Por José René Tamariz

La huelga con movilizaciones de los días 26 y 27 de abril tuvo una participación masiva, tanto a nivel nacional como regional. Según datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la gran área metropolitana (GAM) la participación en las instituciones educativas fue del 90% y en las zonas rurales fue de 70%, superando con creces el requisito del 60% para declarar una huelga legal. Por otro lado, la participación del sector salud también fue masiva y espectacular, por ejemplo, la participación de los trabajadores de la salud en el hospital de San Carlos fue del 85%; en ciudad Neily, del 85%; en el hospital Escalante Padilla de Liberia, del 80%; en Guápiles, del 85%; en Santa Cruz, del 70%; en Turrialba, del 80%; en Heredia, del 80%; en Nicoya, del 75%; en San Vito, del 80% y así sucesivamente en los demás centros hospitalarios.

Esta alta participación del sector salud en la huelga se explica, en gran parte, porque el gremio de los médicos se ha radicalizado, ya que pretenden despojarlos de sus incentivos, lo cual los llevaría a una reducción significativa de sus salarios. Asimismo, la participación de otros sectores fue importante, tales como las universidades públicas y sectores populares.

Contexto Político

La gran masividad de la huelga de los días 26 y 27 de abril es el producto y resultado del profundo, fuerte y extenso descontento obrero y popular que existe en amplios sectores de la población en contra el gobierno de Solís y los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa. Este dúo nefasto, gobierno y partidos neoliberales, con sus proyectos de leyes, tanto de reducción del gasto público, léase reducción y eliminación de componentes salariales, como de aumento de los impuestos, léase más reducción de los salarios, pretenden hacer pagar el déficit fiscal, provocado por el PLN, a los trabajadores, sectores populares y clases medias.

El enojo y descontento de los trabajadores y demás sectores populares también se deben a otras razones, tales como, el congelamiento salarial impuesto, prácticamente, desde el año 2015 por el gobierno de Solís, así como, los ataques a las convenciones colectivas, el encarecimiento de los precios de servicios básicos y de productos, a pesar, de la supuesta inflación cero. Por otra parte, existe un gran malestar debido a la estafa política del “cambio” prometido en campaña política-electoral por Guillermo Solís y el Partido Acción Ciudadana (PAC). Estas, entre otras, causas explican la gigantesca movilización nacional del día 26 de abril y las grandes manifestaciones regionales del día 27 de abril.

El Proceso de Huelga del 26 y 27 de abril.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) discutió y ratificó a finales del mes de marzo, realizar la huelga para los días 26 y 27 de abril. Por su parte, la Asociación de Nacional de Educadores (ANDE) votó en Consejo Nacional el día 2 de abril, lanzar la huelga para los días 26 y 27 de abril. Ese mismo día, 2 de abril, Ricardo Molina, Presidente de la APSE, informó al Consejo Nacional de la propuesta de huelga para los días 26 y 27 de abril. Los integrantes de la tendencia sindical Cambiemos nos pronunciamos a favor de apoyar y participar en ese movimiento huelguístico.

Al final, se votó convocar a Asamblea Nacional de Presidentes de bases para el día 22 de abril para que discutiera y ratificara la participación en dicho movimiento. Al mismo tiempo, en ese Consejo Nacional, se acordó llevar la discusión de participar en ese movimiento huelguístico a las asambleas de bases que se realizaron entre los días 8 y 15 de abril. Sin embargo, para sorpresa de casi todos los apsinos, tanto la agenda oficial de la directiva nacional para las asambleas de bases y para la asamblea nacional de presidentes de bases no hacía mención de la huelga del 26 y 27. Es decir, para el sector mayoritario de la directiva nacional no existía ningún llamado a huelga, la ignoraba en las propuestas de agenda. Peor aún, en las asambleas de bases a las cuales asistían los dirigentes de planta de la directiva nacional, se oponían abiertamente a participar en la huelga de esos dos días.

En otras palabras, estaban en contra de la huelga y tenían claramente una política de desmovilización. Una de las razones para desmovilizar, entre otras, era que como nos encontramos en un proceso de negociación con el gobierno de la nueva convención colectiva, no debíamos realizar la huelga del 26 y 27, porque estropearían las negociaciones. Esta era un argumento falaz, porque más bien la movilización fortalece a las organizaciones sindicales en el proceso de negociación de la nueva convención colectiva.

No obstante, mientras el sector mayoritario de la directiva nacional desmovilizaba en un pequeño sector, en la mayoría, casi absoluta, de las asambleas de bases a nivel nacional, como una reacción en cadena, votaban de forma democrática y por mayoría, participar en la huelga del 26 y 27 de abril. Las bases del sindicato APSE habían decidido, previo, a la asamblea nacional de presidentes de bases ir a huelga.

Llegó la asamblea nacional de presidentes de bases del día viernes 22 de abril. En ella, las bases, votaron por abrumadora mayoría participar de forma activa en la huelga de los días 26 y 27 de abril convocada por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y el sindicato ANDE. En esta asamblea se enfrentaron dos posiciones políticas-sindicales: la de la mayoría de la junta directiva nacional y otro pequeño sector del sindicato que proponían participar solamente un día de huelga y, el sector mayoritario del sindicato, que propusimos participar de forma activa los dos días de huelga, el 26 y 27 de abril. La primera posición política-sindical obtuvo solamente 88 votos, mientras que la segunda posición logró una votación, abrumadoramente mayoritaria, de más de 700 votos.

En la asamblea nacional de presidentes de bases del día viernes se recurrió, por parte de un sector de la mesa directiva, a múltiples maniobras y triquiñuelas para evitar que se discutiera y votara, primero, el cambio del orden del día de la agenda y, segundo, trataron de impedir la discusión y votación de la propuesta de participación de los dos días de huelga, 26 y 27 de abril, del sindicato APSE. Para evitar esa discusión y votación recurrieron a un reportorio de falacias políticas y legales que, en el fondo, pretendían provocar el miedo a los rebajos salariales y despidos de los trabajadores.

Sin embargo, ninguna de estas falacias logró calar entre la mayoría absoluta de los presidentes de bases que, previamente, en sus asambleas de bases ya habían decido y votado participar en los dos días de huelga. Una vez más, esta decisión y votación histórica de la asamblea de presidentes de bases del sindicato APSE demuestra que las bases han superaron a su dirigencia nacional y les han enseñado como debe actuar una verdadera dirección sindical.

La discusión y la política del miedo sobre los rebajos salariales y los eventuales despidos que esgrimía el sector mayoritario de la directiva nacional de la APSE, para no participar en la huelga del 26 y 27 de abril, fue resuelta en la práctica por las bases de los sectores de la educación y salud. Al final, el asunto de las represalias es un problema de tipo político, no solo legal, si la correlación de fuerzas entre las clases que luchan contra el gobierno y los neoliberales es favorable, por su masiva participación, esa masividad, fuerza y fortaleza del movimiento de los trabajadores impide cualquier represalia.

El día 28 de abril, fecha en que el gobierno convocó al bloque sindical BUSSCO para negociar, se produjo un altercado. La dirigencia de dicho bloque en un error político pretendió evitar la participación en las negociaciones de la dirigencia del sindicato APSE que, más allá de su política desmovilizadora, la organización de conjunto había participado masivamente en la huelga, lo cual le otorgaba el derecho a su participación. Este error se corrigió y enmendó y el 29 de abril, la dirigencia del sindicato participó en las negociaciones.

Caracterización de la Huelga del 26 y 27 de abril.

La huelga y movilizaciones de los días 26 y 27 de abril fue un éxito, desde el punto de vista de la gigantesca participación de los trabajadores de la educación, salud y otros sectores sociales. Asimismo, desde el punto de vista de que el gobierno y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no lograron rebajar salarios ni despedir trabajadores, por su gran masividad, constituye un triunfo parcial del movimiento. En el sector salud, existe un hecho importante. Todas las huelgas son declaradas ilegales, porque legalmente está prohibido el derecho a huelga en dicho sector, sin embargo, fue tan grande la participación de dicho sector que ello impidió que se les rebajara el salario a los trabajadores de la salud.

Sin embargo, desde el punto de vista de las demandas planteadas por el pliego petitorio no existe ningún triunfo. El movimiento se encuentra, tal como iniciamos e intacto. Pero es necesario e importante destacar que la gran participación en la huelga, le da confianza y fuerzas al movimiento de los trabajadores para las grandes jornadas de luchas que se avecinan con la nueva conformación y agenda del directorio de la Asamblea Legislativa, que pretende, aprobar por la vía rápida, un combo de proyectos, fusión de varios proyectos como el de Sandra Pisk del PLN, PUSC y del poder Ejecutivo que pretende reducir y eliminar componentes salariales, derechos y conquistas sociales y económicas logradas en las últimas décadas.

Por Ernesto Fuertes

Las jornadas de huelga del 26 y 27 de abril vimos a los trabajadores demostrar su fuerza, pero y el 1 de mayo vimos a la burguesía y pequeña-burguesía liberal costarricense preparando su embestida contra los trabajadores y las masas populares. Mientras es evidente el rechazo de los trabajadores al empeoramiento de sus condiciones de vida y su disposición para luchar, todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa se encargan de prometer la solución a los problemas del país a través de sus proyectos de ley.

Las piezas están colocadas para que el debate político de los próximos meses gire alrededor de las propuestas dos grandes bloques: el acuerdo de ultra-derecha que ganó el directorio (PLN, ML, cristianos), y el acuerdo del llamado ‘bloque progresista’ (PAC y FA).

Una propuesta siniestra

El acuerdo que defiende Álvarez Desanti y el nuevo directorio por supuesto que es una locura mucho peor: recortar gasto sin aprobar ningún impuesto, implica frenar la solución al déficit fiscal (aprobar más impuestos reduciría el déficit mucho más rápido). Sumado al proyecto de ‘caja única’ de utilizar superávits para el pago de deuda, esto va a implicar o un aumento del déficit, o un freno a su reducción. Esta posición demuestra que los empresarios costarricenses o no tienen la menor idea de cómo funciona una economía, o no tienen el menor interés por solucionar el déficit. Los proyectos de reducción de derechos salariales y de pensiones serán condensados en dos proyectos únicos respectivamente, con estos últimos incluyendo cuotas más grandes por pensión, así como una reducción del promedio sobre el cual se calcula el pago de pensión, etc. Solo para poner en perspectiva: el acuerdo propone poner un tope de 2,5% por encima de la inflación a los aumentos en gastos corrientes de los presupuestos, lo que significa alrededor de un 5,5% de acuerdo a la inflación estimada para este año, mientras que el gasto corriente del 2015 (que ya había sido menor con respecto al PIB), había aumentado en términos absolutos alrededor de un 12%. Esto implica reducir gastos corrientes en más de la mitad. Se habla abiertamente de cerrar ministerios. Una verdadera embestida libertaria contra el Estado y los trabajadores.

Una propuesta igualmente dañina

Del otro lado, el acuerdo firmado por el PAC y el FA empeora un poco menos las cosas, pero definitivamente no las mejora en ningún sentido. La posición fiscal del FA con la renta global, los impuestos a Zonas Francas o el registro de accionistas, es una posición parcialmente acertada, pero combinarla con un 70% de recaudación basada en impuestos indirectos, con reducción de salarios y con una eliminación de la evasión fiscal de apenas el 0,3%, significa abrazar y hacer avanzar el neo-liberalismo, no combatirlo.

El FA se vuelve liberal no porque profese ideológicamente el liberalismo. Si estuviera defendiendo su programa de gobierno tal y como nos lo presentó en las pasadas elecciones, se encontraría defendiendo políticas de contenido progresivo. Lo que pasa es que cualquier avance de las políticas liberales, por mínimas que sean, o por más mezcladas que estén con políticas progresivas, representan un avance aunque sea menor del liberalismo. Para combatir el liberalismo, es preciso hacerlo retroceder, no ayudarlo a avanzar lentamente.

Lastimosamente, esto es incomprensible para la visión frenteamplista o progresista (centrista) costarricense. La sola existencia de la renta global a las utilidades, les hace sentir que lo correcto es apoyar el proyecto que los contiene, pero sin pensar en que ese mismo proyecto que apoyan, trae también impuestos indirectos que implican reforzar el sistema tributario reaccionario de siempre. La existencia de una lista de accionistas los asombra, pero sin pensar en que ese mismo proyecto contempla la seguridad judicial de las listas frente a los investigadores de Hacienda, sin posibilidad de acceso público real. La reducción de los altos salarios de los jerarcas los emociona, pero sin pensar que en ese mismo proyecto viene una reducción salarial de todos los empleados públicos. Patricia Mora plantea en sus intervenciones públicas en el plenario de la Asamblea Legislativa, apoyar los “pluses” basados en eficiencia que propone la diputada Sandra Piszk del PLN, una espacie de taylorismo para los empleados públicos.

Giro del PLN

El PLN había sido el aliado más cercano del gobierno PAC. A diferencia del ala más radical de liberalismo (ML y PUSC), daba su apoyo a los proyectos de ley del gobierno en materia tributaria o de fraude fiscal (el plan fiscal del gobierno PAC, de hecho, es casi idéntico al plan presentado por el gobierno anterior de Chinchilla). Pero eso cambió este 1 de mayo: los propios impuestos del plan fiscal pasaron a estar supeditados al control de gasto. Mientras hace unos meses el Ministro de Trabajo pedía un ‘acuerdo nacional’ similar al que se había dado sobre la Reforma Procesal Laboral, y ciertamente estaban cerca de lograrlo, el 1 de mayo el PLN giró hacia la posición del liberalismo radical.

El FA y el PAC en su ‘bloque progresista’ no han realizado cambio ni ofensiva alguna contra ninguna posición que no tuvieran desde antes, ni contra el liberalismo, sino que es el PLN el que se ha movido. Hace una semana decir que la posición del FA era contraria al PLN habría sido tan iluso como olvidar el voto por Celso Gamboa, compartiendo ambos partidos el apoyo a todas las medidas fiscales, de fraude fiscal, de empleo y de salarios promovidas por el gobierno. Es solo gracias al PLN que hoy el FA puede hablar de hacer ‘oposición antineoliberal’ o ‘antiderechista’.

Esto por varias razones. Tal y como en el mercado mundial, donde el G20 se divide entre fracciones moderadas y radicales de liberalismo, en Costa Rica ocurre lo mismo. El PLN históricamente tiene hegemonía sobre el aparato estatal (especialmente después de la caída del bipartidismo), lo cual lo hace condensar esas vertientes moderadas y radicales de liberalismo que luchan por el poder en Costa Rica (el arismo y el figuerismo no son más que esto, por ejemplo). Estas formas de liberalismo (radicales en el ML, moderadas en el PAC) son diferencias de grado de un mismo proyecto (no diferencias de fondo), por lo que las políticas neoliberales llevadas hasta su extremo concluyen en tesis libertarias y anti-smithianas como las de negar cualquier forma de impuestos (tal y como lo estamos viendo). Por último: en lugar del consenso mantenido hasta ahora, la división entre dos opciones antagónicas permite cooptar el descontento del 26 de abril, y especialmente a los dirigentes sindicales.

Vacío en el movimiento popular

El giro de la dirigencia del FA hacia el liberalismo es importante por su hegemonía indiscutible como la dirección del movimiento popular. Esto conduce las aspiraciones sinceras de muchas capas de la población, lastimosamente, hacia el apoyo de políticas liberales. En términos de una salida realmente progresiva, esto produce un vacío en la dirección del movimiento de masas: es el problema de la dirección. La oposición de años anteriores del FA a proyectos como el PAC-quetazo fiscal (precisamente un plan fiscal muy similar al que apoyan hoy) permitían alguna forma de oposición, pero ahora todas las políticas del Estado serán aprobadas sin resistencia alguna, precisamente por la confianza de la mayoría del progresismo en las orientaciones de los dirigentes del FA. Esto empezó a cambiar con el fiasco de Celso Gamboa, y culminó con la huelga del 26 de abril. El mayor peligro para las aspiraciones de los trabajadores y el pueblo, es olvidar que salieron a las calles no contra el acuerdo ultra-derechista del 1 de mayo (el cual ni existía todavía), sino contra los proyectos de ley que el propio FA apoyaba y está todavía dispuesto a apoyar.

Retomar las banderas unitarias del 26 y 27 de abril

Solo la huelga general indefinida puede derrotar estas políticas. Pero aún una huelga indefinida puede ser negociada y puesta abajo sin alcanzar nada (como lo fue la huelga indefinida de Patria Justa el año pasado). Solo la correlación de fuerzas de facto van a permitir una negociación o acuerdo victorioso, solo la unidad de acción y la coordinación más amplia entre organizaciones sociales van a poder sostener una lucha de manera permanente, y solo los métodos asamblearios directos van a garantizar el control de los representantes y dirigentes por parte de los trabajadores. La responsabilidad de que esa perspectiva no exista en el movimiento popular, no se debe solo a las capitulaciones del FA, sino a la marginalidad de la izquierda revolucionaria. En lugar de esperar a que las “condiciones objetivas” se den por sí solas como caídas del cielo, hay que salir a construir un movimiento.

Por Ernesto Fuertes

La huelga del 26 y 27 de abril pasados sin duda alguna son una muestra de lo que puede hacer la unidad de acción: el martes la marcha más grande, probablemente, desde la lucha contra el TLC, y el miércoles múltiples zonas y regiones del país movilizadas. Los trabajadores demuestran que son ellos quienes quieren solucionar los problemas del país, y que son los únicos que pueden hacerlo, frente a la incompetencia del gobierno. El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y demás organizaciones sociales, representan una forma de unidad popular, y es solo gracias a esa unidad que se pudieron realizar acciones tan contundentes. La unidad coloca a cada uno de los sindicatos y organizaciones particulares, en oposición de manera unificada frente al poder del Estado costarricense, y esto le abre la posibilidad de lograr revertir las políticas hambreadoras que impulsa el gobierno.

¡Trabajadores!: tienen que tener claro que sus dirigentes sindicales no solo no estuvieron algunos dispuestos a salir a la huelga (como el caso de APSE), sino que se encuentran ya mismo negociando con representantes del gobierno sin que las bases sepan lo que se está negociando. Además, las cúpulas sindicales de Bussco se pelean entre sí, poniendo en peligro la unidad popular que logró convocar una huelga tan fuerte. Las negociaciones y el diálogo no son malos por sí mismos, pero mientras sean en favor de los intereses de los trabajadores. Mientras no se dialogue o negocien políticas progresistas para el pueblo, no podemos desistir de la presión callejera: ¡la presión es la única garantía que existe incluso para empezar a hablar de negociaciones favorables! A nadie le gusta tener que estar saliendo a la calle, pero las instituciones burocráticas de la democracia no resuelven los problemas del pueblo. ¡Tenemos que defender la unidad popular, y tenemos que detener cualquier negociación que vaya en contra de los trabajadores! ¡Hay que revertir las políticas que se encuentran dando vueltas en los proyectos de ley de la Asamblea Legislativa!

Compañeros de Bussco: celebramos sus esfuerzos de unidad durante la huelga, pero también tenemos derecho a la crítica independiente en defensa de los intereses de sus propios trabajadores: ¡no queremos que se rompa la unidad popular, ni queremos firmar los derechos y condiciones de vida del pueblo asalariado! ¡Queremos todavía más unidad entre organizaciones sociales y populares, y traernos abajo los proyectos salvajes del gobierno! Para esto la presión de la movilización es una precondición completamente necesaria para cualquier diálogo de contenido progresivo. Si pretenden pactar tan solo después de una jornada, están viéndolo completamente al revés. ¡Es la presión y la movilización en las calles lo que va a permitir alcanzar una victoria! Compañeros trabajadores: sus dirigentes quieren romper la unidad que logró la gran marcha del 26 pasado, y quieren negociar a espaldas de ustedes. Tenemos que demandar ya mecanismos de información y métodos asamblearios que controlen a los dirigentes y representantes, que informen a todos los trabajadores de lo que están negociando, y que sean los trabajadores los que decidan.

Sí existe una alternativa: nosotros estamos impulsando desde Organización Popular Ya (OPY) una iniciativa de unidad popular que busca precisamente eso: la unión de organizaciones que ya no luchen cada una por separado, sino que marchen unidas por políticas generales que resuelvan todas las problemáticas de una vez por todas en oposición al Estado. No es un mérito solamente del PSOCA: nos hemos reunido y hablado con diversas organizaciones sindicales, campesinas, internacionalistas, de diversidad sexual, estudiantiles, frenteamplistas, socialistas, ambientalistas, etc, para que marchemos todos juntos este 1 de Mayo a las 9 a.m. desde el Parque La Merced detrás de la manta Unidad para Luchar. Son muchas las organizaciones que tenemos los mismos intereses, y el mérito es de todos como un conjunto. Pero como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no vamos a permitir tácticas que pongan en peligro los objetivos de mejorar las condiciones de vida del pueblo: ¡el PSOCA es el más ferviente abanderado de que OPY, Bussco y Patria Justa, y cualquier otra instancia u organización, se unifiquen en una gran lucha conjunta contra el Estado costarricense!

Por eso proponemos: respetamos el derecho a la independencia organizativa de cada organización política, como principio básico de cualquier forma de unidad de acción (ya sea un frente, una coordinadora, o un encuentro), y eso implica que cualquier organización o individuo independiente tiene que tener plena libertad de agitación y propaganda aunque sea en contra de los miembros de su propia coordinación, frente o encuentro. Eso estamos claro. ¡Pero en el PSOCA no vamos a permitir que nadie lleve esas críticas y mezquindades sectarias al punto de la ruptura de la unidad popular que estamos intentando construir! Hay que mezclar la crítica con el diálogo, tenemos que tener puntos mínimos comunes, y puntos máximos en que no vamos a estar de acuerdo, como es normal en cualquier forma de política. Que esta sea la base táctica sobre la cual construyamos el movimiento que apenas inicia este 1 de mayo, y que necesita continuar inmediatamente después con acciones de agitación y propaganda, etc.

Y por supuesto, el contenido: insistimos en que negociar con el gobierno no es malo, pero se tiene que basar en un contenido progresivo, y no en lo ‘menos malo’. Y lamentablemente lograr ese objetivo progresivo es imposible con ninguna negociación, y solo puede lograrse a través de la presión y la fuerza social del pueblo. Invitamos al pueblo trabajador que esté preocupado por esta situación, a sumarse a nuestras campañas de agitación y propaganda el día domingo 1 de mayo con el PSOCA y los demás compañeros de OPY, y que empecemos a organizar ese movimiento unificado que es el único que puede torcerle el brazo al Estado.

Por José René Tamariz

El día viernes 22 de abril, la asamblea nacional de presidentes de bases del sindicato APSE decidió y votó por abrumadora mayoría participar de forma activa en la huelga de los días 26 y 27 de abril convocada por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y el sindicato ANDE. En esta asamblea se enfrentaron dos posiciones políticas-sindicales: la de la mayoría de la junta directiva nacional y otro pequeño sector del sindicato que proponían participar solamente un día de huelga y, el sector mayoritario del sindicato, que propusimos participar de forma activa los dos días de huelga, el 26 y 27 de abril. La primera posición política-sindical obtuvo solamente 88 votos, mientras que la segunda posición logró una votación, abrumadoramente mayoritaria, de más de 700 votos. ¿Por qué se produce semejante diferencia y derrota del sector mayoritario de la junta directiva nacional del sindicato? Existen varias razones. En esta nota explicamos dos razones básicas y fundamentales.

En primer lugar, el sector mayoritario de la directiva nacional, encabezada por la Presidencia y la Secretaría General, no lograron entender, comprender y hacer una lectura correcta del sentimiento, ánimo y disposición de lucha de la mayoría absoluta de las bases a nivel nacional del sindicato APSE. Los trabajadores de la educación en su conjunto se encuentran descontento y enardecidos por la ofensiva anti-trabajador contra el sector público desarrollada, impulsada y ejecutada por el gobierno de Solís en contubernio con los partidos neoliberales de la Asamblea Legislativa. Esa ofensiva anti-obrera se ha concretado en el congelamiento salarial del año 2015 y 2016; la posibilidad de aprobación en el Congreso de los proyectos de la diputada Sandra Pisk, del PLN, que congela, reduce y elimina los componentes salariales, y, el del poder Ejecutivo, que convierte la anualidad por “promoción del buen desempeño”, proyecto que, en el fondo, pretende eliminar las anualidades; las patrañas y artimañas utilizadas por las autoridades del MEP para no pagar los cursos y calificaciones anuales en el incentivo de carrera profesional; la eventual aprobación, por la vía rápida, del proyecto de educación dual; los planes fiscales, que pretenden hacer pagar el alto déficit fiscal a los empleados públicos y no a los empresarios y sus políticos que así que lo promovieron, así como una serie de políticas que atentan contra las condiciones de vida, salarial y de empleo del sector público.

En segundo lugar, toda la política de desmovilización del sector mayoritario de la junta directiva parece indicar que tienen un acuerdo con algunas autoridades del gobierno para que el sindicato APSE no participara en la huelga de los días 26 y 27 de abril. En la asamblea nacional de presidentes de bases del día viernes recurrieron a múltiples maniobras y triquiñuelas para evitar que se discutiera y votara, primero, el cambio del orden del día de la agenda y, segundo, trataron de impedir la discusión y votación de la propuesta de participación de los dos días de huelga, 26 y 27 de abril, del sindicato APSE. Para evitar esa discusión y votación recurrieron a un reportorio de falsos argumentos políticos falaces y legales falsos que, en el fondo, pretendían provocar el miedo a los rebajos salariales y despidos de los trabajadores. Sin embargo, ninguna de estas falacias logró calar entre la mayoría absoluta de los presidentes de bases que, previamente, en sus asambleas de bases ya habían decido y votado participar en los dos días de huelga. Una vez más, esta decisión y votación histórica de la asamblea de presidentes de bases del sindicato APSE demuestra que las bases han superado a su dirigencia nacional y les han enseñado como debe actuar una verdadera dirección sindical.