Por José René Tamariz

A finales del mes de marzo del 2016 se vence la primera convención colectiva existente del Magisterio Nacional. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) son las organizaciones titulares de dicha convención. Es importante reconocer que el SEC fue el primer sindicato que logró hacer, negociar y firmar con el MEP la primera convención colectiva que existe en el sector de educación (preescolar, primaria y secundaria). Esto constituye en sí mismo un mérito histórico del SEC, ya que fue pionero en este tema.

El Contexto de la Negociación de la Nueva Convención Colectiva del Magisterio

Desde hace varios años, los gobiernos de turno del Partido Liberación Nacional (PLN) en contubernio con la Sala Constitucional y, actualmente, el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), han venido golpeando y vaciando las convenciones colectivas de sus aspectos y artículos que contenían los mejores beneficios, conquistas y logros socio-económicos y laborales de los trabajadores del sector público. Actualmente existen 21 convenciones colectivas en el sector público y 51 convenciones colectivas en el sector municipal. En el sector privado, apenas existían unas 13 convenciones colectivas en el año 2007, actualmente desconocemos cuántas realmente hay, lo cual refleja claramente que el derecho colectivo es inexistente y prohibido en dicho sector, en donde impera la dictadura de los patronos.

Desde el año 2006 hasta la fecha, las convenciones colectivas de diversas instituciones públicas han sido fuertemente golpeadas por las resoluciones de la Sala IV y los gobiernos del PLN y el PAC, ya que son las que gozaban de importantes beneficios materiales y conquistas sociales, económicas y laborales. Es decir que tenemos más de una década de ataques y eliminación de beneficios y derechos de las convenciones colectivas por parte de los gobiernos y Sala IV. Veamos los que decían en años anteriores algunos medios de comunicación de los neoliberales. Según el semanario El Financiero: “Las convenciones colectivas de 12 instituciones públicas...cuestan aproximadamente 49.357 millones al año... Visto de otra forma: en promedio, cada trabajador recibe 2,4 millones adicionales a su salario cada año gracias a esas convenciones...”. (El Financiero, semana del 5-11 de junio del 2006, página 10). La cantidad de trabajadores beneficiados en esas 12 instituciones es de 20.369 lo que constituye el 8% de los empleados públicos.

Ese mismo semanario señala que: “...la Sala IV es la que ha aplicado mano dura contra esas convenciones y ha anulado nueve artículos (en las últimas cuatro semanas) en los acuerdos de Recope, Japdeva, el Instituto Nacional de Seguros, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta de Protección Social de San José...Además, tiene 21 recursos pendientes de resolver”. (Ídem, página 10). Los últimos ataques de la Sala IV fueron en contra de las convenciones colectivas del INS, el CNP, el Banco Popular, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la UCR. Podemos decir que el año 2006 fue el año en que los trabajadores estatales perdieron una significativa cantidad de beneficios y conquistas sociales contempladas en las convenciones colectivas y alcanzadas durante largos años. Esto constituyó una derrota importante, sin pelea, de los trabajadores, porque existe un sentimiento de indefensión e impotencia frente a las resoluciones de la Sala IV. Ese sentimiento ha sido inoculado por la democracia burguesa y la burocracia sindical que es incapaz de llevar adelante la lucha en contra de esa nociva institución del régimen burgués, porque precisamente la burocracia sindical de conjunto está imbuida hasta los tuétanos de legalismo burgués y le capitula a esa institución del régimen político. La orientación del gobierno del PAC ha sido denunciar todas las convenciones colectivas y eliminar de ellas, las supuestas clausulas “abusivas” que, en realidad, son las conquistas socio-económicas y laborales de las que gozan –gozaban- los trabajadores del sector público.

La Convención Colectiva del SEC-SITRACOME y el MEP  

La convención colectiva firmada por el SEC-SITRACOME con las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) en el año 2013 consta de 69 artículos, de los cuales 10 artículos de todo el capítulo II están referidos a la constitución, formación y funcionamiento de 10 comisiones, es decir, que el 14,5% de dicha convención colectiva es de pura comisiones. Del total del articulado de esa convención colectiva, solamente existen unos tres que otorgan beneficios materiales o laborales a los trabajadores de la educación. Esos artículos son el 37, 39 y 46. Veamos.

El artículo 37 señala que “Todo trabajador, a partir de nacimiento o adopción de sus hijos e hijas tendrá derecho a una licencia con goce de salario de un mes. En el caso de adopción, el trabajador deberá presentar certificación de la sentencia aprobatoria emitida por el Juez de familia”. (Convención Colectiva. Ministerio de Educación Pública: página 21). El artículo 39 referido al permiso para asistir a citas médicas plantea que “Toda persona trabajadora del MEP que deba asistir a consulta médica en la CCSS o en el INS, sin que medie incapacidad contará con permiso con goce de salario. Para tales efectos, la persona trabajadora está en la obligación de comunicar previamente a la Jefatura inmediata y presentar el comprobante del tiempo utilizado para ello, emitido por la entidad correspondiente”. (Ídem, página 21). Lo nuevo aquí es que antes de la convención colectiva, quedaba a criterio de la dirección del centro educativo si rebajaba o no el tiempo utilizado en las consultas médicas, ahora eso no queda a criterio del jefe inmediato. El artículo 46 regula las vacaciones de semana santa, al señalar que “El MEP otorgará vacaciones colectivas durante los días laborales (lunes, martes y miércoles) de Semana Santa a las personas trabajadoras de los centros educativos, Direcciones Regionales de Educación y Oficinas Centrales, con excepción de aquellas dependencias y puestos que por naturaleza de sus funciones requieran laborar”. (Ídem, página 23). No existe en la convención colectiva del SEC-SITRACOME ningún artículo que proteja o resguarde los componentes salariales de los trabajadores de la educación (incentivo para el desarrollo de la docencia, anualidades, incentivo por laborar en zonas de menor desarrollo y otros).

La Negociación de la Nueva Convención Colectiva del Magisterio Nacional

Todo parece indicar que es un hecho que el MEP va a denunciar la convención colectiva del magisterio nacional que vence en el mes de marzo. Esta es la política generalizada del gobierno respecto a las negociaciones de las convenciones colectivas. Sin embargo, más allá de que el gobierno denuncie o no dicha convención colectiva, las organizaciones sindicales (SEC, ANDE y APSE), las dos últimas convertidas en sindicatos, están obligadas a sentarse a negociar y formar una alianza o coalición sindical para realizar las negociaciones conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP) de la nueva convención colectiva que regirá para los próximos tres años. La situación de las organizaciones sindicales frente a esas negociaciones con el MEP es la siguiente.

El SEC-SITRACOME son titulares de la convención colectiva que vence a finales de marzo, sin embargo, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) como sindicato introdujo en el MEP su convención colectiva para ser ella la nueva titular de la convención colectiva, lo que le mete presión al SEC, ya que la titularidad no la tiene garantizada, puesto que ANDE tiene mayor afiliación que el SEC. La propuesta de convención colectiva de la ANDE tiene varios artículos buenos que hay que incorporar en la nueva convención colectiva, tales como el pago de las lecciones de planeamiento en todos los niveles educativos, la reducción de los grupos a 25 alumnos máximos, el aumento de la cesantía a 16 años, el incentivo por laborar en zonas de riesgos y zonas de menor desarrollo, entre otros. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) no presentó convención colectiva en el MEP, lo cual la tiene en desventaja frente a las negociaciones con los otros dos sindicatos. Frente a esta situación el SEC ha buscado una coalición con la APSE. También el SEC promovió una reunión con la Iglesia Católica como mediadora para iniciar y formar una coalición para las negociaciones de la convención colectiva con la ANDE y APSE. Esta última organización no asistió a dicha cita, solo llegó la ANDE. Existe actualmente un proceso de forcejeo de cara al proceso de negociación de dicha convención colectiva.

Unidad Sindical SEC-ANDE-APSE Para Negociar la Nueva Convención Colectiva

Ninguno de los tres sindicatos están en la capacidad para imponer sus posiciones y convención colectiva en las negociaciones con el MEP, por tanto, para la defensa de los derechos, beneficios y componentes salariales de los trabajadores de la educación se hace necesario que las dirigencias sindicales de esas tres organizaciones depongan sus intereses particulares en aras de la colectividad a la cual representan. Máxime que existen muchos afiliados que pertenecen a los tres o dos sindicatos se forma simultánea. Hay que partir de la convención colectiva del SEC-SITRACOME y de la propuesta de convención colectiva de la ANDE, así como de las propuestas que haga la APSE y construir una propuesta única que los tres sindicatos defiendan conjuntamente en las negociaciones con la patronal del MEP. A su vez, ningún sindicato puede pretender arrogarse la titularidad, la titularidad de la nueva convención colectiva debe pertenecer a la coalición sindical formada por el SEC-ANDE-APSE. Llamamos a toda la afiliación de la APSE, ANDE y SEC a presionar a sus dirigencias sindicales para que formen una coalición sindical, negocien conjuntamente con el MEP y que los tres sindicatos sean los titulares de la nueva convención colectiva. Asimismo, debemos presionarlos para que incluyan dentro de la convención colectiva los componentes salariales y otros beneficios laborales que actualmente tiene el magisterio nacional.    

Por Ernesto Fuertes

La Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) realizó el pasado lunes 1 de febrero una serie de protestas, movilizaciones y bloqueos de calles en contra de las operaciones de la empresa multinacional Uber. Ésta se encarga de brindar un servicio de transporte más barato gracias a sus características monopólicas (con inversiones de las multinacionales de internet Google y Baidu), sin pagar impuestos ni seguros para sus usuarios, ni cumplir con una serie de requisitos públicos para la ejecución del servicio, etc. De hecho, la empresa opera actualmente en la ilegalidad, ya que no realizó los trámites para el inicio de operaciones en Costa Rica. Todo esto les permite vender el servicio a un precio mucho menor o pagar salarios mucho mayores a sus empleados, fulminando a la competencia.

De manera paralela, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida, ha provocado un aumento de trabajadores del transporte formal e informal (taxis públicos o porteadores, etc), lo cual se suma a la crisis por la cual pasan los taxistas: mientras aumentan las personas que recurren a Uber para tener un trabajo, asimismo aumenta la competencia entre Uber, el taxi público o porteadores informales, y frente a una condición de crisis de la economía, estalla el descontento. Todo esto en el marco de una deflación mundial, con una fuerte caída de la demanda agregada (no solo la demanda del consumidor, sino de la inversión), la expansión acelerada de Uber representa una forma desesperada de los capitales extranjeros de mejorar sus beneficios de cualquier manera.

Nuevamente, las protestas culminaron en una mesa de negociación que no culminó en nada. Los taxistas anuncian nuevas medidas de presión para el próximo lunes 8, y el gobierno critica a Uber por la falta de trámites formales para su operación, al mismo tiempo que le permite seguir operando en el país. Lo que nadie le dice a los taxistas es que ninguna de sus demandas gremiales puede ser cumplida, si no cambian las condiciones económicas y políticas de la sociedad costarricense en general: los empleadores de taxistas continuarán reduciendo costos (bajar salarios o despedir) como forma de lidiar con su poca rentabilidad frente a Uber, así como Uber pasará a subir sus tarifas y reducir también sus propios costos (lo que implica bajar los salarios de sus propios asalariados). La única forma en que el taxista puede mejorar sus condiciones de vida es si elimina el desempleo, si hay una escala móvil de salarios, si se bajan los intereses al nivel de la inflación, si hay repreciación del colón, acceso a crédito, reforma agraria, etc (en resumen: la creación de un mercado interno anti-colonial), todo lo cual permitiría la reducción del desempleo que obliga a buscar trabajo en el transporte, permitiría aumentar el poder adquisitivo para la demanda de transporte público, permitiría una reducción de la inflación y de la importación de crudo, etc.

Además: vemos que se dan casos como el de Hacienda La Luisa al mismo tiempo que el de Chánguina, vemos que despiden trabajadores del ICE al mismo tiempo que amenazan los empleos y salarios del sector público en general, etc. Como con los taxistas, el Estado burgués se encarga de exprimirles derechos y condiciones de vida a los trabajadores, para aumentar las riquezas de empresas nacionales y extranjeras. Y vemos que la salida del movimiento popular costarricense es llevar a cada grupo de trabajadores y campesinos separados a protestar frente a Casa Presidencial, el Ministerio de Trabajo o las instalaciones del ICE, del mismo modo en que los gremios de taxistas sacan a protestar a sus trabajadores de manera aislada. Fragmentados, luchando por las simples demandas sindicales o gremiales de cada sector, sin ningún plan de agitación y propaganda general, los trabajadores y campesinos desfilan por las calles y son derrotados fácilmente por burgueses y Estado. ¡Por este camino el movimiento popular costarricense no tiene ningún futuro! ¡Representa el más grave seguidismo y economicismo, y tiene todas y cada una de sus características!

La demanda de los taxistas se vuelve entonces irrealizable sin políticas que se salen de lo sindical. Decirle a los trabajadores que sus acciones de lucha van a tener resultados, cuando se sabe que no existen las condiciones para cumplir sus propias demandas, se vuelve una tarea de antemano fallida. Eso significa que todos los puntos antes mencionados tienen que plantearse por el movimiento popular como las únicas medidas que pueden resolver los problemas y demandas sindicales de los trabajadores del transporte tanto como los del campo o la ciudad, la agricultura, la industria o los servicios, etc. En términos de organización, esta tarea no puede ser cumplida por ningún sindicato aislado: solo los partidos y organizaciones populares de todos los tipos pueden plantear estas medidas no-sindicales, alrededor de las cuales puedan organizarse los trabajadores de distintos gremios y sectores. Por lo tanto, los partidos tienen que fundar una coordinadora general permanente, y convocar a todos los sectores trabajadores y campesinos, organizaciones, sindicatos, asociaciones, colectivos, activistas, ciudadanos, etc, que deseen participar en esta organización, e iniciar una gran campaña planificada de agitación y propaganda en defensa de ese programa de reformas como única forma de resolver los problemas de taxistas y demás trabajadores. La sindicalización y cualquier objetivo sindical mismo son imposible sin esta instancia.

Por José René Tamariz

El gobierno de Solís envió a la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley que tienen como objetivo golpear los niveles de vida de los trabadores tanto del sector público como privado, mediante algunos proyectos fiscales y otros de empleo público que reducen, congelan y eliminan los componentes salarias y conquistas sociales logradas por los trabajadores a lo largo de muchos años.

Estos proyectos serán discutidos y votados en las sesiones extraordinarias que iniciaron el 1 de diciembre del 2015 y terminan el 30 de abril del año 2016. El primer proyecto es el de conversión del impuesto de venta en el impuesto al valor agregado (IVA) que pasaría del 13% actual hasta un 15%; el segundo, se llama “Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público”, del cual es proponente la diputada Sandra Pisk del PLN y el tercero es del propio gobierno que pretende convertir el incentivo de las anualidades en “evaluación del desempeño” en la función pública.

El proyecto del PLN, el gobierno lo ha asumido como suyo, es el producto de negociaciones que el gobierno ha tenido con esa fracción parlamentaria. El intercambio que el poder Ejecutivo ha realizado con esos partidos el periódico La Nación lo resume muy bien “Primero, los planes de ley para contener el gasto. Luego y, solo luego, se discutirá el aumento de ingresos del Gobierno”. (La Nación, 2 de diciembre del 2015). Esa política de la “oposición” el gobierno la ha hecho suya y, además, le ha agregado su propio proyecto que se suma a la ofensiva neoliberal en contra de los trabajadores del sector público.

Un solo Objetivo: Hacer que los Trabajadores Paguen el Déficit Fiscal

El proyecto del gobierno de aumentar el impuesto de venta, convertido en impuesto al valor agregado, del 13% al 15% sería un ataque violento en contra de los trabajadores y sectores populares. Profundizaría aún más el carácter regresivo de los impuestos. Si el gobierno quiere impuesto para las profesiones liberales, entonces que se los imponga, pero si aumentar los impuestos de venta a los trabajadores y sectores populares. Es un plan que no toca para nada a los capitalistas nacionales y transnacionales. Veamos, entre otras, algunas propuestas del gobierno del “cambio”.

El aumento del impuesto a los servicios de electricidad y agua, también es un ataque contra los trabajadores y clases medias. Actualmente el consumo de energía eléctrica y agua, sobre el exceso de 250 kWh y 40 m3, es del 5% y con el nuevo IVA se pretende llevarlo hasta el 15%, lo cual constituiría un salvaje incremento de un 10%, igual pasaría con el alza del impuesto al consumo del agua. Por otra parte, el cobro del IVA sobre los alquileres de casas igual o superior al salario base de 403.400 colones es un golpe al consumo y condiciones de vida de sectores de clases medias. Es cierto que no cualquier persona puede pagar ese tipo de alquileres, pero muchos sectores de clases medias lo hacen porque no tienen la capacidad para comprar casas.

El segundo proyecto del PLN es un calco fiel de un proyecto del gobierno de Laura Chinchilla sobre este tema. Este es un proyecto totalizador, ya que abarca a todos los empleados estatales (poder ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, órganos auxiliares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, municipalidades), excepto, las instituciones que se encuentran en régimen de competencia (bancos estatales, INS e ICE).

Golpes a las Convenciones Colectivas

El proyecto de Sandra Pisk constituye una verdadera arremetida en contra de los derechos colectivos de los trabajadores. Veamos. El artículo siete, referido a la vigencia de las convenciones, plantea que “Cuando las convenciones colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene vigente hasta tanto no se negocie una nueva, se entenderá que el plazo por el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de 9 meses, contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o de la última prórroga que la ha mantenido vigente. Superado este plazo sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de negociación”. (Expediente N°. 19.156, página 4). El énfasis es nuestro.

Lo nuevo y grave en contra de las convenciones colectivas es que plantea un plazo perentorio de 9 meses para negociar una nueva y que, si superado ese plazo no hay acuerdo, la convención colectiva queda sin efecto y las nuevas negociaciones partirán de cero. Esto, en realidad, constituye un atropello, desconocimiento y eliminación de todos los derechos y conquistas económicas y sociales contempladas en las convenciones colectivas.

La Reducción al Auxilio de Cesantía

El artículo 8 de ese nefasto proyecto señala que “A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los servidores del Estado quedará limitada ocho años, salvo que se trate de funcionarios que conforme a la normativa vigente con anterioridad a esta Ley, tengan derecho a un número mayor de 8 años por concepto de auxilio de cesantía, a quienes se les respetará la cantidad de años acumulados a la entrada en vigencia de la ley, el cual no podrá seguir aumentando”. (Ídem).

Esta política de reducción de la cesantía está dirigida contra diversas instituciones públicas y convenciones colectivas, a saber: CCSS (20 años de cesantía), RECOPE (24 años), INS (20 años), CNP (25 años), CNFL (20 años), INA (12 años), JAPDEVA (20 años), JPS (20 años), bancos estatales (20 años), banco popular (todos los años) universidades públicas (entre 15 a 18 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años). Como se puede observar, ese proyecto es un ataque contra todos los trabajadores de esa gran cantidad de instituciones públicas. De aprobarse ese proyecto, a los trabajadores que tengan más de 8 años se les respetarán esos años, pero su auxilio de cesantía quedaría congelada a los años acumulados a la fecha de entrada en vigencia de anti-obrero proyecto.

Sin embargo, esta diputada y el gobierno que le sirve de comparsa, pretenden golpear a los trabajadores del sector público con los años de cesantía, pero le hacen una concesión a las asociaciones solidaristas, es decir, a los empresarios, ya que al final del artículo 8 plantean que “Esta disposición no afectará el derecho de los servidores a percibir un beneficio mayor derivado del aporte patronal a la asociación solidarista de la cual formen parte, o como consecuencia de la aplicación de la ley de protección al Trabajador”. (Ídem). En otras palabras, los trabajadores del sector privado agrupados en las asociaciones solidaristas que son miles tienen el derecho a recibir el auxilio de cesantía sin ningún tope. No estamos en contra de que los trabajadores del sector privado reciban el auxilio de cesantía por todos sus años trabajados, lo que estamos en contra es de la maniobra del PLN, el gobierno y los patrones, que pretenden dividir a los trabajadores del sector privado y público en cuanto al auxilio de cesantía. El derecho debe ser igual para todos los trabajadores.

El Golpe a la Dedicación Exclusiva

El artículo 10 de ese proyecto plantea que “La figura de la dedicación exclusiva se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones así lo ameriten. La compensación económica se otorgará por porcentajes diferenciados conforme al grado académico que ostente cada servidor, porcentajes que serán establecidos en el reglamento de esta ley”. (Ídem). Entonces, lo más probable es que muchos puestos o cargos que actualmente gozan de ese incentivo con esta ley le sean eliminados. El proyecto señala que la dedicación exclusiva no es un derecho adquirido.

El Golpe al Régimen de Disponibilidad

El régimen de disponibilidad pasa de ser inherente al cargo para convertirse en un contrato. El artículo 11 señala “Para tener derecho a esta compensación económica, el servidor deberá suscribir un contrato en donde se especifique el tipo de disponibilidad a que queda obligado, el beneficio económico que recibirá, las condiciones en que prestará el servicio y la demás información que sea necesaria”. (Ídem). A continuación ese artículo señala que “La compensación económica por disponibilidad no podrá sobrepasar el 15% del salario base”. (Ídem). Actualmente la compensación económica por el régimen de disponibilidad va desde un 10% hasta un 50% del salario base en diversas instituciones públicas, por lo cual la aprobación y entrada en vigencia de este proyecto, tal como está, significaría un golpe significativo a los ingresos de los empleados públicos en algunas instituciones públicas, como por ejemplo, en la CCSS y otras.

La Conversión de las Anualidades a la “Evaluación del Desempeño”

Aunque este proyecto del gobierno no se encuentra en el plenario, si fue enviado al Congreso para su eventual discusión y aprobación. El coincide, en muchos aspectos, con el de Sandra Pisk, ya que ambos reducen ese incentivo al 2.54% del salario base y aumenta la calificación para su pago al “muy bueno”. Sin embargo, el proyecto del gobierno de Solis va mucho más allá de la del PLN, ya que no se les pagará ese incentivo a los nuevos empleados y vuelve más riguroso los criterios para pagar ese incentivo, lo cual en realidad dicho proyecto pretende es no pagar ese incentivo a miles de trabajadores para reducir los gastos.

Que el Déficit Fiscal lo Paguen los Ricos

La política de La Nación, los neoliberales y el gobierno es que los trabajadores paguemos el abultado déficit fiscal realizado por los gobierno del PLN que el año pasado alcanzó el 5,9% del PIB. Efectivamente, ese gran déficit fiscal se debe disminuir, pero nosotros planteamos que sean los grandes empresarios tanto nacionales como extranjeros que financien y paguen ese déficit fiscal mediante el incremento de impuestos a sus ganancias, la eliminación de gigantescas exoneraciones fiscales al gran capital de zonas francas y otras actividades lucrativas, así como el combate a la evasión y fraude fiscal.

Por Ernesto Fuertes

Acaba de salir a la luz pública la noticia del despido de 21 trabajadores de La Hacienda La Luisa, en Sarchí, provincia de Alajuela. Ellos se habían lanzado hace pocas semanas a una huelga por el pago de sus salarios y aguinaldos atrasados, y habían logrado una (supuesta) victoria a través del Ministerio de Trabajo y el compromiso del pago por parte del patrón. Efectivamente, los patrones fueron obligados a pagar lo adeudado, pero inmediatamente despidieron a los trabajadores huelguistas, incluidos 10 de ellos que están legalmente protegidos por el fuero sindical, debido a su intención de establecer formalmente un sindicato.

La lucha de La Hacienda La Luisa contó con el apoyo de casi todos los grupos de izquierda del país, desde el Frente Amplio (FA) y el sindicato magisterial de APSE, hasta el Partido de los Trabajadores (PT), entre otros. Solo a través de la unidad de acción habían logrado conseguir la victoria del pago de los salarios, pero ahora tenemos que enfrentar una derrota con el despido de los huelguistas. Esto demuestra la necesidad no solo de la unidad de acción entre los grupos de izquierda, sino la salida del gremialismo y del economicismo y la más amplia unidad entre todos los sectores populares. Demuestra que hay que salir de las consignas inmediatas y particulares de cada caso, y acuerparlas con consignas generales y que involucren a sectores fragmentados y separados entre sí, para que se unan en una gran oposición contra las políticas económicas de la burguesía y su Estado.

Unir las luchas en el campo

Al mismo tiempo que se desarrollaba ésta lucha, los campesinos de Chánguina, Puntarenas, en el sur de Costa Rica, luchaban también por el problema de la tierra: fueron expulsados de sus terrenos por la policía, y sus tierras fueron entregadas a empresarios. El caso de La Luisa y Chánguina debe ser unificado en una sola lucha. Son uno y el mismo problema: la oposición del Estado contra de los intereses y derechos más básicos de trabajadores y campesinos y de los sectores populares en general.

La única forma de vencer y lograr cumplir en la práctica (y no solo en las ideas) los intereses del pueblo, es uniéndolos no solo económicamente (sindicalmente o de manera clasista), sino políticamente (de manera general y en oposición a las políticas del gobierno). Es necesario construir entonces la más amplia movilización popular, que con su fuerza le tuerza el brazo y ponga de rodillas al Estado no solo frente al caso de La Luisa o de Chánguina, sino frente a las necesidades de todos los campesinos del país en general, y las necesidades de todo el pueblo.

Ola de despidos y ataques al nivel de vida

Los administradores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han anunciado el despido de más de 700 trabajadores de manera gradual, debido a los problemas financieros de la empresa pública de electricidad y telecomunicaciones, una consecuencia directa de la apertura de la competencia con el TLC. Mientras esto pasa, el Banco Central de Cosdta Rica compra dólares para mantener el colón devaluado en favor de los grandes exportadores y creando la devaluación e inflación (costo de la vida) reales que aquejan y desesperan los bolsillos de toda la población. Asimismo, La Asamblea Legislativa acaba de aprobar la contra-reforma procesal laboral, la reducción de multas a los evasores fiscales, la convocatoria del proyecto de plan fiscal que impone más impuestos a los consumidores y no a las utilidades empresariales, el establecimiento y subsecuente aumento del IVA como impuesto al consumidor, y el aumento de la renta a salarios que incluyen a trabajadores.

A luchar unidos

Todos estos hechos y casos, en conjunto con los casos particulares de La Luisa y Chánguina, hablan a gritos de como la totalidad del sistema político y económico del país está diametralmente opuesto a los intereses de los trabajadores: el Estado se encarga de exprimir los derechos y la necesidad del pueblo, y de agrandar las riquezas de los empresarios.

Por estas razones, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) proponemos una reunión abierta y pública entre las organizaciones de izquierda y populares que así lo deseen, para organizar una coordinadora permanente que se dedique a la agitación y la propaganda sistemática acerca de todos estos temas entre toda la población. Lo que queremos es empezar una gran campaña de información acerca de lo que está pasando en todos estos puntos del país, entre campesinos y obreros industriales, entre PYMES a punto de quebrar o entre estudiantes, y unificar todas sus luchas alrededor de una sola instancia unificada. Todos los que quieran sumarse a la defensa de los intereses del pueblo son bienvenidos.