Por José René Tamariz

El pasado miércoles 3 de febrero, Luis Guillermo Solís, Presidente de la República, declaró que el país se sumiría en un “mar de miseria, turbación social, retroceso institucional y caos político” si no se aprueban los planes fiscales en su administración, ya que el déficit fiscal llegaría al 8,5% del PIB. A su vez, Luis Mesalles, secretario de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), planteo el 12 de marzo que “La situación fiscal nos está llevando a un precipicio”.

Tanto el gobierno de Solís como los empresarios y los neoliberales coinciden en sus visiones apocalípticas sobre la situación fiscal y los planes fiscales. Sin embargo, difieren en algunos aspectos de cómo resolver el déficit fiscal. Por ejemplo, en el proyecto sobre el combate al fraude fiscal, los neoliberales están opuesto a aprobar el registro de accionistas de las empresas, porque con esa información se permitiría descubrir y desenmascarar a los empresarios evasores fiscales, mientras que el gobierno de Solís lo demanda, incluso con el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por otro lado, los neoliberales del PLN, PUSC y el ML se oponen a aprobar más impuesto sin antes aprobar los proyectos de reducción de gastos. Sabemos que los planes de control de los gastos pasan por reducir, congelar y eliminar los componentes salariales de los trabajadores del sector público, así como disminuir las transferencias económicas a instituciones públicas como las universidades. A su vez, el gobierno de Solís está urgido de aprobar, en primera instancia, sus planes fiscales y, posteriormente, los proyectos de reducción de gastos.

El periódico “La Nación” que es el órgano de los capitalistas y los neoliberales plantea de forma clara la posición de estos al respecto diciendo que “El gobierno debe dar el primer paso e impulsar los recortes. Solo así tendrá la autoridad moral para exigir el aumento de impuesto, sobre todo después de haber permitido la erosión de su credibilidad con los dispendiosos presupuestos de los dos últimos años y su resistencia a enfrentar el tema del empleo público”. (LN, 9 de marzo del 2016). Dada la situación de minoría que tiene el gobierno del PAC en la Asamblea Legislativa, todo parece indicar que el Ejecutivo tendrá que, si quiere que los neoliberales le aprueben sus paquetes de impuesto, golpear primero a los trabajadores del sector público y otros sectores descentralizados, mediante la aplicación de medidas administrativas y legales para reducir el gasto público.

Según Lorenzo Figliuoli, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recientemente estuvo evaluando al país “Las autoridades ya identificaron una serie de recortes al gasto, mediante modificaciones legales y administrativas, que generarían el 1,25% del PIB necesario para cerrar por completo la brecha de sostenibilidad. Desde una perspectiva macroeconómica, solo un ajuste de la magnitud identificada como necesaria por la misión y las autoridades para estabilizar la relación deuda pública-PIB sería adecuado”. (Ïdem). Como se puede desprender de la lectura de esas declaraciones del jefe de la misión del FMI, la situación es más que clara.

El gobierno se prepara para dar un zarpazo en los recortes al gasto público en “transferencias y salarios al sector público”, acordados entre el gobierno de Solís y la misión del FMI. Más claro no se puede ser. Mientras tanto, las dirigencias sindicales de los diferentes bloques sindicales (BUSSCO y PATRIA JUSTA), así como las directivas de los diversos sindicatos se mantienen en la pasividad, desmovilización y compadrazgo con el gobierno de Solís, creyendo en este tramposo y anti-obrero gobierno.

Siempre que los gobiernos pretenden aplicar sus planes fiscales y de reducción de los gastos, recurren a sobredimensionar la situación fiscal y pintar una situación social y política catastrofista, para justificar la aplicación de proyectos en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Es cierto y necesario que hay que reducir el déficit fiscal, sin embargo, la solución y salida no está en reducir los salarios de los trabajadores del sector público y las transferencias a instituciones públicas.

El alto déficit fiscal y su posibilidad de mayor crecimiento en los próximos años sería el producto de varios problemas acumulados en el terreno fiscal y el modelo económico desarrollado en los últimos 30 años. Veamos algunos ejemplos. La evasión fiscal en el país es del orden del 8,22% del PIB, es decir, de unos 2 billones de colones. De estos, el 4,23% del PIB lo evaden las empresas del sector privado, los otros porcentajes evadidos son del sector profesional liberal y del impuesto de ventas. Las inmensas exoneraciones fiscales al sector privado en actividades económicas lucrativas como zonas francas, turismo y otras contribuyen al incremento del déficit fiscal, así como la eliminación de los impuestos a las exportaciones.

Debemos exigir a las dirigencias sindicales de BUSSCO, PATRIA JUSTA y demás organizaciones sindicales que convoquen a un Encuentro Nacional para enfrentar la ofensiva neoliberal, planes de recortes a los gastos (léase eliminación de pluses salariales y reducción de las transferencias) y los planes fiscales del gobierno de Solís que se encuentran en vías de aprobarse, tanto por la vía administrativa y legal. Los emplazamos a abandonar su política de desmovilización y lanzar un plan de lucha escalonado que concluya en una huelga de carácter indefinido que derrote los planes de ajustes del poder Ejecutivo y los neoliberales.

Por Ernesto Fuertes

Desde el 2009, durante el gobierno de Oscar Arias Sánchez, principal caudillo del Partido Liberación Nacional (PLN), se han reiniciado los acercamientos formales entre el FMI y el gobierno de Costa Rica. La última carta de intención al FMI fue redactada y suscrita en octubre de 1995, año en que se entregaron los últimos créditos del FMI a Costa Rica. Luego volvieron aumentar levemente en 1999, pero bajo la segunda presidencia de Arias el uso de recursos financieros del FMI en Costa Rica se disparó en el 2009 en un 28% más que el punto más alto durante toda la década de los años 80. Nunca en la historia de Costa Rica hemos tenido tanto endeudamiento con el FMI, ni siquiera en la época de la crisis de deuda de 1982.

El hecho que no haya plan o acuerdo con el FMI, no quiere decir que no haya un seguimiento constante de este organismo sobre las políticas costarricenses. En términos generales, salvo algunos roces, la política de la burguesía costarricense ha seguido de manera fiel los dictados del Consenso de Washington, aplicando las políticas neo-liberales de “primera generación”, y las de “segunda generación” (básicamente el Programa de Ajuste Estructural III de los años 90), a lo largo de los últimos 35 años.

Pero desde el 2009 el acercamiento es creciente, y esto ha sido especialmente notorio durante la actual administración del presidente Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC): los proyectos de fraude fiscal, caja única, empleo público y reforma fiscal han venido todos a ser aprobados por representantes del FMI de manera directa. Todos estos proyectos buscan precisamente los objetivos que se ha planteado el FMI a lo largo de todos estos 35 años para las periferias neo-coloniales: la reducción del gasto público, el endeudamiento del Estado (como el crédito externo del propio FMI), la reducción de salarios y derechos laborales, el mantenimiento de un sistema tributario basado en impuestos indirectos y con exenciones arancelarias y especiales (Zonas Francas) para las empresas, etc.

El último informe del FMI

Como lo reconoce crudamente el reciente informe del FMI sobre Costa Rica: se vuelven necesarias ‘mayores contribuciones’ y una ‘edad de retiro más alta’ en el tema de las pensiones, se necesita ‘aprobación de todos los nuevos impuestos’ y la aprobación de ‘todas las medidas para controlar el gasto’, así como la ‘supervisión’ del sistema financiero (el proyecto de fraude fiscal), etc. Hoy por hoy no existe, en la burguesía, oposición alguna a una mayor liberalización económica de Costa Rica, como lo plantea el FMI.

Existen algunas fracciones de la burguesía que empujan por medidas más radicales de liberalización, lo que demuestra una disputa dentro de distintas fracciones de la burguesía. Por ejemplo, el ML o el PUSC, sectores minoritarios ultra reaccionarios, condicionan completamente el apoyo a nuevos impuestos sobre la reducción aún mayor de salarios y derechos laborales del sector público. El condicionamiento de los impuestos en apariencia contradice la aprobación de tributos que solicita el FMI, pero en realidad está condicionado a una reducción de gasto tal y como la cual plantea el FMI: es decir, lejos de ser una oposición, sigue persiguiendo sus mismos objetivos de liberalización, pero a un ritmo mucho mayor.

Consenso en torno a la liberalización de la economía

Por lo tanto, atrás quedaron los años del liberalismo o el reformismo burgués y pequeño-burgués centroamericano interesado en la industrialización (‘sustitución de importaciones’) y la reforma agraria de Centroamérica a lo largo del siglo XX. En Costa Rica, el presidente Alfredo Gonzáles Flores (1914-1917) sufrió el golpe de Estado de los Tinoco por el simple hecho de proponer impuestos directos a las ganancias empresariales.

El surgimiento de la pequeña-burguesía comercial e industrial durante el boom de la postguerra provocaba una tensión y una verdadera pugna de poder entre fracciones progresivas y el imperialismo. Pero todo eso se ha ido: hoy la unanimidad política alrededor del liberalismo es tal, que incluso la pequeña-burguesía izquierdista (cuya expresión política, ante el giro a la derecha del PAC, es el Frente Amplio –FA-) renuncia poco a poco a su oposición al liberalismo económico, al punto de que no hay en toda la Asamblea Legislativa (con excepción de la diputada Ligia Fallas del FA) nadie que se opone a las políticas de liberalización económica que promueve el FMI. Pueden existir diferencias en cuanto al ritmo y la intensidad de la liberalización, pero no existen diferencias en cuanto al contenido concreto de liberalizar más las economías.

Recelos ante el ingreso a la Alianza del Pacifico

Por otro lado, el capital agrícola nacional que está por fuera del monocultivo exportador o el pequeño-burgués industrial o comercial, que se dedica al mercado interno, está en oposición a la Alianza del Pacífico, promovida también por los planteamientos del FMI. Recientemente, la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) formada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores (UPANacional), el Consejo Nacional de Cooperativas (Coonacoop) y la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV) se pronunció en contra de la entrada de Costa Rica a dicho tratado.

El caso de la CNAA es importante, ya que ellos apoyaron el TLC con Estados Unidos en 2007, y por lo tanto, están revirtiendo su posición (del mismo modo que oscilan entre distintas posiciones al respecto de distintos tratados bilaterales). En cierta medida, y por ironías de la historia, el capital agrícola nacional ocupa entonces hoy el lugar que ocupó el capital industrial y comercial pequeño-burgués durante el siglo XX: desplazados de la competencia capitalista (desplazados del comercio exterior, del PIB, etc.), no les queda más que oponerse a la liberalización. Pero su oposición no es progresiva, porque ningún país puede permanecer en la autarquía. El sistema capitalista ha vinculado a todos los países entre si, por la lucha contra el sistema capitalista e imperialista comienza por lo nacional pero inmediatamente se vuelve una lucha internacional.

Posibles cambios constitucionales

Otro ejemplo de lo que decimos es el avance de proyectos de Asamblea Constituyente a lo largo y ancho de la región: Guatemala, Honduras y ahora Costa Rica. Y es precisamente en Costa Rica donde los partidos burgueses (PUSC a través de Rodolfo Piza, o el PLN a través de Oscar Arias) han planteado precisamente la necesidad de instaurar las políticas del FMI paralelo a una reforma del Estado: estos sectores afirman, de hecho, que es imposible seguir aplicando las políticas de liberalización del FMI sin reformas la institucionalidad del Estado costarricense. Las Constituyentes organizadas desde las alturas del poder del Estado representan entonces un intento de institucionalizar no solo medidas legales y constitucionales, sino todo el modelo socio-económico que impulsa desde hace más de tres décadas el propio FMI.

El fracaso del proyecto del PAC

No por nada el PAC, partido que había roto con el bipartidismo clásico costarricense, y defendía el retorno al Estado de Bienestar, es un partido formado por burgueses y pequeño-burgueses productores desfavorecidos por el TLC con Estados Unidos y que se opusieron a éste.

Y aún así el PAC también está apoyando la liberalización del FMI: su triunfo electoral representó por su contenido una aspiración sumamente progresiva de parte del pueblo, que creyó en los discursos anteriores a favor de recuperar el Estado de Bienestar, pero ahora el PAC es un partido abiertamente reaccionario que no deja de aprobar contra-reformas. Lo mismo puede decirse, en otro grado muy distinto, del FA: el apoyo de las masas aumentó en la última campaña electoral, pero ahora la cúpula del FA está girando hacia el liberalismo en contra del contenido subyacente a ese apoyo de sus votantes y militantes. El pueblo siente la necesidad de romper con la liberalización del FMI, pero los partidos sobre los cuales deposita su confianza para un ‘cambio’ le dejan de lado.

Atrás ha quedado la época en que las burguesías de los movimientos nacionalistas y anti-coloniales del “Tercer Mundo” fomentaban la ‘sustitución de importaciones’ o la reforma agraria (indispensables para la creación de un mercado interno y la salida del modelo exportador) desde el Estado. Hoy, en cambio, no existe ningún sector de la burguesía costarricense que necesite del Estado, en lo más mínimo. La ganancia y la acumulación industrial o comercial puede operar completamente a través del capital financiero e industrial internacionalizado; la ideología dominante no es simplemente el liberalismo, sino el libertarianismo, y todos los partidos burgueses del país hablan de la reducción del Estado y el libre mercado sin que exista ya ninguna fracción que se oponga.

Construir la alternativa revolucionaria

Los trabajadores no pueden confiar entonces en ningún sector burgués. Un programa de reformas moderadas no solucionará las contradicciones y la devastación social que las políticas del FMI van a provocar en el país, pero no es solo eso: incluso las reformas más tímidas que intenten revertir el modelo neo-liberal impulsado por el FMI, tampoco puede ser conseguido por la burguesía, la cual se demuestra incapaz para tan siquiera conseguir el desarrollo de su propio país. Es el proletariado y el campesinado, en alianza (¡pero nunca sin críticas!) con la pequeña-burguesía, son quienes tienen la capacidad y la posibilidad de enfrentar directamente al Estado, plantearse la toma del poder y destruir los planes del FMI.

Oscar Arias y José Figueres, caudillos del PLN, en abierta lucha por el poder

Por Ernesto Fuertes

Hace unas semanas fue presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por un grupo de diputados de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), encabezada Maurene Clarke, el Proyecto de Ley No 19874 para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Este proyecto fue apoyado por el diputado Oscar López del PASE. Algo pasa en Costa Rica para que surja una propuesta de este tipo.

Desde la revolución de 1948, la democracia costarricense ha sido relativamente estable, sin mayores sobresaltos, pero la actual crisis del capitalismo, manifestada en el estancamiento económico y un déficit fiscal creciente que es una bomba a punto de explotar, están cambiando las cosas y las mentalidades de las elites gobernantes

La propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente, ha generado simpatías de algunos grupos de poder que consideran que ha llegado el momento de cambiar las reglas del juego, reorganizando el Estado, creando un gobierno más fuerte y centralizado, que no dependa mucho de los vaivenes de la Asamblea Legislativa.

Las anteriores propuestas de Constituyente

Desde la aprobación de la Constitución de 1949, ha habido 11 propuestas de convocatoria a Constituyente, pero ninguna ha sido aprobada. Casi siempre estas propuestas han sido el preámbulo de forcejeos de los grupos de poder, que terminan al final poniéndose de acuerdo en hacer reformas parciales a la Constitución. En términos generales, a pesar de la ofensiva neoliberal, El Estado de Bienestar creado en 1949 todavía no ha sido desmantelado, aunque ha sido debilitado.

La Constitución de 1949 ha sufrido 17 reformas parciales. Para aprobar reformas constitucionales se requiera mayoría calificada de dos tercios de los diputados y el trámite en dos legislaturas. De igual, manera para convocar a Constituyente se requiere siempre de dos tercios en una sola legislatura. Conseguir esta cantidad de votos, no es tarea fácil, dada la fragmentación del espectro político con diversidad de partidos nacionales, provinciales y cantonales.

De las 11 propuestas de Constituyente, la mayoría fueron presentadas por diputados del PLN, siendo las más importantes la de los años 1968, 1976 y 1978, por las coyunturas de crisis políticas en las que se presentaron. En este último año entre los proponentes estaba nada menos que el diputado Oscar Arias Sanchez. .En 1985, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Claudio Guevara Barahona, padre de Otto Guevara, en solitario presentó el proyecto de Ley No 10217 para convocar a Constituyente. En el año 2001, teniendo como contexto las enormes protestas sociales contra el Combo del ICE, el diputado de Fuerza Democrática (FD) --antecesor del actual Frente Amplio (FA)--, José Merino del Rio, presento también en solitario un proyecto de convocatoria a Constituyente.

Ofensiva derechista

La reacción de grupos anónimos en redes sociales comienza a hacer ruido. Estos son una especie de estaciones repetidoras, como “Referendums por Costa Rica” o “Los Ticos de a Pie”, quienes también llaman a aprobar una reforma constitucional en el país. Muchos de estos grupos derechistas agazapados en las redes sociales reproducen el mismo discurso del partido Movimiento Libertario (ML), en contra del sector público, clamando contra el monopolio energético de RECOPE, abogando por la destrucción de los sindicatos, incluso manejando un desgastado discurso anti-comunista.

Recientemente, Otto Guevara, principal dirigente del ML, presentó un proyecto de ley para quebrar el monopolio de RECOPE en materia de hidrocarburos, tal y como lo piden en reducidas protestas callejeras y a través de internet estos mismos grupos anónimos que ahora claman por reformas constitucionales. Estos grupos (los cuales ya han convocado algunas manifestaciones anti-comunistas y anti-sindicales en el país durante el año pasado), plantean principalmente someter a referéndum su programa de desmantelamiento de la industria estatal y de los derechos laborales adquiridos, intentando copiar la experiencia del referéndum que logro la aprobación por escaso margen del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR.

Curiosamente, estos sectores ultraderechistas, aunque comparten con el PLN la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, suelen también atacar a Oscar Arias o José María Figueres (quien fuera el primero en hablar de la posibilidad de una Constituyente en 1995).

Intereses particulares del Arismo

Debemos recordar que la penúltima intentona de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero que no se materializó en un proyecto de ley, fue realizada por el entonces ministro de la presidencia, Rodrigo Arias, hermano de Oscar Arias, quien ejercía por segunda vez la Presidencia en ese momento, quienes personifican la corriente del Arismo dentro del PLN. Las propuestas de los hermanos Arias eran mixtas: aparentemente impulsaban una especie de parlamentarismo a la tica, pero al mismo tiempo concentraban muchas potestades en el poder ejecutivo, y fraccionaban el poder de la Sala Constitucional, etc. En su momento, la sola mención de la posibilidad de una Asamblea Constituyente levantó muchas críticas, incluso desde su propio partido: La principal crítica era que detrás de todo estaba la evidente intención de los hermanos Arias de perpetuarse en el poder.

Y no es una casualidad que cuando se habla nuevamente de reforma constitucional o de Asamblea Constituyente. el mismo Oscar Arias habla de su posible tercera reelección, algo que no contempla la Constitución de Costa Rica.

Evidentemente, las razones van más allá de una simple reelección, y el momento actual es mucho más propicio luego del golpe que sufrió movimiento obrero y popular en la lucha contra el TLC. Frente a un movimiento popular fragmentado y desorganizado, las posibilidades de realizar una constituyente en un escenario más estable aumentan.

Propaganda a favor de la Constituyente

Columnistas del periódico El Financiero escriben sobre la ‘ingobernabilidad’ producida por las leyes y trámites costarricenses (una crítica típica del liberalismo y el libertarianismo). Pero rápidamente vemos las diferencias entre las propuestas coincidentes: el grupo “Referéndums por Costa Rica” escribe lo siguiente: “Los diputados también podrán ser destituidos o enjuiciados en calidad de ciudadanos, en el momento en que el soberano o nuestra justicia así lo demanden.”, o “Ningún proyecto de ley detendrá su curso normal en la asamblea legislativa, con sólo la presentación de recursos de amparo”. En cambio, en el artículo de opinión publicado por La Nación en octubre del año pasado, se lee lo contrario: “En otro ámbito, se requiere matizar nuestro rígido sistema presidencialista con algunos elementos del parlamentarista, como el fortalecimiento del voto de censura y la interpelación de ministros y otros funcionarios de Gobierno. En esa línea, se sugiere crear la carrera parlamentaria, reformar el sistema de elección de los diputados mediante distritos electorales y las elecciones de medio período.”

Como vemos, son propuestas coincidentes en la necesidad de convocar a Constituyente, pero que se diferencian en cuanto al grado de transformaciones y equilibrio entre los poderes y las instituciones. Estas reformas permitirían, en efecto, un control mucho mayor (bonapartista) del aparato estatal, lo cual permitiría una mayor capacidad para impulsar las reformas liberales alrededor de las cuales todas estas fracciones (ML o PLN, PUSC o PAC, etc) están completamente de acuerdo, pero en lo que no se ponen de acuerdo es en el grado o nivel de esta reorganización del Estado y en el mecanismo para resolver las crecientes contradicciones entre las fracciones de la burguesía.

El meollo del asunto

El origen o el motivo de la lucha entre fracciones de la burguesía es hasta donde llegar en la liberalización económica, y el control del aparato del Estado clientelar costarricense: la fracción del ML siempre ha buscado una liberalización radical de la economía, en oposición a las fracciones tradicionales y hegemónicas (desde el PLN hasta el PAC) que buscan procesos de liberalización más graduales o lentos (una oposición similar a la que se da en el G20 desde finales de la década pasada). Aunque todos estos grupos pueden estar de acuerdo en la necesidad de una Asamblea Constituyente que destruya el Estado social de derecho que caracterizó parte del siglo XX costarricense, están en desacuerdo en cuanto al ritmo de las medidas económicas a tomar, y sobre cuál de todas estas fracciones ejerce la hegemonía y se las impone al resto.

Y es que el Estado es cada vez más difícil de gobernar (como decía Figueres desde 1995), porque el avance del período de la caída de la tasa de ganancia, y la agudización de la crisis, obliga a la burguesía a exprimir lo más que pueda las condiciones de vida y los derechos políticos del pueblo, para aumentar más y más las ganancias y el poder empresarial. Ésta es básicamente la función del Estado.

Incluso la posible re-elección de Oscar Arias, que se discute desde estas semanas, tiene que ver con la ausencia de figuras políticas burguesas con el suficiente peso para dominar el aparato estatal y poner orden. Tanto la liberalización económica, traducida en una caída de los aranceles a la importación y la exportación, como en la creación de las Zonas Francas, con su subsecuente endeudamiento y déficit fiscales crónicos y la caída real del salario, etc, obligan a la burguesía a implantar un gobierno bonapartista, aunque vaya disfrazado de formas parlamentarias.

¿Tendencia en Centroamérica?

Por esta razón la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente en Costa Rica, sucede al mismo tiempo que se discuten la necesidad de cambiar las Constituciones en Honduras y Guatemala. Nicaragua ya realizó en 2014 profundos cambios constitucionales para legalizar el bonapartismo sandinista. Toda la región centroamericana entera está siendo conmovida por el mismo giro hacia formas autocráticas de gobierno, precisamente en el mismo momento en el que la agudización de las contradicciones económicas se vuelve incompatible con la democracia burguesa.

Todavía no queda claro si finalmente se convocara a Constituyente o si se impondrán las reformas parciales a la Constitución, como ha ocurrido desde 1949. Las aspiraciones del pueblo costarricense por un cambio en el país tienen un contenido altamente progresivo, pero debemos luchar para que estas ilusiones democráticas no sean manipuladas por las diversas fracciones de la burguesía costarricense, que busca encausarlos a través de formas que resultarían desastrosas para esas mismas aspiraciones.

Por José René Tamariz

Costa Rica se encuentra actualmente en proceso de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según Rebeca Gryspan, ex ministra de comercio exterior y negociadora del TLC con los Estados Unidos, el ingreso de Costa Rica a la OCDE debe constituir el “proyecto país” de los próximos años. El gobierno de Solís, ha convertido en los hechos y práctica el ingreso del país a esa organización en su proyecto “estratégico”. Actualmente los funcionarios y técnicos de esa institución están analizando y haciendo recomendaciones en todas las áreas económicas, sociales y otras a través de 22 comités, para modificar y cambiar, casi totalmente, las formas y contenido del funcionamiento del Estado costarricense. Ningún área nacional escapa al escrutinio y “cambios” planteados por esta organización supranacional y lo que ella diga y pida modificar se convierte en santa palabra, de lo contrario el país no podría ingresar a ella. Veamos un ejemplo.

Todos los partidos neoliberales en la Asamblea Legislativa se oponían a aprobar el registro de accionistas de las empresas que plantea el proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal que se discute en el plenario legislativo. Sin embargo, bastó la intervención del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, a favor de aprobar el registro de accionistas de empresas para que el PLN lo aceptara, sin oposición. Según el periódico La Nación, refiriéndose a ese tema “Las palabras del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, aplastaron casi todas las dudas del PLN en contra de la creación del registro de accionistas de las empresas”. (La Nación, 20 de febrero del 2016).

¿Cuál es la Posición de la OCDE sobre los Salarios del Sector Público?

El informe de esa organización respecto a los salarios, según La Nación, plantea que “El aumento de los salarios del sector público, entre el 2010 y el 2014, fue el factor que más contribuyó a aumentar la desigualdad de ingreso en el país en ese periodo, evidenció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su estudio económico para Costa Rica”. (La Nación, 17 de febrero del 2016). De 36 países analizados por esa organización en el tema salarial, Costa Rica, supuestamente, ocupa el último lugar en la desigualdad por las diferencias entre los salarios del sector público y sector privado. Existe una gran falacia, razonamiento incorrecto con apariencia de correcto, en el informe económico de la OCDE sobre este tema salarial, ya que los países con los que se compara Costa Rica son, entre otros, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania, Holanda y otros, en donde los salarios de los trabajadores del sector privado son altísimos y los del sector público también son altos, por ende, las diferencias salariales entre ambos sectores son muy estrechas, lo cual no sucede en nuestro país. Entonces, la solución a la supuesta desigualdad, no provocada por los trabajadores público sino por los patronos del sector privado, debe ser homologar los salarios del sector privado, de acuerdo con las ocupaciones, al sector público y no viceversa.  

¿Cuál es la solución a la supuesta desigualdad salarial entre el sector público y privado? Los funcionarios de esa institución supranacional plantean como “solución” para “corregir” esa desigualdad, que “Una de las sugerencias del organismo es revisar el sistema de anualidades… Este sistema, dijo Patrick Leinin, jefe de Estudios Económicos de País de la OCDE, debe ser sustituido por otro donde se consideren las competencias de los trabajadores, para alinearlo con los países del organismo” (Ídem).   El gobierno de Solís a tono y en sintonía con los dictados de esa institución elaboró el proyecto de ley de evaluación de desempeño en la función pública. Es por ello, que “… el viceministro de Hacienda, José Pacheco, explicó que la idea de la OCDE va en línea con el proyecto presentado por el Gobierno, en donde se ligan más las anualidades con el desempeño laboral”. (Ídem). Introducir el sistema de competencias entre los trabajadores del sector público, para poder ganarse la anualidad, conllevará a provocar la sobreexplotación para cumplir las metas individuales e institucionales, mayor carga laboral de la que ya existe, división entre los trabajadores y otros problemas. Entonces, lo más probable y casi seguro, sino lo evitamos mediante la lucha y la movilización, es que ese proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa en el segundo semestre del presente año, cuando llegue al plenario del Congreso.   Los planteamientos de la derecha neoliberal vienen a coincidir con las posiciones y “sugerencias” de la OCDE en este tema y muchos otros, lo cual viene a fortalecer las propuestas contra los trabajadores del sector público de los neoliberales.

¿Cuál es la Posición de la OCDE sobre Educación?

Respecto al tema de la educación la OCDE nos viene a recetar lo que sus países miembros vienen aplicando desde finales de los años 90. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, plantea que “Si bien antes la palabra mágica era educación, educación, educación, hoy diría que es competencias, competencias, competencias, que es una mezcla de educación, con la educación vocacional, con la educación continua en el trabajo, con el marco de innovación y con el marco de la regulación. Todo eso junto define las competencias, las destrezas y habilidades de la fuerza de trabajo. No solo la educación nominal… hay que… generar un dialogo entre el sector privado, los sindicatos y el Gobierno para que se enseñe en las escuelas sea lo que les a servir a los muchachos a la hora de salir del sistema educativo, porque es lo que está demandando el mercado”. (Ídem).

Competencias, según el señor Gurría, es la palabra mágica para resolver todos los problemas tanto en lo laboral, salarial, empresarial como de la educación. Entonces ese concepto aplicado en la educación costarricense sería la implementación de la enseñanza de competencias (EDC). Dicho término era casi exclusivo del capitalismo en el terreno del mercado. Se hablaba de la “competencia de mercado” de las “leyes de competencia”. Ahora ese término ha sido generalizado a todos los ámbitos por los neoliberales. La aplicación de la enseñanza de competencias en la educación significará la modificación de los programas de estudios, los objetivos, los contenidos, la metodología y los procesos de evaluación, es decir una verdadera contrarreforma educativa.

El énfasis de la educación de competencias es la “educación vocacional”, la “educación continua en el trabajo”, por ello los últimos gobiernos, incluido el de Solís, están creando nuevos colegios técnicos y convirtiendo muchos colegios académicos en colegios técnicos, así como implementando la “educación dual”. Toda esa educación de competencias está en función de proveer de mano de obra que está “demandando el mercado”. El docente belga Nico Hirtt, plantea que para este tipo de educación “el acceso al conocimiento ya no constituye un objetivo de la enseñanza. Los conocimientos son relegados al rango de instrumentos que sirven para el desarrollo de competencias”. (Nico Hirtt: “L´approche par competences: une mystification pédagogique”, Tomado de Competencias: un Desastre Pedagógico. PRT).

El señor Ángel Gurría señala que la educación vocacional, la educación continua en el trabajo, el marco de innovación y el marco de la regulación, define las “competencias, las destrezas y habilidades de la fuerza de trabajo”. Nótese que para la enseñanza de competencias todo está en función de desarrollar competencias, destrezas y habilidades de los trabajadores en función de los requerimientos de la fuerza de trabajo que demanda mercado. La enseñanza de competencias (EDC) no plantea “formar individuos”. “formar técnicos” o “formar científicos”, sino desarrollar fuerza de trabajo. Las competencias están bien entre las empresas del capitalismo que luchan entre sí para vender sus productos, las habilidades y las destrezas están bien en los circos, en las manualidades, en los deportes e incluso en los laboratorios de Ciencias para manipular los instrumentos, pero no en la educación que forma y educa individuos integralmente, que crea individuos críticos, descubridores y creadores para que puedan contribuir con sus conocimientos al desarrollo de las ciencias, la tecnología, la sociedad, el bienestar y la salud.

Frente a la propuesta de la OCDE y del gobierno de Solís de implementar la enseñanza de competencias (EDC), las organizaciones sindicales deben oponerse rotundamente y plantear, desde la ya, la lucha contra semejante proyecto nefasto. Asimismo, se debe realizar un Encuentro Sindical Magisterial de todos los sindicatos de la educación (APSE, ANDE, SEC, SIMPAE y otros) para discutir y rechazar la enseñanza de competencias, plantear un modelo pedagógico alternativo e iniciar la lucha y movilización para evitar que ese nefasto “modelo” de enseñanza se implemente en Costa Rica.