Por German Aquino

Después de los acontecimientos ocurridos en Guatemala en donde se dieron grandes movilizaciones de cara a la lucha contra la corrupción, otros países del área centroamericana tales como Honduras y El Salvador se vieron influenciados de diferentes maneras.

Existe una realidad en materia económica y social, en donde la violencia, la delincuencia, el desempleo y los bajos salarios son los principales problemas; unido a lo anterior el actual gobierno ha cargado a la clase trabajadora y a la clase media el mantenimiento del déficit fiscal. Mientras tanto, a pesar de los enfrentamientos, en la práctica el gobierno del FMLN ha sido flexible con el gran empresariado, con quienes ha sido consecuente.

La corrupción y la impunidad siempre han existido en todos los gobiernos, las cuales fueron promovidas y aceptadas por el mismo imperialismo. Pero en estos momentos se rasga las vestiduras de cara a la misma acentuando sus acciones sobre, todo en aquellos países con gobiernos populistas de izquierda o gobiernos progresistas. Desde el 2015 existe toda una campaña de cara a luchar contra la corrupción y la impunidad. Esta desató grandes movilizaciones en Guatemala, las cuales terminaron con el encarcelamiento del Otto Pérez Molina ahora ex presidente, en menor grado se dieron movilizaciones en Honduras.

Por qué no se movilizó el pueblo por la CICIES

En El Salvador han sido casi nulas las movilizaciones para exigir una comisión interventora con el fin de investigar la corrupción y la impunidad, quedándose todo a nivel de discusiones respecto a si era no necesaria la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). El FMLN argumentaba que no era necesario debido a que existían las instituciones correspondientes, mientras la derecha arenera, a pesar de sus gobiernos corruptos, se pronunciaba a favor y buscó encabezar las movilizaciones; fue más allá y quiso dar muestras de confianza, para ello permitió que el ex presidente Francisco Flores fuera juzgado por casos de corrupción.

El hecho de que fueran miembros de la corrupta derecha arenera quienes buscaran encabezar la lucha contra la corrupción y que el gobierno esté en manos de una organización que tiene una trayectoria de luchas como es el FMLN, fueron factores que influenciaron para que no se dieran grandes movilizaciones para exigir una comisión contra la corrupción y la impunidad. Los funcionarios de la derecha arenera no tienen la solvencia moral para exigirlo y por otra parte, debido a que el mismo gobierno fácilmente lo hacía ver como una maniobra política desestabilizadora de la derecha arenera para con el segundo gobierno del FMLN.

Para Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) la falta de protestas públicas y masivas de la sociedad civil por actos de corrupción no tuvieron mayor envergadura debido a que “…es posible que en El Salvador tenemos un poco de institucionalidad, como el caso de la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia, que ha emitido fallos de diferente índole y que lejos de favorecer a algún sector en particular, se han apegado a las leyes y las Constitución, diferente a Salas de lo Constitucional del pasado” (http://www.estrategiaynegocios.net). No existieron las condiciones que llevaran a exigir una CICIES.

Al referirse a la lucha contra la impunidad y la corrupción el PSOCA manifestó: “Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) reafirmamos nuestra lucha contra la corrupción e impunidad, pero esta lucha triunfará únicamente cuando los trabajadores establezcan el control obrero en todos los niveles de la sociedad, y nunca por medio de comisiones internacionales controladas por el imperialismo norteamericano”

Probidad nada nueva

Todo pareciera que la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), ha pasado a otro nivel en donde el imperialismo, la derecha arenera y el FMLN han acordado un cambio de estrategia como es el fortalecimiento de las instituciones estatales, siendo una de estas Probidad, la cual es una institución de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los antecedentes históricos de Probidad esta que “…mediante el Decreto No. 69 de fecha 11 de febrero de 1949 estableció el Tribunal de Probidad cuya finalidad era poder reintegrar el dinero que funcionarios y empleados públicos habían obtenido sin causa justa de la Hacienda Pública…” ya antes el “…Consejo de Gobierno Revolucionario que asumió el poder el 14 de diciembre de 1948 después del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Castañeda Castro, decretó el 20 de diciembre de ese año el Decreto Legislativo Nº 7 de Inmovilización de Bienes Muebles e Inmuebles de Funcionarios Públicos” (http://consultaprobidad.info/?mod=index). Como vemos dicha institución no es nada nueva, solo ha sufrido ciertos cambios y nos refleja que en momentos de crisis económica y política en aras de bajar o detener el descontento social el Estado busca lavarse la cara de la corrupción.

Apoyo imperial a Comisión de Probidad

La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha contado con el apoyo crítico de Mari Carmen Aponte, ex embajadora de los Estados Unidos, quien días antes de abandonar el cargo manifestó: "Probidad es una herramienta efectiva en poder exigir y hacer que la transparencia en el gobierno suceda. Creo que esa es una herramienta, pero debemos usar todas las herramientas… La decisión de hacer una Comisión Internacional contra la Impunidad es una decisión de los salvadoreños. El interés de los Estados Unidos en la corrupción es alto. Claro que tenemos muchísimo interés… "lo que queremos que se vea es que haya progreso, que haya instituciones fuertes que puedan perseguir la corrupción, que la puedan limpiar, porque después de todo la corrupción es un factor que socava la democracia. Así es que sí, hay un interés muy grande. Sí estaremos siguiendo el progreso del gobierno de El Salvador, pero la decisión del cómo El Salvador decide combatir la corrupción es una decisión de los salvadoreños…” (http://www.elfaro.net), al momento el imperialismo ha desistido de imponer una comisión interventora al estilo de la CICIG.

¿Hasta donde llegará Probidad?

Ante la falta de una CICIES, Probidad ha venido a suplirla, es de señalar que dicha Sección por muchos años estuvo durmiendo en el sueño de los justos, pero en estos momentos viene a despertar, y de manera anticipada buscaron atarle las manos los diputados.

Probidad busca presentarse como la institución que investigará y castigará a los funcionarios públicos. Después del caso del ex presidente arenero Francisco Flores, Probidad ha puesto al descubierto una parte de la corrupción que existe en las instituciones del aparato estatal. Es así como ha iniciado una investigación de 29 funcionarios públicos cuyas declaraciones de patrimonio dan indicios de sospecha de enriquecimiento ilícito.

Entre estos figuran ex presidentes: Francisco Flores (fallecido), Antonio Saca, Mauricio Funes, lo cual fue a iniciativa de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador; entre otros se encuentran el ex fiscal General Luis Martínez, el diputado Reynaldo López Cardoza, Leonel Flores, exdirector general del ISSS, Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN, el ex presidente de la Corte Suprema, Agustín García. Exministros Miguel Lacayo, René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas, etc. Entre estos figuran personas ligadas a las diferentes fracciones de los partidos que conforman la Asamblea Legislativa.

Juicio y Castigo a todos los funcionarios públicos corruptos

Las investigaciones de corrupción y del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos actualmente no es producto de grandes movilizaciones, sino más bien responde a exigencias del imperialismo. Esto, unido a la deplorable situación económica y social que podría llevar a un descontento social, el cual en un momento podría trascender a movilizaciones y en acciones de protestas populares ha hecho que las cúpulas de los partidos políticos, acepten la intervención de Probidad, la investigación de funcionarios corruptos y posibles enjuiciamientos de funcionarios públicos como el caso Flores; todo ello para dar una imagen de que se está combatiendo la corrupción, de esta manera estarían lavándose la cara de la corrupción.

Nada garantiza que los funcionarios a los cuales está investigando Probidad sean verdaderamente investigados y castigados, por lo tanto, es necesaria la conformación de una comisión contra la impunidad y la corrupción integrada por trabajadores. Debemos exigir que ninguno de estos casos termine en negociaciones políticas interpartidarias, como ha sido la constante. Las organizaciones obreras, campesinas, populares, estudiantiles y de pueblos originarios debemos movilizarnos y mantener independencia respecto a los diferentes partidos políticos, los cuales no representan el interés de las grandes mayorías, sino de fracciones de clases económicamente dominante, las cuales en estos momentos se disputan la hegemonía. Se debe exigir que los recursos financieros de todos aquellos funcionarios públicos que sean encontrados culpables sean devueltos a las arcas del Estado.