivos comparado al 2015, otro dato es la cifra record de fallecidos en una misma masacre el cual es de 14.

En tales condiciones se llega al final de este año, en un país dominado por la polarización política reengendrada por el nuevo bipartidismo FMLN-ARENA, país que nuevamente tiene un crecimiento de apenas el 2% del PIB, sumado a los datos expuesto no cabe ni la menor duda que El Salvador está en un caos, y la fuerzas políticas del régimen que representan a los diferentes sectores burgueses no son capaces de brindar beneficios a las amplias masas. La inseguridad es un malestar para la mayor parte de la población, que no ha sido atendido y mucho menos resuelto.

Las maras y pandillas son la manzana de la discordia

El sangramiento se ha debido en muchos casos a la actividad de las maras y pandillas, las cuales arremeten entre sí, contra las autoridades policiales y militares y contra el pueblo salvadoreño, el GOES por su parte ha emprendido un combate frontal a través de la PNC y Fuerza Armada, ello ha empeorado la situación haciendo que estas organizaciones eleven su agresividad, en otro extremo se ha dado la aparición de grupos de exterminio que dicho sea de paso la Fiscalía General de la Republica no ha sido investigado como debería. En medio de este fuego cruzado se exponen miles de trabajadores todos los días, siendo víctimas del fuego proveniente de cualquier parte, en este sentido se evidencia con toda claridad que la inseguridad no ha bajado, pese a la reducción del índice de homicidios del mes de septiembre.

Expectativas oscuras y sin salida

La MS-13 y pandilla 18 que son las principales agrupaciones juveniles del país han crecido su número de miembros de manera considerable en este último año, la tregua que finalizo justamente a inicios de año dejo a estos grupos bien fortalecidos, constituyéndolos como poderes territoriales operando mientras son dirigidas desde los recintos carcelarios, la acción ejercida en los barrios y colonias ha dado lugar a disputas, ya que detrás del control esta el manejo económico que dejan las rentas y extorciones que hacen. En vísperas de un nuevo año las expectativas en torno a ello parecen no ser las más positivas, las maras y pandillas se han constituido como organizaciones fuertes, que poseen un alto grado de organización y disciplina, que pese a la represión de la PNC y F.A no se han desmovilizado y forman parte de una decadencia económica, política y social del capitalismo en El Salvador y Centroamérica.

Los gastos que implican para el gobierno el sostenimiento del aparato de seguridad han sido tan elevados de tal manera de que los gatos del plan especial de seguridad ’’El Salvador seguro’’, se echaron andar con los impuestos por el uso de servicio de telecomunicaciones, en esto último tanto el partido oficialista como los demás del régimen se dieron la mano prefiriendo cargar sobre los bolsillos de pueblo el mantenimiento de los planes de seguridad en vez de tocar al gran capital, el pacto de Ataco ha sido un show que hasta la fecha no ha rendido frutos. ¿Que nos depara para el 2016 en materia de seguridad?

Paremos la violencia, luchando

No se pueden descartar más impuestos, ni una reducción significativa, aunque el descenso del mes de septiembre fue del 35% no puede decirse aun que se va por el rumbo correcto, de hecho es ahí donde se muestran a los ojos de todo el mundo que fue un error sacarle a las masas populares el dinero vía impuesto para sostener las políticas de seguridad, de igual forma la salida militar al conflicto no es la mejor solución, ya que esto trae consigo más derramamiento de sangre, y poniendo la población civil en fuego cruzado, por lo que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que para el 2016 las organizaciones obreras, campesinas, populares, indígenas, estudiantiles, etc. Debemos exigir soluciones reales al problema de la violencia y la delincuencia, no deben de crearse mas impuesto, los costos que esta generando la violencia deben pagarlos los ricos.


Por Alberto Castro.

La poca cobertura y ayuda que le da el gobierno del FMLN al sector agrícola fue fundamental para que los efectos de la sequía ocasionaran cuantiosas pérdidas económicas a la mayor parte de las familias que dependen de la agricultura para vivir, tanto así que el 37 % de las familias que se dedican a la agricultura y que fueron afectadas por segundo año consecutivo por la sequía meteorológica han optado por comprar sus alimentos al crédito o pedir alimentos prestados, según el diagnóstico efectuado entre junio y julio por la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país, en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

La misma opción fue tomada por 58 % de hogares con jornaleros que se dedican principalmente a trabajar en fincas de café y no poseen tierras. Antes de que finalizara el periodo de invierno la sequía y luego las lluvias excesivas afectaron a los cultivos financiados con $16 millones del BFA. Según la presidenta de dicha institución, Ana Lilian Vega las estimaciones en pérdidas de créditos otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) para la siembra de granos básicos durante 2015, debido al cambio climático, rondan los $16 millones que equivalen aproximadamente la mitad del monto total otorgado por el BFA en el año.

Este monto se vio afectado por la sequía y posterior exceso de lluvia, que enfrentaron los productores durante 2015. “Los préstamos para este año se dan en el pago de cosecha del próximo año. Las pérdidas se tienen estimadas en aproximadamente $16 millones”, además dijo “En cantidad de personas es más, pero no todas perdieron lo mismo. Hay personas que perdieron el 90 %, otras el 10 %; en promedio, se perdió más o menos el 45 o 40 %”, indicó. Como los créditos se desembolsaron en mayo y deben pagarse hasta abril del próximo año, y ya se tienen estimaciones de pérdidas, Vega explicó que la institución está solicitando el uso del sistema de garantías que facilita el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). Con lo manifestado por la funcionaria se puede deducir que no se están tomando medidas importantes que medien los efectos económicos que ha producido la sequía que ha afectado a la región, si bien el BFA ha otorgado créditos a pequeños y medianos productores, esta institución bancaria no ha girado concesiones ante los estragos que ha dejado este fenómeno natural.

Medidas urgentes a tomar en cuenta

El Presupuesto General de la Nación fue aprobado por $4,860.8, de los que al ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), le otorgaron $100 mil adicionales; sin embargo este rubro forma parte de los recortes presupuestarios para sostener los planes de seguridad, los créditos otorgados por el BFA anticipadamente estaban en situación de riesgo de perderse debido a que desde el ejecutivo no fue dirigida ninguna medida para evitar pérdidas de los productores, contrario a ello no advirtió, ni presento a nivel nacional los estudios pertinentes del caso, de ahí se derivan los resultados negativos de las pérdidas de las cosechas.

La producción nacional de granos básicos actualmente no es capaz de abastecer el consumo nacional, por lo que siempre se recurre a la importación, esto es aprovechado por comerciantes mayoritarios que ocasionan especulación y acaparamiento. El MAG en el gasto 2016 solo contempla continuidad de los que hasta ahora se tiene, pero no se han presentado proyectos que eviten el hundimiento económico de las familias agricultoras, no esclarece aun hasta qué punto puede ser una realidad el uso del sistema de garantías por parte de Bandesal, se tiene un enorme problema al que no se le está dando la atención necesaria, muchos agricultores han tenido pérdidas de sus cosechas y por lo tanto presentaran inconvenientes a la hora de pagar los créditos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), manifestamos que el uso del sistema de garantías debe ser una realidad a la cual puedan apelar quienes perdieron la producción agrícola, por ello ante los efectos de la sequía debemos exigir el no pago de los prestamos realizados por los campesinos pobres a las financieras. Así mismo exijamos el no pago de granos básicos en concepto de trueques a través de Alba El Salvador hacia la transnacional PETROCARIBE, debemos exigir que la producción agrícola del área centroamericana sea principalmente para satisfacer las necesidades del pueblo centroamericano.


Por Alberto Castro

Según los registros policiales, menos de 200 homicidios fueron registrados en la primera quincena de noviembre, la tendencia es a la baja con un promedio de 13 personas asesinadas diariamente. Una notable disminución comparado con octubre que finalizó con un promedio de 22 diarios, que al igual que septiembre registro una reducción del 25% de homicidios con respecto a agosto, el cual sigue siendo el mes más violento del año donde hubo más de 900 asesinatos. La cifra de ese mes fue de 29 asesinatos por día. Observamos pues que gradualmente los asesinatos han disminuido después del repunte ocurrido entre mayo, junio y agosto donde ocurrieron más de dos mil muertes violentas. El último trimestre apunta a registrar menos de dos mil.

Polaridad política en medio del caos

La baja de homicidios no se refleja en un alivio para la población. El hecho de que bajen los homicidios no se manifiesta en la reducción de la actividad de las maras y pandillas. La clase trabajadora que a diario transita las calles no percibe una mejora en cuanto a la seguridad.

Para los diputados de la Comisión de Seguridad, esta baja sostenida de homicidios que revelan los datos es bastante positiva, y todos coinciden en que es producto de la efectividad policial. Y al igual que Howard Cotto, Subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), se resisten a pensar que hay una tregua detrás de esta baja. El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos expuso que “Sería lamentable, triste si alguien del gobierno está insinuando o tratando de emprender treguas con criminales o con terroristas. Esto por supuesto recibe el rechazo y el repudio de los que no estamos de acuerdo con el actuar de estos sujetos que cada día cobra la vida de tantos inocentes”.

Rodrigo Ávila, diputado por ARENA en Asamblea Legislativa, manifestó que estos solo son rumores, pero destacó que hay algunos traslados extraños de miembros de una pandilla desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia otros centros penales del país. “Y en lo particular se oye mucho y creo que habría que aclarar sobre traslados extraños del penal de Zacatecoluca a otros penales que no son de máxima seguridad”, subrayó. Mientras tanto Antonio Almendariz, diputado por el Partido Conciliación Nacional (PCN), destacó que la baja de homicidios no solo es debido al accionar policial, sino también a la nueva propuesta de ley de reinserción de pandillas.

Rechazo al dialogo con las pandillas

Tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno y demás partidos rechazan cualquier dialogo-negociación con las maras y pandillas, anteponiendo la Ley de Reinserción como la forma más viable para reducir los homicidios. La reducción de homicidios coincide con la ruptura de dialogo entre ARENA y FMLN, el principal partido de oposición se retira de la interpartidaria por los supuestos desacuerdos con las declaraciones ocurridas en el congreso del partido oficialista.

Las principales fuerzas políticas del régimen, sustentadoras del nuevo sistema bipartidista, están polarizando al país con argumentos fuera del contexto. En momentos cruciales la clase obrera debe saber que hay detrás de la baja de homicidios. Los partidos políticos recurren a maniobras que impiden entendimientos para resolver el problema de la violencia.

La interpartidaria surgida en el Pacto de Ataco se ha descalabrado temporalmente. Pese a la baja de homicidios, en el fondo la violencia y criminalidad no han cesado. No obstante, los datos estadísticos reflejan que algo está ocurriendo con las maras y pandillas, autores conflictivos a quienes las autoridades policiales-judiciales y prensa burguesa le atribuyen ser los responsables de la violencia y criminalidad.

¿Labor de las Iglesias o de la Policía?

Aunque la actividad de estas organizaciones conlleva mucha violencia, existen otros factores internos que también están contribuyendo a la ola delincuencial. Las autoridades policiales han atribuido el descenso de homicidios a la efectividad de la policía. Por su parte, las Iglesias dicen que la reducción de homicidios es por su intermediación, según ha expresado la Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz (IPAZ).

A inicios de Noviembre, circularon unos comunicados, donde supuestamente las pandillas pedían una segunda oportunidad y se comprometían a bajar la cifra de homicidios. A esto el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, reaccionó y aseguró que estaban abiertos a apoyar cualquier proceso de pacificación en el país. Algunos sectores plantearon que la aprobación de la Ley de Reinserción debe estar vigente antes de algún diálogo. Las maras y pandillas golpearon para negociar, sin embargo ante esa presión el gobierno emprendió una campaña represiva utilizando todos los medios, los aparatos de seguridad, leyes etc.

Entonces, la reciente reducción de homicidios solo puede significar que las MS y la pandilla 18 han iniciado nuevamente acercamientos, aunque ello no se considere aun una nueva tregua o menos un proceso de pacificación. Ambas organizaciones han sido duramente golpeadas al enfrentarse a un enemigo mucho más fuerte. La fuerza desigual ha obligado a las pandillas a girar nuevamente hacia la sociedad civil, lugar donde la burguesía esconde su rostro abominable a través de las iglesias, centros de estudios y medios de comunicación.

Aquí fue donde se abrió el espacio para la anterior tregua, la cual terminó en un fracaso. Las pandillas reflejan a los sectores sociales que el capitalismo ha enviado a la marginalidad social. Las treguas si no van acompañadas de programas sociales de reinserción por parte del gobierno, están condenadas de antemano al fracaso. La salida al problema de la violencia radica en que las pandillas abandonen sus métodos de asaltos y extorsiones y acompañen las luchas obreras y populares, porque el problema que siempre han tenido estas organizaciones es que se aplican la violencia contra el pueblo, y por eso existe un justo rechazo, que es utilizado por la burguesía para masacrar a las maras y pandillas.

Si el capitalismo es el que lanza a los jóvenes a la marginalidad social, entonces debemos luchar contra la decadencia capitalista, y no ser parte de la misma.

La Ley de Reinserción de Pandillas

El lunes 26 de octubre del presente año el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley especial para la prevención, rehabilitación y retiro de miembros de pandillas. Los funcionarios del GOES aclararon que esta ley no consiste en algún tipo de amnistía para las maras y pandillas.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, expresó que “Esta ley busca incidir en todas aquellas personas y aquellos jóvenes que están expuestos a la influencia de maras y pandillas, aquellos que pueden tomar la decisión de salirse”. De igual manera confirmó “Esto no es una amnistía, el Estado no renuncia a hacer uso legítimo y proporcional de la fuerza, pero también ofrecemos a la juventud oportunidades para su propio desarrollo”.

Eugenio Chicas, secretario de comunicaciones de la Presidencia, ratificó dichas declaraciones: “Esta iniciativa de ley de ninguna manera es una amnistía, no se está amnistiando a quienes han cometido delitos y quienes han cometido delitos deben de responder ante la justicia (…) Únicamente aquellos que no han cometido delitos, que lo que han cometido hayan sido faltas y no delitos, podrán beneficiarse de la gracia que pueda proporcionar esta ley”, puntualizó.

“Por ejemplo, nadie puede ser beneficiario de la ley si previamente no es sometido a una experticia de investigación policial, necesitamos ver las solvencias de policía para conocer si se le está persiguiendo por un delito”.

Esta distinción entre faltas y delitos conduce de antemano al fracaso de cualquier ley de reinserción, porque si algo caracteriza a las maras es la comisión de muchos delitos que afectan directamente al pueblo.

Quiere decir entonces que el marero o pandillero curtido, lo que implica haber cometido asesinatos y otros delitos, no podrá beneficiarse con esta ley. Según el vocero de la presidencia, esta Ley va encaminada hacia la periferia de las maras y pandillas, en particular hacia ’’los chequeos y paros’’, aspirantes a “homeboys”.

Es imposible pensar en una salida al problema de violencia sin al menos una política de reinserción sincera de las principales maras y pandillas. Tales concesiones tendrían que implicar aspectos básicos como la mejora en los recintos carcelarios, programas de estudio y reinserción laboral.

Cualquier negociación debe ser pública

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) creemos que ninguna negociación a espaldas de los trabajadores y sectores populares tiene validez. Llamamos a las organizaciones sindicales y populares a organizar un nuevo dialogo que exprese las valoraciones con respecto a la ley de reinserción, la cual debe pasar previamente por la observación de las partes involucradas, ya que no se puede reinsertar a los mareros y pandilleros a la vida del ciudadano común, sin que antes hayan sido tomadas las estimaciones individuales y colectivas.

Hay una baja de homicidios, sin embargo las maras y pandillas siguen existiendo y continúan teniendo un alto grado de organización y no se desmovilizaran fácilmente si están acorraladas con una ley ineficiente o con una mayor represión. Esto no acabara con el problema, tal vez reduzcan ocasionalmente la actividad de estas agrupaciones pero a la larga no genera ninguna salida. Por ello deben ser consideradas otras formas y medios que den soluciones a largo plazo, en las condiciones actuales nadie puede asegurar que no se de otro repunte de asesinatos.

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