Por Francisco Barrios

Aprovechando el descontento popular respecto a los grandes gastos realizados en la Asamblea Legislativa un tema de debate es la propuesta de  reducción del número de Diputados,  lo cual requiere  un análisis para determinar las repercusiones de dicha propuesta y a la vez abrir un debate que baya mas allá y se plantee democratizar el sistema y la participación política de todos los sectores.

Por una verdadera democratización del sistema político

En El Salvador todavía continua vigente la  Constitución de 1983 con sus respectivas reformas, la cual sentó las bases de la partidocracia estableciendo en el artículo 85 que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno.”  En su momento  la anterior buscaba frenar un posible arribo de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) mediante la lucha armada y la insurrección popular ante la falta de condiciones democráticas que permitieran una verdadera participación política-electoral de las organizaciones obreras, campesinas y populares.

A pesar de la reformas las condiciones continúan casi igual si tomamos en consideración los insuperables requisitos exigidos para constituir nuevos partidos políticos y la inscripción de las candidaturas independientes y los procesos viciados en la inscripción de los mismos.

Como organizaciones y luchadores sociales  debemos levantar un plan de lucha que garantice la plena  participación y representación política de  todos los sectores para ello debemos exigir: Que los procedimientos y requisitos para las  candidaturas no partidarias sean de fácil cumplimento, que se permitan las candidaturas no partidarias para  Presidente, Vicepresidente y Concejos Municipales y que los requisitos para legalización de los partidos políticos sean de fácil cumplimiento.

Exijamos  la Ley de iniciativa ciudadana de Ley

La Constitución en materia de creación de leyes establece en el  Artículo  133,  que  tienen exclusivamente iniciativa de ley:1º- Los Diputados; 2º- El Presidente de la República por medio de sus Ministros; 3º- La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales; 4º- Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales; 5º- EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.., lo anterior atenta contra la democracia ya que no permite que la clase trabajadora, campesinos, pueblos originarios, estudiantes y demás sectores populares presenten sus propias iniciativas de Ley sin tener que recurrir necesariamente a los Diputados de los diferentes partidos que conforman la Asamblea Legislativa para que le den tramite a dicha propuesta, lo que en muchos casos hace que sean tildados  de pertenecer a dicho partido.

Por lo anterior debemos demandar se aprobado una  Ley de iniciativa ciudadana de Ley ,  lo cual consiste en que todas las personas podamos presentar iniciativas de Ley ya sea a nivel nacional o municipal mediante el respaldo de determinado número de firmas. Así mismo debemos exigir otros mecanismos de  participación democrática como son el referéndum, plebiscito, la consulta popular y la revocatoria de mandato para todos aquellos funcionarios de elección popular y de alto nivel que no gobiernen en función de los intereses del pueblo.

La propuesta  para reducción del número de diputados

Hace pocos días ha circulado la  propuesta para reducir de 84 a 60 el número de diputados que conforman la Asamblea Legislativa  la cual es una iniciativa del diputado no partidario Leonardo Bonilla en dicha propuesta se manifiesta “…Apoya con tu firma digital la propuesta No Partidaria de reducción de Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, de 84 a 60 diputados, cumpliendo con la Sentencia del año 2002 emitida por la Sala Constitucional donde se declara inconstitucional la plancha nacional. En las últimas encuestas más del 70% de la población exige que se reduzca la cantidad de diputados, dicha reducción significaría un respiro fiscal para el país y el ahorro de más de 15 millones de dólares al estado salvadoreño por cada legislatura…”.

Respecto a la reducción del número de diputados requiere un mayor análisis y discusión ya que al reducir el número de diputados se da una reconcentración del poder legislativo en pocas manos,   quienes acapararían  la función de legislar cuando en realidad la lucha ha sido por que exista verdadera participación y representación de todos los sectores. Al reducir el número de Diputados se reduce el espacio para  que representantes  de los trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas y demás sectores populares puedan representar en la Asamblea Legislativa a sus sectores. Más que disminuir  el número de diputados se debe trabajar por una democrática asignación de la distribución de los diputados y democratizar la participación y representación política.

Paremos los gastos de la Asamblea Legislativa

Una verdadera  disminución de los gastos o respiro fiscal a nivel del órgano legislativo pasa necesariamente por reducir los montos financieros asignados a cada diputado para la contratación de empleados entre los cuales están los asesores, a manera de ejemplo se tiene  que “La junta directiva de la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de $4.74 millones para este año: $4,741,760 se destina a remuneraciones de los empleados que están asignados a los 14 diputados directivos, $239,035 a los bienes y servicios que utilizan y $38,740 es inversión en activo fijo… De acuerdo al presupuesto del órgano legislativo aprobado para el año 2018, las remuneraciones de los empleados de la presidencia de la Asamblea Legislativa costarán un total de $507,030…”(DEM.17/04/2018). Dicha asignación es muy aparte de los salarios que se le da a cada diputado mensualmente por cual debe reducirse dicho gasto.

Según el presupuesto de la Asamblea  tenemos que  mensualmente al presidente se le da un salario de 5,781.71, al  Vicepresidente: 5,115.15, Secretario: 4,854.30, Coordinador de Grupo Parlamentario: 4,854.30, Diputado: 4,015.71. El sueldo mensual   incluye el sueldo propiamente dicho,  gastos de representación,  gastos  de transporte y comunicación.   Sin agregar los bonos que se recetan.

Para un verdadero ahorro deben disminuirse  ambos rubros a manera que el sueldo mensual de todos los diputados sea igual al de un obrero calificado  independientemente el cargo que tenga en la asamblea, así mismo deben eliminarse todo tipo de bono y otros privilegios.

Por: Alberto Castro.

Los sindicatos y asociaciones de empleados públicos, que antes se aglutinaban al interior de la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), volvieron a concordar en una protesta realizada el día 17 de mayo de 2018, cerrando la Alameda Juan Pablo II, en contra del anteproyecto de Ley del Servicio Público, este es el nuevo nombre que recibe el proyecto de ley que ya ha sido presentado en otras ocasiones y bajo otro nombre en la Asamblea Legislativa, que empezó con la gestión del ex presidente Mauricio Fúnes y está siendo continuado por el segundo Gobierno del FMLN, y es que, esto forma parte de uno de los requisitos que ha impuesto el imperialismo Yanqui al país, para la aprobación del desembolso del FOMILENIO II, es importante destacar que con el FOMILENIO I, la legislación salvadoreña tuvo que hacer algunas reformas del tipo neoliberal, siguiendo las exigencias de EEUU, gracias a ello fue posible la Ley de Asocios Publico Privados, por ende es importante que los trabajadores logren a la reflexión de, si este nuevo anteproyecto de ley, forma parte de la armadura jurídica del neoliberalismo o se trata de otro tipo de reforma. 

Los orígenes contrastados por rebotes y la nueva etapa. 

Fue en 2012 cuando dio inició la creación del anteproyecto de Ley de la Función Pública que fue discutido y consultado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien le dio visto bueno, declarando que se respetaban los derechos laborales. Pese a ello, el anteproyecto quedó estático en la Asamblea Legislativa, producto de la resistencia dada por sindicatos como SITRAMHA, SIMEDUCO y SITRASALUD que tras varias acciones de hecho, dieron a conocer el nacimiento de la CSS, que rápidamente gano popularidad por mostrarse combativa, pasando a ganar adeptos, y por consiguiente captando la incorporación de otras organizaciones sindicales.

A un año de las elecciones presidenciales, el bipartidismo de ese momento, retrocedió, pero en agosto del 2016 se comenzó la elaboración de un segundo borrador, en el que se le cambió el nombre a Ley del Servicio Público (esta vez también se está a un año de una elección presidencial), que fue presentado a la Asamblea Legislativa de manera formal por el Ministerio de Gobernación en diciembre del 2017 y se le dio iniciativa de ley.

Esta vez la CSS está disminuida en representación de sindicatos de empleados públicos por lo que no puede orgánicamente dirigir la resistencia a dicha ley, no obstante ahora existen otras organizaciones como la Federación Salvadoreña de Trabajadores Salvadoreños (FSTS), la Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP), y Coordinadora de Amplia Participación (CONAPAR), que nuclean un importante grupo de organizaciones sindicales del sector público, que pueden encarar la propuesta ante la Asamblea Legislativa, y, esto es lo que sucedió el 17 de mayo pasado, una convergencia entre estas organizaciones, incluida la CSS, así parece aquietarse agresivamente la promoción de esta reforma.

Es meritorio acentuar que dentro del impulso de esta reforma no hay representación directa de los trabajadores, son asociaciones de abogados, centros de pensamiento burgués, entre otros, quienes plantean esta ley de gestión y administración laboral de los trabajadores públicos, cuando los llamados a participar en su creación deberían ser los trabajadores. 

El contenido de la propuesta

El ultimo anteproyecto de ley inicialmente inquiere el establecimiento de las bases para la carrea administrativa, el inconveniente no es esto, sino en cómo lo pretende hacer, sobresale la exigencia de la calidad del talento humano de quien labore para el Estado, he aquí un punto de controversia y es que la misma exige un nivel de educación técnica y profesional, lo desfavorable es que no se plantea la apertura de mecanismos para los empleados que no lo son se puedan formar, lo cual hace temer que se den despidos por ese motivo.

Aparte de  esto, ajusta la regulación para obligar a que las contrataciones de personal en las instituciones públicas se basen en la capacidad, el mérito y honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyo servicio sea de calidad y un Estado más eficiente, siguiendo lo que la misma ley expone, y el tamiz para llevarlo a cabo son dos instituciones de Derecho Público: el Tribunal de Servicio Público y las Unidades de Administración del Talento Humano. El primeo le compete ser la autoridad para dirimir conflictos laborales entre otros, y el segundo la contratación y promoción de personal.

En el anteproyecto no aparece nuevamente las garantías que permitan la democracia y la participación directa de los trabajadores al momento de elegir a las autoridades responsables en el Tribunal, y más aun reafirma que los tres poderes del estado nombraran a los integrantes de dicho Tribunal, cuando deberían ser los empleados públicos quienes nombrar y elegir directamente a sus representantes a través de una elección nacional, en donde los sindicatos deben ser los encargados de montar dicho proceso del cual salgan electo los representantes,  no debe ser el Presidente de la república, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes lo nombren, ya que estos funcionarios no representan los  intereses de los trabajadores.

Solo de esta manera se podrá hacer posible la independencia de clase  de los sindicatos respecto a los gobiernos y de las injerencias política partidarias de la Asamblea Legislativa. El anteproyecto de Ley de la Función Pública no contempla un aumento real al salario, ni la contratación permanente de aquellos trabajadores que se encuentran laborando temporalmente. Etc. Contrario a ellos establece nuevas formas de contratación las cuales atentan contra los derechos laborales y la estabilidad laboral. En su lugar los sindicatos en resistencia a la ley proponen una reforma a la Ley del Servicio Civil que está vigente desde 1960, la cual quedaría en derogación tacita al aprobarse y promulgarse la Ley de Servicio Público.

Características de una reforma neoliberal

Hasta la fecha los seis Gobiernos de este largo periodo neoliberal han seguido una agenda de reforma del Estado acorde al modelo Neoliberal. Toda reforma neoliberal tiene la peculiaridad que,  hace primar el predominio de lo privado  sobre lo público, en esta medida hace posible la reducción del aparato  estatal ósea de la administración pública,  así como, el  desarrollo de una política de privatizaciones de la empresa pública, lo que readecua las proyecciones de desarrollo centralizando, direccionándose en la Administración Pública, en sus estructuras, funciones, procesos y recursos, y fijando objetivos de racionalidad, productividad y eficiencia.

Para ello se usan programas y acciones parte de un proceso permanente de planificación administrativa, el que a su vez es parte integrante del Plan de Desarrollo Económico y Social. Esto lleva a la reducción del aparato estatal bajo el supuesto que se logrará mayor  eficiencia, el Estado deja de lado su parte social por un lado conservando el monopolio de la violencia y amenaza únicamente, al mismo tiempo que se impone la empresa privada. La apología del eficientísimo y la introducción en el servicio público de los criterios y prácticas empresariales, personifican las partes integrantes que se comprometen aplicar a lo que quede del aparato estatal. Por eso, debemos combatir los falsos remedios que postulan como salida a nuestras graves dificultades, la defensa de unas instituciones constitucionales que son parte del problema y no de la solución.

Por una respuesta unificadora

La Propuesta de ley en mención se debe a que según sus vociferadores, los servidores públicos en la actualidad son ineficientes, poco profesionales e incapaces, por lo que la  esta reforma busca la readecuación de las relaciones laborales en  el ámbito público, obstruyendo la contratación permanente de nuevos servidores públicos bajo  el régimen de la carrera pública, debido a que por encima de todo permitirá una reducción gradual del aparato  estatal para conseguir la  eficiencia, en este caso es importante destacar  que los espacios dejados  por  los trabajadores indebidamente cesados han de alguna manera ser substituidos por otros, pero bajo  condiciones laborales sumamente  precarias, máximo si para tal fin se crean asocios públicos privados que flexibilicen y tercericen ciertas funciones; dando lugar a que sea posible un modelo mixto.

De esta manera,  se vislumbra en la Clasificación de Servidores Públicos (art.12), el Personal Temporal , con un contrato seis meses y con una sola prorroga más de contrato,  pierde su propia  condición  de trabajador, pues,  esta clasificación hace del contrato temporal algo de naturaleza civil y  no laboral,  por  tanto, no  tiene reconocido ningún derecho que como trabajadores deben tener. Los sindicatos opuestos a la reforma han propuesto que en lugar de la aprobación de esta ley, se reforme la Ley del Servicio Civil, en esto coincide tanto la FSTS, UNEP y CONAPAR, por lo que desde aquí se debe llamara a una coordinación de donde se discuta ampliamente este tema y se de a conocer la propuesta hecha por estas tres organizaciones aglutinadoras, ya que toda ley o reforma de Ley que toque aspectos relacionados con los trabajadores  públicos debe pasar por la aprobación de los mismos, por lo cual el actual  anteproyecto de Ley de Servidores públicos debe ser  sometido a votación de  los trabajadores públicos. Esto da lugar a que los trabajadores de la empresa privada, que no han tenido ninguna mejora en sus prestaciones, aprovechen de la actividad de los empleados públicos para discutir y proponer reformas de ley que mejoren sus condiciones materiales y laborales.

El pasado sábado 19 de mayo del 2018  en la Universidad de El Salvador mediante auto convocatoria nos reunimos estudiantes, sindicalistas,  indígenas y campesinos  con el objetivo  de conocer y  discutir la situación social y política del pueblo Centroamericano de  Nicaragua.  Como parte del análisis y discusión concluimos que:

1.-En los últimos años en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega se ha instaurado un régimen bonapartista que ha llevado a un deterioro de la democracia e irrespeto a los derechos civiles y políticos por parte del gobierno así mismo se observado un control absoluto sobre el movimiento de masas, prohibición y represión a toda  manifestación independiente y de las huelgas de los trabajadores.

2.- Por otra parte el gobierno de Daniel Ortega promueve  proyectos que privilegian los intereses del gran capital en detrimento de los intereses de las grandes mayorías y del medio ambiente a la vez que busca aplicar recetas de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

3.- La falta de espacios democráticos,  y el descontento popular que se venía acumulando por años  llevo a que la  aprobación de la reforma al sistema de pensiones que afecta principalmente a los trabajadores  fue  el detonante que  produjo un verdadero estallido social,  protagonizado principalmente por los jóvenes universitarios y de los barrios quienes se manifestaron el 18 de abril  solidariamente contra las reformas al INSS rescatando los métodos tradicionales de lucha.

4.- La respuesta a las justas acciones estudiantiles por parte  del gobierno  Orteguista fue la represión mediante el uso de los aparatos de seguridad del Estados  y fuerzas de choque de la JS-19 y del partido FSLN. Producto de la represión  más de 80 estudiantes han sido masacrados, existen desaparecidos y presos políticos. Situación que se asemeja a la vivida en los tiempos de la dictadura de Somoza. 

Por lo anterior como estudiantes, sindicalistas,  indígenas y campesinos acordamos conforma el Comité de Solidaridad con la Lucha Estudiantil y Popular de Nicaragua  (CSEPN). MANIFESTANDO:

Solidaridad con  la legítima y justa  lucha estudiantil y popular de Nicaragua la cual inicialmente fue  contra inconsultas reformas a la seguridad social  pero que debido a la lucha se lograron detener dicha reformas.  Ahora habiéndose vencido el silencio y reconquistado con sangre el legítimo derecho de libertad de expresión y manifestación el pueblo  exige  condiciones que lleven a la democratización del régimen.

Consideramos que la lucha  estudiantil y popular en Nicaragua no es una conspiración imperialista, sino  de los constantes atropellos  y las políticas neoliberales del gobierno de Daniel Ortega y del  régimen bonapartista, las cuales han afectado  principalmente  a la clase media, los trabajadores y a los sectores populares, mientras tanto una reducida cúpula de empresarios se benefician financieramente.

Rechazo a la represión del gobierno de Daniel Ortega contra los estudiantes y pueblo en general exigimos  a la vez el respecto a los Derechos Humanos y Libertades democráticas. Por sobre todo debe garantizarse el derecho fundamental a la vida por lo cual exigimos la investigación de todos los crímenes cometidos contra los estudiantes y demás sectores en donde se haga público a los actores materiales e intelectuales.

Condenamos toda injerencia, manipulación y oportunismo por parte del imperialismo y Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) quienes buscan aprovecharse de la lucha. Todo acuerdo debe girar en función de los intereses de las grandes mayorías y la democratización del régimen para ello debe exigirse la convocatoria una Asamblea Nacional Constituyente.

Llamamos a los estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas salvadoreños a unirnos y reforzar los lazos solidarios con el pueblo nicaragüense.

Nicaragua es Centroamérica…Todos unidos como un solo pueblo centroamericano. Abajo la represión del gobierno de Ortega.

El Salvador, Centroamérica, 19 de mayo del 2018.

Por: Alberto Castro.

Otra vez el Gobierno del FMLN hace otra acción equivocada en el Ministerio de Educación (MINED), arremetiendo contra los trabajadores administrativos al intentar eliminar tácitamente la Canasta Básica y haberle hecho un descuento salarial injustificado a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC), como medida de presión para aturdir a la combativa dirigente sindical, para así solventar en base al sacrificio de los trabajadores, problemas presupuestarios en dicha cartera.

La situación en Plan Maestro

El Ministro de Educación Carlos Canjura realizó la propuesta de pasar al salario la Canasta Básica, que se da a través de una GIF CARD, que consta de $50 dólares americanos, lo cual fue rápidamente aceptado por los dirigentes sindicales dentro del MINED que siempre están inclinados a secundar al partido Gobernante, desnaturalizando las funciones de todo dirigente que no tiene que deberse ni a la patronal ni a ningún partido político burgués, sino a los trabajadores que representa en su cargo de dirección, la propuesta del ministro fue rechazada por ATRAMEC, que ha expuesto técnicamente la afectación económica hacia los empleados que esto implica, y es que, efectivamente, al ser aplicados al salario los $50 dólares de la GIF CARD se pasaría a ser complemento de ello, por tanto se le podría descontar RENTA y demás descuento de las prestaciones sociales, lo que derribaría una de las conquistas que tienen los trabajadores del MINED, este beneficio favorece directamente a las familias de los trabajadores; esto forma parte del sustento del hogar de cada trabajador, por tanto al pasar a salario lo perderían.

Golpe sobre la dirigente de ATRAMEC y UNEP

Una medida de presión tomada por las autoridades de Educación ha sido el descuento injustificado de más del 90% del salario a Marta Campos, quien es secretaria general tanto de ATRAMEC como de la Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP), que ha ganado prestigio en base a la defensa de los intereses de los trabajadores administrativos al interior del MINED y demás sectores que integran la UNEP, frente a las medidas de profundización neoliberal tomadas por el Gobierno de turno, sumiso a los dictados del FMI, entidad que para apalear la crisis capitalista local, en sus últimas visitas ha recomendado, entre otras cosas, ponerle techo a las reivindicaciones económicas de los trabajadores públicos y privados, por tanto esta medida es un atropello que no es alisado y particular, ya que es en primera instancia una arremetida hacia todos los empleados públicos agrupados en la UNEP, pero también agrede a todos los demás trabajadores en general, porque es una práctica que puede repetirse, todos los dirigente sindicales del país deben prestar atención a esa situación, y, expresarse en solidaridad, se ha agredido a un dirigente sindical para doblegarlo, para neutralizar a los trabajadores que representa, se tiene que luchar organizadamente este tipo de agresión y violación laboral, aunque el salario está jurídicamente protegido, la legislación laboral salvadoreña no amplia las garantías que aseguren su resguardo, pero sin embargo no puede haber descuentos arbitrarios y abusivos y quien lo haga comete el delito de hurto, por lo que es meritorio que la compañera Marta Campos, exija de las autoridades competentes una investigación del caso, ya que no puede haber descuento al salario sino hay sentencia, un contrato o autorización del asalariado que lo autorice, inobservar este derecho del trabajador inhibe la violación al derecho de propiedad y libre disposición de los bienes del trabajador. 

UNEP debe tomar la iniciativa

El Gobierno pretende cercar las reivindicaciones económicas de los empleados públicos para reducir el gasto del Estado y al mismo tiempo recaudar fondos, el caso de la Canasta básica explica una maniobra con la que busca objetar cualquier iniciativa de este tipo, máxime cuando debe ceder al aumento de $30 dólares pendientes para este año (el año pasado fueron $30, alterando el 7%), por lo que es necesario que la UNEP convoque a todas las organizaciones sindicales del país a realizar acciones de hecho en conjunto para impedir la reducción de conquistas económicas que se tienen y en su lugar ampliarlas.